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ISSN 2011-6322 Junio 2015
Francesco Bogliacino, Gianluca Grimalda, Laura Jimnez, Daniel Reyes Galvis yCristiano Codagnone
Sobre algunos efectos sociales y cognitivos de la restitucin de tierras
Some Cognitive and Social Effects of Land Restitution
Documento Escuela de Economa
N 65
DocumentosFCE - CID
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Documentos FCE-CID Escuela de Economa N 65
Junio de 2015
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogot - Facultad de Ciencias Econmicas
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Francesco Bogliacino1, Gianluca Grimalda
2, Laura Jimnez
3, Daniel Reyes Galvis
4, Cristiano
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Sobre algunos efectos sociales y cognitivos de la restitucin de tierras6
Resumen
En este estudio se presentan los resultados preliminares de una serie de experimentos de
campo con una muestra de desplazados y una muestra de beneficiarios de programas de
restitucin de tierras. No tuvimos acceso a datos oficiales y por lo tanto la restitucin es
declarada por los participantes. El trabajo se realiz con varias comunidades de la
regin de Montes de Mara en la segunda mitad del 2014. En trmino de caractersticas
socio-demogrficas, los beneficiarios no son significativamente diferentes de los
desplazados.
Los beneficiarios muestran un incremento significativo de la tasa de devolucin
en el juego de confianza. No existen comportamientos diferentes de sancin en el juego
del dictador con castigo, pero un patrn parece emerger en los ms pobres.
Finalmente, no se observan diferencias sistemticas en el desempeo cognitivo en las
pruebas Raven y Stroop. Eso implica que no se estn logrando reducciones
significativas del efecto ancho-de-banda de la pobreza, coherentemente con las crticas
segn las cuales la restitucin tiene que ir acompaada de medidas que la vuelvan
sostenible a mediano plazo.
Palabras Claves: Confianza, Raven, Stroop, Normas Sociales, Titulacin de tierra
Clasificacin JEL: C93, I38, Q15
1 Universidad Nacional de Colombia [email protected] correspondencia: F. Bogliacino,
Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30, No 45-03, Bloque 311, oficina 12b, 3165000
ext. 12431 2 Universidad Jaume I; Kiel Institute for the World Economy, Centre for Global Cooperation Research [email protected] 3 Becaria Fondazione Franceschi. [email protected] 4 Becario Open Evidence. [email protected] 5 Universit degli Studi di Milano. [email protected] 6 Agradecemos la financiacin de Open Evidence para cubrir parte de los gastos. Laura Jimnez agradece
a la Fondazione Franceschi por la beca. Daniel Reyes agradece a Open Evidence por la beca. Francesco
Bogliacino agradece a la Fundacin Universitaria Konrad Lorenz por la disponibilidad de tiempo ofrecida
en el mes final de su contrato para llevar a trmino el primer trabajo de campo. Igualmente agradece el
Igualmente agradece el apoyo de la Universidad Nacional por el apoyo en el segundo trabajo de campo.
Todo el equipo agradece al personal de Cedecampo y a Gabriel Urbano por la disponibilidad y por los
contactos. Agradecemos a los lderes campesinos por la disponibilidad y la ayuda en involucrar la
poblacin de sus comunidades.
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Some cognitive and social effects of land restitution
Abstract
In this study we show the preliminary results of a series of field experiments with a
sample of displaced population and a sample of beneficiaries of land titling programs.
We didnt get access to official data, thus land restitution is self-declared by
participants. The fieldwork was carried out in Montes de Mara region in the second
half of 2014. Regarding socio-demographic characteristics, beneficiaries are not
statistically different from displaced.
Beneficiaries show a significant increase in return rate in the trust game. There is
no difference in the sanctioning behavior in dictator game with punishment, although a
difference in the pattern seems to emerge in the poorest.
Finally, there isnt systematic difference in cognitive performance in Raven and Stroop
tests. This latter result implies that no significant reduction is achieved in the poverty
induced bandwidth effect, coherently with the existing critiques that this program
should be coupled with other measures to make it sustainable in the medium run.
Keywords: Trust, Raven, Stroop, Social Norm, Land titling
JEL classification:: C93, I38, Q15
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID
RectorIgnacio Mantilla Prada
Vicerrector GeneralJorge Ivn Bula Escobar
Facultad de Ciencias Econmicas
VicedecanoRafael Surez
DecanoJos Guillermo Garca Isaza
Escuela de Economa
Directorlvaro Martn Moreno Rivas
Coordinador Programa Curricular de EconomaRal Chamorro Narvez
Centro de Investigaciones parael Desarrollo CID
DirectorManuel Jos Antonio Muoz Conde
SubdirectoraVilma Narvez
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La serie Documentos FCE considera para publicacin manuscritos originales
de estudiantes de maestra o doctorado, de docentes y de investigadores de
la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad Nacional de Colombia;
resultado del trabajo colectivo o individual y que hayan sido propuestos,
programados, producidos y evaluados en una asignatura, en un grupo de
investigacin o en otra instancia acadmica
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La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/
Director Centro Editorial-FCElvaro Zerda Sarmiento
Equipo Centro Editorial-FCENadeyda Surez Morales
Pilar Ducuara Lpez
Yuly Roco Orjuela Rozo
Contacto: Centro Editorial FCE-CIDCorreo electrnico: [email protected]
Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido y la forma del presente
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Escuela de Economa, ni a la Facultad de Ciencias Econmicas,
ni a la Universidad Nacional de Colombia.
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Sobre algunos efectos sociales y cognitivos de la restitucin de tierras
Por Francesco Bogliacino, Gianluca Grimalda, Laura Jimnez, Daniel Reyes Galvis,
Cristiano Codagnone
1. Introduccin
La Ley de Vctimas o Ley de Restitucin de Tierras (1448 de 2011) cumple en el 2015
cuatro aos. Representa un compromiso enorme del Gobierno colombiano con las
numerosas vctimas del conflicto y crea escenarios novedosos a nivel mundial en
trmino de reconocimiento y reparacin. Ha sido tambin ampliamente criticada
(Seccin 2 abajo), por falta de financiacin, por la lentitud de la ejecucin, por las
condiciones de inseguridad y el estrecho margen econmico en el cual se est
desarrollando el proceso, evidentemente afectando las posibilidades de lograr
sostenibilidad a largo plazo del retorno.
Hay un seguimiento en curso de las personas beneficiadas a travs de una
encuesta, pero estos datos todava no estn disponible para la comunidad acadmica.
Cuando se tendr acceso, se volver fundamental un esfuerzo de evaluacin para poder
identificar el alcance y proponer eventualmente reajustes.
En general, desde una perspectiva acadmica la actual falta de informacin ha
tenido un peso enorme en poder formular un juicio, sin embargo la opinin pblica
tambin ha carecido del insumo necesario para poderse formar una opinin razonada.
Este estudio nace precisamente con esta motivacin: identificar posibles alcances del
proceso de restitucin a travs de un ejercicio de recoleccin y anlisis de datos. La
fuerza de este estudio est en que se rige sobre una metodologa de experimento de
campo: los datos no se refieren a respuestas a preguntas, sino a comportamientos y
decisiones por parte de los participantes en tareas incentivadas. Se trata de un estudio en
escala pequea, por los lmites presupuestales de la investigacin y por falta de acceso a
la informacin oficial de las autoridades (y a pesar de nuestro esfuerzo de contacto).
La lgica de este estudio es comparativa: se intenta comparar una serie de
variables entre la poblacin que ha recibido la tierra y la poblacin que todava se
encuentra desplazada. Obviamente la asignacin de tierra no es una variable que pueda
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ser objeto de manipulacin experimental dentro de nuestro diseo, y en cuanto tal no
podemos sostener que lo que estimemos tenga interpretacin causal. Sin embargo
tuvimos mucho cuidado a la hora de disear la medicin, contactamos varios grupos a
travs de lderes comunitarios y esto nos permiti tener heterogeneidad en la muestra y
variabilidad de la asignacin de tierra dentro de cada comunidad. Adicionalmente,
controles estadsticos muestran que las caractersticas socio-demogrficas estn
efectivamente balanceadas dentro de los dos grupos de desplazados y beneficiados
(Seccin 6.1 abajo).
El trabajo de campo se llev a cabo entre Julio y Septiembre 2014 en la regin
de Montes de Mara, logrando la participacin de personas de varias comunidades en
Mara La Baja, Carmen de Bolvar, San Jacinto, Mampujn, entre otras.
El tema de asignacin de tierra es muy estudiado en la literatura econmica
porque la transicin desde ttulos informales hacia formales se ve como un cambio
institucional capaz de alinear los incentivos de los agentes econmicos con el objetivo
del desarrollo, bsicamente dando garanta jurdica de goce de los frutos de la inversin
y posibilidad de utilizar el bien como colateral en el caso de acceso a crdito (Seccin
4.1).
En este estudio nos enfocamos en el desempeo cognitivo de los que recibieron
la tierra, comparado con el desempeo de los desplazados y analizamos en qu medida
el proceso ayuda a reconstruir tejido social.
En la literatura cientfica ms reciente se subraya como la pobreza acte como
un impuesto cognitivo: la presin ejecutada por las consecuencias de los errores
cometidos en condicin de escasez induce a equivocarse porque absorbe ancho de
banda, o sea capacidad cognitiva (Seccin 4.2). Objetivo de este trabajo es investigar si
el proceso de restitucin es capaz de suavizar el impacto de la pobreza en los
desplazados. Con el fin de medir el impacto cognitivo, se implementaron dos pruebas
(Raven y Stroop test) que han sido utilizados en otros experimentos con campesinos en
la India.
En segundo lugar, a travs de dos series de experimentos se pretende medir
como el proceso de restitucin afecta la reconstruccin del tejido social. La falta de un
sistema de relaciones y conexiones es parte de los obstculos de los desplazados en salir
de la pobreza. Adicionalmente, la condicin de vctima crea desconfianza que afecta la
vida social y comunitaria. En nuestra medicin nos enfocamos en la medicin del grado
de confianza y en la actitud hacia las normas sociales (Seccin 4.3).
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Entre los resultados principales encontramos que el proceso de restitucin afecta de
manera positiva y robustamente significativa una de las medidas de confianza. Al
opuesto, no hay diferencias significativas en el desempeo cognitivo de desplazados y
beneficiarios de la restitucin, coherentemente con las crticas segn las cuales la tierra,
sola, no basta para lograr salir de la pobreza. La actitud hacia las normas sociales no es
significativamente diferente entre los dos grupos, aun si parece serlo entre los ms
pobres (Seccin 6).
Como siempre ocurre, tambin es importante sealar los lmites de la
investigacin. Primero, no ha sido posible cruzar los datos con fuentes oficiales y por lo
tanto la asignacin de tierra es medida a travs de una respuesta de los participantes.
Segundo, la muestra de participantes no es aleatoria, por lo tanto no es representativa.
Tercero, la dimensin de la muestra es limitada, lo cual afecta la robustez del anlisis
economtrico. Cuarto, estos resultados son preliminares, en el sentido que el marco del
estudio es ms amplio.
Este informe contina con la siguiente estructura. La Seccin 2 introduce
brevemente las caractersticas de la Ley y la discusin que ha generado. La Seccin 3
presenta una panormica no exhaustiva de la regin de Montes de Mara donde se
realiz el trabajo. La Seccin 4 aclara el contexto terico detrs del anlisis. La Seccin
5 explica los procedimientos experimentales para un pblico que no tenga conocimiento
tcnico del tema. La Seccin 6 presenta los resultados. Finalmente la Seccin 7 formula
algunas observaciones finales. En los varios Anexos es posible encontrar todos los
materiales utilizados para el trabajo de campo.
2. La Ley de Restitucin de Tierras
La Ley de Victima o Ley de Restitucin de Tierra (1448 de 2011) es el combinado de
dos estrategias polticas: por un lado la decisin de garantizar continuidad institucional
al tema de la garanta de las vctimas, recogiendo y consolidando lo que ya estaba
dentro de la Ley de Justicia y Paz del 2005; por otro lado, la apuesta de este ciclo
poltico de normalizar la situacin de la tierra como contribucin hacia el anhelado
acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, puesto que el tema de la tenencia de la
tierra ha sido siempre sealado como una de las determinantes claves del medio siglo de
conflicto que vive el pas (Grupo Memoria Histrica, 2013).
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A la vez, la apuesta por los dilogos de paz se puede considerar como el primer
resultado del debilitamiento de los grupos ilegales, consecuencia del fortalecimiento del
ejercito bajo el ciclo poltico Pastrana-Uribe, y que derivaron en la muerte de Tirofijo,
Ral Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano, lderes de dicha organizacin. Al estar la
guerrilla confinada en pocas reas estratgicas, se requiere una puesta en discusin de la
estrategia militar. Secundariamente, la senda de crecimiento de Colombia, fuertemente
sesgada hacia la inversin extranjera directa y el modelo extractivista se ve
negativamente afectada por la presencia de factores como el conflicto, que aumentan el
riesgo del pas y la tasa a la cual el pas logra endeudarse.
Sobre estas bases, el gobierno de Juan Manuel Santos (desde 2010) ha lanzado una
iniciativa ambiciosa en pro de la resolucin del conflicto armado (manteniendo la
iniciativa militar).
Dentro de esta estrategia poltica el programa de reforma de tenencia de la tierra,
enmarcado dentro de la llamada ley de vctimas, entr en efecto en junio 10 de 2011
(Robinson, 2013).
La Ley de Vctimas, est agrupada en torno a tres componentes principales, a
saber: a) asistencia y atencin, b) prevencin y proteccin y, c) reparacin integral.
Dichos componentes principales estn, adicionalmente, apoyados por cinco
componentes transversales, enfoques: a) diferencial, b) territorial y, c) psicosocial;
adems de d) participacin efectiva de las vctimas y e) sistemas de informacin
(Comisin de Seguimiento de los Organismos de Control, 2013). De esta forma, la Ley
pretende delimitar las medidas judiciales, administrativas, sociales y econmicas,
individuales y colectivas; para beneficiar a las vctimas de las violaciones del conflicto
armado interno. Todo esto, dentro de un marco de justicia transicional, que les facilite a
las vctimas el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparacin de forma
tal que estas personas puedan ser dignificadas a partir de la cumplimentacin de sus
derechos constitucionales. La implementacin de esta Ley implica grandes progresos en
cuanto a los derechos de las vctimas, puesto que supone la implementacin de una
poltica integral de atencin, asistencia y reparacin y superar un enfoque netamente
asistencialista y humanitario (Comisin de Seguimiento de los Organismos de Control,
2013).
Para algunos, este es el programa ms ambicioso nunca realizado (Rettberg,
2015). Consecuentemente, se subrayan problemas financiacin, puesto que dentro del
CONPES (2011), se identificaban 56 billones de pesos y en el actual Plan Nacional de
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Desarrollo (PND, 2015) el rubro para el goce efectivo de derechos de las vctimas es de
7 billones, mientras que Vargas y Villaveces (2015) estiman que el compromiso sera
alrededor de 13.5% del PIB (a pesos del 2011).
Pero esta no ha sido la nica crtica, puesto que en general varios organismos han
sealado tanto la lentitud del proceso como en general los problemas de garantizar un
regreso seguro y a condiciones sostenibles en el mediano plazo. Han sido publicados
varios informes que intentan documentar la dinmica de implementacin de la ley
(Forjando Futuro, 2015, 2014a, 2014b).
Como ejemplo de las crticas se puede ver ms en detalle el informe de Amnista
Internacional (2014). Este documento fue construido a partir de investigaciones que
lider la organizacin en 2013 y 2014. La delegacin de Amnista recorri diferentes
zonas del pas: Cauca, Valle del Cauca, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlntico, Meta y
Bogot. En diferentes oportunidades, se reuni con varios sectores de la poblacin
colombiana: reclamantes de tierras y sus representantes, miembros de organizaciones no
gubernamentales, representantes de comunidades indgenas y afrodescendientes,
abogados, campesinos, acadmicos, defensores de Derechos Humanos, entre otros.
Adems, sostuvo tambin encuentros con entidades nacionales y regionales: Unidad de
Restitucin de Tierras, Unidad para la Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas,
Unidad Nacional de Proteccin, Centro Nacional de Memoria Histrica, Defensora del
Pueblo, Fiscala General de la Nacin, Procuradura General de la Nacin, Contralora
General de la Repblica, Instituto Geogrfico Agustn Codazzi, Superintendencia de
Notariado y Registro, entre otras.
Este informe tena como objetivo analizar el actual proceso de restitucin de
tierras, teniendo en cuenta los intentos anteriores de otros gobiernos por solucionar el
tema de la tierra en Colombia (reforma agraria). Adems, se hace una revisin de los
avances que han tenido las diferentes autoridades involucradas en garantizar el avance
de la Ley 1448. Dentro de estos anlisis, Amnista Internacional identifica ciertos
aspectos problemticos mencionados en 2013 por la Comisin de seguimiento de los
organismos de control. Esta Comisin haba mencionado, entre otros, que el problema
de la ley de restitucin consiste en que la reparacin integral que se pregona, no se ha
dado. Se sigue estando bajo una poltica de asistencia, atencin y reparacin a las
vctimas del conflicto () enftica en el componente de ayuda humanitaria, frente a un
componente de ms largo aliento como la reparacin integral (pg. 11). Dicha ayuda
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humanitaria ha sido simplemente una indemnizacin que se le ha dado a los
desplazados. Entonces, la reparacin integral a las vctimas es una aspiracin, pero no
una realidad. Adems, la comisin tambin afirm que todo est en etapa de diseo, es
decir, que no se estn implementando las polticas. No slo hay incumplimiento de las
metas trazadas inicialmente, sino incumplimiento sobre las correcciones a dichos
plazos; hay dificultades para las vctimas en cuanto al acceso a los programas de
beneficios y servicios estipulados en la ley; has escaso o nulo control para dar cuenta de
las obligaciones adquiridas; e inconsistencia en los datos publicados. Como si fuese
poco, ha habido lentitud en la atencin a las vctimas. Al ao 2013 haba 43.509
solicitudes sobre 286.409 predios. La Unidad de Gestin de Restitucin de Tierras
Despojadas ha atendido nicamente el 19,5%, y fallado slo el 1,0%. El tiempo valioso
que se ha perdido en el avance de la Ley, puede tener que ver con las tardanzas en los
trmites de la expedicin del protocolo (Comisin de Seguimiento de los Organismos
de Control, 2013).
Los diferentes anlisis que realiz Amnista Internacional (2014), no slo
subrayan los aspectos ya mencionados, sino que dejan como resultado el planteamiento
de una serie de otros obstculos que, desde su perspectiva, se estn presentando en la
implementacin de la Ley. Las dificultades que se plantean en el informe resaltan: 1) la
exclusin de ciertas categoras de vctimas; 2) la falta de garantas de seguridad y
necesidad de una proteccin completa; 3) la falta de garantas de una restitucin
sostenible de tierras; 4) la falta de capacidad y coordinacin institucional; 5) una
discriminacin persistente de gnero; 6) la no restitucin de los territorios indgenas y
afrocolombianos; y 7) la falta de garantas al derecho a la no repeticin, incluida la
impunidad.
A partir de lo anterior, la organizacin hace referencia a una serie de
recomendaciones. Entre estas ltimas se destacan: 1) la proteccin de los participantes
en el proceso de restitucin de tierras; 2) la necesidad de garantizar la sostenibilidad de
la restitucin de tierras; 3) hacer valer los derechos de las mujeres y las nias; 4) hacer
valer los derechos de los pueblos indgenas y las comunidades afrodescendientes; 5)
ofrecer garantas de no repeticin y poner fin a la impunidad por los desplazamientos
forzados; 6) dar instrucciones a la Unidad de Restitucin de Tierras (consultar el
informe para conocerlas en detalle); 7) aspectos a ser considerados por los jueces y
magistrados (consultar el informe para conocerlos en detalle); y 8) aspectos puntuales
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dirigidos al Gobierno, la guerrilla y la comunidad internacional (consultar el informe
para conocerlos en detalle).
Efectivamente el proceso ha encontrado desde el comienzo dificultades,
vicisitudes y un clima de inseguridad que refleja tambin la existente situacin de
conflicto.
En 2012 hubo momentos de mucha tensin, cuando el 28 de agosto hubo un
atentado contra la lder del proceso Narrar para Vivir (brinda colaboracin a mujeres
de los Montes de Mara sobre el proceso de tierras), en el municipio de San Juan
Nepomuceno. Posteriormente, en octubre y noviembre de 2012, hubo dos amenazas en
cada mes contra los integrantes de la Mesa de Vctimas del Carmen de Bolvar.
Adicionalmente, hubo amenazas contra varios jueces y magistrados encargados de los
procesos de restitucin de tierras y hostigamientos a campesinos vctimas del
desplazamiento para que retiren sus solicitudes de reparacin o para que vendan los
predios otorgados; y cuando los carteles de la Unidad de Restitucin de Tierras de
Bolvar son colocados para informar pblicamente el inicio de los procesos
administrativos de restitucin sobre algn predio, estos son removidos rpidamente
(Becerra, 2012).
A pesar de todos los problemas que puede presentar la Ley de Tierras y
Reparacin de Vctimas, entre los primeros beneficiados con la implementacin de la
Ley son los habitantes del municipio de Mara la Baja, ya que la Unidad Administrativa
Especial de Gestin de Restitucin de Tierras (organismo encargado de atender los
reclamos de las vctimas y de presentarlas ante los jueces), ha declarado que tienen
prioridad en el proceso (Verdad Abierta, s.f.c.) Lamentablemente, han sido identificadas
ms de 1600 infracciones sobre 4000 hectreas, en los procesos abiertos en los Montes
de Mara. Las faltas incluyen, siguiendo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (2011), violaciones a las normas de
proteccin de tierras por desplazamiento forzado inobservancia de prohibiciones para la
venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en los procesos de transferencia de
bienes pertenecientes al Fondo Nacional Agrario (pg. 1). Segn le explic el ministro
de Agricultura al diario el Colombiano, () se infringieron las normas en las ventas de
tierras, [se encontraron] documentos de ventas adulterados y falsificados, otros que
violan la proteccin de bienes por ser una zona especial de desplazamiento, ventas a
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muy bajos precios, y otros en que se utiliz informacin de campesinos deudores para
presionarlos a vender sus tierras (Monroy, 2011).
Esta es una de las razones que ha llevado a que esta zona de los Montes de Mara
sea el lugar elegido para llevar a cabo este seguimiento de la Ley de Tierra.
Cabe sealar que dentro de la muestra objeto del estudio est la poblacin de
Mampujn. Las 1465 vctimas de Mampujn fueron un caso smbolo de reparacin que
ocurri dentro del anterior marco legal definido por la Ley de Justicia y Paz. Alcanzaron
la etapa final del proceso, con la reparacin integral y la condena de los victimarios.
Juancho Dique y Diego vecino se vieron obligados a hablar acerca de los actos
criminales cometidos y acerca de los bienes y garantas con las cuales van a reparar a las
vctimas. La comunidad de Mampujn ha sido reconocida como una vctima colectiva,
dado que sus redes histricas, econmicas y socio culturales se han visto trastocadas.
As, los paramilitares causantes del desplazamiento deben responder por la ruptura del
tejido social; el ataque a una identidad cultural y a tradiciones ancestrales; la
desarticulacin de los movimientos sociales y econmicos; la imposicin de un modelo
violento y autoritario en las relaciones de la comunidad; y la estigmatizacin de los
campesinos de Mampujn, que siguen siendo sealados como supuestos guerrilleros en
las ciudades en donde buscaron refugio hace ya ms de diez aos (Verdad Abierta,
2010).
3. La regin de los Montes de Mara
3.1 Caractersticas geogrficas
Los Montes de Mara (MM) son una subregin perteneciente a la costa caribe
colombiana, una de las seis grandes regiones en las que est dividido el territorio
colombiano. Est ubicada en la zona norte del pas, entre los departamentos de Bolvar y
Sucre (De los Ros, 2011). Los Montes de Mara tienen una extensin total de 6297
Km2, de los cuales 3719 Km
2 corresponden al departamento de Bolvar y 2578 Km
2 al
de Sucre; esta es una zona que posee gran biodiversidad de flora y fauna, en donde la
quinta parte del rea total departamental est compuesta por quince municipios de
ambos departamentos (Aguilera, 2013). A saber, los municipios de Carmen de Bolvar,
Mara la Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Crdoba, El Guamo y Zambrano se
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encuentran Bolvar; y los de Ovejas, Chaln, Colos, Morroa, Los Palmitos, San
Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo, en Sucre (De los Ros, 2011).
Segn Promontes (citado por Aguilera, 2013), los suelos, la cobertura vegetal y,
desde luego, el paisaje de los Montes de Mara, son altamente dependientes del clima
caracterstico de la regin. Este es influido por la presencia de mltiples fuentes
hdricas, aparte de la cercana al mar y el rgimen de precipitaciones; los vientos alisios
del norte y del noroeste y la ubicacin de las montaas. De esta forma, hay una gran
variedad de paisajes, con pisos trmicos clidos y medios, y regmenes climticos secos
y hmedos. Entonces, la temperatura oscila entre 20C y 24C en las reas de clima
medio y entre 26C y 30C en las reas de clima clido; por su parte, las humedad
oscila entre 75% y 85%, y las precipitaciones anuales promedio de lluvias estn
alrededor de 1500mm. El rgimen pluviomtrico es bimodal, en donde los niveles ms
altos se registran de mayo a junio y entre septiembre y noviembre.
3.2 Caractersticas econmicas
Promontes (citado por Aguilera, 2013), afirma que MM tiene tres zonas principales: 1)
La zona plana, localizada entre la carretera Troncal de Occidente (Sector El Vizo -
Sincelejo) y el ro Magdalena. Hacen parte de esta zona los municipios de El Guamo,
Zambrano, Crdoba y parte de los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y
Carmen de Bolvar. La actividad econmica predominante en el rea es la ganadera
extensiva y la explotacin maderera. No obstante, hay suelos ideales para la agricultura
en la zona comprendida entre la carretera Transversal del Caribe y el canal del Dique
(parte del municipio de Mara la Baja), debido a que hay disponibilidad de un
importante distrito de riego; as, tambin son habituales los cultivos campesinos de
maz, arroz, yuca, ame, pltano, tabaco, caf y aguacate, aunque recientemente se han
introducido cultivos empresariales de aj picante, cacao y palma de aceite (Aguilera,
2013). Adicionalmente, como lo indica De los Ros (2011), estas zonas tambin son
importantes para empresas agroindustriales que necesitan grandes terrenos para
monocultivos de maderables (Teca), y de agro combustibles (Palma africana), adems
de la minera.
2) La zona montaosa, localizada entre la Transversal del Caribe y la Troncal de
Occidente y de la que hacen parte los municipios de Chaln, Colos, Morroa, Ovejas y
parte de los municipios de Toluviejo, San Antonio de Palmito, Los palmitos, San
Onofre, Carmen de Bolvar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. En esta zona se
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encuentra la serrana de San Jernimo, ubicada en direccin suroeste-noroeste y que
tiene una longitud de 110km de largo y una altura aproximada de 700 metros sobre el
nivel del mar. La actividad econmica en esta zona est regida principalmente por
cultivos de economa campesina (como los descritos anteriormente). El problema radica
en que, como lo afirma Aguilera (2013), ha habido enormes daos ambientales a los
recursos naturales debido a que los campesinos desarrollan sus actividades
agropecuarias de subsistencia en las faldas de las montaas y en los nacimientos de las
cuencas hidrolgicas y as, los bosques caractersticos de esta zona, con inmensa
diversidad de fauna y flora y, adems, grandes productores de agua; han sido afectados
por la deforestacin, lo que ocasiona problemas ambientales de deslizamientos,
erosiones de suelos y deterioro del hbitat.
3) La zona de litoral, situada al occidente de los Montes de Mara, y la cual
corresponde en toda su extensin al Municipio de San Onofre. Es un territorio con
abundancia de manglares, grandes paisajes martimos con posibilidades de ecoturismo y
recursos costeros; segn Aguilera (2013), estos incluyen ecosistemas asociados como
cinagas, lagunas y aguas subterrneas, formaciones coralinas, playas marinas y una
variedad de flora y fauna.
Los MM han sido histricamente una regin humilde pero con abundancia de alimentos,
hasta el punto de ser considerada la despensa del Caribe. Dicha denominacin
responde a la enorme cantidad de alimentos all producidos, as como a su calidad
(UNDP, 2010). Adems, como bien lo indica De los Ros (2011), los Montes de Mara
son un corredor geogrfico fundamental, no slo por la gran biodiversidad de
caractersticas geogrficas, sino por las importantes vas terrestres a las que est
conectado, adems de la salida al mar con la que cuenta. De esta forma, la zona de
Montes de Mara es estratgica para la produccin, trfico y venta de drogas ilcitas en
toda la zona caribe. Esto ha hecho que la zona est en permanente disputa de diversos
grupos armados ilegales. Por lo tanto sus habitantes nunca han podido aprovechar las
grandes ventajas de vivir en dicha regin. Cerca de un 40% de la poblacin de Montes
de Mara vive en el campo (casi el doble de porcentaje de ruralidad del pas) y tiene
acceso a las tierras cultivables, bosques y recursos hdricos anteriormente descritos; sin
embargo tienen ndices de pobreza elevados, derivados de deficiencias en empleo y
educacin, adems de deficiencias en el sistema de salud y en servicios pblicos como
electricidad, agua y alcantarillado (Aguilera, 2013).
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3.3 Caractersticas poblacionales
Segn el censo de 2005, en los Montes de Mara viven cerca de 438.119 personas. De
este casi medio milln de personas, nicamente el 12.8% de las viviendas cuenta con
los servicios bsicos de electricidad, agua y alcantarillado. Otros datos del censo
nacional de 2005, muestran que en la regin no hay cobertura de salud para un 23,7 %
de las personas, que uno de cada cuatro nios menores de cinco aos presenta
desnutricin aguda mientras que otro est en riesgo de desnutricin; adems, 75.891
personas, no saben leer ni escribir, lo que representa un ndice de 22,8% de
analfabetismo. Ahora, en trminos econmicos, el promedio de ingreso diario es de
$15.000 diarios por hogar (para el ao 2005), es decir, slo el 40% del ingreso
requerido para comprar lo mnimo necesario. As. El 59,7% de la poblacin tiene
necesidades bsicas insatisfechas (UNDP, 2010). Dicho ndice, conocido tambin como
NBI por sus siglas, es uno de los ms altos del caribe colombiano: casi todos sus
municipios tienen entre 50 y 100 personas con NBI por cada cien, siendo Colos, El
Carmen de Bolvar y San Jacinto lo ms pobres.
El problema de pobreza est relacionado con el tema de la tierra y las polticas
seguidas por el INCORA hoy INCODER. En la poca del presidente Carlos Lleras
Restrepo, las decisiones gubernamentales iban enfocadas a promover la
descentralizacin, comprando tierras a grandes propietarios para vendrsela a los
campesinos a bajo costo y con financiacin a travs del crdito agrario. El problema
surgi cerca de una dcada ms tarde, con el auge de los productos qumicos para abono
y anti-parasitarios. Los campesinos se empezaron a endeudar para poder comprar estas
nuevas tecnologas, quedando sin recursos para producir y sin las semillas naturales.
Para poder sanar sus balances se vieron obligados a vender sus terrenos especialmente a
cultivadores de palma de aceite para la produccin de biocombustibles. A los
campesinos se les ofrecieron las opciones de la compra de la tierra, o de sembrar palma
en sus tierras. Siendo la palma un cultivo de rendimiento tardo, esto de alguna manera
expuso los campesinos a riesgos excesivos que no podan cubrir (UNDP, 2010).
3.4 El conflicto
El estudio del conflicto en Montes de Mara es un argumento demasiado amplio para ser
abordado dentro de este estudio. El verdadero objetivo de este prrafo, a travs de
evidencia anecdtica, es recordar brevemente que el conflicto en la regin tiene una
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historia larga, con mltiples actores armados involucrados y que los niveles de violencia
alcanzaron topes muy altos, con hechos documentados muy graves.
El surgimiento de la lucha armada en la regin data ya cerca de 50 aos. Si bien
las partes involucradas en el desplazamiento suelen ser las mismas (Guerrillas,
Paramilitares e incluso la Fuerza Pblica), las formas en que estas se articulan con
estructuras econmicas o, inclusive polticas, vara. En general, en esta zona ha habido
muchos intentos de reforma agraria (que datan desde los aos 60) como forma de
combatir la concentracin de tierras (Galln, 2011). Precisamente, los primeros en tratar
de combatir dicha concentracin de tierras, fueron los miembros de la ANUC
(Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos) lnea Sincelejo. Esta lleg a ser una de
las organizaciones campesinas ms fuertes del pas durante los aos 70, promoviendo la
redistribucin de la tierra, a fin de que cada campesino tuviera un terreno propio,
incluso a travs de la toma o recuperacin de tierras de ganaderos y grandes propietarios
(UNDP, 2010). Llegaron incluso a obtener apoyo gubernamental, debido a que el ya
desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA hoy denominado
INCODER), adquiri grandes terrenos en los aos ochenta para dividirlos y
posteriormente otorgarlos a campesinos que lo necesitaban (Verdad Abierta, 2013). As,
este movimiento campesino logr que algunos de los municipios que componen los
Montes de Mara tuvieran una participacin activa en las luchas agrarias de esa dcada a
partir de mtodos pacficos. No obstante, este pacifismo lleg a su fin cuando se
involucraron grupos armados en la lucha.
El primer grupo insurgente que ingres en esta lucha fue la guerrilla. Ellos
sentan cierta simpata por los campesinos, dado que los de la ANUC buscaban
oportunidades para aquellos campesinos sin tierra, para que pudieran producir sus
propios cultivos y terminar con la concentracin de la tierra. Entonces, las guerrillas
empezaron a amenazar a los terratenientes, que eran en su gran mayora, ganaderos.
Dichos terratenientes, al no estar de acuerdo con la prdida de sus tierras, apoyaron el
surgimiento del paramilitarismo, como forma de evitar la toma de sus tierras y de
recuperar aquellas que ya haban perdido. As, la violencia de los paramilitares se desat
tambin contra los miembros de la ANUC (UNDP, 2010). Entonces, fue cuando la
guerrilla aument sus actividades delictivas, incluyendo las vacunas, el boleteo y el
secuestro, adems del terrorismo. A mediados de los aos ochenta, todas las
organizaciones al margen de la ley llevaron a cabo trabajos polticos en la poblacin, a
partir de la prdida de poder de los movimientos campesinos (como la ANUC). Esto
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llev a que en la dcada de los noventa, tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia FARC-, como el Ejrcito Revolucionario del Pueblo ERP- y el Ejrcito de
Liberacin Nacional ELN-, se disputaran con las Autodefensas Unidas de Colombia
AUC-, el control de los Montes de Mara, para transformarlo en punto estratgico para
el trfico de armas y estupefacientes (Aguilera, 2013). All, el despojo de las tierras se
dio primordialmente por las compras ilegales, las tomas violentas de predios, incluso
aquellos otorgados por el INCORA, pero que haban acabado a manos de forneos,
testaferros y ayudantes de las facciones paramilitares de las AUC (Verdad Abierta,
2013). Las disputas territoriales agravaron la crisis humanitaria en los Montes de Mara,
incluso hasta el siglo XXI, causando masacres y desplazamientos masivos (Museo
Itinerante de la Memoria, s.f.). Los paras se impusieron por la fuerza, a travs de los
bloques Hroes de los Montes de Mara y Canal del Dique, quienes entre 1995 y
2005 perpetraron 42 masacres, destruyeron bienes y ocasionaron el desplazamiento
forzado (Aguilera, 2013). Como autores de algunas de estas masacres, se responsabiliza
a varios grupos, llamados El guamo, Mara la Baja, Zambrano y Calamar, quienes
operaban en el departamento de Bolvar (Verdad Abierta, 2013).
Uno de estos crmenes fue cometido el 10 de marzo de 2000. Tal como lo
confesaron dwar Cobos Tllez, alias Diego Vecino y ber Enrique Bnquez, alias
Juancho Dique, exjefes del Bloque Hroes de los Montes de Mara; ese da fueron
desplazadas 300 familias. Cuentan ellos que ese da se reunieron en la finca llamada El
Palmar, de San Onofre, Sucre. All, el entonces jefe del Bloque Hroes de los Montes
de Mara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Mercado Pelufo
alias Cadena, reuni 60 de sus hombres. Se transportaron en tres camiones,
atravesando Palo Alto y Retiro Nuevo hasta llegar a Mara la Baja. Una vez all, se
encontraron con otros 90 hombres, bajo las rdenes de Luis Francisco Robles Mendoza,
alias Amaury y de otro hombre conocido como alias Gallo. Una vez arribaron,
cortaron armas de rboles y exhibieron sus armas de fuego; raspaban el suelo con sus
machetes, y lograron que las familias de Mara la Baja huyeran, recordando que cerca
de un mes antes, el mismo grupo de autodefensas haba masacrado a 60 campesinos de
Carmen de Bolvar (Verdad Abierta, s.f.). Entre esa misma noche y el da siguiente,
alias Diego Vecino y alias Juancho Dique, planearon y ejecutaron la masacre de 11
campesinos de Las Brisas, una vereda de Mampujn. Este hecho produjo que se
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desplazaran a Cartagena, Sincelejo y otros municipios de la regin, ms de 1200
personas (Verdad Abierta, 2010).
Actos delictivos de esta ndole se han presentado por doquier. En la tabla 1 se
resumen las masacres que tuvieron lugar en los Montes de Mara. Cabe destacar que
segn la fuente que se consulte, pueden encontrarse diferencias en cuanto a, por
ejemplo, el nmero de vctimas o el lugar exacto donde ocurri. Se encuentra tambin
que algunas masacres estn reportadas como una sola junto con otras, ya que tuvieron
lugar una tras otra espacio-temporalmente.
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Tabla 1. Masacres que tuvieron lugar en los Montes de Mara
Dnde Cundo Autor(es) Nmero de vctimas
El Carmen de Bolvar: corregimiento El Salado, sitio
Loma de las Vacas y vereda El Balguero. Ovejas:
corregimientos de Canutal y Canutalito, y veredas
Pativaca, El Cielito y Bajo Grande. Crdoba: vereda La
Sierra1
Entre el 16 y 21 de
febrero de 2000
Bloque Norte de los Paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40 y H2 (delegado de
Carlos Castao)
60 vctimas: 52 hombres
y 8 mujeres
Macayepo, Carmen de Bolvar2 Octubre 16 de 2000
Alias Juancho Dique Ex jefe paramilitar del Frente Hroes de los Montes de Mara
35 vctimas 11
Chengue, Ovejas (Sucre)3 Enero 17 de 2001
Alias Cadena Ex jefe paramilitar del Frente Hroes de los Montes de Mara
35 vctimas 11
Las Brisas, Bolvar4 Marzo 11 de 2000
Alias Juancho Dique y alias Diego Vecino Ex jefes paramilitares Frente
Hroes de los Montes de Mara
12 vctimas
Pichiln, Sucre5
Diciembre 4 de 1996 AUC (en complicidad con Polica y Armada) 14 vctimas (aprox.)
Colos, Sucre6 Octubre 8 de 2004
Frente 35 del bloque Martn Caballero FARC
5 vctimas
Pijiguay, Ovejas (Sucre)7
Septiembre 6 de
1997 Salvatore Mancuso Ex jefe paramilitar 6 vctimas
Casero El Parejo Chinulito, Colos (Sucre)8 Septiembre 13 de
2000
Bloque Montes de Mara de las AUC
11 vctimas
Chaln, Sucre9 Marzo de 1996 Frente 35 de las FARC 11 vctimas
Retiro Nuevo, Bolvar (habitantes de El Limn, San Pablo
y Mara La Baja)10 1998-1999
AUC Juancho Dique siguiendo rdenes de alias Cadena
5 vctimas
Fuente: 1(Centro nacional de memoria histrica, 2009);
2(Verdad Abierta, s.f.a.);
3(Meja, 2008);
4(Montao, 2013);
5(El Espectador,
2014); 6
(Rutas del conflictoa, s.f.);
7(Fiscala General de la Nacin, 2011);
8(Rutas del Conflicto
b, s.f.);
9(El Espectador, 2010; Grupo de memoria
histrica, 2013); 10
(Verdad Abierta b, s.f.b.).
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Las cifras de desplazamiento, otorgadas por lo que antes se conoca como Registro
nico de Poblacin Desplazada RUPD-, afirman que slo en Mara la Baja en 1999
hubo 326 desplazados; en 2000, el nmero aument hasta 1691; y en 2001, la cifra lleg
a 6221 (Verdad Abiertac, s.f.). Las cifras de Accin Social indican que en total entre
1998 y 2009 fueron desplazados forzadamente de la regin de los Montes de Mara
215.505 personas. De este total, el 33% pertenece al municipio de Carmen de Bolvar,
seguido por el 11,7% del municipio de San Onofre, el 9,6% de Ovejas, y el 8,3% de
Mara la Baja (De los Ros et al., 2012)
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4. Marco terico y metodolgico del estudio
4.1 El mtodo experimental
En economa, el mtodo experimental se refiere a la posibilidad de controlar el ambiente
dentro del cual se miden las variables dependientes y el proceso a travs del cual se
asignan las variables independientes.
Un ejemplo puede ser esclarecedor. Imaginemos que queramos estudiar el
impacto de una variable, por ejemplo el estado emocional, sobre las actitudes hacia el
riesgo. Desde luego, es posible obtener datos observacionales de ambas variables y
buscar alguna forma de asociacin estadstica. Sin embargo, para poder probar una
asociacin causal, en la forma dbil del ceteris paribus7, es importante poder excluir
explicaciones alternativas plausibles. Cuando se trabaja con datos observacionales,
existe el riesgo asociado con variable omitida, con causalidad invertida o con error de
medicin (por ejemplo por seleccin, en el caso que los datos se observen solo bajo
condiciones particulares): si bien refutar una hiptesis alternativa es
epistemolgicamente ms fcil que confirmarla, las posibles explicaciones
alternativas son a priori ilimitadas (Shadish et al. 2002).
El mtodo experimental se basa en la asignacin aleatoria a los participantes, de
la variable independiente que se quiere estudiar, por ejemplo el estado emocional, y en
la recoleccin de los datos de las variables dependientes sobre las cuales se mide el
impacto. Se asigna dicha variable independiente a un grupo seleccionado al azar
mientras que la variable dependiente (en este caso por ejemplo la decisin en condicin
de riesgo) se mide tanto en el grupo experimental (el que recibe la dosis de la variable
independiente) como en un grupo al cual no se asigna (grupo control). La aleatorizacin
sirve para dos funciones: (1) elimina el impacto de variables omitidas; (2) en promedio,
balancea las caractersticas iniciales (pre-test) que impactan sobre la variable
dependiente (Shadish et al. 2002).
En economa, las mediciones de las variables dependientes se hacen a travs de
incentivos monetarios. Este procedimiento se basa en la llamada utilidad inducida. La
idea es crear una relacin directa y prominente entre comportamiento en el ambiente
experimental y la remuneracin que se recibe para la participacin al experimento
7 En economa el concepto de causalidad suele expresarse de forma dbil: la causa precede el efecto, la
causa covara con el efecto y explicaciones alternativas plausibles se pueden excluir.
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(Smith, 1994; 2010). Empricamente, el uso de incentivos monetarios es muy debatido:
no parecen generar efectos sistemticos pero reducen el ruido estadstico en las
respuestas (Camerer & Hogarth, 1999). En muchos casos, la presencia de incentivos
monetarios sirve para reducir el sesgo de deseabilidad social en las respuestas, porque
induce a que las personas se enfoquen en las tareas. Es estndar en economa no mentir
nunca a los participantes (no deception): la transparencia sirve para que el participante
confe en el mecanismo de enlace entre comportamiento y pago, y por lo tanto, que el
comportamiento que se mide no termine siendo afectado por algn sesgo.
El tema del control ambiental y de la asignacin aleatoria sirve para garantizar
validez interna, que es la posibilidad de interpretar causalmente una correlacin
estadstica. Sin embargo, la evidencia de cualquier experimento es altamente local, es
decir no puede inmediatamente interpretarse de manera general. Los problemas de
generalizacin se refieren a la posibilidad de extender los resultados a otros contextos,
tratamientos usados y participantes (Cronbach et al. 1980), y obviamente la posibilidad
de interpretar las mediciones de laboratorio en trminos del constructo terico que se
pretende medir (por ejemplo la confianza o la actitud hacia el riesgo). En trminos
tcnicos, estos suelen llamarse respectivamente problemas de validez externa y de
validez de constructo (Shadish et al. 2002).
Para obviar algunos problemas relacionados con los experimentos y en particular
la posibilidad de tener acceso a algunas poblaciones8, o de hacer medicin afuera del
contexto asptico de un laboratorio, en economa se usan experimentos de campo,
donde es importante tener presente que el control experimental es menor (Levitt & List,
2009).
Es obvio que muchas variables de inters no se pueden asignar de manera
aleatoria, y este es precisamente el caso de la asignacin de la tierra. Por esta razn en
este estudio se combinan datos observacionales (a travs de cuestionarios pos
experimento, que se reportan integralmente en los anexos 5 y 6) y mediciones
experimentales.
8 En otras palabras, es obvio que si nos limitamos a experimentos de laboratorio en Bogot, muy
difcilmente lograremos tener acceso a mediciones sobre poblaciones campesinas o indgenas, por
ejemplo.
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4.2 El problema de la propiedad de la tierra
Desde una perspectiva econmica, la titulacin de la tierra tiene que ver primero que
todo con un proceso de asignacin del derecho de propiedad, o sea la identificacin de
una persona como titular residual (residual claimant) de los productos de un bien o
activo. La teora econmica suele subrayar el papel de los derechos de propiedad en
garantizar que los que invierten a largo plazo puedan gozar el fruto de dichas
inversiones. Esto hace que el sistema de incentivos que se cree sea favorable al
crecimiento econmico (Demsetz, 1967; North, 1981). Asimismo, estudios realizados a
niveles de paises muestran una fuerte correlacin entre crecimiento econmico lento (y
menor inversin) y derechos de propiedad menos seguros (Knack & Keefer, 1995;
Mauro, 1995; Svensson, 1998; Acemoglu, et.al., 2001; Johnson, McMillan & Woodruff,
2002). La falta de seguridad en los derechos de propiedad tambin implica, como
mencionan De Soto (2000) y Do & Iyer (2008), que uno de los mayores impedimentos
para la prosperidad en los pases en va de desarrollo es la incapacidad de transformar
las propiedades en bienes que se puedan utilizar, debido a la falta de reconocimiento
legal de los derechos.
Un propietario espera que su comunidad prevenga actos de otros que puedan
interferir con sus mismas acciones, siempre y cuando estas ltimas no estn prohibidas
en las especificaciones de sus derechos (Demsetz, 1967). Aqu, a diferencia de los
derechos contractuales, los derechos de propiedad se hacen cumplir por la ley (in rem),
siendo afectados unicamente con el consentimiento del propietario. Esto asegura el
cumplimiento de la ley, pero es sumamente costoso (no slo econmicamente) cuando
hay multiples derechos colaterales relacionados con el mismo bien. Es decir, las
obligaciones de ley sobre un derecho de propiedad son independientes de quien sea el
dueo de los derechos de propiedad, as sean diferentes derechos de propiedad
pertenecientes al mismo bien. Ergo, se considera que los derechos de propiedad tienen
ventaja dado que sobreviven inmutables a travs de todo tipo de transacciones y
transformaciones con otros derechos de propiedad sobre la misma tierra o sobre una
tierra aledaa (Arruada, 2003).
Adicionalmente, se subraya que la tierra tiene un papel importante en la
reduccin de los costos de transaccin (Arruada, 2003). Entonces, cuando un granjero,
o un empresario es propietario de los derechos sobre una tierra, es ms propenso a
invertir en ella, por dos razones principalmente: el efecto garanta (assurance), y el
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efecto realizabilidad. Este ltimo se da cuando los granjeros se sienten ms seguros en
su derecho o capacidad de mantener un uso sobre la tierra a largo plazo, y entonces, es
mayor la tasa de retorno por las mejoras y la conservacin que se haga de la tierra; de
esta forma, est mayormente incentivado a hacer inversiones. En cambio, el primer
efecto se da cuando una tierra puede ser fcilmente transable, y utilizada como colateral
dentro de transacciones (Brasselle, Gaspart, & Platteau, 2002). Por todo esto, es
razonable que los empresarios no estn dispuestos a invertir si se espera que no puedan
retener los beneficios propios de su inversin (Johnson, McMillan, & Woodruff, 2002).
Este es el problema al que se enfrentan recurrentemente las poblaciones que cuentan
con menos recursos. Las personas pobres tienen limitaciones debido a la ausencia de
derechos de propiedad formales. Estas limitaciones se extienden a la imposibilidad de
tener herramientas de ahorro o bienes, para ser usados como seguro que les pueda
proveer proteccin durante pocas de escasez, y los obliga a refugiarse en familiares
(Galiani & Schargrodsky, 2010).
As, en los crculos polticos, los programas de titulacin de tierras han sido
promovidos como parte de una intervencin eficiente en la lucha para reducir la pobreza
(Galiani & Schargrodsky, 2010). Mas an, desde las organizaciones internacionales
tambin se han estado promoviendo proyectos de administracion de tierras en la
mayoria de paises en via de desarrollo y en paises que anteriormente estaban bajo un
regimen socialista (Arruada, 2003).
Un paso intermedio adoptado por algunos gobiernos, es el uso de titulaciones
colectivas, en vez de titulaciones privadas. Los puntos de vista convencionales asumen
que una propiedad comn implica acceso abierto, que genera riesgos de sobre-
explotacin. Dichas oportunidades se generan a partir de sistemas de titulacin colectiva
que se supone no hacen cumplir reglas respecto a las acciones individuales de los
miembros de la comunidad. Ahora bien, as como la intervencin gubernamental se
justifica en casos de falla de los mercados debido a bienes pblicos o a monopolios
naturales, la titulacion colectiva es una respuesta estndar a fallas en la eficiencia
asociadas con instituciones de propiedad privada (Powell, 1998). De hecho la evidencia
sobre la posibilidad de crear reglas de juegos alternativas a estado y mercado, es decir
creando institucionalidades locales que permitan manejo eficiente de recursos comunes
es bastante amplia (Ostrom 2009).
Evidencia emprica de la relacin titulacin-pobreza es obviamente dificil de
demostrar de manera causal. En general, personas de mayores ingresos tienen mayores
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activos en propiedad, lo cual postula existencia de causalidad invertida. Adems,
programas de reparticin de ttulos pueden ser afectados por individuos que ya han
planeado las inversiones, y que a travs de formas de presin pueden influir en los
mecanismos de asignacin - o sencillamente las inversiones hechas pueden llevar a
lograr la obtencin del ttulo (Brasselle, Gaspart, & Platteau, 2002; Alston, Libecap, &
Schneider 1995). Finalmente, es obvio que muchas variables externas pueden co-
determinar tanto las inversiones como la titulacin.
El ms importante estudio que se conozca sobre el tema es sin duda el de Galiani
& Schargrodsky (2010), que revela la efectividad de la titulacin de tierra como
herramienta para disminuir la pobreza, a travs de un experimento natural.
Aprovechando un episodio de titulacin de tierras que se dio por etapas, en la Argentina
pos dictadura, ellos estudiaron las diferencias en una serie de variables de inversin por
parte de las familias tanto propietarias como ocupantes. Dicho episodio ocurri en
Argentina, en las zonas aledaas a Buenos Aires. All, en 1981 algunos terrenos baldos
fueron ocupados ilegalmente por algunas personas. Dichos habitantes vivan sin pagar
arriendo, pero no tenan los ttulos de las tierras, as que legalmente no tenan derecho
sobre ellas. El gobierno local negoci las tierras con los propietarios originales, para
poder dar a dichos habitantes ilegales la titulacin respectiva, pero as como algunos
terratenientes aceptaron negociar con el giobierno local, algunos otros an se encuentran
disputando las tierras en las cortes, porque no les satisfaca la compensacin econmica
ofrecida por el gobierno. Esta asignacin diferencial adems no relacionada con las
caracteristicas de los ocupantes gener naturalmente un grupo experiemntal y un
grupo de control. Se encontr que las personas invertan ms en sus terrenos y que
construan cerca de un 12% ms. Son familias con menos miembros, dado que hay una
reduccin de la fertilidad de las cabezas de familia y a que no viven con miembros de la
familia extensa; y, adems, un incremento en el nmero de aos estudiados y de
porcentaje de cumplimentacion de la educacion secundaria (53% contra 26%).
En nuestro trabajo de campo, no podemos contar con la dimensin temporal
necesaria para hacer un seguimiento de las inversiones. Este estudio se enfoca en
averiguar si el programa, de la manera en la cual se est implementado, reduce los
efectos negativos a nivel cognitivo de la pobreza, y si contribuye a reconstruir tejido
social a travs de algunas mediciones de capital social. Estos dos argumentos se tratan
en los dos siguientes apartados.
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4.3 Los efectos cognitivos de la pobreza y la restitucin de tierra
Estudios recientes (Mullanaithan & Shafir, 2013; Mani et al., 2014) sobre el tema de la
pobreza han replanteado la mirada acadmica sobre este problema. Existe amplia
evidencia emprica que afirma que las personas en condiciones de pobreza suelan
cometer ms errores, es decir, en temas claves como la planeacin familiar, el ahorro
o la oferta de trabajo, estas personas terminan tomando decisiones equivocadas que
impactan negativamente sobre su condicin socio-econmica (Katz & Hofer, 1994;
Edin & Lein, 1997; McLoyd, 1998; DiMatteo, Giordani, Lepper & Croghan, 2002;
Kim, Sorhaindo & Garman, 2006; Blank & Barr, 2009; Barr, 2012). El resultado final
es que las personas pueden terminar en la llamada trampa de la pobreza.
Sin embargo, Mullanaithan y coautores no buscan ni mecanismos estructurales
de carcter sociolgico para explicar este fenmeno, ni tesis de comportamientos
racionales que expliquen estos hechos estilizados. Su tesis es conductual: ellos parten de
un supuesto, a la vez obvio pero ignorado por el enfoque convencional en economa,
que afirma que la capacidad cognitiva, como el ancho de banda de un computador, es
limitada. En muchas situaciones cotidianas, el hambre, el sueo u otro tipo de
preocupaciones afectan el ancho de banda disponible, induciendo decisiones
equivocadas. La pobreza se puede ver como una condicin de escasez: es decir una
preocupacin de que cualquier error pueda tener consecuencias muy graves que la
persona pobre no necesariamente es capaz de enfrentar (monetariamente o de otra
manera).
Ellos afirman que las preocupaciones en situaciones de escasez (scarcity),
disminuyen las habilidades cognitivas (IQ) y el autocontrol. En su trabajo, Mani et al.
(2014) aprovechan una condicin natural similar a un experimento: ejecutan las pruebas
cognitivas antes y despus de que los campesinos hayan logrado llevar la cosecha al
molino. Es obvio que de esta manera una persona puede ser contrafactual (grupo
control) de s mismo y se puede realizar un control de otras caractersticas que afecten el
desempeo cognitivo. Adems es obvio que por los ritmos del campo, ese momento (la
consigna de la cosecha), cambia de manera abrupta la situacin econmica. Sus
resultados muestran de manera clara el empeoramiento del desempeo en condicin de
escasez. Curiosamente, este resultado con grande validez externa (o sea
representatividad de la condicin real), tiene hallazgos confirmados por otro que ellos
llevan a cabo en laboratorio, donde crean artificialmente una condicin de escasez a
travs del suministro de un problema a resolver.
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Es obvio que la poblacin en anlisis en este informe se caracteriza por muy
escasa capacidad de pago; por lo tanto resulta interesante ver si el tema de restitucin
logra afectar de manera positiva las capacidades cognitivas, suavizando el impacto de la
pobreza.
Para poner a prueba esta hiptesis se utilizarn dos tareas cognitivas similares a
las usadas por Mani et al. (2014). La primera prueba es un test lgico, basado en la
capacidad de identificar la figura que completa una secuencia (test de Raven, ver Tabla
3) que mide la capacidad cognitiva general. La segunda prueba es un test de control
cognitivo, que bsicamente mide la capacidad de una persona de manejar la atencin
sobre las informaciones relevantes. Se trata de una versin numrica del test de Stroop
(ver Tabla 2). Los participantes tienen una secuencia de nmeros repetidos (2 2 2) y
tiene que decir la cantidad de dgitos sin confundirse con el nmero que aparece. En el
caso 2 2 2 por ejemplo la respuesta correcta es 3.
4.4 La ley de restitucin y el tejido social
Otro elemento de inters en el anlisis y seguimiento de la Ley de Restitucin es la
posible presencia de efectos positivos en la reconstruccin de capital social. Este ltimo
se refiere al agregado de recursos o activos que estn relacionado con la red de
contactos o relaciones de una persona (Bordieu, 1986). El capital social es de difcil
medicin, y en la literatura emprica, se suele recurrir a un abanico de indicadores
indirectos (Grootaert & Van Bastelaer, 2002). La literatura de corte sociolgico subraya
la relacin positiva que existe entre la conectividad y la propensin a cooperar, esta
ltima una evidente fuente de generacin de excedente social, por reduccin de costos
de transaccin (Arrow, 1973), porque es necesaria para manejar recursos comunes o
bienes pblicos (Hardin, 1968) o por la posibilidad de mejorar la eficiencia institucional
(e.g. Putnam et al. 1993).
Es obvio que la poblacin victimizada sufre de condiciones de desconfianza
generalizada, y en el caso de la poblacin desplazada en particular, la falta de
conexiones es evidentemente una de las determinantes de las pobres condiciones socio-
econmicas (Ibez, 2008).
En este trabajo nos enfocamos en dos rubros en particulares. Por un lado en el tema de
la confianza. Hay evidencia emprica de que la confianza acta como lubricante social y
donde es generalizada, est asociada a un mejor desempeo econmico e institucional
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(Arrow, 1973; Putnam et al., 1993; Zak and Knack, 2001; Knack and Keefer, 1997; La
Porta et al., 1999; Rothstein and Uslaner, 2005; Sampson et al., 1997).
En mbito experimental, la confianza se suele medir a travs del juego de
confianza o juego de inversin (Berg et al. 1995), una situacin de interaccin
estratgica donde dar confianza permite generar recursos adicionales, pero expone al
riesgo de aprovechamiento gratuito. Una explicacin se encuentra abajo en la Tabla 4.
A travs de la aplicacin de una versin simplificada de este juego, basado en Charness
et al. (2011), se intenta medir si el grado de confianza (tasa de inversin) y la tasa de
devolucin de confianza (tasa de retorno) son ms altas entre la poblacin que ha
recibido tierra (restitucin) respeto a la poblacin desplazada.
Adicionalmente, implementamos unos tratamientos que ya se aplicaron entre la
poblacin campesina en un trabajo anterior (Bogliacino et al. 2015). En particular, en
ese trabajo se pone a prueba la hiptesis de que poder evaluar el comportamiento
ptimo a travs de un mecanismo de voto consultivo favorece la confianza
interpersonal. Los mecanismos a travs de los cuales eso ocurre pueden ser varios:
Bogliacino et al. (2015) sugieren que mecanismos participativos de este tipo favorezcan
el establecimiento de normas sociales (Duffy et al. 2013) o la formacin de expectativas
normativas (Bicchieri & Xiao, 2007).
En este caso, adems del voto consultivo, se propone un tratamiento adicional:
se leen los resultados de las votaciones realizadas en Cundinamarca por Bogliacino et
al. (2015), para ver si existe un efecto diferente al de las votaciones participadas.
Adicionalmente se estudia la propensin de los participantes a sancionar
violaciones de normas igualitarias cuando dichas violaciones no los afectan
directamente.
Sabemos desde un amplio espectro de evidencia emprica que la cooperacin
sistemtica es un trato distintivo de las sociedades humanas dentro del mundo animal
(Boyd & Richerson, 2003). Existen otras excepciones dentro del mundo de los insectos
donde hay extensa divisin del trabajo, pero en ese caso son ms fuertes los vnculos de
cercanas genticas (Fehr & Fischbacher, 2003). En el debate sobre las determinantes de
la cooperacin y del respeto de las normas sociales, se puede simplificar diciendo que
existen dos principales hiptesis tericas. La primera ha sido dominante en enfoques
biolgicos y en general entre los estudiosos de la evolucin. De acuerdo a esta hiptesis,
la reciprocidad gua el comportamiento altruista: el comportamiento cooperativo
inducira respuestas cooperativas por parte de otros agentes. Se trata de una explicacin
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que funciona bien en sociedades pequeas; sin embargo encuentra muchos problemas
donde los grupos son grandes y las transacciones repetidas, limitadas. Una versin ms
estructurada sugiere que el comportamiento altruista contribuye a construir reputacin y
viene remunerado como medio para construir a la vez reputacin (Leimar &
Hammerstein, 2001; Nowak & Sigmund, 1998; Nowak et al. 2000). Sin embargo, la
migracin de individuos entre grupos, reduce drsticamente la tasa de cooperacin y al
parecer, se requiere una sobre-estimacin constante de los beneficios de la cooperacin
(Fehr & Fischbacher, 2003).
La tesis anterior se basa principalmente sobre argumentos de seleccin gentica
de tratos que garanticen un mayor fitness en contextos de interaccin. En este marco
terico siempre se rechaz la idea de que el puro trato altruista pueda difundirse porque
el nico sustento estara en la seleccin entre grupos (opuesta a la infra-grupo), cuya
evidencia es sin embargo bastante limitada (Williams, 1966).
Por el contrario, modelos de seleccin gentico-cultural sugieren que la
transmisin por aprendizaje social de tratos culturales puede ser favorable al
comportamiento altruista (Kelly, 1985). Esta literatura en particular subraya el papel del
castigo desinteresado a los que no respetan normas sociales: se trata de individuos que a
pesar de no ser directamente afectados por la violacin de dichas normas, enfrentan
costos para sancionar los que no las respeten (Marlowe et al. 2008; Fehr & Fischbacher
2004; Boyd et al. 2003). Estas personas se pueden llamar altruistas de segundo nivel.
Existe amplia evidencia emprica sobre el altruismo de segundo nivel (Marlowe
et al. 2008; Boyd et al. 2003). La literatura experimental la ha puesto a prueba emprica
introduciendo en un amplio abanico de juegos estndares la posibilidad por terceros de
sancionar comportamientos de dos partes que realizan una transaccin o interaccin.
Tpicamente se trata de situaciones donde entre dos o ms personas existe un conflicto
entre inters social e inters individual o donde existe claramente una opcin igualitaria
que pueda llamar en causa una norma social, y se le agrega una tercera persona, no
directamente involucrada, que puede sancionar el comportamiento de las partes
(sosteniendo un costo) a pesar de no ser beneficiada directamente o monetariamente por
el respeto de la norma. Dicha literatura muestra que efectivamente la presencia de
sancin es significativa.
En este caso, se utiliz la situacin de interaccin estratgica ms sencilla
posible: el juego del dictador (ver Tabla 5). El funcionamiento es el siguiente: a una
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persona (remitente) se le asigna una suma de dinero que puede libremente dividir con
otra persona (destinatario). Esta segunda persona no tiene papel estratgico alguno, es
decir, slo recibe la suma que el remitente le enve.
En este caso los participantes de MM representan los terceros (o supervisores):
pueden sancionar los remitentes por no dar lo que consideren suficiente a los
destinatarios, pero eso implica un costo, es decir tienen que renunciar a una parte de la
dotacin de dinero que reciban. En cambio, los remitentes y destinatarios son
participantes de Bogot que tomaron su decisin en sesiones organizadas antes del
trabajo de campo y recibieron el pago correspondiente una vez cruzadas las decisiones
con los participantes en MM.
En este caso se quiere ver si el ser objeto de asignacin del ttulo aumenta la
probabilidad de ser altruista de segundo nivel.
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Tabla 2. Una explicacin bsica de la Prueba de Stroop.
Prueba de Stroop
La Informacin irrelevante puede interferir en el desempeo de una persona en una
tarea (Tang, Critchley, Glaser, Dolan, & Butterworth, 2006). Desde 1935 los
experimentos llevados a cabo por J.R. Stroop le han podido dar cierta formalidad a los
mtodos de estudio de dichas interferencias sobre diversas tareas (Stroop, 1935).
En los experimentos originales, se compar el tiempo que toma leer los nombres de los
colores y el tiempo que toma nombrar los colores per s. Es decir, se comparaba el
efecto de interferencia del estmulo color sobre la lectura de los nombres de los
colores (ambos estmulos eran presentados simultneamente) con la interferencia
producida por el estmulo palabra (algn color escrito) sobre el nombramiento de los
colores per s (Stroop, 1935).
En la revisin que hace McLeod (1991), se encuentra que esta familia de tareas puede
ser dividida en tres categoras principalmente. La primera de ellas es la Interferencia
Color-Palabra, la segunda es la Inteferencia Imagen-Palabra, la tercera categora, es la
de Interferencia Auditiva. Esta prueba se suele llamar de control cognitivo.
El problema con las anteriores categoras radica principalmente en que se hace
necesario saber leer y dominar un lxico. Entonces, tal y como lo sealan Kulaif &
Valle (2008), no es posible evaluar los efectos de la interferencia, por ejemplo en
poblacin de muy bajos recursos, sin educacin, o directamente analfabeta, con los test
tradicionales. Es as como los test con componentes numricos sirven de base a los
Illiteracy Stroop Test, o test de Stroop para poblacin analfabeta.
Dadas las condiciones de la poblacin de los Montes de Mara, en su gran mayora
campesinos colombianos desplazados por la violencia, con poco o nulo acceso a
escuelas y sistemas de educacin, se opt por trabajar con una tarea numrica del
Stroop. Sin embargo, para facilitar y asegurar el seguimiento instruccional en la
muestra, se prefiri usar un test que slo midiera una caracterstica, a saber, la cantidad
de dgitos en cada hilera de nmeros (ver Anexo 8).
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Tabla 3. Una explicacin bsica de la Prueba de Raven.
Prueba de Raven
El Test de Matrices Progresivas de Raven (RPM por sus siglas en ingls), consiste en
escenarios con casillas ubicadas en forma de matriz que pueden ser de 2x2 o de 3x3. En
cada una de las casillas hay una imagen, excepcin hecha de la casilla inferior derecha,
que est en blanco. Es dicha casilla la que debe ser reemplazada por los participantes,
identificando el segmento faltante que mejor se ajusta al patrn que siguen las dems
imgenes (Brouwers, Van de Vijver, & Van Hemert, 2009). El RPM, mide la habilidad
cognitiva general (Raven, Raven & Court, 1998/2000; Raven & Raven, 2003). Debido
a que es un test que no requiere conocimientos especficos o sociales para su ejecucin,
es una medida de inteligencia en la que no se encuentra influencia de factores culturales,
respecto a otros test (Brouwers, Van de Vijver, & Van Hemert, 2009). Adems, es un
test que se presenta en formato no verbal, lo que lo hace una herramienta de fcil
aplicacin a nios, ancianos y a poblaciones en las cuales el uso del lenguaje puede
estar disminuido. Respecto a los procesos, algunos indican que las respuestas que se den
en las matrices de Raven estn estrechamente relacionadas con la capacidad de la
memoria de trabajo o la inteligencia de la persona. Al respecto, Loesche, Wiley y
Hasselhorn (2015) afirman que en el proceso de resolucin del test de Raven subyacen
dos sub-procesos: induccin de reglas (rule induction) y manejo de metas (goal
management).
La versin implementada en MM presenta un grado de facilidad mayor y se constituye
de solo diez preguntas en cinco minutos. Un ejemplo se encuentra en el Anexo 7.
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Tabla 4. Una explicacin bsica del juego de la confianza
Juego de confianza
El juego de confianza (llamado tambin juego de la inversin) fue aplicado por primera
vez por Berg et al. (1995). Esta situacin de interaccin estratgica captura las dos
caractersticas bsicas de la confianza: a) el dar confianza genera excedente social; b) el
dar confianza expone al riesgo de aprovechamiento gratuito.
En su forma bsica, el juego se desarrolla de la siguiente manera. Hay un jugador uno
que se llama remitente. El remitente recibe una suma de dinero y decide cunto de esa
suma de dinero mandar al destinatario. Puede ser una decisin continua, dicotmica o
discreta, es decir las opciones de cunto se pueda enviar dependen del objetivo del
diseo, pero puede que el nmero de alternativas sea finito, sea restringido a dos o sea
continuo.
El destinatario recibe tres veces (u otro mltiplo) la suma enviada por el remitente. En
esta segunda etapa, a la hora de tomar la decisin, el destinatario puede: (a) quedarse
con todo lo que recibe; (b) devolver una parte al remitente. En este ltimo caso,
dependiendo del diseo, es posible limitar las opciones disponibles (por ejemplo reparte
de manera equitativa o dejar total libertad).
Es un juego secuencial a informacin completa: el destinatario conoce la decisin del
remitente antes de tomar la suya y la estructura del juego es conocimiento comn (es
decir todos saben que todos conocen la estructura del juego). En este tipo de juegos, la
teora estndar prev que si los participantes son racionales y auto-interesados el
destinatario debera siempre aprovecharse y no devolver nada, y el remitente,
anticipando dicho comportamiento, debera transferir cero.
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Tabla 5. Una explicacin bsica del juego del dictador
Juego del dictador
El primer experimento con el juego del dictador se encuentra en Kahneman, Knetsch &
Thaler (1986), con un formato que limitaba las decisiones a dos opciones.
El juego del dictador es el mecanismo ms sencillo para medir altruismo. Hay dos
jugadores como en el juego de la confianza o en el juego del ultimtum (Gth,
Schmittberger, & Schwarze, 1982), sin embargo, se elimina completamente el elemento
estratgico, porque el segundo jugador es dummy, es decir no toma ninguna decisin.
La situacin es la siguiente. El jugador uno (remitente) recibe una suma de dinero. En
calidad de dictador decide cmo repartir el dinero con su contraparte (destinatario).
Dependiendo del diseo, puede decidir libremente el monto entre las opciones
presentadas. La decisin del remitente se implementa.
La nica solucin racional auto-interesada es claramente no enviar ninguna suma de
dinero.
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5. Procedimientos experimentales
5.1 Primer trabajo de campo
Reclutamiento
Las sesiones realizadas en el mes de julio de 2014, tuvieron lugar en La Pava, Bolvar
(Montes de Mara). Das antes, el investigador principal se reuni con algunos lderes
comunitarios de la zona para hablar sobre la investigacin (sin ilustrar en detalle cada
uno de los tratamientos) y conocer la viabilidad de la misma. Una vez dado el visto
bueno, eran ellos los encargados de invitar a las personas de sus comunidades a
participar en una actividad que estaba enmarcada dentro de un proyecto sobre
restitucin de tierras, en la cual tendran que tomar algunas decisiones. Se deba
mencionar, adems, que sera reembolsada la suma que gastaran en transporte. Para
garantizar grupos heterogneos (personas de diferentes comunidades) en cada sesin,
los lderes se organizaron para enviar cierto nmero de participantes en das especficos.
Se trabaj del 21 al 25 de julio. Fueron realizadas 9 sesiones, en las cuales participaron
111 personas. En el Anexo 1 se encuentra el diagrama de flujo de este primer
experimento.
Fase de registro
El desarrollo de las sesiones estaba a cargo de 3 personas: el investigador responsable
de la investigacin, quien diriga toda la actividad, y dos asistentes que se encargaban de
colaborar con la fase de registro, la distribucin del material, la digitacin de la
informacin en el computador, la preparacin de los pagos, y cualquier otra situacin de
la sesin en la que los participantes necesitaran alguna orientacin. Con anterioridad, el
investigador y los asistentes preparaban todo el material para cada sesin. Ms adelante
se explica en detalle este punto.
Todas las sesiones se realizaron en Cedecampo. A medida que las personas iban
llegando, eran recibidos en el quiosco, espacio de la sede donde todo estaba
previamente organizado para el desarrollo de la sesin. Tanto las mesas en las cuales se
ubicaba de manera individual a los participantes como el espacio donde se realizaba el
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registro, fueron dispuestos de manera tal que, en todo el desarrollo de la sesin, pudiese
ser garantizada la confidencialidad de todas las personas.
Cuando ya estaban presentes todos los participantes, el investigador daba la bienvenida,
lea el consentimiento informado, explicaba cmo sera la fase de registro, mostraba los
sobres que sortearan ms adelante, hablaba de manera general sobre las etapas de la
sesin, peda que se organizara una fila suficientemente retirada de la mesa de registro y
as, una a una, las personas se acercaban a los asistentes para entregar el consentimiento
(o firmarlo en ese momento si necesitaban ayuda), tomar uno de los sobres, indicar el
cdigo que les corresponda, el lugar desde el cual viajaban, y el costo del transporte
para llegar a Cedecampo y regresar a su casa. El investigador, mientras tanto, se
aseguraba de que las personas se sentaran en el lado correcto del quiosco de acuerdo al
cdigo obtenido (pares o impares), y peda a los participantes no abrir el sobre y no
hablar entre ellos a lo largo de la sesin.
Los sobres a los cuales se est haciendo alusin, contenan las hojas que los
participantes iban a utilizar en toda la actividad. Estaban organizados en dos pilas:
sobres con nmeros pares y sobres con nmeros impares. Previamente, el investigador
sorteaba, para cada una de las sesiones, si la primera persona deba elegir un sobre par o
uno impar. Si, por ejemplo, en la sesin uno el primer participante deba tomar un sobre
par, entonces el participante dos deba tomar uno impar, el participante tres tomara uno
par y as su