Revista de estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. Marzo 2016. No. 01

El anzuel revista

EspEcial: icBF, los niños como Blanco Fácil

ÍNDICE

Editorial.........................................................1

ICBF seccional Ibagué, no se salva de la co-rrupciónValentina Torres Mejía....................................2

Un sistema de influencia “legal” en la Regio-nal Tolima del ICBFManuela Navarrete..........................................4

Reportaje gráficoOmar Villarraga y Natalia Castro.....................6

Administración mal ejecutadaNatalia Castro.................................................8

Corrupción al interior del ICBFAndres Moya.................................................10

Madres comunitarias: Unas de las mas afec-tadas en la transición del ICBFMargarita Castellanos...................................12

Grito de auxilioPaula Castro.................................................14

Obra en dimesión 3D....................................17

Revista del Programa de Comunica-ción Social y Periodismo de la Universi-dad de Ibagué. Febrero 2016. no 1. Ini-ciativa de investigación de la materia de Periodismo Ciudadano, en la que se articulan notas periodísticas desarro-lladas desde distintas perspectivas en-focadas en la situación actual del Insti-tuto Colombiano de Bienestar Familiar, trabajo liderado por los estudiantes.

EditorDiomedes Acosta

Equipo periodístico y de redacciónAndres MoyaJohanna OsorioValentina TorresNatalia CastroMargarita RubioMaría Paula CastroManuela Navarrete

Diseño y diagramaciónMargarita Rubio Paula Castro

Reportaje gráficoOmar VillarragaNtalia Castro

Contactomargarubio96@hotmail.com

Pagina webelanzuelomedios.com

EDITORIAL

La situación actual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene que ver principalmente, con la corrupción existente en diferentes procesos ad-ministrativos, como el mal manejo del presupuesto y el desvío de dinero, lo que ha desencadenado una serie de problemáticas que han afectado di-rectamente a los niños, niñas, adolescentes y agentes educativos. Lo an-terior, ha estado en temple los últimos meses y por consiguiente, ha sido el alimento periodístico de los medios para llevar a cabo publicaciones.

La posición que se tiene como estudiante de comunicación social y periodismo parte desde el concepto de ciudadanía. Se indagó sobre la presencia de corrup-ción dentro de los procesos administrativos del ICBF, así mismo se realizó un rastreo de medios digitales (Fuentes secundarias), y posteriormente se acudió a fuentes relacionadas con la institución y la ciudadania (Fuentes primarias).

Cada nota periodística fue construida y formulada bajo una perspecti-va crítica y reflexiva desde la que fueron plasmadas cinco ideas especí-ficas, las cuales rodean la preocupante situación que ha tocado las puer-tas de la región del Tolima. La influencia política que ejerce sobre las decisiones de la institución, el funcionamiento del personal interno, los procesos de contratación, la labor de agentes educativos, y la consecuen-te recepción de la problemática en los infantes, su estado de salud y sus derechos, son los criterios que se analizaron en el producto periodístico.

Se identificó la existencia de una problemática a nivel nacional, que afecto a las diferentes zonas del país incluyendo la regional Tolima donde respecti-vamente se realizó el trabajo investigativo. Hubo un acercamiento con cada una de las fuentes de indagación periodística, se acudió a la sede princi-pal ubicada en la ciudad de Ibagué, lo que fue un trabajo complejo debi-do a que a los empleados del ICBF no se les permite brindar información sobre los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de la institución, por lo que se recurrió a diferentes publicaciones. Se citaron algunos me-dios de comunicación, entre ellos, El Nuevo Día, El Olfato, El Espectador, El Tiempo y La Silla Vacía, los cuales permitieron que se lo lograran iden-tificar los distintos enfoques que estructura la crisis existente en el ICBF.

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El Anzuelo Revista

El Anzuelo Revista

icBF seccional ibagué, no se salva de la corrupción

Por: Valentina Torres Mejía

La seccional del ICBF Ibagué, se ve afectada por es-cándalos de corrupción en procesos de contratación.

El instituto colombiano de bienestar familiar tiene por objetivo, mejorar la calidad en la atención inte-gral a la primera infancia, promover los derechos de los niños, adolescentes y fortalecer el desarrollo de las familias y comunidades, para estos fines la entidad establece contratos con organizaciones sin ánimo de lucro quienes son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o crea-ción de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asocia-dos, terceras personas o la comunidad en general.

A lo largo del pasado y presente año se han ve-nido presentando problemas de corrupción dentro

de las mencionadas contrataciones, encontran-do irregularidades dentro de la seccional Ibagué, como son pagos que favorecen no sólo a con-tratistas, sino además contratos con fundaciones que no cuentan con una capacidad financiera.

Al tratar el tema de las contrataciones con las en-tidades e instituciones que el ICBF se encuentra vinculado, es claro que muchos de los funciona-rios de la institución en la seccional Ibagué, como quienes dan información en atención al ciuda-dano, secretarias y coordinadores, se muestran prevenidos y prefieren no hablar del tema argu-mentando que no quieren salir afectados en dado caso de suministrar “mala información” (o lo que podría ser corroborar lo que los medios mues-tran), por esa razón, es común escuchar la fra-se “No estoy autorizado(a) para hablar del tema”.

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Dentro de todo este escándalo, se cuestiona la posible vinculación del ex director regional Carlos Eduardo Buenaventura Gómez a es-tos problemas de corrupción, quien después de 8 años de trabajo en la institución es des-tituido y reemplazado por Oscar Ríos Salazar quien fue uno de los aspirantes dentro de la terna presentada por Cristina Plazas, Direc-tora del ICBF y , posteriormente, elegido por el gobernador del Tolima Oscar Barreto; para los medios, Ríos ya se encuentra ejerciendo su labor pero según cuenta Guillermo Pulido, Coordinador jurídico del instituto, al mando están los dos, mientras se espera la salida de Buenaventura y posesión del siguiente.

Frente al tema de la contratación, Pulido expresa que todo lo pertinente al proceso de la contratación con las entidades, se en-cuentra estipulado en la ley 80, en ella se plantean reglas y principios que rigen los contratos de las organizaciones estatales.

Con el objetivo de erradicar la corrupción, la directora general del ICBF, Cristina Pla-zas, ordenó trasladar toda la contratación del ICBF seccional Tolima para Bogotá ante la presunta participación en política de fun-cionarios de la entidad, esto implica que la contratación se hará por medio de un banco de oferentes, lo que significa que se revisa-rá minuciosamente cada detalle de las en-tidades con las que se disponga a firmar un contrato por prestación de servicios, eligien-do así a quienes puedan brindar una excelen-te calidad para los beneficiaros del instituto. El ICBF Publicó los resultados de las más de 4.000 postulaciones, de las cua-

les sólo 2.200 quedaron como elegibles. Y de ellos saldrán los operadores con los que la entidad contratará hasta diciembre, según el portal web La silla vacía (2016).

Sin duda alguna el tema de la corrupción del ICBF es una realidad que afecta a millones de familias que necesitan ayuda del mismo y al presentarse esta clase de problemas es claro que las ayudas no llegarán y seguirán siendo damnificados quienes deberían obte-ner los beneficios que dice ofrecer el instituto.

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Foto tomada por Omar Villaraga

El Anzuelo Revista

Un sistema de influencia “legal” en la Regional Tolima

del icBF

La crisis que se ha presentando en el Insti-tuto Colombiano de Bienestar Familiar, Re-gional Tolima, se generó a partir del conflicto que hubo entre la directora nacional Cristi-na Plazas y el ex director regional Carlos Eduardo Buenaventura, pues según los me-dios de comunicación la directora acusaba al señor Buenaventura de recibir denuncias a cerca de unas campañas políticas en don-de él intervenía convenientemente dentro de la Institución aún a su mando, mientras que el ex director, según un artículo publi-cado por el periódico El Nuevo Día, acusa-ba a la directora Plazas de acoso laboral y expresó que a pesar de que la Regional estaba muy bien posicionada, la Directora

Nacional puso en convocatoria su cargo.

A partir de dichas acusaciones, expresa-das formalmente a nivel nacional, que ini-ciaron a circular a mediados del año 2015, se abrieron convocatorias para la elección de un nuevo director regional Tolima. Ini-cialmente la selección estuvo a cargo de la regional pero, según el medio de comuni-cación local El Olfato, en una publicación del mes de enero del presente año, debido a la intromisión política en dicho proceso, la contratación fue puesta en manos de la dirección nacional en la ciudad de Bogotá.

Por: Manuela Navarrete

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Foto tomada por El Extra Girardot

Un sistema de influencia “legal” en la Regional Tolima

del icBF

Desde allí se abrió la convo-catoria y se conocieron los participantes y posibles se-leccionados. En el mes de Diciembre se conoció que quien iba a ser el encargado de elegir los más opcionales de la terna iba a ser el go-bernador del Tolima, pero la directora nacional del ICBF decidió esperar a la posesión del nuevo gobernador, Oscar Barreto, para que fuera él quien culminara el proceso. Según público el medio de comunicación A La Luz Pu-blica en el mes de junio del año pasado, los aspirantes al cargo manifestaron su in-conformismo dado por dicha decisión, pues la elección final iba a ser manipulada políticamente una vez más.

Por lo anterior, al haber sido elegido como nuevo director del ICBF Regional Tolima, al administrador de empresas y funcionario durante 13 años de la institución, Oscar Ríos Salazar se pronunció ante los medios diciendo que no está vinculado con sectores políti-cos a pesar de que si se le ha relacionado con este tipo de alianzas. En una entrevista publicada por el Nuevo Día, el nuevo director Ríos hace una aclaración sobre la ve-racidad de las relaciones que tiene con algunos políticos del Tolima como Emilio Martínez (dirigente Cambio Radical) y con el gobernador Oscar Ba-rreto, a quien afirma haber conocido solo en el proce-

so de selección para el car-go que ocupa actualmente.

Frente a esta situación el coordinador jurídico de la sede regional Tolima del ICBF, Guillermo Pulido, co-mentó que para el proceso de nombramiento que se llevó a cabo para la elección del nue-vo director regional “se hizo la convocatoria de meritocra-cia por parte del instituto para nombrar el nuevo director, al cual se le realizaron una se-rie de pruebas, después de las pruebas viene una entre-vista, luego de la entrevista la directora general presenta la terna al gobernador, y el gobernador de la terna dice fulano de tal […], ya el go-bernador dijo que el desig-nado por él era Oscar Ríos”. Para contrastar la informa-ción rastreada en los medios y la versión del coordinador del ICBF, al preguntarle a cerca del motivo del cambio de director solo quiso de-cir “políticas de la directora general”, según él “el direc-tor es una persona de libre nombramiento y remoción, no está regulado […] no hubo problemas de fondo”.

En una publicación del me-dio de comunicación escrito Las Dos Orillas en el mes de octubre, dan a conocer un dato clave en el que se disfraza la corrupción como un proceso sistemático le-gal, allí hacen énfasis en que

cuando la elección está a manos del gobierno, en este caso el gobernador, es inevi-table un objeto de fondo, es decir, una influencia ajena a las normativas estrictas y legales de la institución. Es evidente que la influencia política que existe, no solo en la regional Tolima, sino en algunas otras regiones del país, influye en los mecanis-mos de los procesos de de-sarrollo, pues si se dispone de la institución a manos de una alianza política, en con-secuencia se manejará un sistema corrupto no demos-trable, como hasta ahora se ha conocido a nivel nacional.

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Foto tomada por Omar Villaraga

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Reportaje gráfico

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Reportaje gráfico Recorrido por los centros de desarrollo infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Por: Omar Villarraga y Natalia Castro

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Una administración mal ejecutada

La desnutrición en Colombia es una situación que viven muchas personas a lo largo del país, siendo los niños, niñas y adolescentes que a falta de recursos necesarios para alimentarse y tener una buena cali-dad de vida son los más afectados por esta problemática que en muchas ocasiones termina con la muerte.

Es por esto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es el encargado de implementar los programas necesarios para atender estas necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes del país en con-dición de vulnerabilidad para así hacerle frente a dicha problemática. Pero a pesar de estos objetivos el ICBF no se escapa de los problemas de corrupción y malos manejos, que a lo largo de los años han convertido a dicha institución en objeto de investigaciones por los mismos procesos inadecuados en la contratación, mala calidad en los alimentos, (algunas veces contaminados), deficiencia en la asistencia y atención de los niños, entre otros.

Por esa razón el ICBF está en el ojo del huracán, pues entes de control como la procuradu-ría, la contraloría, la defensoría del pueblo, la fiscalía y la ciudadanía en general están pendien-tes de sus procesos debido a las muertes de niños por desnutrición en diferentes ciudades del país,

Por: Natalia Castro

Foto tomada por Natalia Castro

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Foto tomada por Natalia Castro

las cuales fueron más visibles especialmente en la Gua-jira donde se presentaron cuatro muertes de menores en menos de quince días; hecho que prendió las alarmas e hizo que todo el país pusiera los ojos en este problema de la Guajira donde la corrupción es desbordante y don-de la vida de los niños Wuayú pareciera que no es prio-ridad para la administración municipal, ni departamental. Como punto de partida para analizar estos procesos admi-nistrativos del ICBF, es fundamental hacer una reconstruc-ción de lo que ha pasado y de lo que se ha presentado por los medios de información como los periódicos El Tiem-po, El Espectador y La Silla Vacía, que en sus artículos dejan ver la falta que se comete por parte de la entidad, debido a las irregularidades presentes en sus funcionarios.

En uno de los artículos de El Espectador el 15 de fe-brero de 2016, se evidencia la captura de un funciona-rio del ICBF por el delito de los manejos indebidos a la institución al robar el dinero de los recursos que son para los niños, pero también estos manejos mal ejecuta-dos los muestra El Tiempo al exponer la carta de renun-cia a la dirección del ICBF, por parte de Marco Aurelio Zuluaga del departamento del Huila, quien presenta una rendición de cuentas que preocupa al ICBF por la mala realización de los procesos que se dieron bajo su cargo.

La directora general del ICBF Cristina Plazas, quien ha-bló para El espectador el 15 de febrero del presente año, se refirió a que está trabajando por acabar con la corrup-ción del instituto, pero en la transición que propone para ejecutar los debidos procesos y acabar con esta proble-mática, varios de los niños se están viendo afectados.

Ahora bien, en lo que se refiere al departamento del Tolima, esta situación no es ajena, aunque menos grave que en otras regiones del país, puesto que en algunos casos hay deficien-cias en la administración, por la adjudicación de contratos. El supervisor de primera infancia Juan Carlos Tapia del ICBF, quien dijo que “se da un buen manejo en los pro-cedimientos de la entidad y que la institución ofrece ac-cesibilidad y cantidad de ayudas a los discapacitados, niños, adolescentes y madres, por hacer parte de los be-neficios que esta ofrece y dejando claro que el instituto lleva un buen manejo de los recursos obtenidos y por ende una buena administración”, asegurando que los medios lo único que hacen es manipular y tergiversar todo a su fa-vor al afirmar que constantemente se realizan al instituto supervisiones por parte de la contraloría, procuraduría y otras entidades, donde muestran los manejos transparen-tes que se llevan a cabo, así mismo también piensa la se

ñora María Clemencia Castro y Sandra Campos, que en la institución se da un buen manejo administrativo, asegu-rando que es la mejor organización que tiene Colombia. Tapia hace énfasis en lo establecido por la Contraloría en el año 2010 en una de sus auditorías, en la cual concluyó que la comprobación de las operaciones financieras, adminis-trativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y con procedimientos aplicables, así mismo este ente de regulación evaluó el sistema de con-trol interno y el cumplimiento del plan de mejoramiento.

Frente a la situación de control el supervisor de primera infancia Juan Carlos Tapia planteó una revisión de 5 años atrás, ya que El Tiempo el 23 de octubre de 2016 eviden-ció que el manejo que se le da en el presente a los recursos y a los procesos administrativos es muy diferente al que se le daba años atrás, enviando la Contraloría al ICBF a solicitar los correctivos necesarios con respecto a varias irregularidades detectadas en los hogares de Bienestar Comunitario y en los procedimientos administrativos.

Para finalizar es evidente que el ICBF ha sido vigilado por entes gubernamentales por los casos de corrupción y mal manejo que se han dado en todos los programas para la atención de los niños, niñas y adolescentes. Pero es preciso resaltar que el ICBF regional Tolima tiene un manejo y con-trol de sus programas que aunque también debe investigar-se, es un caso menos fuerte que en otras regiones del país.

corrupción al interior de icBF

Foto tomada por Omar Villarraga

En los últimos años se han venido presen-tando irregularidades administrativas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el cual es el encargado de velar por la protección de los niños más necesita-dos y vulnerables del país, y apoyar a la crianza del menor en la primera infancia.

Pese a ser un instituto dedicado exclusiva-mente a la protección de los niños y adoles-centes, son muchos los casos de corrupción en el último año, razón por la cual en el pasa-do mes de enero fueron capturados funcio-narios en el Atlántico y en algunas regiones del pais, por la desviación de dineros desti-nados a la manutención de los menores que están al cuidado de las madres comunitarias.

Algunos de estos casos han salido a la luz pú-blica y se han podido resolver con la ayuda de la justicia, sin embargo siguen existiendo per-sonas que además de prestar un mal servicio y contar con pésimas instalaciones, desvían el dinero con el que se alimentan a los niños.

La directora del ICBF Cristina Plazas explicó en una entrevista realizada al Espectador, que lo que estaba ocurriendo al interior de la institución era peor que las mafias del narco-tráfico. Según la Directora la red de corrup-ción operada en la costa caribe ha afectado seriamente a los niños más damnificados de la guajira, quienes se están muriendo de hambre y sed a causa de las malas gestiones.

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Por Andrés Moya

Esto no es ajeno en el Tolima puesto que también se han presentado casos de irre-gularidades en la administración, que han afectado a cerca de mil madres comuni-tarias debido a falencias en el proceso de contrataciones por parte de los operarios.

Las madres comunitarias pedían un contrato laboral justo y digno, y los pagos que aun ha-cían falta. Marta Quevedo Coordinadora del Hogar Comunitario Comfatolín y madre co-munitaria indicó que “antes nos contrataba el bienestar, ahora hay unos operadores nom-brados por el ICBF, y ellos nos visitan, nos hacen una reunión y nos realizan un contrato laboral, además están pendientes del cum-plimiento de las funciones y son los encarga-dos de manejar los recursos del bienestar”

Según lo establece el artículo 36 de la ley 1602 del 2012, “las madres comunitarias deberán estar contratadas laboralmente por las entidades administradoras del Pro-grama de Hogares Comunitarios de Bien-estar y devengarán un salario mínimo o el equivalente al número de días trabajados durante el mes.” Como lo indica la ley, de-berían ser los mismos hogares comunita-rios los encargados de contratar y manejar los recursos, pese a esto y con la nueva

administración de este año, pasaron a ser los operadores los encargados de esta función, por lo cual existen más obstáculos para que esos dineros pueden llegar adecuadamente a su destino y no terminen en otras manos.

Cabe resaltar que los mayores damnificados de estos actos de corrupción son los niños y las familias que acuden a este servicio, puesto que la mala gestión administrativa ha permitido que se presenten estos casos.

Matilde Fejed madre sustituta de 2 niños que asisten al Hogar Comunitario Comfato-lín dice que, “ Algunas veces las profesoras nos piden cosas de aseo para el colegio y materiales para el uso academico y didáctico de los niños, pues ellas aseguran que los re-cursos que le asignan al colegio muchas ve-ces se queda corto”. Asi como este, son mu-chos los Hogares Comunitarios que intentan prestar un buen servicio y hacer una gran la-bor comunitaria con los pocos recursos que a veces llegan, está en manos del Estado y las autoridades competentes realizar una respectiva reestructuración en la parte direc-tiva de esta entidad, para que en Colombia no sigan muriendo más niños por hambre.

Foto tomada por Omar Villarraga 11

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madres comunitarias: Unas de las más afectadas en la

transición del icBF

El proyecto del ICBF planteado por la Directora Cristina Plazas enfocado en acabar con la co-rrupción existente en la institución, involucra di-ferentes actores que han resultado afectados, entre ellos las madres comunitarias o agen-tes educativos de todas las regiones del país. En el mes de enero del año vigente, agentes educativos que trabajan con la institución en Centros de Desarrollo Infantil y Hogares sustitu-tos en la ciudad de Ibagué, decidieron salir a las calles y protestar por mejores condiciones labo-rales, sus contratos y el debido pago de sus sa-larios. Ya que al comenzar el año, la institución no había concluido quienes serian los operado-res vinculados esta vez, y por lo tanto los agen-tes no tenían conocimiento de sus contratos.

Según Diana Medina, agente educativo desde hace dos años del Jardín Mundo Mágico Amba-lá (Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Ibagué), y estudiante de pedagogía infantil, la situación les ha afectado de muchas maneras, en primer lugar están lo niños, ya que durante la transición de operadores y directivos de la institu-ción no ha llegado el debido presupuesto para ali-mentos a la institución, por lo tanto Medina consi-dera que las comidas principales del día las culés llaman “Momentos”, no han tenido ni la cantidad ni los productos adecuados para una buena ali-mentación. En segundo lugar están los agentes, Diana junto a otra compañera mencionan que se han sentido indignadas, por el incumpliendo de sus salarios, así mismo por la importancia y las condiciones que les brindan los directivos de la institución por su trabajo, ya que habían días en los que no sabían si aun tenían trabajo o no.

Jardin Infantil Mundo Mágico Ambalá. Foto tomada por Margarita Castellanos.

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Por Margarita Castellanos

Los agentes educativos han sido de gran importancia para el desarrollo de la institu-ción, y para el cuidado y educación de los menores. En definición “los agentes educa-tivos son personas que atienten a los niños y las niñas en espacios institucionales de primera infancia: Educadores profesiona-les que dan apoyo especializado de acuer-do con las necesidades de los niños y las niñas” según el Ministerio de Educación.

Una de las propuestas de la Directora Cristina Plazas del ICBF, para acabar con la corrupción existente en la institución, fue crear un “Banco de Oferentes”, donde los operadores (Funda-ciones y ONGs) se postulaban, los altos di-rectivos elegían los mas “transparentes” y los que ofrecían mejores condiciones en los con-tratos de los agentes educativos e igualmente quienes brindaban las mejores condiciones a los niños y niñas. Cabe resaltar que durante este proceso, los agentes no tenían contratos y por lo tanto no recibían sus debidos salarios. Según Víctor Sanmiguel, director de la Fun-dación SEAPTO Ibagué, la cual desempe-ñaba su labor hasta el año pasado como operador de ICBF en algunos Centros de Desarrollo infantil y Hogares comunitarios, el Banco de oferentes no ha sido la herramien-ta adecuada para lograr la trasparencia en los operadores de la institución, ya que han

asignado mucho hogares y CDI (Centro de Desarrollo Infantil) a operadores que tienen algún tipo de lucro o están relacionados con los grandes directivos. Víctor también men-ciona, que la situación aun no tiene su final, ya que se le ha informado que se abrirá otro banco de oferentes en el mes de Abril, lo cual podría ocasionar los mismos problemas en los contratos de los agentes educativos.

Al iniciar el mes de febrero, con la asigna-ción temporal de los operadores y la elec-ción de Oscar Ríos como nuevo director de la regional Tolima, se firmaron los con-tratos con los otros operadores y los agen-tes educativos, pero exactamente desde la segunda semana del mes de febrero, los agentes no obtuvieron una semana salario.

Esta situación, ha dejado considerables dam-nificados. En el barrio los Mandarinos de la ciudad de Ibagué, donde antes habían va-rios comedores comunitarios y CDI, hoy ya no están, dejando sin trabajo a agentes edu-cativos y sin donde comer a niños y niñas que se benefician de los servicios ofrecidos por el ICBF. Según habitantes del sector, el único comedor existente en este barrio, abre desde las 7:00 am hasta las 12:00 del medio día, es operado únicamente por una persona y por voluntarios aledaños al lugar.

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Grito de auxilioPor: Paula Castro

El pasado 2 de febrero, el medio informati-vo “La silla vacía” publicó un artículo titulado “Niños, los damnificados en la transición del ICBF”, en el que se informó sobre la situación actual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que lleva meses en la mira del país por la muerte de infantes en el depar-tamento de la Guajira a causa de la desnu-trición. Según el artículo, esto podría deber-se a la presente corrupción y el mal manejo

administrativo en cuanto al desvío de dinero, las inadecuadas gestiones en los contratos de alimentación y la negligencia de los emplea-dos, lo que supuestamente provocó una cri-sis económica que generó la ausencia de los recursos primordiales. Desatando una serie de consecuencias en la que los niños, niñas y adolescentes han sido los más afectados, ya que presentan un alto grado de desnutrición, por lo que se pone en tela de juicio a la viola-ción de los derechos particulares de la niñez.

En la constitución política de Colombia, en el artículo 44, se contemplan los derechos primor-diales de los niños, profundizando en aspectos de suma importancia, como la alimentación nu-tritiva y equilibrada a modo de estrategia para garantizar su desarrollo armónico e integral; o la ley 1098 de 2006 que comprende la or-den de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de estos. Pero ¿qué pasa cuando no hay presencia o intervención de la legislación Colombiana?.

La fiscalía ha realizado algunas capturas que

desde el año pasado viene ejecutando por co-rrupción en diferentes departamentos del país, inclusive la misma directora del ICBF, Cristina Plazas, ha dicho que está trabajando por aca-bar con la corruptela en la entidad. Y es que cuando el gobierno Colombiano deja pasar por alto algunas alarmas, la problemática se des-borda y pasa a ser una situación compleja en la que se centran los intereses individuales, y los infantes son desvalorizados de su propio refugio, de modo que la misión de la institu-ción no se lleva a cabo y los derechos primor-diales dejan de estar incluidos en el sistema.

Foto tomada por Paula Castro

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Esto, lamentablemente trae consigo una ola de tragedias, como la del pasado 11 de febrero en la que la cadena de radio “Blu Radio” publicó un artículo que se resalta el caso en el que cuatro niños a cargo del ICBF murieron a causa de la desnutrición en la Guajira y esto sin contar con otros incidentes direccionados por la misma problemática a lo largo de los años. En el me-dio “La silla vacía”, la directora Cristina Plazas por su lado afirmó que la muerte de los infantes fue producto de la crítica situación de salud en la que se encontraban antaño a la acogida de la institución y que todos los procesos administrati-vos llevados a cabo han sido rigurosos, “Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, ob-viamente falta mucho por hacer, pero el llama-do es para que todas las entidades del Gobier-no Nacional, Departamental y Municipal, sobre todos las autoridades indígenas y los padres de familia que son la primera línea de defensa de los niños nos pongamos todos las pilas y entre todos salir adelante de esta problemática bo-chornosa, vergonzosa y cruel para el país”, es-tas fueron las palabras textuales de Plazas quien además comentó acerca del trabajo negligente de algunos de los empleados de la institución.

Este caso desde la visión legal articula otra pie-za al rompecabezas, según el abogado Víctor Hugo Ortegate Ramírez, a los niños, niñas y adolescentes indudablemente se les están vul-nerando muchos de sus derechos sustanciales: alimentación sana y balanceada, educacion,

recreacion, mejor calidad de vida, cuidado,etc. Puesto que el enfoque del ICBF se direcciona en pro de la clase dirigente de las entidades mu-nicipales y departamentales, de modo que gran parte de los recursos son desviados del camino, y aquellas familias que se encuentran en vul-nerabilidad o alejadas de los cascos urbanos, ubicados cerca de la zona desértica sin acce-so al agua potable, a la salud y a la educación.

Y es que la inadecuada nutrición, puede gene-rar graves secuelas y más si se presenta en los niños. “Si un niño carece de buena alimentación ya sea porque es inadecuada o insuficiente, su organismo funcionara mal, será deficiente, es-tará propenso a todo tipo de enfermedades, no habrá correctamente un progreso cognitivo, lo que no le permitirá un óptimo desarrollo. Enton-ces, no podrá desenvolverse como una persona sin síntomas de desnutrición, es decir, que para un niño con desnutrición a causa de la violación de los derechos en cuanto a la alimentación, será difícil llevar una vida normal y se verá limi-tado a participar en algunos de los escenarios cotidianos, por ejemplo, no podrá desempeñar-se muy bien en el ámbito educativo, deportivo e incluso en las típicas actividades que un niño lleva a cabo, lo que impide que el infante pue-da desarrollarse óptimamente como individuo dentro de la sociedad”, dice la psicóloga María Paula Cruz de acuerdo al escenario en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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Por lo tanto, se pone sobre la mesa un factor a discutir relacionado con la razón principal por la que se genera la situación del ICBF, que vendría siendo la corrupción ocasionada por la misma clase dirigente y sus lazos con la polí-tica, es decir, las entidades municipales y las entidades territoriales quienes se lucran con el dinero que el gobierno ofrece a través de las regalías. Por el momento es un ciclo que apa-renta desintegrarse, una administración ”inade-cuada y mal articulada”, y una consecuencia que apunta directamente a los niños, niñas y adolescentes que poco a poco mueren de ham-bre al no tener alimento y mucho menos salud.

Contextualizando esta situación en la ciudad de Ibagué, la perspectiva parece no ser tan ne-gativa, según el supervisor de primera infancia de la sede principal, Juan Carlos Tapia, quien lleva trabajando 8 años en la institución, men-cionó que por el momento no ha sido testigo de procesos de corrupción, resaltando que es muy complejo manejar el dinero del ICBF ile-galmente, puesto que es supervisado por ins-tituciones como la Contraloría, Procuraduría, Superintendencia, etc. Esto porque se lleva a cabo un trabajo con los parafiscales de las empresas, por lo que hay un permanente con-trol de los procesos administrativos. De modo que a los niños se les está brindando una pro-tección integral y adecuada, sin asomo de la desnutrición gracias a el suplimiento de las ne-cesidades debido a la presencia de recursos.

“En Ibagué, el Instituto Colombiano de Bienes-

tar Familiar ocupó el primer lugar en primera infancia y en la región se posicionó a nivel Na-cional. Tenemos muchos programas de ayuda, el problema radica en que hay un gran número de personas desinformadas sobre los procesos que se ejecutan y los servicios que ofrecemos, como el programa “Recuperación nutricional”, en el que todas las personas que trabajan como vendedores ambulantes o trabajadoras sexua-les, les estamos brindando apoyo por medio de unos hogares infantiles donde trabajamos de 6:00am a 6:00pm para ayudarles a cuidar a sus hijos o resguardarlos temporalmente o si es necesario permanentemente, por ende muchas personas se quedan fuera de los procedimientos y todo por la falta de interés e iniciativa por par-te de la ciudadanía”, afirmó Juan Carlos Tapia.

En esta entidad colombiana, los procesos de solución o de disminución del problema de-ben de recorrer un largo camino a causa de la complejidad del caso, más niños cada día se enfrentan cara a cara con la desnutrición o peor aún, encontrarsen en un agujero ne-gro para nunca despertar; de modo que solo se ocasionarán progresos si el gobierno ejerce unas políticas serias, unos conductos regula-res de choque y el rechazo a los inadecuados manejos administrativos por parte de los fun-cionarios que se encaminan por la corrupción.

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Foto tomada por Omar Villarraga

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Esta obra ejecutada en dimensión 3D representa a cada uno de los niños, niñas y adolescentes del instituto co-lombiano de Bienestar Familiar, en ella se reflejan los distintos rasgos que carterizan a los infantes sin impor-

tar su origen o su condición.por: paula castro

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