el conflicto armado y los derechos fund amen tales

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EL CONFLICTO ARMADO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALESDE LA NIÑEZ EN COLOMBIA

Un Análisis de la Vulneración al Derecho Internacional Humanitario y de su Impacto sobre elDesarrollo, la Economía y el Bienestar Social

Investigadores:Doris Ardila

Helena AmbrosiAlberto Angulo

Coordinadores:Margarita MartínezAna María Convers

Mario Gómez Jiménez

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Junta AdministradoraMiguel Londoño BaronaSamir Camilo DaccachHarold Zangen JanekAlfonso Arango JaramilloAlfonso Ocampo LondoñoMiguel Peláez PosadaEnrique Tono TruccoLuis Hernán Pérez Páez

Director GeneralMarco Antonio Cruz Rincón

Director JurídicoJulio Carlos Vergara Vergara

Director SocialMario Gómez Jiménez

Equipo TécnicoCoordinadora de ProyectosMargarita Martínez AlférezAna María Convers

Diseño, diagramación e impresión P&T impresores Ltda.Cra 26 A No. 5 A - 63. Tels. 5999626E-mail. [email protected]

Bogotá D.C. - Colombia2004

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AGRADECIMIENTOS

Este libro es el resultado de un trabajo conjunto que nace del esfuerzo de la Fundación RestrepoBarco y de su equipo de colaboradores. Un primer borrador de las acepciones jurídicas y delregistro estadístico fue elaborado por Doris Ardila. Posteriormente, Helena Ambrosi y los juicio-sos conceptos de Margarita Martínez y Ana María Convers enriquecieron la investigación, lacual fue complementada con el trabajo de análisis que desde el punto de vista económico yfiscal realizó Alberto Angulo.

La coordinación del documento corrió a cargo de la Dirección Social de la Fundación RestrepoBarco, particularmente de Mario Gómez Jiménez.

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INTRODUCCIÓN

La penosa situación de degradación de la dignidad a que se ven sometidos los niños y niñas deColombia en el marco del conflicto armado que padece el país y que, en no pocas ocasiones, sedirige contra ellos y ellas ha obligado al registro cuidadoso de las distintas estadísticas quesobre cada uno de los fenómenos de vulneración de sus derechos puede plasmarse.

En ese sentido, esta claro que la acción de las minas antipersonal, los secuestros, las tomas derehenes, el reclutamiento forzado y los desplazamientos de personas, que son hechos queatentan en forma grave contra la población civil, son particularmente ofensivos contra los niñosy niñas.

Además de las consecuencias jurídicas que se derivan de la vulneración del Derecho Internacio-nal Humanitario como instrumento de protección contra la hostilidad, puede afirmarse queestos hechos, sufrimientos, equívocos y menoscabos de integridad física y moral que se produ-cen en la niñez con ocasión de los hechos bélicos registrados, son hoy por hoy objeto de unamayor valoración desde el punto de vista económico y fiscal.

En efecto, desde hace un tiempo distintos académicos se han puesto en la tarea de medir elcosto del conflicto armado, analizar las consecuencias de éste sobre el capital físico, humano ysocial, estudiar su incidencia en el presupuesto de la nación y evaluar las erogaciones que de noexistir el conflicto podrían haberse ahorrado o dirigido a distintas partidas del gasto social delEstado y no a los rubros destinados a cubrir los costos que demanda la seguridad ciudadana.

A estos dos temas se dedica este libro: al registro de las vulneraciones de los derechos de laniñez en el conflicto armado y al impacto económico que estas afecciones generan en el bien-estar social y en el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

La finalidad es obvia: una compilación estadística ceñida a la realidad que emerge de lasvulneraciones cometidas contra la niñez y el desarrollo económico y social perdido como conse-cuencia de ello, son elementos suficientes para entender el grado de afección que se deriva delas infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Con ello se podrá alertar y llamar laatención sobre la urgente necesidad de evitar en este campo nuevas y tristes consecuencias. Porello, es vital la vigencia plena de un ordenamiento que sea respetado en forma inequívoca yque salvaguarde en forma eficaz a los niños y niñas.

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Desde otro punto de vista, más emocional y menos estadístico, podría decirse que este registronumérico también puede ser leído para medir el tamaño, la estatura y la amplitud de laestupidez de todas y cada una de las acciones hostiles contra la infancia. Por ello, el libroprocura, adicionalmente, brindar una explicación de los elementos traumáticos que son el re-sultado de la afección sicológica y social que se produce como consecuencia de las infraccionesy de las violaciones a los derechos fundamentales de los niños y niñas.

Como es claro, estas afecciones también tienen un costo que sólo puede ser medido en loskilómetros de felicidad perdidos o en las sonrisas inenarrables que no nacieron en los rostros delos jóvenes, niñas y niños violentados.

En definitiva, el precio de la vulneración de la dignidad es, por regla general, similar al valor dela imbecilidad con que se truncan sueños y esperanzas en el presente, no sólo en el futuro, delas vidas de los primeros colombianos y colombianas que, como dice la Constitución Política,gozan de derechos prevalentes que, cabe anotar, no son suficientemente atendidos con ocasióndel conflicto armado. En ese contexto las balas imponen realidades carentes de sensatez parala infancia.

MARIO GOMEZ JIMENEZCoordinadorDirector SocialFundación Restrepo Barco

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INDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO PRIMEROINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDASCONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

1. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA NIÑEZ EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

1.1. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO INTERNACIONALDE LOS DERECHOS HUMANOS APLICABLE EN COLOMBIA.

1.2. LEGISLACIÓN NACIONAL

2. PRINCIPALES INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIOEN COLOMBIA COMETIDAS CONTRA LA NIÑEZ.

2.1. LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOSDE LA NIÑEZ.

2.2. SECUESTRO

2.3. RECLUTAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS

2.4. DESPLAZAMIENTO FORZADO

CAPÍTULO SEGUNDO IIMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE EL DESARROLLO, LA ECONOMÍAY EL BIENESTAR SOCIAL DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD

BIBLIOGRAFIA

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CAPÍTULO PRIMERO

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIOCOMETIDAS CONTRA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MARCO DELCONFLICTO ARMADO INTERNO

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INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO PRIMERO

La protección de los niños y las niñas en los conflictos armados ha adquirido una gran trascen-dencia en el país debido al incremento de atrocidades de las que son blanco la infancia y lajuventud colombiana. Como consecuencia de ello, la progresiva preocupación de los colombia-nos y de la Comunidad Internacional en la materia ha sido expresada en los diferentes ámbitospolíticos, económicos, culturales y sociales, con la firme intención de unir las voces de diferentesorganismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, que exigenrotundamente que los niños, niñas y jóvenes no sean blanco de las acciones derivadas de laconfrontación bélica, de acuerdo con lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario.

Este informe es el reflejo de la doble condición que penosamente viven aquellas niñas, niños yjóvenes colombianos que han sido vinculados al conflicto armado a través del nocivo y dramá-tico reclutamiento forzado en las filas de los grupos armados ilegales, o han sufrido los penososrigores del secuestro, del desplazamiento forzado, de la acción de las minas antipersonal y delos ataques dirigidos de manera sistemática contra ellos, como miembros de la población civil.Son precisamente, las niñas, niños y jóvenes quienes se han convertido en la expresión de lapoblación civil más afectada con ocasión de la confrontación.

En la primera parte de este capítulo se realiza un breve análisis de las normas del DerechoInternacional aplicable en Colombia. Posteriormente, se registran las principales estadísticas delas infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas contra los niños, niñas y jóve-nes en el marco del conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis en las normas internacio-nales y en la normatividad nacional vigente. Las estadísticas recopiladas han sido tomadas delos bancos de datos de diferentes entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas,comprometidas directa e indirectamente con la protección de la niñez y la juventud. No obstan-te el largo tiempo de confrontación en Colombia (más de 40 años), el período objeto delregistro estadístico a que se refiere este documento va de enero de 2000 a diciembre de 2003.

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1. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA NIÑEZ EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

1.1 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS APLICABLE EN COLOMBIA.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos1 y el Derecho Internacional Humanitario2

comparten el mismo género: la protección internacional de la persona humana. Ambos propug-nan por la defensa de la dignidad de las personas frente a las eventuales vulneraciones y sonsistemas jurídicos internacionales que comparten entre sí la necesidad de regular situacionesasimétricas y desiguales, imponiendo cargas y obligaciones, en favor de quienes están en elextremo débil de las relaciones de poder.

El Derecho Internacional Humanitario en particular, “es un cuerpo de normas internacionales,de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en losconflictos armados, internacionales o no internacionales, y que limita el derecho de las partesen conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra (Derecho de laHaya) o que protege a las personas y a los bienes afectados (Derecho de Ginebra)”3 .

Adicionalmente a ese cuerpo normativo, como es común en el derecho, hay cierto número deprincipios que deben ser observados en el Derecho Internacional Humanitario. Son principiosque informan y complementan las disposiciones normativas4 . Esta idea se refleja en la conoci-da Cláusula de Martens de 1899 que establece que “en los casos no previstos en los Convenios,las personas civiles y los combatientes siguen estando bajo la salvaguardia y bajo el dominio delos principios del derecho de gentes, según resultan de los usos establecidos, de los principiosde humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”.5

En el caso de conflictos internacionales el Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949,“relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra”, confiere a niños,niñas y jóvenes la categoría de personas protegidas, incluyendo, en adición a las disposicionesgenerales de protección, normas específicas que establecen medidas especiales por su condi-ción de menores de 18 años.61 En adelante DIDH.2 En adelante DIH.3 SWINARSKI, Ch., Introducción al Derecho Internacional Humanitario CICR-IIDH, en SWINARSKI, Ch., Principales Nociones e Institucio-

nes del Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de la Persona Humana, IIDH, San José de Costa Rica 1991,Pág. 25.

4 PICTET Jean, Desarrollo y Principios del Derecho Internacional Humanitario, Tercer Mundo Editores, Colombia 1998, Pág. 71.5 Ibíd., Pág. 72.6 Ver por ejemplo artículos 14, 17 (II), 23, 24 38 y 50 del Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949 “relativo a la protección

debida a las personas civiles en tiempo de guerra”.

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Adicionalmente, y como miembros de la población civil, los niños y niñas se benefician de lasdisposiciones contenidas en el Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra7 que,a diferencia del Convenio IV, establece la obligación en cabeza de las Partes de tomar lasmedidas posibles para evitar que los niños menores de quince años participen directamente enlas hostilidades. Como ya se dijo, aunque estos instrumentos fueron ideados para ser aplicadosen conflictos internacionales, diversos principios en que se fundan deben ser igualmente obser-vados en el marco de una confrontación interna, pues parten del reconocimiento de la dignidadde las personas y de la necesidad de brindar cabal protección a la población civil.

En complemento de lo anterior, el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra, establece unmínimo a ser respetado por las partes en conflicto, que busca proteger a las personas que noparticipan directamente en las hostilidades, hayan depuesto las armas o hayan sido puestasfuera de combate.

El Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra, y aplicable a los conflictosarmados no internacionales, al igual que en el Protocolo I, establece que los niños y niñasdeben recibir una protección especial como personas particularmente vulnerables, lo cual sesuma a la protección general que se les confiere como personas no combatientes (que noparticipan directamente en las hostilidades). Dicha protección especial aplica también, en vir-tud de lo dispuesto en el artículo 4, literales c y d, del Protocolo II, a aquellos niños y niñas quehayan participado en las hostilidades.

En efecto, el artículo 4 del mencionado Protocolo II establece que8 :

Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:

a. Recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos delos padres o, a falta de estos, de las personas que tengan la guarda de ellos;

b. Se tomaran todas las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporal-mente separadas;

c. Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y nose permitirá que participen en las hostilidades;

d. La protección especial prevista en este articulo para los niños menores de quince añosseguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participa-do directamente en las hostilidades;

7 Ver artículos 70, 77 y 78 del Protocolo I de 1977 “relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales”.8 PLATTNER, Denise, La Protección a los Niños en el Derecho Internacional Humanitario. en www.circr.org.

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e. Se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de lospadres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar laguarda de ellos, para trasladar temporalmente a éstos de la zona en que tengan lugar lashostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personasque velen por sus seguridad y bienestar.”

Existen importantes diferencias entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Inter-nacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, mientras el DIDH fue creado para regir encondiciones de paz, a pesar de traer disposiciones para casos de excepción, el DIH protege alindividuo en circunstancias excepcionales de conflicto armado internacional o no internacional.A pesar de las diferencias entre sus respectivos ámbitos materiales y personales de aplicación9 ,las dos ramas del derecho internacional son complementarias y presentan una importanteconvergencia en sus contenidos.

No son pocas las normas contenidas en instrumentos del DIDH que consagran derechos para losniños y obligaciones para las Partes en conflicto y que fueron expresamente concebidas comomecanismos para garantizar la protección de la niñez, tanto a nivel universal como regional10 .

Entre estos instrumentos se destaca la Convención de los Derechos del Niño de 198911 , que enel art. 38 establece en cabeza de los Estados la obligación de velar por el cumplimiento de lasnormas de DIH, aplicables en los conflictos armados y pertinentes para el niño, y fija en 15años la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas, al mismo tiempo que exigeal Estado adoptar las medidas posibles para asegurar que las personas que no hayan cumplido15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.

Por otro lado, el articulo 39 de la Convención establece la obligación en cabeza de los Estadosparte “(...) de adoptar medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológicay la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación oabuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictosarmados”. Estas medidas deben dictarse en un ambiente que fomente la salud, el respeto de simismo y la dignidad del niño.

9 SWINARSKI, Ch. Introducción al Derecho Internacional Humanitario CICR-IIDH, en SWINARSKI, Ch., Principales Nociones e Institucio-nes del Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de la Persona Humana, IIDH, San José de Costa Rica 1991,Pág. 88.

10 Existen en complemento un conjunto de resoluciones de la Organización Naciones Unidas como la Resolución 1379 20 de noviembrede 2001, aprobada en la sesión 4423ª en la que el Consejo de Seguridad insta a los Estados a enjuicia a los responsables porviolaciones flagrantes de los derechos de los niños en situaciones de conflicto armado y a excluir esos crímenes de cualquier posiblecaso de amnistía. Se destacan adicionalmente las Resoluciones 1261 de 1999, 1314 de 2000 y 1460 de 2003, del Consejo deSeguridad de Naciones Unidas.

11 Ratificada mediante Ley 12 del 28 de enero de 1991 (Reserva a los numerales 2 y 3 del artículo 38).

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Estas disposiciones están concebidas en el marco de “la doctrina de la protección integral, queestablece que los niños y niñas no son objeto de protección sino sujetos de plenos derechos”12

De esta forma, se dejan atrás la doctrina de la situación irregular “que concebía al niño que leson violados sus derechos como un menor en situación de riesgo, el cual debía ser tutelado porel Estado, lo que implicaba la judicialización de problemas no resueltos por una política socialpara la infancia, con una tendencia a patogenizar situaciones de origen estructural, como lacriminalización de la pobreza, la internación por este motivo y la negación de los elementalesprincipios del derecho.”13

Ante la grave situación de los niños y niñas en el conflicto armado, la Asamblea General de laOrganización de las Naciones Unidas aprobó, el 25 de mayo de 2000, el Protocolo Facultativode la Convención sobre los Derechos del Niño “Relativo a la Participación de Niños en losConflictos Armados”, en el que se establece en 18 años la edad mínima para el reclutamientoobligatorio y deja abierta la puerta a los Estados para que sean ellos quienes decidan la edadmínima para el alistamiento voluntario, al mismo tiempo que obliga a los Estados parte atomar las medidas necesarias para que ningún miembro de las fuerzas armadas menor de 18años, participe directamente en las hostilidades.

El mencionado instrumento insta a los grupos armados no estatales a evitar el reclutamiento yparticipación de menores de 18 años en las hostilidades (art. 4). Adicionalmente, impone a losEstados Parte la obligación de adoptar las medidas posibles para impedir el reclutamientoforzoso por parte de grupos armados distintos a las Fuerzas Armadas del Estado, así como lasmedidas para que las personas bajo su jurisdicción, que hayan sido reclutadas o utilizadas enhostilidades en contradicción con el Protocolo, sean desmovilizadas o separadas del servicio deotro modo. Este instrumento fue suscrito por el Gobierno y recientemente aprobado por elCongreso colombiano mediante la Ley 833 del 14 de julio de 2003.

Existe, igualmente, en el sistema universal de protección de los derechos humanos, el Convenio182 de la Organización Internacional del Trabajo de 1999, “sobre las Peores Formas deTrabajo Infantil”, aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el Presidentemediante la Ley 704 de 2001 y declarado exequible mediante sentencia C 535 de 2002 de laCorte Constitucional, que establece en cabeza de los Estados parte la obligación de adoptarmedidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peroresformas de trabajo infantil y, en particular, el reclutamiento forzoso y obligatorio de niños parautilizarlos en conflictos armados.

12 Defensoría del Pueblo, La Niñez en el Conflicto Armado, Bogotá 2001, Pág. 32.13 Save the Children U.K., Servicios de Protección a la Niñez. Análisis exploratorio en cuatro países de América del Sur. Save The

Children, Bogota 1999, en Niños, Niñas, Jóvenes y Conflicto Armado. Análisis Jurídico de la Legislación Internacional y Colombiana,Grupo editorial La liebre 2002, Pág. 31.

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En el marco de sistema universal de protección de los derechos humanos, es de trascendentalimportancia la aprobación y reciente entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacio-nal de 1998, aprobado por el Congreso mediante Ley 742 de 2002. La entrada en vigor dedicha norma y el carácter de jurisdicción penal internacional permanente que se brinda a laCorte constituye un paso sin precedentes en la lucha contra la impunidad y la garantía de losderechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Dentro del sistema americano de protección de derechos humanos, se ha reconocido el derechodel niño o niña a recibir una protección especial, no sólo en los principales instrumentos jurídi-cos, sino también en otras iniciativas no menos importantes que se han llevado a cabo en elseno de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se destacan la Declaración Americanasobre los Derechos y Libertades del Hombre, de 1948, que establece que "todos los niñostienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales" y la Convención Americana sobreDerechos Humanos, de 1969, que también hace referencia a este principio de protección espe-cial, estableciendo que la misma no debe cesar siquiera en estados de excepción.

1.2. LEGISLACIÓN NACIONAL

El avance más importante que ha tenido la legislación colombiana en relación con la protecciónde la niñez, además14 de la ley 12 de 1991, que ratificó la Convención Internacional de losDerechos del Niño, fue la expedición de la Constitución Política de 1991, que, en el artículo 44,recoge los principios de la Convención. En dicho artículo se reconocen los derechos de las niñasy de los niños como derechos fundamentales y se les otorga prevalencia sobre los derechos delos demás , convirtiéndose en esa medida en derechos de aplicación inmediata y no progresivoso programáticos. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la ConstituciónPolítica, la responsabilidad de la protección que se debe a la niñez está en cabeza de la familia,de la sociedad y del Estado, razón por la cual son esas tres instancias de protección quienesdeben asumir una co-responsabilidad frente a la garantía de los derechos de los niños y de lasniñas15.

14 Constitución Política de Colombia. Artículo 44: «Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y laseguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado yamor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de losdemás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integraly el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de losinfractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás».

15 Defensoría del Pueblo, Informe sobre los Derechos Humanos de la Niñez en Colombia durante el Año 2001, Bogotá 2002, Pág. 32.

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Las normas constitucionales enumeradas anteriormente forman parte del catálogo de derechosque tiene la niñez colombiana y que deben ser respetados por parte de todos los actores delconflicto armado. Este catálogo ha sido complementado por las disposiciones de orden interna-cional ratificadas por Colombia que, en virtud de lo establecido en el artículo 93, si reconocenderechos humanos no susceptibles de ser limitados en Estados de Excepción, prevalecen en elorden interno y, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hacen parteintegral del llamado bloque de constitucionalidad.

Ahora bien, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, Colombia debeadecuar su orden normativo legal vigente en materia de protección de las niñas y niños a losinstrumentos internacionales que ha ratificado, preocupación que ha sido manifestada no solopor diferentes instancias y organismos del orden nacional sino también por organismos deorden internacional16.

Ante la evidente necesidad de adecuación normativa, se creó una mesa de trabajo integradapor diversas entidades públicas del orden nacional y local y por organizaciones no guberna-mentales, fundaciones, y entes académicos y universidades que han venido trabajando en elmarco de la Alianza para una Política Pública de Infancia y Adolescencia que tiene por propó-sito la reformulación del Código del Menor con el fin de garantizar la cabal protección jurídicade los derechos de la niñez. En dicha Alianza participan la Fundación Restrepo Barco y elConvenio del Buen Trato en asocio con más de 300 organizaciones.

16 Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Comité para los Derechos del Niño de lasNaciones Unidas, que para el caso de Colombia sugieren lo siguiente:

- La Alta Comisionada reitera al Estado colombiano la necesidad de mejorar y ampliar las acciones y programas de atención yreinserción social dirigidos a los niños y niñas en situación más vulnerable de la sociedad colombiana.

- (…) Así mismo, insta al Estado para que sea aprobada la reforma del Código del Menor en armonía con lo establecido en laConvención sobre los Derechos del Niño."La Alta Comisionada reitera la necesidad de armonizar la normativa interna con la Convención sobre los Derechos del Niño, tal comolo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño en su informe de 1994.En el mismo sentido, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño se pronunció respecto al caso colombiano, así:

- Sigue preocupando al Comité que la legislación del Estado Parte sobre los derechos del niño no sea todavía enteramente compatiblecon los principios y disposiciones de la Convención, en particular porque la revisión del Código del Menor, que comenzó en 1995, seretrasa. (Informe de 2000).

- El Comité recomienda que el Estado Parte revise su legislación existente y la armonice con todas las disposiciones de la Convención.También recomienda que el Estado Parte reactive el proceso iniciado para revisar el Código del Menor. En este proceso debenparticipar todos los sectores que intervienen en la promoción y la protección de los derechos del niño y la actividad debe concluir loantes posible. (Informe de 2000).

- El Comité sugiere que el Estado tome medidas para que haya una buena coordinación entre las instituciones que se ocupan de losderechos humanos y las que defienden los derechos del niño con miras a establecer un mecanismo de vigilancia de la aplicación delaConvención a nivel nacional, regional y local, que pueda evaluar la situación real de los niños y reducir la disparidad entre el derechoy su aplicación práctica.

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Por último, hay que destacar la incorporación de un capítulo al Código Penal colombiano,aprobado mediante la Ley 599 de 2000, en el que se tipifican una serie de conductas queconstituyen violaciones al DIH. Esto constituye un avance de gran importancia por cuanto brin-da herramientas jurídicas para garantizar el pleno respeto de las normas de Derecho Interna-cional Humanitario vigentes en Colombia y aplicables al conflicto armado interno, constituyén-dose en una medida de trascendental relevancia en la actual coyuntura nacional.

- El Comité recomienda que el Estado Parte, a la luz de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Convención, atienda la obligación quetienen las autoridades administrativas y judiciales de: (1) observar en todas sus decisiones el interés superior del niño; (2) adoptarmedidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los derechos del niño; (3) tomar medidas apropiadas, según lopermitan los recursos, para lograr que se asignen suficientes créditos presupuestarios a los servicios destinados a los niños, enparticular en materia de educación y salud; y (4) prestar especial atención a la protección de los derechos de los niños pertenecientesa grupos vulnerables". (ONU 1999).

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2. PRINCIPALES INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIOEN COLOMBIA COMETIDAS CONTRA LA NIÑEZ.

2.1 LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LANIÑEZ.

El marco legal internacional que regula el empleo, transferencia y producción de minasantipersonal tiene sus orígenes en la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del em-pleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o deefectos indiscriminados”, del 10 de octubre de 1980 y sus 4 Protocolos adicionales, fundamen-talmente el Protocolo III17 , “relativo a las prohibiciones o restricciones al empleo de minas,armas trampa y otros artefactos” (art. 1, num. 2).

A pesar de no existir (antes de la expedición de la Convención de Ottawa) reglamentación clarapara el caso de los conflictos armados no internacionales, en el literal B de la Declaración Finaldel Consejo del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, reunido en Taormina (Sicilia)el 7 de abril de 1990, relativo a la Prohibición y Limitaciones del Empleo de Ciertas Armas enlos Conflictos Armados no Internacionales, numeral 4, se estableció que, con fundamento en lasnormas generales relativas a la conducción de las hostilidades aplicables en caso de conflictoarmado no internacional18 , “en particular las relativas a la distinción entre combatientes ypersonas civiles y a la inmunidad de la población civil, no deben usarse minas, trampas y otrosartefactos, en el sentido del Protocolo II de la Convención de 1980 sobre ciertas armas conven-cionales contra la población civil en general ni contra personas civiles individuales, ni debenemplearse de manera indiscriminada”19.

17 Enmendado el 3 de mayo de1996 en Ginebra.18 El Literal A de la Declaración de Taormina establece las siguientes normas generales relativas a la conducción de las hostilidades

aplicables en caso de conflicto armado no internacional:1. Distinción entre combatientes y personas civiles.2. Inmunidad de la población civil.3. Prohibición de los males superfluos.4. Prohibición de la perfidia5. Respeto y protección del personal sanitario y del personal religioso, así como de las unidades y de los medios de transporte

sanitarios.6. Prohibición de atacar las viviendas y otras instalaciones que solo sean utilizadas para la población civil.7. Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.8. Medidas de precaución en el ataque.

19 Publicada en la Revista Internacional de la Cruz Roja, Septiembre-Octubre 1990, No. 101.

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Como afirma la Corte Constitucional colombiana, por mucho tiempo “si bien ninguna de lasnormas convencionales expresamente aplicables a los conflictos internos excluye los ataquesindiscriminados o la utilización de ciertas armas, la Declaración de Taormina considera queesas prohibiciones - en parte consuetudinarias, en parte convencionales - sobre utilización dearmas químicas o bacteriológicas, minas trampas, balas dum dum y similares, se aplican a losconflictos armados no internacionales, no sólo porque ellas hacen parte del derecho consuetu-dinario de los pueblos sino, además, porque ellas son una obvia consecuencia de la normageneral que prohibe lanzar ataques contra la población civil”20.

La comunidad internacional ante la evidente proliferación de minas antipersonal y con el fin deponer fin a su uso, remover las minas sembradas y garantizar la destrucción de las existentes y,tomando en cuenta sus devastadores efectos sobre la vida e integridad personal, así como susrepercusiones en el crecimiento económico y el desarrollo de países durante y con posterioridadal conflicto, dió nacimiento a la Convención de Ottawa.

La Convención fue aprobada mediante la Ley 554 del 14 de enero de 200021 a la que siguiótanto la ley 759 del 25 de julio de 2002, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos,como la aprobación del Plan Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal.

Adicionalmente y como complemento, la Ley 599 de 2000 en el Titulo II, Capitulo Unico, art.142 establece como delito la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, en los siguien-tes términos: "El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice medios o métodosde guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarios o males super-fluos incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cien(100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para elejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años".

Las minas antipersonal son un arma de guerra frecuentemente utilizada por las organizacionesarmadas irregulares en Colombia. Lo anterior obedece a sus bajos costos y a sus resultadosmilitares, pues no solo dificultan la avanzada de la tropa sino que constituyen una de lasprincipales causas de bajas y lesiones a los miembros de la Fuerza Pública.

20 Ver la Sentencia C-225 de 1995.21 Esta Ley fue declarada exequible mediante Sentencia C 991 del 2 de agosto de 2000

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Victimas de las Minas Antipersonal y de las Municiones Abandonadas por Explotarsegún condición de eventos

2000-2003

Fuente: Observatorio de minas antipersonal

Estudios realizados por ACIM - Asociación Colombiana de Ingenieros en Obras Civiles y Militares- y ACORE - Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares - en 127áreas ubicadas en los departamentos de Antioquia, Quindío, Boyacá, Cundinamarca y la ciudadde Bogotá, revelaron que la intensificación de las acciones de los grupos armados al margen dela ley en estas regiones, acentuó la presencia de eventos por Minas Antipersonal y artefactosexplosivos sin detonar (UXO) en las zonas estudiadas, incrementándose las regiones afectadasentre 2001 y 2002 en mas del 50%.

Los resultados de la investigación muestran que lugares de uso cotidiano como áreas cercanasa escuelas rurales, a lagos y ríos, viviendas, caminos peatonales o de herradura, bosques yzonas de topografía quebrada se ven afectados por esta problemática, siendo el sector rural elmás afectado, identificando como principales consecuencias el desplazamiento, la improducti-vidad de tierras cultivables, el desempleo, la deserción escolar y el empobrecimiento, así comola obstaculización de la infraestructura social y productiva, fundamental para el desarrollo deestas zonas.

La problemática de las minas afecta y pone en continuo riesgo a los niños y niñas, máxime si setoma en cuenta que la mayoría se encuentran sembradas en trochas y caminos, así como encercanía a viviendas22 , impidiéndoles el libre acceso a la escuela y el campo.

22 Estudios realizados por ACIM – Asociación Colombiana de Ingenieros en Obras Civiles y Militares – y ACORE – Asociación Colombianade Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, en www.derechoshumanos.gov.co.

22

Los accidentes por minas antipersonal y artefactos explosivos abandonados no detonados (UXO)se han venido incrementando de manera constante en los últimos años como consecuencia delcrecimiento dramático de la utilización de estos artefactos por parte de los grupos irregulares.A febrero de 2003, se habían identificado 960 zonas afectadas en 422 municipios de 30departamentos23. Según las estadísticas del Observatorio de Minas Antipersonal, desde 1990 adiciembre de 2003, los departamentos mas afectados han sido Antioquia, SantanderCundinamarca, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander24.

Número de Victimas de las Minas Antipersonaly de las Municiones Abandonadas por Explotar

2000-2003

Según las cifras que maneja el Observatorio de Minas Antipersonal, las FARC son la organiza-ción irregular a la que se atribuye la mayoría de los accidentes por minas, seguida por el ELN,con un amplio porcentaje de casos en los que el autor se desconoce.

Si bien la población de niños, niñas y jóvenes no es la principal víctima de las minas antipersonal,el número de casos ha aumentado progresivamente, a lo que hay que agregar que se encuen-tran en constante riesgo de verse afectados. En el 2000, hubo 19 menores de 18 años afecta-dos por minas, cifra que se duplicó en el 2001 cuando el número llegó a 46 casos. En el 2002se presentó el mayor número de eventos de este tipo, pues 102 niños y niñas fueron víctimas deeste fenómeno. En el 2003 la cifra se redujo a 47 casos25.

23 Observatorio de Minas Antipersonal, Minas Antipersonal y Artefactos Explosivos Abandonados. Atención a las Víctimas, Colombia2003, Pág. 5.

24 www.derechoshumanos.gov.co/minas/ descargas/frecuenciadepartamento.pdf25 Fuente Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los derechos Huma-

nos y Aplicación del derecho Internacional Humanitario. Basado en información de Gobernadores, Alcaldías, Personerías y Defensorías


23


Niñas y Niños Victimas de las Minas Antipersonaly de las Municiones Abandonadas Sin Explotar

2000-2003

Por la acción de las minas antipersonal y las municiones abandonadas sin explotar, en elperíodo 2000-2003, hubo 214 víctimas menores de 18 años de edad, de las cuales 40 fueronniñas y 164 niños26. Del total de niñas y niños víctimas 172 resultaron heridos y 42 murieron.

Niñas y Niños Heridos y Muertos por la Acción de las Minas Antipersonaly de las Municiones Abandonadas sin Explotar

2000-2003


26 No se conoce el género de las otras 10 víctimas.

Los efectos de las minas antipersonal en los niños y niñas van desde la muerte hasta laslesiones de por vida, perdida de miembros y órganos, esquirlas en el cuerpo y disminución opérdida de su capacidad productiva. A lo anterior, por regla general, hay que sumar las peno-sas y severas consecuencias psicológicas.

24

Por las características propias de la contextura y tamaño de un niño, las consecuencias que laexplosión de una mina tiene para su cuerpo pueden ser, por lo general, mas graves que para elcuerpo de un adulto. Para los niños, cuando sobreviven, los problemas médicos relacionados ala amputación son frecuentemente severos, dado que el miembro de un menor en crecimiento,crece mas rápido que el tejido que lo rodea y requiere repetidas amputaciones, a lo que hayque agregar que, cuando crecen, los niños necesitan nuevas prótesis regularmente.Adicionalmente, los largos tratamientos médicos y la asistencia psicológica que las heridas deminas requieren, los hace extremadamente costosos para las familias, las víctimas y la socie-dad en general27.

Los efectos de las minas en los niños y niñas no se presentan exclusivamente cuando sonvíctimas de las mismas. Las familias en las que ha ocurrido un accidente por minas sufren conintensidad las consecuencias de las heridas causadas, la pérdida de la posibilidad de trabajarafecta el cuidado y la protección que se debe proporcionar a los niños28.

El Gobierno ha adoptado importantes iniciativas para la prevención de los accidentes de minasy la concientización acerca del problema, en cumplimiento de los compromisos adquiridos conla firma y ratificación de la Convención de Ottawa. No obstante lo anterior su uso desmedido ycreciente por parte de los grupos armados ilegales pone en constante riesgo a la población civily hace de esta problemática un tema imprescindible dentro de la política de protección dederechos humanos y en las estrategias de prevención del Estado.

Hasta septiembre de 2002, según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) "La Niñez Colombiana en Cifras", Colombia era el único país americano donde secontinuaban sembrando minas antipersonal. El recrudecimiento del conflicto y la falta de com-promiso de los grupos armados ilegales, hacen pensar que su uso no disminuirá y que secontinuará haciendo de los niños y niñas, las víctimas de un arma que no mide a la hora deatacar y que no concede la posibilidad de defenderse.

Colombia tiene como reto el desminado total del país y el cese del empleo, producción, utiliza-ción y almacenamiento de estos artefactos por parte de los grupos al margen de la ley, así comola rehabilitación emocional y sicológica de los niños, niñas, jóvenes y adultos afectados.

27 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Impacto de los Conflictos Armados en los Niños, agosto de 1996, en www.un.org. Pág. 27.28 Ibid. Pág. 28.

25

29 UNICEF, La Niñez Colombiana en Cifras, noviembre de 2002, Pág. 59.30 Ministerio de Comunicaciones de Colombia, Embajada de Canadá y UNICEF. Sembrando minas, cosechando muerte. septiembre de 2000, Pág. 20.

Es esencial " (…) la atención a las víctimas de las minas y demás artefactos, según estándaresde integridad y excelencia. Estas víctimas deben contar con los beneficios ya otorgados por laley y además contar con una atención que considere no solo la integridad física, sino el impactoemocional sufrido, mientras tanto también es oportuno el manejo y la extensión de ciertosbeneficios a las familias de las personas directamente afectadas y a las comunidades de dondeéstas provienen"29.

Las minas antipersonal a diferencia de otras armas poseen efecto retardado, esto es, existenminas sembradas en diferentes países del mundo que después del conflicto siguen acabandocon la vida de muchas personas. Por su fácil fabricación, instalación y como consecuencia de sudesplazamiento resultado de inundaciones, lluvias, movimientos telúricos y huracanes, estosasesinos silenciosos pueden encontrarse en perímetros muy amplios lo que dificulta su localiza-ción.

Las vulneraciones a la Convención sobre los Derechos del Niño producidas por el uso y siembrade minas antipersonal son evidentes, entre éstas cabe destacar: la violación del derecho a lavida de los niños y niñas (Art.6); el derecho del niño o niña al descanso y al esparcimiento, aljuego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vidacultural y en las artes (Art.31); así como el derecho a que ningún niño sea sometido a torturaso a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Art.37).

Sin embargo, el daño ocasionado por las minas antipersonal va más allá de la simple infraccióna las normas en un claro incumplimiento del ordenamiento nacional e internacional. Los dañosson tangibles en el cuerpo de miles de niños, en su mente y espíritu. Los niños víctimas deaccidentes por minas antipersonal se enfrentan a consecuencias psicológicas como la negacióna renunciar a partes de su cuerpo, la sensación de inutilidad y limitación en las actividades, laincapacidad, la imposibilidad en muchas ocasiones de valerse por si mismos, el replanteamien-to de sus sueños y proyectos y el rechazo a la lastima de terceros. "Los dolores físicos queacompañan a los niños y niñas víctimas de las minas son tan intensos y profundos como lasheridas psicológicas y emocionales que los acompañarán por siempre (…) las secuelas paraquienes han sido víctimas de una mina antipersonal son tan intensas que la mayoría de ellospiensan en el suicidio como la única opción para aliviar los dolores físicos y psicológicos"30.

26

De modo que, a pesar de las medidas del Estado colombiano y de la labor de las institucionescomprometidas con el respeto a los derechos humanos y de las mismas comunidades, las minassiguen esperando cumplir con el único objetivo para el que fueron creadas: matarindiscriminadamente. Como lo menciona el texto "Sembrando minas, cosechando muerte", lasvíctimas de las minas antipersonal aun no comprenden en que momento perdieron una de suspiernas, brazos, manos o pies -sin mencionar muchas otras consecuencias - y lo que es peor, enque momento se les atacó y ellos no tuvieron el chance o la posibilidad de defenderse. "¿Cómodenominar "defensiva" un arma que no anuncia su ataque, que se camufla en los caminos ycampos de juego, que nunca falla?"31.

Los daños psicológicos también pueden verse reflejados en la comunidad de la cual hace partela víctima. Los demás niños, ancianos y adultos al observar casos de menores de edad afecta-dos por una mina en su comunidad, se llenan de miedo y temor al realizar sus actividadesdiarias. Cualquier trabajo, labor o actividad de entretenimiento amenaza la estabilidad e inte-gridad física de los habitantes, generando un caos y terror generalizado entre la población.

Por otro lado, investigaciones han llegado a una conclusión: en las zonas donde se han repor-tado casos de minas antipersonal, el índice de deserción escolar ha aumentado por el temor aque camino a la escuela los niños sean víctimas de este atroz delito. Igualmente, se ha estable-cido que la productividad económica de la zona desciende no solo por el impacto en las tierrasque muchas veces quedan prácticamente infértiles, sino también porque los afectados constitu-yen un grupo importante de campesinos que trabajan la tierra y que, al verse limitados, evi-dentemente renuncian a sus trabajos. Por otro lado, las minas causan desplazamiento forzadodebido a que es imposible para los habitantes conocer la ubicación exacta de cada uno de estoselementos explosivos, razón por la cual optan por desplazarse y ubicarse en otros lugares dondese sienten a salvo de estos "asesinos silenciosos".

En este orden de ideas, resulta evidente que las minas antipersonal no solo afectan física ypsicológicamente a sus víctimas sino que además interfieren con todas las actividades normalesde una comunidad determinada. En muchos sentidos, el conocimiento de la existencia de minasantipersonal redistribuye espacios y relaciones entre los habitantes, afecta los lugares de en-cuentro, los juegos, las celebraciones, los sitios de interacción con la naturaleza y aquellos queemergen como referentes culturales y ancestrales de la comunidad. En pocas palabras afecta lalibertad de desplazamiento y la libertad de relacionarse con el exterior. Estos efectos sociales yen el alma colectiva de la comunidad generan tensiones, dan lugar a rupturas y acrecientan elsentimiento de desconfianza.

31 Ibid., Pág. 17

27

Después de haber revisado los efectos psicológicos, físicos y sociales de las minas antipersonales menester revisar las alternativas propuestas para atacar esta problemática que día a díacobra más vidas y mutila a más colombianos. La UNICEF, ha hablado de la necesidad deldesminado total del país así como de la atención inmediata e integral de las víctimas, asegu-rando su rehabilitación tanto emocional, sicológica y productiva. De igual forma, proponeprogramas de prevención y de educación teniendo en cuenta las necesidades y característicasde cada comunidad. En ese sentido, la Fundación Restrepo Barco considera como indispensablela formación de líderes comunitarios que se apropien de la labor de concientización y formaciónen el tema y la creación de redes de apoyo y prevención que involucren a las diferentes institu-ciones públicas y privadas.

Por su parte, el estudio realizado entre el Ministerio de Comunicaciones, la Embajada de Cana-dá y la UNICEF presenta ciertos lineamientos para la implementación de la Convención deOttawa dentro de los cuales se destacan:

- La coordinación de respuestas de los diferentes sectores sociales, como los concernientes ala salud, la educación, la defensa y seguridad, la producción. Igualmente, es importante lacohesión y articulación con las entidades encargadas de llevar a cabo las políticas públicase iniciativas de desarrollo local.

- La atención especializada de la comunidad desarrollando programas de apoyo, asistencia yprevención. De igual forma, es necesario que la comunidad participe hasta donde seaposible en las labores de desminado y limpieza de minas antipersonal.

- La creación de un sistema centralizado y único de información. Hasta el momento no setiene la cifra exacta de personas que han sido víctimas de las minas antipersonal y de losdepartamentos y municipios mas afectados. Así mismo, los hospitales y centros de atenciónno tienen registro de las personas (adultos y niños) que ingresan a raíz de estos "acciden-tes" lo que imposibilita labores de ubicación, localización y prevención.

- El tema de las minas antipersonal es un punto clave en la agenda de negociación delgobierno y los grupos al margen de la ley. Debe existir un compromiso en el marco delDerecho Internacional Humanitario para realizar el desminado y entregar información acercade la ubicación exacta de las minas.

28

- El desminado no es solo tarea de las Fuerzas Militares, lo es de todos. La labor de desminadodebe cumplir con los principios de neutralidad, imparcialidad y humanitarismo; debe de-tectar necesidades y lograr acuerdos de voluntades con las comunidades y brindar atencióny asistencia a las víctimas en materia de educación, empleo, recreación y salud, entre otrastareas.

Es fundamental entonces el compromiso en la asistencia a las víctimas y en las labores deprevención que se deben llevar a cabo con el resto de la comunidad. Todo esto con el simplepropósito de asegurarles a los niños, y a los colombianos en general, un futuro libre del temora desplazarse por los campos y montañas de la geografía nacional.

"Los niños si pueden jugar pero en la canchita; por esos potreros ya no se puede porque estántodos llenos de minas. Antes llevaba a los niños por allá a jugar y a hacer clase, pero ahora tocadecirles que no se vayan a meter por esos lados (…); los niños se han vuelto muy cansones. Yoles tengo que advertir y se que es muy difícil ser niño y que a uno le digan 'no puede ir por allá,no se vaya a meter por ahí que lo coge una mina'. Ellos tienen que desahogarse aquí, o sino endonde (…). Ya las minas han espantado a muchos niños y si encima uno los espanta también,entonces cómo se educan"32.

32 Testimonio de una maestra de la escuela rural Mixta de la Vereda Mesitas, municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento deBolívar. Sembrando minas, cosechando muerte. Embajada de Canadá, Ministerio de Comunicaciones de Colombia y UNICEF.

33 Art. 168 de la Ley 599 de 2000.34 Art. 160 de la Ley 599 de 2000.35 Sobre el particular cabe resaltar que tanto el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, consagran el derecho a la libertad como a la seguridad personal.36 En el caso del secuestro simple la Ley 599 establecía una pena de prisión de 10 a 20 años y para el secuestro extorsivo de 18 a 28

años. La ley 733 aumentó los mínimos para ambos casos en 2 años.37 La Ley 599 de 200 establecía un aumento en la pena de una tercera parte a la mitad, mientras la ley 733 de 2002 establece que

la pena será entre 28 y 40 años de prisión y multa de 5000 a 50000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2 SECUESTRO

En Colombia la legislación penal tipifica dos tipos principales de secuestro: el secuestro simple33

y el secuestro extorsivo34 , categorías o tipos que se diferencian fundamentalmente por los finesperseguidos con la privación de la libertad de la persona o, en otras palabras, por la intencióndel autor. Ambos casos establecen como circunstancia de agravación punitiva su comisión enpersona menor de 18 años. La libertad, que es el bien jurídicamente protegido por este tipopenal, constituye un derecho fundamental protegido tanto por las normas del DIDH35 como porel DIH.

En el marco de la política de lucha contra el secuestro, mediante la Ley 733 de 2002, «pormedio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo yextorsión, y se expiden otras disposiciones», se aumentó la pena mínima tanto para el secuestroextorsivo como para el secuestro simple36 y, en el mismo sentido, se aumentó la pena en casode incurrir en alguna de las circunstancias de agravación punitiva37 .

29

En la legislación internacional además de la consagración del derecho a la libertad como underecho fundamental en todos los instrumentos de protección de los derechos humanos, elProtocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra, en el artículo 4, numeral 2 c)prohibe la toma de rehenes. Esta disposición fue incorporada al Código Penal colombiano en el2000 en el Libro Segundo, Titulo II, Capitulo Único, denominado «Delitos contra personas ybienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario».

En el artículo 148, se establece la figura delictiva en los siguientes términos: “Toma de rehe-nes. El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, prive a una persona de su libertadcondicionando ésta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, ola utilice como defensa, incurrirá en prisión de incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30)años, multa de dos mil (2000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigen-tes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte(20) años”.

Por otra parte Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el artículo 8, Crímenes de Guerra,literal c) iii, establece la toma de rehenes como parte de los delitos objeto de su competencia,de la siguiente forma:

“Art. 8. Crímenes de Guerra(...)

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves delartículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cual-quiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en lashostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas ylos que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquierotra causa:

iii) Toma de rehenes".

Las características del conflicto armado en Colombia permiten inferir que algunos de los casosque en principio y estadísticamente son tratados como secuestro extorsivo son en realidad untípico caso de toma de rehenes. La toma de rehenes a diferencia del secuestro extorsivo exigeque el mismo se de con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y que las exigencias sehagan a la contraparte o lo utilice como defensa. Lo que es claro es que tanto el uno como elotro son prácticas no tolerables si quiera en tiempos de guerra pues no existen beneficioseconómicos o políticos que justifiquen la privación injusta de la libertad.

30

En el conflicto interno "el secuestro, junto con el narcotráfico, constituyen (...) la más importan-te fuente de financiación de las organizaciones armadas al margen de la ley. En Colombia, adiferencia de otros países, el secuestro extorsivo y la extorsión no son sólo problemasdelincuenciales o de policía"38.

Esta relación que existe entre el secuestro y las organizaciones armadas al margen de la ley,que se valen de éste como mecanismo de financiación, son muestra evidente de la relaciónexistente entre el secuestro y el conflicto armado colombiano, así como de la degradación a laque se ha llegado en relación con el respeto a los derechos fundamentales. El secuestro esentonces utilizado como recurso financiero y, adicionalmente, como recurso político o militar.Esta mezcla de objetivos económicos y políticos dificulta, como se mencionó anteriormente, laclasificación de los casos de secuestro39.

El fenómeno del secuestro en Colombia alcanzó en los años noventa y en los primeros de ladécada actual niveles alarmantes. El país ha llegado a constituirse en el lugar en donde secomete el más amplio número de secuestros en el mundo. En este contexto, el análisis del casoespecifico del secuestro de niñas y niños asume una relevancia especial, máxime si se toma encuenta que entre el 2000 y el 2003 aproximadamente el 9% del total de secuestros tuvieroncomo víctima a una niña o a un niño.

Para el análisis de las cifras de secuestros de niñas y niños en Colombia se tomó como base elregistro de las cifras oficiales registradas por el Ministerio de Defensa y Fondelibertad. Segúnesta entidad, entre el 2000 y 2002 han sido secuestrados 1.048 niños y niñas40 en el país,siendo el año 2002 el que registra un mayor numero de casos reportados: 400 menores deedad plagiados. Con base en estos datos estaríamos hablando de aproximadamente un niñoplagiado cada día.

38 Presidencia de la República- Ministerio de Defensa, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogotá 2003.39 Enhttp://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/02_Informes/02_02_Ultimo-Informe/02_02_Ultimo_09_02

Presentacion_02_secuestro.htm, Indicadores sobre la Situación de Derechos Humanos y DIH en Colombia, septiembre de 2002.40 Según las cifras que manejan el Ministerio de Defensa y Fondelibertad, de los 1061 menores de edad secuestrados entre el 2001 y

el 2003, aproximadamente el 50% fueron niños y el otro 50% fueron niñas. Acerca del género de los niños secuestrados en el 2000no se tiene información.

31

A pesar de que las cifras de secuestro en general se han venido reduciendo, pues se pasó de3706 casos en el 2000, a 3041 en el 2001, a 2986 en el 2002 y a 2200 en el 2003, lo ciertoes que en relación con los casos de niños y niñas la situación es distinta. En efecto, el análisisde las cifras, desde 1996, muestra un asenso dramático en el número de plagios de niñas yniños. Así, mientras en 1996 se reportaron 133 plagios, la cifra de 400 en el 2002 resultaalarmante.

Del total de niños y niñas secuestrados entre el 2000 y el 2002 (1048 casos), 494 han sidorescatados, 195 liberados, 54 liberados bajo presión, 13 se fugaron, 13 murieron en cautiverioy 279 permanecieron cautivos41.

Tipo de Secuestros . Niñas y Niños2000-2003

41 Ministerio de Defensa y Fondelibertad, Boletín Informativo del Secuestro en Colombia, enero 2004.

Situación Niñas y Niños Secuestrados2000-2003

Fuente: Fondelibertad


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Presuntos Autores del Secuestro de Niños y Niñas2000-2003


Durante el 2003, se registraron 348 secuestros de niñas y niños, de los cuales 152 fueronrescatados, 76 liberados, 18 liberados bajo presión, 3 murieron en cautiverio, 2 se fugaron y97 aun permanecen cautivos.

Es importante anotar que las estadísticas muestran que el secuestro simple representa un por-centaje importante del número total de casos de niñas y niños objeto de este delito. De hecho,entre el 2000 y el 2003, el secuestro simple de niñas y niños, que es un fenómeno que no estáligado al conflicto armado, representó aproximadamente un 45,20% de los casos, mientrasque el secuestro extorsivo, que por regla general vincula a grupos armados irregulares enasocio con grupos de delincuencia común, equivalió a un 33,58%. En el 21,22% restante decasos no se definió con certeza en el registro estadístico de que tipo de secuestro se trata42.

Según el informe "Cicatrices del Secuestro", el rango de edad de niños y niñas mas afectadosesta entre los 13 y los 17 años43. Acerca de los autores del delito, de conformidad con lasestadísticas del Ministerio de Defensa y Fondelibertad, entre el 2000 y el 2003, mientras 924casos se atribuyeron a la delincuencia común, a las FARC se endilgaron 177, 105 al ELN y 74a las autodefensas.

El análisis de las cifras en el período 2000-2003, evidencia que la mayoría de los secuestros deniños y niñas se presentaron en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cesar,Santander, Bogotá D.C., Meta, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca y Huila.

42 Ministerio de Defensa Nacional-Fondelibertad, Boletín Informativo del Secuestro en Colombia, enero 2003.43 Convenio del Buen Trato, Fundación País Libre y Vicepresidencia de la República, Cicatrices del Secuestro. La vida, recurso canjeable,

Bogota 2003, Pág. 21

33

El Estado colombiano ha priorizado la lucha contra el flagelo del secuestro en la política deseguridad. El actual gobierno ha dado especial importancia a este tema haciendo énfasis en elincremento de rescates, la desarticulación de las organizaciones de secuestro y el fortalecimien-to de la capacidad preventiva del Estado entre otras medidas.

Además de las causas, resulta difícil afrontar las consecuencias de este delito. Por sus caracte-rísticas, tiempo de duración y derechos violados, el secuestro deja secuelas irreparables en laspersonas (adultos y niños) que lo han padecido. El caso de las niñas, niños y jóvenes esespecialmente grave, pues por su edad cuentan, aún menos, con una estructura mental que lespermita enfrentar una vivencia como ésta.

De otro lado, no se trata solamente de las consecuencias nefastas en la persona víctima delflagelo sino de las repercusiones que el hecho trae al interior de sus familias, de los demásniños y de la comunidad en general. La Fundación País Libre llevó a cabo una investigación enel 2001 en la que evidencia el temor con el que viven los niños y niñas cuando sufren algúnatentado contra su vida, libertad o integridad. Esta investigación se realizó en Bogotá con laparticipación de 4000 jóvenes de todos los estratos, de los cuales el 67% expresó temor a serobjeto de cualquier situación violenta, entre ellas el secuestro.

El aumento que registró el secuestro simple tiene relación directa con el también desmedidoincremento del número de organizaciones criminales de diferente tipo dedicadas a la trata deblancas y a la prostitución, así como al reclutamiento y a la existencia de las sectas satánicas.

Las niñas y niños perciben que son blanco de estas organizaciones y que cualquiera de ellospuede sufrir la pesadilla del secuestro. Esta constante sensación de vivir en un ambiente hostily amenazante repercute en su manera de relacionarse con el exterior, con las demás personasy en su forma de comportarse (la mayoría de niños generan comportamientos agresivos frentea situaciones que consideran peligrosas o actitudes de aislamiento con el fin de prevenirlas).Por lo tanto, no se trata sólo de las repercusiones que el secuestro tiene en sus víctimas sinotambién del miedo y zozobra que genera en los demás miembros de la sociedad, que temenser los próximos en padecerlo.

De esta forma, el secuestro se convierte en un generador de desconfianza para la comunidad,aislando las familias, espacios y contextos, conllevando todo esto a rupturas en el tejido socialy a la fragmentación de los vínculos. La presencia del secuestro se suma a todas aquellas otrasmanifestaciones de violencia que limitan y obstaculizan la construcción de sociedad, de nacióny de lo público.

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El secuestro afecta en primer lugar al niño objeto del delito (para quien no existe explicación),simultáneamente a sus padres y familiares (quienes sienten haber fallado en su labor de pro-tectores) y a la comunidad en general (que a pesar de continuar con su vida diaria "normal-mente" temen que se repita la historia al interior de cada una de sus familias). Las autoridadestambién se ven afectadas, pues sienten que han fallado en su objetivo-deber de brindarseguridad a los habitantes. "Las múltiples circunstancias en las que puede ocurrir el secuestrode un menor de edad llenan de terror e impotencia a la familia, al círculo de allegados, alcolegio y a la sociedad en general; cuando un niño es secuestrado, la indignidad, la rabia y laincertidumbre se acrecientan a niveles inimaginables debido a que se vulneran los vínculos masfrágiles y más sensibles de la sociedad. Es difícil guardar la cordura en estas angustiosascircunstancias"44.

Como lo menciona la investigación "Cicatrices del Secuestro", la manera como los niños y niñassecuestradas enfrentan el cautiverio depende de los recursos psicológicos que manejen, de suedad, de la educación recibida y del clima familiar previos a la ocurrencia de este ilícito. Estascuatro condiciones se convierten en herramientas físicas, mentales y emocionales fundamenta-les para que los niños vivan de forma más o menos traumática el secuestro.

Igualmente, incide de manera decisiva en su comportamiento durante el cautiverio, la formacomo hayan sido secuestrados, si fue con mentiras - diciéndoles que sus padres los habíanabandonado o que se los habían regalado -, si fue de forma violenta etc., así como la edad delniño, pues dependiendo de este factor se podrá asimilar el cautiverio con sentimientos deesperanza o, por el contrario, se optará por refugiarse en sensaciones de abandono y olvidoprovocando mayores traumas tanto mentales como emocionales.

Relatos de algunos niños secuestrados han demostrado que durante el cautiverio éstos apren-den nuevos y equívocos referentes de autoridad, en la manera de cumplir órdenes, obedecerlasy respetarlas. Este cambio en sus referentes es brusco teniendo en cuenta la rapidez con la quesuceden los hechos, lo cual genera en niñas y niños confusión y sufrimiento.

En cuanto a la familia, el secuestro genera sentimientos de incertidumbre y principalmente deculpa por no haber asegurado el bienestar y la integridad del niño. De igual forma, ocurre, deun lado, un aislamiento del exterior inmediato al no hallar muchas veces comprensión y apoyo,y, por el otro, aislamiento al interior de las mismas, debido a que cada miembro tiene su formade exteriorizar sus sentimientos y temores, generándose choques y actitudes intolerantes en el

44 Convenio del Buen Trato, Fundación País Libre y Vicepresidencia de la República, Cicatrices del Secuestro. La vida, recurso canjeable, Bogotá 2003, Pág. 26.

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grupo familiar. Por lo tanto, para vencer estos sentimientos de impotencia e incertidumbre serecomienda a las familias crear espacios para el manejo de dichas situaciones. Muchas familiasse privan de buscar espacios de distensión pues creen que al comportarse de esta maneraabandonan al niño, lo olvidan o simplemente no se solidarizan con su dolor y sufrimiento. Noobstante, sin éste tipo de "medidas" es casi imposible alimentar su propia salud física ymental y recuperar fuerzas en la espera.

En el caso que un familiar sea secuestrado (padre, madre, hermanos, amigos, etc.) las niñas oniños pueden reaccionar de diferentes maneras. Cuando un ser querido es secuestrado, enprimer lugar, se les dificulta entender la figura del secuestro, las razones y las causas del delitocometido contra su familia. Desde luego, el niño demostrará rechazo, mayor refugio en susmayores. Claro está que ninguna actitud o reacción es excluyente de la otra. Además de todo elcúmulo de sensaciones, sentimientos, temores y percepciones, los niños y niñas presentanSíndrome de Estrés Postraumático Moderado y, en menor medida, Síndrome de EstrésPostraumático Severo. Estos síndromes se caracterizan por actitudes equitativas, de rechazo yreactividad física y emocional ante estímulos, recuerdos y situaciones que le evoquen lo sucedido45.

La superación del secuestro no es cuestión sencilla y, por el contrario, exige mucho sacrificio ytiempo. En ocasiones se presentan incluso trastornos físicos y mentales en las niñas y niños,como insomnio, falta de apetito, ansiedad, rechazo, aislamiento, así como alteraciones en elcomportamiento.

Existen implicaciones psicosociales del secuestro que son reconocidas por la Fundación PaísLibre, el Convenio del Buen Trato y el Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Interna-cional Humanitario como la victimización secundaria, la cual es definida como "el daño que sepresenta a partir de las respuestas formales e informales que reciben las victimas de un delito,por parte de las instituciones encargadas de hacer justicia: jueces, policías, criminólogos yfuncionarios de instituciones penitenciarias, entre otros. Esto quiere decir que durante el cauti-verio muchas familias no reciben, por parte del Estado colombiano y sus autoridades compe-tentes, la atención necesaria, generándose, de esta forma, sentimientos de desconfianza yrabia contra el sistema y sus instituciones debido a su ineficacia e incapacidad. Las víctimas y lasociedad en general esperan ser informadas, orientadas y asistidas recibiendo la ayuda ade-cuada, la protección y guía necesarias.

45 Ibid., Pág. 31.

36

46 Ibid., Pág. 36.47 El texto Cicatrices del Secuestro explica cada etapa en su orden: la etapa inicial es la del caos, en la que la familia con la noticia del secuestro se halla envuelta en inquietudes y confusión ante el hecho. La mayoría de las familias recurren a la negación ante la

dificultad de asimilar la noticia. En esta etapa las relaciones entre los miembros se ven afectadas así como la comunicación entreellos por no encontrar soluciones inmediatas a la situación. En segundo lugar encontramos el hermetismo como lo llama el texto. Enesta fase la familia cierra sus espacios y conexiones con el exterior movidos por la necesidad de aislamiento surgida de la falta decomprensión y apoyo y también por el cuidado con el que se debe administrar la información de la familia, mientras se reportan lossecuestradores y se dan a conocer sus exigencias. El tercer momento es la dureza. En este lapso la familia vive tal vez un periodo demayor incertidumbre y zozobra, pues no están seguros de que cualquier medida que tomen o esfuerzo que hagan sea suficiente paradevolver su ser querido a casa. En esta etapa se adelantan las labores de tipo económico para entregar el monto exigido a lossecuestradores y se escoge al familiar que representará a la familia en las negociaciones. Un cuarto periodo es el pacto, durante elcual la familia afectada cree haber logrado acuerdos con los secuestradores y esto significa una luz esperanzadora para ellos. Sinembargo, existe la zozobra por la salud del secuestrado y la posible acción de las autoridades. Por ultimo, encontramos el momentode la etapa del desenlace, donde tiene lugar el final del secuestro. Este momento representa la conclusión de etapas interminablesde incertidumbre y dolor y, además de todo, del comienzo de una nueva etapa en toda la familia, llena de esperanza y expectativas.

De manera que lo importante es volver a generar la confianza perdida, los valores amenazadosy buscar alternativas de normalización de las actividades, sentimientos y emociones. " (…)Superar un secuestro es un proceso en el que hay que hacer frente a diversas emociones, a loscambios que ocurrieron durante el tiempo del cautiverio y a las consecuencias (materiales oinmateriales) que trajo esta situación para la familia. Se requiere entonces de una readapta-ción y de una asimilación de lo ocurrido. Hay quienes quisieran simplemente olvidar y enocasiones intentan por todos los medios evitar pensar, recordar o sentir algo en relación a loque vivieron. Esto, sin embargo, es una forma de postergar el proceso necesario para superar loocurrido y constituye un factor de riesgo para que se instalen dificultades de largo plazo"46.

Por otro lado, debido a los sentimientos de culpa, impotencia, temor, miedo, angustia y deses-peranza, y teniendo en cuenta las diferentes etapas que vive la familia durante el cautiverio(caos, hermetismo, dureza, pacto y desenlace)47, es necesario aceptar la experiencia del se-cuestro, expresar los sentimientos vividos durante el cautiverio y en la finalización del mismo,así como las expectativas y aspectos que se esperan mejorar para el futuro. En este momento lacomunicación se hace determinante para la readaptación de la familia. De igual forma, esnecesario dar la importancia que se merecen las fantasías construidas por lo niños durante ydespués del cautiverio, cuando tratan de recrear la situación vivida o cuando intentan revertir lasituación o cambiar ciertos hechos que hubieran preferido no vivir. Por lo tanto, es importanteanalizar esas fantasías y dejar que tengan lugar, pues es una forma de exteriorizar sentimien-tos y frustraciones.

37

2.3. RECLUTAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS

Existe un importante marco normativo a nivel internacional que prohíbe la vinculación de niñasy niños en grupos armados, como se señaló en la primera parte de este documento. El Proto-colo II, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en su articulo 4,relativo a las “Garantías Fundamentales”, numeral 3 (c), establece la prohibición de reclutarmenores de 15 años en las fuerzas o grupos armados que son parte en un conflicto que notiene carácter internacional, así como su participación en las hostilidades.

En similar sentido se encuentra establecida la prohibición contenida en el artículo 38 de laConvención sobre los Derechos del Niño, que, a diferencia del Protocolo II, habla de la partici-pación directa en las hostilidades. Sobre los numerales 2 y 348 de este artículo, el Estadocolombiano presentó reserva, aumentando la edad mínima de vinculación a las Fuerzas Arma-das a los 18 años y reiterando su compromiso de velar porque niños o niñas no participendirectamente en las hostilidades.

Ante las críticas al artículo 38 de la Convención de los Derechos del Niño, que para muchospresenta una anomalía al establecer en 15 años la edad mínima para el reclutamiento, lo queestaría “aceptando” para algunos que niños o niñas entre 15 y 18 años de edad estén enlistados,el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, (Relativo a la Participaciónde Niños en los Conflictos Armados), prohíbe a los Estados Parte el reclutamiento obligatorio demenores de 18 años, establece que se debe aumentar la edad mínima para el reclutamientovoluntario y, en el artículo 4, estipula que los grupos armados distintos a las Fuerzas Armadasde un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar a menores de 18 años en lashostilidades. Como se mencionó al comienzo de este documento, este instrumento fue suscritopor el Gobierno y recientemente aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 833 del14 de julio de 2003.

Por otra parte, el Convenio 182 de 1999, “sobre la prohibición de las peores formas de trabajoinfantil y la acción inmediata para su eliminación, prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzosou obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”49 .

48 Convención sobre los Derechos del Niño. art. 38.:“2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de

edad no participen directamente en las hostilidades.3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las Fuerzas Armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si

reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los demás edad.”

49 Aprobada por el Congreso de la República mediante Ley 704 de 2001, declarada exequible por la Corte Constitucional con SentenciaC-535 de 2002.

38

Como complemento de las normas anteriores, el Estatuto de la Corte Penal Internacional en elartículo 8, (2) (e) (vii), incluye como crimen de guerra, tanto para los casos de conflicto armadointernacional como no internacional, el reclutamiento o el alistamiento y la utilización de me-nores de 15 años de edad para participar activamente en las hostilidades50.

En la legislación interna, mediante lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 548 del 23 dediciembre de 1999, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 dediciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones", se modificó el articulo 13 de la Ley 418,estableciéndose que los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas para laprestación del servicio militar, eliminando la alternativa que contenía la anterior ley en elsentido de autorizar a los estudiantes de undécimo grado que resultaran elegidos para laprestación del servicio, si voluntariamente y con la autorización expresa y escrita de sus padres,optaban por el cumplimiento inmediato de su deber constitucional. Esta norma exigía que losmenores reclutados no fueran destinados a zonas donde se desarrollaran operaciones de guerrani empleados en confrontaciones armadas.

Es positivo y loable que no existan casos en la actualidad de niños o niñas que pertenezcan alas Fuerzas Militares o de Policía. No obstante, diversas organizaciones han interpretado quelas normas internacionales que rigen en el tema permiten inferir que no es posible reclutarniños o niñas como miembros de redes de soporte o inteligencia51.

En cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos y con el fin de adecuar lalegislación interna a las normas internacionales, en el artículo 162 del Código Penal, Ley 599de 200052, se incorporó el reclutamiento ilícito como delito en el Capitulo Único del Titulo II,"Delitos Contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario". Allí seestablece una pena de prisión de entre 6 y 10 años para el que, con ocasión y en desarrollo delconflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa oindirectamente en las hostilidades o en acciones armadas.

El reclutamiento de niños es una práctica ampliamente utilizada por los grupos armados almargen de la ley en el país desde la década de los 90. La dinámica del conflicto colombiano,permite pensar que el reclutamiento de niñas y niños se está llevando a cabo con intensidadconsiderable no sólo en el campo sino en zonas urbanas. El significativo crecimiento de lasmilicias urbanas y las condiciones sociales en las ciudades pronostican un aumento en su

50 Es de anotar que, al momento de la ratificación, Colombia introdujo una declaración en virtud del artículo 124 del Estatuto, lo cualaplazó la jurisdicción de la Corte durante un período de 7 años en relación con los crímenes contemplados en el art. 8.

51 Human Rigths Watch, Aprenderás a no llorar, 2003, Pág. 116 en www.hrw.org52 Este artículo transcribe lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 418 de 1997.

39

incorporación. En el mismo sentido, según los datos que arrojan las recientes desmovilizaciones,puede señalarse que ha habido un aumento en el reclutamiento de mujeres y niñas en lasorganizaciones armadas irregulares, pues en el año 2000, según lo estableció el Ministerio deDefensa, éstas representaban el 8% del total de personas vinculadas o reclutadas y en el año2003 dicha proporción ascendió al 18%.

No es posible conocer con exactitud el número de niñas y niños que hacen parte de los gruposarmados irregulares. Por ello, las cifras que se manejan sobre el tema obedecen a estimativos.Recientemente, Human Rights Watch, con fundamento en investigaciones gubernamentales yotros reportes y teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a 112 niños ex combatientes,estimó en más de 11.000 el número de niñas o niños que integran los grupos al margen de laley53. Según la ONG en mención, existen más de 4.100 niñas y niños en las filas de las FARC-EP y alrededor de 3.300 en las milicias urbanas de dicha organización para un total de 7.400.Eso significa que un poco más de un cuarto del total de integrantes estimados de ese grupoarmado son niños o niñas. Para el caso del ELN la cifra es de aproximadamente 1.480 niños yniñas, mientras que para las AUC se estima que la organización cuenta con alrededor de 2.200menores de 18 años de edad en sus filas. En ese sentido se afirma que, al menos uno de cadacuatro combatientes en los grupos armados irregulares, es menor de 18 años54.

53 Human Rigths Watch, Op. Cit. Pág. 1654 Human Right Watch, Op.cit. Pág. 16

Fuente: Human Rights Watch

Número Estimado de Niñas y Niños Vinculados a Grupos Armados Ilegales2000-2003

40

Según las estadísticas que maneja el Sistema de información del Instituto Colombiano deBienestar Familiar y la Organización Internacional para las Migraciones, del total de 1.426jóvenes atendidos desde 1999, 883 pertenecían a las FARC, 275 a las AUC, 198 al ELN, 25 aotros grupos (ERG, EPL, ERP, Milicias Populares).

Desvinculación Niñas y Niños de los Grupos Armados Ilegales2000-2003

Son diversas las causas que inciden en la vinculación voluntaria o forzosa de los menores deedad en los grupos armados al margen de la ley. Según la "Investigación sobre la caracteriza-ción psico-social de los niños desvinculados del conflicto armado", realizada por la Defensoríadel Pueblo en el primer semestre de 2001, el 83% de 86 niñas y niños entrevistados, afirmóhaber ingresado de manera "voluntaria" a los grupos armados, un 14% lo hizo forzosamente,un 2% bajo engaño y un 1% no respondió.

Fuente: Defensoría del Pueblo

Fuente: Defensoría del Pueblo2000

Vinculaciónde Niños y Niñas en los Grupos Armados Ilegales2002-2003

41

Resulta interesante el análisis que sobre esa decisión presuntamente voluntaria hace esta mis-ma entidad que sostiene que “es necesario analizar a la luz del concepto de voluntariedad, larelatividad del mismo. Las niñas y niños, que habitan en zonas rurales del país, escasamentecuentan con mínimas condiciones de vida, razón por la cual no pueden realizar sus derechosfundamentales, en especial, el derecho a la integridad personal, al cuidado y a la educación.Por ello, la libertad que expresan como justificación de su vinculación a los grupos armados almargen de la ley, es en realidad forzada, ya que las circunstancias que rodean su derecho avivir, los hace carecer de mas opciones”55.

De ese 83% que ingresa “voluntariamente” a las organizaciones irregulares, un 52% manifes-tó sentirse atraído por las armas y el uniforme56 .

Jorge, un niño entrevistado por Human Rights Watch afirmó:

“Ellos van por allá, por acá, por el campo. Uno ve con ánimo a esa gente, pues, con sus fusiles,sus uniformes, entonces a uno le dan ese ánimo y eso me pasó a mí. Yo tenía amigos en laguerrilla que lo convidaban a uno. El contacto era poquito pero me decían que la vida erabuena, y todo, no le faltaba a uno la comida, la ropa, que nada faltaba, entonces a uno ledaba ánimo y se iba. La decisión fue mía”57 .

En el mismo sentido el resultado de las entrevistas realizadas por Human Rights Watch eviden-cia que la mayoría de los niños y niñas ingresan a los grupos armados “por su propia volun-tad”. De hecho, de los 112 niños entrevistados solo 13 excombatientes, sea de las FARC-EP odel ELN, manifestaron haber sido físicamente forzados a ingresar al grupo. No obstante loanterior, en el mismo documento se expresa que es difícil afirmar con seguridad, que los otrosniños y niñas realizaron una decisión libre, pues parecería mas bien tratarse de una decisióndeterminada por la falta de otras oportunidades58 .

De las investigaciones realizadas se puede inferir que “la mayoría de los niños proceden deentornos terriblemente pobres, donde carecen de cualquier oportunidad de educación, progresopersonal o estatus social. La mayoría dejaron de ir a la escuela bastante antes de completar laeducación primaria. Muchos fueron abandonados por sus padres o dejados al cuidado de fami-liares con mayores posibilidades de mantenerlos, muchos provienen de relaciones inestables o

55 Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos de la Niñez en Colombia, Bogotá 2001, Pág. 31.56 Defensoría del Pueblo, La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano, Bogotá 200, Pág. 7.57 Human Rights Watch, Op. Cit. Pág. 31.58 Human Rights Watch, Op. Cit. Pág. 4. 29

42

son víctimas de la violencia doméstica o el abuso sexual. De los que trabajaron antes dealistarse la mayoría tenían trabajos de muy mala categoría o muy mal pagados, y algunosestaban empleados en el procesamiento de la cocaína, que además de ser ilegal es peligrosa.

Cada niño tiene una historia en cierto modo diferente sobre porque salió de su casa y se unió ala guerrilla o los paramilitares. Existen, sin embargo, denominadores comunes. En casi todoslos casos, la decisión fue provocada por una combinación de factores como la pobreza, lasprivaciones, el subempleo, la escolarización truncada, la falta de afecto y de apoyo familiar, losmalos tratos de los padres y la inseguridad. Entre los factores de la 'llamada a filas' se encuen-tran las promesas de dinero (habitualmente rotas en el caso de la guerrilla), la idea de unavida más fácil, la sed de aventura, el deseo de tener un arma y un uniforme y la simplecuriosidad"59.

Estas conclusiones coinciden con los resultados de las entrevistas que el Ministerio Públicorealizó en el citado estudio, en donde se estableció que el 41.86% de los niños y niñas, antesde su vinculación a la guerrilla, fueron objeto de castigos físicos en sus hogares y que el46.51% fue reprendido de manera severa con tratos crueles.

En cuanto a la escolaridad de las niñas y los niños objeto de reclutamiento, es pertinente anotarque, según el Ministerio Público, el 4.65% nunca ingresó al sistema educativo, el 15.12%llegó a cursar hasta el 2° grado, el 17.44% alcanzó el 3° grado, el 18.60 el 5° grado, el12.79% el 6° grado y sólo el 1.16% pudo alcanzar el 10° o el 11° grado.

Fuente: Ministerio Público

59 Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 29.

Escolaridad de las Niñas y Niños DesvinculadosAño 2000

43

Según las entrevistas que realizó HRW las autodefensas ilegales pagan a las niñas y los niñosque reclutan un salario mensual o trimestral que oscila entre los $ 900.000 y $1´200.000pesos, con bonificaciones especiales en el caso de determinadas misiones60, por lo que lamayoría de los niños y niñas que ingresan a la organización lo hacen atraídos por el dinero.

Leonel, un niño que se vinculó a los 14 años, sobre el particular, afirmó:

“Después de estudiar me iba a camellar como asistente en una panadería. Era un trabajo duroy mal pagado. Me fui a camellar a una finca pero el trabajo era pesado también, así quefinalmente me uní a los paras. Tenía amigos adentro. Pagaban 300.000 lucas al mes. Parecíauna vida fácil"61.

A pesar del alto porcentaje de vinculación "voluntaria", el reclutamiento forzado continúa sien-do una práctica común entre las organizaciones subversivas. Su incapacidad para fortalecer susunidades con personas que accedan a la vinculación realmente voluntaria y los amplios índicesde deserción revelados por el Gobierno nacional, llevan a pensar que esas organizacionescontinuarán recurriendo a esa práctica.

Jenny, una niña pequeña de rasgos indígenas, solo tenía 13 años cuando la milicia del ELN sela llevó por la fuerza en Boyacá:

"El ELN me obligó a entrar. Eso pasó hace tres meses más o menos, al principio de marzo(2002). Ellos venían con frecuencia a las casas de la gente donde yo vivía en Boyacá, nosdecían que debíamos unirnos a las FARC o al ELN. Los dos grupos trabajan juntos. Ellos medecían que yo tenía talento. Las FARC exigían muchachos mayores de quince pero tambiénrecibían mucho más jóvenes que eso. Los del ELN exigían que uno tuviera al menos once. Losadultos no tenían que hacerlo, pero también los invitaban a que se unieran"62 .

Según los resultados de la investigación de la Defensoría del Pueblo, un 61% de los niños fuevinculado entre los 7 y los 14 años, el 37% entre los 15 y los 17 y un 2% no respondió. Unresultado similar arrojaron las entrevistas realizadas por Human Rights Watch que encontróque de los 112 niños y niñas entrevistados, dos terceras partes afirmaron haber sido reclutadosantes de los 15 años.

60 Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 33.61 Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 33.62 Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 33.

44

Edad de Ingreso de Niñas y Niños en los Grupos Armados Ilegales2000-2003

Fuente: Mindefensa-DNP 2000

Al respecto, el Ministerio del Interior, con base en las cifras de desmovilizados del año 2003,sostiene que el 64% de las personas desvinculadas de las organizaciones armadas ilegalesestán entre los 14 y 24 años de edad63. El Ministerio de Defensa, en el año 2000, había yaestablecido que el 44% de los integrantes de los grupos armados irregulares cuentan con unaedad que oscila entre los 13 y 17 años y que el 56% tiene más de 17. Igualmente, señaló queel 82% de los desmovilizados en el año 2000, había ingresado a los grupos armados irregula-res entre los 10 y los 17 años de edad.

63 Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 34.

El ingreso a un grupo armado ilegal y la consecuente participación en las hostilidades, hacenparte de una serie de violaciones a los derechos fundamentales a las que son sometidos lasniñas y los niños una vez entran a formar parte de esas organizaciones. Estas violaciones estánrelacionadas con la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho atener una familia, el derecho a la educación y a la recreación, entre muchos otros.

El entrar a formar parte de un grupo armado implica de facto la perdida de la libertad. Una vezse ingresa, las posibilidades de dejar las filas son bastante reducidas y obedecen a causalesestrictamente establecidas por los grupos armados, los cuales castigan duramente la deserción.

"Carolina, una muchacha despierta de 18 años, quedó embarazada de un comandante de 40años. Quería tener el niño, por lo que desertó y se dirigió a casa de su madre, pero tuvo unaborto en el camino. Las FARC-EP la capturaron y la llevaron de regreso al campamento.

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64 Human Rights Watch, Op. Cit., Pág. 29.65 ONU, Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, 1996, Pág. 14.66 Defensoria del Pueblo, La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano, Bogotá 2001.

Me juzgaron en un consejo de guerra. Me encadenaron por un mes. Yo salí sancionada. Yoescogí que me defendiera la persona que menos me quisiera. Duró como medio día. El acusa-dor dijo que me debían matar porque yo había cometido muchos crímenes: abandono deguardia, abandono de arma, robo al movimiento (ropa), traición al movimiento, poner enpeligro al movimiento porque ellos estaban preparando un ataque. A mi no me importaba, yoestaba dispuesta a morir porque yo estaba cansada de todo. Las sanciones que recibí fueroncavar 50 metros de trinchera (me demoré como tres meses) y cargar leña. Además tuve quehacer autocrítica como por dos horas, aprenderme el reglamento de memoria y hacer un resu-men del reglamento"64.

El ser recluta implica el sometimiento a exigentes rutinas y reglas de disciplina militares que ennada se diferencian de aquellas a las que son sometidos los adultos. Los niños que ingresan alos grupos armados ilegales son separados de sus familias. La posibilidad de frecuentarlosdurante su permanencia en el grupo es limitada.

Niñas y niños son sometidos a fuertes entrenamientos físicos, que incluyen el manejo de armasy manipulación de morteros y granadas, así como construcción de minas antipersonal, con elalto riesgo que ello implica. El tipo de armas y de actividades que desarrollan dependen delgrupo armado ilegal del que hagan parte. Por lo general, son utilizados en diferentes activida-des que van desde acciones de inteligencia, mensajeros, escudos humanos o combatientes. Lostestimonios son desgarradores: niñas y niños que han crecido entre las armas acostumbrados ala violencia y a la guerra como método de supervivencia, menores de edad que han perdido laposibilidad de ser niños.

Los efectos de la participación directa o indirecta en las hostilidades para las niñas o niños sondevastadores y esto dificulta la posibilidad de una verdadera inclusión social. En un importantenumero de casos, los niños han sido expuestos deliberadamente a escenas terribles. Esa expe-riencia los hace más propicios para la comisión de actos violentos65. De hecho, según el estudiode la Defensoría del Pueblo el 40% de la niñez reclutada en las filas de los grupos armados hacombatido; el 3.33% ha minado carreteras, ha cuidado secuestrados o ha efectuado retenes; el7.76% ha recibido entrenamiento militar, ha participado en tomas de pueblos o ha inducidoabortos.66

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Participación Directa o Indirecta en las Hostilidades Niñas o NiñosAño 2.000

Fuente: Defensoría del pueblo

Por otra parte y en el mismo sentido, según investigaciones realizadas con niños, niñas yjóvenes desvinculados del conflicto armado, "el 18% ha matado por lo menos una vez, el 60%ha visto matar, el 78% ha visto cadáveres mutilados, el 25% ha visto secuestrar, el 13% hasecuestrado, el 18% ha visto torturar, el 40% ha disparado contra alguien alguna vez, el 28%ha sido herido"67.

Durante su permanencia en los grupos amados al margen de la ley surgen diferentes situacio-nes y cambios que las niñas y los niños deben aprender a manejar. En un primer momento, susroles anteriores de hijo o hija, hermano o estudiante se ven desplazados y reemplazados pornuevas funciones dentro de la confrontación bélica, como militantes y como partes del grupoarmado. Así, empiezan a redefinir sus necesidades, gustos, costumbres, hábitos y destrezas yvan adecuándose al nuevo contexto en el que se encuentran. Poco a poco se van asumiendo lasactitudes propias del conflicto y se van estableciendo relaciones con su exterior -modificadas ydeterminadas por las dinámicas de la confrontación armada-, tales como la desconfianza, larudeza, el rechazo a estímulos contrarios a los aprendidos dentro del contexto armado. De estaforma, van forjando su convencimiento en la vía armada.

En consecuencia, los niños y niñas en estas circunstancias alternan comportamientos caracterís-ticos de la niñez y de la adolescencia con manifestaciones adultas exigidas por el conflictoarmado. En este ámbito, se produce una redistribución de espacios y un replanteamiento devalores, convicciones y creencias, cuyo principal objetivo es eliminar cualquier referente mentaly psicológico que contradiga su accionar y su compromiso con el grupo.67 Convenio del Buen Trato, Fundación País Libre y Vicepresidencia de la República. Cicatrices del Secuestro. La vida, recurso canjeable, Bogotá 2003, Pág. 25.

47

Se busca la adaptación del yo interior en orden a conseguir su conversión, dejando a un lado suidentidad pasada y reemplazándola por la nueva que adquirirá a través de su experiencia en laconfrontación.

Todo lo anterior se apoya sobre la base de las relaciones jerárquicas en el grupo armado. Estosignifica que el niño o niña debe sustituir su referente de autoridad, caracterizado por dosniveles básicos (padres e hijos), por toda una organización compleja donde los rangos y man-dos se distribuyen dependiendo del nivel en que se encuentre. Las relaciones se establecendentro de un sistema vertical, por lo tanto la naturaleza de las mismas estará enmarcadadentro de los conceptos de superioridad y acatamiento de las órdenes. Por consiguiente, elpropósito más inmediato es escalar posiciones con el fin de alcanzar un rango mínimo que lepermita en un futuro mandar o tener algunos miembros de la organización bajo su responsabi-lidad y poder.

Estas relaciones desiguales crean malestar dentro de los niños y niñas y mucho más cuandoestas mismas dan lugar a arbitrariedades por parte de los superiores. "Frente a la situaciónemocional que esto implica, hay variabilidad en la percepción de algunos jóvenes: por un lado,se acepta esta forma de vida como una manera legitima y valida de tener relaciones humanas,pero, por otro lado, la verticalidad descalifica, amilana, desconoce, coarta iniciativas, posibili-dades, lo cual frustra un desarrollo cuya expectativa, en muchas ocasiones, estaba concentradaen una mejor forma de vida que no encuentra eco en esta forma de relación (…)"68.

Por consiguiente, muchos niños y niñas en las filas de los grupos armados ilegales desvirtúanla opción de vida que han escogido, pues no sólo no lograron una vida mas digna y menosestresante, sino que encontraron ordenes, restricciones y relaciones con el exterior basadas enconceptos de superioridad, sujeción y conformidad69, factores de los que siempre buscaronescapar. De allí provienen muchos de los desencantos que los lleva a la resignación o a ladeserción.

La posibilidad de morir no siempre les asusta. La muerte se convierte en su sombra. Se acos-tumbran a ella, viven su presencia en la cotidianidad de sus acciones.

68 BELLO Martha Nubia, RUIZ Sandra, Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una perspectiva psicosocial, Bogotá 2002, Pág. 32.69 En la forma de vida que llevaban antes de su vinculación, las niñas y niños reclutados buscaban mejoraría y bienestar, salir del

esquema al que la pobreza los tenía sujetos, vencer los obstáculos que les impedían gozar de horizontes más amables. En unprincipio estas razones, entre muchas más motivaciones, los llevaron a integrarse a los grupos armados. Sin embargo, la rutina y ladecepción producida por el continuismo en sus vidas, sin lugar a un verdadero cambio, genera en si mismos, muchas veces, resigna-ción o necesidad de desertar.

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A partir de su retiro de los grupos armados ilegales, el Instituto Colombiano de Bienestarfamiliar y las Instituciones especializadas que tienen convenios suscritos con dicha entidad,ofrecen atención a los niños, niñas y jóvenes que salen de los grupos armados. Sobre el parti-cular la Ley 782 de 2002 "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997,prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones"establece que:

"Art. 8. El artículo 17 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así:

Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará un programaespecial de protección para la asistencia de todos los casos de menores de edad que hayantomado parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política, en el marco delconflicto armado interno.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará asistencia prioritaria a los menores quehayan quedado sin familia o cuya familia no se encuentre en condiciones de cuidarlos, en razónde los actos a que se refiere la presente ley".

En esta Ley, adicionalmente, se da un paso importante en el tratamiento de la niña o niñodesvinculado de un grupo armado irregular al establecer, en el articulo 6, que se entiende porvíctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades.

Edad de los DesmovilizadosAño 2003

Fuente: Ministerio de Defensa

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Organización Internacional para lasMigraciones, desde noviembre 16 de 1999 hasta diciembre de 2003, de los 1426 niños yniñas atendidos el 69,35% de los niños y niñas que abandonaron las filas de un grupo armado

49

irregular lo hicieron bajo la figura de la desvinculación voluntaria; un 25,8% fue capturado,y un 4,85% fue objeto de una entrega negociada.70

Las causas de la desvinculación del grupo armado son diversas: un 37% de los entrevistadospor la Defensoría del Pueblo explicó que el maltrato recibido en el seno de la organizaciónarmada motivó su decisión; un 19% alegó que decidió abandonar al grupo porque no lecumplieron con la remuneración que se les ofreció; un 17% anotó que la privación de sulibertad fue la razón que lo llevó a desvincularse y un 16% comentó que su salida estuvofundada en el incumplimiento de las promesas recibidas. Otros de los entrevistados, 11%, nodieron una explicación sobre el motivo de su desvinculación.

70 Fuente: Sistema de Información ICBF-OIM, diciembre de 2003.

Causas de la Desvinculación de Niñas y Niños2000

Fuente: Defensoría del Pueblo

El 35% de los niños o jóvenes desvinculados ha permanecido por un tiempo inferior a 1 año enel grupo ilegal; un 30% ha estado por un período superior a 1 año e inferior a 3. Sin embargo,hay jóvenes que han permanecido tiempos largos en su accionar armado: 15%, entre 3 y 5años; 12% entre 5 y 10 años; y 8% por más de 10 años.

En relación con las aspiraciones de los jóvenes, niñas y niños desvinculados de los gruposarmados, se ha establecido que el 50% desea estudiar, el 32.56% estar con su familia y el32.5% ser formado para su vinculación laboral. Un porcentaje cercano al 5% no sabe enconcreto que rumbo seguir.

50

De un total de 1426 niñas y niños desvinculados, atendidos por el Instituto Colombiano deBienestar familiar, desde noviembre 16 de 1999 hasta el diciembre de 2003, 1023 (71.73%)son niños y 403 (28.27%) niñas.

El número de niñas y niños que han ingresado al Programa de Atención del ICBF aumentóprogresivamente entre el 2000 y el 2002, dentro de la siguiente proporción: 100 niños en el2000, 196 en el 2001 y 394 en el 2002. En el 2003 el número de niñas y niños que ingresa-ron al Programa se duplicó alcanzando la cifra de 726.

Niñas y Niños que Ingresaron al Programa de Niñosy Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado

2000-2003

Fuente: Sistema de Información ICBF-OIM

El programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene tres etapas. En un principiolos niños reciben atención médica y ayuda sicológica por algunas semanas. Después de serevaluados, las niñas y los niños son trasladados a centros de atención especializada en lasafueras de Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. En estos centros un grupo de profesionalesde distintas disciplinas los atiende en aspectos como salud, capacitación vocacional para eltrabajo, educación formal, aceleración del aprendizaje, comunicación, documentación y asis-tencia jurídica.

Mientras el niño esta en el ICBF se intenta realizar contacto con su familia. En la tercera fase,los niños que no logran la reunificación familiar ingresan a casas juveniles. Las principalesestrategias de apoyo para la construcción de un plan de vida, en las casas juveniles, consistenen becas de educación formal y no formal, apoyo a la inserción productiva y a la empleabilidad.En la actualidad hay 6 casas juveniles con capacidad de atención para 45 jóvenes. Los niñosque pueden retornar a vivir con su núcleo familiar o con algún pariente cercano se benefician delas estrategias de apoyo para la construcción de un plan de vida que se siguen en las CasaJuveniles.

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Las disposiciones jurídicas que rigen en la actualidad no se refieren a fenómenos como ladesvinculación de los niños y niñas del conflicto armado. Por ello, es importante el esfuerzolegislativo que se ha iniciado para sustituir el actual Código del Menor por un ordenamientojurídico que atienda las normas internacionales, la doctrina de protección integral y los tratadosy convenios que Colombia ha suscrito en el tema.

Es fundamental, adicionalmente, demandar de los actores armados ilegales el cese del recluta-miento de niños y niñas, práctica que vulnera de manera evidente el Derecho InternacionalHumanitario. Para ello, es necesario que se atiendan las normas imperativas de dicho ordena-miento, las cuales no pueden ser desconocidas ni sujetas a transacción alguna, salvo paraampliar los marcos de protección establecidos a favor de la población civil mediante la suscrip-ción de acuerdos de orden humanitario que no desconozcan los mínimos ya regulados. Igual-mente, el Estado debe desarrollar estrategias de prevención que permitan minimizar las causasde la vinculación de niñas y niños a los grupos armados.

2.4. DESPLAZAMIENTO FORZADO

La legislación internacional y la nacional son contundentes en la condena del desplazamientoforzado. El Artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, en el marco de laprotección de la población civil, prohíbe el desplazamiento forzado de personas en los siguien-tes términos:

"Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadascon el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razonesmilitares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas lasmedidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias dealojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación.2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razonesrelacionadas con el conflicto".

En complemento de la expresa prohibición contenida en el Protocolo II, las Naciones Unidasestablecieron los principios rectores sobre el desplazamiento interno de personas, definiendolos derechos y garantías pertinentes para la protección contra el desplazamiento forzado y parasu asistencia durante el desplazamiento, el retorno o el reasentamiento y la reintegración.

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Estos principios reservan un lugar fundamental a la protección de las niñas y niños comopersonas especialmente vulnerables. De hecho en el numeral 2 del Principio 4 se establece que:"ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, lasmujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, las per-sonas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y asistenciarequerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales".

Adicionalmente, el Principio 13 (1) prohíbe el alistamiento o la participación en las hostilida-des de los niños desplazados, y el Principio 23, con referencia a la educación, estipula que:

"1.Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Para dar efecto a este derecho las auto-ridades competentes se asegurarán de que los desplazados internos, en particular los niñosdesplazados, reciben una educación gratuita y obligatoria a nivel primario. La educaciónrespetará su identidad cultural, su idioma y su religión. 3. Se harán esfuerzos especialespara conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas en los programas educati-vos. 4. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y formaciónse pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres,con independencia de que vivan o no en campamentos".

La legislación nacional por su parte, tipifica el desplazamiento forzado como delito en el artícu-lo 180 del Código Penal y por otra contempla un marco normativo importante para la preven-ción y atención del desplazamiento, marco que busca hacer efectivos los derechos de la pobla-ción desplazada reconociendo su condición de especial vulnerabilidad como víctimas del con-flicto armado. Este marco normativo tiene por fundamento la Ley 387 de 1997 "Por la cual seadoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, con-solidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la violencia en laRepública de Colombia". En esta norma específicamente se establece la prevalencia de losniños y niñas, en los programas de atención.

Según lo establecido en la ley 387, siguiendo la definición de los Principios Rectores, se debeentender que es desplazada "toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorionacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales,porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o seencuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes ocasiones:conflicto armado interno, disturbios, y tensiones interiores, violencia generalizada, violacionesmasivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otrascircunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteran drásticamenteel orden público"71.

71 Art. 1 Ley 387 del 18 de julio de 1997

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En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha generado una crisis humanitaria deimportantes proporciones. La lucha por el control territorial ha convertido a la población civil enla principal víctima del conflicto y el desplazamiento en su principal consecuencia.

A pesar de las diferencias en las cifras que manejan las entidades gubernamentales con compe-tencia en el tema, como la Red de Solidaridad Social, y las organizaciones no gubernamenta-les, como CODHES, lo cierto es que se trata de un problema de mayores dimensiones. En estesentido mientras para el 2000 CODHES habla de 317.375 desplazados, la Red de SolidaridadSocial (RSS) tiene en su sistema único de registro 267.814 personas. Así mismo, para el 2001,CODHES registró 341.925 desplazados, mientras la RSS registró 332.191. Para el 2002, se-gún CODHES, se desplazaron 412.553 personas, mientras que la RSS estableció que en dichoaño 380.158 individuos fueron objeto de desplazamiento. Para el 2003 la Red de SolidaridadSocial registró 187.573 personas, en el Registro Nacional de Población Desplazada.

Número Total de Personas Desplazadas 2000-2003

Fuente: Red de Solidaridad Social

Del total de desplazamientos individuales en el 2000, según el Sistema Único de Registro(S.U.R), el porcentaje de niñas y niños desplazados fue del 27%, lo que equivale a 54.258menores de edad. En el 2001, la situación empeoró, pues el porcentaje de niñas y niñosdesplazados alcanzó el 45% del total, lo que representa 122.196 menores de edad. En el2002, ascendió a 46% de la suma total, 145.760 niños y niñas. En el 2003, dicho porcentajede niños y niñas afectados, en relación con el número total de desplazamientos individuales,representó el 51% equivalente a 72.444 niñas y niños.

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Niñas y Niños Desplazados por Género2000-2003

Fuente: Sistema Único de Registro (S.U.R)

Entre los departamentos mas afectados por el desplazamiento entre el 2000 y diciembre de2003 se encuentran Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Chocó, Sucre y Putumayo 72.

El desplazamiento forzado genera en la niñez múltiples traumas, asociados al hecho mismoque origina el desplazamiento y a la pérdida de referentes afectivamente relevantes para elniño (familia, vecinos, cosas, amigos). Igualmente, es traumático el momento de llegada a unsitio de albergue fortuito o de paso, debido a la precariedad de la situación y al choque socialy cultural 73.

Los niños desplazados provienen de zonas de intenso conflicto y después de transitar llegan a"zonas urbanas marginales, agobiadas por la violencia social y por la marcada precariedadestatal"74. La vida en la ciudad les genera miedos y temores, agudizados por la situación queviven, pues pasan de una pobreza rural en donde no es extraña la ausencia de servicios educa-tivos y de salud, a la pobreza urbana que se representa muchas veces en el hambre y elhacinamiento. Por ello, se afirma que "estos niños y niñas que por el desarraigo y el efecto deldesplazamiento sufren trastornos psicosociales, maltrato familiar, estigmatización y discrimi-nación, debieron cambiar su entorno social y cultural por la agresión producida por las condi-ciones de miseria de las ciudades, en donde han tenido que vincularse tempranamente a laactividad laboral en el sector informal y el rebusque, sin la posibilidad de continuar sus estudiosy las actividades propias de su edad"75.72 Fuente, Sistema Unico de Registro. Red de Solidaridad Social73 ver ARIAS, FERNANDO JIOVANI Y RUIZ, SANDRA. Efectos Psicosociales del Desplazamiento Forzado en la Niñez. En Niñez y Conflicto

armado en Colombia. Edición del Convenio del Buen Trato. Bogotá. 2002.74 BELLO, MARTA NUBIA. Desplazamiento forzado y niñez: rupturas y continuidades. En Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una

perspectiva psicosocial. Editorial Antropos. Bogotá. Pág. 59.75 RAMÍREZ BRIZNEDA, MARIA EUGENIA. Acuerdos Humanitarios e Infancia. En Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una perspectiva

psicosocial. Editorial Antropos. Bogotá. Pág. 292

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Como lo afirma la UNICEF, además de los peligros a los que se ven expuestos los niños y niñasal instalarse junto con sus familias en lugares que no cumplen con los mínimos de seguridad, eldesplazamiento tiene directa relación con el aumento de casos de abuso sexual y maltrato en laniñez, con trabajo infantil y con la vinculación de niños y niñas a la vida callejera, a grupos dedelincuencia juvenil y a organizaciones criminales 76.

Esta situación no solo se reduce a las amenazas a su integridad física y moral, la tragedia esmás preocupante de lo que puede definir la acción del desplazamiento como tal. Según unainvestigación realizada por CODHES y la UNICEF77, los niños víctimas del desplazamiento sonafectados por la perdida de identidad cultural (al moverse de un ambiente con costumbres ytradiciones establecidas a otro que en la mayoría de los casos no las preserva) y por la discrimi-nación de los otros niños y habitantes (son mirados como extraños y hasta muchas veces se lesrelaciona con grupos armados). Adicionalmente, son percibidos como factores de desestabili-zación (existiendo un "status quo", todo agente extraño, amenaza con desestabilizarlo) y, porultimo, son estigmatizados. Esta situación se agrava por la nula o precaria educación quereciben, por la falta de integración con el medio, por la poca capacidad de asimilar la situacióny por el trauma producido por el desplazamiento.

Sumado a esto, como se ha dicho, ha sido probado, mediante estudios realizados por diferentesorganizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la relación directa entre una situaciónde desplazamiento y el aumento de la violencia intrafamiliar. Niños y niñas tienen entoncesque soportar el cambio tanto de su exterior como de la vida al interior de su familia, pues, porun lado, las relaciones se ven afectadas por todas las adversidades a las que se tienen queenfrentar creando climas de confusión y disolución y, de otro lado, se redistribuyen funciones yroles. La situación económica exige a los niños trabajar, o simplemente cuidar de sus hermanosmenores y abandonar la escuela mientras sus padres buscan sustento; "la situación critica en lacual la familia se ve envuelta como resultado de un conflicto armado y el desplazamientoproduce una sobrecarga emocional en los padres o adultos responsables del cuidado de losniños, afectando a adultos y niños por igual y creando relaciones interpersonales difíciles en lascuales el abuso a los niños se incrementa, si ya existía, o aumenta, como resultado del despla-zamiento, o se desencadena, como producto del conflicto armado"78.

Por lo tanto, el desplazamiento no emerge como una solución sino como, en la mayoría de loscasos, la continuación o agravamiento de su situación. Aunque exista una ruptura en el tiempoy el espacio, la continuidad se presenta en el reemplazo de los miedos y prolongación o susti-tución de las necesidades, en un escenario diferente.

76 UNICEF. La niñez Colombiana en cifras. Nov 2000. Pág. 56.77 CODHES- UNICEF. This is not our war. Children and forced displacement in Colombia. Bogotá. Marzo de 2000.78 Ibid. Pag.61

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De esta forma, los niños y niñas desplazados se ven abocados a vivir una vida segmentada enel antes y después del desplazamiento, solo que este "después" no es sinónimo de "mejor". Laniñez se encuentra marcada por un "antes" caracterizado principalmente por rupturas familia-res y sociales producto de la violencia, las tomas, los secuestros y las masacres.

Ese "antes" conjuga una serie de sentimientos, temores y resentimientos que se traducen enuna actitud desafiante, aislada y desconfiada del lugar de origen. Temerosos por sus vidas ycansados del miedo recurren al desplazamiento. El "después" del desplazamiento marca lapauta para continuar con la vida anterior o cambiar el paradigma de la violencia, que tantoniños como jóvenes observan en su cotidianidad. En este "después" influyen la similitud odiferencia entre el ambiente de origen y el receptor. Si se viene de un ambiente de violencia yse llega a otro similar marcado por diferentes actores que utilizan la violencia como primerrecurso, seguramente el temor, la inseguridad y las reacciones violentas se harán aun masvisibles y permanecerán como referentes para la comunidad infantil.

El ambiente receptor da paso a otros miedos y temores, ya no los del campo sino los urbanos."Desde la perspectiva de los hechos y situaciones que lo provocan y de las condiciones de saliday llegada, el desplazamiento representa para la niñez no solo rupturas sino continuidades (lamayoría de ellas negativas) que agravan el impacto psicosocial, las principales son la violenciay la pobreza"79.

Una equivocada solución para la situación de desplazamiento ha sido buscar para dicha pobla-ción la condición de refugiados en los países fronterizos. Muchos desplazados colombianosasisten a estos terceros países para encontrar una tierra más amable donde puedan asegurarsepara si mismos y sus hijos una vida mas digna. Sin embargo, esta solución no es la másacertada pues muchas veces su situación no mejora en lo absoluto. De este modo se reduce elespectro de posibilidades. Se retorna al punto de partida donde no existen los mínimos, asaber: trabajo, educación, salud, saneamiento básico o acceso a los servicios.

La violación de los derechos en el caso de la niñez desplazada es preocupante. En el sector dela salud, específicamente, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Colombianode Bienestar Familiar y la Organización Internacional "Médicos sin Fronteras" afirman queexiste un alto porcentaje de menores que no tienen acceso a este servicio80. Los niveles demalnutrición y la diversidad de enfermedades presentadas en la población de niños y niñasdesplazados, como consecuencia de los cambios climáticos, el poco dinero con que sobreviveny las condiciones insalubres en las que se desplazan y se asientan en los municipios receptores,79 Ibid. Pág. 58- 59.80 CODHES- UNICEF. “This is not our war. Children and forced displacement in Colombia”. Bogotá. Marzo 2000. Pág. 63-64.

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genera una situación alarmante. No obstante lo anterior hay que reconocer los inmensosesfuerzos realizados en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 387 que ordena que el Sistemade Seguridad Social en Salud diseñe e implemente los mecanismos necesarios para que lapoblación víctima del desplazamiento acceda a los servicios de salud y cuente con todas lasgarantías necesarias en este aspecto.

En el caso de la educación las circunstancias no dan lugar a posiciones optimistas. Los niñosdesplazados no acuden a los colegios por diferentes razones: dificultades económicas, insufi-ciencia de cupos en los colegios, falta de materiales y uniformes, problemas psicológicos deri-vados del trauma del desplazamiento y la estigmatización, y, por ultimo, la reorganización deroles a los que se ven sometidos al interior de sus hogares.

Según el informe presentado por el Grupo Temático de Desplazamiento (GTD), editado bajo eltítulo "Estado de la situación del desplazamiento, enero a diciembre de 2001", la situación delas niñas y niños desplazados es crítica frente a las posibilidades de acceso a la educaciónregular. En la educación básica, (primaria) existen algunas alternativas, pero para ingresar ala educación media (secundaria) el acceso es mucho más difícil al punto que se ha afirmadoque el 40% de los hombres y mujeres jóvenes desplazados no pueden acceder a la educaciónsecundaria, lo que incrementa las probabilidades de inserción en dinámicas sociales ilegalescomo narcotráfico, delincuencia, guerra y prostitución. La integración escolar de niños, niñas yadolescentes de zonas rurales, es muy difícil. Esto debilita el uso apropiado del tiempo libre, lacohesión familiar y las alternativas de su incorporación a grupos armados irregulares.

Sumado a esto se señala, en relación con las ciudades receptoras, que "los entes municipales,por su parte, han demostrado pobre capacidad para identificar, diseñar y ejecutar políticaspropias para atender a la población en situación de desplazamiento, bien por desconocimientodel problema, por no reconocimiento del mismo, o por falta de voluntad política y compromi-so"81. Esta situación evidencia la falta de coordinación de los diferentes niveles (nacional ymunicipal) para hacer frente a una problemática que exige no solo reconocer el derecho a laeducación sino también buscar alternativas para garantizar su plena satisfacción.

Sin embargo, no todo es responsabilidad de los municipios. En la mayoría de los casos éstos sehayan en serias dificultades para asegurar ciertos servicios a sus propios habitantes, sin contarcon el obstáculo que representa la escasez de recursos y la falta de infraestructura y equipamiento,que inciden directamente en la calidad del servicio ofrecido y la cobertura de la educación enColombia. Por lo tanto, la política nacional de atención a la población desplazada encuentra ensu implementación una serie de trabas y complicaciones, que deben ser tomadas como retospara las autoridades educativas nacionales.81 MARTHA NUBIA BELLO, SANDRA RUIZ CEBALLOS. Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Abril 2002. Pág. 152.

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Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que el sistema educativo colombiano no secaracteriza por su flexibilidad. El desplazamiento forzado tiene lugar en nuestro país diaria-mente, por lo tanto, los niños abandonan sus lugares de origen en plenas actividades escolaresla mayoría de los casos, sin encontrar colegios o escuelas que los reciban una vez instalados enel lugar receptor. A esto se suma, la extra-edad de muchos estudiantes, las diferencias cultura-les, las diferencias en el nivel educativo y la falta de documentación que dificulta la vinculacióna los colegios.

La Ley 387 establece que deben ejecutarse programas que garanticen la rehabilitación y arti-culación social, laboral y productiva de los desplazados dentro de la comunidad receptora.Estos programas pueden llevarse a cabo en tiempos menores a los convencionales y debencubrir la educación básica y media especializada. Por otra parte, la Ley General de Educación,ley 115 de 1994, establece la obligatoriedad del servicio educativo entre los 5 y15 años deedad y el Decreto 2231 de 1989 reglamenta los beneficios en el sector educativo para laspersonas víctimas de la violencia.

En este orden de ideas y dada la coyuntura del desplazamiento en Colombia el Ministerio deEducación ha propuesto un conjunto de lineamientos para atacar el problema de la educacióna saber82:

- Revisión y ajuste de elementos pedagógicos y curriculares para lo cual se tomarán en cuentatodas aquellas alternativas docentes y didácticas cuyo objetivo sea mejorar tanto la calidadde la educación como su cobertura dentro de la población desplazada. Dentro de las alter-nativas encontramos: la Escuela Nueva, aceleración del aprendizaje para niños, niñas yjóvenes en "extra-edad", telesecundaria, Sistema de Aprendizaje tutorial, (SAT), y post-primaria rural. "Así mismo, se adoptarán propuestas como Escuela y Desplazamiento, yotras como habilidades para vivir, que hacen énfasis en el desarrollo psicoafectivo y en larecuperación emocional de los escolares, víctimas del desplazamiento forzoso"83.

- Capacitación de docentes y agentes educativos, pues la educación bajo un marco de despla-zamiento exige la preparación y entrenamiento de docentes en instrumentos pedagógicosmás flexibles, menos rígidos a los convencionales, mucho más creativos y que atiendan a lanaturaleza del problema. De igual forma, los docentes deben estar en condiciones de educara niños víctimas del desplazamiento por su condición especial. El Ministerio realizará lasalianzas pertinentes con diferentes instituciones para llevar a cabo estas actividades decapacitación.

82 Ibid. Pág. 156.83 Ibid. Pág. 155

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- En materia de subsidios el Ministerio desarrollará un sistema a favor de los municipiosreceptores de población desplazada a fin de que a través de éste se garantice la asistenciade los niños y niñas a los centros educativos.

- En relación con la asistencia técnica y en la medida de sus recursos, el Ministerio proveeráde asesoría a los municipios receptores con el fin de fortalecer su capacidad, específicamentelas secretarias de educación departamentales, distritales y municipales para asegurar laprestación del servicio educativo. Esta asistencia técnica se refiere a equipamiento escolar,infraestructura y la elaboración de programas de indicadores de gestión, para cumplir conlas tareas de seguimiento y evaluación.

- En cuanto a la comunicación y divulgación, el Ministerio recogerá la información necesariapara realizar labores en la materia a la comunidad y a todo el sistema institucional deeducación, con el objetivo de sensibilizar a la población receptora y a todos los ciudadanosy ciudadanas en general acerca del desplazamiento para así corregir las posibles fallas quese presenten en la implementación de los programas.

Por su parte, UNICEF plantea varias alternativas de solución para la situación de la poblacióninfantil desplazada:

- Fortalecer los comités locales establecidos por la ley 387 de 1997 para la atención a lapoblación desplazada.

- Preparar a las comunidades receptoras para crear redes de apoyo y evitar la discriminacióny estigmatización de la población desplazada pues es importante el papel que desarrolladicha comunidad ya que ella puede contribuir a la ruptura con un pasado lleno de violenciay rechazo. El principal propósito de esta propuesta es romper con el "antes" y hacer del"después" un escenario mejor para las familias víctimas del desplazamiento.

- Implementación de programas de apoyo y recuperación psicoafectiva para superar el im-pacto psicológico que representa el desplazamiento. Así como, programas de recreación,empleo de tiempo libre y deportes que propendan por la superación de los traumas, laafirmación del yo, la generación de sentimientos de confianza, esperanza, apoyo, optimis-mo e inclusión social. Estos programas sociales deben asegurar la recuperación afectiva,sicológica y emocional.

- Introducir currículos flexibles que garanticen la continuidad en la educación.

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Es evidente que en materia de salud la situación requiere de serias medidas que si bien ya sehan venido atendiendo aun deben tener mayor cobertura en su campo de aplicación. Por ello,es indispensable, en orden a incrementar la ejecución de políticas públicas acordes en la mate-ria, garantizar la prestación de los servicios de salud a los desplazados en el marco del Régimende Seguridad Social en Salud, de conformidad con la legislación vigente y con la prevalencia delos derechos de los niños y niñas. Dicho régimen se otorga a quienes se encuentran en unasituación particularmente vulnerable desde el punto de vista social y económico, de acuerdo alos registros del SISBEN y a la disponibilidad de los entes territoriales. Por ello, es claro quemás allá del tratamiento que pueden recibir los desplazados y desplazadas en los centros desalud, como población vinculada al sistema, su condición de afiliados y de beneficiarios delcitado Régimen Subsidiado en la ciudad receptora, se constituiría en una garantía de mayorcalidad y cobertura de su situación, lo cual redundaría a favor de sus derechos fundamentales.En este campo viene trabajando el Ministerio de Protección Social que, adicionalmente, haestablecido como política la imperiosa necesidad de que todo niño o niña quede, desde elmomento de su nacimiento, afiliado al sistema de salud en la condición expuesta. Esa es laprioridad en la materia, la cual cobra aun más vigencia en relación con aquellos que han sidoafectados por el desplazamiento.

De otra parte, cabe resaltar que no sólo es necesario acometer tareas encaminadas al fortale-cimiento de los derechos a la educación o a la salud vulnerados, sino que es necesario propug-nar por el mejoramiento del ingreso de las familias de desplazados. Por ello, entes, como laFundación Restrepo Barco, vienen atendiendo a diversos segmentos de la población afectadapor el desplazamiento forzado producto del Conflicto armado con acciones que se centran en laetapa de estabilización socio-económica, urbana y rural, de dicha población, considerando quela etapa de emergencia debe ser atendida por el Estado.

Las tareas ejecutadas son, principalmente:

- Microcrédito para iniciativas productivas individuales y grupales.- Capital semilla no reembolsable para proyectos productivos de organizaciones de des-

plazados.- Capacitación y fortalecimiento empresarial a las iniciativas productivas de las y los be-

neficiarios.- Fortalecimiento organizacional y desarrollo personal.

Con esta oferta se contribuye a la estabilización de los desplazados, bien sea en el sitio derecepción o en sitios donde son reubicados por el Estado, como es el caso de Córdoba en dondefamilias desplazadas accedieron a tierras en sitios diferentes a su lugar de origen.

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Así mismo, derivado de esto, se han promovido investigaciones en esta área, con el fin decualificar su intervención y mostrar a la cooperación internacional, al Estado, a la empresaprivada y a la opinión pública en general la situación de esta población y las alternativas quese pueden construir.

En conclusión, es importante sumar esfuerzos para mejorar la situación de ingresos de lasfamilias de desplazados y propender por las garantías sociales de las niñas y los niños despla-zados haciendo énfasis en los frentes de la educación y de la salud, la recuperación emocionaly sicológica y su aceptación e inclusión por parte de las comunidades receptoras.

Todos los esfuerzos que se realicen en el presente tendrán repercusiones en el futuro. Es impor-tante que los desplazados recuperen la fuerza y la confianza en si mismos. No obstante loanterior, cualquier política pública de prevención y de atención de la problemática del despla-zamiento jamás podrá convertirse en una verdadera solución sino se acompaña del compromisoirrestricto de los actores del conflicto que, en cumplimiento del derecho Internacional Humani-tario, deben abstenerse de esta práctica que vulnera la dignidad de las personas.

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CAPÍTULO SEGUNDO

IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE EL DESARROLLO,LA ECONOMÍA Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LA NIÑEZ Y DE LAJUVENTUD

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Teniendo en cuenta diversos estudios sobre el tema de los costos del conflicto armado colombia-no84 se puede afirmar que este se ha convertido en uno de los principales frenos al adecuadodesarrollo del país. Si bien Colombia ha tenido durante algunos momentos de la duración deeste conflicto un crecimiento positivo y superior al de sus vecinos en la región (crecimientopromedio del 0.6% anual durante el periodo 1984-200185 ), este indicador se ha visto fuerte-mente afectado y reducido debido a costos que el país ha debido pagar durante este periodo.

Los investigadores y expertos en el tema han tratado de cuantificar y justificar esta perdida, yaunque a través del tiempo los resultados obtenidos no son siempre los mismos, y por elcontrario se contradicen en ciertas ocasiones, es claro que el conflicto es un factor negativo parala productividad del país. La importancia de estas investigaciones aumenta si se tiene en cuen-ta que el conflicto armado colombiano se sitúa entre los cinco más largos del mundo durante lasegunda mitad del siglo veinte, y es uno de los dos conflictos vigentes con más de 10 años deduración86 . Adicionalmente, es uno con presencia en la mayor parte del territorio de un país.

Lo anterior toma especial importancia si se tiene en cuenta que según la teoría económica, elimpacto de un conflicto armado sobre la economía de un Estado depende de la duración de esteúltimo, y afecta directamente la “senda de creación de riqueza”. En ese sentido podemosafirmar que los estudios, a pesar de sus limitaciones, no solo son necesarios sino que se cons-tituyen en un aporte fundamental para dimensionar el real alcance del problema.

El siguiente cuadro nos muestra algunas de las aproximaciones más relevantes que se hanhecho sobre el impacto económico del conflicto durante la década de los noventas, al igual quelas conclusiones más importantes para cada caso.

84 ECHEVERRY et al. (1999 y 2001), BADEL - DNP (1999) RUBIO (1995), GRANADA y ROJAS (1995), UJS - DNP (1995) como los másrelevantes.

85 DNP (2001) – Echeverri establece dos periodos de conflicto armado en Colombia: el primero de 1952 a 1966 y el segundo de 1984al período actual.

86 El otro país que presenta un conflicto de más de 10 años es Sudán.

Estudio Costos Estimados del conflicto armado y de la criminalidad en Colombia

Echeverry et al. (1999 y 2001) Inversión necesaria para lograr la paz: 8% PIB (VPN)

Badel – DNP (1999) 1991-1998 : Costo violencia urbana: 2.1% PIB anualCosto conflicto armado: 2.4% PIB anual

Rubio (1995) Costo directo actividades contrarias a la Ley en términosde crecimiento perdido (1993): 2% PIB anual

Granada y Rojas (1995) 1991-1994, Costo conflicto armado: 4.2% PIB anual

UJS - DNP (1995) Costo promedio anual del Conflicto armado 1990-1994: 4.12% PIB

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Los resultados obtenidos varían según el tipo de investigación, los renglones que se toman encuenta para el estudio, los supuestos de base y los cálculos de los investigadores. Sus conclusio-nes estiman el costo del conflicto entre un 2% y un 4,5% del PIB anual.

Según los estudios de Granada y Rojas y el de la Unidad de Justicia y Seguridad del DNP,realizados en 1995, el costo proveniente del conflicto armado en la primera mitad de la décadade los noventa se sitúa alrededor del 4% del PIB anual. Por su lado, el investigador MauricioRubio cuantifica el costo directo de las actividades contrarias a la ley (criminalidad) para elmismo periodo en un 2% del PIB anual.

En el estudio realizado por Badel para el DNP (1999), el costo para el periodo comprendidoentre 1991 y 1998 se sitúa alrededor del 4.5% del PIB anual. Badel define este costo a partirde dos componentes: el costo del conflicto armado, estimado en un 2.4% y el costo de laviolencia urbana, estimado en un 2.1%.

Desde otro punto de vista, Juan Carlos Echeverry trata de estimar los impactos económicos delconflicto a partir de lo que costaría poder llegar a la paz. En ese sentido, el estima que paralograr la paz en Colombia se necesita una inversión de por lo menos un 8% del PIB anual, locual equivale aproximadamente a 15,9 billones de pesos del 2001.

La diferencia en los resultados obtenidos en las distintas investigaciones son consecuencia delos aspectos que limitan la realización de este tipo de trabajos. En primer lugar, existe una grandificultad para distinguir con claridad la diferencia entre la violencia y el conflicto armado, porlo que resulta muy complejo saber hasta donde va el primero y a partir de donde empieza elsegundo. Por otro lado, la cuantificación de este fenómeno sigue siendo un ejercicio bastantecomplicado por la falta de información y el difícil manejo de la existente. A partir de estaslimitantes, es importante aclarar, como lo justifica Mauricio Rubio en sus estudios, que paraefectos prácticos es mejor hablar de impactos económicos del conflicto armado y no de costos.A lo anterior hay que agregar que los expertos atribuyen unánimemente la existencia de estaslimitaciones, en gran parte, a la indiferencia que los estudiosos de la ciencia económica teníananteriormente en relación con este campo de la investigación social.

Sin embargo, se puede hacer un ejercicio ilustrativo de la cuantificación de los costos delconflicto como ejemplo practico, y para tal efecto vamos a retomar el estudio realizado por elinvestigador Juan Carlos Echeverry y el Departamento Nacional de Planeación. Según esteestudio, los costos del conflicto se dividen en dos tipos: los costos de capital físico y los costos decapital humano y social.

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Se definen como costos de capital físico todos aquellos que inciden directamente sobre el apa-rato productivo del país. Dentro de éstos podemos mencionar los costos de infraestructura y loscostos de extorsión. Los costos de infraestructura son aquellos que se relacionan con daños ypérdidas en la infraestructura física, eléctrica, petrolera, vial (que incluye carreteras, puentes ypeajes), aérea (que incluye los radares y las radio ayudas) y ferroviaria del país. Los costos deextorsión, en cambio, hacen referencia a aquellos generados por este delito en diferentes líneasde la economía.

Por otro lado, los costos de capital humano hacen referencia a aquellos generados por laperdida de productividad de la economía debido a la muerte de hombres y mujeres, que repre-sentan el capital de trabajo. Estas perdidas se dividen a su vez en las bajas (muertes) de losdiferentes grupos de actores del conflicto armado (guerrilla, autodefensas ilegales y otros), delos miembros de la Fuerza Pública, de los civiles y de los secuestrados (aunque estos últimos nonecesariamente se pueden calificar como bajas, su actividad económica se ve afectada por susituación en el conflicto).

Los costos del capital social hacen más referencia al deterioro de las instituciones, y al detri-mento del orden social, el cual a su vez genera inseguridad, reducción de las libertades de losindividuos, e incremento de los niveles de incertidumbre y riesgo.

Todos los costos anteriormente descritos tienen una repercusión directa sobre las variables másimportantes de la economía, afectando principalmente el ahorro, la inversión, el consumo, y losniveles de asignaciones del gasto publico, lo cual genera a su vez un déficit fiscal.

En el siguiente cuadro podemos ver la aproximación del costo del conflicto armado para elperíodo 1999-2001.

Capital FísicoInfraestructuraInfraestructura Eléctrica Costo Total (1999-2001): 53.160 millonesInfraestructura Petrolera Costo Total (1986-2001): 987.792,1 millonesInfraestructura vial Costo Total (1994-2001): 11.524 millonesInfraestructura aérea y ferroviaria Costo Total Infraestructura Aeroportuaria

(1991-2000) = 38.616,5 millonesCosto Total Infraestuctura Ferroviaria (2000-2001) =1.633,9 millones

Extorsión Actividades extorsivas sobre el sector ganadero 756.983 millones

Capital HumanoBajas grupos al margen de la ley 2.985 muertos de Grupos al Margen de la LeyBajas miembros de la Fuerza Pública 1.548 muertos de la Fuerza PúblicaCiviles muertos por el conflicto armado 5.828 civiles muertosSecuestrados 6.747 secuestrados (2000-2001)

Costo Estimado del Conflicto Armado entre 1999-2001 (pesos del 2001)

Fuente: Echeverry - DNP (2001) - Mindefensa

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El total de los costos generados por la pérdida en el capital físico para el período 1999-2001 seestima en 1,19 billones de pesos, lo que equivale al 0.6% del PIB del año 2001. De este total,36% corresponde a la destrucción en la infraestructura del país y 64% a las actividades deextorsión.

Con respecto al capital humano, se estima una pérdida cuantificada en 2.985 muertos prove-nientes de los grupos armados al margen de la ley, 1.548 de la Fuerza Pública y 5.828 civiles,para un total de 10.361 victimas. Es importante resaltar que los civiles representan el 56% delas victimas, los grupos al margen de la ley el 29% y finalmente la Fuerza Pública el 15% deltotal, lo cual evidencia el alto costo que representa para la sociedad la existencia del conflictoarmado.

Dentro de esta cuantificación podemos resaltar la relación entre la pérdida del capital físico y laperdida del capital humano. Badel y Tujillo establecen una aproximación del costo por perdidasde vidas debido a la violencia y al conflicto armado equivalente a 5,37 billones de pesos parael período 1991-1996. Esto equivale a casi un billón de pesos al año por pérdidas en vidahumanas. Este dato nos da una visión de la importancia económica del problema, pero hay querecordar que se trata de una aproximación que tiene en cuenta lo que dejaría de ganar el paíscon ocasión de la pérdida de este capital humano. Por eso, hay que dimensionar la dificultad deeste tipo de cuantificación.

En relación con las conclusiones más relevantes, puede afirmarse que:

- Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2003, del PNUD87, un costopromedio de 1,5% del PIB anual por causa del conflicto armado durante los últimos 10años, implicó una pérdida del 17% del ingreso per cápita del país. Esto equivale a 4,6veces el costo de los programas de hogares comunitarios de bienestar, los hogares infantilesy los restaurantes escolares de la red de apoyo social.

- A su vez, el conflicto incide directamente en el desempleo ya que se calcula que éste impidela generación de por lo menos 170.000 empleos al año88. Este fenómeno afecta principal-mente a los jóvenes entre los 18 y 24 años, ya que ellos son los que salen por primera veza conseguir un trabajo y se ven enfrentados a una oferta laboral disminuida por el conflictoarmado.

- Con respecto a los costos percapita, se estima que por el conflicto armado cada persona alaño debe sufragar una suma que representa el 24% del salario mínimo actual. En caso deno existir conflicto esto representaría un ahorro de $340.000 pesos anuales para un hogarcompuesto por 4 personas.

87 NACIONES UNIDAS - PNUD, El conflicto, Callejón con Salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003,Bogota, 2003. Pág. 108.

88 Arias y Cajamarca (2002).

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- Otro costo ilustrativo originado por el conflicto armado es el aumento de la vigilancia priva-da en el país. Según el informe del PNUD89, en 1991 habían 48.777 vigilantes particularesfrente a 126.515 en el 2001. El costo estimado de este sector para 1991 fue de 0.56% delPIB y para el 2001 fue del 1.14% del PIB. Este costo se duplicó en 10 años. Adicionalmente,los 126.515 empleados de la vigilancia privada en el 2001 superaron ese año el pie defuerza de la Policía Nacional que era de 90.886 personas.

- La inversión pública se ve altamente afectada por el conflicto armado. La urgencia poratender problemas en el corto plazo hace que esta inversión no sea siempre asignadaeficientemente, lo cual genera a su vez una mayor desigualdad en la distribución de losrecursos. Por ejemplo, según Arias y Cajamarca, el conflicto armado ha generado un granaumento en el presupuesto militar en detrimento de otras prioridades como lo son la educa-ción y la salud.

- Nicanor Restrepo, en su libro Derecho a la Esperanza, afirma que en 1999 Colombia destinóel 2,7 por ciento del PIB, es decir cerca de 6 billones de pesos de hoy, a actividades direc-tamente relacionadas con el conflicto armado.

- El conflicto genera situaciones de inestabilidad política y social, lo cual impide el adecuadodesarrollo económico y afecta directamente la inversión nacional y extranjera. Según el DNP,se estima que el flujo de inversión privada se aumentaría en cerca de 0,53% del PIB poraño de no existir este problema en el país. La presencia del conflicto armado en Colombia yel modelo económico predominante de los noventas (la globalización) hacen que losinversionistas locales y extranjeros se vuelvan mucho más sensibles al riesgo en el país90,incidiendo negativamente en el crecimiento económico.

Los indicadores que reflejan la magnitud del impacto del conflicto armado colombiano dentrode la economía del país son diversos. Si no existiera este conflicto, se estima que la tasa decrecimiento podría aumentar entre un 2,1% y un 2,4% del PIB por año como mínimo, lo queequivaldría, según los estudios anteriores, a 4,5 billones de pesos del 2001. En otras palabras,podemos decir que el costo de lo que se deja de ganar por culpa del conflicto armado equivale,en un año, según estas cifras, a:

- Dos reformas tributarias, si partimos de la base de la reforma tributaria pasada que preten-de que en el 2004 se recauden 2.2 billones de pesos. La ausencia del conflicto armadopodría evitar la adopción de nuevas medidas impositivas con el fin de aumentar el recaudoy cubrir el déficit fiscal de la Nación.

89 Obra Citada. Pág. 184.90 Ibíd. Pág. 111.

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- Al 60% del presupuesto militar para el año 2001. En efecto, con respecto al presupuesto dedefensa cabe mencionar que en el 2001 se destinó un 3.8 % del PIB a este rubro.

- A la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2003, el cual es de 9.4billones de pesos91. De este total, 9.3 billones están destinados a los gastos de funciona-mientos y 0.1 billón está destinado a inversión. De no existir un conflicto armado, se podríaaumentar este presupuesto e incrementar los recursos destinados a la inversión (infraestruc-tura y dotación).

- A la mitad del presupuesto anual de la ciudad de Bogotá, el cual equivale a 8.5 billones depesos.

Los anteriores puntos nos muestran diferentes aproximaciones de los costos del conflicto yevidencian su importancia económica. Juan Carlos Echeverry realiza otro ejercicio económicopara medir este impacto y para ello proyecta un balance fiscal para el periodo 2001-2010 bajodiferentes escenarios con el objetivo de establecer un promedio de crecimiento económico92

para el país. Se plantea tres escenarios, uno de paz, uno intermedio y uno de conflicto armado.Los resultados son los siguientes:

- El primer escenario (Paz) hace que la economía entre en un "círculo virtuoso", presentandouna tasa de crecimiento de 6% promedio anual (2003-2010).

- El segundo escenario (intermedio), hace que la economía funcione en medio de un conflictoarmado de menor intensidad al actual, presentando una tasa de crecimiento de 4.5% pro-medio anual (2003-2010).

- El tercer escenario (conflicto armado) hace que la economía funcione en medio de un con-flicto similar al actual, presentando una tasa de crecimiento de 3% promedio anual (2003-2010).

Este ejercicio nos muestra la diferencia entre tres posibilidades dentro de las cuales se puedemover la economía colombiana. Los resultados son notorios, y la diferencia entre un 3% y un6% de crecimiento económico anual influye directamente en el desarrollo del país, representa-do en una menor o mayor producción de riqueza (recursos).

Como es obvio, la disposición de una mayor cantidad de recursos aumenta la posibilidad demejorar los indicadores sociales y económicos más significativos, como por ejemplo eliminar elanalfabetismo, aumentar la capacidad de cobertura del seguro social, y fomentar programas

91 Ministerio de Educación92 ECHEVERRY Juan Carlos (2001) y DNP (1999)

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para aumentar la productividad de los jóvenes que representan el capital semilla de una econo-mía. Vale la pena resaltar el hecho de que para el 2003 se presentó, según el DNP, un creci-miento económico de 3.5% del PIB, situación que se asemeja al tercer escenario presentado enel anterior ejemplo, el cual representa la situación actual del país (una economía que coexistecon un importante conflicto armado).

Sin embargo es importante aclarar que, si bien la eliminación del conflicto armado trae gran-des beneficios al país, los recursos que eran destinados al presupuesto de Defensa en su mo-mento no pueden ser trasladados en su totalidad y en forma inmediata al gasto social o haciadestinos similares pues, por regla general, la ausencia del conflicto trae consigo un aumento dela criminalidad común ante las fallas de los procesos de reincorporación y la mayor participa-ción de los antiguos combatientes en acciones de delincuencia común. La violencia disminuye,pero no desaparece sino que cambia de sector y, en general, los recursos militares que se dejande utilizar por el cese al fuego deben ser trasladados hacia el presupuesto de la Policía Nacio-nal, institución que se encarga de controlar este tipo de violencia.

No obstante las limitaciones existentes, es importante establecer los impactos más rele-vantes del conflicto armado en la niñez y la juventud. Para esto es fundamental definir loque se entiende por juventud desde un punto de vista económico, y lo hacemos de acuerdo conla definición de la CEPAL93 , con el fin de tener una mayor claridad del rol económico de estegrupo social. Según esta institución, la juventud es "el periodo del ciclo de vida en el que laspersonas transitan de la niñez a la condición adulta y durante el cual se producen importantescambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales"94.

Si nos detenemos a ver el rango de edades para esta definición, existen varias versiones. Porejemplo, la Ley de Juventud que, en el caso colombiano, entiende que este rango de edad vade los 16 a los 24 años. Para las Naciones Unidas, la cohorte va entre los 15 y los 24 años,mientras que para el convenio Andrés Bello esta se sitúa entre los 14 y los 29 años. La Organi-zación Mundial de la Salud establece este rango entre los 10 y los 24 años. Para efectos denuestro análisis, vamos a tomar como definición el rango que incluye todos los niños y jóvenesque van de los 0 a los 24 años. Esta definición nos ayuda a ubicar al niño y al "joven" comoactores sociales en transformación y como actores económicos en formación. Económicamente,este grupo se establece como la generación en formación, que posteriormente se va a convertiren el motor generador de productividad.

Ahora bien, podemos abordar este estudio desde un punto de vista más macroeconómico ana-lizando el comportamiento de algunas variables del presupuesto del gobierno como lo son elgasto militar, el gasto social y el servicio de la deuda. De acuerdo a un estudio realizado por el93 Comisión Económica para América Latina (CEPAL).94 SERIE ECONOMÍA Y NIÑEZ. Finanzas Públicas, Niñez y Juventud. Grupo de Economía y Niñez. Noviembre de 2003, Santafé de

Bogotá DC. Pág. 24.

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Grupo de Economía y Niñez95 se estableció que durante el período de la segunda mitad de ladécada de los noventas hasta el 2002, la tendencia del gasto social de la administraciónpública como porcentaje de PIB ha ido decreciendo o manteniéndose en su nivel96. Por elcontrario, en el caso del gasto militar, este porcentaje ha ido en aumento. A su vez, el serviciode la deuda tanto interna como externa y como porcentaje del PIB también presentó unatendencia al alza. A partir de esto, podemos decir que existe una relación directa entre estosindicadores y el conflicto armado. Este conflicto ha afectado el rendimiento de la economía,estancando la dinámica del PIB y desplazando eventuales recursos disponibles para la inver-sión social de un lado hacia otro.

95 Serie Economía y Niñez, Finanzas Publicas, Niñez y Juventud, numero 1, 2003, Pág. 24.96 Se entiende como Gasto Social todos aquellos que representan un impacto en educación, salud, seguridad social, vivienda e ICBF, entre otros.

Sectores / Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003py

Social 11,18 12,40 13,90 13,83 13,31 14,10 14,31 14,11 13,27 13,64

Gasto Militar 3,5 3,6 4,0 3,8 3,5 3,3 3,8 3,8 3,9 4,1

Evolución del Gasto Social y del Gasto Militar como % del PIB

Gasto Social y Gasto Militar como % del PIB período i994-2003

Fuente: DNP (el año 2003 es proyectado)

Los recursos del gobierno destinados a la niñez y a la juventud se consideran como gastossociales. Si tenemos en cuenta el anterior análisis, es claro que estos rangos poblacionales dela sociedad se han visto afectados negativamente en la asignación de los recursos disponibles.Por otro lado, al aumentarse el servicio de la deuda, tanto interna como externa, se disminuyela disponibilidad de recursos por parte del gobierno para la realización de programas socialesy por lo tanto para la inversión en proyectos que ayuden a la reactivación de la economía tantoa nivel nacional como a nivel sectorial, lo que afecta a los jóvenes en particular.

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Se puede afirmar que las tendencias del gasto social, del gasto en defensa y de la deudaevolucionan en contra del bienestar de la sociedad, y más específicamente en contra de losgrupos más vulnerables, como lo son la niñez y la juventud. Esto representa un primer "costo"evidente que tiene que pagar este grupo social. Su impacto es doble. El primero es aquelgenerado en el corto plazo por la ausencia inmediata de recursos para atender los programasya diseñados. El segundo se da en el largo plazo por el atraso que se genera en aspectos tanimportantes como la educación o la salud. Este segundo "costo" es relevante por lo que afectamás directamente lo que denominamos inicialmente el capital humano, y su repercusión, queabarca un período largo, es significativa, más aún si se tiene en cuenta que la juventud es elfuturo motor de la economía.

Sin embargo, es importante aclarar que, si bien estas conclusiones pueden ser fruto de unalógica contable y del sentido común del funcionamiento de la economía, es imposible afirmarque lo uno sea una consecuencia directa de lo otro. Si nos detenemos a analizar casos como elde Brasil o los del Cono Sur, estos países tienen indicadores económicos muy similares a los deColombia, pero no presentan situaciones actuales de conflicto armado. Aunque económicamen-te existe una gran correlación entre el conflicto y el deterioro del bienestar del país, éste nosiempre puede atribuirse como una consecuencia de lo primero.

Ahora bien si entramos a analizar más en detalle el impacto del conflicto en la niñez y en losjóvenes, se tiene necesariamente que mencionar varios tipos de subgrupos dentro de los cualesel impacto va variar. En otras palabras, el impacto económico sobre las niñas y los niñosdesmovilizados de los grupos armados al margen de la ley será diferente al que tendrá en elgrupo de las niñas y los niños secuestrados, o en el generado en el grupo compuesto por losdesplazados o en aquellas victimas de la acción de las minas antipersonal.

Año 2000 2001 2002 2003

Niñas y niños vinculados 11.080 Nd Nd NdNiñas y Niños Secuestrados 335 313 400 348Niñas y Niños Desplazados 54.999 123.223 146.326 NdNiñas y Niños Desmovilizados 100 196 481 NdNiñas y Niños Victimas de minasantipersonal 19 46 102 47

Evolución de los Niños secuestrados, desplazados, desmovilizados y victimas de minas antipersonal

Fuente: Defensoría del Pueblo, Mindefensa, Red de Solidaridad Social, Observatorio de minas antipersonal

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Por ejemplo, en el caso del subgrupo de los niños vinculados a los grupos armados al margende la ley, el conflicto armado genera un impacto altamente negativo. Esto se confirma alconsiderar lo que mencionamos anteriormente sobre el caso colombiano, es decir que se tratade un conflicto que lleva más de 10 años de vigencia, y en donde la mayoría de las niñas yniños se vinculan entre los 10 y 17 años de edad97 . Si tomamos estos dos supuestos, el “costo”económico generado sobre el país en este rango es de gran magnitud y es una constante através del tiempo. Lo anterior no quiere decir que la mayoría de los niños y niñas se vinculencon estos grupos por largos periodos, sino que el reclutamiento es permanente durante todo elperiodo del conflicto y, por lo tanto, afecta una gran parte de la población.

Las niñas y los niños al ser reclutados pierden un período importante de sus vidas. Este periodoestá compuesto por los años de formación (educación) y los años de mayor consolidación en suproductividad económica. Este fenómeno afecta directamente la economía del país en variosaspectos, por un lado volviéndolo menos productivo, y por otro lado teniendo que asimilar uncapital de trabajo menos eficiente de lo que teóricamente podría ser.

Los investigadores Arias y Cajamarca toman como ejemplo en su investigación un estudio sobreel caso de El Salvador, donde se muestra que, de no haber existido un conflicto armado en esepaís, el ingreso percápita hubiera podido ser entre 75% y 100% mas alto al que realmente sedio. Adicionalmente, la ausencia de este último hubiera afectado positivamente el índice depobreza, reduciéndolo entre un 15% y un 25%. Este ejemplo es muy ilustrativo si tenemos encuenta que el autor de este artículo establece sus hipótesis a partir del estudio, entre otrosaspectos, de los grupos de jóvenes vinculados al conflicto y que en consecuencia se apartarondesde la más temprana edad de lo que se considera el adecuado desarrollo del capital humano(educación, formación y productividad económica).

En el caso de Colombia, se puede establecer un comportamiento de los indicadores económicossimilar, aunque su cuantificación no se ha hecho aún. Se puede afirmar que el conflicto armadoimpide la implementación de un programa de desarrollo humano sostenible. Aquí podemosdistinguir entonces dos tipos de situaciones: una "perdida" proveniente de lo que se deja deganar al presentarse el conflicto armado y un "costo" que representa lo que se debe invertirpara recuperar el capital físico y el capital humano perdido inicialmente.

Si analizamos el problema desde un punto de vista más preciso, el conflicto armado incidedirectamente en varios aspectos que tocan el adecuado desarrollo de la niñez y de la juventud.Dentro de estos aspectos podemos mencionar principalmente el impacto en la educación y en lasalud.

97 Un 91% de ellos para el período 2000-2003 según la Defensoría del Pueblo.

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La situación de la educación en Colombia, aunque tiene una importante cobertura, presentaaún serias deficiencias. Esta cobertura, medida en tasas netas de escolarización en el año2000, arrojó diversos datos: la educación primaria registró un 83%, la secundaria un 62% y lasuperior sólo el 15%, lo cual evidencia la brecha aún existente.

El informe del PNUD98 hace un diagnóstico del sector y resume sus deficiencias en cinco puntos:la cobertura y la permanencia, la calidad y la pertinencia, la escuela como productora deviolencia, la escuela como teatro de guerra y la situación del maestro rural.

A manera de ejemplo y de conformidad con las estadísticas se afirma que el 57% de losjóvenes entre los 16 y los 17 años no asisten a clase; que el 62% de los menores reclutadospor los grupos armados ilegales habían desertado de las escuelas; que el 95% de los centrosescolares se encuentran en las ciudades mientras el 28% de la población de estudiantes vive enel campo.

Los puntos más destacados de este informe del PNUD se resumen así:

- Cobertura y permanencia: en el 2002 cerca del 16% de los niños entre los 5 y los 17 añosestaban por fuera del sistema escolar. Adicionalmente, la tasa de inasistencia escolar estres veces más grande en las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas.

- Calidad y pertinencia: del total de los planteles del país, 56% de ellos fue calificado por elICFES como de bajo rendimiento. A nivel del campo, existe una real brecha entre el sistemaeducativo y el "entorno campesino", lo cual fomenta el distanciamiento entre los estudian-tes y sus familias con el sistema de educación.

- La escuela como productora de violencia: existen patrones de comportamiento en las es-cuelas de algunas regiones que fomentan la violencia, tanto por parte de los alumnoscomo por parte de los maestros. Esto fomenta la continuación del conflicto armado.

- La escuela como teatro de la guerra: en ciertos casos, las escuelas sirven como refugio paralos violentos, o como zonas de almacenamiento de municiones. Igualmente, son el sitioideal para el reclutamiento, o el enfrentamiento entre bandos, convirtiéndose en campoideal para el desarrollo del conflicto.

98 NACIONES UNIDAS - PNUD, El conflicto, Callejón con Salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003,Santafé de Bogota, 2003. Pág. 269.

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- La situación del maestro rural: el rol del maestro es crucial en torno a la situación de lasniñas, los niños y los jóvenes frente al sistema educativo y es de gran importancia para eladecuado desarrollo del joven en ese medio. Sin embargo, los maestros se sienten gene-ralmente abandonados por el sistema, sin ningún tipo de ayuda, capacitación o estimulopara llevar a cabo su tarea de educador. Esto se transforma en una ventaja para losactores que incitan al conflicto armado.

El impacto en la educación es uno de los más significativos debido, como se mencionó anterior-mente, a la alta deserción escolar. Por un lado, esta deserción es importante en el caso delsubgrupo de los jóvenes desplazados. Sin embargo, se estima que esta deserción es transitoriagracias a los programas diseñados por el Estado para atender este problema. En el caso delsubgrupo de los vinculados a los grupos armados al margen de la ley, la deserción es total ydepende de su permanencia en estos grupos. Si retomamos la encuesta de la Defensoría dePueblo sobre el nivel educativo de las niñas y niños desmovilizados para el año 2000, solo el2% habían logrado alcanzar 10° y 11° grado. Adicionalmente, 5% nunca ingreso al colegio ymás del 50% no superó el 5° grado de escolaridad.

Obviamente, la falta de valores que está relacionada con la ausencia de educación es parte delorigen de los problemas de violencia que vive hoy en día el país. En el mismo sentido, es claroque la falta de conocimientos impide una adaptación adecuada por parte de los jóvenes traba-jadores a un mundo cada día más globalizado. Estos obstáculos se reafirman con pena ennuestra realidad cuando se estima que los niños colombianos que estudian lo hacen durante900 horas al año, frente a 1400 horas cursadas por los estudiantes en los Estados Unidos deAmérica. Igualmente, se afirma que un niño en Asia aprende a leer 2.5 años antes que un niñoen Colombia. Esto evidencia la pérdida de competitividad que se da desde el inicio de laformación de nuestro capital humano.

El diagnóstico anterior no quiere decir que la educación sea la culpable de la violencia, o que laviolencia sea la culpable de las deficiencias en el sistema educativo. A una multiplicidad desituaciones le corresponden igualmente una multiplicidad de causas. Sin embargo, es evidenteque el conflicto armado ha ayudado a empeorar la situación del sistema educativo.

El impacto económico que genera esta situación se tiene que solucionar a través del diseño deprogramas de reinserción para los desvinculados del conflicto, con el aumento de los cuposescolares y con el mejoramiento de la atención al estudiante y al maestro. Estos programasdemandan unas condiciones especiales para su implementación, entre los cuales esta la libera-ción de recursos financieros.

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Además del impacto en el deterioro y el abandono de las instalaciones físicas, lo cual implicauna perdida económica significativa, el conflicto incide sobre el desplazamiento de los jóvenescon lo cual aumenta la deserción escolar. Esto se debe principalmente a la falta de instalacionesy de cupos escolares en los lugares a donde llegan los desplazados.

Por otro lado, el desplazamiento genera una situación de empobrecimiento de las familiasafectadas, las cuales tienen que recurrir a los jóvenes miembros para que trabajen en el sectorinformal y colaboren con el sostenimiento del hogar en detrimento de sus estudios.

El siguiente cuadro nos muestra la tasa de deserción escolar de los niños y niñas entre los 12 ylos 17 años, según la presencia y el tipo de actor armado. La tasa más baja, 7.72, se registraen los municipios en donde no hay presencia de un grupo armado ilegal, es decir donde no hayconflicto armado. Por el contrario, la tasa más alta es de 9.84 y se da en los municipios endonde existe la presencia de ambos tipos de grupos armados ilegales. Aunque este cuadroevidencia la relación entre conflicto armado y deserción, es importante aclarar, como lo dice elinforme del PNUD, que la deserción no se debe solo a la violencia sino que responde tambiéna una variedad de factores como la desigualdad o la calidad de vida, entre otros99.

Esta situación genera la necesidad de una mayor inversión en programas educativos pararecuperar el atraso generado por el conflicto. Dentro de estos programas podemos resaltar el"costo" adicional que surge de la elaboración de nuevos programas dentro de los cuales sepueden mencionar los siguientes: refuerzo en la educación básica, media y tecnológica paradar empleabilidad; alfabetización de corto plazo; validación; formación empresarial en colabo-ración con el SENA; y propuestas de educación superior por medio del ICETEX.

99 NACIONES UNIDAS - PNUD, El conflicto, Callejón con Salida Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia – 2003, Bogota, 2003. Pág.106.

Grupos Armados Ilegales Número de Municipios Tasa de Deserción (promedio anual)

Ninguno 438 7.72Paramilitares 62 7.84Guerrilla 353 8.72Ambos 211 9.84Total 1064 8.47

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003

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Es claro que el conflicto armado genera unas reasignaciones de los recursos financieros dispo-nibles en la educación, convirtiéndola en un sector con dificultades en su rendimiento. Si noexistiera un conflicto armado, los recursos podrían haber sido asignados más adecuadamenteen la construcción de escuelas, en el aumento de cupos escolares y en el diseño de programaspara el mejoramiento de la educación. De esta manera se mejoraría la calidad del capital detrabajo, lo cual se considera como la inversión más preciada del país.

De la misma manera que con el sector de la educación, el conflicto armado genera en el área dela salud varios tipos de impactos económicos tanto de capital físico como de capital humano.Como lo mencionamos anteriormente, los jóvenes se caracterizan por estar en una etapa decambios biológicos y psicológicos, durante la cual necesitan constantemente de un respaldomedico que les garantice un adecuado desarrollo físico y mental. Ellos son el grupo socialvulnerable a cualquier tipo de problema que se genere en el sector de la salud. Dentro de losimpactos más importantes podemos mencionar los siguientes:

- El desplazamiento de las poblaciones hacia otras regiones produce un colapso de los siste-mas de salud. Los hospitales no dan abasto debido al incremento de los pacientes poratender que, por regla general, no aparecen debidamente inscritos en el régimen subsidiadode salud. Los hospitales y centros de salud públicos, al intentar atender esta emergencia,aumentan muchas veces su crisis administrativa y financiera.

- Las regiones más afectadas por el conflicto presentan alarmantes niveles de desnutricióninfantil y graves problemas de salubridad por la falta de servicios básicos. Para enfrentarestas dificultades se tiene que diseñar programas de atención inmediata con recursos queno estaban necesariamente presupuestados. Esto genera a su vez un desorden financiero,ocasionando problemas económicos de los hospitales y centros de salud.

- El daño psicológico que afecta las niñas y niños victimas del conflicto es el impacto mássignificativo en términos de capital humano. En ese sentido y retomando los impactossicológicos expuestos en capítulos anteriores, el conflicto deja profundas secuelas en niñosy niñas. Estas secuelas y traumas deben ser tratados mediante oportuna atenciónpsicoterapéutica, a lo que hay que agregar que se convierten en limitaciones para elposterior desarrollo personal de estos niños y por lo tanto para su desarrollo laboral. Existepor lo tanto un "costo" por las terapias que deben seguir las niñas y niños, y por ladificultad que podrán tener a partir de allí para poder incorporarse en la vida económi-camente activa.

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Uno de los impactos más relevantes a nivel de la salud es el que proviene de los daños hechospor las minas antipersonal. El impacto de las minas, adicionalmente a las profundas secuelassicológicas que genera en la niña o niño, causa daños físicos que van desde la muerte hasta lapérdida de miembros. Cuando el daño se da por la perdida de un miembro, El Estado debeasumir los gastos inherentes a esto, como lo son las intervenciones quirúrgicas, la rehabilitaciónfísica, el suministro y adecuación de las prótesis y el apoyo psicológico y social.

Sin embargo y a diferencia de los casos de adultos donde generalmente se le adecua una únicaprótesis para toda la vida, en las niñas y niños victimas de minas antipersonal es necesariohacer un seguimiento de la evolución de la prótesis de acuerdo al desarrollo físico del paciente.Esto representa un "costo" adicional ya que en promedio se tiene que cambiar o ajustar laprótesis cada año hasta llegar a la definitiva, lo cual multiplica los costos económicos conrespecto al caso en los adultos. El costo de una prótesis varía entre 900.000 pesos y 23millones de pesos, y depende de su especificación100. Sin embargo y para efectos de un ejerciciopráctico, vamos a tomar un precio promedio de 3 millones de pesos por prótesis101, y un prome-dio de tres cambios de prótesis por niño hasta que llegue a la definitiva con el fin de establecerun costo aproximativo de este impacto.

El siguiente cuadro muestra el total de niñas y niños victimas de minas antipersonal, así comoel costo estimado de las prótesis para esas victimas.

Año 2000 2001 2002 2003

Victimas Heridas 18 35 80 39

Victimas Muertas 1 11 22 8

Total Niños Victimasde Minas Antipersonal 19 46 102 47

Total Niños Victimas Heridas de Minas 18 35 80 39

Costo Promedio Prótesis 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Costo Total en Prótesis año en curso 54.000.000 105.000.000 240.000.000 117.000.000

Costo Total en Prótesis años anteriores - 54.000.000 159.000.000 345.000.000

Costo Total en Prótesis 54.000.000 159.000.000 399.000.000 462.000.000

Fuente: Observatorio de minas antipersonal, CIREC y Cálculos de los autores

100 Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC).101 Dato estimado según la información suministrada por los centros especializados.

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El estimativo del costo de las prótesis para el 2003 se puede aproximar a 460 millones depesos, sin embargo este no es el único gasto que se tiene que tener en cuenta para estimar esteimpacto. Es importante recalcar que una persona que no acceda a una rehabilitación adecuadaesta condenada a sufrir secuelas permanentes y a afrontar dificultades en todos los aspectos dela vida, como lo es la consecución de empleo e integración económica.

Hay que tener en cuenta los costos de las intervenciones quirúrgicas y de las terapias psicológi-cas, las cuales aumentan este costo. Por otro lado, en muchas ocasiones las victimas son prove-nientes de lugares en los cuales no existen centros especializados en este tipo de intervenciónmédicas, por lo que tienen que desplazarse hasta las ciudades capitales, incurriendo en mayo-res costos tanto de transporte como de estadía.

Un grave problema que implica estos altos costos derivados de las minas antipersonal es quelas victimas tienden a construir sus propias prótesis. En muchos casos ellas lo hacen ante losprecios del tratamiento y porque desconocen los tramites para la obtención de los subsidiosexistentes, o por la demora en los tramites administrativos102 . Sin embargo estas prótesiscaseras, aunque son una solución practica, puede traer consecuencias físicas negativas para elpaciente en el largo plazo, impidiendo su rehabilitación y en consecuencia dificultando sureinserción en la vida social y económica.

Otro de los impactos económicos más importantes se centra en el deterioro del tejido socialdebido a la violencia del conflicto armado. El ambiente de inseguridad, la desconfianza hacialos demás y el grado de felicidad (o de infelicidad) son aspectos que inciden directamente en lapersonalidad de los jóvenes que crecen y se desarrollan dentro de este ambiente. Esto seconvierte en una barrera más para una adecuada incorporación en la vida social y económica.

Consciente de esto, la OMS establece que “(...) la salud es un estado completo de bienestarfísico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. La violen-cia cotidiana, que cosecha miles de vidas y de víctimas, y que lleva a que los ciudadanos vivanen un ambiente de inseguridad, de falta de tranquilidad, y de desconfianza permanente,atenta contra esta primicia. A partir de esto, la OMS estima que la violencia es un problema desalud publica, y más aun, un problema grave y complejo que alcanza nivelesepidemiológicos”103.

102 Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC).103 www.OMS.org

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Entidad / Año 1998 1999 2000 2001 2002 Totales

Min-Interior 22.016 22.260 23.533 22.523 21.935 112.267DAS 2.155 2.307 2.317 2.435 2.609 11.823ICBF 1.122 1.096 441 809 155 3.623Min-Defensa ——- ——- 916 2.120 —— 3.036Totales 25.293 25.663 27.207 27.887 24.699 130.749

Gastos por Entidades en Programa de Reinserción1998-2002 (millones de pesos)

Fuente: Fund. Restrepo Barco y DNP

Adicionalmente, se han implementado programas de atención tanto para los jóvenes reinsertadoscomo para aquellos desplazados por la violencia.

En el caso de los desvinculados de los grupos armados, el Estado ha establecido una serie demecanismos para asignar recursos en la implementación de programas que ayuden a los ex-integrantes de los grupos al margen de la ley en su reincorporación en la sociedad. El siguientecuadro nos muestra los recursos invertidos por las diferentes entidades públicas en los progra-mas de reinserción.

El Ministerio del Interior es el que lidera este tipo de iniciativas para los mayores de 18 años. ElInstituto Colombiano de Bienestar Familiar es la entidad a cargo de las niñas y niños adscritosa estos programas. El total de los gatos del Gobierno Nacional para este programa asciende a130.749 millones de pesos para el período 1998-2002 (ver cuadro anterior). Sin embargo,desde 1990 hasta el 2002, se han destinado más de 217.188 millones de pesos104 . Losrecursos provienen de diferentes instituciones del Gobierno Nacional, pero el organismo que seocupa de su ejecución es la Dirección Nacional de Reinserción, hoy Programa de Reincorpora-ción, la cual ejecuta cerca del 90% del presupuesto.

Según un estudio realizado para el DNP105, se estima que el costo promedio de atención a unniño desvinculado de los grupos armados, según la Dirección General de Reinserción (DGR) y elICBF, asciende a 10,4 millones de pesos por un periodo de 19 meses106. Esto corresponde a550.000 pesos por mes. En promedio ha habido, desde 1999, un total de 1.426 niñosdesmovilizados que se han acogido al programa. De este total, 1.377 niños (el 97%), ingresanal programa entre los 11 y los 17 años y 49 (el 3%) lo hacen entre los 18 y los 21 años.104 PINTO, VERGARA y LAHUERTA, Diagnostico del Programa de Reinserción en Colombia: Mecanismos para Incentivar la Desmovilización

Voluntaria Individual, DNP, Santafé de Bogota, 2002.105 Ibíd.106 Equivalente al tiempo promedio de la estadía de la victima en este tipo de programas.

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Los costos proyectados para la atención a los niños desvinculados de las filas armadas en estosprogramas del la DGR y del ICBF ascienden para el 2003 a 7.587 millones de pesos. Desde elinicio del programa se han destinado más de 14.900 millones de pesos. Es importante resaltarque estos resultados se calculan sobre la base de unas aproximaciones de los costos de laatención humanitaria a partir del momento en que los niños ingresan oficialmente dentro delprograma de reinserción. Se tiene en cuenta el transporte, la alimentación, la vivienda, laatención médicas, el equipo de aseo y la ropa, entre otros.

A estos costos hay que añadirle necesariamente aquellos relacionados con la promoción y lacapacitación del programa de reinserción. Igualmente, los costos se estiman según la cantidadde niños que ingresan ese año, pero este costo se debe repartir durante un período de un añoy medio (19 meses). El total presentado en el cuadro es un estimativo del presupuesto que sedebe tener en cuenta para la atención en este programa.

De acuerdo a la tendencia de los casos atendidos, se espera que el impacto económico de esteprograma sea cada vez más grande, lo cual implica la necesidad de liberar más recursos parasu implementación. Sin embargo estos costos son superados por lo beneficios económicos quetrae los resultados del programa. Según el estudio del DNP, se necesitaría alrededor de 360.000millones de pesos durante un período de 2 a 8 años para atender un pie de fuerza de 15.000hombres dentro de este programa. Esta cifra es relativamente baja si se compara con el costoproveniente de las perdidas en infraestructura y en capital humano mencionados anteriormen-te, y que según los expertos puede oscilar entre 1.19 billones de pesos en capital físico yextorsión, y, según los estimativos, en 4,5 billones de pesos en capital humano.

Es pertinente establecer los impactos económicos que afectan a niños y jóvenes involucrados enel conflicto armado, pues ello ayuda a dimensionar el costo que se ha pagado, que se estápagando, y que se seguirá pagando de no encontrar una pronta solución. Esto evidencia laimportancia de la protección de las niñas y los niños, y la prevención con el fin de evitar queeste grupo vulnerable continúe siendo una de las principales victimas del conflicto.

1999 2000 2001 2002 2003 Total

Niños Atendidos 10 100 196 394 726 1426Aumento en % 900% 96% 101% 84%

Costo Promedio 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 Costo Total por mes 5.500.000 55.000.000 107.800.000 216.700.000 399.300.000 Costo 19 meses 104.500.000 1.045.000.000 2.048.200.000 4.117.300.000 7.586.700.000 14.901.700.000

Fuente: DNP – ICBF

Niños desvinculados de los grupos armados atendidos por el ICBF

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El análisis económico aporta importantes elementos para una mejor comprensión del conflictoarmado. Es importante establecer las consecuencias económicas que se derivan de esta con-frontación. Esto ayuda a ver el impacto de estos costos no solamente en la población sinotambién en aspectos que, como el crecimiento económico, es un reflejo del bienestar de lasociedad.

Finalmente, podemos decir que en estos casos un análisis económico es otra manera de eviden-ciar la importancia del dividendo proveniente de la construcción de un camino hacia la paz.Para lograr establecer mecanismos que solucionen el problema de la violencia y del conflictoarmado, y lograr inculcar una cultura de la paz y de la democracia, es necesario tener en cuentatodos los componentes que influyen en el funcionamiento de la sociedad. Dentro de esto, losestudios económicos se consolidan como una herramienta fundamental. De esta manera seevidencia que cualquier iniciativa con el fin de solucionar este flagelo va a presentar retornospositivos en términos de bienestar social y de crecimiento económico.

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