Download - Informe octubre2012
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El mes de Octubre de 2012 ha representado el principal de los retos para la gobernabilidad del país. En la recta final del año 254 hechos de ataques en contra de defensoras y defensores de derechos huma-nos se han registrado, un 83% en comparación con los 305 hechos registrados durante el 2011, si la tendencia se mantiene, se estima se habrán registrado un 10% menos de hechos, lo cual es sin duda positivo, pero es importante recordar que la meta de cualquier gobierno debe ser que la labor por la de-
fensa de derechos humanos no fuera perseguida o atacada. Más allá de las cifras debemos reflexionar sobre el tipo de ataques/agresiones que las y los de-fensores han sufrido a lo largo del año, por ejemplo, la criminalización de las luchas continua siendo una de las cons-tantes la cual se encauza no solamente desde el gobierno, sino desde estructu-ras que aprovechan algunos medios de comunicación social para trasladar la idea que las agrupaciones de defenso-res de derechos humanos cometen ac-tos criminales al utilizar las vías de peti-ción al Gobierno, tales como la manifes-tación pacífica. Algunos emisores de opinión hablan de las distintas manifes-
taciones, en muchos casos haciendo omiso de los antecedentes históricos de los reclamos planteados por las y los comunitarios, tal es el caso de los planteamientos realizados por los 48 cantones de Totoni-capán relacionados con el cobro indebido de servicios de electricidad que no estaban recibiendo, el cual habían realizado ante las autoridades Estatales y los administradores de la Empresa Eléctrica de Gua-temala Sociedad Anónima –EEGSA-, desde hacia varios años, las cuales habían sido desoídas; o que decir de los resultados de las consultas comunitarias en relación a la posición de las comunidades fren-te a la instalación de hidroeléctricas, extracción petrolera, minería o monocultivos, en las que han pro-nunciado su desacuerdo ante la concesión por parte del Gobierno de tales proyectos, peticiones que nuevamente cayeron en oídos sordos.
Estos primeros 10 meses del periodo presidencial de Otto Pérez Molina, han vuelto a poner sobre la
mesa la incapacidad histórica del Estado guatemalteco para la gestión de crisis y el manejo de la con-
flictividad vía la represión mediante la militarización o la restricción de garantías democráticas, las cua-
les paradójicamente son planteadas
desde el Estado para resguardar la en-
deble democracia. El presidente y su
gabinete de seguridad han tenido un
manejo mediático pobre y desestructu-
rado para salvaguardar la imagen del
régimen, dándose a la tarea de dar de-
claraciones aún sin contar con todos los
elementos de información emitiendo jui-
cios y aseveraciones, las cuales deben
desdecir cuando la línea cronológica de
los hechos y actores es recopilada por
medios de comunicación social o desde
la misma sociedad civil .
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Así mismo, la indolencia mostrada por declaraciones de funcionarios de Estado ante sucesos en los que
personas han perdido la vida, minimizando e incluso justificando la violencia, tal como muestran las decla-
raciones del Canciller Harold Caballeros en las que según el reconocía "…con dolor que en ciertas latitu-
des ocho muertos es una cosa muy grande, o sea, no es tampoco, aunque suena muy mal decirlo, pues
todos los días tenemos el doble de muertos de
ocho, entonces como que no es una llamada de
atención tan grande".
Todo lo anterior, denota la falta de coherencia y
capacidad para el manejo y contención de crisis,
pero por sobre todo, revela claramente la falta de
voluntad política de las autoridades de buscar la
vía del dialogo responsable para la transforma-
ción alternativa de conflictividad social y por so-
bre todo, buscar la vía de la conciliación, en un
país en él que a octubre se producen al menos
13 muertes violentas, se han suscitado 59 masa-
cres dejando un saldo de 167 personas fallecidas
y en el que las cifras de pobreza continúan siendo las mismas que en la apertura democrática. Guatemala
sigue esperando que las autoridades tomen con seriedad las diversas problemáticas que el país y evitar la
polarización gestada desde los mismos estamentos del gobierno de turno que comprendan que la función
pública es un ejercicio desde la responsabilidad para la transformación del país y que deben quedar por un
lado las visiones reduccionistas, cortoplacistas y carentes de visión estratégica para las que históricamente
ha sido utilizado el usufructo del poder.
La defensa por los derechos humanos ha dejado durante el año 2012 a una docena de defensores/as ase-
sinados por su labor. Esto más que una cifra, representa el intento de truncar las oportunidades de desa-
rrollo integral de comunidades de miles de familias y personas que ven como desde el Estado o con la
aquiescencia del mismo se vulnera el dere-
cho fundamental al respeto a la vida huma-
na. Por otra parte, la criminalización de 83
mujeres y hombres, defensoras/es de dere-
chos es otra de las realidades que golpean
a las comunidades que además de las
pérdidas humanas, tienen que bregar con
procesos judiciales interpuestos de manera
maliciosa y que tienen la única intención de
limitar las justas demandas hacia el Estado
por el respeto de la dignidad y la autodeter-
minación de modelos de desarrollo inclu-
yentes o que respeten el entorno natural.
La esperanza transformación, continua
siendo el principal sustento de los planteamientos de las y los defensores de derechos humanos y desde
allí, se continuará de manera pacífica en la misión de transformar el presente, para construir un mejor futu-
ro en el que las generaciones venideras puedan desde un modelo distinto, respetuoso de las diferencias y
particularidades, desarrollarse plenamente. Es por ello que como UDEFEGUA, creemos en la construc-
ción de tejido social desde las distintas redes, tanto nacionales como mesoamericanas, desde las cuales
comunidades de defensoras y defensores de derechos humanos se fortalezcan. También hacemos esfuer-
zos para la construcción de herramientas de protección o de recopilación de historias de vida que motiven
y ayuden a entender la labor que se realiza y de esta manera, contribuir con el sector de defensores/as del
país y la región.