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CienCia, TeCnología y SoCiedadP o n e n C i a S d e l S e m i n a r i o r e a l i z a d o e n a g o S T o d e 2 0 0 8
o r g a n i z a d o P o r e l C e n T r o C u lT u r a l d e e S P a ñ a
EMBAJADA DE ESPAÑA EN URUGUAYCentro cultural de españa en montevideo
Hortensia CampanellaDIRECTORA
Enrique MrakDIRECTOR DEl ÁREA DE ACTIvIDADEs ACADémICAs
lA ApuEsTA pOR El fuTuRO
El Centro Cultural de España, como instrumento de la Cooperación cultural española, tiene
entre sus prioridades responder a la línea estratégica de Cultura y Desarrollo que promueve
la complementariedad entre Educación y Cultura en estrecha relación con la realidad social
de los países.
Por ello uno de los ejes temáticos de 2008 en este Centro ha sido Ciencia y Tecnología para
un Uruguay del futuro, y el Seminario que estamos presentando lleva un nombre simple, pero
también muy acorde con nuestras preocupaciones: Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Nuestro objetivo ha sido, en principio, fomentar el debate para conseguir así mejorar los
procesos de comunicación, el intercambio, el apoyo a redes ya existentes y la promoción de
otras que impliquen una discusión del futuro del país desde ese punto de vista.
Creemos que las naciones pueden profundizar el desarrollo tecnológico con fines de inclu-
sión social, de inserción de nuevos actores, de sostenibilidad medioambiental, logrando al
mismo tiempo una profunda repercusión en los espacios de la educación, formal y no formal,
de modo que el desarrollo vaya acompasado con el mejoramiento ciudadano. Y creemos que
esa tarea colectiva implica el contacto, la apertura a otras voces, de allí que este Seminario
se haya concebido desde el comienzo con el aporte de especialistas de varios países. A todos
ellos y a la coordinadora, Dra. Laura Gioscia, nuestra gratitud. Pese a lo limitado que pueden
ser los resultados de este encuentro, esperamos que contribuya al gran debate nacional que
está en curso en Uruguay.
HORTENSIA CAMPANELLADIRECTORA
SEMINARIO: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDADPonencias del seminario realizado en agosto de 2008 organizado por el Centro Cultural de España.
Embajada de España en UruguayCentro Cultural de España en Montevideo
DIRECTORA
Hortensia Campanella
DIRECTOR DEl ÁREA DE ACTIvIDADEs ACADémICAs
Enrique Mrak
GEsTIón CulTuRAl
Victoria Estol
Cristina Sánchez
COORDInACIón DEl sEmInARIO
Dra. Laura Gioscia
DIsEñO
Alejandro Schmidt
AsIsTEnCIA TéCnICA
Pablo Améndola
CORRECCIón DE TExTOs
Ana Cencio
pROGRAmA
CienCia y teCnología en soCiedades auténtiCamente demoCrátiCas PROf. EULALIA PéREz SEDEÑO (ESPAÑA)
CienCia, teCnología, innovaCión e inClusión soCial: una agenda urgente para universidades y polítiCas PROf. JUDITH SUTz (URUGUAY)
C O n f E R E n C I A
ConstruCCión polítiCa e instituCional de una ‘Cultura’ teCnológiCa: el desarrollo nuClear en la argentina PROf. DIEGO HURTADO (ARGENTINA)
m E s A R E D O n D A
innovaCión y desarrollo teCnológiCogeneraCión de valor en la investigaCión CientífiCa. una propuesta generada en uruguay DR. HAMLET SUáREz
innovaCión y desarrollo teCnológiCo haCia el futuro del uruguay DR. áLVARO MOMBRú
investigaCión e innovaCión en el área teCnológiCa, algunas experienCias ING. RAfAEL CANETTI
m E s A R E D O n D A
desarrollo teCnológiCo y CienCias soCiales. una visión desde la eConomía: la innovaCión teCnológiCa Como motor de transformaCión de las estruCturas produCtivas EC. LUCÍA PITTALUGA
la transversalizaCión de género en Chile: la ‘división digital’ entre las buroCraCias expertas y los espaCios deliberativos DRA. ANA LAURA RODRÍGUEz GUSTá
psiCofármaCos bajo la mirada de los estudios de CienCia, teCnología y soCiedad LIC. ANDREA BIELLI
m E s A R E D O n D A
teCnologías de la informaCión y ComuniCaCión en la soCiedad del ConoCimiento. algunos resultados sobre el proyeCto Ceibal ING. JUAN GROMPONE
las teCnologías de la informaCión y la ComuniCaCión para el desarrollo en amériCa latina. elementos ConCeptuales para un enfoque Complejo MA. ANA LAURA RIVOIR
desarrollo, desigualdad y teCnologías de la informaCión y ComuniCaCión (tiC) en uruguay: el rol de las polítiCas públiCas MA. MARTIN RIVERO
ÍnDICE
11. CIEnCIA Y TECnOlOGÍA En sOCIEDADEs AuTénTICAmEnTE DEmOCRÁTICAs
EULALIA PéREz SEDEÑO
37. CIEnCIA, TECnOlOGÍA, InnOvACIón E InClusIón sOCIAl: unA AGEnDA
uRGEnTE pARA unIvERsIDADEs Y pOlÍTICAs.
JUDITH SUTz
67. COnsTRuCCIón pOlÍTICA E InsTITuCIOnAl DE unA “CulTuRA”
TECnOlóGICA: El DEsARROllO nuClEAR En lA ARGEnTInA
DIEGO HURTADO
101. GEnERACIón DE vAlOR En lA InvEsTIGACIón CIEnTÍfICA
HAMLET SUáREz
113. InnOvACIón Y DEsARROllO TECnOlóGICO hACIA El fuTuRO DEl uRuGuAY
áLVARO MOMBRú
127. unA vIsIón DEsDE lA ECOnOmÍA: lA InnOvACIón TECnOlóGICA COmO
mOTOR DE TRAnsfORmACIón DE lAs EsTRuCTuRAs pRODuCTIvAs
LUCÍA PITTALUGA
149. lA TRAnsvERsAlIzACIón DE GénERO En ChIlE: lA “DIvIsIón DIGITAl”
EnTRE lAs buROCRACIAs ExpERTAs Y lOs EspACIOs DElIbERATIvOs
ANA LAURA RODRÍGUEz GUSTá
165. psICOfÁRmACOs bAjO lA mIRADA DE lOs EsTuDIOs
DE CIEnCIA, TECnOlOGÍA Y sOCIEDAD
ANDREA BIELLI
183. AlGunOs REsulTADOs sObRE El pROYECTO CEIbAl
JUAN GROMPONE
201. lAs TECnOlOGÍAs DE lA InfORmACIón Y lA COmunICACIón pARA El
DEsARROllO En AméRICA lATInA
ANA LAURA RIVOIR
217. DEsARROllO, DEsIGuAlDAD Y TECnOlOGÍAs DE lA InfORmACIón Y
COmunICACIón (TIC) En uRuGuAY: El ROl DE lAs pOlÍTICAs públICAs
MARTÍN RIVERO ILLA
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EULALIA PéREz SEDEÑODEp. CIEnCIA, TECnOlOGÍA Y sOCIEDAD CEnTRO DE CIEnCIAs humAnAs Y sOCIAlEs CsIC
Profesora de Investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia, Tecnología y So-ciedad del Instituto de filosofía del CSIC (España) y catedrática de Lógica y filosofía de la Ciencia. Ha sido profesora o investigadora en la Universidad de Barcelona, en la U. Complutense de Madrid, en la de Cam-bridge (Reino Unido) y en la de California en Berkeley, entre otras. Ha sido presidenta de la Sociedad de Lógica, Metodología y filosofía de la Ciencia en España (de 2000 a 2006), Vicepresidenta de AMIT (asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (2001-2006). Ha sido directora General de la fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (fECYT) desde octubre de 2006 a julio de 2008. Es miembro del Consejo Asesor de la Red-Cátedra de Mujeres, Ciencia y Tecnología en La-tinoamérica (desde octubre, 2005) y vocal del Consejo Editorial de la fundación Carolina. Ha sido coordina-dora adjunta del área de filología y filosofía de la ANEP desde marzo de 2005 hasta octubre de 2006 y ha participado en diversas comisiones de expertos del MEC, la fECYT, la ANEP, la European Science founda-tion, el MEC de Argentina y la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de Trabajo y AASS. Pertenece a diversos comités científicos de varias revistas españolas e internacionales.Ha publicado y editado diversos libros y artículos entre los que destacan El rumor de las estrellas (Madrid, 1986), “filosofía de la ciencia y feminismo: ¿intersección o convergencia?” (Isegoría, 1995), “factores con-textuales, tecnología y valores. ¿Desde la periferia?” (Málaga, 1998), “STS and the missing factor” Nueva York, 2000), Ciencia y género (Madrid, 2000), Las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología. Estudios De casos (Madrid, 2001), “Ciencia y filosofía, una nueva mirada” (Tenerife, 2002), “La percepción pública de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de género” (Madrid, 2003), “Ensenyar en un mon cientìfic i tecnològic” (Barcelona, 2004), “Una ciencia, ¿de quién y para quién?” (México, 2005), “Sexos, géneros y otras especies: diferencias sin desigualdades” (Sevilla, 2006), “Objetividad, evaluación por pares y valores” (Madrid, 2006), “Gender in stem cells research” (Granada, 2006), Igualdad y equidad en ciencia y tecno-logía: el caso iberoamericano (Madrid, 2008).
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CIEnCIA Y TECnOlOGÍA En sOCIEDADEs AuTénTICAmEnTE DEmOCRÁTICAs
EulAlIA péREz sEDEñO
1. Algunas consideraciones sobre la ciencia, desde la filosofía, la historia y la sociología
La visión clásica de la ciencia y la tecnología, que es lineal, considera que estas son producto-
ras de riqueza y bienestar social, que solo contribuirán a ello si se conserva la autonomía de la
tecnología y la búsqueda de la verdad por parte de la ciencia, a la vez que se mantiene la neu-
tralidad valorativa de la ciencia.1 Tres disciplinas sustentan, durante décadas, esta concepción
clásica de la ciencia: la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia.
La filosofía de la ciencia de la concepción heredada hunde sus raíces en el empirismo ló-
gico. Es empirista porque mantiene una teoría verificacionista del significado (un enunciado es
verdadero si y solamente si es tautológico o si puede ser verificado empíricamente, es decir puede
determinarse su verdad o falsedad acudiendo a la experiencia), un criterio de demarcación en
virtud del cual solo son científicos los enunciados significativos y la idea de que las teorías cien-
tíficas son sistemas axiomáticos interpretados o, dicho de otro modo, de una serie de enunciados
universales se deducen lógicamente enunciados que versan sobre la realidad (física).
Por lo que se refiere a la historia de la ciencia que sustenta esta concepción, se carac-
teriza por ser una historia interna, es decir, una historia de los procesos justificativos y de des-
cubrimiento, atendiendo únicamente a los factores cognitivos internos. Además es asimétrica
–es decir, los factores internos explican el éxito y los factores externos, el fracaso– tiene una
actitud presentista, pues se rescribe el pasado en función del presente, y está imbuida de una
concepción continuista y lineal del cambio científico (se concibe la historia como un proceso
acumulativo). finalmente, mantiene la idea de que la historia de la ciencia posee una función
didáctica en la formación del científico, a la vez que legitimadora de las teorías.
La sociología de la ciencia que soporta esa visión clásica de la ciencia y la tecnología se
basa, por un lado, en la sociología del conocimiento y por otro en la sociología de la ciencia
clásica. La primera, nace de la mano de K. Marx, f. Nietzsche y M. Scheler en Alemania, y de
E. Durkheim y M. Mauss en francia así como de la psicología freudiana. Pero sin duda es Karl
Mannheimm quien reconoce el principio de que el conocimiento se forma necesariamente en
contextos de situaciones sociales históricas concretas y, por tanto, estas lo conforman. De modo
1. En Pérez Sedeño, 2005, 2005a, 2008 y (en prensa) he analizado y criticado estas ideas.
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radical, Mannheim pensaba que el contexto histórico y social no solo influye en el pensamiento,
sino lo forma: “la epistemología es el producto de las formas sociales y varía de época en épo-
ca”.2 A pesar de todo, como muchos sociólogos clásicos del conocimiento, consideraba que la
lógica, las matemáticas y las ciencias naturales estaban excluidas de ese influjo histórico social.
Dicho de otro modo, pensaba que estaban libres de lo que él denominaba la “determinación
existencial”.3
La sociología de la ciencia clásica, representada por Robert K. Merton4 y su escuela, no se
centra en el conocimiento en general, sino en la ciencia. La sociología mertoniana se ocupa de
los procesos de institucionalización y funcionamiento de las comunidades de científicos, es decir
es una sociología externa en la medida en que no realiza el análisis sociológico de los contenidos
internos de los productos científicos sino solo de sus aspectos sociológicos externos. En el análisis
que hace Merton de la ciencia como institución social, enuncia el sistema de normas que carac-
terizan el ethos científico (esto es, su carácter, su genio), lo que se ha denominado los CUDEOS:
Comunitarismo o comunismo, Universalismo, Desinterés y Escepticismo organizado.
El comunitarismo significa que el conocimiento es compartido por toda la comunidad;
dicho de otro modo, la norma del comunitarismo exige que los frutos de las ciencias sean con-
siderados como conocimiento público. Y eso se aplica a todas las prácticas relacionadas con la
comunicación de los resultados de la investigación a otros científicos y estudiantes (eso luego
se ampliará a la sociedad en general). La norma del universalismo exige que las contribuciones
a la ciencia no se rechacen por razón de raza, nacionalidad, religión, sexo, estatus social u otro
criterio supuestamente irrelevante. Obsérvese que estas normas se aplican a personas, no a
ideas. No se refiere a la sustancia intelectual de la comunicación, sino al contexto social del que
proceden. Según esta norma, el prejuicio de género, por ejemplo, está prohibido: las aportacio-
nes de las mujeres científicas deben ser valoradas exactamente mediante los mismos criterios
que los que se aplican a los hombres y no deberían ser rechazadas por razón de género o sexo.
Hay que observar también que, como sucede con los Diez Mandamientos, es una norma esen-
cialmente negativa. Dice que no hay que poner obstáculos sociales al mérito científico potencial.
De ese modo se favorece el principio de que la ciencia es una carrera de meritoriaje, es decir,
abierta a las personas que tienen talento, sean estas de cualquier sexo, raza, etc. Pero no dice
nada acerca de cómo corregir las consecuencias de las injusticias cometidas en el pasado. Por
ejemplo la ciencia clásica o académica no tiene forma de cuantificar los prejuicios ideológicos
contra las teorías o programas de investigación feministas en una comunidad científica predo-
minantemente masculina.5
2. Ideología y utopía, págs. 261 y siguientes. Algo que luego retomaría en algunas de sus tesis Mary Hesse en Scientific Knowledge Socialized.
3. Ibídem.
4. Merton , 1973, 1980. Para un análisis exhaustivo, véase ziman 2000.
5. Los estudios en este sentido son muchos, pero véase, por ejemplo, Slocum, 1975, Bleier, 1984, Longino, 1990, Schiebinger, 1999, Gómez, 2004, Martínez Pulido, 2003, 2004, 2006, Pérez Sedeño, 2006, 2008.
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La idea de que la ciencia debe ser desinteresada y humilde significa que al científico no le
deben guiar otros intereses que el de la búsqueda de la verdad, sin que le importe su situación
o su prestigio. En los artículos que dan cuenta del trabajo de los científicos se “aprecia” esa hu-
mildad y ese desinterés. Pero esta es la forma, el estilo, en que se presentan las comunicaciones
científicas formales, ya sean escritas u orales: la voz es neutral, impersonal, pasiva. El autor se
presenta a sí mismo, un hombre, un instrumento incorpóreo que observa objetivamente o que
hace deducciones lógicas y que está moralmente distanciado de los hechos o argumentos que
presenta, pues sus aspectos sociales, éticos, etcétera, son irrelevantes para el objetivo princi-
pal, a saber la búsqueda de la verdad. La dirección del autor que aparece en el trabajo puede
indicar que está al servicio de una compañía con intereses en determinado campo de investiga-
ción, pero debe evitar que en sus textos aparezcan implicaciones que conecten la investigación
con los intereses de la empresa. El ethos científico supone que la investigación académica está
desarrollada principalmente por científicos académicos cuya forma de vida no depende direc-
tamente de las aplicaciones materiales de sus actividades. Por cierto que la falta de honestidad
se supone que se castiga de la forma más severa.
Por último el escepticismo se muestra en muchas prácticas académicas y científicas, como
el debate público y la revisión crítica. Los científicos se diferencian de otras personas en que
constantemente se les presentan nuevas observaciones y teorías relevantes para su investiga-
ción. Pero como se apoyan en el trabajo de otros, no depende del todo de sus propios juicios. Es
decir, ningún científico tiene el conocimiento experto necesario para decidir qué hay que elegir
y qué rechazar. Los procedimientos sistemáticos para el escrutinio de los objetivos de su inves-
tigación son una característica esencial de la ciencia. La investigación original es difícil y no es
fácil alcanzar resultados completamente convincentes. Por eso el escepticismo acerca de los
descubrimientos está, por lo general, bien justificado, pero no es un escepticismo general, sino
un ‘escepticismo organizado’, o también podríamos denominarlo ‘crítica informada’.
Naturalmente estos CUDEOS plantean muchos problemas, algunos ya insinuados, pues
constituyen una idealización del ‘buen científico’ y presentan bastantes ambigüedades, por
ejemplo, la ambivalencia de los científicos en ocasiones de fraudes, plagios, etcétera, o la de-
tección de contravalores (secretismo, particularismo, intereses y dogmatismo). Y, en especial,
las traiciones a la norma del universalismo. Efectivamente, los mertonianos, cuando analizan las
pautas de estratificación social en la vida científica identifican alguna de estas traiciones, como
el efecto Mateo: a quien más tiene más se le dará y al que menos tienen menos se le dará. Aun-
que no identifica otros, como el “efecto Matilda”, término acuñado por la historiadora Margaret
Rossiter (en honor de la activista abolicionista y sufragista Matilda J. Gage), para identificar la
situación social de las mujeres científicas que reciben menos crédito y reconocimiento por su
trabajo científico que el que les correspondería por un examen objetivo de su trabajo.6
6. El análisis de Weneras y Wold (1997) sobre el sexismo en la evaluación por pares, marcó un hito. Sobre esta cuestión, véase también Pérez Sedeño 2007.
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Resumiendo, ¿existe comunitarismo, cuando sistemáticamente se les ha negado el co-
nocimiento a las mujeres? ¿Universalismo, cuando se aplica un rasero distinto a los logros de
hombres y mujeres? ¿Desinterés, cuando se formulan una y otra vez teorías supuestamente
científicas que pretenden apoyar y mantener las desigualdades? ¿Tienen igual autoridad las
mujeres y los hombres en la ciencia?
También ha habido críticas más o menos profundas a esta concepción de la ciencia7 desde
la filosofía y la historia de la ciencia. Pero la publicación, en 1962, de The Structure of Scientific
Revolutions de T.S. Kuhn produjo una conmoción en la filosofía de la ciencia. Sus críticas, así
como las de otros historiadores y filósofos como S. Toulmin, N. R. Hanson o P. K. feyerabend,
apuntaban, en un principio, a una limitación de la filosofía de la ciencia, a saber, su exclusiva
dedicación a la parte estática de la ciencia, dejando a un lado un aspecto fundamental: su de-
sarrollo, su historia. También los supuestos empiristas fueron objeto de sus ataques. La idea de
que todas las ciencias que se ocupan de la realidad tienen una base empírica-observacional es
fundamental para la justificación de las hipótesis o teorías; a ello se añadía la distinción, supues-
tamente ‘clara’, entre lenguaje teórico y observacional, intentándose explicar aquel en términos
de este, el único comprensible y fiable. Pero la evidencia empírica no basta para determinar
la verdad o falsedad de una hipótesis (excepto en casos triviales), pues, como bien señalara
Hanson, no hay un observador neutral, alguien que no observe ‘con los ojos de una teoría’. Esta
constatación conduce a la infradeterminación de las teorías científicas: dada cualquier teoría o
hipótesis siempre se pueden formular un cierto número de teorías o hipótesis alternativas que
sean empíricamente equivalentes a la primera, aunque las explicaciones causales del fenómeno
en cuestión propuestas sean incompatibles. La tesis de la infradeterminación de las hipótesis o
teorías tiene consecuencias muy profundas. Por ejemplo, puede afectar a las decisiones sobre
qué constituye un problema científico-tecnológico legítimo; en la elección de qué tipos de datos
son relevantes; en la inferencia de conclusiones, hipótesis y teorías a partir de los datos recogi-
dos; en decisiones respecto de desarrollos tecnológicos viables, cómo regularlos y gestionarlos.
Dicho de otro modo, puede conducir a la incertidumbre estructural en la toma de decisiones
sumamente importantes, tanto en la investigación como en política científico-tecnológica, sobre
asuntos de interés general y con amplias repercusiones sociales.
En el caso de la historia de la ciencia, la publicación de los trabajos de Thomas S. Kuhn,
entre otros, también supuso un duro golpe al acumulativismo e internismo. Y tanto la historia
como la sociología de la ciencia dieron un giro radical con el desarrollo del denominado ‘pro-
grama fuerte’ de la sociología del conocimiento científico (desarrollado por Barry Barnes, David
Bloor o Steven Shapin), el EPOR (empirical programme of relativism) iniciado por Harry Collins,
o la etnometodología de Bruno Latour y Steve Woolgar.
El programa fuerte se basa en una interpretación radical de Kuhn y mantiene que hay que
estudiar la ciencia como un proceso ‘natural’ en el que las decisiones se toman por causas na-
turales psicológicas, sociológicas, no por razones ideales. Según él, el conocimiento no es algo
objetivo o verdadero, sino que está socialmente construido en función de intereses sociales. Y
7. Por ejemplo, L. Wittgenstein, o K. R. Popper y algunos de sus seguidores.
15
se basa en cuatro principios fundamentales: causalidad, según el cual las explicaciones satis-
factorias de episodios científicos deben ser causales, es decir, deben centrarse en las condi-
ciones reales o efectivas que producen creencias o estados de conocimiento; la imparcialidad,
según el cual las explicaciones han de ser imparciales con respecto a la verdad o falsedad, la
racionalidad y la irracionalidad, el éxito o el fracaso, pues ambos lados de la dicotomía exigen
explicación; la simetría: los mismos tipos de causas han de explicar las creencias falsas y las
verdaderas, los éxitos y los fracasos; y la reflexividad, principio problemático, según el cual las
pautas explicativas se han de poder aplicar a la sociología también.
2. Algunas reflexiones sobre la tecnología
El caso de la tecnología presenta algunas características idiosincrásicas, pero también ha reci-
bido críticas su concepción lineal y autónoma. Resulta difícil dar de ella una definición clara y
exhaustiva. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es “el conjunto
de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial” y el “conjunto de instrumentos
y procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. La tecnología incluye a la
técnica, pero no a la inversa: “la tecnología, o el quehacer de la ciencia moderna y la utilización de
artefactos, presupone las técnicas como formas primordiales de la acción humana”.8 En efecto,
al hablar de los orígenes de la humanidad, arqueólogos y antropólogos físicos consideran que la
utilización de instrumentos o artefactos es indicio de cultura y civilización, es decir, que eso es
precisamente lo que distingue al hombre de otras especies animales, siendo indicativo de que
tiene una relación con el mundo superior a la que mantienen esas otras especies.9 Dicha relación
con el mundo supone dominio del hombre [sic] sobre la naturaleza. Esa relación de dominación
tiene sus raíces en la concepción baconiana, y de la revolución científica, que considera la na-
turaleza como algo (ya sea material, ya sean fuerzas) que debe ser explotado, sometido por el
hombre, el dominador que la obliga a obedecer mediante ingenio o inventos.10 Estos artefactos
o inventos se consideran instrumentos que sirven para asegurar nuestra supervivencia, ahorrar
energía, preservar la salud y la seguridad. Es decir, se consideran signos de progreso.
Pensadores y filósofos han intentado dar definiciones de la tecnología o, lo que viene a
ser lo mismo, ofrecer un criterio de demarcación que permita distinguir entre lo que es y no
es tecnología. Así por ejemplo, Ellul [1960] la define como “la totalidad de métodos que racio-
nalmente alcanzan la eficacia absoluta (o apuntan a ella) en una etapa dada de desarrollo, en
8. C. Mitcham (1989), p.14
9. Idea fuertemente cuestionada por la primatología, en especial desde los trabajos de Jane Goodall.
10. No puedo dejar de mencionar el papel de las metáforas en la construcción de nuestro conocimiento en general y del científico y tecnológico en particular (véase, por ejemplo, E. Bustos (2000)). Pero, sobre todo, hay que recordar que, en muchas de las metáforas usadas desde la revolución científica, la naturaleza es una mujer, a la par que se utilizan metáforas ‘naturales’ para las mujeres. En esas metáforas la jerarquización es análoga a las que se mantiene en otras dicotomizaciones conceptuales occidentales como las que hay entre cultura/naturaleza, mente/cuerpo, razón/emoción, objetividad/subjetividad, dominio público/dominio privado. En todas ellas, el par dominante es el asociado a lo masculino. Sobre cómo las metáforas sesgadas por el género penetran la ciencia y la tecnología, véase, por ejemplo, G. Kirkup y L. Smith Keller (eds.) (1992), E. fox Keller (1985), (1995), E. Martin (1991) y L. Schiebinger (1993).
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todos los campos de la actividad humana”; según Ortega [1939] es el conjunto de actos ten-
dentes a la reforma de la naturaleza con vistas a que las necesidades queden anuladas por de-
jar de ser problema su satisfacción y a que, en consecuencia, vivir y supervivir no sean una y
la misma cosa”; para Sanmartín [1988] es “la complicación de ciertas acciones primarias en
un ser ancestral [...] que puede efectuarse [...] bajo la guía y dirección de un proceso cognitivo
que dependa de la emergencia de una mente [...] en concreto, de un proceso de diseño: de la
capacidad, expresado en otros términos, técnica de hacer técnicas”. Y, por último, Broncano
[1988] afirma que “la tecnología es la aplicación del método científico a la satisfacción de las
necesidades humanas mediante la transformación del medio ambiente [...] significa el paso de
un modo simple de comportamiento racional a un complejo institucional en el que la planifica-
ción, innovación y control ya no son patrimonio de personas particulares sino en cuanto éstas
forman parte de instituciones [...] no es otra cosa que un instrumento social de dominio y, a
veces, sustitución de la naturaleza”.11
Las caracterizaciones anteriores comparten, con matices, las líneas principales de la con-
cepción baconiana. Pero, a partir de ellas, podemos decir que hay al menos tres sentidos en que
se usa el término ‘tecnología’. En primer lugar, la tecnología es una forma de conocimiento que
contiene conceptos científicos, datos problemáticos, teoría de ingeniería y habilidad tecnológica.
También utilizamos ‘tecnología’ para referirnos al conjunto de objetos físicos tales como coches,
aspiradores u ordenadores. Pero esos objetos no son nada sin personas que sepan cómo usar-
los. Así pues, ‘tecnología’ también refiere a lo que la gente hace y a lo que sabe, forma parte de
las actividades humanas: un ordenador sin programa ni programador es un conjunto de trozos
de metal, plástico y silicio. Pero la tecnología no tiene que ver solo con conocimiento, actividad
o construcción de artefactos. Es una institución e incluye prácticas. Y, desde luego, resulta muy
difícil distinguir entre ciencia y tecnología.12 Por ese motivo, diversos autores hablan de la ‘tec-
nociencia’, una actividad humana compleja y contextual, un proceso/producto eminentemente
social, en cuyo origen y desarrollo desempeñan un papel importante los factores no cognitivos
o contextuales (ideológicos, sociales, de género, económicos, religiosos...)
Una de las imágenes tradicionales de la tecnología es la que la considera ciencia aplica-
da,13 es decir, que se deriva de la ciencia pura, pero sin tener nada que ver con la ciencia. Dado
que quienes mantienen esto defienden la neutralidad valorativa de la ciencia, lo que se suele
concluir es que las tecnologías en sí no son buenas ni malas, sino que la bondad o maldad re-
side en quienes utilicen las tecnologías. Esta imagen se complementa con la concepción de las
tecnologías como instrumentos o herramientas que sirven a infinidad de tareas. También aquí
11. Las definiciones que se podrían dar son muchas, pues la bibliografía al respecto es ingente. Para una selección bibliográfica véase, por ejemplo, M. González García, J. A. López Cerezo, y J. L. Luján, (1996, 1997). Para las posturas feministas ante la tecnología, Pérez Sedeño (1998).
12. Sobre la posibilidad de distinguir entre ciencia y tecnología también se ha vertido mucha tinta, pero, por ejemplo, véase el trabajo de L. Olivé (1987) o E. Agazzi (1997) en el que hace un examen y exposición muy interesantes, aunque su objetivo fundamental sea la dimensión ética de la ciencia.
13. Por ejemplo, Bunge (1989), (1991) Quintanilla (1989), ziman (1984). Para una exposición de las diversas concepciones de la tecnología y sus críticas , véase González García, López Cerezo y Luján López (1996), en especial los capítulos 9 y 10 y Agazzi (1997), en especial los cap. IV, V y VI.
17
se asume la neutralidad valorativa, recayendo la responsabilidad en quienes usen de ciertos
modos los artefactos tecnológicos.
Estas imágenes de la tecnología conllevan las tesis de la autonomía de la tecnología y del
determinismo tecnológico de la sociedad. Según la primera, la tecnología posee una lógica inter-
na propia, a saber, la de la eficacia, y en la que no debe haber interferencias de ningún tipo: “la
tecnología promueve todos los valores relacionados con la innovación racional”14 y, finalmente,
“toda tecnología mala termina revelándose como una mala tecnología y todo problema surgido
como resultado de una tecnología se resuelve desarrollando una tecnología mejor”.15 El deter-
minismo tecnológico mantiene el poderoso influjo de la tecnología sobre el cambio social que
ningún otro factor, por fuerte e importante que sea, puede modificar, ya que la lógica interna del
desarrollo tecnológico produciría la evolución social.
Ante la tecnología se suelen mantener fundamentalmente dos posturas. La optimista man-
tiene la neutralidad de la tecnología, su carácter pasivo. Es decir, se mantiene que se puede
usar para bien o para mal, pero que eso es culpa de sus operadores o usuarios, o de quienes la
desarrollan, no de la tecnología en sí. Eso está avalado por hechos tales como que la tecnología
haya trascendido las facciones de la guerra fría: izquierda y derecha usan las mismas tecnologías.
Según esta idea, se avanza en tecnología avanzando en ciencia, pues la tecnología se entiende,
como ya se ha dicho, como ciencia aplicada: es la aplicación de conocimiento racionalmente
adquirido a situaciones para lograr fines libremente elegidos. Como se supone que la ciencia y
las situaciones problemáticas materiales son independientes de las determinaciones sociales, la
tecnología tendría una doble objetividad: la que le confiere el ser un producto de conocimiento
universal racionalmente adquirido de las leyes de la naturaleza, es decir, de la ciencia (leyes que
se dan en cualquier parte); y la que le otorga el que ese conocimiento se aplique a situaciones
materiales, aplicables, además, a situaciones similares que surjan. Se conseguirá el éxito o no,
pero todo es cuestión de que se desarrolle la tecnología adecuada cuando aparezcan nuevos
fines. Algunos optimistas16 apelan a la responsabilidad moral de usuarios e inventores: hay que
controlar el desarrollo de las tecnologías, lo que supone controlar su difusión y, por tanto, control
sobre otras personas. Eso supone, también, la creación de una ‘casta sacerdotal’ y conduce a
pensar que podemos y debemos controlar a otras personas, en especial, a aquellos que no com-
parten nuestros fines y valores y que podrían usar la tecnología en contra de los nuestros.
Los pesimistas hacen hincapié en la autonomía de la tecnología: las estructuras mudas
y las fuerzas ciegas son causalmente más potentes que la inteligencia y voluntad humanas;
quizás podamos retocar el curso de la tecnología, pero solo ligeramente, porque el desarrollo
tecnológico es autónomo. Consideran que los sistemas tecnológicos17 tienen valores que no son
14. Quintanilla (1989), pág. 22. La cursiva es del autor.
15. Ibídem, pág. 21.
16. E. G. Mesthene (1967). Sobre optimistas y pesimistas con respecto a la tecnología, véase, por ejemplo, M. Tiles y H. Oberdiek (1995).
17. La noción de ‘sistema tecnológico’ que estos autores utilizan es diferente a la empleada aquí. Suelen distinguir entre sistemas tecnológicos y prácticas técnicas para evitar la incompatibilidad entre el poder perseguido a través de la tecnología y el ideal de una sociedad libre y abierta.
18
evidentes en la selección de los fines a lograr por medios tecnológicos. El criterio instrumental,
la eficacia, enmascara esos valores. La eficacia se define como la razón costes/beneficios, por
lo que resulta fundamental cómo se contabilizan esos costes y esos beneficios. Ahora bien, ha-
bría que preguntarse para quién y de qué tipo serán esos costes o beneficios.
Los pesimistas piensan que los sistemas tecnológicos son parte de la realidad en la que las
personas viven y trabajan, al funcionar constituyen su entorno, lo crean y lo mantienen. Ellul,18
por ejemplo, afirma que la tecnología esclaviza autónoma e irresistiblemente todo: arte, fami-
lia, etc. Al considerar que los sistemas tecnológicos son autónomos piensa que escapan a todo
control y son valorativamente neutros. Las tecnologías crecen según un modelo causal pero no
dirigido a fines. Por ejemplo, la píldora se desarrolló en principio para que las mujeres casadas
aumentasen su posibilidad de concebir, regulando su ciclo menstrual; nunca se pretendió ni
previó su papel en la revolución sexual, tanto de mujeres como de hombres. Consideraciones
de ese tipo lleva a muchos a pensar que, una vez creada, una tecnología toma vida propia. Se
puede caer así en un determinismo tecnológico: una vez liberado el genio de la botella, es in-
controlable, por lo que es mejor dejarla tapada.
La expresión política de esa autonomía, donde se señala que la gestión del cambio cien-
tífico-tecnológico debe ser dejada en manos de los propios especialistas, es algo que tiene lu-
gar después de la segunda guerra mundial, en una época de intenso optimismo acerca de las
posibilidades de la ciencia y la tecnología y de apoyo incondicional a la misma. La elaboración
doctrinal de ese manifiesto de autonomía con respecto a la sociedad debe su origen a Vannevar
Bush, un científico norteamericano involucrado en el Proyecto Manhattan para la construcción
de la primera bomba atómica. El mismo mes de la explosión de prueba en Nuevo México, en
julio de 1945, Bush entrega al presidente Truman el informe que Roosevelt le encargara un año
antes: Science - The Endless Frontier (Ciencia: la frontera inalcanzable). Este informe, que traza
las líneas maestras de la futura política científico-tecnológica norteamericana, subraya el mo-
delo lineal de desarrollo (el bienestar nacional depende de la financiación de la ciencia básica y
el desarrollo sin interferencias de la tecnología) y la necesidad de mantener la autonomía de la
ciencia para que el modelo funcione. El desarrollo tecnológico y el progreso social vendrían por
añadidura. La ciencia y la tecnología, que estaban ayudando decisivamente a ganar la guerra
mundial, ayudarían también a ganar la guerra fría. Los Estados industrializados occidentales,
siguiendo el ejemplo de EEUU, se implicarían activamente en la financiación de la ciencia bási-
ca. Pero pronto surgirían voces discrepantes.
18. Ellul (1960), (1964) y (1983).
19
3. ¿una nueva ciencia y tecnología?
Diversos adelantos tecnológicos se lograron gracias a un cambio radical que se había produci-
do en la forma de hacer ciencia y que la había convertido en una organización de numerosos
científicos que contribuían con diversos grados de pericia (expertise) en diversos campos, a un
proyecto común. El modelo era el Proyecto Manhattan para física, en el que físicos, ingenieros,
matemáticos, etc. colaboraban para un mismo fin, y que sirvió de incubadora para la electróni-
ca, la ciencia computacional y las tecnologías militares y aeroespaciales desarrolladas durante
la guerra fría.19
Pero el nacimiento de esta Big Science (o mega-ciencia) provocó otros cambios que afec-
tan a qué conocimiento se produce y cómo, el contexto en que se prosigue, su forma de organi-
zación, el sistema de recompensas que usa y los mecanismos que lo controlan.20 El paso a esta
nueva forma de producción del conocimiento se caracteriza por diversos aspectos. En lo que
ziman (2000) ha denominado la ciencia académica o la también denominada ciencia en Modo
1 (Gibbons et ál., 1994) los problemas se plantean dentro de la estructura disciplinar, mientras
que en la postacadémica es en el contexto de aplicación, que exige cada vez más estructuras
transdisciplinares (y que provoca que, constantemente, surjan nuevas disciplinas). En la ciencia
académica o en Modo 1 hay homogeneidad de intereses, instituciones (principalmente universi-
dades u organismos estatales) y actividades, pero en la postacadémica hay heterogeneidad de
intereses, de instituciones participantes (empresas, etc.) y de actividades. Si en la ciencia acadé-
mica la estructura es jerárquica y autoritaria, en la postacadémica es más abierta, heterogénea
y transitoria, con mayor interacción entre múltiples actores, que tienen mayor responsabilidad
social, frente a la responsabilidad individual típica de la ciencia académica. Lo cual conduce a la
última característica diferenciadora, aunque no sea menos importante: en el Modo 1, o ciencia
académica, es la propia comunidad científica la que evalúa los resultados, mientras que en el
Modo 2, o ciencia postacadémica, hay una mayor gama de mecanismos de control en los cuales
tienen cabida otros intereses, valores, etc. En la ciencia postacadémica la responsabilidad social
compete a la comunidad científica, pero también a la sociedad en general, lo que produce un
giro interesante en la ciencia y en las políticas de gestión y toma de decisiones.
A la vez, cabe destacar que una serie de acontecimientos propiciarían una reflexión dife-
rente, desde múltiples perspectivas y sentidos críticos. Entre estos, cabe destacar las bombas
arrojadas sobre las poblaciones civiles de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, al final de la
Segunda Guerra Mundial y el inicio de la carrera espacial, con el lanzamiento del Sputnik, que
dejaba por detrás al modelo occidental. O una serie de accidentes medioambientales, como
19. También había un proyecto Manhattan para biomedicina, que preveía cómo adaptar al mundo posbélico el trabajo que se había hecho bajo condiciones de extrema seguridad. No solo contemplaba cómo continuar las prometedoras investigaciones que se habían iniciado durante la guerra, sino su adaptación al mundo civil, estableciendo disciplinas médicas y académicas en física médica, biofísica y medicina nuclear; así como el desarrollo de instrumentación biomédica, radiofarmacéutica y con radio-isótopos como parte de un esfuerzo por crear la infraestructura de una industria nuclear biomédica autosostenible (Lenoir y Hays, 2000, Pérez Sedeño, 2007).
20. Todas estas son características sociales que están bien articuladas en las ciencias paradigmáticas (física, química y biología), aunque algo menos en las ciencias sociales y las humanidades.
20
los vertidos de residuos contaminantes (metales pesados, hidrocarburos, pesticidas como el
DDT, denunciado por Rachel Carlson (1962), envenenamientos farmacéuticos (talidomida), o
accidentes nucleares civiles (como el de Three Mile Island). A ello hay que unir las críticas a
la concepción clásica de la ciencia y la tecnología surgidas de los movimientos medioambien-
talistas, los pacifistas y los feministas, más los ya mencionados en la historia, la filosofía y la
sociología de la ciencia.
Así pues, las décadas de los años sesenta y setenta señalan el inicio de la revisión y co-
rrección del modelo lineal como base para el diseño de la política científico-tecnológica. Una
política en la que los poderes públicos desarrollan y aplican una serie de instrumentos técnicos,
administrativos y legislativos para encauzar el desarrollo científico-tecnológico y supervisar sus
efectos sobre la naturaleza y la sociedad y en la que la participación pública será una constante
en las iniciativas institucionales relacionadas con la regulación de la ciencia y la tecnología.
4. nuevo modelo político de gestión
El nuevo modelo público de gestión de la ciencia y la tecnología se ha caracterizado por la re-
gulación pública y la creación de diversos organismos democráticos mediante los cuales dar
cuenta al público
La generación y aplicación de conocimiento científico y tecnológico desempeña un papel
fundamental en la mejora de la calidad de vida de la sociedad, en la modernización productiva,
a la vez que ayuda a que los países se inserten en el escenario mundial. En los últimos años se
han producido enormes avances en diversas disciplinas tales como la genética, la biotecnolo-
gía o las tecnologías de la información, que han producido debates sobre su utilización actual o
futura, sus implicaciones sociales y éticas. Esos avances también han variado muchas cosas en
nuestro entorno. Por ejemplo, las tecnologías de la información y de la comunicación han cam-
biado nuestra forma de trabajar o de comunicarnos, así como nuestras relaciones personales y
sociales. La información llega a cualquier parte del mundo de manera instantánea conectando
personas y lugares que se encuentran a miles de kilómetros. Y la biotecnología, en concreto las
tecnologías de reproducción asistida, han provocado cambios en las relaciones de parentesco,
desarrollando formas de maternidad o de paternidad insospechadas hasta ahora.
El conocimiento científico universal y su gran desarrollo reciente ha hecho posible la uni-
versalización tecnoeconómica, pero también ha posibilitado la profundización de las desigual-
dades sociales y acentuado las asimetrías en la apropiación de ese conocimiento; el desarrollo
de los modernos sistemas nacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación ha mostrado
el papel clave que la ciencia desempeña en la generación de bienestar material, pero también
la necesidad de reconceptualizar sus relaciones con la tecnología y los agentes sociales en el
marco de contextos productivos específicos.
Nuestras sociedades han sido objeto de un intenso desarrollo político tendente a abrir to-
dos los ámbitos de la política pública al escrutinio social y la participación ciudadana, en tanto
que la ciencia y la tecnología siguen siendo percibidas como algo ajeno y distante por algunos
21
ciudadanos –aunque cada vez menos–, y que hacen uso de un modelo de organización basado
en el ideal de la autonomía corporativa.
La importancia crucial de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas y en el desarrollo eco-
nómico y social de nuestros países, así como las preocupaciones que suscitan, ha llevado a que
los países occidentales, y en el caso de España la UE, se planteen la necesidad de la apertura a
los ciudadanos de la política científica de toda Europa esto es, la necesidad de que la ciudadanía
participe en la elaboración y puesta en marcha de las acciones públicas, y en la construcción
del espacio europeo de investigación desde nuevas formas de cooperación entre los diferentes
niveles de gobierno: europeo, nacional, regional y local. A esto se le denomina gobernanza.
Según el Diccionario de la RAE, la gobernanza es el arte o manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, pro-
moviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Y
también es la acción y efecto de gobernar o gobernarse. Pues bien, según el libro blanco de la Comisión europea (COM (2001) 428 final), la “buena gobernanza” es un conjunto de reglas y
procedimientos que influyen en el ejercicio del poder en el ámbito europeo según los principios
de apertura mediante la comunicación activa y con un lenguaje próximo al ciudadano; partici-
pación ciudadana en todas las fases del proceso, desde la concepción hasta la aplicación de las
políticas; responsabilidad clara de cada una de las instituciones legislativas y ejecutivas; eficacia
de las medidas sobre la base de objetivos claros, la evaluación del impacto y la experiencia ad-
quirida; y coherencia de las acciones, en particular en las políticas multisectoriales e interdisci-
plinares (calidad del aire, seguridad en el transporte, cuotas de pesca sostenible, etc.). A la vez
que se considera necesario reforzar los principios de la proporcionalidad y la subsidiaridad.
Todo ello se ha traducido, en el VI y VII Programa Marco, en el desarrollo del programa
“Ciencia y Sociedad” (2002-2006, 2007-2013), que pretende el acercamiento de la ciencia a
la sociedad fortaleciendo la conexión entre los expertos, los responsables políticos y la socie-
dad en el proceso de la toma de decisiones en materia de política científica y de otras políticas.
En ese sentido se han propuesto tareas sobre ciencia y gobernanza, asesoramiento científico,
participación de la sociedad en investigación y prospectiva. Así mismo se plantea asegurar un
uso razonable de los avances científicos y tecnológicos sobre la base de la responsabilidad de
los gestores políticos y de los expertos, de la calidad de sus conocimientos y fuentes, así como
de la confianza de los agentes económicos y sociales y de los ciudadanos. También aquí se han
propuesto trabajos sobre evaluación y gestión del riesgo, mejora de la responsabilidad, efecti-
vidad del informe experto, desarrollo del principio de cautela, sistema europeo de referencia y
ética de la investigación Y, por último, fomentar el diálogo entre la ciencia y la sociedad, para lo
que es necesario que el público en general reciba la información científica y tecnológica ade-
cuada a fin de que forme su propia opinión, sobre todo en temas donde existe percepción de
riesgo. En este sentido, también se han propuesto tareas sobre nuevas formas de diálogo, el
fomento del interés de los jóvenes por las carreras científicas, el conocimiento de la ciencia por
los ciudadanos, y la plena incorporación de las mujeres a la investigación científica y tecnológica.
Permítaseme centrarme en estos dos últimos puntos un momento, porque son fundamentales
en las sociedades auténticamente democráticas.
22
5. Cultura científica
El problema de la cultura científica es cada vez más relevante para el normal desarro-
llo democrático en las sociedades actuales. Entre las cuestiones que suscita se encuentran la
definición de cultura científica, factores que inciden en la comprensión pública de la actividad
científica, características de esa actividad, o los instrumentos para su medida, en especial los
trabajos sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología.
La definición de cultura, no en un contexto aislado sino precisamente en relación con los
instrumentos utilizados para su medida, conlleva una serie de problemas. La valoración de la
cultura científica ha sido una preocupación constante en el seno de la Unión Europea. Desde el
momento en que la colectividad europea adquirió conciencia de sus deficiencias científico-téc-
nicas respecto a los otros dos grandes bloques, Estados Unidos y Japón (y ahora recientemente,
China), decidió promover una política activa para el fomento de la investigación, el desarrollo y
la innovación. Paralelamente, las instancias europeas se preocuparon por el desarrollo de téc-
nicas que permitieran establecer las relaciones entre la ciencia y el público, recurriendo a las
encuestas de opinión.
La elección de esta metodología está asociada, en mi opinión, con la asunción de una de-
terminada acepción sobre el concepto de cultura. En el Diccionario del Español Actual (Seco,
Andrés y Ramos, 1999) se encuentran tres acepciones de cultura:
i) como conjunto de conocimientos adquiridos por la persona, que permite desarrollar el
sentido crítico y el juicio;
ii) como instrucción o conjunto de conocimientos no especializados que se supone debe
poseer toda persona educada;
iii) como conjunto de modos de vida, conocimientos y grado de desarrollo de una colec-
tividad humana o de una época.
Es evidente que estas acepciones difieren en la dimensión del elemento de referencia
para su valoración. En las dos primeras acepciones, la cultura se relaciona con los individuos,
mientras que la tercera está asociada con una dimensión colectiva (expresión de una agrega-
ción en virtud de parámetros espaciales o geográficos y temporales). La selección de la meto-
dología de las encuestas de opinión para medir la cultura apunta a que se escoge la medida
de la cultura en la línea de las dos primeras acepciones, quedando plenamente descartada la
tercera acepción.
Para tener una verdadera cultura científica, la sociedad debe conocer una serie de carac-
terísticas de la actividad científica, que da origen a la producción de conocimiento. Por ejem-
plo, su constante dinámica, el hecho de que en el conocimiento científico no existen verdades
absolutas sino que se generan verdades parciales, condicionadas por el objeto de esa actividad
y las técnicas que se utilizan para la resolución de los problemas que existen en dicho objeto, y
que la producción de conocimiento científico puede dar lugar a resultados dispares que generan
controversias de diferente intensidad y duración.
23
De acuerdo con estas características, la cultura científica debe estar relacionada no solo
con la disposición de conocimiento (¿información?) sobre hechos o datos, sino que debe tener
en cuenta, reconocer, la importancia de los procedimientos, de los procesos, de la naturaleza
del conocimiento en función de los temas y de las técnicas aplicadas. Ante este contexto, pare-
ce lógico concluir que la cultura científica es ante todo fruto de la educación –con las salveda-
des y limitaciones señaladas anteriormente–, mientras que cabe preguntarse si la información
puede generar, dar lugar, a una cultura científica de un nivel aceptable. A la luz del presente
nivel de análisis, cabe concluir que la información como “transmisor, mediante señales o datos,
de elementos para formular un juicio o llegar a solucionar (o comprender) un problema” puede
llegar a configurar “un nivel de instrucción sobre conocimientos no especializados en personas
educadas”, es decir, poseedoras de un nivel suficiente para comprender las características de
la actividad científica enunciadas anteriormente.
¿Cómo medir la cultura científica? Los estudios de percepción pública de la ciencia y la
tecnología se originan en el mundo anglosajón, con los movimientos de Scientific Literacy (alfabe-
tización científica) y de Public Understanding of Science (comprensión pública de la ciencia). El
primero es un movimiento de origen norteamericano que pretende medir el grado de alfabetiza-
ción científica de la sociedad, diseñando encuestas en las que se preguntan cuestiones científi-
cas básicas sobre hechos bien establecidos. Es decir, se plantean preguntas sobre contenidos,
sin tener en cuenta la complejidad de la actividad científica. Pero, como se ha señalado, la ciencia
no es solo conocimiento en el sentido de ‘información’, sobre hechos o datos; los procedimientos,
los procesos, la naturaleza del conocimiento en función de los temas y de las técnicas aplicadas
son sumamente importantes, así como los valores sociales que en ella se expresan.
El segundo de los movimientos mencionados, fundamentalmente de origen británico,
pretende valorar la capacidad de la sociedad para entender la ciencia, sus aplicaciones y sus
relaciones con la sociedad, por lo que sus preguntas no plantean cuestiones de contenido cien-
tífico, sino que son de tipo social, político o económico. Así pues, se pone en cuestión el com-
ponente semántico más tradicional de la noción de cultura científica que se reduce al plano del
conocimiento científico. En efecto, nos parece más adecuado, dado que la noción de cultura
científica incorpora ya destrezas y habilidades comunicativas, lo que conlleva a perfilar un tipo
de cultura relativa también a las formas organizacionales de la producción científica, y sobre
todo, sus interacciones, que entran también a formar parte de los procesos de percepción pú-
blica de la ciencia.
Los trabajos de percepción pública de la ciencia han ido tomando forma gracias al desa-
rrollo combinado y paralelo del trabajo de los grupos de investigación de Jon D. Miller en Estados
Unidos y de John Durant en Gran Bretaña en torno a encuestas norteamericanas y europeas. Su
énfasis en especificar dimensiones de análisis concretas en cuestionarios comparables favoreció
que estas investigaciones se extendiesen a Europa y otros países, de modo que en los noventa
ya comienzan a tener un nivel significativo de fundamentación empírica.
Desde hace varias décadas se vienen realizando encuestas periódicas sobre interés,
percepción y opiniones públicas acerca de la ciencia y la tecnología en general, o aspectos
particulares de las mismas. En el ámbito estadounidense, The National Science Board de la
24
National Science foundation (NSf) elabora bianualmente el informe Science and Engineering
Indicators. Con él no solo se continúa elaborando encuestas sobre actitudes públicas hacia la
ciencia y la tecnología, realizadas desde los años setenta, sino que también se plantean estra-
tegias y recomendaciones de promoción a incorporar en las políticas nacionales. En la expe-
riencia europea, destaca el papel de la Comisión Europea en la puesta en marcha de marcos de
acción a través de programas como el forecasting and Assesment of Science and Technology
(Programa fAST). Con él se pretendía pronosticar y analizar las consecuencias de la incorpora-
ción de nuevas tecnologías en los Programas Marco de I+D. De ahí la emergencia de líneas de
análisis específicas, como robótica o biotecnología, en los Eurobarómetros que han medido en
los últimos tiempos cuestiones de percepción de la ciencia en el ámbito europeo. La elección
específica de la percepción pública de la ciencia como objeto de estudio de opinión y actitudes
mediante el Eurobarómetro de 1992 a 2003 se debe, fundamentalmente, a tres razones. En
primer lugar, las decisiones en las que influye la ciencia cada vez forman parte más directa de
nuestros actos cotidianos, aunque sea de forma inconsciente. Además, para que una sociedad
avanzada pueda desarrollarse y participar en las decisiones que la afectan de manera eficaz,
es imprescindible que posea una mínima cultura científica que se extienda horizontalmente por
toda ella. finalmente, en la actual sociedad del conocimiento, la formación científica de los ciu-
dadanos es cada vez más una exigencia de la democracia.
En el ámbito iberoamericano, pese a que hace más de veinte años que se llevan realizan-
do estudios de percepción, hasta hace poco no se empezó a hacer encuestas normalizadas con
cierta periodicidad. En ese sentido, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Red de Indi-
cadores de Ciencia y Tecnología han promovido este tipo de estudios comparativos consiguiendo
progresivamente respaldo institucional, como el de la fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (fECYT) o el Centro REDES de Argentina, entre otros. Estas tres instituciones tienen
en la actualidad un objetivo prioritario, a saber, lograr un estándar iberoamericano de indicado-
res de percepción social y cultura científica, que está en fase de elaboración.
En España, la fECYT realiza, desde el año 2002 y con una periodicidad bianual, encuestas
nacionales sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología que, al igual que los Euroba-
rómetros, contemplan de manera separada algunos temas, como biotecnología y biomedicina
y salud. Dichas encuestas miden habitualmente tres planos distintos de la relación del público
con la ciencia: grado de interés e información en cuestiones de ciencia y tecnología, nivel de
conocimientos científicos y actitudes hacia la ciencia y la tecnología. Este tipo de encuestas
tradicionales proporciona información muy valiosa acerca de las tendencias generales referidas
a cómo los ciudadanos no expertos ven la ciencia y la tecnología. Por ese motivo, esperamos
que la fECYT y otras instituciones sigan realizando este tipo de estudios, o se animen a llevar a
cabo otros específicos o sectoriales.
Sin embargo, consideramos que, para aprehender la complejidad de las relaciones entre
la ciencia y el público es necesario realizar otras actuaciones complementarias. Estudios de
tipo cualitativo ayudan a obtener una imagen más rica de las relaciones entre la ciencia y los no
expertos, y por tanto, también pueden sugerir cómo reforzar las relaciones entre ambos mun-
dos. La confianza del público en actores e instituciones y la relevancia de las investigaciones e
25
innovaciones para los intereses sociales son algunas de ellas. Estos trabajos sobre “comprensión
pública de la ciencia” apuntan hacia la necesidad de crear líneas de acercamiento bidireccio-
nales. Parte de su enseñanza es que el esfuerzo por acercar la ciencia al público no puede ser
únicamente un esfuerzo de “alfabetización” o divulgación, desde los expertos hacia el público
general. Expertos y políticos han de dialogar con la sociedad, atendiendo a sus demandas, respe-
tando sus opiniones y escuchando sus aportaciones. Solo de esta manera podrán desarrollarse
intervenciones tecnocientíficas socialmente sensibles y eficaces.
6. mujeres y ciencia
Los estudios sobre los sistemas de I+D suelen ser parciales o incompletos, pues apenas dis-
criminan entre las diferentes situaciones que se dan en los distintos sujetos que componen el
sistema, que quedan diluidas en las cifras globales. Pero cuando se toma en cuenta la variable
‘sexo’ la radiografía que se obtiene del sistema es diferente y ofrece indicaciones de dónde fallan
los sistemas, de modo que se pueden apuntar soluciones para favorecer la calidad y excelencia
de toda la comunidad científica.
El interés por la interacción entre género y ciencia y por la relevancia del concepto de gé-
nero para el análisis de la actividad científica surge de investigaciones acerca del escaso número
de mujeres conocidas a lo largo de la historia de las ciencias y sobre las barreras institucionales
y socio-psicológicas que han obstaculizado y siguen obstaculizando el acceso de las mujeres a
la ciencia y la tecnología. Estas investigaciones han originado el interés por la recuperación de
figuras femeninas olvidadas por la historia tradicional, pero también por la situación real de las
mujeres en los distintos sistemas nacionales de ciencia y tecnología.
Aunque la igualdad entre hombres y mujeres está incluida en la Carta de las Naciones
Unidas (26 de junio de 1945) y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de
diciembre de 1948), así como en los más importantes convenios legales sobre derechos huma-
nos, políticos y civiles, económicos, sociales y culturales establecidos por las Naciones Unidas,
lo cierto es que el problema no se afrontó seriamente y a nivel internacional hasta la década de
los setenta del pasado el siglo XX.
En la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra las Muje-
res (CEDAW) de 1979 de la ONU, se definieron los objetivos y medidas necesarios para conseguir
la plena igualdad de género, tanto en la vida pública como en la privada. En la Década de las
Mujeres de las Naciones Unidas (1975-85), surgieron, además, recomendaciones específicas.
Por ejemplo, en 1984 el Panel del Comité Asesor sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
de las Naciones Unidas avanzó un programa de acciones, titulado “Science and Technology,
and Women”. En ese contexto, Estados Unidos y Canadá comenzaron a recopilar estadísticas
separadas por sexo de una forma más sistemática (véase, por ejemplo, NSB, 2002).
A comienzos de los años noventa, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y
la Tecnología para el Desarrollo (UNCSTD) consideró que una de las tres cuestiones principa-
les de las que debía ocuparse era la de género. En 1995, el Grupo de Trabajo de la CSTD pre-
sentó al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas la Declaración de Intenciones con 7
26
Acciones Transformadoras, que era una agenda de acciones sobre género, ciencia y tecnología
y que hizo suya la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres y el Desarrollo de Pekín, en
1995. Por otro lado, la UNESCO en su Informe Mundial sobre la Ciencia de 1996 incluyó un ca-
pítulo, el tercero, titulado “El lugar de las mujeres en la ciencia y la tecnología”, coordinado por
Sandra Harding y Elizabeth McGregor en el que, además de establecer un marco conceptual,
se ofrecen datos estadísticos a nivel mundial y de algunos países en la educación formal y no
formal, la enseñanza universitaria y los puestos profesionales. Ahí se señalaba ya la necesidad
de tener datos: sin ellos no se podía establecer un diagnóstico adecuado y sin este era imposi-
ble determinar prioridades.
La Unión Europea, en concreto la DGXII de la Comisión de las Comunidades Europeas,
organizó una reunión en Bruselas los días 15 y 16 de febrero de 1993 de la que salió el libro
editado por Hugo A. Logue y Lily M. Talapessy, Women in Science – International Workshop. En
él participaron personas procedentes de todos los Estados miembros, la Comisión y el Parla-
mento Europeo. Aun sin partir de estudios estadísticos serios y completos, no obstante se llegó
a algunas conclusiones, entre ellas, la ausencia de buenas posibilidades de acceso a la toma de
decisiones o a la financiación de la investigación, la escasa flexibilidad de las estructuras profe-
sionales y la falta de políticas de igualdad, a la vez que se hicieron algunas recomendaciones,
entre las que cabe destacar la recopilación y comparaciones de datos estadísticos de programas
comunitarios y de los Estados miembros referentes a las mujeres en la ciencia y la tecnología.
Se especificaba, además, que los datos debían incluir el desglose por sexo del estatuto aca-
démico universitario, tanto general como por disciplinas científicas y tecnológicas (o áreas), la
especificación por sexos del personal de investigación de los centros científicos y tecnológicos,
el desglose por sexos de la financiación de la investigación por parte de los organismos nacio-
nales, en concreto porcentajes de mujeres solicitantes y porcentajes de concesiones a mujeres,
así como desglose por sexos de la composición de los comités nacionales de financiación y de
política científica y tecnológica. Aunque el informe se distribuyó por toda Europa, no hubo res-
puesta inicial de la Comisión a las recomendaciones, aunque unos pocos Estados miembros se
hicieron eco de algunas de ellas.21
A nivel general de toda la Unión Europea, la Dirección General de Investigación (antes
DGXII) creó, en 1998, un grupo de trabajo sobre las mujeres y la ciencia, que elaboró un informe,
Política Científica de la Unión Europea, que lleva por subtítulo Promover la excelencia mediante
la integración de la igualdad entre géneros y que se conoce popularmente como Informe ETAN
(2000). Tras estudiar la situación de la mujeres en la ciencia y la tecnología de diversos países
europeos, concluía que la “infrarrepresentación de las mujeres amenaza los objetivos científicos
de alcanzar la excelencia, además de ser un derroche y una injusticia”. Aunque dicho informe
tiene muchas virtudes, puso de manifiesto, una vez mas, un gran contratiempo: la dificultad
de obtener datos fiables en el campo de la ciencia y la tecnología, lo cual rebajó considerable-
mente los logros esperados. Por ese motivo, una de las recomendaciones del grupo ETAN fue
21. Para ver un análisis somero de los estudios realizados por algunos Estados miembros, véase Pérez Sedeño y Alcalá Cortijo, 2007.
27
que todos los Estados miembros de la Unión Europea elaboraran estadísticas desglosadas por
sexo, aunque, como ya se ha mencionado, la CE ya había efectuado la misma recomendación en
1993, y en esos cinco años no había habido mejoras sustanciales. Muestra del interés del tema
es que el último informe europeo de indicadores de ciencia y tecnología (EC, 2003), incluye una
sección dedicada al análisis de la participación de las mujeres en la ciencia dentro de los países
de la Unión Europea. Por otro lado, la Unión Europea mantiene una página web (http://europa.
eu.int/comm/research/science-society/women/wssi/index_en.html) en la que se ofrecen infor-
mes, datos estadísticos, etcétera. Pero ni esta información está actualizada, ni es homogénea,
ni tampoco en todas las tablas de indicadores aparecen datos de todos los países, dado que en
muchos de ellos han hecho caso omiso de tal recomendación. Sin embargo, esos problemas
están intentando solucionarse con la publicación de la serie She Figures.22
Con respecto a la participación de las mujeres en la investigación que se desarrolla en
la industria y en el sector privado, hay que señalar que apenas hay datos.23 La Unión Europea,
una vez más, promovió un estudio al respecto, que se publicó en 2003 bajo el título Women in
Industrial Research: A wake up call for European Industry (WIR), fruto de los trabajos realizados
por el grupo experto de alto nivel sobre las mujeres en la investigación industrial para el análisis
estratégico de cuestiones específicas de política científica y tecnológica (STRATA). WIR consta
de dos partes. En la primera se presentan los resultados del análisis estadístico de la situación
de las mujeres en la investigación industrial y se pone de manifiesto que la situación en este
sector es aun peor que la de otros, ya que las mujeres solo constituyen el 15% de los investiga-
dores. En España el porcentaje es del 19,3% pero hay que mirar esa cifra con cierta cautela,
pues a veces, en las estadísticas del INE se reúne bajo una misma categoría a investigadoras
técnicas y auxiliares. En la segunda parte, se presenta un estudio cualitativo que identifica y
describe buenas prácticas para promover la participación de las mujeres y mejorar sus carreras
en el sector privado (se considera que una “buena práctica” es aquella estrategia que utilizan
las compañías para reclutar, retener o promover a las mujeres en la investigación).
En WIR se subraya que las mujeres están infrarrepresentadas en la investigación indus-
trial dentro de la Unión Europea, aunque la misma situación se da en otros países de la OCDE
como Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá o Nueva zelanda, a la vez que es más probable
que las científicas e ingenieras logren empleos como técnicas o simples trabajadoras, en vez de
aquellos empleos para los que están preparadas. El estudio señala que hay múltiples factores
que inciden en el hecho de que haya pocas mujeres en la investigación industrial. En primer
lugar, hay barreras en la entrada, a la hora de reclutarlas (por ejemplo, prácticas de empleo
sesgadas), falta de autoconfianza por parte de las mujeres, carencia de información sobre las
carreras en ciencia y tecnología, falta de oportunidades para desarrollar la carrera, de modelos
de referencia, así como la existencia de brecha salarial y de estereotipos de género. En la investi-
gación científica hay muchísimos prejuicios contra las mujeres, pues se considera que la ciencia
22. La edición de 2003 puede consultarse en http://ec.europa.eu/research/sciencie-society/pdf/she_figures_2003.pdf y la de 2006 en http://:kif.nbi.dk/She_Figures_2006.pdf
23. Aunque en el Informe ETAN aparecían datos de algunos laboratorios de investigación privados.
28
es una actividad esencialmente masculina (históricamente), a la vez que las características de
la ciencia se definen como características masculinas (activo, racional, objetivo y lógico, frente
a lo pasivo, emocional, subjetivo e intuitivo).24
En segundo lugar, las mujeres consideran que el clima que se da en la industria no es
hospitalario, seguramente debido a que la mayoría de los campos de ciencia y tecnología es-
tán dominados por los varones, por lo que ellas consideran que están sometidas a criterios y
valores que los hombres han establecido para ellos, no para ellas. Las consecuencias incluyen
discriminación, acoso sexual, aislamiento y exclusión de las redes de información, además de
otros problemas derivados de los diferentes modos de comunicación que tienen los hombres y
las mujeres debido a su diferente socialización, así como la falta de oportunidades para desa-
rrollar una carrera profesional.
En tercer lugar, como las científicas están infrarrepresentadas entre los directivos, hay
menos modelos de referencia y mujeres mentoras. Y esto es muy importante, porque diversas
investigaciones han mostrado que las mujeres con carreras de éxito en ciencia y tecnología tu-
vieron mentores que las apoyaron y las animaron, en especial en los inicios de su carrera.25
Por último, están las dificultades de compaginar la vida familiar y la laboral. A pesar de que
muchas científicas e ingenieras consideran como primordial integrar su vida familiar y su traba-
jo, lo cierto es que a menudo encuentran enormes trabas para combinarlas porque se les exige
mucha inversión personal y temporal. En el caso de la ciencia, el problema de la conciliación es
especialmente complicado, pues muchas de estas mujeres tienen como compañeros varones
con carreras semejantes a las suyas, por lo que ambas partes de la pareja se ven afectadas por
las exigencias de su trabajo (y la sociedad todavía demanda a las mujeres más atención a la vida
familiar que a los hombres). Además, las ingenieras y científicas se sienten preocupadas por el
desarrollo de sus carreras (la promoción, el reconocimiento y el aumento salarial), la enseñanza,
el nivel de responsabilidad y confianza, por tener un entorno laboral hospitalario común, dispo-
siciones laborales flexibles, seguridad laboral y mentores adecuados.26
WIR señala que se espera que la inversión en la investigación industrial se doble en el
año 2010, por lo que los investigadores de este sector tendrán que aumentar de manera consi-
derable. Pero eso no significa necesariamente que aumente la proporción de mujeres en este
campo. De hecho, las empresas no son conscientes de los beneficios que pueden obtener de
la diversidad: la incorporación de mujeres, con cualidades distintas a las de los hombres al
aumentar esa diversidad, producirá cambios en los modos de comunicación e introducirá no-
vedades en los procesos de innovación, mejorando la competitividad del sector. Así pues, es
necesario desarrollar esas buenas prácticas y habrá que estar atentos al desarrollo y resolución
de la actual crisis económica, para ver cómo afecta a las mujeres y que no las perjudique más
que a otros colectivos.
24. Pérez Sedeño, 2006.
25. Commission on the Advancement of Women and Minorities in Science, Engineering and Technology Development, 2000, p. 49.
26. Estos problemas, en especial los dos últimos, también afectan a las investigadoras del sector público.
29
Con respecto a España, hay que señalar que, aparte de las estadísticas recogidas por
el INE, escasas pues no contemplan todas las posibilidades o no se presentan desagregadas,
están también unos cuantos datos recogidos por el Instituto de la Mujer, como es el caso de su
publicación La mujer en cifras. Apenas existen unos cuantos estudios estadísticos más, aun-
que ninguno completo sobre la investigación en la industria privada. Los datos que aparecen en
Indicadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, 2005, publicado a finales del 2006
por el Ministerio de Educación y Ciencia, señalan que el total de investigadoras27 empleadas en
actividades de I+D+i en las empresas privadas era del 26,8 y en Instituciones Privadas sin fi-
nes de Lucro (IPSfL), del 54,0%.
Algo ligeramente distinto sucede cuando pasamos al sector público, pues disponemos
de gran variedad de información. En el citado capítulo del Informe mundial sobre la ciencia ya
aparecían algunos datos de España, pero de 1990. También hay que señalar algunos estudios
realizados a principios y mediados de los años noventa como los de Mª Antonia García de León
(1990), Eulalia Pérez Sedeño (1995, 1995a), Mª Luisa García de Cortázar y Mª Antonia García
de León eds. (1995), Paloma Alcalá (1996) y Teresa Ortiz y Gloria Becerra (1996), entre otros.
Recientemente, y a instancias de algunas universidades o gracias a algunos proyectos de in-
vestigación solicitados por investigadoras universitarias, se están realizando o se han realizado
algunos de universidades concretas (Universidad de Sevilla, Universidad del País Vasco, Univer-
sidad de Valladolid, Universidad Autónoma de Madrid, uno conjunto de todas las universidades
catalanas, etcétera), o de ciertas facultades (Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid, Ingeniería de la Universidad de Jaén, física de la Universidad de Valencia, etc.). Mención
aparte merece el CSIC, que en 2001, 2003 y 2005 ha elaborado un estudio muy completo de
la situación de su personal a instancias de la comisión Mujeres y Ciencia de este mismo orga-
nismo. Estos estudios están disponibles en la página web (www.csic.es) y es propósito de dicho
organismo actualizarlos anualmente.
Los más recientes estudios generales sobre las mujeres en la universidad española o en
el sistema español de ciencia y tecnología son el del Colectivo IOE (1996), la parte española del
proyecto GENTEC, dirigido por Eulalia Pérez Sedeño, financiado por la Organización de Estados
Iberoamericanos y la UNESCO (2001) y el financiado por el entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes en el año 2003 (Pérez Sedeño, dir.). También disponemos del estudio en-
cargado por fECYT (2005, actualizado en 2007), que abarca las universidades y el CSIC junto
con un breve estudio bibliométrico, y los datos de las universidades públicas españolas reco-
pilados por la Unidad ‘Mujer y Ciencia’ (UMYC), del recientemente desaparecido Ministerio de
Educación y Ciencia.
Con respecto al resto de los países iberoamericanos, la situación es parecida. Tenemos
el ya mencionado estudio financiado por la OEI y la UNESCO (GENTEC), en el que participaron
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y la re-
copilación de estudios de Pérez Sedeño (2002) y Pérez Sedeño y Gómez Rodríguez (2008). Este
último tiene la peculiaridad de incluir no solo estudios cuantitativos, sino también cualitativos de
27. Esta categoría de ‘investigadora’ es algo problemática.
30
distintas áreas y de diversos países (Argentina, Brasil, España, Colombia, Cuba, México o Vene-
zuela), así como algunos trabajos sobre percepción pública desde una perspectiva de género.
Por lo general, sin embargo, estos estudios no son completamente satisfactorios, pues los orga-
nismos encargados de recoger los datos (INE, las universidades o el CSIC) o no proporcionan
todos los datos solicitados, o no tienen criterios homogéneos para la elaboración de indicadores
(en el caso en que lo hagan), siendo este uno de los principales problemas.
Ahora bien, con los datos disponibles (aun con los defectos señalados), resulta interesante
ver la evolución experimentada, por ejemplo, en la universidad española. Para ello hemos com-
parado la situación de las mujeres en el momento de la promulgación de la denominada Ley de
la Ciencia,28 que articula el sistema español de I+D, y los últimos datos disponibles.
En ese momento, las mujeres constituían ya casi el 50% del estudiantado universita-
rio. Ese porcentaje aumentaba hasta llegar al 54,6% en el caso de las licenciadas. En el curso
2005-2006, las mujeres matriculadas en la Universidad española alcanzaban el 54,4% frente
al 45,6% de varones, licenciándose un 60,6% de mujeres frente al 39,4% de varones del total
de licenciados universitarios. De hecho, las mujeres son mayoría prácticamente en todas las
carreras universitarias excepto en las ingenierías (en matemática y física, aún no han llegado al
50%, pero lo rozan).
Y en los años ochenta, era evidente la pérdida enorme de mujeres en la carrera académica,
que comenzaba inmediatamente tras la licenciatura. En el doctorado y en la lectura de tesis, de
cada diez personas apenas cuatro eran mujeres; en el profesorado, estas quedaban reducidas
a la cuarta parte: de cada diez profesores 2,5 eran mujeres y, como colofón, en el estamento de
más prestigio y poder, que es el de cátedras de universidad, la proporción era de solo una mujer
por cada nueve hombres (en realidad, 0,7 mujeres).
Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, en casi veinte años la situación ha variado
muy poco. Obsérvese cómo, a pesar de que las doctorandas han aumentado un 13,2% y las
doctoradas un 11,4%, las profesoras solo han crecido un 8,2% y las catedráticas de universidad
un 5,8%. La superposición de las tijeras de 1986 y 2005 es sumamente elocuente.29
28. Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.
29. Esta ‘tijera’ es similar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor Organismo Público de Investigación. Véase Pérez Sedeño y Alcalá Cortijo (2006) y el Informe del CSIC Informe Mujeres Investigadoras 2005.
31
(1) SE HAN REPETIDO LAS TESIS APROBADAS EN 2002/2003 AL NO HABER SIDO fACILITADA ESTA INfORMACIóN POR LA UNIVERSIDAD PARA EL CURSO 2004/2005. TOMADO DE PéREz SEDEÑO, E. Y ALCALá CORTIJO, P. (2006)
Se ha hablado durante mucho tiempo de que la plena incorporación de las mujeres al
sistema – formal– de ciencia y tecnología era cuestión de tiempo. De hecho, la argumentación
habitual es la siguiente: es normal que antes las mujeres no estuvieran en la ciencia y la tec-
nología, porque no accedían a la educación. En el momento en que lo hicieran, se decía, sería
cuestión de tiempo que llegaran a alcanzar las mismas proporciones que los hombres en to-
dos los ámbitos. Sin embargo, la gráfica anterior muestra perfectamente cómo se mantiene la
discriminación jerárquica, ese sutil mecanismo que hace que las mujeres permanezcan en los
peldaños más bajos del escalafón.
Pero aún hay más. Las mujeres están excluidas de los puestos directivos: en los rectora-
dos, como directoras de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), etc. Por ejemplo de
los seis OPIs que en abril de 2008 dependían del ahora desaparecido Ministerio de Educación
y Ciencia, ninguno estaba (ni está) dirigido por una mujer. El número de rectoras (4 entre 72)
es testimonial, igual que lo son las mujeres en las Reales Academias: en la Real Academia de la
Historia, solo hay 3 mujeres entre los 36 miembros; en la de Ciencias Exactas, física, Química
y Naturales, tan solo 2 entre 55, al igual que en la de Ingeniería aunque esta cuenta con menos
miembros (44 en total); y en la de Real Academia de Medicina que tiene 46 miembros, tan solo
hay 2 mujeres. En total, de los 654 miembros que componen las 10 Reales Academias, las mu-
jeres solo constituyen el 5,53%.30
30. Datos del Instituto de la Mujer del MTAS.
32
Así pues, tras décadas de igualdad en las escuelas, institutos31 y facultades, sigue habien-
do resistencia a dicha igualad en otros niveles. Se mantiene la discriminación territorial u hori-
zontal que, aunque va desdibujándose, no desaparece del todo; es ese mecanismo encubierto
de discriminación que hace que las mujeres ‘prefieran’ áreas marcadas por el género (es decir,
‘típicamente femeninas’ o más adecuadas para ellas) y por el que todavía hay áreas, como las
ingenierías, que se resisten a la entrada de mujeres32. Pero, como ya se ha dicho, también se
produce la discriminación jerárquica o vertical, aun más evidente cuando se trata de áreas ‘fe-
minizadas’, como el caso de la medicina, en la que no existe ni una sola catedrática en el área
de Obstetricia y Ginecología ni en la de Pediatría.33
No basta que las mujeres hayan conquistado, por derecho, el acceso a la educación y en
especial a la enseñanza universitaria. Es necesario garantizar su representación en todos los niveles
de la academia, en especial en los puestos de toma de decisiones y evaluación del conocimiento.
Para ello es necesario incorporar la transversalidad de género (gender mainstreaming) en todas las
políticas públicas –tal y como recomienda la Unión Europea–, de modo que se evite que el efecto
de las medidas tomadas en un sector específico sea meramente retórico: una medida social que
flexibilice los límites de edad, el tipo de dedicación, etc., cuando alguien tiene a su cuidado menores
o personas dependientes, favorece especialmente la integración y permanencia de las mujeres,
aunque no estén dirigidas solo a ellas. Es una mera cuestión de justicia distributiva y de eficacia
de los recursos humanos, porque ningún país puede permitirse tal despilfarro.
Por todo ello, son necesarias unas actuaciones urgentes. Por ejemplo, hay que sacar a la
luz a las mujeres excepcionales que ha habido en la historia, tradiciones olvidadas (medicina o
agricultura sostenible), o prácticas realizadas fundamentalmente por mujeres en determinadas
épocas (observación y catalogación en astronomía e historia natural, o computación). Pero ade-
más, es necesario desarrollar una formación no sexista en todos los niveles educativos, inclui-
das acciones formativas para el profesorado, y la sensibilización de toda la sociedad. Además,
todos los organismos y centros oficiales con competencias en Educación, Ciencia y Tecnología
deberían presentar, en sus memorias anuales, todos los datos de personal de todos los niveles,
desglosados por sexo, unificando los criterios de elaboración de indicadores y divulgándolos
periódicamente. También es necesario garantizar la equidad en los procesos de selección y
adjudicación de recursos, haciendo públicos los comités asesores y comisiones diversas, que
deberían explicitar los criterios a aplicar y justificar posteriormente sus decisiones, garantizando
la paridad en los comités de evaluación o, en caso de que no sea posible, la presencia del 40%
del sexo menos representado. Hay que estimular con medidas concretas (becas, proyectos de
investigación) la participación de mujeres jóvenes en la ciencia (para ello sería necesario con-
31. La popularmente conocida como ‘Ley Villar-Palasí’ estableció la educación mixta en toda la educación no universitaria. (Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, promulgada el 4 de agosto de 1970, BOE 187 de 6 de agosto de 1970). Dicha Ley fue precedida por un amplio estudio presentado como Libro Blanco cuyo título concreto era La educación en España. Bases para una política educativa (Ministerio de Educación. Madrid, 1969).
32. Apenas llegan al 30%. Véase el Informe de fECYT, Mujer y Ciencia.
33. Por qué en áreas ‘típicamente femeninas’ como la medicina se dan esas ausencias descaradas en ciertas cátedras sería merecedor de otro análisis, que no tenemos tiempo de desarrollar aquí.
33
cienciar a las mujeres que ocupan puestos relevantes para que presten su apoyo a la promoción
de las jóvenes investigadoras y les sirvan de modelos de referencia). Y también es urgente crear
mecanismos de conciliación entre la vida profesional y la privada – horarios flexibles, servicios
sociales públicos para el cuidado de las personas dependientes, medidas fiscales, etc.– que
permitan el desarrollo de una vida personal rica y plena para mujeres y hombres por igual.
Solo así podremos lograr un sistema de I+D+i universal, que incorpore a los mejores sin
distinción de sexo, y que contribuya a solucionar los problemas que tenemos que enfrentar en
este siglo. Porque cada vez es más importante orientar los sistemas de ciencia y tecnología hacia
las necesidades de las poblaciones, pero de toda la población, no de ciertos grupos, de forma
que propicie un desarrollo social integral de los países en el que también sea atendida la de-
manda social sin valor de mercado; y abrir las política públicas sobre ciencia y tecnología a las
sensibilidades y opiniones de toda la ciudadanía afectada e interesada, de forma que se facilite
la viabilidad práctica de la innovación y se profundice en la democratización de los sistemas.
La generación y desarrollo de ese conocimiento científico y tecnológico necesita una serie de
recursos financieros y humanos. El nivel de desarrollo científico y tecnológico de un país es me-
dido, entre otras cosas, por los recursos de todo tipo destinados a la investigación, que permitan
obtener y promover nuevos descubrimientos y trabajos científicos. Pero de nada sirve todo ello,
si se pierde en el camino un porcentaje importante de recursos humanos y si esas experiencias
no son compartidas con la sociedad o esta no es consciente de la importancia para su bienes-
tar. Son aspectos de un mismo desafío, el de la sensibilización, orientación y apertura social de
la ciencia y la tecnología, que no debemos descuidar.
34
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36
JUDITH SUTz unIDAD ACADémICA DE lA COmIsIón sECTORIAl DE InvEsTIGACIón CIEnTÍfICA,
unIvERsIDAD DE lA REpúblICA
Es uruguaya, culminó sus estudios de Ingeniería Eléctrica y obtuvo un máster en Planificación del Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela; es Doctora en Socio-Economía del Desarrollo, Universidad de París 1. Profesora titular y coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Univer-sidad de la República, es responsable del curso Ciencia, Tecnología y Sociedad de la facultad de Ciencias Sociales; ha sido docente en Argentina, Venezuela, El Salvador, Cuba, España y Suecia. fue secretaria de Ciencia y Tecnología de CLACSO y miembro del Grupo sobre Ciencia, Tecnología e Inno-vación del Proyecto Metas del Milenio. Integra los Consejos Editores de Research Policy, Revista Iberoame-ricana de Ciencia, Tecnología y Sociedad y Science and Public Policy; evalúa proyectos para IDRC (Canadá) y NSf (EEUU). Pertenece a la World Academy of Arts and Sciences. Trabaja sobre la investigación y la innovación en el subdesarrollo y sobre la universidad y sus transforma-ciones, particularmente en América Latina; se ha centrado recientemente en analizar la vinculación entre políticas de innovación y políticas sociales. Sus publicaciones recientes incluyen: “Relaciones Universi-dad-Empresa en América Latina”, en Sebastián, J. (Ed.), Claves del desarrollo científico y tecnológico de América Latina, Siglo XXI, 2008; con Arocena, R., Subdesarrollo e innovación: navegando contra el viento, Cambridge University Press, 2003 e “Integrating innovation policies and social policies: a strategy to embed science and technology into development processes”, IDRC, 2006; con Srinivas, S., “Developing countries and innovation. Searching for a new analytical approach”, Technology in Society, Vol. 30, Issue 2, 2008; con Bianco, M., “Las formas colectivas de la investigación universitaria”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Volumen 2, Nº 6, 2005; con Arocena, R. y Bortagaray, I., Reforma Universitaria y Desarrollo, Montevideo, 2008.
37
CIEnCIA, TECnOlOGÍA, InnOvACIón E InClusIón sOCIAl: unA AGEnDA uRGEnTE pARA unIvERsIDADEs Y pOlÍTICAs.1
juDITh suTz
1. la desigualdad como desafío mayor para el desarrollo
Las divergencias en términos de desarrollo entre países que mostraban similitudes sig-
nificativas 100 años atrás, por ejemplo Escandinavia y el Cono Sur de América Latina, han sido
atribuidas a los diferentes niveles de equidad alcanzados por dichas sociedades (Lindgarde y
Tylecote, 1999). El desarrollo no es posible en presencia de desigualdades extremas y en au-
sencia de esfuerzos sostenidos para fortalecer la acumulación de capacidades de producción
y utilización de conocimientos y de innovación. Más aun, el desarrollo aparece esquivo si la
búsqueda de equidad está divorciada de los esfuerzos de innovación. Esta lección no viene
solo del pasado sino también del presente: “Algunas de las ‘historias exitosas’ más visibles de
la globalización –incluyendo a China e India– están fallando en convertir la creación de riqueza
y el crecimiento de los ingresos en una rápida disminución de la mortalidad infantil. Una pro-
fundamente enraizada desigualdad en el desarrollo humano está en el corazón del problema”
(UNDP, 2005: 4; traducción propia). Hace ya más de quince años, el enfoque de los sistemas
nacionales de innovación, al referirse a las políticas, indicaba que uno de los prerrequisitos más
importantes para alcanzar sociedades innovadoras era avanzar hacia sociedades más justas
(Dalum et ál., 1992).
América Latina ha sido y continúa siendo la región más desigual del mundo. Hace no
mucho tiempo, el secretario ejecutivo de la CEPAL indicaba que la desigualdad había derrota-
do todos los intentos por disminuirla, lo que dificultaba la lucha contra la pobreza a la vez que
fragmentaba la sociedad a un extremo que comprometía la democracia. En un bien conocido
artículo, fernando fajnzylber (1990) proponía una matriz de cuatro por cuatro, en la que los
niveles de desigualdad se combinaban con la rapidez o lentitud del crecimiento.
1. Este trabajo recoge fundamentalmente el contenido del capítulo homólogo en el libro de Arocena, Bortagaray y Sutz Reforma Universitaria y Desarrollo, 2008. Toma también contenidos de Arocena, R. y Sutz, J. (2006c) “Integrating Innovation Policies with Social Policies: A Strategy to Embed Science and Technology into Development Processes”, Documento de Trabajo, IDRC, accessible en: http://www.idrc.ca/uploads/user-S/11707787161Final_Sutz_May062 y de Sutz, J. (2007) “Ciencia, tecnología, innovación e inclusión: una cuestión de agendas” en Ciencia, Tecnología y Vida Cotidiana: Reflexiones y Propuestas del Nodo Sur de la Red POP.
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El “CAsIllERO vACÍO” DE fERnAnDO fAjnzYlbER
La combinación entre crecimiento rápido y desigualdad baja abre camino a un desarro-
llo humano autosustentable: la caracterización negativa que hacía fajnzylber de dicha combi-
nación en América Latina, el casillero vacío del desarrollo de la región, es así particularmente
elocuente.
Es difícil discernir qué está pasando con ese casillero a partir de las transformaciones en
curso en América Latina; las apreciaciones recién mencionadas del secretario ejecutivo de la
CEPAL no son optimistas. Por otra parte, vastas regiones de áfrica y de Asia siguen teniendo
vacío dicho casillero. Pero es también cierto que algunos procesos relativamente recientes de
desarrollo se han ubicado precisamente allí: de ninguna manera puede afirmarse que la des-
igualdad persistente es el inevitable compañero de ruta del crecimiento económico. finlandia
y Corea del Sur son ejemplos recientes exitosos de Desarrollo Humano. Sus capacidades de
innovación son grandemente admiradas; es bien conocido también que se trata de sociedades
relativamente igualitarias. Por ejemplo, la relación de ingresos entre el 20% más rico y el 20%
más pobre de la población era en 2004 26,4 en Brasil, 10,4 en Uruguay, 8,4 en USA, 4,7 en
Corea del Sur y 3,8 en finlandia. Se considera que la desigualdad es alta cuando el Índice Gini
está por encima de 50. El Índice Gini global para el mundo era hace pocos años 67, siendo 59,3
para Brasil, 44,6 para Uruguay, 31,6 para Corea del Sur y 26,9 para finlandia. (UNDP, 2005).
Análisis cuantitativos confirman así lo que estudios cualitativos sugieren: tanto finlandia como
Corea del Sur impulsaron sus capacidades de innovación y se preocuparon por disminuir sus
niveles previos de desigualdad, de forma tal que ambos procesos se reforzaron mutuamente.
Este último aspecto es fundamental: la disminución de la desigualdad en base exclusiva-
mente a políticas sociales específicas no es sustentable en el largo plazo, más allá de su impor-
tancia crucial en el corto y mediano plazo. Las políticas sociales deben también fortalecer las
capacidades para hacer cosas nuevas, para integrar las nuevas tecnologías a la vida cotidiana,
para colaborar a resolver los problemas más apremiantes de la población haciendo el mejor uso
posible del conocimiento. A este tipo de proceso de incremento de la igualdad, cuya sustentabi-
lidad mejora notoriamente a través del incremento de las capacidades, lo denominamos igual-
dad pro-activa, justamente porque permite la esquiva aparición de los círculos virtuosos en que
innovación e igualdad se refuerzan mutuamente.
Uruguay
Crecimiento rápido Crecimiento lento
desigualdad alta
desigualdad baja
Mayoría de paísesBrasil, Chile, México,
Casillero vacío¿Se perciben cambios?
39
No siempre ocurre esto último. Algunos estudiosos de la difusión de innovaciones conocen
bien el fenómeno contrario: varios de los especialistas en innovación “no le han prestado dema-
siada atención a las consecuencias de la innovación. Han estado particularmente desatentos
frente a la cuestión de cómo los beneficios socioeconómicos de las innovaciones se distribuyen
en el sistema social. Cuando el tema desigualdad se ha investigado específicamente, frecuen-
temente se ha encontrado que la difusión de innovaciones ensancha la brecha socioeconómi-
ca entre los segmentos más altos y más bajos del sistema” (Rogers, 1995: 125). Más aun: “Si
la estructura de un sistema es ya muy desigual, lo más probable es que cuando se introducen
innovaciones (especialmente si se trata de innovaciones de alto costo) las consecuencias se ex-
presen en mayor desigualdad bajo la forma de brechas socioeconómicas ensanchadas” (Rogers,
1995: 436). focalizando en áfrica, pero con validez general, se ha afirmado que “en sociedades
altamente desiguales y dualizadas, las relaciones entre ciencia y negocios a lo más que pueden
contribuir es a bolsones aislados de excelencia” (Lorentzen, 2004: 10).
Amartya Sen, por su parte, plantea una relación sugerente entre pobreza, capacidades
y desigualdad: “La pobreza puede ser vista como la privación de capacidades. La exclusión
social, entonces, puede ser una parte constitutiva de la privación de capacidades a la vez que
una causa instrumental de que se malogren diversas capacidades. (...) Estar excluido de faci-
lidades o beneficios comunes que otros tienen constituye ciertamente un impedimento signi-
ficativo que empobrece la vida que los individuos pueden llevar adelante. Ningún concepto de
pobreza será satisfactorio si no toma adecuada nota de las desventajas que provienen de ser
excluido de oportunidades que otros comparten y disfrutan” (Sen, 2000b: 11, 50). Así, es por
demás evidente que el acceso diferencial a las oportunidades que muchos comparten y disfru-
tan y otros no, derivadas del avance del conocimiento y su aplicación a los más diversos tipos
de innovaciones, es una fuente mayor de desigualdad y, por eso mismo, de empobrecimiento
relativo de la calidad de vida. Esta desigualdad y este empobrecimiento no pueden paliarse ex-
clusivamente con políticas sociales, pues su origen está en el no acceso a formas de disfrute
que a las políticas sociales en países pobres se les hace muy difícil proveer, desde igualdad en
el acceso a servicios médicos de la más alta calidad hasta igualdad en las oportunidades que el
cambio técnico abre en las más diversas esferas de la vida cotidiana.
En el Seminario Internacional organizado por la UNESCO en Montevideo en marzo de
2008, sobre Ciencia, Tecnología, Innovación e Inclusión Social, el científico cubano Vicente Vé-
rez-Bencomo, quien lograra la primera vacuna sintética del mundo contra la bacteria del Hae-
mophilus influenzae tipo b, comentaba que dicha vacuna producida biológicamente tenía un
costo de 100 dólares por niño para las tres inoculaciones necesarias para la inmunización. En
contraste, en la mayor parte de los países pobres, cada niño cuenta con un dólar para el con-
junto de su esquema de vacunación. La exclusión del acceso a la vacuna biológica no puede
ser paliada con dinero: es simplemente demasiado caro. En este caso, como en tantos otros, la
igualdad debe ser buscada directamente a través de la investigación y la innovación. La relación
positiva entre equidad e innovación no es por tanto automática: requiere un abordaje específico
que ayude a vincularlas de dicha forma.
40
2. sobre equidad e innovación
Se escucha a menudo que el verdadero problema es la extrema pobreza, no la desigualdad.
Que lo primero es grave lo sabemos todos. Que lo segundo incide negativamente sobre lo pri-
mero no es menos cierto:
“En primer lugar, en sociedades más igualitarias hay menos pobreza. La responsabilidad
de apoyar a los niños y jóvenes pobres es por tanto menos pesada, y las controversias que ro-
dean la noción de ayuda a los que no la merecen tienden a no aparecer. Los problemas sociales
de los pobres son vistos así mucho más como los problemas sociales de los temporalmente po-
bres, una categoría en la cual mucha gente puede imaginarse a sí misma, por ejemplo a través
de la pérdida del empleo. Hay por lo tanto un gran y amplio apoyo para lo que no es, en cualquier
caso, una responsabilidad demasiado grande o demasiado cara. Los programas de transferencia
pueden llegar ser lo suficientemente generosos como para difuminar la distinción entre pobres
y clase media, y así el estigma de la pobreza va desapareciendo. En segundo lugar, en las so-
ciedades más igualitarias hay menos gente rica. En una sociedad de amplia base igualitaria, la
proporción de aquellos que optan por salirse de los servicios públicos, de aquellos para los que
los planes de pensiones son financieramente insignificantes, deviene una franja políticamente
irrelevante. Sin embargo, a medida que la sociedad se polariza, los ricos desarrollan un ethos
propio, el ethos de un individualismo exagerado, de independencia del estado y de rechazo de
las instituciones públicas” (Galbraith, 2000: 15, traducción nuestra).
Ahora bien, ¿cómo se relacionan desigualdad e innovación? Algo ya fue mencionado an-
tes. Como lo dice con claridad el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “a pesar
de sus altamente visibles logros, el alcance de la globalización y de los avances científicos se
queda corto para terminar con los sufrimientos innecesarios, las enfermedades debilitantes y
la muerte por enfermedades prevenibles que trunca las vidas de los más pobres del mundo”
(UNDP, 2005: 19). Es decir, es detectable una brecha entre ciencia, tecnología, innovación y
disminución de la desigualdad en aspectos sumamente básicos de la vida. La percepción de esta
brecha ha llevado a apreciaciones y reacciones diversas. Están, por una parte, los que insisten
en los aspectos redistributivos, amén de focalizados, de las políticas sociales: para esta postura
el centro de la atención está en cómo pagar la cuenta de dichas políticas en sociedades donde
la pobreza, sumada a la desigualdad, constituyen problemas de gran envergadura. La innovación
es vista desde esa perspectiva como herramienta fundamentalmente dirigida a la competitividad
empresarial y, a través de ella, a la creación de riqueza que permita, luego, el financiamiento de
las políticas sociales necesarias. Quizá la innovación acreciente la desigualdad, pero si en esa
carrera corre más rápido la creación de riqueza se podrán paliar los “inevitables efectos negati-
vos del progreso”. En una postura diametralmente opuesta se ubican los “alterglobalizadores”,
para los cuales los avances científicos y tecnológicos, con la notoria excepción del software li-
bre, constituyen mecanismos que sirven fundamentalmente a poderosos intereses económicos
y muy poco hacen, más bien al contrario, por mejorar las condiciones de vida de las mayorías,
sobre todo en los países subdesarrollados.
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Planteadas así las cosas, parecería que hubiera poco margen para impulsar la investi-
gación y la innovación como herramientas directas contra la desigualdad. Quizá el margen sea
pequeño, pero no es imposible ensancharlo. Para avanzar en esa dirección hay al menos dos
aspectos a examinar: por qué se produce la brecha entre ciencia, tecnología, innovación y una
mayor equidad social y qué tipo de políticas podrían disminuirla.
El primer aspecto conduce a identificar dos componentes de la brecha aludida. Por una
parte está el “componente agenda”; por otra está el “componente acceso”. El primero tiene que
ver con la dirección de los esfuerzos en materia de investigación e innovación; el segundo tiene
que ver con soluciones a problemas a las cuales solo comparativamente pocos tienen acceso.
La forma en que el componente agenda agranda la brecha ha sido denunciada en múltiples
ocasiones, muy en particular por organizaciones no gubernamentales en el área de la salud,
como Médicos sin fronteras, quienes estimaban que entre 1975 y 1999 solo 15 nuevas drogas
se habían desarrollado para enfrentar enfermedades tropicales, mientras fueron 170 las desa-
rrolladas para atacar enfermedades cardiovasculares en el mismo período (Thorsteinsdóttir et
ál., 2004b: 4). Esta situación puede inclusive ser vista como un severo fracaso de la ciencia para
poner todo su eventual poderío al servicio de la sociedad, un fracaso que tiene su origen no en
la dificultad intrínseca de la tarea emprendida sino en consideraciones de mercado. Por dar solo
un ejemplo, cuando luego de extensas consultas con autoridades de salud pública africanas
se definió un proyecto de investigación e innovación para lograr una vacuna conjugada contra
la meningitis que costara no más de un dólar la dosis, ninguna multinacional farmacéutica se
mostró interesada, siendo que probablemente fueran quienes más experiencia y capacidad de
llevar a cabo el proyecto tenían. finalmente una triangulación entre la Organización Mundial de
la Salud, una organización dedicada a articular esfuerzos diversos en pro de la innovación en
salud (PATH, Program for Appropriate Technology in Health) y un productor innovador en un
país en desarrollo desarrollaron con éxito el proyecto. (Morel et ál., 2005).
El componente acceso de la brecha entre ciencia, tecnología innovación y equidad pue-
de también ser visualizado a partir del ejemplo anterior. Naturalmente, si una solución existe,
aunque sea muy cara, siempre podría argumentarse que es cuestión de encontrar las formas
de financiar su acceso. Los recursos necesarios para ello suelen ser tan altos, sin embargo, que
pueden volver quimérica dicha argumentación: “Proveer una cobertura básica de salud en paí-
ses de bajos ingresos tiene un costo estimado de entre 30 y 40 dólares per cápita. En la mayor
parte de áfrica dicho gasto es menos que 6 dólares per cápita” (UNDP, 2005: 63). Lo cierto es
que soluciones en materia de salud o de las más diversas infraestructuras que no son accesi-
bles para una gran proporción de la población mundial configuran un componente mayor de la
brecha de la que venimos hablando. Vale la pena anotar que enfrentar el componente acceso
revierte nuevamente sobre el componente agenda en la búsqueda de soluciones verdaderas,
necesariamente distintas de las “canónicas”.
Ahora bien, ¿en qué espacios de la política pública podrían diseñarse mecanismos dirigi-
dos a angostar sistemáticamente la brecha que separa conocimiento y equidad?
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3. sobre la integración (o mixtura) entre políticas de innovación y políticas sociales
Las políticas efectivas de innovación incluyen la habilidad para promover eslabonamientos e
interrelaciones entre diferentes actores, de modo que cada uno de ellos pueda aprovechar una
oferta distribuida de capacidades diversas. El enfoque de los Sistemas de Innovación es parti-
cularmente útil en el diseño de políticas de innovación efectivas precisamente porque insiste en
la importancia de los actores, las instituciones y sus relaciones mutuas. De esta forma, ayuda a
identificar el amplio espectro de personas y organizaciones vinculadas de una forma u otra con
la innovación, sus demandas y objetivos, sus capacidades, sus debilidades, el tipo de relaciones
de cooperación y conflicto que mantienen. Esta identificación es un paso clave para el mapeo
de los vínculos existentes y faltantes entre todos esos actores y organizaciones, lo que a su vez
constituye una guía importante para el diseño de políticas.
La fragilidad de los sistemas de innovación en el subdesarrollo –si es que corresponde ha-
blar realmente de tales– hace difícil el diseño de políticas efectivas, lo que a su vez compromete
la reversión de dicha fragilidad. Es por ello que un enfoque centrado en actores e instituciones
puede colaborar a fijar la atención en las partes menos densas del tejido social de innovación y
concentrar esfuerzos allí, colaborando así a contextualizar los instrumentos de política y a ha-
cerlos potencialmente más exitosos.
Una de las áreas donde puede registrarse con mayor claridad la mayor o menor fortaleza
de sistemas nacionales de innovación socialmente orientados es la política de compras tec-
nológicas del Estado, siendo un caso paradigmático el de la salud. Lo que sucede al respecto
puede observarse también en la orientación de las agendas de investigación académica, en los
sistemas de evaluación universitarios, en los incentivos a la formación de nuevas empresas de
base tecnológica. No hay un lugar específico que concentre “lo que hay que hacer” para avan-
zar hacia sistemas de innovación de ese tipo, aunque la capacidad para impulsarlo descansa
fuertemente en la política pública. Hacen falta nuevas instituciones, particularmente aquellas
cuya misión es la sistemática identificación de las demandas sociales y la traducción de dicha
demanda en proyectos de innovación. Pero también hacen falta nuevas actividades en institu-
ciones existentes; alcanza con pensar cómo debería modificarse el sistema de apoyo financiero
a emprendimientos productivos para asegurar que propuestas de alto riesgo, como seguramente
serán las que atiendan demandas sociales, no se asfixien por falta de recursos.2
La innovación endógena es generalmente un proceso vulnerable en países en desarrollo;
innovaciones socialmente orientadas, o innovaciones que pueden ser más importantes desde una
perspectiva social que en relación a otras consideraciones, serán probablemente al menos igual
de vulnerables. Puede sugerirse la idea de “políticas de jardinería” como una orientación –o una
inspiración– para las políticas de innovación en el subdesarrollo (Arocena y Sutz, 2004). Esta
idea da lugar de forma bastante directa a orientaciones de política. Un buen jardinero detecta,
protege y promueve las mejores plantas de su jardín: en el jardín de la innovación esto significa
(1) fortalecer las oportunidades para aprender y (2) estimular la demanda por conocimiento. La
búsqueda de una compatibilidad ecológica en el jardín lleva a (3) promover las articulaciones y
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los relacionamientos. Tomar en cuenta el conjunto del jardín significa (4) impulsar participación
y construcción de consensos en torno a ciencia, tecnología e innovación. Anticipar qué futuros
problemas y qué tipo de oportunidades presenta el jardín lleva a (5) prestarle especial atención
a los aspectos prospectivos de ciencia, tecnología e innovación.
La idea de políticas de jardinería puede ser aun más fructífera si se relaciona a la integra-
ción de políticas de innovación con políticas sociales. Tres aspectos debieran ser considerados
en este caso. En primer lugar, es importante evitar procesos de des-aprendizaje en aquellas in-
novaciones socialmente orientadas, es decir, fracasos en la acumulación de capacidades para
identificar demandas sociales y llevar adelante innovaciones con el fin de satisfacerlas.2 Las
experiencias concretas de este tipo suelen ser frágiles: las políticas de jardinería tienen muy
claro que las especies frágiles deben ser protegidas. Todos los países pueden exhibir ejemplos
de la importancia de contar con políticas de jardinería para evitar procesos de des-aprendizaje
asociados con la innovación.
Un proceso de ese tipo ocurrió en el Uruguay en la década de 1980 con la industria de las
telecomunicaciones, cuando las capacidades acumuladas para diseñar y producir dispositivos
de última generación y pequeño porte, inexistentes en el mercado mundial, fueron frenadas por
la decisión de comprar llave en mano la digitalización del sistema de telefonía fijo. Nos volvió
a ocurrir en al década de 1990 con la biotecnología a partir de la decisión de prohibir la mani-
pulación del virus vivo de la aftosa, aunque en este caso, a pesar del desmantelamiento de esa
actividad biotecnológica particular, las capacidades pudieron preservarse, entre otras cosas por
la energía y compromiso de iniciativas privadas. Si pensamos en innovaciones dirigidas a las pro-
blemáticas de poblaciones con grados variables pero siempre importantes de exclusión social,
donde la mediación de la política pública resulta clave para transformar dichas problemáticas
en demanda efectiva, la fragilidad de las innovaciones se hace patente. Ha pasado una y otra
vez que consideraciones de costo, a menudo proveniente de prácticas comerciales desleales,
han cortado de cuajo procesos de aprendizaje y de acumulación de capacidades con enorme
potencial de servir a la inclusión social no solo en el corto sino en el mediano y largo plazo.
El ejemplo de Biobras, empresa brasileña productora de insulina recombinante, puede
mencionarse en este sentido, pues fue vendida a una de las más importantes transnacionales
farmacéuticas luego de que esta ganara por centavos una licitación pública de compra de me-
2. El concepto de des-aprendizaje fue introducido en Arocena y Sutz, 2000b. Luego de algunas rondas de discusiones se vio que era un concepto susceptible de ser confundido con otros dos, “olvido” y “sustitución de aprendizaje” (forget-ting y unlearning), acepciones que eran completamente diferentes, por lo que vale aclarar su alcance. “Es importante aclarar rápidamente que el concepto de des-aprendizaje no tiene nada en común con el de “olvido” tal como Johnson lo presenta: ‘Es posible que el rol del olvido en el desarrollo de nuevo conocimiento haya sido subestimado. El enorme poder de los hábitos de pensamiento en la economía constituye un riesgo permanente de bloqueo de procesos de aprendizaje potencialmente fértiles’ (Johnson, 1992: 29). Des-aprender no es una forma de olvidar en el sentido de hacerle lugar a nuevos pensamientos. Tampoco debe ser confundido con el concepto de “sustitución de aprendizaje” tal como lo presenta Loasby: ‘El cambio exitoso puede ser difícil. Cambiar a un nuevo sistema cognitivo siempre es costoso, especialmente cuando el cambio requiere crear nuevas vinculaciones con los sistemas cognitivos de otra gente que están siendo reestructurados simultáneamente. Cada organización bien establecida tiene sus propias instituciones familiares, que pueden haber pasado a ser parte de su identidad. Sustituir aprendizajes puede ser difícil tanto cognitiva como emocionalmente’ (Loasby, 2000: 13). Des-aprender es una ‘pérdida pura’, no buscada: simplemente se hace que ocurra, sin dar siquiera un segundo pensamiento a sus consecuencias. Des-aprender es la leyenda de Sísifo del proceso de desarrollo, un fenómeno que no es fácil de reconocer en el ‘centro’, porque allí no es tan habitual, pero a pesar de ello bien real y con consecuencias por cierto serias” (Arocena y Sutz, 2000b: 21).
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dicamentos. Una política de jardinería hubiera al menos puesto en la balanza de la decisión lo
que un país subdesarrollado pierde cuando se cierra una ventana de oportunidad para ejercer
al máximo nivel la creatividad en la solución de problemas que afectan directamente la calidad
de vida de la mayoría de la población.
Un segundo paso en las políticas de jardinería es pasar de la protección de los nuevos
emprendimientos al estímulo a los emprendimientos nuevos. Hay que inventar políticas especí-
ficamente dirigidas a vincular cuestiones sociales con proyectos de innovación e incorporarlas a
otras, de tipo más general –políticas de ciencia y tecnología, políticas productivas y de servicios,
políticas sociales, políticas de salud, de vivienda, de educación–, de modo de que estas últimas
integren progresivamente dichas vinculaciones a su manera de pensar y de actuar. Esto implica
la necesidad de una buena dosis de desarrollo político sofisticado, siempre referido a cada con-
texto específico: las nuevas posibilidades que cada jardín tiene merecen la mayor atención.
Para Amartya Sen la mejor manera de entender el desarrollo es a través de la expansión
de las capacidades de la gente (Sen, 1984: 510). Esta “perspectiva puede ser usada no sola-
mente para evaluar la igualdad sino también la eficiencia” (Sen, 1995: 143), porque “las liber-
tades no solo son los fines primeros del desarrollo, son también sus principales medios” (Sen,
2000a: 10).
Siguiendo esta manera de mirar las cosas, el enfoque de las políticas de jardinería su-
giere, como un tercer paso, estrategias “de abajo hacia arriba”. El punto de partida está dado
por los vínculos, las sinergias y los circuitos existentes que conectan la demanda social con la
innovación. Estos pueden ser considerados como lecciones que surgen del espesor de la socie-
dad acerca de cómo integrar preocupaciones sociales con iniciativas innovadoras, en contextos
poco amistosos para estas aventuras como lo son los países subdesarrollados. Necesitan ser
cuidadosamente identificados, pues merecen la misma atención que un jardinero prodigaría a
sus flores. Así, un sistema nacional de innovación orientado socialmente puede ser visto como
formado, desde abajo, por la multiplicación y la interconexión de experiencias concretas que
mixturan preocupaciones sociales con esfuerzos de innovación. Por eso, detectar, proteger y
promover esas experiencias resulta central, además de un buen punto de partida, para desa-
rrollar políticas de ciencia, tecnología e innovación entretejidas con políticas sociales orientadas
por las preocupaciones propias de las “políticas de jardinería”.
Una manera similar de plantear este tipo de diseño de políticas ha sido propuesto desde
perspectivas que afirman lo siguiente: las necesidades de los más pobres y/o de los más ale-
jados en su cotidianidad del universo cognitivo de la ciencia occidental pueden sin embargo
beneficiarse enormemente de ella siempre que la cuestión se enfoque de forma adecuada. Es
decir, no se trata de “tecnologías apropiadas” en tanto descartan los últimos avances científicos
y tecnológicos por estar fuera de la comprensión de sus eventuales usuarios, sino del inmenso
esfuerzo de poner dichos avances al servicio de dichos usuarios de forma de integrar, en una
química por demás compleja, lo que saben todos los participantes en el proceso. Una experiencia
de trabajo de más de veinte años en esta dirección, centrada sobre todo en biotecnología agra-
ria, viene de Holanda. Allí Joske Bunders desarrolló una metodología denominada el “enfoque
interactivo de abajo-arriba”. Este enfoque busca superar la falta de interacción y de intercambio
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de información que dificulta la toma efectiva de decisiones en biotecnología dirigida en forma
directa a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de pequeños y pobres productores
rurales. Muchos estudios se han hecho sobre los a menudo descorazonadores resultados de
la bioinnovación dirigida a dichos actores, y muchos errores fueron identificados. “El obstáculo
más crítico al éxito en la generación y adopción de nuevas tecnologías parecería ser la ausencia
de comunicación y cooperación entre los varios grupos y tipos de personas cuya contribución
es esencial: granjeros, científicos, hacedores de políticas, extensionistas y otros, como el sector
privado” (Bunders, 1994: 154). Es particularmente difícil reconocer y tomar en cuenta lo que
los usuarios finales saben: “...es necesario prestarle mayor y sistemática atención al método para
identificar los problemas de los granjeros de pequeña escala, a los intereses y al poder políticos
de los diferentes grupos involucrados y evaluar lo apropiado, lo factible y lo sustentable de la
solución biotecnológica que se propone. El ‘enfoque interactivo de abajo-arriba’ está designado
para cumplir esos criterios, para evitar el ‘empuje desde la tecnología’ y para incluir las opinio-
nes y organizar el apoyo no solo de los científicos sino también de los usuarios finales y de las
organizaciones que los representan y/o trabajan con ellos” (Bunders, 1994: 163).
La investigación es solo un paso en el complejo proceso de lograr un matrimonio bien
avenido y duradero entre conocimiento y desarrollo, pero es un paso muy importante. Sin em-
bargo, investigación es un concepto que admite varios sentidos y diferentes actitudes, y no todos
resultan apropiados para potenciar al máximo la obtención de resultados útiles en los procesos
de desarrollo. Bunders (1994: 158) propone una expresión hermosa y desafiante: “La investi-
gación tiene que ser la partera del desarrollo”.
Muchos ejemplos hay de partos de este tipo; muchos más son posibles; todavía más son
necesarios. La pregunta entonces es cómo avanzar hacia allí. Políticas de innovación pensadas
como políticas sociales, el amplio espectro de las políticas sociales pensadas también como
políticas de innovación, la búsqueda permanente de vínculos directos entre investigación e in-
novación dirigidos a la solución de problemas planteados a nivel de la vida cotidiana de la gente:
hay allí un camino a recorrer con tanto cuidado como determinación. En el apartado que sigue
se amplía esta perspectiva.
4. la vida cotidiana como punto de partida de la agenda de ciencia, tecnología e innovación
4.1. vida cotidiana e innovación
Las necesidades cotidianas han sido, desde siempre, origen de demandas a la innovación. La
primera patente de invención otorgada desde la metrópolis inglesa a su colonia norteamerica-
na a comienzos del siglo XVIII fue a un soporte de doble plancha para carbón que permitía que
una plancha se calentara mientras la otra se utilizaba; la patente fue jurídicamente otorgada al
marido de la inventora, porque en aquel entonces las mujeres no podían ser titulares legales de
propiedad intelectual. La relación inmediata entre necesidad cotidiana e innovación fue relegada,
con el tiempo, a tecnologías relativamente simples en comparación con el estado del arte, debido
46
a una doble mediación entre necesidades y soluciones. La primera mediación está asociada al
creciente papel que el conocimiento científico juega en la capacidad tecnológica de resolución
de problemas; la segunda mediación es la del mercado, que de manera crecientemente abar-
cadora, aunque con eficiencia variable, articula necesidades con soluciones.
El carácter basado no solo en la ciencia “asentada” sino en la ciencia reciente e incluso
muy reciente de buena parte de la tecnología que atiende demandas provenientes de la vida
cotidiana –por solo señalar un área, piénsese en la salud– presenta dos caras. Por una parte,
dota a la innovación de base científico-tecnológica de una potencia y alcance que permite, even-
tualmente, encontrar respuestas mucho mejores a los problemas planteados. Por otra parte,
da lugar a procesos de especialización institucional y cognitiva que separan a quienes tienen
la necesidad de quienes tienen las mejores herramientas de conocimiento para satisfacerlas.
Esta separación puede volverse muy amplia, tanto como para que ciertas necesidades terminen
por resultar invisibles, sobre todo si provienen de sectores con dificultades para hacer escuchar
su voz. La cuestión de la agenda de ciencia, tecnología e innovación plantea así una primera
serie de preguntas: ¿cómo llegan a formularse las demandas?, ¿cómo llegan a ser conocidas?,
¿cómo llegan a ser traducidas en términos científico-tecnológicos? La separación recién aludi-
da tiene también otra manera de manifestarse sobre la agenda, justamente porque el posible
diseñador de soluciones se desenvuelve en una esfera institucional –sea la académica, sea la
empresarial– que genera su propio sistema de estímulos y demandas. Así las cosas, otra pre-
gunta: ¿cómo llegan demandas provenientes de la vida cotidiana a integrarse en el conjunto de
preocupaciones, objetivos y planes de trabajo, es decir, agendas, de quienes apuntan de formas
diversas a la innovación?
El mercado puede dar respuestas por demás eficientes a estas preguntas en algunos ca-
sos, al igual que puede mostrase incapaz de proveer alguna en otros. Hay demandas que, pa-
rafraseando una expresión de uso común en ciertos enfoques sobre la innovación, convergen
“naturalmente” con trayectorias tecnológicas, como por ejemplo, dispositivos electrónicos más
pequeños, más versátiles, más potentes, más baratos; hacia allí van demanda y tecnología, efi-
cientemente articuladas a través del mercado. Hay en cambio necesidades y demandas que,
aun existiendo capacidades cognitivas para buscar soluciones, no llegan a integrarse a agen-
das concretas de trabajo y terminan resultando invisibles para investigadores e innovadores, en
buena medida porque empiezan siendo invisibles para el mercado.
Quizá pueda acordarse, entonces, que la cuestión de la agenda –qué le llega y qué no, qué
escucha y qué no, qué integra y qué no, con sus respectivos porqué– resulta importante para
entender y actuar sobre las relaciones entre vida cotidiana y ciencia, tecnología e innovación.
En lo que sigue se intentará abordar esta cuestión desde tres perspectivas: (i) la de quienes in-
vestigan e innovan, es decir, implementan la agenda; (ii) la de quienes buscan influir a nivel de
las políticas en cómo se define la agenda, y (iii) la de quienes, desde ámbitos diversos, procuran
que las demandas derivadas de la inclusión social estén presentes.
47
4.2. Agentes y agendas: la orientación de las búsquedas desde adentro
Los agentes por excelencia de la producción de conocimiento son los investigadores. Ello no
implica en absoluto que no haya otros agentes que produzcan conocimiento de variadas for-
mas, aunque los investigadores tienen la particularidad de ser profesionales de dicha produc-
ción –esta constituye su actividad intelectual, y generalmente también económica, principal–.
La agenda de investigación es definida en parte por quienes investigan –dependiendo de los
niveles de autonomía que hayan llegado a adquirir en las instituciones en que trabajan– y en
parte también por un conjunto diverso de factores que incluye los recursos disponibles, las exi-
gencias de la evaluación académica o la decisión empresarial, lo que hacen otros con los que
se interactúa, entre varios más.
La vida cotidiana puede llegar a hacerse presente en la agenda de investigación a tra-
vés de dos tipos de demandas. Uno tiene que ver con problemas a resolver; otro, más difuso,
está relacionado con la formación de opinión. Cuando nos referimos a “vida cotidiana” estamos
pensando en cuestiones asociadas a la salud, la nutrición, el hábitat, el transporte, las comu-
nicaciones, las formas en que se aprende, la información de que se dispone, las modalidades
de participación a las que se accede. En términos generales, a los investigadores no les es fá-
cil incorporar estas cuestiones desde la perspectiva directa de la gente; dicha incorporación
suele ocurrir cuando organizaciones o personas canalizan alguna demanda concreta que han
llegado a identificar.
Hay investigadores que reconocen que no es simple mantenerse enterados de a qué tipo
de problemas sería más provechoso que se dedicaran desde una perspectiva social: “Concre-
tamente los investigadores debemos acercarnos a los usuarios para que estos expliciten sus
necesidades específicas... De esta forma, se tiende a optimizar la eficacia de la investigación en
cuanto a su aplicación. Para ello, también es necesario la voluntad de los usuarios de participar
de este proceso”.3 No les falta razón: la distancia entre la vida cotidiana y la realidad de la inves-
tigación es grande, y las aplicaciones derivadas de las capacidades de producir conocimiento
que se hayan desarrollado tendrán tantas más probabilidades de ocurrir cuanto más cerca esté
el investigador del usuario. Pero esa es una tarea tan difícil como necesaria y la pregunta que
cabe hacerse es cómo estimular a que se cumpla. La respuesta no puede ser que ello debe
asegurarse a través de un compromiso individual por parte de los investigadores –averiguar
cuáles son las necesidades, quiénes las tienen, cómo su trabajo puede llegar a traducirse en
soluciones–; mecanismos más institucionalizados parecen necesarios. Una breve historia quizá
ayude a calibrar el problema.
En el Instituto de física de la facultad de Ingeniería de la Universidad de la República,
Uruguay, el grupo de investigación en espectroscopía láser tiene más de quince años de forma-
do. Parte de la tarea de estos investigadores básicos en física experimental consiste en construir
3. Respuesta de un investigador de la Universidad de la República a la encuesta sobre el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, Unidad Académica de CSIC, 2006, http://www.csic.edu.uy/seminarios/doc_final/Anexo%20III.pdf
48
fuentes de luz para llevar a cabo su trabajo. En determinado momento un neonatólogo afín a uno
de los integrantes del grupo plantea que la fototerapia ha probado ser muy adecuada para tratar
la ictericia severa en recién nacidos, pero que los métodos convencionales son muy caros, frá-
giles y de mantenimiento costoso, exigen tiempos largos de exposición y concentran poco la luz
en el espectro útil, con lo cual hay peligro de irradiación en frecuencias no deseadas. Experto
en diseñar fuentes de luz, uno de los miembros del grupo desarrolla una fuente específica te-
niendo en cuenta que entre los atributos deseados está el bajo costo, para asegurar su difusión
en hospitales públicos. Así, busca y desarrolla un sistema de focalización lumínica que logra la
intensidad necesaria a partir de una dotación diez veces menor de los dispositivos digitales en
que se basa el diseño más moderno existente, con el consiguiente abaratamiento del dispositivo.
El resultado final es una innovación –BiliLed,4 patentada, comercializada a nivel nacional y re-
gional– que está siendo usada en varios hospitales del país. Una de las varias moralejas de esta
historia es que la solución se encontró porque hubo quien, reconociendo una demanda de la
vida cotidiana –la disconformidad de médicos y enfermeras de centros de atención neonatal– y
estando al tanto de capacidades potenciales para satisfacerla, quiso y pudo hacer de puente.
La pregunta entonces es cómo diseñar mecanismos para incrementar la probabilidad de
encuentros como este, para que necesidades y demandas que no tienen un mercado nítido a
través del cual emitir señales tengan sin embargo espacios donde expresarse y, también, ser
escuchadas. Si ello pudiera hacerse, la conformación de las agendas de trabajo recogería natu-
ralmente esos nuevos temas: se facilitarían así grandemente las búsquedas desde adentro.
4.3. políticas y agendas: la orientación de las búsquedas desde afuera
Diversas políticas tienen una importante capacidad de incidir en las agendas de ciencia, tec-
nología e innovación. Algunas inciden fundamentalmente a través de las líneas de trabajo que
fijan como prioritarias, pues serán estas a las que se destinarán específicamente fondos públi-
cos. Otras políticas, que pueden incluso no reconocerse como de ciencia, tecnología e inno-
vación por estar ubicadas en ámbitos institucionales con otros nombres y apellidos –política
de salud, de educación, de vivienda, de medio ambiente, de promoción industrial, energética,
de empleo– suelen tener incidencia no menor en la agenda de trabajo de la producción de co-
nocimientos y de la innovación, puesto que constituyen, por acción o por omisión, parte muy
significativa de su demanda.
La pregunta aquí refiere, entonces, a la visualización que los dos tipos de políticas hacen
de la vida cotidiana como sujeto y objeto de sus objetivos e instrumentos. Esta visualización in-
cluye aspectos particularmente complejos asociados a la participación ciudadana en tomas de
posición –por ejemplo en torno a cuestiones éticas o de apreciación sobre riesgos aceptables
en lo energético o lo alimenticio–. Incluye también aspectos vinculados a elementos concretos
4. BiliLed es un término que combina y abrevia “bilirrubina”, la molécula neurotóxica responsable de la ictericia, y “led”, “light emitting diode”, el dispositivo microelectrónico que emite luz: el haz muy concentrado de luz en una frecuencia precisa del espectro del azul permite transformar la molécula de bilirrubina en otra excretable por el organismo.
49
de la vida cotidiana para los cuales ciencia, tecnología e innovación pueden proveer respuestas
si son convocadas adecuadamente.
Ahora bien, la visualización de la vida cotidiana desde una perspectiva de política de cono-
cimiento exige, previamente, percibir, entender, concebir la vida cotidiana en sus relaciones con
el conocimiento: una manera por demás directa de hacerlo es indagar en torno a las demandas
específicas que desde allí se le plantean a políticas de ese tipo. Algunas cuestiones pueden ser
percibidas de forma clara e inmediata. Por ejemplo, en una sociedad donde el gobierno elec-
trónico es visto como un avance sustantivo en el proceso de democratización y donde se busca
hacer avanzar la ciudadanía electrónica, la tensión entre proveer cada vez más información y
proteger la privacidad y el derecho individual a intervenir en torno a los datos personales que
se informan públicamente plantea un desafío tecnológico no menor. Es decir, la perspectiva de
la cotidianidad plantea demandas de conocimiento fácilmente vinculables a la cuestión del go-
bierno y la ciudadanía electrónicos.
En general, sin embargo, buena parte de lo que dificulta que lo cotidiano entre en la mira
de las políticas de ciencia, tecnología e innovación es que no se conoce demasiado bien lo que
se necesita y, también, que quienes sí lo conocen trabajan en áreas muy distantes de aquellas
donde se elaboran las políticas vinculadas con el conocimiento. Cambiar esta situación –por
ejemplo, lograr un espacio de la política científica y tecnológica cuyas prioridades, instrumentos
e incentivos estén asociados a la vida cotidiana– exigiría determinar de qué tipo de demandas
debería ocuparse ese espacio de la política. Dicho de otro modo, exigiría estudiar y analizar qué
quiere la gente que ciencia, tecnología e innovación le provea. Hace ya varios años se realiza-
ron en Uruguay encuestas asociadas a lo que actualmente se denomina “percepción pública
de la ciencia y la tecnología”, tema que está dando lugar a estudios en varios países del mun-
do. Una manera relativamente sencilla de aproximarse a la demanda de la vida cotidiana sería
incluir en dichos estudios una parte específicamente dedicada a preguntarle a la gente cuáles
de sus problemas y necesidades percibe que ciencia, tecnología e innovación podrían colabo-
rar a solucionar.
Vale la pena detenerse un poco en este último punto. “Solucionar” es un concepto ambi-
guo, pues puede referir a soluciones técnicas pero que no resultan aptas para su adopción, por
muy diversos motivos. Si consideramos que una solución es tal si resulta adecuada para el pro-
blema en todas las facetas que este presenta, bien puede ocurrir que la gente señale problemas
técnicamente ya resueltos pero para los cuales no haya soluciones accesibles en su contexto
de vida cotidiana. Estos suelen ser los problemas más “escondidos”, más difíciles de identificar,
aquellos que más requieren de enfoques innovadores para su solución. Detectarlos sería una
importante ayuda para orientar las políticas que inciden en las agendas de investigadores y de
innovadores. Pero antes de eso, naturalmente, habría que reconocer que lo cotidiano necesita
de políticas específicas de ciencia, tecnología e innovación.
50
4.4. Inclusión y agendas: la orientación de las búsquedas desde el margen
La vida cotidiana es muy diferente según la inserción social que se tenga. Esta verdad de Pero-
grullo –más allá de que todos vivimos en el planeta Tierra, lo que hace que ciertos problemas
nos afecten a todos– ayuda sin embargo a reconocer que las demandas cotidianas a ciencia,
tecnología e innovación serán en buena medida diferentes según desde qué tipo de inserción
social se hagan. No es este un tema nuevo: al contrario, la constatación de que la abrumadora
mayoría de los esfuerzos científicos y tecnológicos a nivel mundial dejan por fuera los problemas
de buena parte de la población de los países subdesarrollados ha sido denunciada en múltiples
oportunidades y ha dado lugar a importantes esfuerzos dirigidos a resolver dichos problemas,
especialmente en el área de la salud. Más allá de esto, a nivel de cada país la cotidianidad de
los que están en el margen de la vida social, de aquellos que no tienen asegurados aspectos
básicos que otras cotidianidades dan por sentados, necesitan también de ciencia, tecnología
e innovación. Esto no siempre es reconocido: a menudo la exclusión es tratada desde políticas
sociales que prácticamente no tienen contacto con las políticas de conocimiento; estas últimas,
a su vez, raramente asumen dicha exclusión como objetivo propio.
Muchas son las razones que sugieren que hay en esto un defecto mayor de ambos tipos
de políticas. Pocos discuten hoy por hoy que por sí solo, el crecimiento económico –justifica-
ción mayor de las políticas de ciencia, tecnología e innovación– no asegura la disminución de
la desigualdad ni la reversión de las condiciones más duras de vida; las políticas sociales, im-
prescindibles para evitar el agravamiento de situaciones ya de por sí graves, no pueden por sí
solas asegurar la sustentabilidad de las mejoras que van logrando, ni tampoco abarcar todos
los campos donde las mejoras son necesarias. Así, cuando las políticas de conocimiento y las
políticas sociales toman rumbos separados no se establecen diálogos, no se buscan las posi-
bles complementaciones e, incluso, las iniciativas tomadas en ambos ámbitos pueden llegar a
perjudicarse mutuamente.
La “cotidianidad del margen” es bien conocida por las políticas sociales. No es evidente,
sin embargo, que dicho conocimiento identifique la demanda que pudiera dirigirse a la investiga-
ción y a la innovación científico-técnica, a pesar de que se trata de una demanda inagotable.
“Usted no se imagina lo que es tener 220”, decía una mujer que se autodenominaba cam-
pesina, viviendo en el medio del Uruguay a decenas de kilómetros del centro urbano más próxi-
mo y buscando agregarle valor turístico a un espacio natural maravilloso. 220 voltios es poder
recargar un celular, enchufar una computadora, hacer artesanías con un pirógrafo, estar en el
mundo para que los jóvenes no huyan; 12 voltios da solo para la bombita. formas alternativas
de generación de energía, baratas y robustas: el problema es por demás complejo, un llamador
importante a investigación e innovación, pues no hay solución integral lista para comprar. Mu-
chas veces la solución existe, técnicamente hablando, pero es inabordable financieramente. El
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y órganos (INDT) conoce bien
esta dificultad, pues la piel sintética importada que necesita para reparar los daños causados
por quemaduras severas, frecuentes durante el invierno en los niños que viven en asentamientos
precarios, es extremadamente costosa. En este terreno la sustitución de importaciones se impo-
51
ne si se quiere implementar una política social que atienda esa punta del iceberg de la pobreza.
Sustituir importaciones en un área de extrema complejidad científica y tecnológica exige inves-
tigación sostenida y determinación para la innovación; lo mismo vale para el caso de la energía
y para tantos otros. La suma de propósitos entre políticas sociales y políticas de conocimiento
parece necesaria para que investigación e innovación lleguen al destino que buscan.
Es enorme la medida en que ciencia, tecnología e innovación han transformado la vida
cotidiana. En su extraordinaria historia de la Revolución Industrial, David Landes afirma que la
vida cotidiana de los ingleses de comienzos del siglo XVIII se parecía más a la de sus antepa-
sados del Imperio Romano que a la de sus propios bisnietos. ¿Qué decir entonces de unas po-
cas décadas atrás respecto del presente? Y sin embargo, no se puede generalizar la respuesta:
para los que viven en el margen hay demasiadas oportunidades de conocimiento que no llegan
a materializarse en transformaciones de su vida cotidiana.
Agendas de trabajo que busquen dicha materialización son perfectamente factibles; de
hecho se las encuentra en diversas iniciativas internacionales. Es fundamental que se definan
también a nivel nacional, pues allí se expresan demandas específicas que pueden ser respon-
didas a partir de capacidades locales en conjunción con esfuerzos regionales, donde los pro-
blemas a abordar probablemente presenten rasgos similares.
La construcción de agendas de conocimiento para una vida cotidiana inclusiva puede verse
como un movimiento desde la gente hacia y con la investigación y la innovación. Lo variado de
los conocimientos que deben conjugarse para este propósito llama a una auténtica tarea inter-
disciplinaria, de las más difíciles que la búsqueda de conocimiento debe enfrentar.
Diseñar agendas que reúnan ciencia, tecnología, innovación y vida cotidiana de las mayorías
requiere que las búsquedas desde adentro, desde afuera y desde el margen interactúen; para eso
hace falta un espacio legitimado de diálogo, coordinación y convocatoria. Construirlo es un desafío
mayor de la política, en particular porque solo se puede construir aunando voluntades.
5. lecciones de un ejemplo5
En el año 2003, a partir de las secuelas de la importante crisis económica de 2002, la Comisión
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República propuso la apertura de
un nuevo programa, denominado Programa de Proyectos de Investigación dirigidos a la Emer-
gencia Social. Su objetivo era apoyar iniciativas de investigación que plantearan de forma explí-
cita y directa obtener resultados aplicables a la resolución de variados problemas claramente
asociados a la situación de emergencia social que estaba viviendo el Uruguay. Las bases de
este programa reconocían expresamente que dicha situación no podía ser resuelta desde la sola
investigación, pero sí se indicaba que era factible, siendo esto lo que se buscaba, colaborar a
revertir algunos de sus efectos más inmediatos y graves. Por otra parte, trabajar en esta direc-
ción es un mandato expreso de la Universidad de la República, tal como está consagrado en su
5. En esta sección se da cuenta de un trabajo encarado colectivamente por la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.
52
Ley Orgánica. En las bases se decía:
La Universidad de la República, en tanto universidad pública financiada por el conjunto
de la sociedad, tiene un mandato claro en términos de su responsabilidad por la producción de
conocimientos que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad que afecta, por diferentes motivos,
a una gran proporción de la población. Esto no quiere decir que los problemas que están en el
origen de dicha vulnerabilidad se deban a la falta de conocimientos acerca de cómo abordar
posibles soluciones, aunque se está lejos de contar con los que haría falta para ello. No quiere
decir tampoco que, de obtenerlos, la construcción de soluciones estaría asegurada. La Univer-
sidad de la República y sus capacidades de investigación configuran un actor que en soledad
poco puede hacer, aunque es muy significativo lo que tiene para aportar en el marco de volun-
tades colectivas por superar la situación de emergencia social.
En este contexto, la Comisión Sectorial de Investigación Científica entiende pertinente
sugerir la instrumentación de un nuevo programa, que consiste en un llamado a proyectos de
investigación que tengan como principal objetivo estudiar una o varias de las dimensiones de la
situación de emergencia social que viven diversos sectores de la población y proponer solucio-
nes/respuestas/alternativas que la atiendan. Como es habitual en las convocatorias de la CSIC,
todas las áreas de conocimiento están incluidas, en el entendido explícito de que desde todas
ellas se puede colaborar a enfrentar el tipo de problemas al que este programa apunta.
Los proyectos de investigación que se presenten podrán, a título de ejemplo, abordar pro-
blemáticas como vivienda, empleo, salud, alimentación, educación, violencia, sanidad ambiental,
reactivación productiva. Si bien se trata, y ello se remarca, de proyectos de investigación, debe
entenderse claramente que su propósito difiere de los proyectos “clásicos” de I+D.
Para calificar en este nuevo programa las propuestas deben:
i. identificar con precisión un problema asociado con alguna expresión de la emergencia
social en que se encuentra el Uruguay;
ii. indicar las insuficiencias del conocimiento existente para encarar posibles modalida-
des de solución;
iii. proponer una estrategia de investigación tendiente a obtener total o parcialmente di-
cho conocimiento;
iv. señalar las condiciones necesarias para que los resultados de la investigación pro-
puesta resulten un aporte efectivo a la solución del problema a estudiar, indicando en
particular los actores que deberían participar en su implementación;
v. plantear estrategias para involucrar a dichos actores en la discusión de la propuesta y
para asegurar su participación en la puesta en práctica de los resultados que se ob-
tengan.
Este programa convoca a todos los investigadores de la Universidad de la República,
cualquiera sea su área de conocimiento, a poner sus capacidades al servicio de la producción
de saberes de directa aplicación en la solución de los problemas que se le presentan hoy a la
sociedad uruguaya en el contexto de la emergencia social que está viviendo.
53
El resultado de esta iniciativa puede considerarse exitoso en la medida en que se pre-
sentaron al Programa 50 propuestas en temas de hábitat, nutrición, educación, la situación
de mujeres pobres, disrupción social, comportamiento antisocial de los adolescentes, salud,
violencia, entre otros. Buena parte de ellas tenía carácter auténticamente interdisciplinario,
incorporando varios enfoques cognitivos al abordaje del problema planteado. El proceso de
evaluación fue particularmente difícil, lo que se vio reforzado por los escasos recursos disponi-
bles. Los aspectos académicos no ofrecieron mayor problema, y la conclusión general fue que
la mayor parte de las propuestas eran adecuadas o muy adecuadas desde ese punto de vista.
La otra parte de la evaluación, sin embargo, la relacionada con la relevancia de la propuesta
para la solución de los problemas identificados a nivel de una población concreta y, también, la
capacidad de la propuesta para hacer una contribución significativa a dicha solución, resultó
mucho más compleja, entre muchos otros factores, por falta de experiencia de ambos lados,
proponentes y evaluadores.
Una hipótesis central detrás del programa era que habría un número importante de in-
vestigadores universitarios que estarían dispuestos a sesgar sus agendas de investigación ha-
cia proyectos como los que este Programa convocaba y que la apertura de una oportunidad
de conseguir recursos para hacerlo haría emerger dicha disposición. Esta hipótesis, si bien no
puede decirse que se vio confirmada, mostró visos de plausibilidad. En cambio otra hipótesis
implícita en la forma en que se diseñó el programa, a saber, que los investigadores serían ca-
paces de identificar adecuadamente problemas asociados con la emergencia social y, al mismo
tiempo, asociar dichos problemas a su propia capacidad para abordarlos, resultó menos correc-
ta. La impresión general que se obtiene del conjunto de propuestas es que los investigadores
partieron de sus intereses cognitivos y desde allí buscaron espacios donde aplicarlos acordes
con la convocatoria. Tanto los problemas seleccionados como la forma de abordarlos parecían
dirigidos a lo que el investigador podía hacer siguiendo sus enfoques tradicionales, más que
a repensar sus enfoques para que calzaran mejor en el abordaje cognitivo necesario para en-
frentar los problemas de relevancia social seleccionados. Nada de esto es nuevo: la dificultad
señalada ha sido identificada muy claramente a nivel internacional, siendo los trabajos de Joske
Bunders y su equipo en la Universidad de ámsterdam a lo largo de muchos años solo uno de
varios ejemplos. Pero la experiencia valió y mucho, por el aprendizaje adquirido y además por
haber ayudado a legitimar un enfoque de la promoción de la investigación científica sin el cual
no es posible siquiera imaginar la conjunción de políticas de investigación y de innovación con
políticas sociales.
En 2008 se implementó nuevamente la convocatoria, modificándola a partir de lo que se apren-
dió de la anterior. La modificación consiste fundamentalmente en no dejar solo al investigador en la
etapa de identificación sino en asumir, desde la política de investigación, la responsabilidad por orga-
nizar encuentros entre actores diversos, incluidos obviamente los investigadores, que colaboren en la
identificación colectiva de problemas y temas de investigación asociados. Una vez identificados y acor-
dados, la convocatoria admitirá proyectos solo en dichos temas. Esta metodología, al menos a priori,
tiene la ventaja de permitir el intercambio colectivo antes de la etapa de investigación y, con ello, una
aproximación temprana entre investigadores y los diversos futuros usuarios de los resultados a obtener.
54
Para implementar esta convocatoria se trabajó intensamente durante un período relati-
vamente corto con actores diversos, a efectos de determinar necesidades y demandas en torno
a tres grandes temáticas:
i. acceso igualitario a la salud;
ii. implementación e impactos del Plan Ceibal (adaptación uruguaya del proyecto “una
computadora por niño” que retiene de este la efectiva entrega de una computadora
personal especial a niños en edad escolar que asisten a la escuela pública en todo el
territorio nacional)
iii. problemáticas detectadas en dos populosas zonas de Montevideo, donde se desarro-
lla el Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República, que busca
integrar las tres funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión.
Los recuadros que siguen muestran los actores contactados y las problemáticas detectadas.
reCuadro 1. TEMAS DE INVESTIGACIóN PARA APORTAR A LA EQUIDAD EN EL ACCESO A
SERVICIOS DE SALUD DE ALTA CALIDAD
ACTORES CONSULTADOS PARA CONfORMAR LA DEMANDA DE INVESTIGACIóN
Ministerio de Salud Pública
i. Secretaría
ii. Dirección y Subdirección de Salud
iii. Economía de la Salud
Direcciones Departamentales de Salud de Tacuarembó y Cerro Largo
Hospital de Ojos, Hospital Español, Hospital Pereyra Rossell, Hospital Maciel
Programa Nacional de Nutrición
Programa Nacional de la Salud Mujer y Género
Docentes universitarios
TEMAS IDENTIfICADOS
1. prevención de enfermedades y planificación en salud.i. Diversos aspectos epidemiológicos
ii. “Mapa” de la situación oftalmológica de los usuarios de Salud Pública.
iii. Elaboración de mapas genómicos regionales (enfermedades crónicas no
transmisibles).
iv. Diagnóstico de situación de salud para el área de referencia de los hospitales públicos.
v. Determinación de factores de riesgo (sexo, edad, ingreso, Montevideo/Interior, otros
posibles) en las enfermedades de la población.
55
vi. ¿Existen diferencias entre los pacientes que llegan al centro de salud para tratamiento
crónico (por ejemplo diálisis) según provengan del sistema público o privado?
vii. Evaluación de impacto de programas nutricionales, con especial énfasis en ayuda
alimentaria.
viii. Modelos de atención a los problemas nutricionales (con énfasis en malnutrición por
exceso en menores de quince años).
2. hábitos y costumbres de la población con impacto en la salud. i. Captación y control de embarazadas para disminución de mortalidad infantil.
ii. Hábitos alimenticios, cómo mejorarlos teniendo en cuenta restricciones de recursos
y preferencias culturales.
iii. Otros hábitos con posible incidencia en la salud (actividad física, higiene).
iv. Incidencia de las costumbres y creencias en las elecciones anticonceptivas.
v. Creencias sobre el parto, la lactancia y el amamantamiento, y percepción que se tiene
sobre el apoyo del sistema de salud en dichas instancias.
3. recursos humanos y gestión. i. Captación y unificación de historias clínicas.
ii. Herramientas para optimizar la gestión hospitalaria:
- seguimiento de pacientes (en particular de CTI)
- administrativa
- financiero contable.
iii. ¿Cómo se puede optimizar la gestión, en particular la micro-gestión, del sistema na-
cional de salud?
iv. ¿Cómo se puede optimizar la gestión durante la puesta en marcha del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud (en particular, el trasvase público-privado de los usuarios)?
v. ¿Cómo acompañar el tránsito hacia el SNIS con un sistema regulatorio funcional?
vi. Sistematización y control de la recolección de información al momento del ingreso
de pacientes a los diversos centros de salud.
vii. Estudio y propuestas de mejora sobre los hábitos laborales del personal de salud en
materia de atención y de seguridad de los pacientes.
4. Comunicación con la población sobre problemas de salud.i. farmacovigilancia para el estudio del consumo de medicamentos en la población.
ii. Desarrollo de un sistema de información sobre el SNIS que sea percibido como claro
y transparente por los usuarios.
iii. Investigación acerca de percepción de los usuarios sobre el nuevo sistema de salud a
efectos de monitorear el sistema y diseñar mecanismos eficientes de comunicación
56
5. tecnologías médicas, test de diagnóstico y medicamentos.i. Diseño de un instrumento de bajo costo que registre los latidos fetales.
ii. Diseño de un instrumento que registre las ondas encefálicas fetales.
iii. Administración de señales biológicas de pacientes de medicina intensiva.
iv. Diseño de una “mochila de oxigeno”, de bajo costo para los pacientes ambulatorios.
v. Bancos de leche materna con tecnología de baja complejidad.
vi. Sistema de vigilancia de tecnología médica (monitoreo del estado del arte en materia
de tecnología médica).
vii. Diseño, evaluación y uso de tests de diagnóstico rápido en primer nivel de atención.
Investigación sobre hierbas con posibles propiedades terapéuticas de aplicación en
el primer nivel de atención (fitoterápicos, fitomedicina).
6. información.i. Sistemas de información en nutrición.
ii. ¿Cómo recabar de manera eficiente información sobre temas de violencia doméstica
por parte del MSP?
iii. ¿En qué áreas o problemas se concentra el gasto en salud y por qué?
57
reCuadro 2. TEMAS DE INVESTIGACIóN VINCULADOS AL DESARROLLO Y
ACOMPAÑAMIENTO DEL PLAN CEIBAL
ACTORES CONSULTADOS PARA CONfORMAR LA DEMANDA DE INVESTIGACIóN:
Comisión Política del Plan Ceibal
LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay)
AGESIC (Agencia para el Desarrollo del Gobierno y la Gestión Electrónica y la Sociedad de la
Información y el Conocimiento)
CODICEN (Consejo Directivo Central de la Enseñanza pública no universitaria)
ANEP (Administración Nacional de la Enseñanza Pública)
ANTEL (empresa estatal de telecomunicaciones)
Asesores del Plan Ceibal
Docentes universitarios
TEMAS IDENTIfICADOS
1.- aspectos asociados al aprendizaje curricular.i. Estudio de las prácticas educativas en el aula a partir del Plan Ceibal.
ii. ¿Se observan cambios en el aprendizaje por la incorporación al Plan Ceibal?
iii. ¿Se perciben oportunidades para la inclusión de nuevos campos cognitivos en la en-
señanza?
iv. ¿Qué situaciones podrán tener lugar en la enseñanza media cuando ingresen escola-
res que participaron en el Plan Ceibal? ¿Cómo encarar el tránsito?
2. aspectos asociados a la función docente.i. ¿Cuáles son las necesidades de formación de los maestros para potenciar el mejor
desarrollo del Plan Ceibal?
ii. ¿Cuáles son las necesidades de formación de los docentes de enseñanza media para
interactuar con estudiantes socializados en el Plan Ceibal?
3. usos de la computadora portátil fuera del aula y sus consecuencias. i. ¿Qué uso le dan los niños a la computadora portátil fuera del aula? ¿Cómo se manifies-
tan dichos usos según nivel socioeconómico y género, entre otras características?
ii. Investigación acerca de las eventuales aptitudes, habilidades y capacidades derivadas
de la aplicación del Plan Ceibal.
iii. Investigación sobre los posibles cambios en el comportamiento social de los niños
(juegos, hábitos, relacionamientos).
iv. ¿Qué tipo de usos le da la familia a la computadora portátil? ¿Se observa una diferen-
cia entre los usos durante el año escolar y los períodos de vacaciones?
58
v. ¿Qué cambios perciben los familiares en sus diversas prácticas a partir del acceso a
Internet a través de la computadora portátil?
vi. ¿Cómo se manifiestan estos cambios en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en hom-
bres, en mujeres, en función del tipo de inserción laboral, edad y nivel educativo?
4. aspectos tecnológicos y de contenido.i. Evaluación y propuestas de superación de las limitantes derivadas del acceso a elec-
tricidad.
ii. Conectividad, barreras a la conectividad y cómo superarlas.
iii. Convergencia tecnológica de las computadoras portátiles con otros dispositivos tec-
nológicos de consumo masivo, por ejemplo, teléfonos celulares.
iv. Posibilidad de darle a la computadora portátil otros usos tecnológicos, por ejemplo,
trazabilidad.
v. Desafíos tecnológicos asociados a la computadora portátil, tanto en hardware como
en software.
vi. Investigación sobre contenidos (producción, características deseables, evaluación de
contenidos prefabricados).
5. plan Ceibal en grandes conglomerados urbanos (Canelones y montevideo).i. ¿Cual es el mejor punto de entrada y de permanencia de las computadoras portátiles
en zonas urbanas marginales: el niño, la escuela o las organizaciones comunitarias?
ii. Relacionamiento del barrio, la localidad o la comunidad con el Plan Ceibal.
iii. Seguimiento de los impactos del Plan Ceibal sobre el entorno y viceversa.
6. plan Ceibal, inclusión social y desarrollo.i. Investigación sobre los alcances en materia de inclusión social del Plan Ceibal.
ii. Requisitos para una mejor articulación entre Plan Ceibal y otras políticas públicas
asociadas a la inclusión social y al desarrollo.
iii. Plan Ceibal a futuro: potencialidades (por ejemplo, nuevas formas de participación
colectiva) y riesgos (tales como nuevas formas de control de la población).
59
reCuadro 3. TEMAS DE INVESTIGACIóN IDENTIfICADOS POR EL PROGRAMA INTEGRAL
METROPOLITANO PARA LA INCLUSIóN SOCIAL6
ACTORES CONSULTADOS PARA CONfORMAR LA DEMANDA DE INVESTIGACIóN
red educativa de malvín norte, integrada por: Consejo Vecinal zonal Nº 6; Escuelas N° 249,
267 y 317; Jardines de Infantes N° 287 y 300; Escuela Técnica Malvín Norte; Liceo N° 42; fa-
cultad de Ciencias; Centro diagnóstico CODICEN – ANEP; Policlínica Municipal INVE 16 (Insti-
tuto Nacional de la Vivienda Económica) Centro de Salud Municipal (Cruz de Carrasco); INAU
(Instituto Nacional del Niño y el Adolescente); ONG Gurises Unidos; Sonidos del Barrio y CPP;
Institución la Pascua (Cruz de Carrasco); SOCAT (Servicios de Orientación, Consulta y Articu-
lación Territorial); Escuela Especial N° 240; PIAI (Programa de Integración de Asentamientos
Irregulares) de la Intendencia Municipal de Montevideo; Concejo Vecinal.
red Camino nordeste, integrada por: Centro Comunal zonal 9; fundación zonamerica; SOCAT
Bella Italia; SOCAT Jardines del Hipódromo, Piedras Blancas; SOCAT - Villa García - Km 16;
Escuela N° 140; Escuela N° 360; Centro de Salud Jardines del Hipódromo; Policlínica COVI-
PRO; Policlínica 24 de Junio; Policlínica Punta de Rieles; CAIf (Centro de Atención Integral a
la Infancia y la familia) BASQUADé; Centro Padres Pasionistas - SANTA GEMA; CCEI (Centros
Comunitarios de Educación Infantil), Nuestros Niños; Iniciativa Latinoamericana; Juventud Para
Cristo; Casa Lunas. fUNSA (empresa de gran tamaño recuperada por sus trabajadores, en el
rubro neumáticos y artículos de goma); COfATEX (microempresa recuperada por sus trabaja-
dores en el rubro textil).
TEMAS IDENTIfICADOS
1. emprendimientos productivos.i. fUNSA. Organización del trabajo: sistema de calificaciones, evaluación de tareas y
sistema de premios.
ii. COfATEX. Mejora de productos y procesos productivos en relación al mercado de
exportación: insumos y diseño de maquinaria de bajo costo, ahorro energético y uso
responsable del agua.
2. rol de la familia en las instituciones educativas.i. ¿Cuál es la percepción de los adultos sobre el sistema educativo formal? ¿Cómo se ve
reflejado esto en las instituciones (familia/educación formal)?
6. Esta identificación tuvo como protagonista principal al equipo docente del Programa Integral Metropolitano, PIM.
60
ii. Transformación de los roles familiares (entre otros de la relación madre-hijo) y su vin-
culación con el sistema educativo.
iii. ¿Cómo diseñar proyectos institucionales que tomen en cuenta las demandas de par-
ticipación de los adultos?
3. salud y medio ambiente.i. ¿La basura se ha convertido en un elemento de identidad barrial? Estrategias para la
desnaturalización de la basura como integrante del paisaje.
ii. Participación de los usuarios en el sistema de salud local: ¿Cuáles son las fortalezas
y debilidades de la participación de los usuarios en las policlínicas barriales?
iii. ¿Cómo diseñar un sistema que integre la información que se le pide a la población
desde las diversas organizaciones que intervienen sobre la zona, particularmente en
el área de la salud, a efectos de facilitar su uso estratégico?
4. adolescencia e integración.i. Embarazo adolescente: ¿Cuáles son las mejores estrategias para captar adolescentes
embarazadas desde los efectores de salud a nivel local?
ii. ¿Cómo identificar los intereses de los adolescentes para el diseño de estrategias de
integración?
Las Jornadas de Investigación e Innovación para la Inclusión Social, convocadas para pre-
sentar las necesidades detectadas y trabajar en talleres en torno a las mismas fueron un éxito.
A la sesión plenaria asistieron unas cuatrocientas personas, y a ellas se dirigió el Presidente de
la República, la ministra de Desarrollo Social y Bernardo Kliksberg, coautor con Amartya Sen
del recientemente publicado libro Primero la Gente. En los talleres participaron doscientas per-
sonas, discutiendo gente de adentro y de afuera de la universidad sobre los problemas y cómo
encararlos. Sin embargo, quizá lo más significativo fue comprobar una vez más cuán difícil es
la comunicación, y aun antes, la formulación de necesidades en términos comunicables a otros
que deben entenderlas en términos operativos. Esta comprobación no se hizo en frío; como se
indicó, las necesidades fueron identificadas con diversos actores en un trabajo intensivo y cara
a cara hecho previamente. Aun así, el trabajo colectivo y de interacción con investigadores re-
quiere afinar bastante más la determinación de los problemas. Esa comprensión ha llevado a
centrar parte de la tarea a futuro en diseñar y probar mecanismos que permitan detectar y arti-
cular demandas de conocimiento asociadas a la inclusión social.
Por otra parte, y desde una perspectiva más teórica, los diálogos mantenidos en torno a
posibles soluciones a los problemas detectados permiten reafirmar la hipótesis de que la inves-
tigación e innovación para la inclusión social requiere un tipo de abordaje que se aleja de los
“canónicos”, entendiendo por tales los que llegan a las soluciones que se encuentran habitual-
61
mente en el mercado. La heurística “no canónica” tiene mucho que ver con las capacidades
para innovar en condiciones de escasez: un esquema de cómo se puede visualizar esta cuestión
se presenta a continuación: salvo la celda de la matriz asociada a la importación de soluciones
(o a la aplicación sin mayores cambios de soluciones ya conocidas y probadas), los problemas
presentes en las otras tres requieren capacidades para innovar en condicione de escasez.
una matriz de relaciones entre investigación, innovación y soluciones, norte y sur
fuente: Srinivas y Sutz (2008).
1. Un ejemplo de este tipo es la necesidad de encontrar mecanismos económicos y simples para mantener bancos de leche materna. Otro es la búsqueda de fitoterápicos basados en plantas nativas para atención primaria en salud.
2. Un ejemplo de este tipo es el dispositivo BiliLed. Varios fueron planteados al relevar necesidades para asegurar acceso igualitario a servicios de salud de alta calidad.
innovación en el norteProblemas para los cuales se han encontrado soluciones en países altamente industrializados
no innovación en el norte Problemas para los cuales no se han buscado o no se han encon-trado soluciones en países alta-mente industrializados
innovación en el surProblemas para los cuales existen soluciones adecuadas a países subdesarrollados
no innovación en el surProblemas para los cuales no existen soluciones ade-cuadas a países subdesa-rrollados
La enorme mayoría de las solucio-nes que se obtienen a través de la transferencia de tecnología
Las soluciones “canónicas” exis-ten, pero por diversas manifesta-ciones de la escasez no son ade-cuadas para el Sur2
Soluciones a problemas presentes sobre todo en países del Sur y de-sarrolladas localmente1
No hay soluciones (todavía). Ejem-plos típicos: problemas de salud (“enfermedades de los pobres”)
62
6. Reflexiones finales
El fortalecimiento de los mecanismos de mercado, que ha sido acompañado por el debilitamien-
to de la intervención de la esfera pública en los últimos 25 años en América Latina, no ha sido
capaz de disminuir la desigualdad. La intervención pública es necesaria para llenar el casillero
vacío del desarrollo latinoamericano; ello requiere a su vez la promoción de formas de la igualdad
que fortalezcan las capacidades de la gente para enfrentar y resolver problemas, a lo que hemos
denominado “igualdad pro-activa”. La efectividad de esta intervención pública depende crítica-
mente de su legitimidad, política y ciudadana, así como del alcance de su carácter sistémico. Las
políticas sociales tienen una alta legitimidad en América Latina; podrían beneficiarse enorme-
mente de la innovación local para cumplir sus fines: hemos tratado de justificar esta afirmación
a lo largo de todo el capítulo. Nos preguntamos, entonces: ¿podrán las políticas sociales proveer
un “paraguas político” adecuado a procesos interconectados dirigidos a expandir, simultánea-
mente, los niveles de equidad y las capacidades de innovación? Creemos que sí, porque:
i. la innovación tiene que ser fuertemente valorada para favorecer la igualdad pro-activa;
ii. la acumulación de capacidades es clave para la innovación; hacen falta Sistemas Na-
cionales de Innovación más fuertes e interconectados para promover y proteger estas
capacidades; para esto también la innovación debe ser fuertemente valorada;
iii. las políticas públicas requieren niveles importantes de legitimidad para ser efectivas
y mantenerse en el tiempo por los períodos necesarios para lograr sus objetivos;
iv. la brecha entre discursos, acciones y resultados en materia de innovación en Amé-
rica Latina puede ser atribuida en parte (aunque por cierto no exclusivamente) a
la incapacidad para pensar la innovación como una prioridad nacional y como una
herramienta de articulación de actores;
v. la innovación no ha disfrutado de mayor legitimidad política en la región; no ha
sido por tanto altamente valorada, ni política ni culturalmente. Hemos completado
el círculo. Una nueva ronda de hipótesis se hace necesaria para avanzar; en lo que
antecede hemos intentado justificar las que siguen:
vi. la legitimidad de las acciones que puedan asegurar que la innovación será impulsada
consecuentemente debe buscarse en un ámbito que goce de legitimidad propia;
vii. en América Latina, al igual que en los países subdesarrollados en general, las polí-
ticas sociales se encuentran entre las que mayor y más visible legitimidad tienen;
viii. articular la innovación con las demandas que provienen de las políticas sociales
puede:
a. extender a las políticas de innovación la legitimidad de las políticas sociales;
b. promover la acumulación de capacidades cognitivas y productivas en un am-
plio conjunto de sectores de bienes y servicios;
c. impulsar formas pro-activas de la igualdad.
63
De esta manera el círculo vicioso de la falta de legitimidad sustantiva de las políticas de
innovación deja de cerrarse sobre sí mismo y se abren posibles círculos virtuosos de retroali-
mentación entre innovación y lucha contra la desigualdad.
Vale subrayar, sin embargo, que no se está diciendo aquí que investigación, ciencia, tec-
nología e innovación sean la clave principal para lograr éxito en esa lucha. “Una quinta parte de
la Humanidad vive en países donde la gente no piensa dos veces en gastar dos dólares por día
en un capuchino. Otra quinta parte de la Humanidad sobrevive con menos de un dólar por día
en países donde niños mueren por falta de un tul mosquitero para sus camas” (UNDP, 2005: 3).
Ninguna herramienta científica o tecnológica puede solucionar una afrenta de esta magnitud.
Por sobre todas las cosas, los problemas sociales requieren soluciones sociales: los aspectos
económicos, institucionales y políticos de la problemática de la pobreza y la desigualdad deben
ser abordados en tanto tales. Lo que afirmamos es que si esto se hace con energía y creatividad,
las políticas de innovación pensadas e implementadas en conjunto con esos abordajes pueden
ser de mucha utilidad.
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DIEGO HURTADOunIvERsIDAD nACIOnAl DE sAn mARTÍn - ARGEnTInA
Doctor en física (facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA). Decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Director del Centro de Estudios de Historia de la Cien-cia y profesor de Historia de la Ciencia (Escuela de Humanidades – UNSAM). Investigador de CONICET en Historia. Profesor de Historia Social de la Ciencia en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tec-nología (UBA). Director de la revista de historia de la ciencia Saber y Tiempo e integrante del comité edito-rial de la revista de divulgación científica Ciencia Hoy. Es autor de más de 50 artículos y capítulos de libros sobre historia de la ciencia y más de 100 artículos de divulgación científica en diarios y revistas. Entre sus publicaciones, pueden mencionarse: - “De ‘átomos para la paz’ a los reactores de potencia. Tecnología nuclear y diplomacia en la Argentina (1955-1976)”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 2, 4 (2005), pp. 41-66.- “Autonomy, even regional hegemony: Argentina and the ́ hard way´ toward the first research reactor (1945-1958)”, Science in Context, vol. 18, num. 2 (2005), pp. 285-308.- “Political storms, financial uncertainties, and dreams of ´big science´: the construction of a heavy ions ac-celerator in Argentina (1974-1986)”, Historical Studies in Physical and Biological Science, vol. 36, num. 2 (2006), pp. 343-364 (en coautoría con Ana M. Vara).- “De la ‘movilización industrial’ a la ‘Argentina científica’: la organización de la ciencia durante el peronismo (1946-1955)”. Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, vol. 4, num. 1 (2006), pp. 17-33 (en coautoría con Analía Busala).- Imágenes de Einstein. Relatividad y cultura en el mundo y la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 2006. 323 páginas. ISBN: 950-23-1491-3 (en coautoría con Miguel de Asúa).- “Winding Roads to Big Science: Experimental Physics in Argentina and Brazil”,Science Technology & Society, 2007; vol. 12, pp. 27-48 (en coautoría con Ana M. Vara).
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COnsTRuCCIón pOlÍTICA E InsTITuCIOnAl DE unA “CulTuRA” TECnOlóGICA:El DEsARROllO nuClEAR En lA ARGEnTInA
DIEGO huRTADO
Introducción
La historia del desarrollo nuclear en la Argentina es un caso paradigmático. Muchos de los inte-
rrogantes e incertidumbres que plantea la integración de la ciencia y la tecnología al crecimien-
to económico de los países de América Latina tienen un lugar protagónico en este proceso de
más de medio siglo:
i. El papel central del Estado en la formación de técnicos, científicos e ingenieros para el
sector, en la promoción de las actividades de investigación y desarrollo, en el planteo de una
estrategia de institucionalización que contempló tanto el impulso de la industria (el área nuclear
como “industria industrializante”) como la articulación con otras instituciones públicas.
ii. La presencia de componentes geopolíticos y geoeconómicos, que justificaron las ambi-
ciones de “independencia tecnológica” y la búsqueda de la hegemonía nuclear regional durante
los años sesenta y setenta. Como correlato de esta cuestión aparecen, tanto la participación
del sector militar, como la necesidad de una política exterior capaz de mostrar la orientación
pacífica y de hacer frente a las presiones políticas y comerciales de los países proveedores de
tecnología nuclear.
iii. La relativa consolidación sistémica del sector en un escenario socio-político marcado
por crisis económicas y alternancias entre gobiernos democráticos y dictaduras. La creación de
empresas de base tecnológica desde fines de los años setenta, la construcción de un mercado
de países perif para la exportación de tecnología nuclear y el impulso de otros sectores, como
el de tecnología espacial, son indicios de este proceso. Como contraparte, la energía nuclear
también fue funcional a la conformación de la llamada “patria contratista”, uno de los fenóme-
nos económicos locales más nocivos de las últimas décadas.1
iv. Los vínculos entre ciencia, tecnología y autoritarismo también tienen un lugar clave
en esta historia. Especialmente durante la última dictadura militar (1976-1983), que dio un im-
pulso inédito al sector nuclear, en un contexto socio-político de disolución de la esfera pública
y de terrorismo de Estado.
1. El término “patria contratista” alude a la trama de influencias corporativas que se consolidó durante la última dictadura, que derivó en un extraordinario proceso de acumulación del que se beneficiaron algunas grandes empresas locales, no por su capacidad de competencia en el mercado sino a través de mecanismos de transferencia de fondos públicos concebidos a partir de su actuación como contratistas del Estado (Pucciarelli, 2004).
68
En este paisaje de sentidos equívocos, la consolidación de una cultura organizacional y
material, la participación de múltiples sectores –científicos, ingenieros, técnicos, políticos, mi-
litares, administrativos, diplomáticos, empresarios–, la construcción de redes institucionales
densas y la concreción de numerosos logros tecnológicos son indicios de la conformación de
una “subcultura nuclear”, esto es, de la presencia de una comunidad de investigación y desa-
rrollo con fuertes códigos de identidad, con prácticas propias de reproducción y legitimación e,
incluso, con actores emergentes que teorizaron de manera influyente sobre la formulación de
políticas de ciencia y tecnología para América Latina. Desplegada en el tiempo, esta presencia
hace posible pensar en el desarrollo nuclear en la Argentina como un proceso de construcción
de una tradición de investigación y desarrollo con nítidos rasgos locales originales.
El problema del desarrollo científico-tecnológico en contextos periféricos se vincula a pro-
cesos de recepción de teorías, trasplante de modelos institucionales, adaptación de tecnologías
e integración subordinada a centros de investigación y desarrollo de países avanzados. Por esta
razón, el estudio de cómo la historia de un conjunto de prácticas de investigación y desarrollo
que conformaron el área nuclear en la Argentina hizo posible la construcción de una identidad
cultural y política vinculada a una ideología “autonomista” con proyección regional puede ser
una clave metodológica para comprender el lugar de la ciencia y tecnología en el desarrollo eco-
nómico de los países de América Latina.
Radioquímica, reactores y metalurgia
Desde 1950, el gobierno de Perón concretó algunos pasos clave en el área nuclear. Luego del
fracaso del “affaire Richter”,2 en 1952, el desarrollo en el campo nuclear fue transferido de
manos del Ejército a la Marina. Mientras que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
había sido creada en 1950 como soporte administrativo de las actividades del físico austríaco
Ronald Richter y dependía directamente del Poder Ejecutivo, al año siguiente fue creada la Di-
rección Nacional de Energía Atómica (DNEA), como organismo dependiente del Ministerio de
Asuntos Técnicos. Las iniciativas de la DNEA se concentraron en el entrenamiento de científicos
y técnicos, y en la consolidación de algunas áreas, como la radioquímica y la física de reactores
primero y, un poco más tarde, de la metalurgia. En el otoño de 1955, por convenio entre la Uni-
versidad Nacional de Cuyo y la CNEA, se creó el Instituto de física de Bariloche (hoy Instituto
Balseiro), (López Dávalos y Badino, 2000; Hurtado de Mendoza, 2005a).3 También se crearon
las Divisiones de Metalurgia y de Reactores. Como director de la primera se contrató a Jorge
Sábato, un profesor de física de enseñanza secundaria dedicado a la investigación aplicada en
metalurgia (Martínez Vidal, 1994: 80-3).
2. Mucho ha sido escrito acerca del “caso Richter”. El relato más detallado y exhaustivo se encuentra en Mariscotti (1985).
3. Luego de la muerte prematura, en marzo de 1962, de José Balseiro, impulsor y primer director, el instituto fue re-bautizado con su nombre.
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La creación de la CNEA y la DNEA fue parte de la consolidación de la estructura institu-
cional para la ciencia y la tecnología que tuvo lugar en la Argentina durante la década de 1950.
También, durante los últimos años del gobierno de Juan Perón, fueron creados el Centro de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas de las fuerzas Armadas (CITEfA) y el Instituto Antártico,
ambos vinculados a áreas estratégicas y, por lo tanto, al sector militar. En 1956 fue creado el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al año siguiente comenzó a funcionar el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En enero de 1958 fue promulgado el decreto
de creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). También
se creó en 1960 la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) y en 1961 el Ins-
tituto Aerotécnico se reorganizó como Instituto de Investigación Aeronáutica y Espacial (IIAE),
un verdadero complejo industrial con un personal de 400 personas.4
Durante estos años, “desarrollo” y “modernización” fueron conceptos decisivos para Amé-
rica Latina y su sentido, para un sector de la sociedad argentina que incluyó a muchos militares,
políticos y científicos, se vinculaba a los objetivos de industrialización, independencia tecnoló-
gica y liderazgo regional en los foros internacionales. Dentro de la CNEA, esta orientación actuó
como principio ordenador de una política institucional.
En el plano nacional, además de la creación del Instituto de física de Bariloche y los cur-
sos dictados por la DNEA en Buenos Aires, desde 1956 se incrementó la participación de las
facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Medicina de la Universidad de Buenos
Aires y la facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata (Hurtado de Mendoza, 2005).
En el plano internacional, la Argentina se integró al programa “átomos para la Paz”,5 promovido
por la administración norteamericana del presidente Eisenhower desde fines de 1953, y firmó
un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, el 29 de julio de 1955, el cual sostenía que este
país suministraría el uranio enriquecido para los futuros reactores de investigación argentinos.6 El
objetivo central del programa nuclear argentino era la instalación de reactores de investigación y
el acceso a toda la ayuda técnica y financiera extranjera que fuera posible (Sábato, 1973: 23).
En la Primera Conferencia Internacional sobre Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, realizada
en Ginebra en agosto de 1955, la delegación argentina aportó 37 trabajos, entre los cuales el grupo
de radioquímica de la DNEA presentó 13 nuevos radioisótopos (Martínez Vidal, 1994: 178-79).7
Con la caída de Perón en septiembre de 1955, la vieja CNEA y la DNEA fueron fusionadas, pasaron
a llamarse CNEA y el área nuclear pasó a depender de forma directa del Poder Ejecutivo.
4. Un panorama histórico del proceso de institucionalización de la ciencia y la tecnología en la Argentina, entre 1933 y 1996, puede verse en Hurtado (en prensa).
5. Se ha escrito mucho sobre el programa “átomos para la Paz”. Solo a modo de síntesis, puede citarse al historiador Martin Medhurst: “Brevemente, si la industria norteamericana podría ser la primera en establecer una presencia nuclear en diversos países, estos países serían, casi inevitablemente, dependientes de Estados Unidos en diseño, construcción, operación inicial, materiales educativos y cualquier otro aspecto de una industria incipiente. Por supuesto que, una vez establecida, la tecnología norteamericana sería muy difícil, si no imposible, de sustituir” (Medhurst, 1997: 588).
6. Entre 1955 y 1961, la US AEC firmó 25 acuerdos para cooperar en investigación; 14 para cooperar en investigación y en producción de potencia; 11 acuerdos con propósitos de defensa mutua, y tres acuerdos especiales con IAEA y EUROATOM (ver, por ejemplo, Hewlett y Holl, 1989: 581).
7. La lista detallada de los radioisótopos descubiertos en la Argentina puede verse en Radicella (2001: 25).
70
En enero de 1958, el primer reactor de investigación argentino, el RA-1, alcanzó el estado
crítico. El reactor y sus elementos combustibles habían sido manufacturados en el país a partir
de los planos que había conseguido Quihillalt del reactor tipo Argonaut, que se había inaugura-
do pocos meses atrás en el Argonne National Laboratory de Chicago, Estados Unidos.8 Al poco
tiempo, el know-how de los elementos combustibles del nuevo reactor, manufacturados por la
División de Metalurgia de Sábato, fueron vendidos a la empresa alemana Degussa-Leybold. Esta
fue la primera venta de tecnología nuclear de la Argentina.9
El papel central del grupo de Sábato en las aspiraciones de impulsar un programa nuclear
que diera un lugar central a la búsqueda de la autonomía tecnológica, junto al marco legal es-
tablecido durante este período,10 comenzaron a delinear los principios de una política nuclear
que se consolidaría durante los años sesenta: intensa dedicación a la formación de técnicos e
investigadores y decisiones arriesgadas concebidas para avanzar en la integración de los sec-
tores científico, tecnológico e industrial.
Al poco tiempo de su creación en julio de 1957, la International Atomic Energy Agency
(IAEA) envió a la Argentina algunos equipos y expertos.11 Con expectativas latentes de hege-
monía regional en el área nuclear, la Argentina colaboró activamente con la IAEA y envió a sus
expertos para asistir principalmente, aunque no únicamente, a países de América Latina.12 A
comienzos de los años sesenta, el gobierno de orientación desarrollista de Arturo frondizi de-
claró el programa nuclear de “alto interés nacional”,13 aunque, como parte de las medidas de
austeridad, el presupuesto de la CNEA fue reducido a casi la mitad (CNEA, 1970: 78). Durante
ese período, alrededor de 20 graduados ya habían pasado por lo menos dos años en labora-
torios como el Physical Metallurgy Department de la University of Birmingham, el Max Planck
Institut für Metallforschung en Stuttgart, la Ecoles des Mines en Paris o la Metallurgy Division
del Argonne National Laboratory. La División de Metalurgia contaba entonces con 25 científicos,
50 técnicos, 1.500 metros cuadrados de instalaciones y más de 40 millones de pesos en equi-
pos (Sábato, 1962: 10). El uso intensivo de radoisótopos en agricultura y medicina impulsó la
8. El Argonaut (Argonne Nuclear Assembly for University Training) era un reactor de investigación de baja potencia (10 kW de calor), bajo costo y moderado con agua liviana. Había sido diseñado para ser suficientemente seguro para el uso de estudiantes.
9. Un relato detallado acerca de la construcción del RA-1 puede verse en Hurtado de Mendoza (2005b).
10. Para la cuestión de la autonomía en la determinación de objetivos y regulaciones, ver Decreto 384 (l6 de octubre de 1955). También se reforzó el control, propiedad y producción del material radiactivo a través del Decreto 22.477 (18 de diciembre de 1956) y se reorientaron los objetivos de la CNEA hacia la investigación científica con fines en la aplicación industrial a través del Decreto 842 (24 de enero de 1958).
11. Como parte de un programa de relevamiento de las necesidades de algunos países en desarrollo y distribución de equipamiento, en abril de 1961 la IAEA publicó su programa de asistencia técnica. Allí aparece que la Argentina recibiría, además de la visita de expertos, un equipamiento valuado en 41.500 dólares (IAEA, 1961: 17).
12. Los científicos argentinos que viajaron fueron R. L. Ceriani a Paraguay (aplicaciones médicas de radioisótopos, 1963); V. Pecorini a Bolivia (aplicaciones médicas de radioisótopos, 1964); S. Nassiff a Colombia (radio química, 1965); M. E. Bancora a Guatemala (producción de potencia, 1967); H. R. Ciancaglini a Irán (equipamiento, 1967); G. S. Ryan a Pakistán (plant breeding, 1968); A. J. Olivari a Bolivia (isótopos para usos médicos, 1968); E. Kuschnir a El Salvador (isótopos para usos médicos, 1968). Ver la sección “Technical Assistance Experts in the field” de IAEA Bulletin (desde julio de 1963 hasta noviembre de 1969).
13. Decreto 7006 (10 de junio de 1960).
71
integración de las actividades de la CNEA a instituciones como el INTA, el Hospital de Clínicas
y el Instituto ángel Roffo (para investigación y tratamiento del cáncer), (IAEA, 1962a: 15-17).14
El Departamento de Radioisótopos y el de Biología y Medicina de la CNEA usaban, además de
sus propios laboratorios, otros 27 pertenecientes a centros de investigación de universidades
y hospitales (IAEA, 1962b: 9). Con el objetivo de establecer una relación entre los industriales
locales y el Departamento de Metalurgia, la CNEA y la Asociación de Industriales Metalúrgicos
habían creado la firma SATI (Servicio de Asistencia Técnica a la Industria) en enero de 1961. Su
plan original era realizar investigación y desarrollo a partir de problemas que fueran planteados
por las industrias locales (Wortman, 1995: 29-31).
A mediados de los años sesenta, un análisis acerca de las naciones con capacidad para
construir armas nucleares incluyó a la Argentina entre aquellas que podrían sostener un progra-
ma de este tipo, a pesar de su desarrollo industrial limitado y la escasez de científicos capaci-
tados. Por esta razón, se consideraba improbable que estos países pudieran desarrollar armas
nucleares en menos de cinco años (Burns, 1965: 865-866).15
Camino a Atucha
En los nueve años que siguieron a la entrada en operación del RA-1, la CNEA desarrolló otros
tres reactores de investigación. En 1960 se finalizó el RA-0, concebido como un equipo auxiliar
para ensayar mejoras de diseño para el RA-1.16 La demanda creciente de radioisótopos para
usos médicos impulsó el proyecto de diseño y construcción de un reactor de mayor potencia,
llamado inicialmente RAEP (Reactor Argentina de Experimentación y Producción). El 18 de
mayo de 1962, la United States Atomic Energy Commission (US AEC) informó al embajador
argentino en Washington que contribuiría con 350 mil dólares o el 50% del costo del reactor,
de acuerdo a cuál de las dos opciones representara la menor cantidad. Sin embargo, el subsi-
dio se concretaría recién cuando el nuevo reactor alcanzara criticidad y se pudieran presentar
pruebas preliminares de funcionamiento satisfactorias. El subsidio de US AEC sería utilizado
para instalaciones complementarias y gastos de funcionamiento del reactor y estaba sujeto a la
condición de que “los principales componentes del reactor serán manufacturados por firmas
norteamericanas o argentinas y que el reactor será montado y construido por compañías norte-
americanas o argentinas” (Seaborg, 1962; Palfrey, 1965; Quihilallt, 1967a). Este nuevo reactor
era un componente clave en la estrategia de ir ganando escala de forma incremental, tanto en
experiencia de desarrollo de tecnología de reactores como en la construcción de una política
de desarrollo de proveedores.
14. También los hospitales Ramos Mejía, Rawson y el Hospital de Niños en Buenos Aires. Sobre la participación de la Argen-tina en la “revolución verde” (el uso de técnicas de radiación para inducir mutaciones), puede verse IAEA (1969a: 19).
15. En el mismo grupo se encontraban Brasil, México, Noruega, España y Sudáfrica.
16. Más tarde, el RA-0 fue transferido a la Universidad Nacional de Córdoba.
72
Para avanzar en estos objetivos, en 1961 se creó la Gerencia de Tecnología. La escasez
de personal y los bajos sueldos fueron una consecuencia de la política de austeridad en el gas-
to público que caracterizó este período. El proyecto se inició en 1962 con un equipo de quince
profesionales y técnicos, y la licitación del edificio y los componentes mecánicos mayores. En
paralelo a la construcción del reactor, el grupo de materiales de la CNEA también se encargaría
de diseñar y construir los elementos combustibles. Para esto era necesario uranio enriquecido
al 90%, que sería provisto, como donación, por los Estados Unidos y que se concretaría a través
de la IAEA (Quihillalt, 1967a).
Para hacer estudios preliminares sobre posibles configuraciones del núcleo del RA-3, se
diseñó y construyó una facilidad crítica, el RA-2, que fue finalizada en 1966. Luego de algunos
atrasos, el RA-3 fue puesto a crítico en el Centro Atómico Ezeiza en la madrugada del 17 de mayo
de 1967. fue inaugurado el 20 de diciembre, aunque por problemas de diseño, el RA-3 comenzó
a operar regularmente a comienzos de 1969.17 En ese acto Quihillalt recibió el cheque de 350
mil dólares de manos del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos (Quihilallt,
1967b; 1967c). En la construcción del RA-3 participaron 67 empresas argentinas (CNEA, 1967:
16-17). Junto al nuevo reactor fue construida una planta de producción de radioisótopos que
comenzó a operar en 1971 y que había tomado como modelo una planta construida en Saclay
por el Commissariat à l’Energie Atomique de francia unos años antes, que comenzó a operar en
1971 (Coll y Radicella, 1998: 103).
En 1964 se iniciaron los primeros análisis para la primera planta nuclear de potencia. La
CNEA contó durante el primer período con la asistencia del Commissariat à l’Energie Atomique
de francia. De acuerdo con informes previos de la CEPAL y la IAEA, los expertos franceses con-
cluyeron que, para 1972, entre 300 y 500 MW de potencia nuclear serían necesarios en Buenos
Aires, lugar muy alejado de las fuentes de potencia hidroeléctricas. Sin embargo, los intentos
de concretar un acuerdo para comprarle a francia un reactor de potencia de uranio natural no
pasaron de una carta de intención. Los franceses habrían concluido que no podían ofrecer los
términos de financiamiento requeridos por la Argentina (Sábato, 1973: 32; Hymans, 2001).
En abril de 1964, la Comisión Nacional de Coordinación de Grandes Obras Eléctricas au-
torizó a la CNEA a realizar el informe de factibilidad con su propio personal (Alegría et ál., 1964:
4). Para respaldar esta decisión también se argumentó que ninguna de las plantas hidroeléctri-
cas que estaban siendo construidas podría estar terminada antes de 1972 (Alegría et ál., 1964:
11; Quihillalt, 1969: 435; Sábato, 1973: 30).18 El gobierno de Illia destinó 600.000 pesos para
este objetivo (Poneman, 1982: 72).19 El informe de factibilidad fue terminado en 14 meses y sus
conclusiones fueron favorables a la instalación de una planta nuclear de entre 300 y 500 MW,
en el área de Atucha, 100 kilómetros al noroeste de Buenos Aires (Sábato, 1970: 35).
17. Se trató de un reactor tipo tanque de 5 MW de potencia térmica que funcionaba con uranio enriquecido al 90%. Todos sus componentes fueron manufacturados en la Argentina, incluyendo el 90% de la electrónica y el equipo de control (Sábato, 1973: 28).
18. El equipo, a cargo de un comité de tres miembros —el presidente de CNEA, el gerente de Energía y el gerente de Tecnología— estuvo integrado por 12 profesionales (Sábato, 1970: 33).
19. Decreto 485 (22 de enero de 1965).
73
A fines de junio de 1966, se produjo un nuevo golpe de Estado y al poco tiempo tuvo lugar
una violenta represión en algunas universidades públicas. El incidente tuvo repercusión inter-
nacional. El resultado fue la masiva renuncia de profesores y el éxodo de prestigiosos científicos
(Tellez, 1966; Maidenberg, 1966). Si bien la CNEA no fue afectada de forma directa por este
evento, sí padeció en los años siguientes el declinamiento general de las actividades científicas
que siguieron a este período.
Antes del llamado a ofertas para la compra del primer reactor de potencia, la CNEA había
ya decidido a priori algunos puntos. El hecho de que los reactores de uranio enriquecido pre-
sentaban un único proveedor –Estados Unidos– fue considerado una desventaja decisiva. Se
favorecerían las ofertas basadas en reactores de uranio natural (Sábato, 1973: 32). Una menor
dependencia compensaría, se argumentó, el mayor precio de los reactores de uranio natural.
La decisión a favor de esta línea de reactores significaría que la producción de agua pesada se
transformaría en una de las prioridades de la CNEA (Luddemann, 1983: 380-381). Esta idea
contemplaba el uso del uranio local como un paso hacia la diversificación de las fuentes de ener-
gía (Sábato, 1970: 35). En 1967, mientras se llevaban a cabo las negociaciones por la central
Atucha I, la CNEA había iniciado el estudio de factibilidad de una segunda central del doble de
potencia que Atucha I, destinada a proveer electricidad a la región central del país.
Si bien se estimaba un nivel de potencia para Atucha entre 500 y 550 MW, “había en las
altas esferas del Gobierno un poderoso grupo, respaldado por la Secretaría de Energía, comple-
tamente en contra a cualquier planta nuclear. Solamente después de una dura batalla, se aceptó
la idea de una planta de 300 MW de potencia [...]” (Sábato, 1973: 32).
El llamado a ofertas tuvo dos aspectos clave: (1) debido al hecho de que la CNEA había
decidido por adelantado que no pediría financiamiento a agencias internacionales, tales como
el Banco Mundial, el financiamiento propuesto tenía que ser incluido explícitamente en las ofer-
tas de manera detallada; (2) solamente aquellas ofertas que consideraran una intensa partici-
pación de la industria local serían tenidas en cuenta (Quihillalt, 1969: 438; Sábato, 1970: 37;
Sábato, 1973: 30-32). A mediados de 1967, 17 ofertas habían sido presentadas por compañías
francesas, canadienses, americanas y alemanas. Para la concreción del acuerdo con la firma
alemana, SATI organizó un comité llamado Grupo de Industrias Nacionales para relevar la ca-
pacidad industrial, evaluar el acuerdo y asegurar la participación adecuada de la industria local
(Adler, 1988: 74). La selección favoreció a la empresa alemana Siemens, que había ofrecido el
cien por ciento del financiamiento, incluidos los costos locales. “Todo el mundo afirmaba que
no podríamos conseguir algo así” (Sábato, 1970: 38).
El costo de la planta era de 70 millones de dólares. El agua pesada y el combustible no
estaban incluidos en el paquete “llave en mano”. Si se consideran este y otros puntos adiciona-
les, el costo de la planta ascendía a 105 millones de dólares. Las 300 toneladas de agua pesada
serían adquiridas a Estados Unidos y los elementos combustibles deberían ser fabricados con
uranio procesado por la CNEA (IAEA, 1969b: 28). finalmente, el acuerdo consideraba que no
habría dominios reservados, lo que hizo posible que en 1970 la CNEA mantuviera 16 técnicos
en la casa Siemens, en Alemania. “Hay equipos argentinos metidos en todos los recovecos de
esta central” (Sábato, 1970: 38).
74
Geopolítica del uranio
Desde un punto de vista geopolítico, la percepción argentina del problema nuclear quedó en
buena medida en manos de militares (Child, 1979: 89). Hasta los primeros años de la década
de 1980, la preocupación argentina fue el expansionismo de Brasil y la rivalidad histórica en la
carrera por el liderazgo y la hegemonía en el Cono Sur. En el terreno nuclear se destacaron dos
cuestiones: (1) mantener abierta la posibilidad de construir un artefacto explosivo (con fines pa-
cíficos); y (2) captar el mercado nuclear latinoamericano. Ambas cuestiones pueden resumirse
en dos términos: autonomía nacional y hegemonía regional.
La Argentina se encontró entre los firmantes del anteproyecto de resolución titulado “Des-
nuclearización de la América Latina”, presentado y aprobado en la Asamblea General de Na-
ciones Unidas en noviembre de 1963 (Ornstein, 1970: 81-82). Luego de largas y complicadas
negociaciones a lo largo de tres años, el 14 de febrero de 1967 se abrió a la firma el Tratado
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina –Tratado de Tlatelolco–. La
Argentina firmó el 27 de septiembre de 1967.20
Desde el mismo día de la aprobación del Tratado de Tlatelolco, el artículo 18, en combi-
nación con los artículos 1 y 5, fueron fuente de controversias. No resultaba claro si el tratado
autorizaba las explosiones pacíficas o si esto ocurriría solamente cuando existiera un mecanismo
para distinguirlas de las explosiones con fines bélicos. La segunda interpretación, apoyada por
Estados Unidos, significaría la veda de las explosiones pacíficas por tiempo indefinido. Para no
dejar dudas de su posición, el gobierno argentino, al suscribir el tratado formuló una declara-
ción. Allí sostuvo que el artículo 18 “reconoce el derecho de las partes contratantes a realizar,
por sus propios medios o en asociación con terceros, explosiones de dispositivos nucleares con
fines pacíficos, inclusive explosiones que presupongan artefactos similares a los empleados en
el armamento nuclear”. Una declaración similar efectuó Brasil al firmar el tratado (Carasales,
1997: 505-506). Argentina no ratificó la firma de este tratado.
En julio de 1968, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) se abría a la
firma. Había sido aprobado por 95 votos a favor, 4 en contra y 21 abstenciones. En este último
grupo se encontraba el voto de la Argentina, junto con los de Brasil, India, Israel, Pakistán, Su-
dáfrica, francia, Portugal y España, entre otros (IAEA, 1968: 11). José María Ruda, el repre-
sentante argentino ante Naciones Unidas, expuso en mayo de 1968 el pensamiento argentino
respecto del TNP.21 La abstención se fundamentó en dos consideraciones. La primera, que el
TNP congelaba la situación existente, esto es, un panorama internacional con países nuclea-
res y no nucleares. Esto significaba un riesgo a la seguridad de los miembros de la comunidad
internacional. La segunda (y central) era la protección del avance tecnológico de los países en
desarrollo. Ruda sostuvo ante la Asamblea General que para el gobierno argentino “tiene im-
20. Este tratado fue abierto a la firma el 14 de febrero de 1967, pero entró en vigor el 24 de junio de 1969. Su intención era crear una zona libre de armas nucleares, prohibiendo, entre otras cosas, la instalación de bases militares con este tipo de armas. Una característica del mismo es la exigencia de todas las firmas para ingresar en el acuerdo de salvaguardias de la IAEA (Alonso, 1985: 86; Redick, 1975: 416).
21. Segunda parte del XXII Período de Sesiones de la Asamblea General.
75
portancia fundamental que este Tratado pueda suponer en grado alguno, un escollo a nuestro
desarrollo económico por una parte y, por la otra, que pueda constituir la base jurídica de una
dependencia tecnológica que se ha venido acentuando cada vez más en los últimos tiempos”
(Ruda, 1970: 77). Como contraparte, los países nucleares no asumían ningún compromiso con-
creto, en contraste con las concretas obligaciones que se imponían a los países no nucleares
en los artículos 2 y 3. Ruda pronunció una frase que adquirió cierta popularidad: “Este Tratado
significa paradójicamente el desarme de los desarmados” (Ruda, 1970: 79). Desde entonces,
la Argentina y Brasil repitieron durante más de un cuarto de siglo que el TNP les resultaba in-
aceptable por su carácter discriminatorio y por violar la igualdad legal de los Estados. Al asumir
esta posición ante los foros internacionales, el desarrollo nuclear argentino enfrentaba un serio
interrogante: ¿hasta qué punto el no haber firmado el TNP influiría sobre la decisión de las po-
tencias en materia de asistencia técnica? (Garasino, 1970: 72-74).
Desequilibrio interno y presiones externas
A comienzos de los años setenta, el Instituto Balseiro se había convertido en el principal centro
de formación de físicos en el área nuclear y era uno de los institutos más prestigiosos en Amé-
rica Latina. Los trabajos de investigación de la CNEA se desenvolvieron durante este período
principalmente en disciplinas afines a la electrónica, la metalurgia y la física del sólido. Para
1971, se habían otorgado para sus laboratorios 74 becas doctorales en física y en química y se
encontraban en curso otras 34. Dentro de la actividad de entrenamiento y difusión de las técni-
cas nucleares, dos importantes factores fueron la capacitación y la transferencia de profesiona-
les a la actividad universitaria. La difusión del área de radioisótopos en facultades de medicina,
farmacia, bioquímica, agronomía y veterinaria fue un componente importante de este proceso
de conformación de una “subcultura nuclear” (Libanati y Baro, 1971: 512-517). Para ese mo-
mento, el 80% de los radioisótopos requeridos por el mercado local eran producidos en el país.
Existían entonces más de 470 centros utilizando radioisótopos (IAEA, 1972: 4).
Si bien durante la primera etapa del programa nuclear de los países en desarrollo la co-
operación resultó relativamente fácil de obtener, y aun comprendiendo los límites impuestos por
razones comerciales y por la defensa de los intereses económicos de los países desarrollados, los
representantes de la CNEA en la Cuarta Conferencia Internacional sobre los Usos Pacíficos de la
Energía Atómica, realizada en Ginebra en 1971, se quejaron de que la cooperación “se endurece
en forma coincidente con la iniciación de la industrialización” (Alegría et ál., 1972: 664).
En este momento, ya era evidente que el desarrollo científico y tecnológico argentino pa-
decía un mal crónico que tenía como causa principal las crisis económicas y los golpes de Esta-
do recurrentes. El levantamiento de trabajadores y estudiantes producido en Córdoba en mayo
de 1969 (conocido como “Cordobazo”) llevó a la cúpula militar a destituir, en junio de 1970, a
Onganía y a designar en su lugar al general Roberto Levingston. A inicios de 1971, Levingston
aprobó los planes para una segunda central de potencia. El agravamiento de los conflictos so-
ciales motivó, sin embargo, la expulsión de Levingston en marzo de 1971 y su reemplazo por
el general Alejandro Lanusse (Rouquié, 1982: 286-92). Lanusse anunció oficialmente que la
76
segunda central de potencia, a un costo aproximado de 150 millones de dólares, sería cons-
truida en Río Tercero, provincia de Córdoba (Nuclear News, 1971: 60). Para Sábato, “[...] la
crisis argentina no es un estado patológico, anormal, transitorio; la crisis es el estado normal de
la Argentina, lo ha sido durante los últimos 40 años y lo más probable es que lo siga siendo por
muchos años más”. Hay que aprender, argumentaba Sábato, a trabajar en estas condiciones
(Sábato, 1972: 12).
Durante el proceso de negociación por la segunda central de potencia, Lanusse y el Ejército
respaldaron la oferta de un reactor de uranio enriquecido de la firma norteamericana Westing-
house (Solingen, 1996: 43). Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido con Atucha I, la
discusión acerca del tipo de reactor para la central de Río Tercero fue objeto de una discusión
pública intensa (Poneman, 1982: 75). Como parte de este debate, la Asociación de Profesiona-
les de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEA) manifestó las razones que la inclina-
ban a favor de la línea de reactores de uranio natural. Entre otras, mencionaba que las centrales
que emplean este tipo de combustible, a igualdad de potencia generada, producen el doble de
plutonio que las de uranio enriquecido. En palabras de la APCNEA: “en la actual generación
de reactores –denominados térmicos– el plutonio puede adicionarse al combustible de uranio
utilizado disminuyendo de esta manera los requerimientos del mineral”. Además, el plutonio
“debe ser considerado como el combustible del futuro”. finalmente, la adopción de reactores
que emplean uranio enriquecido “implica, por un lapso indefinido la dependencia estrecha de un
único proveedor [Estados Unidos], lo cual afecta directamente el control del servicio eléctrico,
situación generadora de presiones políticas y económicas” (APCNEA, 1972: 40-41).
En abril de 1972 se difundió que la Argentina compraría su segundo reactor a la Atomic
Energy of Canada Ltd. (AECL). Se trataba de un reactor modelo CANDU (Canadian Deuterium
Uranium), también en la línea del uranio natural, de 600 MW. En los últimos estadios de las ne-
gociaciones, el consorcio formado por la empresa estatal canadiense Atomic Energy of Canada
Limited (AECL) y la italiana Italimpianti había logrado imponerse a las ofertas de la empresa
alemana Kraftwerk Union y la norteamericana Westinghouse (Nuclear Industry, 1973: 49). En
diciembre se constituyó un grupo de análisis entre la CNEA y el Consejo federal de Inversiones
para realizar “un estudio de la posible participación de la industria e ingeniería nacional en el
programa de centrales nucleares, contemplando los aspectos que hacen al desarrollo regional”
(CNEA y CfI, 1974: 5). Ese mismo año se extrajo del reactor MzfR del Centro de Investigaciones
Atómicas de Karlsruhe (Alemania) el primer elemento combustible de potencia manufacturado
en la Argentina por la División de Metalurgia de la CNEA, en colaboración con la empresa SIAM
electromecánica. “Se hizo así no porque SIAM tuviera experiencia en metalurgia nuclear (en
realidad no tenía ninguna) sino para comenzar a interesar a la industria argentina en lo que va a
ser —en pocos años— un gran negocio”. Atucha consumiría más de 2,5 millones de dólares por
año de combustible durante sus próximas tres décadas de vida útil (Sábato, 1972: 8).
El valor total del contrato por la segunda central fue del orden de los 220 millones de dóla-
res. Ante la insistencia de la CNEA sobre la participación de empresas locales, AECL se compro-
metió a asegurar la participación de un 50% de firmas argentinas. fiel a la política que la CNEA
había iniciado en 1957, una condición adicional fue que AECL debería hacer que su tecnología
77
nuclear, incluyendo la tecnología de los elementos combustibles, fuera transferida a la CNEA,
que esperaba ser capaz de fabricar el 100% de las recargas de combustible (Nuclear Industry,
1973: 49-50). Por su parte, la empresa canadiense insistía en aplicar a la tecnología transferida
los estándares de la IAEA. Comenzaba a ponerse en evidencia que las negociaciones iban a ser
lentas y la relación argentino-canadiense iba a resultar problemática.
En marzo de 1973, el peronismo ganó las elecciones y Quihillalt fue reemplazado por Irao-
lagoitia. Después de casi dos décadas al frente de la CNEA, Quihillalt se marchó a Irán contra-
tado por el gobierno del sah Reza Pahlevi para trabajar como asesor del programa nuclear iraní
(Clarity, 1974: 2).22 Perón volvió a la Argentina luego de un exilio de 18 años y murió a fines de
1974. La polarización social creciente agregó nuevos elementos de incertidumbre al desarrollo
nuclear. El reactor Atucha I, luego de varios retrasos en el calendario, entró en operación el 20
de marzo de 1974. El balance permitía concluir que la participación de la industria local era de
alrededor del 40%.23 Hasta comienzos de 1980, esta sería la única central de potencia en ope-
ración de América Latina.
La explosión nuclear realizada por la India en mayo de ese mismo año alteró de manera
irreversible el panorama. Las presiones políticas y las restricciones resultantes se reflejaron de
forma inmediata en la exigencia de Canadá de cargar sobre su comprador nuevos costos de apli-
cación de normas adicionales de seguridad. Para el programa nuclear argentino estas exigencias
se sumaban a un panorama económico inflacionario y a la insistencia de la AECL de protegerse a
sí misma contra las pérdidas adicionales de trabajar en la Argentina (Luddemann, 1983: 381).
De acuerdo a un analista de la época, el programa nuclear argentino mostraba una “se-
mejanza perturbadora” con el de la India: ambos países contaban con excelentes cuadros de
especialistas; ambos se decidieron por la línea de reactores de uranio natural, la cual presenta,
se decía, ventajas militares; finalmente, a juicio del analista, ambos habían acumulado la cantidad
necesaria de experiencia como para no depender de la tecnología extranjera. Y concluye: “es
difícil escapar a la conclusión de que cada paso del programa nuclear argentino parece haber
sido diseñado para poder pasar rápidamente al desarrollo de armas” (Redick, 1975: 419-20).
Estas afirmaciones fueron enfáticamente desmentidas por los portavoces del programa nuclear
argentino. Los países centrales, “so pretexto de impedir la proliferación de armas nucleares,
tratan de impedir a toda costa que los países en desarrollo alcancen el pleno dominio de las téc-
nicas de reprocesamiento y de enriquecimiento” (Sábato y frydman, 1976: 61).
22. El ingeniero Humberto Ciancaglini había trabajado en área nuclear en Irán durante la segunda mitad de la década de 1960.
23. El costo adicional fue estimado en solo el 3,25 % (Martínez Vidal, 1994: 183). SATI había conseguido colocar una lista que representaba el 12% de órdenes de compra de ítems electromecánicos y el 90% de la obra civil, lo que significaba un 40% de participación nacional (Quilici, 2008: 7).
78
Tecnología y terrorismo de Estado
A mediados de los años setenta, el desarrollo nuclear argentino era considerado, detrás de China
e India, el más avanzado dentro de los países en desarrollo. Si bien dos décadas de crisis polí-
ticas y económicas habían devastado buena parte de las instituciones públicas, especialmente
las actividades de investigación de las universidades, la CNEA había sido capaz de sostener la
continuidad de gestión y persistir en sus principales objetivos.
Con la llegada de la dictadura militar que expulsó de la presidencia a María Estela Martínez
de Perón el 24 de marzo de 1976, ya desde el comienzo el desarrollo nuclear comenzó a acelerarse.
La frágil economía heredada del breve período democrático no evitó que los militares incrementa-
ran, de forma inédita para la fecha, la partida presupuestaria dedicada al área nuclear.
Inmediatamente después del golpe militar, el capitán (más tarde vicealmirante) Castro
Madero fue nombrado presidente de la CNEA. Graduado en física en el Instituto Balseiro, Castro
Madero retomó un supuesto básico de la tradición nuclear local: la clave del desarrollo nuclear
para un país como la Argentina era el dominio completo del ciclo del combustible nuclear. En
cuanto a las inversiones necesarias, sostuvo por esos días: “Se estima que el monto global hasta
1985 será del orden de 5.500 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones serán insumos
nacionales que deberán ser provistos por el Tesoro Nacional” (Castro Madero, 1976a: 10). Des-
de el comienzo, Castro Madero enfatizó que la Argentina ya estaba capacitada para “asumir la
responsabilidad de la dirección, construcción, montaje y puesta en operación de las próximas
centrales”. El objetivo era liberar cuanto antes al país de los contratos “llave en mano”.
La principal razón que justificaba la expansión del programa nuclear era la necesidad de
incrementar la capacidad energética del país. A comienzos de la dictadura militar, la capacidad
eléctrica instalada era aproximadamente de 6.000 MW, de los cuales 340 eran provistos por
Atucha. Castro Madero estimaba que para el año 2000 el país necesitaría 15.000 MW de origen
nuclear, lo que significaba una inversión de aproximadamente 30.000 millones de dólares en
25 años. Estas previsiones podrían concretarse mediante la construcción de cinco reactores de
600 MW hasta 1990 y los restantes 12.000 MW podrían ser instalados en la década siguiente
(Castro Madero, 1976b: 43-44). En cuanto a la previsión de combustible, la Argentina contaba
con uranio para alimentar Atucha I y seis centrales adicionales de 600 MW por los próximos 30
años. Sin embargo, a esto debía agregarse la intención de intensificar la prospección geológica.
Los estudios geológicos que se habían realizado hasta entonces “permiten afirmar, con optimis-
mo” que se contaba con uranio para alimentar alrededor de cuarenta centrales durante 30 años
o ser un país exportador de uranio.24
En el año 2000 el país habrá acumulado en los elementos combustibles irradiados “una
cantidad de plutonio que representará una energía potencial equivalente al total de nuestras re-
servas en minerales fósiles y uraníferos y que será, seguramente, necesario reprocesar”. Es por
24. Estos planes faraónicos no desentonaban con los proyectos de otros países de la región. funcionarios brasileños hablaban de construir 63 plantas de energía nuclear, aunque los compromisos con Alemania Occidental contemplaban órdenes por solo dos reactores (Gall, 1976: 194).
79
esta razón que “la Argentina debe ir desde ahora implementando la infraestructura suficiente
en este campo”. En cuanto al problema de enriquecimiento de uranio, si bien Castro Madero
sostuvo que aún quedaba por definir una política, afirmó que siendo el país un potencial expor-
tador de uranio, mayor será el beneficio cuanto mayor sea el valor agregado. También hizo una
propuesta inicial centrada en estudiar la factibilidad de establecer “una planta multirregional de
enriquecimiento en América Latina” (Castro Madero, 1976b: 45-46).
Para los militares argentinos también había razones de orden geopolítico.25 En junio de
1975, Brasil había firmado un convenio con Alemania federal en el que se acordaba la mayor
de las transferencias de tecnología nuclear hacia un país en desarrollo. En la visión de algunos
militares argentinos, este evento podría afectar drásticamente los intereses regionales del pro-
grama nuclear argentino (Guglialmelli, 1976; Lowrance, 1976). Para Castro Madero, sin em-
bargo, la razón dominante no era militar sino económica. Mientras que Brasil había optado por
reactores de uranio enriquecido, la Argentina había optado por reactores de uranio natural. Una
decisión masiva del resto de los países de la región por una de estas opciones “puede signifi-
car una sensible disminución de costos” y “abre una magnífica posibilidad de incursionar en
nuevos mercados internacionales” (Castro Madero, 1976b: 46). Desde la década de 1960, la
Argentina había puesto a disposición de la IAEA alrededor de cincuenta expertos para ayudar
a la región y había iniciado una política de acuerdos bilaterales de cooperación con países ve-
cinos (Yriart, 1976).26
Miembro del sector industrialista de las fuerzas Armadas, Castro Madero pensaba que
los militares tenían que jugar un papel decisivo en el desarrollo de aquellas áreas estratégicas
capaces de impulsar la industrialización del país. Desde su punto de vista, la industria nuclear
“ejerce un efecto multiplicador sobre otras actividades industriales” y “constituye un importante
foco de atracción para nuestros profesionales de prácticamente todas las disciplinas científico
tecnológicas” (Castro Madero, 1976b: 47). El éxodo de científicos afectaba seriamente estos
objetivos (Pellegrino, 2003: 11-12). Ahora bien, a pesar de la preocupación manifestada por
Castro Madero sobre la fuga de cerebros, ya desde sus primeros días en el poder el régimen
militar hizo estragos sobre los sectores científicos y académicos. Luego del retorno a la demo-
cracia, llevaría más de quince años revertir sus consecuencias.
En reemplazo de los rectores fueron nombrados interventores militares en 28 universi-
dades estatales. Durante los primeros meses de dictadura, al menos 3.000 personas, entre
profesores, personal administrativo y estudiantes, fueron expulsadas por razones políticas. Mu-
chos otros renunciaron. Algunos profesores fueron llevados a prisión como parte de acciones
antisubversivas. “Hasta que podamos limpiar el área de enseñanza y todos los profesores sean
de pensamiento e ideología cristiana no habremos alcanzado el triunfo que buscamos contra
25. La geopolítica en América Latina estaba en buena medida en manos de militares. Refiriéndose a la revista argentina Estrategia, Child (1979: 95) sostiene: “Desde 1969, el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y Relaciones Interna-cionales (INSAR), bajo la dirección del General retirado Juan E. Guglielmelli, ha estado produciendo la que es claramente la revista más sofisticada y penetrante de geopolítica de América Latina (y posiblemente del mundo)”.
26. Hasta 1976, la Argentina había firmado acuerdos de cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear con Bolivia (1970), Colombia (1967), Paraguay (1967), Perú (1968), Uruguay (1968) (fundación Arturo Illia, 1989: 197-200).
80
la izquierda revolucionaria”, aclaraba por aquellos días el general Adel Vilas, comandante de la
Quinta Brigada de Infantería (Onis, 1976). Noticias acerca de científicos que fueron secues-
trados o desaparecidos comenzaron a ser publicadas en revistas y diarios internacionales. En
la CNEA, al menos ocho científicos fueron arrestados entre el 1 y el 19 de abril de 1976. Entre
ellos se encontraba el físico Mario Misetich, que había regresado a la Argentina en 1970 con un
doctorado en el Massachusetts Institute of Technology.27 A pesar de que al final de la dictadura
desaparecieron 15 personas de la CNEA, de acuerdo con numerosos testimonios de ingenie-
ros y científicos de la CNEA, Castro Madero habría intentado proteger al personal de la CNEA
de las consecuencias del terrorismo de Estado. Como contrapartida, Castro Madero, coherente
con su lugar de funcionario de la dictadura, asumió una postura oficialista monolítica en lo que
respecta a sus declaraciones públicas.28
Desde el punto de vista interno, la política económica de la dictadura inició un proceso
acelerado de apertura económica y de “adaptación” a las condiciones dominantes en el sis-
tema financiero internacional.29 A través de enormes costos sociales, los primeros cinco años
de política económica de la dictadura iban a “modificar la estructura de poder económico (y
político) en favor de los dueños del dinero y, sobre todo, de aquellos que operan en el mercado
financiero”. La industria local padeció los costos financieros, la competencia externa y la des-
aparición del sistema de promociones. Este marcado proceso de desindustrialización apuntó,
ya desde el comienzo de la dictadura, en la dirección opuesta a la orientación autonomista,
que contemplaba la capacitación y articulación de empresas locales, ambas concebidas en los
sesenta por la CNEA y asumidas por la política nuclear durante la gestión de Castro Madero
(Schvarzer, 1998: 33-71).
Desde el plano internacional, los planes iniciales de Castro Madero se vieron gravemente
obstaculizados por las iniciativas acordadas por los países exportadores de tecnología nuclear
contra la proliferación. Por iniciativa de Estados Unidos, se iniciaron en 1974 reuniones secre-
tas de los países exportadores de tecnología nuclear, más tarde conocidos como el “Club de
Londres”. Conducidas por Henry Kissinger, secretado de Estado de Estados Unidos, estas re-
uniones “eran particularmente ofensivas para las sensibilidades argentina y brasileña” (Redick,
1995: 19). El objetivo explicitado era poner restricciones al comercio de equipos y tecnologías
nucleares y evitar que la competencia entre los países exportadores debilitara las salvaguardias.
finalmente, ignorando a la IAEA, fueron redactadas en secreto y aprobadas en septiembre de
1977 las llamadas “Pautas de Londres”, aunque finalmente fueron comunicadas a la IAEA en
notas de enero de 1978 (Hofmann, 1976). Las Pautas definían como “tecnologías sensitivas”
27. Peronista de izquierda y serio candidato a la presidencia de la CNEA cuando Perón retornó a la Argentina en 1973, Misetich fue arrestado el 19 de abril de 1976 y hoy figura en la lista de desaparecidos en la Argentina. Ver, por ejemplo: Wade (1976: 1398); Stover (1981); Westerkamp (1982: 37-38).
28. Ver, por ejemplo, Hurtado de Mendoza y Vara (2006).
29. Schvarzer (198: 39-42) explica los cambios del sistema financiero internacional que se vinculan a la tendencia a la formulación de políticas liberales y al acelerado proceso de endeudamiento de los países periféricos: brusco incremento de la liquidez mundial proveniente de diversas fuentes, como la ocasionada por acelerada transferencia de ingresos producto del alza del precio del petróleo, el cambio de paridad de las principales monedas y, en la segunda mitad de la década, la desaceleración del crecimiento de las economías centrales.
81
el enriquecimiento de uranio, el reprocesamiento de elementos combustibles irradiados, la pro-
ducción de agua pesada y la tecnología del plutonio, y restringían su transferencia.30
Poco después de la prueba nuclear de la India, el gobierno de Alemania federal había
pedido la extensión de las salvaguardias que se aplicaban sobre Atucha I a toda la vida útil de la
central como condición para continuar la provisión de sus elementos combustibles. En diciembre
de 1976, el gobierno de Canadá anunció su nueva política. Como condición para continuar con
los acuerdos firmados, Canadá comenzó a exigir la adhesión al TNP y la aceptación por parte de
la Argentina de las salvaguardias completas de la IAEA. En este punto, Canadá desconocía los
compromisos adquiridos con la Argentina, entre ellos un acuerdo de transferencia de tecnología
(Castro Madero y Takacs, 1991: 59-60).31 También comenzó a demandar nuevos costos para
la aplicación de normas adicionales de seguridad. A todo esto se agregaba la insistencia de la
AECL sobre la necesidad de protegerse de las pérdidas adicionales que eran consecuencia de
trabajar en la Argentina, donde el escenario económico era incierto, la inflación había trepado
al 200% y su moneda había padecido reiteradas devaluaciones (Carasales, 1987: 120-123).
A este complejo panorama se sumó un caso de corrupción. A fines de noviembre de 1976, el
ministro de Energía canadiense hizo público que en 1973 la AECL había depositado 2,4 millones
de dólares en la cuenta de un banco de Liechtenstein en concepto de pago por servicios no
especificados a algún extranjero vinculado a la promoción de la venta del reactor CANDU a la
Argentina. Bajo la sospecha de soborno, un comité parlamentario canadiense inició una inves-
tigación de la AECL, al que se agregaban 8 millones pagados a un “agente” en Tel Aviv vinculado
a la venta de un reactor CANDU a Corea del Sur (Bratt, 2006: 119-137).
Con el paso de los meses la posición de Estados Unidos se fue endureciendo. La admi-
nistración Carter prohibió a proveedores norteamericanos de tecnología nuclear toda venta a
países que no hubieran firmado el TNP. Para respaldar esta política, Canadá anunció que no
vendería agua pesada a la Argentina para su nueva planta. Como respuesta a estos anuncios,
Castro Madero sostuvo a mediados de 1977 que la Argentina “estaba en condiciones de hacer
un explosivo nuclear” y que la decisión de no hacerlo “era de índole política y no tecnológica”
(De Young, 1977). En octubre de ese mismo año, un decreto del Poder Ejecutivo reforzó el com-
promiso con el área nuclear, se refirió a la instalación de más centrales nucleares y reafirmó la
idea de dominar el ciclo completo del combustible nuclear.32
En noviembre de 1977, el secretario de Estado de Estados Unidos, Cyrus Vance, el emba-
jador especial para control nuclear internacional, Gerard Smith, y el arquitecto de la política de
no proliferación de la administración Carter, Joseph Nye, visitaron la Argentina. La delegación
norteamericana esperaba que la Argentina ratificara el Tratado de Tlatelolco.33 Si bien, de acuerdo
30. Estaba claro que las Pautas negaban a los países en desarrollo firmantes del TNP lo que en su Artículo IV los países nucleares se comprometían a otorgar (Carasales, 1987: 118-120).
31. firmado el 30 de enero de 1976 por 15 años y renovación automática por 10 años (fundación Arturo Illia, 1989: 197 n.19).
32. Decreto 3183 (19 de octubre de 1977), artículo 13.
33. La cuestión de los derechos humanos fue la otra razón de la visita de Vance. La administración Carter insistió en su preoupación sobre los secuestros, torturas y desapariciones (p.e., Onis, 1977).
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con Castro Madero, este fue el momento que la Argentina estuvo más cerca de adherir a este trat-
ado, las negociaciones terminaron fracasando (Castro Madero y Takacs, 1991: 158). Esto ocurría
mientras funcionarios de la CNEA se encontraban firmando un acuerdo con Perú, el cual no tenía
precedentes en lo que respecta a colaboración tecnológica entre países en desarrollo.
A comienzos de los setenta el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) estaba intere-
sado en adquirir un reactor de investigación a francia o Inglaterra. La historia del acuerdo entre
Perú y la Argentina había comenzado en 1972, cuando una delegación del IPEN visitó la CNEA
para ver si era posible obtener asesoramiento para la firma de un acuerdo con francia. A cam-
bio, el asesor legal de la CNEA convenció a los funcionarios del IPEN de negociar la compra con
la Argentina. La CNEA envió una misión a Perú para iniciar las negociaciones. Mientras los rep-
resentantes de la CNEA se encontraban en Lima, en la Argentina tuvo lugar el golpe de Estado
de marzo de 1976. Castro Madero rápidamente se informó y apoyó la iniciativa. Durante las ne-
gociaciones, la CNEA asumió la responsabilidad de construir una facilidad crítica para entrenar
al personal del IPEN. Si el contrato se firmaba, esta facilidad sería donada al IPEN (Radicella,
2005). finalmente, el 5 de noviembre de 1977 se firmó el contrato para la construcción de un
Centro de Investigación Nuclear en Guarangal, a 35 kilómetros de Lima (Castro Madero, 1978:
37a). El reactor de investigación bautizado RP-0 entró en operación en julio de 1978, catorce
meses después de la firma del acuerdo. Un aspecto importante del contrato fue el entrenamiento
de 150 científicos y técnicos peruanos, que parcialmente fue realizado en la Argentina. Renato
Radicella, funcionario de la CNEA a cargo de las negociaciones, sostiene: “Esta fue la primera
transferencia de tecnología importante realizada por la CNEA. La Argentina ganó en experiencia
y conocimiento y no perdió plata a pesar de la inflación. Hubo mucha colaboración del Banco
Central y la Aduana. Tuvimos el país atrás” (Radicella, 2005). Para facilitar los aspectos admin-
istrativos de la venta se promulgó la “ley del proyecto Perú”.34
Para Castro Madero, el convenio con Perú fue algo inédito en América Latina y un ejemplo
privilegiado de lo que se entiende por “transferencia horizontal” (Castro Madero, 1978b: 7).35
La facilidad más importante del proyecto era un reactor de investigación térmico de 10 MW, el
cual sería, una vez finalizado, el de mayor potencia en operación en América Latina. Un punto
delicado era que este reactor había sido diseñado para operar con uranio enriquecido al 90%.
Sin embargo, la Nuclear Non-Proliferation Act (NNPA) aprobada en Estados Unidos en abril de
1978 establecía la prohibición de cooperación nuclear con países que no aceptaran completas
salvaguardias de todas sus instalaciones.36 La CNEA decidió rediseñar el reactor para que pudiera
trabajar con uranio enriquecido al 20%. A pesar de esta iniciativa y del acuerdo de cooperación
bilateral,37 Estados Unidos decidió negar el uranio enriquecido para que la Argentina pudiera
34. Ley 21.889 (17 de octubre de 1978).
35. El centro fue inaugurado el 19 de diciembre de 1988. Su costo total, incluyendo los caminos de acceso y tendido de líneas de electricidad, fue aproximadamente de 106 millones de dólares (Radicella, 2001: 39-43).
36. US Public Law 95-242 (10 de marzo 1978).
37. El acuerdo se enfocaba en usos civiles de la energía nuclear y fue firmado en Washington el 25 de junio de 1969 por un término de 30 años (fundación Arturo Illia, 1989: 198-199).
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fabricar los elementos combustibles para el reactor peruano. Sobre estas decisiones del gobi-
erno norteamericano, Castro Madero sostuvo que resultaba muy difícil “discriminar hasta dónde
se trata de evitar la proliferación y hasta dónde se permite que existan monopolios, que existan
intereses comerciales o que exista el interés de que algunos países no tengan la posibilidad de
desarrollar sus planes autónomos” (Castro Madero, 1978b: 5).
Este cambio de política por parte de Estados Unidos desencadenó varias iniciativas que
significaron una orientación más decidida hacia la “autosuficiencia en materia nuclear”. Entre las
principales estaba la contratación de la tercera central de potencia. Se decidió que seguiría en la
línea del uranio natural. Si bien lo ideal era que fuera canadiense, argumentaba Castro Madero,
“Canadá no nos da todavía una respuesta definitiva sobre su decisión de seguir adelante en su
colaboración con la Argentina para el desarrollo integral de su plan nuclear” (Castro Madero,
1978b: 7). A pesar de estos contratiempos, en 1978 alrededor de 55 técnicos y profesionales
ya se encontraban participando en Italia y Canadá en cuestiones vinculadas a la construcción
de la central nuclear de Embalse (Castro Madero, 1978a: 35).
A fines de 1978, Castro Madero anunció que ya estaba en construcción en el Centro Ató-
mico Ezeiza una nueva planta que fabricaría los elementos combustibles necesarios para operar
Atucha I a partir del uranio natural argentino. También se iba a comenzar la construcción de una
planta experimental de agua pesada, que entraría en operación en 1980, con una capacidad de
producción de una o dos toneladas por año. “Una vez que hayamos adquirido todo el know-how,
estaremos en posición de llamar a ofertas para una planta industrial de 250 toneladas”, agregó
Castro Madero (Benjamin, 1978: A21).
Simultáneamente, para consternación de la administración Carter, Castro Madero anunció
que la Argentina había contratado el año anterior a la empresa Techint para comenzar a cons-
truir en el Centro Atómico de Ezeiza (Buenos Aires) una planta experimental para reprocesar
plutonio, que podría estar terminada a comienzos de los ochenta.38 Desafiando los esfuerzos
de Estados Unidos para detener este proyecto, Castro Madero afirmaba: “Ahora los Estados
Unidos dicen ‘no reprocesen’. Al día siguiente, ellos dirán sí […] Para un país como el nuestro,
toma tiempo desarrollar una nueva tecnología. Por eso estamos planificando llegar preparados
a la década de 1990 para estar en posición de decidir por nosotros mismos si reprocesar o no”
(Benjamin, 1978: A21).
A comienzos de 1979 una comisión interministerial aprobó y el presidente militar de facto
ratificó un ambicioso Plan Nuclear, el cual autorizaba la construcción de cuatro reactores de
600 MW y se proponía completar el ciclo del combustible nuclear para 1997.39 El presupuesto
para el área nuclear se multiplicó por cuatro y alcanzó los 1.000 millones de dólares por año
(Poneman, 1987: 174-175). Luego de elaborar una base de datos de proveedores nucleares
38. En 1967, un grupo liderado por Juan flegenheimer logró poner en funcionamiento una planta de reprocesamiento a escala de laboratorio y separar unos miligramos de plutonio de elementos combustibles irradiados provistos por Es-tados Unidos para el reactor de investigación RA-1. En 1973, con el cambio de gobierno, flegenheimer tuvo que dejar la CNEA (Radicella, 2005).
39. Decreto 302. La comisión interministerial fue creada en noviembre de 1978 (CNEA, 1978a).
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nacionales, se hizo el llamado a licitación para la tercera central nuclear.40 En la licitación se es-
pecificaba que la central debía ser de 700 MW, uranio natural y agua pesada. En noviembre, la
compañía alemana KWU ganó el contrato por 1.300 millones de dólares para construir Atucha
II, la tercera central nuclear, mientras que la firma suiza Sulzer Brothers obtuvo el contrato por
300 millones de dólares para construir una planta comercial de agua pesada con una capaci-
dad de producción de 250 toneladas anuales en Arroyito, provincia de Neuquén. A pesar de
que la firma canadiense AECL había ofrecido una oferta comprehensiva para construir tanto el
reactor como la planta de producción de agua pesada, Castro Madero sostuvo que, si la AECL
hubiera ganado el contrato para la construcción de Atucha II, el país se habría atado a un solo
proveedor y esto “habría afectado la capacidad de la Argentina de desarrollar un programa in-
dependiente con un mínimo de posibilidades de interferencias externas” (Nuclear Engineering
International, 1979).41 Durante la negociación del contrato se creó la Empresa Nuclear Argentina
de Centrales Eléctricas (ENACE), con una participación del 75% de CNEA y el 25% de KWU.
Entre los objetivos de esta empresa estaban la promoción e integración de la industria local alre-
dedor del plan nuclear, la gestión de contratos de transferencia de tecnología, la precalificación
de empresas proveedoras.42
finalmente, como veremos en la siguiente sección, el cambio de orientación de la política
nuclear norteamericana también alentó el inicio de un programa secreto para el desarrollo de la
tecnología de enriquecimiento de uranio.
secretos patagónicos
Mientras las presiones de Estados Unidos se enfocaban en la planta de reprocesamiento y Cas-
tro Madero lograba dividir el frente de proveedores, el programa secreto de enriquecimiento de
uranio se puso en marcha en 1978. Este proyecto fue propuesto por un grupo de científicos de la
CNEA e INVAP (Investigaciones Aplicadas), una empresa que era un desprendimiento originado
en el Programa de Investigaciones Aplicadas (PIA) creado por la CNEA en 1971. Liderado por
el físico Conrado Varotto –que se había doctorado en el Instituto Balseiro–, el principal objetivo
del PIA era asistir a la industria local en la incorporación de tecnologías modernas. Uno de los
principales obstáculos que enfrentó el PIA fue la compleja burocracia de la CNEA y, como con-
secuencia, la dificultad de concretar acuerdos comerciales. En 1975 se iniciaron las primeras
negociaciones entre la CNEA y el gobierno de la provincia de Río Negro para la creación de una
empresa. En septiembre de 1976, después del golpe militar, el nuevo gobernador y Castro Ma-
dero, ambos de la Marina, acordaron la creación de la empresa (Buch, 2004). En sus inicios,
40. El cuestionario de la encuesta fue dirigido a 600 empresas y fue respondido por unas 300 (Quilici, 2008: 11).
41. A fines de los años ochenta, el costo del reactor había ascendido a 4.000 millones de dólares. En agosto de 2006 el gobierno argentino anunció que se retomarían las obras de la central Atucha II. La planta de agua pesada entró en operación en 1985 y su costo final se estima en mil millones de dólares.
42. Sobre las empresas mixtas creadas por la CNEA durante este período, como ENACE, CONUAR y fAESA, y sobre la participación de algunas empresas de capital nacional como Industria Mendoza Pescarmona y Pérez Companc, y la forma en que se beneficiaron a partir de las licitaciones vinculadas al plan nuclear, puede verse Quilici (2008).
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INVAP estuvo casi enteramente dedicada a los requerimientos del área nuclear. En 1978, con
un personal de alrededor de 130 personas, la empresa comenzó a participar en la construc-
ción del RA-6, un reactor de investigación para el Centro Atómico Bariloche (CAB). En 1980 la
empresa fue contratada por la CNEA para proveer los instrumentos para el reactor que estaba
siendo construido en Perú. Sin embargo, la mayor tarea que emprendió en aquellos años fue el
desarrollo secreto de una planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa. “La deter-
minación de avanzar vino en 1978, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de no
proliferación. Carter no proveería combustible enriquecido para un reactor de investigación que
la Argentina estaba vendiendo a Perú y para la producción de radioisótopos para medicina e
industria que nosotros exportamos”, explicaba más tarde Varotto (Martin, 1984).
El 1 de agosto de 1978, Castro Madero firmó el documento secreto, llamado “Informe
DDG 1/78”, autorizando los estudios de enriquecimiento de uranio.43 Este documento proponía:
“Desarrollar la tecnología de enriquecimiento de uranio por el método de difusión gaseosa, en
escalas de entre 50 y 500 kg/año de uranio metálico equivalente, con un enriquecimiento de
hasta un 20% de 235U”. (CNEA, 1978b: 1). Además de instalaciones en la ciudad de Bariloche,
la CNEA adquirió un terreno en Pilcaniyeu (a 60 kilómetros de Bariloche), al borde del río Pichi
Leufu River. En este lugar aislado sería construido el complejo para el enriquecimiento de ura-
nio. En las pautas para la organización del personal se mencionaba: “Sólo determinado personal
tendrá conocimiento del Proyecto en su totalidad”. Y el informe agregaba: “El personal de menor
jerarquía que tome parte del mismo, deberá ignorar las finalidades, salvo que sea aconsejable
enterarlo. Cada caso se estudiará particularmente”. Si fuera necesario, Gendarmería Nacional se
ocuparía de la custodia de las instalaciones (CNEA, 1978b: 4-5). Ahora bien, el mayor volumen
del informe se dedicaba a la “Memoria técnica del proceso”. El 26 de febrero de 1981 fueron
obtenidos en Villa Golf los primeros miligramos de uranio enriquecido (Santos s/f, 107, 154).
En paralelo al proyecto Pilca, el 3 de abril de 1982, la CNEA inauguró su primera planta
para la producción de elementos combustibles. Castro Madero llamó a esto “un paso hacia la
autosuficiencia que liberará a la Argentina del colonialismo científico y tecnológico”. Tres días más
tarde, la Argentina anunció que la Unión Soviética había acordado enriquecer uranio argentino
a un porcentaje bajo, y que había obtenido una cantidad adicional de China.44 En la arena inter-
nacional, la guerra de Malvinas y la derrota final de la Argentina fueron asociadas a la cuestión
nuclear. Algunos titulares de diarios norteamericanos fueron elocuentes: “La derrota de falkland
podría acelerar la bomba A argentina” (Christian Science Monitor, 1982), o “falkland, la ‘bomba
latina’ y proliferación nuclear (Kondracke, 1982). La guerra de Malvinas interfirió en la marcha
del proyecto solamente en cuestiones menores. En el “Ayuda Memoria” mimeografiado que llevó
a la reunión mantenida el 19 de octubre de 1982 en Buenos Aires con Castro Madero, Varotto
43. La sigla DIG indica “Planta de enriquecimiento de uranio por el proceso de difusión gaseosa”.
44. Una presentación de las relaciones comerciales entre la Argentina y la Unión Soviética puede verse en Markham (1982). Entre 1980 y 1982, Argentina importó agua pesada de la Unión Soviética y de la República Popular China para compensar las pérdidas de Atucha I (ver, por ejemplo, Kessler, 1983; Miller, 1982). Al final de 1982, Castro Madero afirmó que China estaba vendiendo a las Argentina uranio enriquecido al 20% para los reactores de investigación. Por su parte, una firma francesa proveyó circonio al programa nuclear argentino (Laufer, 1982).
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sintetiza el estado de situación del proyecto y agrega que “el 100% de la tecnología es propia”
y que “se han importado solo materias primas y materiales y equipos no incluidos en ninguna
lista de embargos”. Y agrega: “Los equipos para producción de membranas son 100% USA y
algunos llegaron incluso durante la guerra de las Malvinas” (Varotto, 1982).
Durante este período, los ambiciosos planes nucleares de la CNEA comenzaron a ser ame-
nazados por la escasez de fondos. El estancamiento económico –a esta altura la deuda externa
era de 39 mil millones de dólares– comenzó a tornarse una barrera infranqueable. La CNEA tuvo
que aceptar un retraso en la construcción de la tercera planta nuclear y de la planta de agua
pesada. En cuanto al considerable atraso en la construcción de la planta de reprocesamiento,
Castro Madero explicó que la Argentina estaba tratando de construirla sin ayuda extranjera: “Te-
nemos que adaptarnos a nuestra situación económica [...] sin caer en el pesimismo acerca de
lo que podemos conseguir” (Diehl, 1982). Como compensación parcial, a mediados de 1982
se produjo un giro en la política norteamericana, cuando el secretario de Energía de la admi-
nistración Reagan, James B. Edwards, autorizó la exportación al país de un sistema de control
computarizado provisto por la empresa norteamericana foxboro para ser utilizado en la planta de
agua pesada, cuya construcción estaba a cargo de una firma suiza. A pesar de que el NNPA de
1978 prohibía la cooperación de Estados Unidos con la Argentina, la administración Reagan fue
capaz de autorizar la exportación del sistema digital, dado que en los papeles figuraba la venta a
la firma suiza (Benjamin, 1982). El 3 de mayo de 1983 se inauguró la central de Embalse. Como
resultado final, la participación de empresas nacionales fue del 51%.45 En agosto, la administra-
ción Reagan aprobó la venta de agua pesada a la Argentina (New York Times, 1983).
El gobierno militar, debilitado por la derrota de Malvinas, había negociado el retorno a la
democracia. El 30 de octubre Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales y asumiría la
presidencia el 10 de diciembre. Había que hacer pública la existencia de una planta de enrique-
cimiento antes de esa fecha. El 18 de octubre, la planta operó y se obtuvieron varios kilogramos
de hexafluoruro de uranio enriquecido. Todo el proyecto había sido realizado dentro del marco
de la Ley de Obras Públicas y Régimen de Contrataciones del Estado, con toda la contabilidad
a la vista. Los gastos fueron cubiertos con fondos de los presupuestos anuales de la CNEA a lo
largo de los cinco años en que se desarrolló el proyecto, con un costo total de 62,5 millones de
dólares (Castro Madero y Takacs, 1991: 84-85).46
El anuncio fue planificado como una delicada empresa diplomática. Se concretó el 18 de
noviembre de 1983. Castro Madero sostuvo:
“Una vez más, como la Argentina ha establecido en varios foros internacionales, ha sido
demostrado que la política de negaciones, forzada por las grandes potencias para extender la
suspensión de provisiones de materiales bajo salvaguardias necesarias para producir radio-
isótopos, ha fallado en dar los resultados esperados. Tal política siempre fallará a causa de su
naturaleza discriminatoria, particularmente cuando un país está preparado para enfrentar el
45. La central de Embalse fue terminada con una participación nacional del 30% en ingeniería, 95% en la obra civil y 90% en el montaje (nuclear y convencional) (Orione, 1983: 114).
46. La compra de insumos extranjeros era del orden del 15,5% (Castro Madero y Takacs, 1991: 85).
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desarrollo de tecnologías con sus propios recursos técnicos y una mirada puesta en asegurar
su autonomía y su independencia” (Starr, 1984: 957).
Mientras tanto, la economía argentina padecía una inflación anual del 400%. Algún cari-
caturista señalaba que la única cosa enriquecida en la Argentina era el uranio. En este momento,
el país era considerado el tercer mayor proveedor del mundo de asistencia nuclear a otros países
en desarrollo. La noticia del éxito tecnológico de Pilcaniyeu tomó a las agencias de inteligencia
norteamericanas por sorpresa. “¿Qué clase de tontos emplea la CIA en América Latina?”, pre-
guntaba un editorial de la revista inglesa New Scientist (1983).
Retorno a la democracia
El retorno a la democracia hizo pensar en la arena internacional que se produciría un cambio
drástico en la política nuclear argentina. Aun antes de asumir la presidencia, el presidente electo
Raúl Alfonsín anunció que crearía una comisión investigadora para revisar el programa nuclear
en su totalidad. A fines de diciembre, Castro Madero renunció y asumió el primer presidente
civil en la historia de la CNEA. Sin embargo, a los pocos meses del retorno a la democracia, la
incertidumbre del gobierno norteamericano se ponía en evidencia en las páginas del diario Wall
Street Journal:
“La prensa occidental frecuentemente asoció el rechazo a las salvaguardias nucleares
completas por parte del régimen militar difunto con el recurrente nacionalismo que dio color a
la aventura fallida de las islas falkland [Malvinas]. Para desgracia de Washington, sin embargo,
el gobierno electo de Raúl Alfonsín [...] ha adoptado esencialmente la línea política de sus pre-
decesores militares en esta cuestión” (Leigh, 1984).
A pesar de las enérgicas iniciativas legales y políticas contra la dictadura, el gobierno
democrático adoptó una aproximación “autonomista” en la cuestión nuclear. Es cierto que esto
significaba continuar en la línea de Castro Madero. Pero lo que pasaba por alto el Wall Street
Journal era que la política nuclear de Castro Madero, a contramano de la política económica
aplicada a escala nacional, había adoptado la ideología y los objetivos que se habían comenzado
a construir en la CNEA desde los años cincuenta. De todas formas, el gobierno de Alfonsín res-
pondió a estos reclamos externos dando a Cancillería un peso mayor en la definición y manejo
de la política nuclear a través de la creación de la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme en
el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El principal objetivo era ganar transpa-
rencia y mostrar las intenciones pacíficas en los foros internacionales (Russell, 1989: 77).
A fines de marzo de 1984, la primera crisis ministerial que enfrentó el gobierno de Alfonsín
se produjo “por motivos nucleares”. La renuncia del secretario de Asuntos Especiales del Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Hugo Gobbi, estaba vinculada al “posible desmantelamiento de
la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu”. El reemplazo de Gobbi, defensor intran-
sigente del plan nuclear, por Jorge Sábato, primo de quien liderara el desarrollo nuclear durante
los sesenta, “constituye la punta de una complicada operación de presión que despliegan po-
derosos intereses, para cambiar el rumbo de la política nuclear argentina”, especulaba el diario
Primera Plana. Casi en simultáneo con este desplazamiento, visitó la Argentina el vicesecretario
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de Estado para Asuntos Interamericanos, Lowell Kilday. La misión de Kilday era persuadir al
gobierno argentino de ratificar el Tratado de Tlatelolco y el TNP. El “reordenamiento” del plan
nuclear era condición para la renegociación de la deuda externa. Durante esta visita se dio a
conocer la drástica reducción del presupuesto de la CNEA al 50%. Detrás de Kilday visitarían
el país Paul Leventhal y Theodore Taylor, directivos del Nuclear Control Institute y asesores del
Congreso de Estados Unidos en cuestiones de no proliferación. También visitó el país Jeremy
Stone, director de la federación de Científicos Americanos (Primera Plana, 1984).
Los medios se hicieron eco de la incertidumbre del destino del desarrollo nuclear argenti-
no. En abril, el diario Clarín defendió la trayectoria histórica de la CNEA. En un editorial sostenía:
“Mientras que otros ítems de la industrialización eran arrasados por las políticas económicas, la
CNEA no solo sobrevivió, sino que se constituyó en una lección elocuente de que el desarrollo es
posible”. Y más abajo: “La ‘isla’ de modernización que es la industria atómica merece, entonces,
reencontrarse con el resto del proceso productivo [...]”. El editorial aludía a las dificultades para
afrontar pagos vencidos y sostenía que los cortes presupuestarios no se podían justificar como
“reducción de los gastos militares [...]” (Clarín, 1984).
Desde el peronismo, el corte presupuestario se presentó como un signo del inicio de “la
desarticulación del plan nuclear argentino”. De acuerdo con un diputado nacional, el desarrollo
nuclear atravesaba “uno de los momentos más críticos como consecuencia de las presiones
de la banca internacional y de Estados Unidos, que proponen flexibilizar la negociación de la
deuda externa únicamente si la Argentina decide poner fin a su plan en materia atómica” (Re-
gionales, 1984).47
A mediados de mayo, el diario La Nación publicó dos extensos artículos de Castro Madero,
que era presentado como “actual consultor de la Presidencia”. Discutiendo la frase que circulaba
en ese momento –“para enriquecer uranio se empobreció al país”–, Castro Madero se defendía
argumentando lo poco que costó Pilcaniyeu. “No existen antecedentes en el país, ni creo que
los haya en el exterior, que registren un rendimiento tan óptimo de fondos invertidos como en
este caso y que sorprende a los expertos del mundo entero”. En esos artículos también sostuvo
que “se debe calificar a este éxito como el desarrollo más importante y trascendente realizado
en la Argentina”. Y concluía retomando su posición desafiante frente a Estados Unidos: “Hemos
contribuido a demostrar que la política de las negativas que internacionalmente impulsan las
grandes potencias no sólo es irritativa por su carácter discriminatorio, sino que además es inefi-
ciente” (Castro Madero, 1984a; 1984b).
Aceptada la crisis presupuestaria, el eje de la política nuclear del gobierno se desplazó
hacia el fortalecimiento de la colaboración argentino-brasileña en el área nuclear. El proceso de
convergencia de las políticas nucleares de Brasil y la Argentina había comenzado con las dis-
cusiones abiertas por el Tratado de Tlatelolco y el TNP y la percepción inequívoca de un orden
internacional que los relegaba. El proceso de deterioro de las relaciones entre Estados Unidos
y Brasil, como consecuencia de la oposición norteamericana al acuerdo nuclear entre Brasil y
47. En este punto, es importante recordar que el gobierno de Alfonsín apoyó activamente durante este mismo período el proyecto secreto del misil Cóndor II, desarrollado por la fuerza Aérea. Puede verse Santoro (1992: 17-22).
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Alemania federal, firmado en 1975, reforzó la tendencia a la cooperación nuclear de los vecinos
latinoamericanos. A pesar de las tensiones, sobre todo en cuestiones de derecho sobre los recur-
sos hídricos de ríos compartidos, Argentina apoyó el derecho de Brasil al acceso de tecnología
nuclear avanzada (Redick, 1995: 19-20). Buenos Aires y Brasilia iniciaron finalmente un proceso
de consolidación en colaboración nuclear bilateral mientras ambos países se encontraban bajo
dictaduras militares, cuando el general João figueiredo visitó Buenos Aires en 1980.
En noviembre de 1985 se reunieron en foz de Iguazú los presidentes Raúl Alfonsín y José
Sarney y firmaron la “Declaración conjunta sobre política nuclear”, donde se establece un “Grupo
de trabajo” integrado por diplomáticos, científicos y técnicos, que comenzó sus actividades en
julio de 1986. A mediados de julio de 1987, Alfonsín viajó a Bariloche con Sarney para firmar
un conjunto de actas entre las que se incluía una de cooperación e intercambio de tecnología
nuclear. Allí se reiteró el compromiso de mantener las reuniones cuatrimestrales entre especial-
istas argentinos y brasileños. El encuentro de los presidentes incluyó la visita a “la ultrasecreta
planta de enriquecimiento de uranio” (DyN, 1987). El enriquecimiento de uranio estaba inclui-
do entre los proyectos a desarrollar en conjunto, además de nuevas técnicas de salvaguardia e
investigación sobre fusión. El acuerdo excluyó el área militar (Calmon Alves y Braga, 1987). Al
año siguiente, ambos presidentes visitaron la planta de enriquecimiento brasileña en Iperó y la
planta de reprocesamiento de plutonio en construcción en Ezeiza.
A pesar de la clara orientación pacífica, las presiones sobrevivieron a la presidencia de
Alfonsín. En mayo de 1989, el prestigioso Bulletin of the Atomic Scientists publicó un artículo
titulado “Los peronistas buscan ‘la grandeza nuclear’”. Allí se decía: “Si se puede creer en las
encuestas de opinión, el peronismo, movimiento argentino de masas autoritario y xenófobo, re-
tornará al poder en las elecciones del 14 de mayo”. Y agregaba más adelante: “Esto ha renovado
la preocupación sobre el desarrollo nuclear en la Argentina, un país con una larga historia de
inestabilidad política y nacionalismo militante” (Kessler, 1989: 13).
A pesar de estas afirmaciones, el proceso de integración con Brasil continuó durante el
gobierno peronista y culminó con la concertación del “Acuerdo entre la República Argentina y
la República federativa del Brasil sobre el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear”,
firmado en Guadalajara (México) el 18 de julio de 1991. Por medio de este acuerdo, se creaba un
sistema común de control de materiales nucleares que se implementaría a través de la Agencia
Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Este proceso
se cerraba con la firma en Viena, el 13 de diciembre, de un acuerdo entre los dos gobiernos, la
ABACC y la IAEA, de un acuerdo para la aplicación de salvaguardias en ambos países (Ornstein,
1998: 133-141; Redick, 1995: 24-33). En los años siguientes, Brasil y la Argentina firmaron el
Tratado de Tlatelolco y el TNP.48 Para algunos protagonistas de esta historia, este paso significó
renunciar a 25 años de coherencia en política nuclear.
Mientras el desarrollo nuclear en la CNEA perdía impulso y se consolidaba la colabora-
ción con Brasil, a mediados de 1988 la empresa INVAP y el Haut Commisariat a la Recherche,
48. El Tratado de Tlatelolco fue ratificado por la Argentina el 5 de agosto de 1992. El TNP fue firmado el 23 de diciembre de 1994.
90
organismo estatal de Argelia, firmaban un acuerdo de asociación tecnológica. El 24 de marzo
del año siguiente, el reactor de investigación e irradiación NUR de 1 MW, construido por INVAP,
alcanzó estado crítico. Esta transacción fue seguida de una serie exitosa de exportaciones de la
misma empresa a Cuba, Egipto, India, Irán, Rumania, Siria y Australia (Buch, 1998: 157-201).49
La construcción de este mercado es tema para otro trabajo. Haber logrado enfrentar la com-
petencia despiadada característica del comercio internacional de tecnología nuclear –donde
las ambiciones comerciales y las presiones políticas se confunden– habla de una expertise en
la integración de capacidades de INVAP, CNEA, Cancillería y diversos funcionarios del Estado
argentino, en muchos casos del Poder Ejecutivo. La serie de exportaciones de tecnología nu-
clear iniciada a fines de los años setenta puede pensarse como punto de llegada de un proce-
so histórico, en la medida en que completa el “ciclo” iniciado en los años cincuenta, cuando
el gobierno argentino decidió impulsar el área nuclear y crear un ámbito institucional exclusivo
para su desarrollo.
Epílogo sobre tecnología y periferia
El crecimiento de los primeros años de la CNEA, enfocado en la formación de recursos humanos,
la conformación de los primeros grupos de investigación y las primeras decisiones estratégicas,
fue impulsado por los sucesivos gobiernos locales. favorecida por la guerra fría y por cálculos
comerciales, también existió la colaboración de Estados Unidos y, más tarde, de IAEA. En tér-
minos simbólicos, la energía nuclear se presentaba como una utopía tecnológica posible para
los países no industrializados. La consolidación de áreas que no existían en el país –metalurgia,
electrónica, física de reactores, radioquímica– marcó una orientación al crecimiento en escala
de la CNEA. Refiriéndose al área de metalurgia, Sábato explicaba que la decisión de organizar
un laboratorio de metalurgia, como la División de Metalurgia del Argonne National Laboratory
en Estados Unidos, Chalk River en Canada, o Harwell en Gran Bretaña “habría sido el ‘camino
fácil’; pero la CNEA eligió el ‘camino difícil’”. En lugar de enfocar el esfuerzo en la creación de
un laboratorio de metalurgia nuclear, la decisión fue establecer un laboratorio de investigación
en metalurgia capaz de resolver problemas más generales. El equipo fue adquirido siguiendo el
mismo criterio (Sábato 1973, 26). Así, la CNEA atravesó en los años cincuenta un primer esta-
dio de construcción de una identidad institucional y, a falta de una política de escala nacional
para la ciencia y la tecnología, fue construyendo pautas de organización, estrategias de insti-
tucionalización, estilos de trabajo y objetivos científicos y tecnológicos, que fueron, de manera
implícita, esbozando su propia política.
La línea de desarrollo de reactores de investigación, iniciada a fines de los cincuenta, se
afirmó en la dirección de un crecimiento incremental. La experiencia adquirida en la construcción
de los primeros cuatro reactores de investigación fue clave para iniciar el proceso de licitación
y compra de la primera central de potencia. Durante los años sesenta, además del crecimiento
49. Respecto de las presiones de Estados Unidos y la cancelación de los contratos de INVAP con Irán en 1991, puede verse Hurtado de Mendoza (2006: 65-66).
91
interno, la CNEA logró establecer una red de colaboración con otras instituciones locales. Hospi-
tales, agro, industria y universidades, todos del sector público, a través de laboratorios, cátedras,
participación en obras públicas, van extendiendo la red de interacciones del área nuclear. Des-
de una perspectiva política interna, la primera central de potencia Atucha I significó un avance
de la CNEA sobre el problema energético y puso de manifiesto nuevas tensiones con el sector
que avalaba los proyectos hidroeléctricos desde la Secretaría de Energía. Esta misma disputa
ponía de manifiesto la relevancia política del sector nuclear. Por otra parte, la inestabilidad y el
debilitamiento de las actividades de investigación en las universidades públicas obstaculizaron
el crecimiento de la CNEA. Desde el escenario internacional, los primeros síntomas de alarma y
oposición creciente de las potencias nucleares coinciden con el momento en que algunos paí-
ses periféricos mostraban capacidad de acumulación, diversificación y decidida marcha hacia
la autonomía en el desarrollo nuclear. La conceptualización de estos desarrollos a través del
concepto unidimensional de “proliferación” justificó la disminución de la asistencia y la coerción
creciente de los marcos regulatorios.
Durante la década de 1970, eventos como la crisis del petróleo y la prueba nuclear de la
India generaron las condiciones para que los países proveedores de tecnología nuclear, lide-
rados por Estados Unidos, mostraran que no estaban dispuestos a aceptar la competencia de
países periféricos. El “Club de Londres” y el NNPA de la administración Carter son las manifes-
taciones más elocuentes. Como contrapunto, se puso en marcha en Atucha la primera central
de potencia de América Latina.
En los siete años que gobernó la última dictadura, la CNEA concretó buena parte de sus
logros más importantes. A nivel internacional, el régimen militar argentino soportó fuertes presio-
nes, tanto en lo referente al desarrollo nuclear como a las violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el obstinado objetivo de completar el ciclo del combustible nuclear continuó vigente
y poco después de que el país atravesara la crisis económica más profunda de su historia (hasta
esa fecha) y que sus fuerzas Armadas fueran derrotadas en la guerra de Malvinas (abril-junio
de 1982), el programa nuclear alcanzó su punto más alto en noviembre de 1983, cuando Castro
Madero anunció que la Argentina había desarrollado la tecnología de enriquecimiento de uranio
por difusión gaseosa. A pesar de los acuerdos del “Club de Londres”, el NNPA y las acusacio-
nes contra la dictadura argentina por violaciones a los derechos humanos, Castro Madero había
logrado concretar acuerdos comerciales con Alemania federal, Canadá, Italia, Suiza, Estados
Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China y francia. A pesar de la exacerbada retórica
contra la proliferación, los países proveedores de tecnología nuclear no dudaron en favorecer la
conveniencia comercial en detrimento de lo pactado.
Desde el punto de vista interno, durante la última dictadura la CNEA había seguido una
trayectoria opuesta a la dirección que tomó la economía a escala nacional. Alejandro Estrada,
secretario de Comercio durante la dictadura, había sostenido que “es el mercado quien debe
decidir si el país va a producir acero o caramelos” (Puciarelli, 2004: 123). Esta frase emblemá-
tica de la política económica del gobierno militar colisionaba con la ideología autonomista que
guió la política nuclear. Peor aun, solo unas pocas empresas nacionales prosperaron durante
la dictadura, pero no impulsadas por la competencia en el mercado, sino por su habilidad de
92
construir lobby político (Munck 1985, 60-62; Schorr 2004, 61-90). Un flujo millonario de con-
tratos públicos promovió la conformación de este grupo de privilegio, lo que Castellani llamó el
“complejo económico estatal privado” (Castellani, 2004: 194-95). De esta forma, mientras a
nivel macroeconómico la última dictadura marcó el comienzo del proceso de “corporativización”
de la economía, la CNEA se transformó en una isla donde prevalecieron los ideales de desarrollo
económico e industrialización. El precio de este anacronismo fue cargado a la deuda externa.
En este contexto, la figura de Castro Madero permanece hoy como una incógnita digna
de ser estudiada. Mientras que es bien recordado por muchos civiles que trabajaron en la CNEA
durante la dictadura y, además de conceptualizar su gestión como una continuación “natural” de
las ideas de Sábato, sostienen que Castro Madero los habría protegido del terrorismo de Estado,
otros condenan su “videlismo” incondicional. Un físico que trabajó en la CNEA durante aquel
período intenta sintetizar esta ambivalencia: “Castro Madero fue como Rommel, un excelente
general, creativo... ¿Era Rommel nazi? No lo sé. ¿Era pro-Hitler? Sí. ¿Hubiera diseñado Castro
Madero campos de concentración y cámaras de gas? Probablemente no. Pero es cierto que él
fue miembro del grupo de elite de Videla y firmó cuanta proclama en su apoyo circuló durante
esos días” (Hurtado de Mendoza y Vara, 2006).
Durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, el tema nuclear fue ampliamente de-
batido en los medios y constituyó un tema político de relevancia en la agenda del gobierno, que
no alteró la dirección política heredada y se propuso continuar, como dice un documento de la
SECyT (1989), con “el vigoroso esfuerzo de ‘abrir el paquete’ y de sustituir las importaciones de
tecnología con las contribuciones de la industria local”. Cuando poco más tarde se decidió reducir
dramáticamente el presupuesto de la CNEA y se produjo una severa desaceleración, fue por ra-
zones económicas de nivel nacional –la creciente inflación y el problema de la deuda externa–, y
no por oposición política o reparos de otra índole contra el desarrollo nuclear (SECyT, 1989: 61).
Desde la arena internacional, el “reordenamiento” del plan nuclear fue condición para discutir
la deuda externa. En este punto parece haberse puesto de manifiesto que el programa nuclear
argentino estaba sobredimensionado respecto de la capacidad económica del país.
Quilici atribuye el “innegable éxito en el desarrollo de proveedores que se alcanzó con la
construcción de las dos primeras centrales nucleares” a la puesta en práctica de las ideas de
Sábato. Sin embargo, señala, “hay un punto de quiebre” que puede situarse en el Plan Nuclear
establecido en el Decreto 302 de 1979. La vorágine de las grandes obras, concluye, fueron
objetos codiciados por la “patria contratista”, como fue el caso de Atucha II, que “se convirtió
en un sumidero de fondos, que solo servían para pagarles los supuestos improductivos a los
grandes contratistas” (Quilici, 2008: 21-22). Algo semejante ocurrió con la planta de reproce-
samiento de plutonio en el Centro Atómico de Ezeiza. Su construcción quedó paralizada desde
1983, cuando todavía era necesaria una inversión de 40 millones de dólares para terminarla.
Ahora bien, para su operación era necesario construir una planta de tratamiento de residuos
de alta actividad, presupuestada en 200 millones. Luego del pago de alrededor de 40 millones
de dólares en improductivos y lucro cesante a TECHINT, la principal contratista, el directorio de
la CNEA decidió rescindir el contrato para la construcción de la planta de reprocesamiento en
1991, como consecuencia de presiones de Estados Unidos. El costo final en valor contable de
93
la obra inconclusa en ese momento era de 400 millones de dólares (Santos, 2008).
El desprendimiento de la Entidad Regulatoria Nuclear y de la empresa Nucleoeléctrica
Argentina, que se concretó en 1994, puede pensarse como el corolario de la pérdida de prota-
gonismo de la cuestión nuclear en un marco político de “achicamiento del Estado”. Los inten-
tos posteriores de privatizar la gestión de las centrales de potencia, a cargo de Nucleoeléctrica
Argentina, no prosperaron.
Sin embargo, también hay que agregar en este balance que hoy la Argentina exporta reac-
tores nucleares de investigación. En todo caso, esta historia muestra la compleja conjunción
de factores y las escalas temporales que se requieren para el surgimiento de una empresa de
base tecnológica como INVAP y para su consolidación como exportadora de tecnología nuclear.
Escapa al presente trabajo un análisis de las estrategias comerciales que puso en práctica esta
empresa y de las sucesivas crisis que atravesó desde la década de 1980.50 Otro aspecto de
esta cuestión se vincula al desarrollo de tecnología espacial. Al poco tiempo de la creación,
en mayo de 1991, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales asumió su presidencia
Conrado Varotto, quien había liderado la creación de INVAP y el proyecto de Pilcaniyeu. Hoy la
empresa INVAP también trabaja en esta área, igual que el Instituto Balseiro y algunos sectores
de la CNEA.
Desde una perspectiva regional, la cooperación nuclear con Brasil puso de manifiesto la
capacidad política de ambos países para desactivar aquellos argumentos que, desde la arena
internacional, tomaban como punto de partida los potenciales desequilibrios que podrían llevar
a una “carrera nuclear” en el Cono Sur. Es interesante percibir que, a pesar de haberse puesto
en evidencia que América Latina es la región de la periferia menos conflictiva del planeta, las
presiones continúan vigentes. Cuando el presidente Inácio “Lula” da Silva anunció, en abril de
2004, que Brasil iba a intentar entrar al mercado del uranio enriquecido, la IAEA exigió inspec-
cionar las instalaciones brasileñas y algunos “expertos” vincularon el programa nuclear brasi-
leño con el paquistaní.
A modo de cierre, digamos que el desarrollo nuclear en la Argentina, en sus inicios, padeció
las limitaciones propias de los emprendimientos tecnológicos en contextos periféricos:
i. La aceptación de un estado inicial de subordinación simbólica y material. Esto significa
que los temas relevantes, los criterios de validación, los modelos institucionales y los mo-
dos iniciales de organización suelen ser el producto de aquello que pudo ser aprendido (y
aprehendido) de los países centrales. Las “innovaciones” locales suelen ser desviaciones
de estos parámetros iniciales.
ii. Una representación deficiente y ahistórica del “lugar” social y económico que debe
ocupar un desarrollo tecnológico (en nuestro caso, el desarrollo nuclear), combinada con
una discontinuidad política crónica, que deriva en una capacidad limitada para una cons-
trucción más eficaz de ese “lugar”.
50. Sobre la trayectoria de INVAP, puede verse Versino (2006).
94
iii. Un background de conocimientos y habilidades para el diseño de políticas para la
ciencia y la tecnología que hereda las limitaciones del punto anterior y que toma sus com-
ponentes teóricos –sus clasificaciones, valoraciones, evaluaciones y, en general, prescrip-
ciones– de las formulaciones de política científica de los países centrales.
Este trabajo se propuso esbozar una trayectoria política e institucional, algunos segmentos
del proceso de toma de decisiones, las representaciones (o imaginarios) –y sus “efectos ideoló-
gicos”– que hicieron posible superar estos condicionantes iniciales para alcanzar un grado de
desarrollo que hizo posible la conformación de una “subcultura nuclear” en la Argentina. Supe-
rado el estadio inicial, el trabajo intentó mostrar cómo “trabaja” la arena internacional cuando
un país periférico comienza a aparecer como competidor potencial. Toda una matriz discursiva
sobre seguridad, diplomacia y proliferación, que abarca desde la producción académica en re-
laciones internacionales hasta el periodismo, que no cuestiona los arsenales nucleares, la venta
de armas, la competencia comercial por el mercado de tecnologías “sensitivas”, los acuerdos
corporativos, los secretos industriales y los secretos vinculados a la seguridad de los países
centrales y que, basados en el carácter dual de toda tecnología, llevan la sospecha o el cálculo
de intenciones al rango de categoría analítica para la justificación “teórica” de la censura a los
desarrollos periféricos. En este sentido, el caso estudiado también muestra la complejidad de
la dimensión política y su carácter constitutivo primario de los procesos de desarrollo tecnoló-
gico en la periferia.
95
siglas
ABACC: Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares
AECL: Atomic Energy of Canada Limited
APCNEA: Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica
CANDU: Canadian Deuterium Uranium
CEPAL: Comisión Económica para América Latina
CITEfA: Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas de las fuerzas Armadas
CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica
CNIE: Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales
CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
DNEA: Dirección Nacional de Energía Atómica
ENACE: Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas
IAEA: International Atomic Energy Agency
IIAE: Instituto de Investigación Aeronáutica y Espacial
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPEN: Instituto Peruano de Energía Nuclear
NNPA: Nuclear Non-Proliferation Act
SATI: Servicio de Asistencia Técnica a la Industria
SECyT: Secretaría de Ciencia y Tecnología
TNP: Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
US AEC: United States Atomic Energy Commission
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100
HAMLET SUáREz MD. PHD.
Es jefe del Depto de Otorrinolaringología y director del Laboratorio de Otoneurología del Hospital Británico. Prof de ORL. facultad de Medicina CLAEH. Director del Programa de Implantes Cocleares... Uruguay. fondo de Recursos. Member of the International Committee of the Association for Research in Otolaryngology. (ARO) USA. 2001 - 2005.foreign Advisor of the NIH (USA) in Grant of Cochlear Implants. Professor for Instructio-nal Courses of the American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. 2002 - 2003. Professor of the Courses of International Brain Research Organization. (IBRO) School of Neurosciences. Member of the Collegium Otolaryngologicum Amicitae Sacrum. Miembro de la Comisión Academica de Postgrado .UdelaR. 2001 - 2005. Miembro de la Comisión Honoraria del MSP. 2005 - 2007. Tutor de cinco estudiantes de maes-tría en Biomedicina y uno de doctorado. (PROIMBIO - fac. de Medicina. UdelaR). Publicaciones en revistas revisadas: 36. Capítulos en libros internacionales por invitación: 17.
101
GEnERACIón DE vAlOR En lA InvEsTIGACIón CIEnTÍfICAuna propuesta generada en uruguay
hAmlET suÁREz
marco general
La financiación de la investigación científica y la generación de conocimiento es en todas la so-
ciedades un problema de debate continuo.
Los países en vías de desarrollo tienen una carga adicional para la obtención de esos re-
cursos, ya que la sociedad en su conjunto y su masa crítica de políticos en particular no la per-
cibe como una instancia crucial en el desarrollo de la sociedad.
Una sociedad puede decidir que invierte en generar conocimiento o lo adquiere desde
otras sociedades con mayor desarrollo. Claramente esta última opción va a producir un fenó-
meno de dependencia intelectual en su propia generación de recursos, como también un factor
condicionante más en la emigración de población joven con capacidad de crear, innovar y pro-
ducir valor para la sociedad donde viven.
Por eso, además del lobby que pueda provenir de las agrupaciones universitarias en las ins-
tancias del planeamiento presupuestal para obtener recursos para la investigación en un marco
académico, parecería razonable pensar en fuentes alternativas en la obtención de recursos.
En ese sentido, esta obtención de recursos alternativa a la del propio Estado puede pro-
venir de la industria instalada o de capitales de riesgo en vías de generar una inversión rentable
a la innovación.
Especialmente en Uruguay hay una escasa cultura en que la industria busque en su
masa crítica de científicos oportunidades de generar valor a su producción o aun más, innovar
sobre ella.
Tampoco las universidades tienen estructuras institucionales encargadas de buscar un
vínculo intenso con los procesos productivos. En ese sentido, cuando esta relación entre el
sector académico y los procesos de producción se concreta, el anuncio de la misma se publi-
cita como un fenómeno original, aunque en realidad es un proceso habitual y regular en una
sociedad desarrollada.
Las experiencias que se han dado en Uruguay, aún escasas, se han producido principal-
mente en la relación entre la producción agroindustrial con algunas instituciones académicas.
Claramente en un país productor de alimentos este vínculo es un objetivo a incrementar
de manera dramática, pero eso no invalida que el país busque otras áreas de innovación y ge-
neración de valor.
102
Otra de las fuentes que el mundo desarrollado utiliza, para vincular la innovación a la crea-
ción de valor, son los capitales de riesgo que apuesten a tener una inversión rentable desde los
hallazgos de la investigación científica.
En Uruguay es mínima la experiencia y el primer intento es el del grupo Prosperitas CP,
quienes están tratando de desarrollarlo desde hace tres años.
En ese sentido esta presentación es un breve resumen de la experiencia de una inversión
que este grupo hizo en el año 2006 en un producto generado desde el marco académico (La-
boratorio de Otoneurología), que utiliza la tecnología de la realidad virtual para la evaluación y
rehabilitación de los trastornos del equilibrio.
El proyecto medicaa
El proyecto Medicaa surge de la investigación científica del Laboratorio de Otoneurología sobre
las alteraciones del sistema del equilibrio (ver referencias).
El núcleo conceptual básico que llevó a un producto de innovación es el trabajo realizado
sobre percepción sensorial y respuestas del control postural.
Implementando la tecnología de realidad virtual se trabajó en la evaluación del control
postural frente a la estimulación sensorial, que utilizando esta tecnología reproduce la estimu-
lación sensorial a la que el individuo está expuesto en su vida diaria.
Luego de editar varios artículos en publicaciones revisadas, se evaluó la posibilidad de
generar un producto que cumpliera el rol de evaluar cómo los estímulos sensoriales mediom-
bientales influyen sobre pacientes que tenían lesiones sobre las estructuras del sistema nervioso
central involucradas en el mantenimiento del equilibrio de la postura y marcha.
Además, como el principio de la rehabilitación se basa en exponer sucesivamente a la
estimulación que al paciente le genera conflictos sensoriales, para que el cerebro se adapte,
esta tecnología nos daría la oportunidad de generar estímulos con claves perceptuales preci-
sas e ir midiendo la adaptación de las respuestas posturales con el transcurso del tiempo de la
rehabilitación.
El sistema entonces funciona como un procedimiento de evaluación funcional del equili-
brio y del tratamiento en rehabilitación.
Los dos grandes campos de desarrollo en los que el sistema tiene aplicación en medici-
na son:
a. La implementación de la rehabilitación vestibular, que es el procedimiento terapéutico
idóneo para el manejo de la recuperación de las alteraciones del equilibrio.
b. La estimulación sensorial en un programa de prevención de caídas en el anciano.
103
A. Rehabilitación vestibularAquí el sistema apunta a varios objetivos:
1. Evaluar con precisión qué tipo de información sensorial le genera inestabilidad al pa-
ciente a través de la reproducción de esa estimulación por realidad virtual. Conociendo
el tipo de estímulos visuales, vestibulares o propioceptivos que afectan más selectiva-
mente a un paciente con alteraciones del equilibrio (fundamentalmente en enferme-
dades complejas), es posible conocer las redes neurales involucradas en el mal pro-
cesamiento de la información sensorial y por lo tanto en la generación de estrategias
erróneas de postura y marcha. Además, permite conocer cómo una determinada lesión
o enfermedad del sistema del equilibrio impacta en un paciente que tiene una estruc-
tura perceptual específica, como por ejemplo si es visuo-dependiente o independiente
en el manejo de su control postural. Es decir que una misma lesión puede producir un
impacto diferente en distintos pacientes porque tienen características perceptuales
previas también diferentes.
2. Obteniendo esta información se puede diseñar un programa específico de rehabilita-
ción del equilibrio. Y es específico porque genera una estimulación adecuada recreada
por la tecnología de realidad virtual, para el conflicto de información que ese paciente
tiene, utilizando claves perceptuales precisas como la velocidad, dirección del flujo vi-
sual, estimulación de toda la retina o de la fóvea, etc.
3. La posibilidad de ir midiendo la respuesta postural del paciente, si genera fenómenos
de adaptación, y por lo tanto evaluar la marcha de un proceso de rehabilitación.
4. Mantener registros con medición cuantitativa de los resultados evolutivos.
5. En base al almacenamiento de esta información, los sistemas de salud públicos o los
seguros privados pueden tener un control sobre resultados terapéuticos.
6. La posibilidad de generar reportes médicos con información medible objetivamente e in-
teractuar de manera interdisciplinaria con otros actores de los procesos terapéuticos.
104
b. la estimulación sensorial en un programa de prevención de caídas en el ancianoLa inestabilidad y caídas es una de las principales causas de disminución de calidad de vida y
de muerte en ese grupo etario.
Es además uno de los factores de gasto en salud más significativos por el aumento de la
expectativa de vida.
Sin duda la asistencia de un anciano con inestabilidad es multidisciplinaria en cuanto al
equipo médico involucrado, porque sus causas son multifactoriales.
Una de los factores que influyen en su alteración del equilibrio es que los órganos senso-
riales encargados de dar la información necesaria para el control postural y de marcha se de-
terioran, por varios procesos degenerativos vinculados al envejecimiento y a otras patologías, y
también se producen lesiones en el sistema nervioso central por los mismo procesos.
Es por esto que se deteriora todo el sistema del control postural, y la única estrategia váli-
da es apelar a presentar el conflicto de información sensorial de manera sistemática al paciente
para buscar la capacidad de adaptación, es decir que el cerebro busque estrategias de procesar
la información sensorial alterada que recibe para cumplir el rol de mantener la postura erecta.
Este proceso se genera fundamentalmente porque se produce sustitución de funciones
sensoriales, por ejemplo la de los receptores vestibulares del oído interno por la propiocepti-
va, etc., ejerciendo una “cualidad” del sistema nervioso central que es su capacidad plástica,
es decir que es capaz de cambiar sus estrategias en busca de cumplir una función cuando se
produce una lesión.
El grupo primario de investigación desarrolló trials clínicos publicados en revistas de im-
pacto con revisión, en los que se demostró que ancianos con historias de caídas por alteración
del sistema del equilibrio mejoraban sus perfomances luego de ser tratados con procesos de
rehabilitación usando el sistema diseñado en el Laboratorio de Otoneurología.
Estos trials fueron también sometidos a una segunda revisión en la fDA y los órganos re-
guladores de la CEE para aprobar su uso en estos pacientes.
En ambos casos se obtuvieron las aprobaciones necesarias.
una segunda etapaLuego de efectuados los trials clínicos fue imprescindible la búsqueda de mecanismos que fi-
nanciaran un proceso productivo de ese conocimiento.
En el año 2004 se creó un primer fondo de capital de riesgo en Uruguay (Prosperitas CP),
con fondos institucionales y privados, y se aplicó el proyecto de desarrollo, logrando la aproba-
ción de este fondo para invertir en el proyecto Medicaa.
Objetivos del emprendimientoEl objetivo inicial fue mejorar el producto y efectuar los testing correspondientes y la comercializa-
ción, generando un grupo de investigación y desarrollo que le diera consistencia al proyecto.
Se buscó la asociación con el ámbito académico que generara validaciones en el compo-
105
nente médico y asistencial, produciendo investigación independiente.
Se creó un plan de comercialización en la región que pudiera sostener los costos de de-
sarrollo y mantenimiento de la empresa.
Se comenzó un programa de protección de la propiedad intelectual.
Objetivos consolidadosLos procesos de propiedad intelectual han ido consolidándose en la CEE, EEUU y algunos paí-
ses de América Latina, encontrándose en distintos estatus en el momento actual, aprobados,
pendientes, etc., según los períodos que cada región demora en las aprobaciones.
Se logró una adhesión a los conceptos científicos que soportan al producto en una pro-
porción mucho mayor a la esperada.
1. John Hopkins University. El Depto. de ORl y Otoneurología propició una reunión en Scottdale,
Arizona (enero 2008), para evaluar en un comité de expertos de ocho universidades preferen-
temente de EEUU y también de la CEE las bases de la tecnología, de la que resultaron varios
proyectos de investigación en curso.
Especialmente el grupo de la John Hopkins University –que en el campo de la Otoneurología,
sin duda, son quienes lideran la generación de conocimiento– marcó un especial interés en las
posibilidades de la tecnología desarrollada y organizó un seminario en enero de 2008 en Phoenix
Arizona, para evaluar con siete universidades líderes en este campo de EEUU y Alemania las
posibilidades, las restricciones de la tecnología y los conocimientos logrados por el grupo del
Lab. de Otoneurología.
De este seminario surgieron una serie de oportunidades de desarrollo con distintos grupos aca-
démicos en el sentido de validar hallazgos, indicaciones terapéuticas y nuevos subproductos a
partir de esta tecnología.
2. Programa de investigación conjunta con Emory University (Atlanta, EEUU) donde se usara la
tecnología de realidad virtual desarrollada en Medicaa para integrarla a los programas de reha-
bilitación de las alteraciones del equilibrio. Emory es uno de los centros de referencia en trata-
miento de patología del equilibrio en EEUU. El equipo se instaló en agosto de 2008.
3. Se coordinó un proyecto con la Universidad de Sidney en el Departamento de Geriatría. En
octubre de este año esta universidad inaugura una clínica destinada al tratamiento de la inesta-
bilidad en el anciano y al programa de prevención de caídas. Se usará la tecnología desarrollada
por Medicaa como base del programa. Sidney es una de las universidades de mayor prestigio
en prevención de caídas y fracturas en el anciano.
4. Escola Paulista de Medicina. Tienen un sistema de Medicaa en el que están desarrollando
validaciones en la rehabilitación del stroke.
106
5. Universidad de la República, Uruguay. Medicaa donó un sistema al Hospital de Clínicas, Depto.
de Geriatría, para evaluar los cambios que la hipotensión posprandial genera en los ancianos.
6. El grupo de investigación y desarrollo ha aprobado la publicación en revistas revisadas en un
número significativo, como así también ha sido invitado a la publicación de capítulos en libros
de referencia en EEUU.
Estos son algunos de los puntos clave en los que el proyecto ha encontrado un marco de desa-
rrollo de la tecnología.
Se logró además la aprobación regulatoria del producto para su comercialización en fDA, CEE,
México y Uruguay. Brasil lleva un año en ANVISA para su evaluación.
las limitaciones más significativasLos elementos más destacables en lo que ha significado un límite crucial en Medicaa pueden
resumirse en:
1. La escasa formación médica para introducir conceptos de percepción sensorial, plas-
ticidad neural en la praxis médica, preferentemente en América Latina pero también
en países de mayor desarrollo.
2. En términos económicos, la dificultad en la comercialización de un producto con una
tecnología que está por delante de lo que el mercado puede introducir. Eso explica la
rápida aceptación desde ámbitos académicos de excelencia y la dificultad para la ab-
sorción del conocimiento por el médico práctico.
3. La constatación de que es imprescindible lograr una inversión mayor.
4. El problema del tratamiento de enfermedades crónicas (trastornos del equilibrio en el
anciano) que requieren el acceso a instituciones asistenciales diarias o de alta frecuen-
cia semanal.
5. La lentitud en los procesos de aprobación regulatoria de los grandes mercados en Amé-
rica Latina, como Brasil o México.
6. La dificultad desde Uruguay en llegar a capitales de riesgo con éxito para la obtención
de los recursos necesarios que hagan viable un proceso de comercialización en tecno-
logía médica en mercados de países desarrollados.
La Otoneurología es una especialidad involucrada en el estudio y tratamiento de un nú-
mero muy importante de pacientes. Constituyen el 40% de la consulta en neurología y el 15%
de la consulta en Otorrinolaringología. Pero además con el aumento de la expectativa de vida,
el porcentaje de pacientes con alteraciones del sistema del equilibrio se ha incrementado de
manera dramática. Dos de cada tres personas por encima de los 70 años tienen trastornos del
equilibrio de grado variable y un número significativo de ellas tiene una discapacidad importante
o muere por esa causa (caídas, fracturas, traumatismos encéfalocraneanos).
107
Sin embargo, la formación de masa crítica de médicos y técnicos paramédicos especializa-
dos en esta área es aún muy pobre, especialmente en América Latina. Aun en Estados desarro-
llados hay un déficit en esta formación. Esto significa que en países en desarrollo el porcentaje
de pacientes que logran asistencia adecuada en este campo es minoritario y en el caso de los
ancianos que puedan tener programas de prevención de caídas (como sucede con la patología
cardiovascular y el entrenamiento aeróbico) es inexistente.
Brasil comienza a realizar campañas de difusión nacional acerca de la imperiosa nece-
sidad de instalar programas de prevención pero aún no hay mecanismos que financien a nivel
público las mismas.
Otro punto crucial en la colocación de la tecnología en medicina en América Latina es
que los agentes generalmente privados tienen dificultades por la escasez de personal califica-
do en algunas áreas y aun más en prevención encuentran vallas en la implementación de esa
tecnología, ya que tienen que recorrer un camino previo de difusión y les resulta difícil planear
el retorno de su inversión.
Los seguros médicos no tienen implementada la rehabilitación post-lesional en sus pres-
taciones y menos aun los programas de medicina preventiva, por lo que el campo de acción se
restringe a los pacientes privados.
De todos modos, Medicaa en los últimos 18 meses ha colocado 17 unidades de este sis-
tema en América Latina.
Se necesita acceder a una inversión mayor para entrar a los mercados de gran desarrollo
médico y por lo tanto de potencialidad comercial. En este sentido es suficiente la información
que empresas contemporáneas al inicio de Medicaa en EEUU han obtenido en el campo de los
mercados de riesgo. Ninguna de ellas han logrado la aprobación regulatoria de la fDA y en al-
gunos casos difícilmente lo logren, el promedio de inversión para el desarrollo de un producto
está en U$S 10.000.000, comparativamente unas 10 veces menos que lo logrado por Medicaa.
Pese a ello se lograron las aprobaciones regulatorias y la protección intelectual, lo que implicó
una primera etapa de trabajo con un fuerte componente en el área de control de calidad y de
desarrollo.
Sin duda la entrada a un mercado como el de EEUU o la CEE necesitará imprescindible-
mente una inversión mucho mayor a la lograda actualmente.
En la potencialidad del sistema de Medicaa otro obstáculo es la constatación de que la
dificultad que existe en tratamientos crónicos (fundamentalmente en ancianos), cualquiera sea
el país donde se implemente, es el acceso a instituciones con una frecuencia de al menos tres
veces a la semana para tratarse. Este factor en pacientes ancianos lo vuelve muy dificultoso
porque las familias lógicamente no pueden instrumentar un apoyo de estas características. Eso
se traduce en que la implementación de un programa de prevención de caídas deba tener la
posibilidad de “acceder” al paciente en su propio lugar de residencia.
Este problema es similar al que aparece en otro tipo de tratamientos crónicos, y en ese
sentido la tendencia global es ir a sistemas de telemedicina.
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Medicaa comenzó el desarrollo de un sistema portable de estimulación sensorial con lentes
de realidad virtual y un dispositivo pequeño capaz de ejecutar el programa de estímulos senso-
riales para entrenar diariamente a estos pacientes con lesiones crónicas del sistema nervioso
central, como es el caso de las lesiones por envejecimiento o de otro carácter.
El algoritmo de manejo de estos pacientes con patología del sistema del equilibrio por
lesiones crónicas del sistema nervioso central o de los receptores vestibulares, es que la eva-
luación se efectúa en el sistema madre de realidad virtual en una institución, hospital, etc. Ahí
se miden las respuestas posturales a distintos estímulos sensoriales y en base a esta evalua-
ción se le programa el sistema portable. Se instruye al paciente y su familia en cómo ejecutar
la generación de los estímulos que se le programan para su entrenamiento. El paciente los eje-
cuta diariamente y el sistema registra las sesiones de estímulos realizados, así como también
el tiempo de cada sesión.
El médico establece cada cuánto tiene necesidad de revalorar las respuestas del control
del equilibrio en la unidad madre “institucional”, que como máximo será dos veces al mes. Esto
claramente facilita los procesos de manejo de pacientes crónicos.
La etapa siguiente a la terminación de prototipos son los trials clínicos en el propio equi-
po de investigación de Medicaa, como así también y especialmente de investigación indepen-
diente.
Todo este sistema también está en los procesos de protección intelectual. Hay una clara
diferencia entre países desarrollados y en desarrollo en cuanto a los tiempos de aprobar nor-
mas regulatorias para el uso de tecnología en medicina. Mientras que en la CEE el tiempo de
aprobación fue de cuatro meses y en EEUU de cinco, desde el momento de la presentación,
países como México triplicaron ese tiempo y en Brasil no se ha logrado aprobar, lo que sugiere
la existencia de mecanismos de barreras no arancelarias, proteccionismo, etc. Brasil en parti-
cular es el país donde los estudios de mercado mostraron mayor potencialidad. estimada muy
por encima del resto de América Latina.
La historia de la inversión de riesgo en Uruguay, y aun más en el desarrollo de tecnología
médica, es mínima. Ya fueron aportados los datos del nivel de inversión que desde los propios
países desarrollados se obtienen para la obtención de valor de una innovación proveniente de
la investigación científica, tomando el ejemplo de empresas de similares características a la de
Medicaa. Hay toda una cultura sólida en el manejo de la información de las características de
los mercados potenciales para el producto, los mecanismos de validaciones y la conciencia
de los tiempos que lleva cada proceso en el área médica: producción, control de calidad, vali-
dación, aprobación regulatoria, etc. El conocimiento del tiempo involucrado en estos procesos
hace que los capitales de riesgo en EEUU y la CEE tengan expectativas de retorno de inversión
a plazos prolongados. Además, otro factor básico es que existe toda una red en los mecanismos
de los fondos de inversión de riesgo en los países desarrollados, lo que genera un fenómeno
de “confianza” entre los distintos actores que facilita los procesos en la generación del vínculo
entre innovador, emprendimiento e inversor. América Latina en general y Uruguay en particular
tienen una dificultad mayor de acceder exitosamente a los capitales de riesgo mayores porque
no participan de esa “red de confianza”.
109
Estrategias posibles para el futuro
frente a estas restricciones al desarrollo de una empresa conceptualmente de innovación tec-
nológica en medicina, la estrategia deberá ser evaluar programas a plazos mayores, logrando
producir conocimiento en forma asociada a otros centros universitarios de los países desarro-
llados, presentándose a Grants en forma conjunta, con procesos de propiedad intelectual eje-
cutados en forma paralela y logrando las validaciones en el uso de la tecnología desarrollada a
través de investigación independiente.
De hecho en el campo de desarrollo de Medicaa se están implementando sistemas de tra-
tamiento remotos, en el que el paciente tenga una mínima necesidad de traslado a instituciones
(hospitales, etc) y puedan ser controlados desde unidades centrales a terapéuticas de rehabili-
tación en sus propias casas, con traslados de control al hospital mucho más espaciados.
Es el concepto de telemedicina que está implementándose de manera exponencial en el
mundo en distintas disciplinas. Los procesos de propiedad intelectual están cursándose en forma
paralela al desarrollo y validación efectuados desde investigación independiente.
En forma simultánea usar los recursos que se tengan para comenzar procesos de comer-
cialización piloto en mercados grandes, que puedan generar en conjunto con la consolidación del
producto y su tecnología desde el ámbito académico, la atracción necesaria que permita una in-
versión que es imprescindible en el desarrollo de un emprendimiento de estas características.
Sin duda el otro capítulo fundamental es cómo el país puede actuar en los dos campos que
posibiliten la creación de inversión en la innovación proveniente de la investigación científica.
Uno es el público, donde se están creando los primeros instrumentos, como la ANII, etc.
El otro campo es el de la atracción a la inversión privada de riesgo y en eso ambos actores ten-
drán que interactuar para lograr introducirse en esa “red de confianza” en que el mercado de
capitales se mueve en el mundo.
No parece que exista para los investigadores-emprendedores otras fuentes de recur-
sos que la interacción público privada en un marco de consenso de “Proyecto de país” en el
que los roles de ambos sectores se definan de manera adecuada para darles consistencia y
credibilidad.
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111
112
áLVARO MOMBRúDEpARTAmEnTO DE ExpERImEnTACIón Y TEORÍA DE lA EsTRuCTuRA DE lA mATERIA Y sus AplICACIOnEs,
pOlO TECnOlóGICO DE pAnDO, fACulTAD DE QuÍmICA, unIvERsIDAD DE lA REpúblICA
Uruguayo, 8/2/66, casado, 3 hijos. Magíster en Química, facultad de Química, Universidad de la República (UdelaR), 1991. Master of Philosophy (MPhil) en Química del Estado Sólido, School of Chemistry and Mole-cular Sciences, University of Sussex, Brighton, Reino Unido, 1995. Doctorado en física, PEDECIBA física, facultad de Ciencias, UdelaR, 1999.Profesor Catedrático de física, facultad de Química. Director del Polo Tecnológico de Pando de la facultad de Química, UdelaR, desde septiembre de 2007. Director del Departamento de Estructura de la Materia y sus Aplicaciones, DETEMA, facultad de Química, desde abril de 2006. Consejero Titular de facultad de Química, orden docente, desde 2006. Investigador honorario, Grado 5 del PEDECIBA.Ha dirigido 4 Tesis de Maestría y 3 de Doctorado, todas ya finalizadas. Responsable de varios proyectos de investigación. Autor de más de 70 publicaciones en revistas internacionales y una patente registrada en más de 25 países, ya licenciada.Premio Weizmann de Ciencias 1991, áreas Química, Bioquímica y Biofísica, de la Asociación de Amigos Uruguayos del Instituto Científico Weizmann. Premio Canning 1992, de la Embajada Británica en el Uruguay. Mención Especial llamado 1999 Premio CONICYT-TWAS, área Química. fondo Nacional de Investigadores, nivel I (1999) y nivel II (2002). Premio Roberto Caldeyro Barcia 2000, área Química. Mención Especial lla-mado 2000 Premio Especial de Ciencias Roberto Caldeyro Barcia.Primer premio, 4th World Congress on Tissue Banking, Brasil, 4-6/5/2005, Primer premio, 5º Congreso Ibe-roamericano de Sensores, Ibersensor 2006, Uruguay, 27-29/9/2006, Segundo premio, III Encuentro Latino-americano de Bancos de Tejidos, México, 23-26/5/2007, todos con otros coautores. Delegado Titular de la UdelaR ante el Comité Académico de Nanociencias y Nanotecnología de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Evaluador de proyectos a nivel internacional y de artículos en revistas especializadas.
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InnOvACIón Y DEsARROllO TECnOlóGICO hACIA El fuTuRO DEl uRuGuAY
ÁlvARO mOmbRú
Introducción
Estamos en un período histórico muy importante para el Uruguay y para el mundo. Momento de
desarrollos tecnológicos impactantes, que modifican la vida de los seres humanos en tiempos
cada vez más cortos. Con la evolución informática se logran prestaciones cada vez más com-
plejas, se automatizan y programan cada vez con más facilidad numerosas tareas de nuestra
vida. Se vuelve inconcebible no estar comunicado. Las posibilidades de conectarse con otra
persona son cada vez más variadas y no paran de sorprendernos, a aquellos quienes tratamos
de alejarnos del vértigo de esos avances, sin entrar en un consumo irracional de todo lo que se
nos ofrezca. La conexión a Internet hace que todos sintamos la idea de que todo lo sabemos, o
que, mejor aun, todo lo que nos pregunten podríamos saberlo. El mundo se ha hecho más ancho
y más cercano. Los tiempos se han vuelto más breves y al informar sobre cualquier parámetro
–de tantos que miden nuestra actuación como personas, colectivos o países– han perdido im-
portancia los valores que se informan, para resaltar más las tendencias o, incluso en algunos
casos, predicciones de analistas de lo que puede ocurrir en seis meses, o un año, o incluso más
tiempo –predicciones que, vale recordarlo, son opiniones, respaldadas por el prestigio y antece-
dentes de quien las emite–. En este mundo de vértigo, desarrollado por lo aparentemente acce-
sible de la información y las comunicaciones, se podría estar corriendo el riesgo de justamente,
sobrevalorar aquello de que “la información es poder”, generando una idea de que cuanto más
conectada esté una persona, más probabilidades de éxito tiene en el desarrollo de su tarea. En
todo este marco, se plantea que la innovación y el desarrollo tecnológico son claves. Se trata
de una muletilla que todos, en forma unánime, manejan. Algunos, porque lo han oído y suena
moderno y por eso vale la pena repetirlo. En otros casos, porque tienen en claro los elementos
que justifican tal afirmación. Sin embargo este último ejemplo, decirlo y saber por qué, no ne-
cesariamente va acompañado de una real creencia en su afirmación. Incluso en algunos casos,
la cosa pasa por definir qué entiende cada uno por innovación y desarrollo tecnológico. En al-
gunas corrientes de opinión y bajo determinados criterios, la mera importación de tecnologías
en forma directa podría considerarse innovación.
finalmente, está el tema de cómo definir estrategias de innovación y de desarrollo tecno-
lógico para un país como el nuestro, Uruguay.
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Información
Respecto al primero de los puntos que nos proponemos desarrollar, está el tema información,
magnificada y reverenciada como la meta de estos tiempos. Eso es un craso error. Se trata de
un punto inicial, fundamental para poder hacer las cosas bien, pero de ninguna forma es garan-
tía de nada, entre otras cosas porque mi vecino –competidor, podría ser– está tras la caza de
la misma información y probablemente use los mismos mecanismos que yo en lograrla –siendo
realistas, debe tener mejores–.
Pero se trata de un drama: la mayoría de los seres humanos que vivimos estos tiempos
creemos que hay que estar muy bien informado y si duplico mi nivel de información mejor y si lo
triplico, mejor aun, entrando en una espiral obsesiva que perjudica más de lo que favorece.
Se ven paradojas de gente que se siente muy ignorante por no disponer de todos los ele-
mentos que le gustaría tener para comenzar una tarea, por lo que al día siguiente busca más, y
al otro más, sin darse cuenta de que el retener toda la información en un campo es imposible,
porque es una carrera perdida antes de empezarla y termina posponiendo lo que realmente im-
porta: imaginar, crear, hacer.
Porque en mi opinión esa es la respuesta: busco información para saber qué hacer –eso
suena a “tengo predisposición de copiar”, lo que puede ser de todas maneras un nivel inicial
de innovación o pre-innovación– o mucho mejor aun, para tener elementos para imaginar una
nueva manera de hacer lo mismo o algo distinto.
Hacer es lo importante y lo que más se ha perdido de vista por buena parte de la pobla-
ción: informarse, para hacer.
Una vez localizado el valor de la información en su justo término, se puede relevar el tema
información desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo tecnológico en Uruguay.
Sin entrar en contradicciones, si bien informarse es solo parte del juego, definitivamente
es una parte del juego y nada menos que la primera.
En ese sentido Uruguay está en muy malas condiciones –por eso aquello de que nuestro
vecino debe tener mejores mecanismos para lograr la información–.
Nuestros investigadores científicos o tecnológicos no tienen acceso a bases de datos
internacionales sobre bibliografía científica o tecnológica publicada en revistas con arbitraje
internacional. No tienen acceso a bases que solamente les permitan encontrar los títulos de
los artículos, lo que se trata del mínimo aceptable a nivel internacional, mucho menos a poder
descargar artículos en su computadora. Las bibliotecas locales con mucho esfuerzo traen un
número muy acotado de publicaciones en papel, que representan un porcentaje insignificante
de la bibliografía disponible.
Esto, que puede ser visto como una hecatombe, podría subsanarse a mediano plazo, pues
nos consta que autoridades nacionales han tomado real conciencia de este problema y están bus-
cando soluciones al mismo, soluciones que por supuesto van acompañadas de inversiones.
Si bien el futuro se ve algo prometedor, la realidad al día de hoy es, de nuevo, la de no dis-
poner de esta herramienta imprescindible. Cabe aclarar que los investigadores se las arreglan
con colegas que viven en el exterior y que siempre los apoyan, o aprovechan sus viajes para
115
perder buenas horas en las bibliotecas que visitan. Se resuelve a la uruguaya, lo que no deja de
ser igualmente una enorme desventaja frente a pares de otros países que en segundos acceden
a la información que necesitan.
En cuanto a patentes, existen disponibles en Internet algunas buenas bases de datos con
interesantes motores de búsqueda, sin cargo alguno, de libre acceso. En este caso, la situación
se salva bastante si bien no están comprendidas en este rubro bases de datos más específicas
y detalladas en determinadas áreas.
En el caso de patentes, si bien uno podría pensar que la situación no es tan mala compa-
rada con los artículos científicos, hay sin embargo algunos puntos para pensar.
Preguntas del tipo: qué busco o cómo busco o mejor aun, qué hago con lo que encontré,
se vuelven de gran relevancia.
Es que hay algunas cosas que funcionan diferente en el mundo de lo aplicado respecto de
lo básico –mis disculpas para aquellos a quienes esta división les disgusta o les parece errónea–.
El código dentro de lo básico es: puedo publicar lo que no se ha publicado antes, es decir, ma-
terial inédito, por otro o por mí mismo –o sea no publicar dos veces lo mismo aunque sea mío–.
En lo aplicado hay varias cosas a tener en cuenta: mi motivación para realizar determinadas
búsquedas, las que deben emanar porque hay un interés comercial detrás; la existencia de una
patente no invalida lo que se pueda hacer, porque por ejemplo la patente puede haber caduca-
do, o porque siempre se puede intentar realizar innovaciones en campos relativos.
Las complejidades de lo aplicado no terminan en ese punto, sino que pueden ocurrir pro-
blemas adicionales: un tema es inabordable porque todas las patentes las manejan un grupo re-
ducido de empresas internacionales, o bien, ha quedado en desuso porque surgió una tecnología
más ventajosa, o incluso, solamente se sigue adelante esta tecnología en determinados lugares
con situaciones de contorno muy especiales –que pueden o no coincidir con las nuestras–. De
esta manera, innovar con vistas a lograr desarrollos tecnológicos puede ser una apuesta mucho
más arriesgada que lo previsto. Sin las herramientas adecuadas puede ser casi como lanzarse
a la mar sin brújula, pero en una noche nublada.
Todo lo anterior sin olvidarnos de algo que planteamos antes: la fotografía del momento
es importante pero mucho más aun la búsqueda de tendencias, y en este caso tan complejo en
particular, la búsqueda de nichos de oportunidades, como norte hacia lograr que el riesgo de
una inversión sea menor.
En este sentido el Polo Tecnológico de Pando de la facultad de Química, Universidad
de la República, tiene dentro de su desarrollo previsto en el futuro próximo, la creación de una
unidad específica en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. Para tal objetivo, cuenta
con la inversión del proyecto INNOVA Uruguay, firmado por nuestro país y la Unión Europea, y
con el apoyo de instituciones del exterior, especializadas en el tema, dispuestas a ayudarnos a
incursionar decididamente en estas temáticas. En lo personal estoy convencido de que se va a
tratar de un aporte de gran importancia para apoyar e impulsar la innovación en el sector pro-
ductivo nacional.
En resumen, disponer de la mejor información posible es fundamental, pero filtrarla para
jerarquizar la realmente importante resulta clave para no perderse en la cantidad y tratar de no
perder la perspectiva de que lo que importa es hacer, siempre hacer.
116
Innovación
por qué y para qué. Son las preguntas más repetidas y una respuesta que se obtiene con fre-
cuencia es: para mejorar la competitividad de nuestros productos y aumentar las exportaciones.
Se trata de una buena respuesta, porque es una afirmación cierta y proporciona una razón de
suficiente peso como para dar el paso e innovar.
quiénes. Los ejemplos de países desarrollados demuestran que los privados deben ser
el motor de la innovación. Esto sin excluir a lo público, ya que empresas del Estado como por
ejemplo ANCAP o ANTEL tienen mucho para dar en este sentido y ya están en obra.
Pero son los privados quienes tienen la responsabilidad de actuar como generadores de
innovación en un país, ya que son quienes directamente recibirán los beneficios que de la mis-
ma se extraiga.
Cada día más hay estímulos en Uruguay para que los privados se animen a incursionar
en esta actividad de riesgo.
Somos un país que se está equipando con instrumentos muy sofisticados, disponibles
para apoyar a las empresas en su inquietud por innovar. Existen instituciones cuyo objetivo es el
apoyo concreto a la innovación en las empresas. Se han votado estímulos fiscales para aquellas
empresas que realizan actividades tendientes a la innovación. A todo lo anterior se puede agregar
la futura próxima creación de Parques Científicos y Tecnológicos en territorio nacional.
Sin embargo, a pesar de todos esos estímulos, la respuesta empresarial es dispar. Hay
ejemplos muy buenos de inversión interesante hacia el desarrollo, en tanto que existe en otro
sector un cierto nivel de recelo hacia lo que ven como una actividad riesgosa. Sin dudas se tra-
ta de una actividad de riesgo, pero los estímulos descriptos anteriormente contribuyen a bajar
significativamente el riesgo y, como contrapartida, las empresas tienen la oportunidad de dar
un salto cualitativo en su esquema de negocios.
en qué áreas. Esta pregunta es mucho más difícil de responder que las anteriores. Una
respuesta muy común en Uruguay es: somos un país agroexportador, por lo tanto, hay que inno-
var en lo agropecuario. Ya entramos en terreno de lo opinable, y, como decíamos al principio, de
la convicción que se tenga sobre la propia innovación. Un verdadero creyente en la innovación
debería responder: en todo, hay que innovar en todo.
Incluso más, no sólo en lo que aumente nuestra competitividad y nos permita exportar más,
sino incluso en aquellas cosas en las que innovando mejoremos la calidad de vida de nuestros
compatriotas. Esta nueva visión hace que la primera respuesta de este ítem haya sido incom-
pleta. No solamente el móvil de obtención de beneficios económicos a través de exportaciones
es válido para innovar, sino que la búsqueda del bienestar de la población también lo es.
En este punto se plantea una diferencia de procedimientos: mientras que en el primer
caso la empresa es, en general, quien pone la problemática sobre el tapete y los agentes que
resuelven problemas tecnológicos lo abordan, en el segundo caso, la problemática debe ser
planteada por organizaciones varias de la sociedad, las que, sumidas en su propia tarea diaria,
generalmente desconocen la existencia de innovaciones o incluso si en el país una determinada
solución puede ser abordada por técnicos del país.
117
El primer punto es más fácil de caracterizar, por el propio móvil económico que empuja.
El segundo es mucho más difícil, producto de una serie de conexiones que difícilmente se dan.
A esta altura, cabe detenerse para jerarquizar temas que a veces en nuestra sociedad quedan
de lado.
El acceso a la información, ya dijimos que es muy importante, fundamental, pero dista
mucho de ser el cien por ciento de la cosa, como a veces peligrosamente se tiende a pensar.
Pero cuando se piensa en innovación, la creatividad es un factor básico, sin el cual es muy difícil
pensar en lograr avances en la materia. La creatividad, vaya si se trata de un aspecto abstracto,
de difícil definición, más difícil aun elaboración y, para los legos, mucho más difícil generación
o estimulación. Además de todo, los que piensen que el exceso de información o el énfasis so-
bredimensionado en la información pudieran atentar contra la creatividad… podrían estar en lo
cierto. Con el desafío que presentan áreas completas del conocimiento donde la actualización
es clave para seguir adelante, dejar espacio a la creatividad parece complicado. La complicación
se da a nivel mundial, por lo que se trata de un desafío a enfrentar, complejo y de gran interés.
El estímulo de la creatividad es algo en lo que algunas especializaciones o algunos países como
tales han hecho un énfasis muy especial, sobre todo a nivel de los jóvenes, dándose cuenta
de que buena parte del éxito en el desarrollo de negocios pasa por tener emprendedores con
creatividad destacada.
Nuestro país en ese sentido ha manifestado en mi opinión una apatía muy grande, en don-
de se ha planteado en general una falsa oposición de “mucho trabajo serio y específico” contra
“gente que busca golpes de suerte” (aquello de transpiración contra inspiración). El trabajo a la
búsqueda de una salida ingeniosa y diferente, de nuevos niveles de referencia, de romper con
lo establecido y reescribir desde más abajo, es una cosa, en general, por idiosincrasia nacional,
no demasiado bien vista. Variar de temas, de áreas, sentir que los desafíos están al alcance para
poder ser resueltos y no restringirse, no son conceptos fácilmente aceptados. En la Academia
se considera, a veces, que el rigor de conocimiento se obtiene al cultivar el mismo tema toda
una vida y el tocar varios temas tiene como consecuencia la menor especialización en cada
uno de ellos. El conservadurismo nuestro, gran virtud para muchas cosas, nos impone en este
caso una atadura pesada. Este lastre debe ser removido si se tiene la expectativa de que nues-
tro país tenga una actividad continua y útil en innovación –no necesariamente muy destacada,
sino meramente útil–.
Si bien la información importa y la creatividad define muchas de las actividades de inno-
vación, por lo que establecimos anteriormente sería ideal completar el ciclo con un aspecto al
que definiría como sensibilidad.
Sensibilidad para que el propio técnico, investigador e innovador, pueda definir y encon-
trar problemáticas que redunden en el beneficio de la sociedad. Por lo ya explicado, es difícil
que actores que se enfrentan a diario a alguna problemática visualicen soluciones innovadoras y
mucho más difícil aun que tengan claro que pudieran existir a nivel nacional quienes tengan las
respuestas. Por eso es necesario que los propios investigadores desarrollen esa sensibilidad.
Se trata de un sentido desarrollado para determinar necesidades y buscar respuestas
comprometidas con el medio ambiente y con la gente. Tanto la creatividad como la sensibilidad
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son, desde mi punto de vista, aspectos con un muy fuerte componente intrínseco, pero que
se desarrollan al máximo potencial cuando el investigador pone voluntad consciente en querer
que ello ocurra.
Toda esta discusión nos ha puesto en el tema de lo complejo que es desarrollar un sistema
innovador nacional: dar ventajas fiscales, equipar, crear clusters, parques, pero además, generar
recursos humanos destinados a la innovación, con las características anteriores… y más enci-
ma, que los empresarios crean en toda esta apuesta –no pasa por un acto de fe, simplemente
cuando vea que a mi vecino le fue bien apostando a la innovación mientras yo sigo estancado,
probablemente me atreva a seguir su ejemplo; el tema es encontrar a los primeros vecinos que
se atrevan–. A lo anterior falta agregarle que también se requiere innovación con fines sociales,
para completar el cuadro.
Una vez planteado todo esto, nos damos cuenta de la escala de trabajo que nos queda
por delante. Muchísimo realmente, a pesar de lo mucho que se ha hecho. Los estímulos están,
ahora falta que los propios uruguayos nos atrevamos a dar el paso.
Pero no hemos terminado aún. Nos queda profundizar en mi expresión sobre que un au-
téntico creyente en la innovación no la restringiría a ningún área temática. Es decir, debemos
avanzar en el tema de la agenda temática de abordaje en innovación.
Agenda de innovación
Nos encontramos en un mundo muy cambiante, vertiginoso. Ya hablamos de eso antes. Los
precios del mercado cambian, incluyendo los de la producción nacional, sobre todo la basada
en productos sin o con bajo nivel de procesamiento. Hay tormentas importantes, turbonadas,
inundaciones y sequías. Se producen aumentos importantes del precio del petróleo y oscila-
ciones en el precio de las divisas, peso, dólar, etc. Y a todo ese nivel de incertidumbre que se
maneja en el día a día, hay que agregarle un factor de incertidumbre que raramente se maneja
y es nuestra escala nacional de inversiones.
Por ejemplo, si Uruguay define que como país debe priorizarse la investigación en el tema
A, e invierte 15 millones de dólares en el mismo, decimos que queda refrendado el discurso con
los hechos. Lo que pasa es que 15 millones de dólares, que a escala nacional es un gran com-
promiso y una inversión muy fuerte, a escala de otros países no lo es y a escala de las multina-
cionales definitivamente no es nada. Comparar esa cifra con los mil quinientos o incluso tres mil
millones de dólares que empresas extranjeras, respectivamente, ya han invertido en nuestro país
en un caso, o han proyectado para el futuro próximo en otro, revela que lo que marquemos como
política interna está muy fuertemente afectado por la inversión extranjera que venga a Uruguay.
Quién dudaría de que un tema en el que dos empresas pongan cuatro mil quinientos millones
de dólares, meteóricamente debería pasar a ser un tema estelar en el concierto del desarrollo
nacional y que, como en este caso, pasó por ser una definición tomada en el exterior.
Se me podrá decir que los gobiernos nacionales fueron siguiendo este tema y que no fue
de la noche a la mañana que se instalaron estas inversiones. Puede ser cierto. Pero no es menos
cierto que mañana podría ser una empresa de montaje de chips, motherboards, armado masivo
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de vehículos, o de indumentaria deportiva, o fármacos, o… El mundo es dinámico y las razones
estratégicas de las empresas extranjeras no pasan por nuestro dominio.
Más aun: el equipamiento que mencioné anteriormente que el país está adquiriendo y que
pone a disposición de sus empresas –muchos de estos fondos de cooperación internacional,
en particular de la Unión Europea–, puede ser superado fácilmente en un orden de magnitud
por una empresa internacional que, por alguna razón estratégica, decida instalarse en Uruguay.
Equiparse en un orden de magnitud (invertir por ejemplo por unos 120 millones de dólares de
los cuales unos 80 millones sean en equipamiento), implicaría que todo el esfuerzo que Uru-
guay ha hecho, a nivel diplomático y a nivel de recursos propios, pasaría a ser marginal, fren-
te a una inversión de estas características, y que muchas cosas deberían ser redefinidas. No
es que esto esté ocurriendo, pero podría ocurrir y es un ejemplo de por qué Uruguay no debe
cercenar su posibilidad de innovar en nada. La agenda debe estar abierta. Porque así debe ser
y porque somos demasiado chicos y vulnerables para despreciar cualquier área potencial en
donde podamos innovar y desarrollarnos. Ser versátiles y con potencialidad de movernos bajo
diferentes objetivos según las circunstancias tiene que ser un propósito y una ventaja compa-
rativa respecto a otros países.
Sin embargo, el hecho que se defienda que la agenda deba estar abierta, y que potencial-
mente se pueda innovar en todo, no necesariamente implica que no deba realizarse jerarquiza-
ción alguna entre las diferentes temáticas abordables. Tener una agenda indiscriminada puede
ser tan nocivo como tenerla centrada en una o dos temáticas.
Estudiemos uno de los extremos, el de financiar únicamente innovación en temas vincu-
lados directamente con nuestra mayor producción: cuáles son las agendas de mayor impacto
para un país como el nuestro, podría en principio ser fácil de determinar.
Un procedimiento es inspeccionar la matriz productiva nacional y relevar los puntos de
mayor producción, rotular como que tales temáticas son las apoyables y seguir adelante.
Parece simple… y peligroso. Puesto en contraste y autodefiniéndonos como país agro-
productor, con la vista cerrada solamente a lo agropecuario, usando estereotipos varios (“eso
es lo nuestro, otras cosas no son lo nuestro”), corremos el riesgo de llegar a paradojas históri-
camente imperdonables. Con esa mentalidad Uruguay no habría destacado en un sector tan
pujante como la informática y el desarrollo de software, algo que enorgullece al país y con una
tendencia de crecimiento muy impresionante. Quienes se dedican a esta área tuvieron que ven-
cer ese preconcepto: “esto no es para nosotros”. Sin embargo hoy esta realidad es algo que ya
no se discute. Dentro de esta adversidad, el sector del software –como se lo alude frecuente-
mente– tuvo un aspecto coyuntural muy favorable y que es intrínseco a su propia naturaleza y
tiene que ver con la infraestructura necesaria. Aquello del desarrollo de garaje, de la iniciativa
que con pocos medios puede germinar si la idea a desarrollarse es suficientemente buena. Su
despegue depende de mucha creatividad –algo ya mencionado–, tiempo y entorno para crear,
medios computacionales mínimamente aceptables, y, a no descuidar, una profesionalización de
su estrategia de negocios que haga que se trabaje en algo de gran utilidad y que una vez termi-
nado encuentre su nicho en el mercado. Por estas razones y al lograr una estrategia conjunta de
desarrollo, el sector del software ha logrado pisar fuerte a pesar de lo que podía ser un descré-
120
dito al principio, o una apatía en segunda instancia. De hecho una vez más desde el exterior se
nos mostraba el camino, con el apoyo brindado por la Comunidad Económica Europea a través
del programa Enlaces, invalorable para ayudar a impulsar, por ejemplo, el Centro de Ensayos de
Software de la facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
El ejemplo anterior tuvo como mero objetivo el de mostrar cómo dedicarse a invertir en
innovación estrictamente en aquello que el país produce puede llegar a ser muy erróneo.
Más aun, si uno piensa en aquello que el país más produce, exporta y por lo que mayo-
res divisas ingresan, como ser la venta al exterior de nuestras carnes, uno se encuentra que es
acotado lo que se puede hacer en innovación. Tomándome el atrevimiento de incursionar en
temas que no son de mi especialidad, uno podría innovar en aspectos periféricos al producto en
sí: innovaciones veterinarias, en pasturas, en detección de patógenos, en conservación. Inno-
vaciones que además tienen su techo porque es una actividad productiva en grado de madurez
desde hace ya muchos años. No se trata de algo emergente, pujante y con desafíos abiertos, sino
de una actividad ancestral que va adaptándose a nuevos requerimientos a medida que surgen
avances científicos generales. Adaptaciones que son vitales para nuestro país porque de estar
al día en todos los requerimientos depende exportar o no, es decir sobrevivir económicamente
o no –vaya si será importante entonces estar al día en la producción cárnica–. Decíamos que la
innovación pasa por lo periférico, porque sobre el producto en sí mismo, la carne, no se podría
innovar, no porque sea imposible, sino porque el mayor valor de nuestra carne es precisamente
su condición de “natural”. Cualquier esfuerzo por modificar esa condición bajaría su precio y
cerraría mercados. Por supuesto que el país tiene investigadores de gran valor, instituciones de
investigación sólidas y sumamente respetadas que se dedican a la investigación agropecuaria,
y es perfecto que así sea y se debe apoyar enfáticamente que haya una importante inversión en
esta actividad. Desde estas líneas no se plantea lo contrario. Simplemente se intenta demostrar
que es un error pensar que, como somos agropecuarios (como país), solo hay que invertir en
innovación en eso, porque “dejemos lo demás para otros países, que no es para nosotros”.
El suscripto no intenta cerrar temas de innovación, sino todo lo contrario, y trata de dar
argumentos para demostrar que no se debe ser simplista en este tema.
Pasa por aquello de abrir el abanico, diversificar. Lo que hace una empresa grande y prós-
pera cuando decide invertir un porcentaje de sus ganancias de un negocio para experimentar
la posibilidad de abrir nuevos negocios en otras áreas.
Es lo que países pequeños del Golfo Pérsico hacen cuando reinvierten sus ganancias del
petróleo para crear paraísos turísticos que ya atraen hoy millones en divisas.
Es el cambio de mentalidad que debieron afrontar países con pasados comprometidos
como finlandia e Irlanda, estancados y con cambios coyunturales que amenazaban seriamente
su futuro. Optaron por no hacer más de lo mismo. Sin dejar de ser buenos en sus rubros tradi-
cionales, invirtieron fuertemente para destacar en innovación tecnológica, logrando en pocos
años un despegue ejemplar.
Nueva zelanda es otro ejemplo de país que, siendo parecido a nosotros desde el punto de
vista productivo, apuesta fuertemente a abrir el abanico.
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En este punto se puede citar a la nanotecnología –o nanotecnologías–, corriente tecno-
lógica que promete cambios revolucionarios a varios niveles de la producción y que ya ofrece
numerosos productos comerciales disponibles. Entre los tres países tienen al momento actual 17
centros especializados en nanotecnología. Países que podrían haber pensado la clásica frase:
“eso es complicado, lo dejamos para los demás países”, se aventuran sin embargo a temáticas
de esta naturaleza.
Justamente el ejemplo de la nanotecnología es muy ilustrativo. Se trata de un área muy
multidisciplinaria, emergente y con gran pujanza a nivel mundial. Recién en este siglo se la ha
identificado como con potencial para irrumpir en los mercados con productos, logrando en los
mismos un crecimiento espectacular, tanto desde el punto de vista de los recursos invertidos,
como de las ganancias proporcionadas a las empresas, como desde la producción bibliográfica
publicada o las patentes generadas. Medido en conocimiento o en movimiento de divisas, ya se
puede decir que este siglo ha sido marcado por la nanotecnología.
Es un momento muy propicio para que un país se dedique estratégicamente a esta área
–por supuesto que no se plantea desde estas líneas que sea en exclusividad ni nada que se
le parezca–. Mucho del conocimiento disponible está todavía circulando libremente, lo que no
ocurre en otras áreas del conocimiento aplicado, las cuales ya con cierto grado de madurez, se
basan en conocimientos que son propiedad de las empresas. Además, dado lo emergente de
la nanotecnología, existen todavía numerosos nichos inexplorados donde hay espacio para ha-
cer trabajo muy creativo y lograr incluso algunos avances científico-tecnológicos significativos.
Este estado permisivo para que nuevos países se incorporen a esta corriente tecnológica tendrá
eventualmente su fin, dados los niveles extraordinarios de inversión a nivel mundial, que harán
que esos nichos se cierren en algún momento. Cuando la nanotecnología llegue a ese punto,
sin nichos evidentes y con el dominio del conocimiento en la esfera de las empresas, se habrá
minimizado la posibilidad de incorporarse a esta corriente y la puerta que hoy está abierta se
cerrará definitivamente, hasta que aparezca otra tecnología innovadora, hecho que puede no
ocurrir hasta dentro de treinta o cuarenta años.
Esto nos da una idea del momento histórico que estamos viviendo, oportunidad que si
se deja pasar, quizás quienes hoy estamos en actividad no volvamos a ver surgir otra semejan-
te. El ejemplo de la nanotecnología es, además, bien pertinente a esta discusión, porque se
aplica transversalmente a muchas áreas, desde las que tradicionalmente se aplican a nuestra
producción, como la agropecuaria, hasta fronteras de la innovación a las que Uruguay no pre-
vé que pueda dedicarse, como la microelectrónica. En este punto vale la pena referirse a lo ya
planteado anteriormente, la posible aparición de una inversión de una empresa internacional
en nuestro país puede modificar nuestra óptica de que “esto no es para nosotros”. Incluso más,
las probabilidades de que esa inversión se produzca se verán sumamente favorecidas si existen
antecedentes de investigación en el país y recursos humanos calificados en estas temáticas. De
hecho, invertir en innovación, o más ampliamente en investigación y desarrollo, es eso mismo,
invertir y no gastar. Usualmente en países como el nuestro se cuestiona destinar fondos a estos
propósitos por rotulárselos erróneamente como gastos. Estos gastos son resistidos a otorgarse
y son los primeros en recortarse ante la primera necesidad. Sin embargo, la inversión en I+D+i
122
es incluso un parámetro que corre a nuestro favor como país a la hora de decidirse la instalación
de inversiones extranjeras.
Pero entonces, ¿hay que dedicar todos nuestros esfuerzos a estas tecnologías emergen-
tes, a una apuesta a la microelectrónica –es un mero ejemplo ilustrativo– que puede no llegar
a concretarse nunca –lo más probable–? Por supuesto que no: la clave es dedicar armónica-
mente, que no implica en partes iguales, fondos en los distintos temas que el país identifique
como de importancia estratégica, abarcando desde los temas más vinculados con lo productivo
del país, hasta haciendo apuestas que contemplen, por ejemplo, momentos históricos, áreas
emergentes y, sin olvidar lo que expresamos en puntos anteriores, temas de importancia para
el bienestar de la sociedad.
Cómo realizar esto cuando los fondos son escasos. Esta es una pregunta importante.
Innovación en la agenda
Una expresión muy escuchada es la de los fondos escasos y por tanto, que la investigación, de-
sarrollo e innovación pueden esperar.
Es una falacia, un error de apreciación y de concepto al mismo tiempo. Por supuesto que
los vaivenes de un país hacen que no siempre se viva en bonanza y que los recursos sean me-
nores. Pero si ante la crisis coyuntural que vivió finlandia a fines de los ochenta, ese país hu-
biera adoptado esa mentalidad, la de jugar al achique, la de no gastar más, ni siquiera en cien-
cia y tecnología (nótese el sugestivo uso de gastar y luego ciencia y tecnología), hoy no estaría
viviendo el bienestar y despegue del que disfruta y del que tanto hablamos con admiración. Si
hubiera jugado al achique, hoy serían una minúscula economía llena de problemas, por no haber
identificado que I+D+i no es un rubro que consume dinero, sino una oportunidad, mejor aún,
la oportunidad para salir adelante.
Justamente cuando la situación es más complicada, los países deberían apostar a la in-
novación y aquellos que así lo hacen ven recompensada su elección. Por ello a mi criterio fue un
error grave la postergación permanente a nivel de ciencia y tecnología que se vivió en Uruguay,
en épocas regulares y malas, ya que debió tomarse con mayor énfasis una postura decidida
hacia la innovación, sin excusas. No se trata de un gasto para dejar contentos a los investiga-
dores, como se visualizaba tradicionalmente, sino de un motor para impulsar al país hacia una
modernización que se hace impostergable. El presupuesto en I+D+i debe ser algo que tiene
que estar en la agenda del país hacia el futuro, siempre, y con respeto: no debe faltar, tiene que
ser digno y no puede recortarse aleatoriamente; tiene que ser competitivo a nivel internacional
y estar consolidado; debe proveerse permanentemente, no dejando lagunas de meses o años
sin financiarse, ni siquiera en uno solo de sus programas. El Uruguay como país tiene que tomar
muy en serio este tema, porque a no dudarlo, hará la diferencia en el futuro, cuando precios
internacionales que hoy nos benefician no sean tan benignos.
Se trata de hacer un gran pacto: jóvenes que aceptan la apuesta de quedarse en el país
para expresar sus talentos acá, apuesta en la que les va su vida y las de sus hijos –ni más ni
menos–, descartando ofertas de vida más cómodas y mucho mejor remuneradas en el exterior,
123
un exterior muy ávido de recursos humanos científico-tecnológicos altamente calificados; un
país que respeta sus compromisos con su propia gente y mantiene una inversión en I+D+i de
largo plazo, continuo en el tiempo y consolidado. El país pone mucho en juego, pero es incom-
parablemente menor que el que se le pide a su gente más calificada, y esto debe ser señalado
con mucho énfasis. No es un tema de números, es un tema de apuesta de vida, lo que es más
importante.
Todo lo anterior que se planteó sobre el pacto, teniendo en cuenta algo muy importante: a
mediano y largo plazo, el país entero recibirá los beneficios de seguir adelante con esta política,
porque recordemos una vez más, se trata de una inversión.
En la medida que el país se desarrolle como todos esperamos, mayores serán las expor-
taciones y mayor el Producto Bruto Interno, PBI. Al aumentar el PBI, será mayor lo que haya
para repartir a nivel nacional para numerosos sectores de la población: salud, educación, pro-
gramas de vivienda, auxilios sociales, etc. Además, al aumentar las inversiones, disminuirá el
desempleo y habrá mayor oferta de trabajo para recursos humanos calificados. Nuestro país
comenzará un círculo virtuoso que traerá beneficios crecientes a su población, transformándo-
se hacia un desarrollo real.
Se trata de mover una rueda que está muy reluctante, llena de desconfianzas por pactos
no cumplidos en el pasado. Es una tarea difícil y requiere de un compromiso renovado de todas
las partes, con el sincero deseo de cumplirlo. De otra manera, nuestro futuro como país estará
muy limitado.
uruguay tecnológico
El cambio que provocaría seguir políticas de inversión continua y consolidada en I+D+i, tendría
consecuencias insospechadas.
Por supuesto que imaginamos un país con mayor inversión, con mayor PBI, con menor
desempleo, en definitiva, con mejor calidad de vida.
Sin embargo, existen aspectos que irán surgiendo con el tiempo.
Habrá posiblemente una pugna entre el Uruguay Natural y el Uruguay Tecnológico, UyNat
y UyTec. En realidad ambos pueden coexistir perfectamente, para lo que se requeriría un nivel
de ordenamiento territorial más exhaustivo. Esto, sumado a los litigios por intereses económicos
encontrados, y a una inevitable sensación de desconfianza, creará artificialmente la discusión
entre el UyNat y el UyTec.
De este debate, sumado a las exigencias que demandan las normas para la producción en
condiciones aceptables, ya ha surgido y se irá profundizando, una especialización muy fuerte de
nuestros servicios tecnológicos en los cuidados ambientales, fundamentalmente en los vertidos
de desechos de las plantas productivas.
Nuestra reputación sobre el cuidado del medio ambiente ya ha sido puesta en tela de juicio
por nuestros vecinos, respecto de un caso de mucha notoriedad. Esta circunstancia contribui-
rá aun más para que los uruguayos cuidemos con mucho celo el medio ambiente, tratando de
preservar en forma auténtica la veracidad del eslogan UyNat.
124
Para cumplir con las normas ya vigentes y las cada vez más restrictivas normas que irán
surgiendo, será indispensable que el país renueve periódicamente el parque de equipos tecno-
lógicos de última generación y de alta especialización que permita controlar el medio ambiente.
Nuestro país ingresa así a una etapa de la que no hay retorno: necesita asegurar el manteni-
miento del nivel de sus instrumentos científicos de alto costo.
Este mantenimiento repercutirá positivamente en otras áreas de la innovación: equipa-
mientos analíticos que permitirán realizar controles de productos en Uruguay, garantizando su
calidad antes de su embarque para exportación, para evitar rechazos de mercadería en destino,
con la consiguiente pérdida económica y de confianza.
Con el advenimiento y el fortalecimiento del UyTec habrá cambios incluso de idiosincrasia
a nivel de la población: probablemente adoptemos cada vez posturas menos conservadoras y
puede que nos acostumbremos a cambios más continuos y de mayor alcance.
Conclusiones finales
Muchas razones llevan al suscripto y a muchas otras personas a pensar que estamos
viviendo un momento histórico, el cual, si fuera bien aprovechado, podría permitir encauzar a
nuestro país definitivamente hacia un futuro tecnológico.
La creación y consolidación de centros de investigación, la promoción de clusters de pe-
queñas y medianas empresas, los estímulos fiscales a las empresas que realicen actividades de
innovación, la coyuntura internacional favorable, la creación de institucionalidad en I+D+i, los
significativamente más altos niveles de inversión que se están dando y los mayores que se avizo-
ran, la diversificación de la matriz productiva –al menos la convicción de que es necesaria y un
esbozo inicial hacia este rumbo–, la colaboración internacional sostenida hacia estas temáticas,
las inversiones extranjeras que se comenzaron ya a instalar en nuestro país, son unas cuantas
razones para pensar que hay pasos ciertos hacia el punto de inflexión requerido.
Todo este panorama positivo es muy importante, pero resultaría insuficiente si no cuenta
con el compromiso de los propios uruguayos:
125
Los investigadores, comprometerse a afianzar su carrera definitivamente en el país, abrien-
do sus opciones temáticas de trabajo hacia la mayor utilización posible de sus capacidades y
talentos para cubrir, no solo la investigación fundamental que abrazan desde hace años, sino
permitirse también el aporte hacia aspectos más aplicados de interés económico o social.
Las autoridades nacionales, comprometerse a cumplir con una inversión importante, sos-
tenida y continua en el tiempo, sin lagunas temporales de ningún tipo en ningún programa.
Los empresarios, comprometerse seriamente a explorar el camino hacia la innovación
tecnológica, tomando los riesgos que evalúen como razonables. Nadie les puede pedir que to-
men opciones que ellos mismos visualicen como inviables, pero tampoco que vivan a espaldas
de la innovación productiva.
El desarrollo tecnológico del Uruguay depende, así, de las decisiones que cada uno de los
involucrados tomemos de aquí en más.
Las circunstancias son favorables, pero es necesario que actuemos con decisión, mucho
compromiso y esfuerzo.
Quizás no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo más.
126
EC. LUCÍA PITTALUGA
Ha sido investigadora en el Instituto de Economía de la facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR) desde 1994 y es actualmente docente de la cátedra de Crecimiento y Desarrollo de esa facultad; es también docente de la facultad de Ciencias Sociales (fCS-UdelaR) desde 1998. Actual integrante del Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación (ObservaTIC) en la fCS. Máster en Desa-rrollo Económico, Universidad de París I - Universidad de Picardie, francia. Se ha especializado en temas de Desarrollo, Economía del Conocimiento e Innovación Tecnológica, siendo autora de diversos artículos, libros, informes y ponencias en seminarios nacionales e internacionales sobre estas temáticas. Ha partici-pado de diversas investigaciones, equipos de investigación, realizado consultorías para diversos organismos nacionales e internacionales como CEPAL, UNESCO, BID, BM y PNUD en las temáticas de su especialidad. Actualmente está a cargo de la cartera de proyectos de Desarrollo Productivo e Innovación Tecnológica de PNUD en Uruguay.
127
unA vIsIón DEsDE lA ECOnOmÍA: lA InnOvACIón TECnOlóGICA COmO mOTOR DE TRAnsfORmACIón DE lAs EsTRuCTuRAs pRODuCTIvAs1
luCÍA pITTAluGA
El tema de la innovación tecnológica viene adquiriendo una importancia creciente tanto desde la
perspectiva del desarrollo como de la inserción internacional, y en particular cuando –desde cual-
quiera de estas ópticas– se requiere explicar la adquisición de competitividad en una empresa o
en el conjunto de una economía. Sin embargo, en la teoría económica no se ha llegado aún a una
comprensión adecuada del comportamiento tecnológico de la empresa, ni de las consecuencias
del mismo sobre su desempeño individual y/o sobre el de la economía como un todo.
En parte, esta relativa incomprensión se explica por la predominancia del enfoque neoclá-
sico que, en sus versiones más tradicionales, concibe a la empresa como un ente abstracto (black
box) que maximiza las ganancias e incorpora tecnologías exógenas. Aunque más recientemente,
en las nuevas teorías neoclásicas, el progreso técnico es tratado como un factor endógeno al
proceso de crecimiento –en tanto entienden que él resulta de decisiones explícitas y conscien-
tes de inversión en innovación–, se sigue considerando a la tecnología como asociada a simple
información, disponible en las estanterías de las bibliotecas, en los archivos de las universidades
o en las propias empresas, y transferible libremente de un lado a otro.
La escuela evolucionista2 comenzó mostrando las insuficiencias del enfoque neoclásico
dominante para comprender el fenómeno de la innovación, y propuso una concepción de la
tecnología que tiene en cuenta aspectos que no pueden ser considerados a base de su trata-
miento como un mero bien económico. Estas nuevas visiones teóricas han influido de manera
importante en el pensamiento actual latinoamericano sobre desarrollo económico, los que han
sido la base para reformular el pensamiento originario de Prebisch sobre el impacto del progreso
técnico en las economías de la periferia.3
La innovación tecnológica se concibe como un proceso social en el que participan dife-
rentes actores, aunque el centro reside en la empresa. No se restringe a la creación de proyectos
científicos y desarrollos tecnológicos, sino que se trata de agregar valor de mercado a los nuevos
conocimientos. La innovación puede hacer referencia al ámbito de la empresa, de un sector o
del conjunto de la economía y, puede estar relacionada con la fabricación de nuevos productos,
1. Este artículo es una actualización de los conceptos y aplicaciones empíricas vertidos en el Informe Nacional de Desarrollo Humano en 2005.
2. Nelson y Winter (1985).
3. Véase Hounie et ál. (1999).
128
la prestación de servicios, el desarrollo de procesos o el dominio de nuevos mercados. Tam-
bién puede expresarse en nuevos modelos de negocios, de comercialización, de logística o en
nuevas fórmulas para conquistar mercados. Esta concepción de innovación es así mucho más
amplia que la vinculada únicamente al desarrollo tecnológico y a la investigación científica, ya
que también tiene que ver con la gestión de los negocios y las múltiples posibilidades que ello
genera. No obstante, debe reconocerse que sin la investigación básica y aplicada, y sin el de-
sarrollo tecnológico, la innovación perdería fuerza rápidamente.
Se destacan aspectos de la innovación tecnológica que hacen que la tecnología sea fun-
damentalmente específica a las empresas que la ponen en práctica. Se reconoce también que
la innovación tecnológica depende del entorno dentro del cual las empresas están insertas.
Los elementos del entorno vinculados a la capacidad de innovar de las firmas están relaciona-
dos con las redes de empresas y con las entidades cuyas actividades se vinculan al proceso
de innovación. Además, se pone énfasis en los aspectos institucionales de la innovación. Las
postulaciones precedentes –el protagonismo tecnológico de las empresas, el papel del medio
y la importancia de las instituciones– han sido captadas a través del concepto de entornos in-
novadores. Dicho concepto reconoce el carácter endógeno de la innovación a una empresa, a
su entorno y territorio, y a una configuración institucional particular. Son estas las perspectivas
micro y mesoeconómicas de la innovación tecnológica.
Por otro lado, si se pretende examinar la capacidad de innovación de un país o de su eco-
nomía como un todo, el análisis recae sobre los efectos globales de los procesos de aprendizaje
microeconómicos y de su entorno mesoeconómico. Lo que importa identificar es qué proce-
sos microeconómicos y qué contextos mesoeconómicos tienen más aptitud para expandirse al
conjunto de la economía. Se suele referir al concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI)
en este nivel macroeconómico. Dicho término pretende capturar la idea de que el cambio tec-
nológico es un fenómeno sistémico que va más allá de las esferas de la ciencia y la tecnología
en sentido estricto y comprende la creación, difusión y aplicación de conocimientos al conjunto
de una economía.
El tipo y composición de estructura productiva que posee un país definirán ciertas carac-
terísticas esenciales de su SNI, determinando aquellas áreas productivas y empresas en que la
innovación tecnológica puede adquirir mayor empuje. Es desde esta perspectiva que en este
trabajo se aborda la innovación tecnológica desde el ángulo de su materialización en el proceso productivo. Para ello ha de captarse cómo se entiende esta desde las dimensiones microeco-
nómica (sección 1) y mesoeconómica (sección 2). Es esto lo que haremos en primer lugar en
este artículo, para luego pasar al nivel macroeconómico (sección 3) y observar una aplicación
de este enfoque para el caso de la economía uruguaya (sección 4).
129
1. la innovación tecnológica es un proceso cuyo centro reside en la empresa
La innovación desde el ángulo de su aplicación al proceso productivo resulta de diferentes ac-
tividades de creación de conocimientos en la empresa ligadas al aprendizaje, la adquisición de
bienes y servicios que incorporan nuevos conocimientos, la investigación y el desarrollo, y la
ciencia y tecnología. En las siguientes subsecciones se analizan estos conceptos.
¿Dónde residen y cuáles son los conocimientos que se aplican
en el proceso productivo?
Un proceso productivo consiste en un conjunto de actos de trabajo simultáneos o sucesivos e
interrelacionados, que tienen el objetivo común de generar un bien o servicio. Desde una pers-
pectiva más amplia, refiere a las capacidades culturales de una sociedad determinada para la
provisión de dichos bienes y servicios. El lugar privilegiado en el cual se generan los bienes y
servicios en una sociedad es la empresa. No obstante, el proceso productivo se extiende hacia
fuera de los límites de la empresa, en tanto esta contrata trabajadores, compra materiales e
insumos para la producción, tiene en cuenta las demandas potenciales y efectivas, y externa-
liza operaciones y funciones, tanto productivas como de gestión y de innovación. De hecho, el
proceso productivo en las economías actuales se asemeja más a un dispositivo de red que a
empresas aisladas que interactúan por la vía del mercado.
Los actos de trabajo envuelven el ejercicio de capacidades de la fuerza de trabajo y tam-
bién de las empresas en cuyo seno tales actos se llevan a cabo. A su vez, las capacidades se
adquieren en el propio proceso productivo, a través del aprendizaje individual y organizacional,
y en parte también fuera de él, a través de la educación general o especializada de la fuerza
de trabajo.
Las capacidades consisten en conocimientos que “posee” la empresa, incorporados en
su fuerza de trabajo y en su organización. Dichos conocimientos se aplican a la propia realiza-
ción de los actos de trabajo (incluyen el modo en que se usan las máquinas y los insumos in-
termedios), a la forma en que estos se organizan en la empresa, a la gestión de la firma como
un todo, y a cómo esta se relaciona para producir y vender con otras empresas y entidades de
su entorno. otros conocimientos que intervienen en el proceso productivo son aquellos que la
empresa “adquiere” y ya están incorporados, por ejemplo, en una máquina que compra, una
planta llave en mano o un consultor externo que contrata. También intervienen conocimientos
protegidos por derechos de propiedad intelectual, como son los contenidos en las patentes, las
licencias, los derechos de autor o la certificación vegetal, y otros no protegidos como el know-
how o los servicios científicos y tecnológicos.
Los conocimientos pueden estar codificados en instrucciones claras o ser tácitos, es decir,
difíciles de transmitir mediante información precisa. Los conocimientos pueden ser más o menos
fáciles de copiar por otras empresas, según el grado de codificación y complejidad que conten-
130
gan. Es este el problema que se invoca cuando se habla de apropiabilidad del conocimiento.
Existen mecanismos, como la protección jurídica del uso de ciertos conocimientos o su secreto,
que aseguran a quien los haya creado la apropiación del fruto que genera su aplicación en la
economía. No obstante, no todo conocimiento puede ser excluido en su uso por otros agentes
a través de esos mecanismos. Un conocimiento sobre principios universales, por ejemplo, difí-
cilmente podrá ser patentado para legitimar la propiedad de ese tipo de saber. Además de los
mecanismos mencionados, las empresas pueden impedir la imitación generando continuamente
nuevos conocimientos, o pueden también transformar los conocimientos en tan específicos de
la empresa que sean difíciles o imposibles de copiar.
COnOCImIEnTOs CODIfICADOs, TÁCITOs, InDIvIDuAlEs Y COlECTIvOsEl conocimiento codificado, en economía, se asimila a información. Se entiende por información el conjunto de conocimientos reducidos y convertidos en mensajes que pueden ser fácilmente difun-didos entre los agentes (con el costo que implica la duplicación de esa información). La información codificada ha sido por lo general organizada y expresada en un formato compacto y estandarizado, de manera de facilitar y reducir el costo de operación de transmisión, verificación, registro y repro-ducción de los conocimientos. La revolución de las tecnologías de la información ha reducido enor-memente el costo de codificación, estandarizando los lenguajes y las expresiones según formas di-versas, como por ejemplo, numéricas o simbólicas. El conocimiento tácito permanece por fuera de ese movimiento de codificación. Dicho conocimiento se compone de elementos del conocimiento de los individuos que permanecen indefinidos, no codificados ni publicados. Estos elementos no pue-den ser siquiera expresados plenamente por quienes los poseen; difieren así de una persona a otra, sin desmedro de que puedan ser comunes a colegas y colaboradores. Son, además, inseparables de la práctica de los colectivos de los trabajadores que los generan y, por lo tanto, no son expresables fuera del contexto del proceso productivo dentro del cual fueron generados. Más allá de la transfor-mación del conocimiento en un objeto, el proceso de codificación alza la cuestión de la capacidad del poseedor del conocimiento para explotar sus diferentes categorías. Por ello, en el proceso de transformación del conocimiento no solo hay que analizar la distinción entre sus componentes táci-tos y codificados, sino también entre conocimiento individual y colectivo.
fuentes: foray (1992) y Rullani (2000)
¿En qué consiste la creación de conocimientos?
El proceso productivo supone la aplicación de un conjunto de conocimientos eficientes y eficaces
para la producción de bienes y servicios. Dicho conjunto se denomina tecnología. El cambio de la
tecnología consiste en la introducción de nuevos conocimientos en la producción de bienes y ser-
vicios. El resultado exitoso (en términos de mercado) de este proceso es la innovación tecnológica, la que puede ser novedosa para la empresa, el mercado local o el internacional. La creación de
conocimientos en la empresa está ligada con actividades de aprendizaje por la práctica, adquisición
de bienes y servicios que incorporan nuevos conocimientos, investigación y desarrollo y ciencia y
tecnología. En los puntos siguientes se analizan con más detalle estas actividades.
131
Aprendizaje por la práctica
Se entiende por aprendizaje por la práctica la creación de conocimientos a través de la práctica
productiva y la capacitación. El aprendizaje conectado a la innovación incremental resulta de la
experimentación, es decir, de acciones conscientes o intencionales, de pruebas sucesivas sobre
nuevas formas de realizar las tareas. Con esto se quiere decir que los conocimientos en que las
técnicas consisten se transforman para adaptarse a un proceso productivo particular, con su
correspondiente organización del trabajo. Es de observar que en este modo de ver el aprendi-
zaje subyace una idea central, en última instancia asociada con el carácter tácito y acumulativo
que se atribuye al conocimiento tecnológico. De acuerdo con esta idea, este conocimiento no
puede ser transmitido en una forma lineal y simple, en la cual el transmisor traslada al receptor
un saber acabado. Por el contrario, se entiende que el conocimiento depende de un proceso de
aprendizaje en el que ese saber se ve sujeto a modificaciones y enriquecimientos. Dicho en otros
términos: acceder al conocimiento tecnológico y dominarlo requiere desarrollar la creatividad,
de modo de poder modificarlo y potenciarlo en provecho propio. Se entiende, por tanto, que la
innovación que deriva del aprendizaje por la práctica es endógena al proceso productivo y a la
empresa que la organiza y la lleva a cabo.
Se entiende, asimismo, que la creatividad ha de ser expandida a toda la empresa, lo
que implica apuntar hacia nuevas formas de organización del trabajo que fomenten la predis-
posición y las posibilidades de aprender. Según se aduce, la acción innovadora y el recurso a
la creatividad que ella supone ya no puede descansar en una diferenciación dicotómica entre
empresarios y/o ejecutivos y una masa de trabajadores especializados. Se agranda así el hori-
zonte de actuación correspondiente a los distintos puestos de trabajo, y por ende se desarrolla
un movimiento de desespecialización de las calificaciones laborales, tendente a fomentar los
equipos plurifuncionales, y con ello la comprensión y la responsabilidad sobre el proceso de
trabajo en su conjunto.
Adquisición de bienes y servicios que contienen nuevos conocimientos
La aplicación en la empresa de los nuevos conocimientos incorporados en los bienes y servicios
que adquiere no se hace de forma automática. El carácter tácito del conocimiento tecnológico
resulta clave en una concepción de la tecnología que no la define como asociada a simple infor-
mación, sino como un conjunto de conocimientos. En efecto, debido a ese carácter la tecnología
no puede ser percibida como un mero conjunto de instrucciones, y su difusión y adquisición no
puede basarse por entero en información articulada respecto de la misma.
Por ello, un esfuerzo es exigido para dominar los nuevos conocimientos incorporados en
los bienes de capital o en las asesorías de los expertos, y habrá que adaptarlos a las circunstan-
cias específicas en las cuales se encuentra la empresa, como son la demanda local, las escalas
de producción, las habilidades de los trabajadores y su particular organización del trabajo, y
–con frecuencia– las materias primas locales. Por otro lado, el esfuerzo en materia tecnológica
no termina con el dominio de la tecnología; ella puede mejorarse mediante ajustes menores, lo
132
cual requiere mayores esfuerzos y nuevas capacidades. Todo esto supone implementar proce-
sos de aprendizaje que hacen endógena la tecnología a los procesos productivos y a la empresa
en la cual se llevan a cabo.
Investigación y desarrollo experimental
Las actividades de investigación y desarrollo experimental (I+D) comprenden la investigación
básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental. Suele entenderse la I+D como
todo trabajo creativo de las personas llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el
volumen de los conocimientos y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicacio-
nes. Interesa diferenciar la I+D relacionada directamente con un proceso productivo y la que
no lo está; esta última se denomina aquí ciencia y tecnología (C+T). La primera se puede llevar
a cabo a través de actividades laterales y separadas de ese proceso productivo en la empresa
que la desarrolla (interna) o en otra empresa o entidad especializada (externa). La I+D puede
estar asociada tanto a innovaciones incrementales como radicales.4
Una empresa o entidad aprende a hacer I+D cuando logra acumular las capacidades
para ejercer esa actividad a medida que la practica. También aprende a mejorar los resultados
de sus actividades de I+D si consigue captar los problemas que se generan cuando éstos se
utilizan en el proceso productivo. Se entiende que la I+D interna es endógena a la empresa y
también al proceso productivo si existe retroalimentación entre ambos; la I+D externa es en-
dógena al tercero que la desarrolla y a la empresa cuando esta logra hacer propios los conoci-
mientos adquiridos.
Ciencia y tecnología
De las actividades ligadas a la C+T derivan conocimientos científicos y tecnológicos que no es-
tán referidos a ningún proceso productivo particular. Las entidades que los generan son por lo
general universidades públicas y privadas, así como laboratorios sin fines de lucro. La C+T in-
teractúa con la I+D, al utilizar esta última los conocimientos de la primera; al mismo tiempo, la
segunda ejerce una influencia sobre la primera, pues suscita nuevos interrogantes que inspiran
a la C+T. La existencia de un pensamiento científico y tecnológico independiente, con criterios
propios de evaluación, constituye una parte indispensable de la innovación endógena que, si
4. Las innovaciones incrementales consisten en mejoras sucesivas a las que son sometidos los productos, procesos productivos, organización del trabajo y formas de comercialización. En determinado momento, la capacidad de es-tas innovaciones para producir mejoras encuentra inevitablemente sus límites, tanto técnicos como económicos. Sólo una innovación radical, al determinar un nuevo horizonte de potencialidades, abre un nuevo abanico de innovaciones incrementales potenciales. Las innovaciones radicales consisten en la introducción de productos, procesos, formas organizativas y de comercialización verdaderamente nueva; son por definición rupturas capaces de iniciar un nuevo rumbo tecnológico. Equivalen al concepto de punto de bifurcación en la teoría de sistemas: son aquellos que modifican la evolución del sistema.
133
bien debe estar orientado a la solución de problemas específicos, ha de retroalimentarse per-
manentemente con esos ámbitos de creación y reflexión. Los conocimientos que se obtienen
en tales ámbitos son endógenos a las entidades, y muchas veces a los grupos de investigación
y personas que los generan, así como a las empresas y entidades de I+D, si existe retroalimen-
tación. También son endógenos a la sociedad como un todo si los conocimientos generados se
difunden y convierten en parte de la cultura nacional.
En suma, en el Diagrama 1 siguiente figura un esquema en el que se visualizan las tres
perspectivas del proceso de creación y adquisición de conocimientos en la empresa. La pri-
mera está conformada por las propias empresas que llevan a cabo la producción, en tanto al
desarrollar procesos de aprendizaje e innovación se constituyen ellas mismas en generadoras
de nuevos conocimientos. La segunda la constituyen las empresas y las entidades que realizan
I+D, actividad con base en la cual generan endógenamente los conocimientos adicionales cons-
titutivos de la innovación. La tercera reúne a las entidades universitarias y centros de investiga-
ción empeñados en el desenvolvimiento de la C+T, los cuales cumplen un papel relevante en la
innovación, por la vía de su interacción con aquellas otras entidades (o empresas) que realizan
la I+D y la sociedad como un todo.
diagrama 1. lAs ACTIvIDADEs DEl pROCEsO DE CREACIón Y ADQuIsICIón DE COnOCImIEnTOs
134
Las actividades descritas en los puntos anteriores solo podrán desarrollarse si se cuenta
con la calificación, la formación y el esfuerzo de las personas involucradas. Esto último explica
por qué las entidades que se dedican a la formación de las personas para educarlas y capacitar-
las de forma que puedan intervenir en los procesos de innovación son una parte indispensable
de la creación y adquisición de conocimientos. Las otras entidades de apoyo y de financiamiento
son también parte de ese proceso.
De esta forma en el Diagrama 1 queda plasmado lo que importa para comprender la inno-
vación tecnológica en su nivel microeconómico; en la sección siguiente se aborda la innovación
desde el ángulo mesoeconómico.
2. la innovación tecnológica depende de la conformación de redes
Las redes de innovación son las nuevas configuraciones de la actividad económica que respon-
den a la necesidad de interacción como factor clave de la creación y circulación del conocimiento,
y se constituyen en subsistemas del SNI, es decir, en sistemas especializados dentro de él. Dichas
configuraciones pueden tomar diferentes formas en función, por ejemplo, del énfasis que tiene
el territorio (clusters o conglomerados, sistemas locales de innovación) o los sectores produc-
tivos (sistemas sectoriales de producción e innovación, tramas productivas, cadenas de valor).
La adhesión a la visión del modelo no lineal de innovación conlleva la de un SNI cuyo
dinamismo encuentra su clave en la interacción entre los conocimientos de los diversos agen-
tes que lo componen. Así pues, para concretarse la innovación tecnológica se requiere de un
conjunto de procesos interactivos entre las empresas y su entorno, y el modo de interactuar es
a través de una red.
En las próximas subsecciones se aborda, en primer lugar, el significado de red de in-
novación; luego se introducen las externalidades tecnológicas y las actividades que proveen
esas externalidades, y finalmente se exponen los argumentos para considerar a las relaciones
usuario-productor como redes de innovación con fuertes potencialidades para aprovechar las
externalidades tecnológicas.
¿Qué son las redes de innovación?5
Una red es un caso especial de organización socio-económica que se caracteriza por la presen-
cia de terminales distantes e interconectadas. En esta perspectiva, los principales componentes
de la red son los nodos (individuos, organizaciones) y las conexiones entre ellos. Estas conexio-
nes consisten en flujos que se establecen entre los nodos y que generan los servicios de la red (Oniki, 1992). El papel central de la red consiste justamente en generar esos servicios, es decir
que la existencia de la red está supeditada a que haya conexión entre los nodos.
5. Basado en Pittaluga et ál. (2008).
135
El foco de atención en este trabajo es en un tipo específico de red: la que estructura las
interrelaciones entre nodos que participan de un proceso de innovación tecnológica. Se entiende
así por redes de innovación a las alianzas entre actores económicos privados y/o públicos que,
en última instancia, apuntan a lograr innovaciones de producto, de proceso, organizacionales
y/o de comercialización.
Estas resultan de los esfuerzos de los actores económicos para internalizar selectivamente
los diversos factores necesarios para controlar el proceso de innovación. Son grupos o ‘clubes’
de actores económicos que, conscientes de la naturaleza colectiva de este proceso, coope-
ran estratégicamente compartiendo conocimientos, capacidades técnicas y oportunidades de
aprendizaje. Pueden ser vistos como “instituciones cooperativas diseñadas para aumentar la
apropiabilidad de los beneficios de la innovación tecnológica y reducir el carácter de bien públi-
co del conocimiento” (Antonelli, 1992).
En una red de innovación, los nodos están constituidos por actores públicos y/o privados
involucrados directamente en el proceso de innovación, en tanto que los flujos entre los nodos
son los conocimientos científicos, tecnológicos, productivos, de gestión y/o de comercializa-ción. Dichos conocimientos son pues los “servicios” que provee este tipo de red, es decir, son
los servicios “de” la red. A título ilustrativo, el Diagrama 2 muestra tres tipos de redes de innovación. El primer
caso ejemplifica una forma de relacionamiento bilateral entre dos agentes con objetivos y ra-
cionalidades diferentes: las instituciones de investigación y las empresas. Un ejemplo de esto
podría ser un contrato de investigación entre un laboratorio de una universidad y una empresa
pública o privada. Así, si bien intuitivamente una red es pensada como un conjunto de más de
dos nodos, este tipo de red embrionaria constituye una de las formas de innovación interactiva
más habitual en Uruguay, y puede considerarse como un punto de partida para el desarrollo de
redes más complejas y consolidadas.
136
diagrama 2. AlGunAs IlusTRACIOnEs DE REDEs DE InnOvACIón
Los otros dos casos ejemplifican redes de innovación en las cuales existen relaciones mul-
tilaterales. En el caso dos, la empresa A conforma el núcleo de una red que se ve potenciada
por la diversidad y complementariedad de los diferentes nodos que la constituyen. Podría ejem-
plificarse con la empresa productora de herramientas para el desarrollo de software, ARTech,
y su comunidad GeneXus. ARTech mantiene derechos propietarios sobre su innovación pero
desarrolla flujos de información de distinta intensidad con y entre diferentes tipos de usuarios
(desarrolladores de software y usuarios finales), así como con sus propios proveedores de tec-
nología. Con sus usuarios más cercanos ha desarrollado una fuerte “relación usuario-productor”,
que retroalimenta a la empresa a partir de las experiencias y demandas que enfrentan dichos
socios. En suma, esta red tiene similitudes con una ‘comunidad de práctica’ en la que un gru-
po de empresas que tienen un interés en común colaboran durante un periodo extendido para
compartir ideas, buscar soluciones y desarrollar innovaciones.6 En este caso es la intensidad
de la relación usuario-productor que actúa como catalizador de un proceso de innovaciones
incrementales.
La red correspondiente al tercer caso del diagrama conforma una estructura aun más
compleja que en el caso dos, pues los nodos no solo son conformados por actores heterogéneos,
6. Con la creación de la Comunidad GeneXus, ARTech limitó el problema de la no apropiabilidad asociada a los derrames de conocimiento. Ha permitido a la empresa difundir su producto y alcanzar significativas economías de escala, a la vez que proporcionó un ambiente fértil a los miembros para el upgrade tecnológico de estos últimos. El caso es analizado en detalle en Snoeck et ál. (2007).
137
con racionalidades y lenguajes distintos, sino que cada uno tiene relación con todos los demás.
Con este tipo de red se pretende representar un caso en que participan, además de empresas y
centros de investigación, una repartición estatal como nodo de la red. Aquí, la particularidad del
papel del Estado deriva de una decisión política, además de fundamentos tecnológicos y eco-
nómicos. Un ejemplo clásico en Uruguay de este tipo de redes fue la creación de las ‘centrales
télex’ entre fines de la década del setenta y principios de los años ochenta (Snoeck et ál., 1992).
La empresa pública de telecomunicaciones (ANTEL) decidió encargar a empresas locales el
desarrollo de un producto acorde a sus necesidades de comunicación vía télex en vez de com-
prar un producto ya existente. La acción del Estado tuvo un fundamento tecnoeconómico –las
capacidades locales existentes para producir un bien acorde a sus necesidades– pero también
político: el desarrollo de tecnología nacional en telecomunicaciones. Si bien en este caso no
participó directamente ningún centro de investigación como tal, el desarrollo estuvo a cargo de
empresas nacionales recientemente creadas por investigadores universitarios. El Estado definió
así, excepcionalmente, una política tecnológica pública favorable al desarrollo endógeno.
El conocimiento tecnológico es el elemento central de las redes de innovación. Este es
considerado un bien público no puro, por su doble carácter de bien no rival y parcialmente excluible. Esas dos características esenciales del conocimiento dan lugar al llamado dilema del conocimiento (foray, 2000): cómo asegurar un incentivo a la innovación, a través de la apropia-
ción privada de los conocimientos, al mismo tiempo que lograr la difusión de conocimientos a lo
largo y ancho de la economía. La cooperación entre agentes es una solución local y temporaria
al dilema planteado, ya que se trata de un problema bilateral (o de más agentes) entre el que
emite la externalidad y el que la recibe. Las redes de innovación buscan precisamente interna-lizar esas externalidades, lo que tiende a reducir el problema de la no apropiabilidad, al mismo
tiempo que permite la difusión del conocimiento.
La red de innovación transforma pues el conocimiento en un bien club: el conocimiento
sigue siendo no rival, pero se excluye de su uso a los que no pertenecen al grupo. Con ello se
generan incentivos para innovar, pero la innovación pertenece a todos los socios del club. Las
redes de innovación son entonces como clubes que comparten conocimiento y tienen por objetivo crear una innovación tecnológica. No obstante, esta solución al dilema tiene límites
en la medida en que los costos de coordinación y de organización aumentan con la cantidad de
participantes del acuerdo.
El papel de los sectores-clave proveedores de externalidades tecnológicas
Ahora bien, no todas las redes de innovación tienen el mismo impacto sobre el dinamismo inno-
vador de la economía. Tal impacto depende de las externalidades tecnológicas que generan las
actividades en red. Las externalidades tecnológicas son generadas por decisiones de inversión
y oportunidades tecnológicas y se expanden entre las empresas a través de sus interconexiones.
Existen formas particulares de conexión entre las empresas que potencian el aprovechamiento de
las externalidades tecnológicas. Estas conexiones o complementariedades se establecen entre
actividades productivas inscritas, ya sea en un mismo sector, ya sea en sectores diferentes, así
138
como entre las empresas que las llevan a cabo. El establecimiento de agrupamientos de empre-
sas, a través de su concentración en un territorio determinado o su participación en otro tipo de
redes es una condición importante para la empresa que quiere aprovechar las externalidades.
Ello es así porque las redes generan mayores facilidades para la creación de habilidades colec-
tivas, la cooperación usuario-productor de innovaciones y conocimientos y la subcontratación
de fases de los procesos productivos o servicios.
A las actividades productivas con mayores capacidades de propagar el progreso técni-
co se las denomina sectores-clave. Ellas son las proveedoras de externalidades tecnológicas esenciales para el resto del sistema económico. Según se aduce, los sectores-clave provee-
dores de externalidades tecnológicas para el resto de la economía tienen tendencia a orga-
nizarse más probablemente alrededor de actividades transversales (es decir, que pueden
ser utilizadas en muchos sectores de la economía y en diferentes actividades) con mayores
oportunidades de aplicación.
Según freeman (2003), en la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC) han demostrado su capacidad para impregnar casi todas las actividades de la econo-
mía, por lo que no ofrecen dudas respecto a su condición de sector-clave. No obstante, la biotec-
nología no ha cumplido aún con todas las expectativas de aplicaciones que se pronosticaron en
los años 1970 y 1980. Si bien está transformando la industria farmacéutica y la agricultura, en
la química básica y la alimentación animal los nuevos procesos basados en la biología molecular
no han probado aún ser más competitivos que las técnicas establecidas. Por otro lado, no hay
una aceptación social generalizada de las técnicas de manipulación genética porque todavía no
se conocen exactamente los efectos que ellas pueden tener sobre el ecosistema, y eso frena el
desarrollo de sus aplicaciones. La biotecnología tiene muchas posibilidades de ser un motor de
crecimiento en el futuro, pero no como sucesora de las TIC sino en combinación con ellas, lo que
se suele denominar bioinformática. finalmente, las tecnologías ambientales asociadas a fuentes
de energía renovables tendrán, según freeman, una expansión considerable también.
Redes constituidas sobre la base de relaciones usuario-productor
La efectividad de los procesos de innovación depende mucho del grado y la forma en que parti-
cipan los actores receptores de conocimiento e innovación. Hay toda una gama de posibilidades,
que van desde la adopción pasiva, “llave en mano”, de un nuevo dispositivo o procedimiento,
hasta el involucramiento activo en la elaboración de las soluciones, a partir de la formulación
misma del problema; en este último caso, quienes incorporan innovaciones influyen en sus ca-
racteres e impactos hasta un punto tal que ellos mismos han de ser considerados también como
innovadores (Arocena y Sutz, 2003).
Así, se suele hablar del aprendizaje por la interacción entre usuarios y productores (Lund-
vall, 1988) cuando los intercambios entre proveedores y usuarios generan nuevo conocimiento
tecnológico que se plasma en que los primeros aprenden a mejorar su producto o servicio y los
segundos a adaptarlo a sus necesidades específicas. La relación usuario-productor se multipli-
ca, además, en el contexto de una relación de proximidad territorial porque es más fácil desa-
139
rrollar canales eficientes de comunicación y códigos de conducta (muchas veces tácitos) entre
usuarios y productores.
Las interacciones usuario-productor no deben entenderse, sin embargo, solamente como
relaciones verticales entre la oferta y la demanda de conocimientos e innovaciones, pues, por un
lado, a lo largo del proceso de innovación los agentes pueden ir cambiando de papel (pasando
de demandar a ofrecer conocimientos, por ejemplo), configurando así una suerte de cadena de
intercambio de conocimientos; y por otro, se establecen también relaciones horizontales entre
entidades y empresas entre sí, y entre estas últimas y aquellas.
En conclusión, las interacciones de los agentes en red se basan en las relaciones entre los
usuarios y productores de conocimientos; esas redes resultan de los esfuerzos de los agentes
en orden a internalizar selectivamente los diversos factores necesarios para controlar el pro-
ceso de innovación (como son las externalidades tecnológicas), conscientes de la naturaleza
colectiva de ese proceso. El desarrollo simultáneo de proveedores y usuarios de innovaciones,
y su interacción continua y articulada determinan, pues, un estímulo a la actividad innovadora
y originan una suerte de círculo virtuoso para el cambio tecnológico. Es esta la forma de perci-
bir la innovación desde el ángulo mesoeconómico, en la próxima sección se la aborda a nivel
macroeconómico.
3. la innovación tecnológica está imbricada en la estructura productiva de un país
Muchas investigaciones muestran que un análisis de la innovación tecnológica a nivel agregado
es altamente insatisfactorio. Ello se explica porque este es un fenómeno diversificado pues no
todas las áreas tecnológicas ofrecen el mismo tipo de oportunidades y condiciones de apro-
piabilidad de los resultados de la innovación, además tampoco las empresas tienen idénticas
capacidades de innovación tecnológica. En función de su historia, cada país tendrá un patrón
de ventajas tecnológicas en algunas áreas y desventajas en otras, configurando así estructuras
productivas particulares que impactan diferenciadamente sobre el crecimiento.
A nivel general de la economía, la estructura productiva de un país puede percibirse
como relacionada con redes de firmas. La capacidad innovativa de una economía depende en
buena medida de esos nexos presentes en la estructura productiva. Dichas redes se basan en
la existencia de complementariedades, es decir de interacciones que se verifican entre activi-
dades productivas inscritas en distintos sectores, y entre las empresas que las llevan a cabo.
Las complementariedades conllevan la posibilidad de internalizar los derrames tecnológicos
que se producen entre firmas y sectores, favoreciendo la difusión de la innovación. Dicha re-
troalimentación de la innovación con el intercambio material entre sectores y firmas se explica
a través del papel que cumplen las diversas formas de aprendizaje tecnológico, en la dinámica
del progreso técnico.
No obstante, las capacidades innovativas de las economías van a variar en función del tipo
de redes presentes en la estructura productiva, al existir una diferenciación inter e intrasectorial de la innovación tecnológica. En efecto, el carácter acumulativo y tácito de los conocimientos
140
tecnológicos y de las capacidades asociadas a los mismos hace que, tanto las oportunidades
tecnológicas realizadas como las virtualmente realizables, sean en gran medida sectoriales. Ello
se refleja en las diferencias entre sectores, en cuanto a las posibilidades de aumentar la eficacia
de la producción o generar nuevos productos. También existe una diferenciación intrasectorial
de las oportunidades tecnológicas. Esta deriva de los senderos específicos de acumulación de
conocimientos que han logrado seguir las empresas y de la heterogeneidad de sus rutinas. En
suma, las firmas y sectores se comportan de manera diferente, y esto no solo porque producen
distintos bienes y servicios, sino también porque poseen rutinas, oportunidades tecnológicas y
modos de apropiación de los conocimientos diferentes.
Los sectores transversales (pervasive sectors) ya mencionados son los que actualmen-
te tienen más oportunidades de innovación y representan los proveedores de externalidades
tecnológicas esenciales para el resto del sistema económico. Además, la visión de una estruc-
tura productiva penetrada por sectores transversales cambia drásticamente la concepción de
actividades más o menos intensivas en tecnología. Ahora todos los sectores son capaces de
absorber las tecnologías transversales, lo que los hace a todos potenciales sectores intensivos
en conocimientos.
En suma, si se pretende examinar la capacidad de innovación de un país o de su econo-
mía como un todo, el análisis recae sobre los efectos globales de los procesos de aprendizaje
microeconómicos y de su entorno mesoeconómico. Lo que importa identificar para estable-
cer una estrategia de crecimiento y desarrollo son los canales por los cuales los procesos mi-
croeconómicos más dinámicos y sus contextos mesoeconómicos se expanden al conjunto de
la economía. En la siguiente sección se expone una aplicación empírica para Uruguay de las
consideraciones anteriores.
4. los niveles micro, meso y macroeconómicos de la innovación tecnológica en uruguay
En el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) de 2005 se aplicó el enfoque expuesto
en las páginas anteriores para contestar a la pregunta de si existen posibilidades de abrir venta-nas de oportunidad en una Economía Intensiva en Conocimientos (EIC)7 para un país periférico
como Uruguay. En otras palabras, se realizó la siguiente pregunta: ¿existen puntos de apoyo a partir de los cuales uruguay podría emprender una trayectoria de cambio estructural, encon-trando una vía para la renovación de las “viejas” actividades productivas, y la emergencia y consolidación de otras “nuevas”?
El esquema propuesto para el cambio estructural de Uruguay plantea un agrupamiento
de las actividades económicas en función de las oportunidades y dinamismo de la innovación.
Así mismo, esas actividades están conectadas entre sí a través de relaciones económicas que
7. El concepto de EIC no puede reducirse al surgimiento de los sectores de las TIC o a los de otras tecnologías intensivas en conocimiento. Para su desempeño, el SNI de una EIC depende también fuertemente de la distribución del saber a través de redes formales e informales, basadas en la interacción entre los productores y usuarios de conocimiento tácito y codificado.
141
permiten la propagación de la innovación tecnológica desde los más dinámicos hacia los menos.
Tal como figura en el Diagrama 3, los agentes del núcleo innovador, empresas y entidades de la
oferta intensiva en conocimientos y de la demanda innovadora de los sectores maduros, se re-
lacionan a través de lazos de usuario-productor. Mientras que las empresas más desfavorecidas
(por lo general PYMES no innovadoras) se integran a la economía a través de su conexión con
la demanda dinámica –por lo general de sectores de la agroindustria exportadora– y reciben así
indirectamente los beneficios del dinamismo de la oferta intensiva en conocimientos.
El cambio de las estructuras productivas opera así desde la inyección de innovación de
los sectores transversales de la oferta intensiva en conocimientos, a las grandes exportadoras.
Estas últimas arrastran a su vez a los primeros con sus demandas, y conectan a las empresas
más débiles a través de la subcontratación de productos y procesos.
diagrama 3. lA TRAmA pRODuCTIvA DE unA ECOnOmÍA InTEnsIvA En COnOCImIEnTOs
142
La investigación empírica consistió en la identificación y aplicación de una encuesta a
empresas productoras u oferentes de bienes y servicios intensivos en conocimientos, a firmas
usuarias o demandantes de esos bienes y servicios, y a entidades de investigación y desarro-
llo radicadas en territorio nacional.8 Se decidió incluir los siguientes sectores transversales e
intensivos en conocimiento: software y servicios informáticos, biotecnología, servicios empre-
sariales de ingeniería, servicios e industria ambientales, e industria farmacéutica. El grado de
cobertura fue importante en el caso de las empresas oferentes de bienes y servicios intensi-
vos en conocimiento y las entidades de I+D, mientras que las empresas demandantes fueron
captadas solo en la medida en que fueron nombradas por las primeras. La encuesta se llevó a
cabo entre diciembre de 2003 y febrero de 2004 e incluyó a 212 empresas y 86 entidades que
realizan actividades de I+D.
Los resultados hallados dan cuenta de las principales fortalezas y debilidades que posee
el país para emprender una trayectoria de cambio estructural. La principal fortaleza para em-
prender dicha trayectoria consiste en la existencia en el país de una masa crítica de empresas y entidades relacionadas con actividades intensivas en conocimientos.
Como puede observarse en el Diagrama 4, los sectores intensivos en conocimiento per-
mean la estructura económica del país, en el sentido de que las empresas y entidades de la
oferta venden sus bienes y servicios a la demanda distribuida a lo largo de los tres grandes sec-
tores tradicionalmente considerados en la economía (primario, secundario y terciario). En otras
palabras, se comprueba que esos sectores son transversales. Además, configuran una suerte de entramados productivos en los cuales se relacionan
productores y usuarios de innovaciones con diferentes oportunidades de cambio tecnológico.
Dichos entramados se concentran en la capital del país, donde generan las condiciones más
propicias para el desarrollo local de las actividades tecnológicamente dinámicas.
Las empresas de la oferta de bienes y servicios intensivos en conocimientos son, por lo
general, pequeñas empresas, jóvenes, de capitales nacionales y fuerte presencia de profesiona-
les universitarios en su personal. Sus ventas tienen como principal destino el mercado interno.
Las empresas demandantes, efectivas o potenciales, de esos bienes y servicios intensivos en
conocimientos son mayormente medianas o grandes firmas, con poca presencia de profesio-
nales en su personal, más antiguas que las productoras y con mayor participación de capital
extranjero. Además, para casi la mitad de ellas la exportación constituye el principal destino de
la producción.
8. No se incluyó a las PYMES no innovadoras en la encuesta.
143
diagrama 4. lOs sECTOREs InTEnsIvOs En COnOCImIEnTO Y su RElACIónCOn El REsTO DE lA ECOnOmÍA
La principal debilidad de Uruguay para emprender una trayectoria de cambio estructural
es que los agentes detectados y caracterizados no son actores de un proceso de innovación endógena. Este involucra el desarrollo simultáneo de proveedores y usuarios de bienes y servi-
cios intensivos en conocimientos, cuya interacción continua y articulada estimula la actividad
innovadora y origina una suerte de círculo virtuoso para el cambio tecnológico.
En efecto, se constató, por un lado, que los productores de bienes y servicios intensivos
en conocimiento no poseen los rasgos necesarios para ser líderes de un proceso de cambio es-
tructural. Por otro lado, tampoco los usuarios de esos bienes y servicios –si bien expuestos a la
competencia internacional y potenciales usuarios exigentes de los bienes y servicios intensivos
en conocimientos– tienen aún un papel claro como impulsores del desarrollo de los primeros.
En efecto, al abrirse la caja negra de la innovación a la luz del trabajo de campo efectuado, se
constató que la capacidad de los productores de bienes y servicios intensivos en conocimientos
para difundir el progreso técnico al resto de la economía se encuentra limitada. Ello se explica
porque no existen –o aún no existen – grupos con características virtuosas entre esas empresas,
en los cuales coexistan fuertes capacidades de innovación y aprendizaje internas a las firmas y
una intensa vinculación con los actores del SNI. Es por esta razón que en el siguiente Diagrama
5 la interacción de los cuatro planos está vacía.
144
En el Diagrama 5 se observa también que en el conjunto de las empresas de la oferta de
bienes y servicios intensivos en conocimiento se encontraron dos grupos homogéneos con ca-
racterísticas específicas en sus comportamientos tecnológicos y particularidades en sus rasgos
económicos, así como con relación al papel que desempeñan las entidades de I+D en sus pro-
cesos de innovación y aprendizaje. El grupo minoritario de empresas posee una modalidad de
innovación y aprendizaje autocentrada, en la que es estratégico el desarrollo de las capacidades
internas a la firma, mientras que el mayoritario se caracteriza por centrarse en el desarrollo de
la sinergia con el entorno –o, si se quiere, con el SNI al que pertenece–.
Se halló por otro lado que entre las empresas de la demanda innovadora tampoco hay
grupos de empresas virtuosas en su capacidad para desarrollar procesos de innovación y apren-
dizaje. En promedio, la conducta innovadora de las empresas de la demanda se caracteriza de
la siguiente forma: realizan internamente actividades de innovación relativamente simples, y
se interrelacionan con otros agentes del SNI para llevar adelante tareas más complejas, como
la I+D, el diseño de productos y/o procesos y el cambio organizacional, así como invierten en
capacitar al personal e implementan mecanismos para que los conocimientos se intercambien
dentro de la organización. Al mismo tiempo, son firmas expuestas al acicate de la competencia
internacional –predominan en este grupo grandes empresas exportadoras, pertenecientes a los
sectores tradicionales agroindustriales–, por lo que se las puede catalogar como usuarias locales
exigentes e interrelacionadas con el medio para innovar.
diagrama 5. lOs CuATRO plAnOs pARA AnAlIzAR lA pROpEnsIón hACIA lA InnOvACIón Y ApREnDIzAjE DE lAs EmpREsAs EnCuEsTADAs
145
En conclusión, los resultados que se extraen del INDH revelan que, a pesar de la mala
situación en la que se encuentra en general Uruguay –caracterizada por una débil base em-
presarial, poco propicia a la innovación tecnológica y con experiencia escasa en los mercados
internacionales, a lo que se agregan estructuras productivas desarticuladas y sectores acadé-
micos y laboratorios de investigación débiles en términos relativos–, existen algunos núcleos de
empresas y entidades organizados alrededor de sectores transversales emergentes con fuertes
oportunidades de innovación y con posiciones competitivas (las empresas) relativamente me-
jores que el promedio de la economía. No obstante, esos grupos de agentes no se constituyen
en puntos de apoyo a partir de los cuales propagar los procesos creativos hacia el resto de la
sociedad. De allí que puede concluirse la desfavorable situación de Uruguay con respecto a su
transformación en una EIC.
Los hallazgos anteriores abren un espacio concreto para el diseño y la implementación en
materia de políticas de fomento a la innovación y el aprendizaje tecnológicos. Estas habrán de
tener en cuenta el punto de partida de Uruguay y conformar caminos de avance que fijen priori-
dades indispensables para potenciar los esfuerzos tanto públicos como privados, en las cuales
se tengan en cuenta los condicionamientos negativos del actual proceso de globalización.
La visión planteada sugiere considerar, en primer lugar, tres niveles desde los cuales apli-
car articuladamente las políticas tecnológicas y productivas: micro, meso y macroeconómicas.
En el nivel microeconómico, se trata de considerar las medidas más adecuadas para la creación
de nuevas empresas, así como para promover el uso de la mejor tecnología (dura) y organiza-
ción del trabajo y gestión (tecnología blanda) en las ya existentes. En el nivel mesoeconómico,
las políticas deben potenciar los efectos globales de los procesos de innovación y aprendizaje
microeconómicos en su entorno. Se trata del diseño de medidas, e incluso la creación de polos
de innovación, que fortalezcan las complementariedades tecnológicas, de modo de ir tejiendo
vínculos estimuladores de la creatividad y del aprendizaje y, con ello, de nuevas áreas de inno-
vación microeconómicas. Estas políticas meso y microeconómicas se relacionan con otras que,
en el nivel macroeconómico, estimulen las inversiones de mediano y largo plazo esenciales para
la incorporación de tecnología.
Se destacan las condiciones favorables y desfavorables de las que parte una economía pe-
riférica como la uruguaya para delinear una estrategia posible de desarrollo económico, frente a
la difusión internacional de los patrones productivos e institucionales de las EIC. Las referencias
que aquí se han realizado apuntan a destacar la ligazón entre dicha temática y la forma de ver
el fenómeno de la innovación tecnológica, fundamentando su necesaria inclusión en la agenda
de temas relevantes que importa discutir en el país.
146
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ANA LAURA RODRÍGUEz GUSTá, PH.D.CEnTRO DE EsTuDIOs DEsARROllO Y TERRITORIO (CEDET)
EsCuElA DE pOlÍTICA Y GObIERnO – unIvERsIDAD nACIOnAl DE sAn mARTÍn (unsAm)
Socióloga; doctorada por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y máster del Rensselaer Polytechnic Institute (Estados Unidos). Investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio (CEDET) y profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina.En Uruguay ha realizado trabajos en el marco del Centro de Investigaciones Económicas del Uruguay (CINVE).Sus temas de investigación abrevan sobre las temáticas de reforma del Estado, capacidades institucionales, igualdad de género y organizaciones. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran artículos varios sobre capacidades institucionales del Estado y políticas de género.
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lA TRANSVERSALIzACIóN DE GénERO En ChIlE: lA “DIvIsIón DIGITAl” EnTRE lAs buROCRACIAs ExpERTAs Y lOs EspACIOs DElIbERATIvOs1
AnA lAuRA RODRÍGuEz GusTÁ
Introducción
En forma creciente, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) cumplen un
papel primordial en las tareas de formulación e implementación de un amplio conjunto de po-
líticas públicas. Las políticas relativas a la equidad de género no constituyen una excepción,
al punto que los organismos internacionales han propuesto la inclusión de una perspectiva de
igualdad de oportunidades en las acciones de fomento de las TIC (Marcelle, 2002). En efecto,
las TIC podrían transformar aspectos centrales de la organización sociocultural de la distribución
del poder entre varones y mujeres, aunque la naturaleza de estos cambios resulte bastante más
compleja de evaluar (Bonder, 2002).
El énfasis de este trabajo está puesto en las políticas de transversalización de género y
su relación con las nuevas plataformas tecnológicas de información y comunicación. En lo que
concierne a estas políticas, las TIC podrían incidir en dos aspectos centrales: i) la capacidad de
incorporar y coordinar la temática de género entre una amplia gama de organizaciones públicas
con intereses necesariamente diversos, y ii) la edificación de espacios de participación ciudadana
con el fin de delimitar problemas relevantes de agenda pública. Con relación a la coordinación,
algunas investigaciones previas han identificado que las TIC tenderían a mejorar este aspecto
de la gestión organizacional ya que, entre otras cuestiones, el establecimiento de información
compartida vía intranets fomenta, notoriamente, el intercambio entre agencias (Claude, 1990;
Gibbins, 2000; Pandey et ál., 1997). Con todo, los estudios sobre la democracia electrónica
están lejos de arribar a conclusiones taxativas acerca de si los ámbitos on-line suponen una
participación sustantiva de la ciudadanía en la toma de decisiones de política (Scholsberg et
ál., 2007; Berg, 1998).
Las capacidades para coordinar las diferentes intervenciones públicas han sido el talón
de Aquiles de los organismos responsables de las políticas de equidad. En tal sentido, algunos
autores afirman que la transversalización de género eventualmente se “evapora”, precisamente,
por las carencias en la coordinación desplegada entre las diversas agencias y los niveles juris-
1. Este trabajo ha sido posible gracias a un subsidio de investigación del Equipo de Género de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. El colega chileno Mauricio Muñoz cumplió un papel fundamental en el armado de la agenda de entrevistas en el sector público. Las opiniones aquí vertidas no lo comprometen a él ni a las personas entrevistadas. Las mismas son de mi entera responsabilidad.
150
diccionales del Estado (Moser, 2005). Más aun, puesto que los organismos responsables de la
promoción de derechos de las mujeres tienen, por lo general, atribuciones que están limitadas
a asesorar y recomendar políticas, las capacidades de coordinación son casi por definición muy
débiles: se apela a la “voluntad” de las restantes organizaciones públicas para incorporar la
equidad de género como mandato en las intervenciones de políticas.
Por su parte, algunas autoras consideran que la verdadera transversalización implica, ne-
cesariamente, la participación de organizaciones de mujeres en la delimitación de los problemas
que entran en la agenda, así como en la implementación y el seguimiento de las acciones del
Estado (Daly, 2005; Rees, 2005; Squires, 2005). Precisamente, sería necesaria la ampliación
de las oportunidades de los y las ciudadanas para incidir significativamente en la definición de
las necesidades que inspiran las políticas de género. En otras palabras, las políticas de trans-
versalización de género implican, metodológicamente, el despliegue de algún tipo de enfoque
participativo en la elaboración de las acciones estatales y no su formulación, casi exclusiva, por
parte de expertas en temáticas de género, situadas en posiciones burocráticas.
A propósito, las prácticas deliberativas no deberían limitarse a agregar grupos previamen-
te excluidos (es decir, ampliar las preferencias que se hacen presentes en las negociaciones),
sino que deberían orientarse, primordialmente, a incluir visiones que planteen problemáticas
novedosas y cualitativamente distintas (Squires, 2005). De esta forma, la transversalización de
género en las políticas implicaría la edificación de espacios públicos deliberativos de naturale-
za heterogénea.
El enfoque de este estudio implica abordar dos tareas analíticas distintivas. En primer tér-
mino, se indaga en qué medida la introducción de las TIC ofrece un marco que promueve una
mejor articulación entre los organismos responsables por las políticas de género y el resto del
apartado del Estado, por lo que este eje se centra en la coordinación intra estatal. En segundo
término, se procura determinar si las relaciones sociales y políticas que rodean la adopción de
estas tecnologías estarían orientadas a colaborar con la creación de espacios de debate ciuda-
dano que permitan recoger las necesidades y demandas.
Este trabajo toma, como un caso de estudio singular, las políticas de género impulsadas
por el Poder Ejecutivo de Chile bajo los denominados Programas de Mejoramiento de Gestión,
implementados en forma concomitante con el avance de una agenda de gobierno electrónico y
una fuerte inversión de este país en la ampliación de su conectividad (United Nations, 2004).
Ambas iniciativas han estado inscriptas en procesos de modernización de la gestión pública y
articuladas en el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado bajo la presidencia de Ri-
cardo Lagos en el año 2000.2 En vistas de esta intersección de experiencias en el diseño de
políticas destinadas a fomentar la igualdad de género, por un lado, y la incorporación de las TIC
como un epicentro de la gestión estatal, por el otro, podríamos afirmar que la transversalización
de género en Chile constituye lo que en sociología se denomina terreno empírico estratégico
(Merton, 2002). Así, podremos examinar cómo los entornos tecno-políticos inciden en los me-
2. Estrictamente, algunos de los PMG fueron iniciados bajo el gobierno del presidente frei en 1998, así como otras iniciativas de modernización (flisfich, 2002). Con todo, la amalgama explícita de procesos de mejora de gestión con plataformas tecnológicas recién se inicia en 2000.
151
canismos institucionales de coordinación de políticas y de articulación con las necesidades de
las mujeres. En términos de su metodología, este trabajo implicó realizar entrevistas cualitativas
con actores estatales (funcionarios técnicos y políticos), así como con mujeres líderes de orga-
nizaciones sociales, sumando un total de doce entrevistas. Además, se relevaron documentos
estatales de variada índole.
El entorno tecno-político de la transversalización de género: programas de mejoramiento de Gestión y Agenda Digital
En Chile, la temática de la equidad de género fue introducida en la agenda pública hace ya más
de una década. Actualmente, este país está implementando su segundo Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000 – 2010). Asimismo, en el año 2000, se conformó
el Consejo de Ministros por la Igualdad, instaurándose así un mecanismo institucional de alto
nivel para la coordinación en temáticas de equidad de género.3 Con la presidencia de Michelle
Bachelet, una Agenda de Género 2006 – 2010 se sumó a las iniciativas existentes.
Por su parte, el Servicio Nacional de la Mujer de Chile –creado en 1991– es una de las
maquinarias de género más institucionalizadas de América Latina por la perdurabilidad de equi-
pos técnicos, la continuidad de sus líneas de acción y el rango ministerial de su máxima autori-
dad (franceschet, 2003; Valdés, 2000). El papel del SERNAM consiste en diseñar y coordinar
programas y políticas cuya implementación está a cargo de otros organismos, con la excepción
de algunos planes piloto. Jerárquicamente dependiente del Ministerio de Planificación (MIDE-
PLAN), su mayor desafío es el de promover la incorporación de objetivos de igualdad de género
en las políticas públicas. A dichos efectos, el Plan de Igualdad de Oportunidades representa una
“carta de navegación” en aras de adaptar las cuestiones de género a las especificidades de las
intervenciones del Estado. Por ende, el SERNAM está a cargo de supervisar que los compromi-
sos asumidos en la temática de género sean cumplidos por el conjunto del Estado, para lo que
cuenta con el apoyo del Consejo de Ministros por la Igualdad.
Existe un “antes y un después” –en palabras de mis interlocutores– en las tareas de coor-
dinación y supervisión del SERNAM a partir de la incorporación del Programas de Mejoramiento
de Gestión de Género en el Estado chileno. En efecto, el papel del Servicio ha sido notoriamen-
te reforzado y amplificado. Los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) constituyen una
metodología de trabajo de políticas públicas orientado a incorporar temas considerados trans-
versales en los servicios y productos ofrecidos por las organizaciones públicas, en jerga estatal,
en los “productos estratégicos” del estado. Hay tantos PMG como áreas transversales definidas
como prioritarias por el Poder Ejecutivo.
A título ilustrativo, por ejemplo, así como las prioridades de políticas de igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres se tradujo en la introducción del PMG de Género en el
año 2002, existen otros PMG que abordan las temáticas de gobierno electrónico, la atención al
3. Con todo, las cuestiones relativas a los derechos de mujeres son contradictorias en el entorno chileno ya que, por ejemplo, la ley de divorcio es reciente y no estaría exenta de restricciones (Gray, 2004).
152
usuario, los recursos humanos, la planificación y el control de gestión, la auditoría interna y la
administración financiera. Por el logro de las metas propuestas en los PMG, las organizaciones
y sus funcionarios reciben un incentivo monetario. En el conjunto de las retribuciones recibidas
por los PMG, al de género le corresponde un 5% –siempre y cuando la organización cumpla con
un 90% de las acciones propuestas.
El PMG implica el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas con un
horizonte temporal de cuatro años. El ciclo del PMG se inicia con un primer año de trabajo desti-
nado a elaborar un diagnóstico organizacional, seguido de la confección de un plan de acción, la
consiguiente ejecución de intervenciones y finaliza con la evaluación de los logros alcanzados en
términos de equidad de género, a la luz de las prioridades inicialmente definidas.4 En particular,
el plan de acción organizacional pasaría a diseñarse en función de la búsqueda de objetivos de
equidad que las organizaciones deberían visualizar en sus servicios y productos (álvarez San
Martín, 2007). Lejos de ser una política lineal, el PMG es acumulativo, puesto que la ejecución
de cada una de las etapas mencionadas supone la revisión de lo anteriormente efectuado y el
ajuste sucesivo de acciones.
Cada organización elabora su propio PMG. A efectos de la preparación del mismo, se
nombra una “coordinadora o coordinador de género”, quien es responsable por el armado de
un equipo interno que, a su vez, establece relaciones de trabajo con los expertos sectoriales de
SERNAM. Normativamente, el PMG debe involucrar a los funcionarios, por lo que se espera la
conformación de instancias de trabajo conjunto entre los responsables jerárquicos y los emplea-
dos de la organización durante las cuatro etapas que insume la gestión del programa.
Cada informe anual de ejecución del PMG es enviado al Comité Inter-Ministerial, el cual
está integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Presi-
dencia. Este Comité es responsable por garantizar que los programas sean consistentes con los
lineamientos generales del gobierno. En este sentido, tiene la última palabra en aprobar el informe
enviado por las organizaciones o en solicitar su revisión. Por cierto, el Comité actúa asesorado
por la Oficina de Presupuesto y el SERNAM, que participa en calidad de experto y responsable
de la revisión, evaluación y validación (aprobación o no) del PMG de género. Las observaciones
realizadas por el SERNAM se envían, simultáneamente, al Comité y a cada una de las organiza-
ciones. Si es preciso, además, se pueden solicitar los denominados “medios de verificación” con
el propósito de determinar la validez de las acciones descriptas en los informes. finalmente, la
Oficina de Auditoría Interna, verifica, con regularidad, lo informado en los distintos PMG.
Paralelamente, en el ámbito de las TIC, el gobierno de Chile, bajo la “Agenda de Gobierno
Electrónico 2002 – 2005” (www.modernizacion.cl) y la “Agenda Digital 2004 – 2006” encami-
naron acciones cuyos tres propósitos primordiales han sido la mejora de la atención al ciudada-
no, la introducción de nuevas formas y procesos de gestión en el gobierno y el incremento de
los espacios de participación ciudadana bajo el concepto de “desarrollo de la democracia”. En
4. La iniciativa de los “PMG de Género” está inscripta dentro de un paquete mayor de transformación de las modalida-des de gestión pública con un mayor énfasis en la orientación hacia los resultados obtenidos y el control presupuestal. Entre los años 2000 y 2006 hubo una notoria expansión en los instrumentos de gestión. Los primeros Programas de Mejoramiento de Gestión fueron introducidos en 1998 (Ley 19.553).
153
particular, la Agenda Digital eliminó el término de “sociedad de la información” y lo sustituyó por
el de “desarrollo con equidad” (PNUD, 2006). Más recientemente, ya en el año 2007 se creó el
Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, cuya principal tarea ha sido la elaboración de un
Plan Estratégico Nacional en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En este marco, han sido implementadas intervenciones destinadas a la incorporación de
nuevas tecnologías en la gestión del Estado central y en los gobiernos locales. Algunas de ellas
tienen como fin brindar capacitación a los funcionarios. Otras apuntan a fortalecer las platafor-
mas tecnológicas disponibles con el propósito de implantar sistemas integrados de información
que permitan una mayor coordinación entre las agencias del Estado. Asimismo, se ha abierto la
posibilidad de realizar una enorme variedad de trámites en línea, tanto por parte de ciudadanos
como de empresas.
Asimismo, se destacan dos programas de fomento al acceso universal impulsados por
parte del gobierno: el de alfabetización digital y la Coordinación Nacional de Infocentros. El pri-
mero, iniciado en 2003, superó su meta inicial de lograr capacitar a 500 mil personas, llegando
a 630 mil en 2005 (PNUD 2006: 169). El segundo programa, por su parte, dirigido a construir
una red nacional interconectada de infocentros, está implementado por una serie de institucio-
nes públicas así como privadas que comparten responsabilidades de gestión.
A modo de balance, algunas intervenciones han sido muy exitosas, como, por ejemplo,
el portal Trámite fácil (www.tramitefacil.gov.cl), premiado en el año 2003 por la Cumbre Mun-
dial de la Información (Sepúlveda Toro, 2004). Además, entre 1989 y 2004, según el Informe
Nacional de Desarrollo Humano Chile 2006, titulado Las nuevas tecnologías: ¿un salto al futu-
ro?, el uso de las TIC habría aumentado en la sociedad chilena: el porcentaje de hogares con
teléfono fijo habría crecido de un 15% a un 55% y los celulares habrían aumentado de 5 mil a
casi 9 millones; el stock de computadores se habría multiplicado por 27 y los usuarios de In-
ternet habrían pasado de 250 mil (en 1997) a casi 4,8 millones (hacia fines de 2004) (PNUD,
2006). finalmente, cabe mencionar que Chile ocupó el lugar 22 en el ranking mundial del “e-
government readiness index” elaborado por las Naciones Unidas en el año 2004, y se ubicó en
el primer lugar entre los países de América Latina (United Nations, 2004).5 Este alto valor se
habría debido, principalmente, a los servicios on-line pero también al diseño y la facilidad de
navegación en los portales del Estado (www.gobiernodechile.cl).
5. Este índice es una medida compuesta de las capacidades administrativas, infraestructurales, financieras, regulatorias y de capital humano, así como la “voluntad” (willingness) de los países de proveer información y conocimiento orientado a la ciudadanía, y utilizar los instrumentos de gobierno electrónico en el marco de una estrategia de desarrollo de las TIC (United Nations, 2004: 13 - 14).
154
Comunidades de aprendizaje en las burocracias estatales
Comenzando en 2002, los asesores del SERNAM y los equipos constituidos en las organizacio-
nes analizaron cómo la temática de género podría relacionarse con los resultados de las políti-
cas particulares. Con el PMG de Género, se examinó de qué manera los servicios y productos
brindados por el Estado podrían mejorar el bienestar de las mujeres al garantizar un mayor ac-
ceso y utilización de los mismos así como prevenir eventuales situaciones de discriminación. En
esta dirección, las organizaciones debieron realizar la planificación de los servicios y calibrar
los beneficios potenciales a la luz de las consecuencias potenciales en cuanto a la distribución
de oportunidades y recursos para mujeres y varones. El primer paso consistió en recopilar y
elaborar indicadores desagregados por sexo para poder identificar quiénes y cuántos eran los
usuarios y usuarias de los servicios.
Por primera vez, el Estado chileno fue capaz de elaborar, masivamente, indicadores de
gestión por sexo. Este intenso proceso de recolección, procesamiento y análisis de información
llevó un año de trabajo, lo cual implicó, a su vez, la institucionalización de plataformas tecnoló-
gicas integradas, bajo la mencionada Agenda Digital. En efecto, esta inusual situación de hacer
visible la composición por sexo de los destinatarios de las acciones organizacionales fue posible
mediante la implementación concomitante de programas destinados a recoger información y
compartirla entre los distintos organismos públicos. En este punto, algunas iniciativas relevantes
han sido la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado, la Red de Conectividad,
Intranet y Comunicaciones del Estado, Desarrollo Digital de Gobiernos Regionales y Municipios,
entre otras.
Si bien existe un largo trecho entre recopilar información desagregada por sexo y concep-
tuar relaciones de género donde la asimetría entre varones y mujeres y las relaciones de poder
son constitutivas,6 estos indicadores son un paso fundamental. En primer lugar, los mismos
constituyen un requisito indispensable para que las cuestiones de género se tornen visibles ante
el sector público: un Estado que no distinga entre destinatarios y destinatarias de sus políticas
difícilmente pueda desplegar, al menos con precisión, acciones para disminuir la desigualdad de
género. Por cierto, la recolección de esta información por parte de los Estados ha sido enfatizada
en la Plataforma de Acción de la Conferencia de Beijing, puesto que su ausencia es uno de los
obstáculos más prominentes al momento de instituir políticas de equidad (Jahan, 2005). En se-
gundo lugar, en el caso que nos atañe, las jerarquías políticas y burocráticas lograron visualizar,
por primera vez, cómo quedan posicionados varones y mujeres ante las acciones públicas.
Las tareas de asesoramiento y de seguimiento para la inclusión de la temática de la igualad
de oportunidades en relación con los servicios y productos organizacionales fueron calificadas
de “titánicas” por parte de algunos expertos del SERNAM: “tuvimos que brindar capacitación
6. Al afirmar que las relaciones de poder son constitutivas del género, se estaría aludiendo a la visión establecida, entre varios autores, por Joan W. Scott (1986): “el género es una forma primaria de dar significado a las relaciones de poder. Sería mejor decir que el género es un campo primario en el cual o por medio del cual el poder es articulado. El género no es el único campo, pero parece haber sido una vía persistente y recurrente mediante la cual es posible otorgar significado al poder en las tradiciones occidentales, judeo-cristianas e islámicas” (Scott, 1986: 1069; traducción propia).
155
en género, tuvimos que armar equipos en las organizaciones y aconsejarles una vez que recibía-
mos los informes que mandaban al SERNAM”. Este proceso, por su parte, distó de ser unidirec-
cional: el Servicio debió visualizar de qué manera podría ser posible incorporar la mencionada
temática en áreas otrora ajenas a su jurisdicción –como el transporte y la infraestructura–. Ello
supuso, por tanto, empaparse de asuntos de política distintos a los tradicionalmente abordados,
los cuales habían estado centrados en las políticas sociales.
Como fruto de esta interacción, prácticamente la totalidad de las organizaciones públicas
(un 97%) finalmente incorporó consideraciones acerca de la igualdad de oportunidades en sus
“productos estratégicos” (Guzmán, 2005), sentándose así las bases primarias para el diseño y
la ejecución de intervenciones de índole transversal.
Tanto para la incorporación de una perspectiva de igualdad de género en los servicios y
productos de las organizaciones como para la elaboración de un plan de intervención acorde
con los mismos, las TIC cumplieron un papel fundamental en la interacción entre los expertos
del SERNAM y los equipos de género de las organizaciones.
Mis interlocutores resaltaron que el correo electrónico fue la tecnología de comunicación
más utilizada durante todo el ciclo del PMG. Cabe señalar que, simultáneamente, el Programa
de Entrenamiento en Tecnologías de la Información (PfIT) estaba siendo implantado para la
totalidad de los funcionarios públicos. Por su parte, el PMG de género produjo cierto círculo
virtuoso al interior del propio servicio civil: la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL)
implementó medidas de acción afirmativa orientadas a fomentar una mayor alfabetización tec-
nológica de funcionarias, al garantizar que los cursos estuvieran conformados por cierto por-
centaje de mujeres.
El mayor conocimiento informático y el manejo versátil del correo electrónico permitieron
al SERNAM cumplir sus funciones de coordinación respecto de una enorme variedad e inten-
sidad de intercambios a partir de la incorporación de las temáticas de igualdad de género por
parte de organizaciones muy disímiles. En forma elocuente, mis interlocutores manifestaron que
otros medios alternativos, como la comunicación por expedientes o la interacción personal, no
hubieran hecho posible la intensa labor de extender y aplicar las temáticas de género a interven-
ciones organizacionales muy específicas. Adicionalmente, y considerando la geografía chilena
así como la división regional de SERNAM, el correo electrónico permitió un flujo consistente de
diálogo entre las regionales y la oficina central.
Más allá de la coordinación que pudiera ejercer el SERNAM, el correo electrónico ofició
de instrumento a efectos de consolidar una interpretación compartida acerca de las relaciones
de género. La formalización de las ideas bajo la modalidad de comentarios escritos insertos en
documentos y la iteración de los mismos a la luz de dudas y ambigüedades interpretativas me-
diante las prácticas de envío y reenvío para su revisión por parte de los asesores del SERNAM,
dio sus frutos ya que redujo la vaguedad que rodea al concepto de género. En vistas de que la
literatura sobre transversalización señala que las normas de género colisionan con viejos hábitos
y miradas (Walby, 2005), la clarificación conceptual fue primordial en la institucionalización de
la perspectiva propugnada por parte del SERNAM –es decir, el género como una construcción
social situada en relaciones desiguales de poder. finalmente, la velocidad e intensidad de los in-
156
tercambios y sus registros escritos, posibilitados por las TIC, imprimieron un sentido de políticas
integrales y no meras políticas sectoriales “agregadas” a otras ya existentes (Valdez, 2007).
De la mano de este proceso, los diversos actores involucrados también arribaron a un cie-
rre interpretativo luego de las mencionadas iteraciones en las comunicaciones: en un momento
dado, los grupos sociales que comparten el uso de un concepto logran un cierto acuerdo en su
significado, por lo que se pierde flexibilidad interpretativa al menos por un tiempo.7 La construc-
ción de una interpretación común respecto de las relaciones de género es desafiante, puesto que
comúnmente aparece como un “significante vacío”, adjudicándosele las más variadas acepciones
(Verloo, 2005). Bajo la óptica de una relación social, en las cuestiones de género se dirimen asi-
metrías en las oportunidades de acceso y ejercicio de recursos de poder, lo que representa una
temática compleja de traducir en acciones concretas y así pasar de enunciaciones abstractas
(comúnmente plasmadas en planes nacionales) a prácticas de micro política.
Recapitulando, entonces, podemos afirmar que, alrededor del proceso del PMG, se con-
formó un espacio virtual de intercambio y discusión acerca de qué son, de acuerdo con las de-
mandas de las organizaciones, las denominadas “temáticas de género”, fortaleciendo el papel
coordinador del SERNAM y anclando en consideraciones específicas las definiciones muchas
veces abstractas acerca de la igualdad de derechos de varones y mujeres y de procesos de
discriminación. Por cierto, la literatura sobre transversalización de género señala que los cam-
bios constantes en los significados del término “igualdad” han sido un escollo para garantizar la
consistencia de las políticas (Moser y Moser, 2005). En la experiencia en cuestión, este escollo
parecería haber sido ampliamente superado.
El mencionado espacio virtual se edificó a partir de la confluencia de varias dinámicas.
En primer término, la página web del SERNAM se transformó en un sitio de referencia para las
organizaciones: la misma contó con varios documentos de apoyo, incluso con materiales que
ejemplificaron experiencias exitosas de los diversos estadios del PMG. Asimismo, el portal inclu-
yó videos de reuniones de trabajo mantenidas con organismos de las regiones, con el propósito
de transmitir experiencias colectivas de una manera más dinámica.
En segundo lugar, y luego de algunos intentos fallidos por problemas de conectividad en
algunas regiones posteriormente superados, se implementaron videoconferencias de trabajo.
Con el propósito de ofrecer entrenamiento en la ejecución de los planes, la mayor utilidad de
estas conferencias, de acuerdo con mis interlocutores, fue su capacidad de convocar a diversos
funcionarios y ofrecer una instancia de interacción en forma simultánea entre las diferentes re-
giones. Este medio de trabajo puso de manifiesto la existencia de una enorme dispersión tanto
en las definiciones de género como de metas de política al interior de un mismo servicio. En este
sentido, las videoconferencias lograron unificar algunos criterios centrales, en especial aquellos
relativos a la “desigualdad de género”.
En definitiva, un primer conjunto de hallazgos concierne a la formación de una burocra-
cia experta en la aplicación en políticas de género, lo que ha sido posible por la convergencia
7. La noción de cierre interpretativo ha sido elaborada por investigadores del campo de la sociología de la tecnología (en particular por el programa denominado SCOT), aunque han limitado el concepto a los significados de los artefactos materiales. Aquí extiendo esta interesante idea al uso de conceptos y abstracciones.
157
de los PMG y las facilidades de comunicación desarrolladas a partir de la incorporación de una
serie de programas relativos a las TIC. Por su parte, estas burocracias distan de ser cuerpos
técnicos rígidos y jerárquicos como muchas veces se critica en la literatura de transversalización
(Beverdige et ál., 2002). Por el contrario, el dinamismo de funcionamiento visualizado parecería
asemejarlas a “comunidades de práctica”.
En la definición de Brown y Duguid (1996), estas comunidades están caracterizadas por
el hecho de que su trabajo descansa, primordialmente, en prácticas denominadas “no canó-
nicas”, es decir, sus políticas están estructuradas no sobre abstracciones sino a partir de las
dinámicas cotidianas y de las tareas de sus integrantes. Se valora la innovación y el aprendizaje
enraizado en dichas prácticas y, a su vez, se permite el aprendizaje de conceptos a través del
trabajo diario.
Extendiendo este concepto al caso en estudio, los y las coordinadoras del PMG y sus
equipos organizacionales no son meros “observadores” de las instrucciones de los expertos del
SERNAM. En contraste, son importantes partícipes del proceso de diagnóstico y de construc-
ción de intervenciones políticas. Más aun, la legitimidad de los actores organizacionales puede
aumentar no como una función de su “entrenamiento formal” en género (mediante, por ejemplo,
cursos de capacitación externamente estructurados desde el SERNAM) sino por su habilidad
de “bajar a tierra” temas de género en prácticas concretas. Inversamente, los especialistas del
SERNAM no aspiran a ejercer un “control jerárquico” sobre las organizaciones (a pesar de que
el PMG de género responde a un instructivo presidencial). Por el contrario, estos expertos deben
construir cooperativamente el conocimiento necesario para traducir los lineamientos acerca de
la igualdad de oportunidades en intervenciones específicas de las organizaciones, las cuales, a
su vez, están situadas en contextos políticos y regionales muy variados.
Dos esferas de TIC: la desconexión de la transversalidad de las actividades de organizaciones de mujeres
A pesar de las mencionadas comunidades de práctica en el marco de las burocracias, no se han
edificado espacios de diálogo e interacción significativos entre el Estado y las organizaciones
de la sociedad civil abocadas a promover derechos de mujeres. Por el contrario, las TIC hacen
más palpable cierto desencanto de algunas de estas organizaciones respecto del SERNAM: “El
SERNAM fue nuestra propuesta, pensamos que iba a ser algo diferente. Nos llevó tiempo dar-
nos cuenta de que no iba a hacer nada práctico con las políticas públicas, más allá de empujar
por alguna legislación”.
Como lo ejemplifica este testimonio, hay una clara desconexión entre las organizaciones
populares de mujeres (llamadas también “de base”), una división ya abordada por numerosas
autoras (por ejemplo, álvarez, 1999; Richards, 2002; Ríos Tobar, 2003, entre otras). En el caso
en estudio, al parecer estas organizaciones no habrían sido convocadas durante la elaboración,
la implementación y evaluación de los PMG. A título ilustrativo, por ejemplo, REMOS y ANA-
MURI (dos importantes redes de organizaciones de mujeres) directamente desconocían lo que
era el PMG.
158
Con todo, mis interlocutoras en SOL, REMOS y ANAMURI, señalaron que las TIC resulta-
ban muy útiles para promover la comunicación entre sus integrantes, por ejemplo, mediante el
uso del correo electrónico y algunas redes virtuales para difundir información acerca de even-
tos, convocatorias a movilizaciones, y otro tipo de novedades. El uso de páginas web y otras
tecnologías era menos común, en parte porque las organizaciones manifestaron tener caren-
cias en el personal disponible e incluso en infraestructura. El teléfono celular surgió como una
tecnología de privilegio entre las integrantes de ANAMURI, debido a la localización rural de las
participantes de esta red.
La comunicación con el Estado fue calificada como escasa y no habría espacios delibe-
rativos ni físicos ni virtuales –cuestiones subrayadas como normativamente deseables desde el
ángulo de las políticas de transversalización de género–. Este hiato en la participación ciudadana
tiene múltiples raíces. Por ejemplo, al momento de su lanzamiento, la Agenda Digital no contaba
con “consideraciones de género”, de acuerdo con una de mis interlocutoras, “ni se ha integrado
el tema del SERNAM” en forma específica en la misma. En términos generales, las TIC fueron
vistas, implícitamente, como neutrales en sus consecuencias sobre las relaciones de poder en-
tre varones y mujeres. Un problema recurrentemente señalado concierne a las dificultades de
las mujeres para acceder a la conectividad y sus problemas de analfabetismo, incluido el tec-
nológico, por lo que deberían existir medidas específicas por parte del Estado para asegurar un
acceso igualitario de mujeres como productoras de información (Marcelle, 2002).
Incluso algunas iniciativas interesantes, más allá de esta Agenda, no han podido ser im-
plementadas en su totalidad. SUBTEL, por ejemplo, a cargo de la red de telecentros públicos,
instaló algunos de ellos en el entorno de jardines de infantes, a efectos de facilitar el acceso de
mujeres a Internet. Sin embargo, esta iniciativa no ha logrado plasmarse adecuadamente por
carencias en su coordinación, ya que el SERNAM no cuenta con suficiente personal para asig-
nar a dichos centros, lo que tendría como propósito atender necesidades de mujeres y así evitar
que ellas sean pasivas consumidoras de información.
Por su parte, la página de Internet del SERNAM no ha aprovechado las posibilidades ofre-
cidas por esta tecnología. En cuanto a la evaluación de la calidad de la página, una interlocutora
señaló que la misma “no tiene información o bien información actualizada. Ha habido incluso
una especie de retroceso, la página web del SERNAM antes era más dinámica; por ejemplo, en-
contrabas leyes específicas. Antes había mayor documentación. La opción ‘conversemos con’
lleva como seis meses [sin activarse], antes había algo más” .8 A julio de 2008, dicha opción
ya no estaba disponible. En su lugar, el tipo de contacto ofrecido corresponde a la entrada con
dicho nombre. Para enviar una comunicación hay que llenar un formulario de identificación con
categorías estandarizadas. Al igual que otras páginas web del gobierno, según el Informe de
Desarrollo Humano de 2006, se ha enfatizado primordialmente “la oferta de información” en
desmedro de opciones de interacción como foros o chats dirigidos al desarrollo de una ciuda-
danía democrática.
8. Antes había trabajado en el SERNAM y ahora estaba trabajando en temas de TIC.
159
Respecto de los PMG de Género, los mismos están accesibles o bien en los portales de
sus organizaciones específicas o bien en la página de la Oficina de Presupuesto. En efecto, si
bien el PMG podría ser, en principio, un excelente instrumento para visualizar el grado de cum-
plimiento con el Plan de Igualdad de Género 2000 – 2010 y la Agenda de Género 2006 – 2010,
solamente se accede al conjunto de ellos a través del portal de la mencionada Oficina –la cual
no representa un lazo natural para los grupos de mujeres.
Aun cuando las organizaciones eventualmente accedan a los informes de PMG, la presen-
tación “en crudo” de las intervenciones públicas en los mismos no resulta amena a la compren-
sión y la interpretación, lo cual constituye una formidable barrera para su utilización práctica
por parte de quienes no están familiarizados con las características del programa. Justamente,
no existe una suerte de estado de avance preparado por el SERNAM que implique una revisión
global de los PMG así como una síntesis de sus principales avances. En consecuencia, pode-
mos afirmar que las carencias en cómo está presentada y procesada la información socavaría
el “uso estratégico” que las organizaciones de mujeres podrían hacer de los PMG de acuerdo
con sus propias necesidades. Camacho Jiménez (2001) afirma que el “uso estratégico” necesa-
riamente implica el ser capaz de apropiarse de las innovaciones, por lo que las organizaciones
las utilizarían a partir de juicios acerca de su conveniencia para la resolución de sus problemas
más relevantes.
En definitiva, la página web del SERNAM podría ser descripta como estática, poco ami-
gable para el usuario ajeno al Estado o aquellos con intereses específicos en las actividades de
advocacy. La información provista por el SERNAM está estructurada, primordialmente, para
usuarios dentro del sector público y no para organizaciones de mujeres. A propósito, una inter-
locutora (hoy en una ONG involucrada con cuestiones de TIC pero anteriormente experta en
el SERNAM) manifestó que “se han utilizado poco las oportunidades que brindan las nuevas
tecnologías de información [...] El debate de las mujeres y el ciberespacio nunca se ha dado en
Chile. Aún no se ha trabajado bien”. Incluso, una idea del SERNAM de instalar su propio tele-
centro con fines informativos ha quedado como una iniciativa a futuro.
Retomando el enfoque de la transversalización, esta misma interlocutora afirmó que “para
que sea una mirada de género, [el PMG] debe surgir también desde la sociedad civil, pero esa
óptica [solamente desde el Estado] anquilosa, petrifica. Se hacen un par de mesas y se da por
solucionado el problema. También las ONG han perdido contacto con las bases, no solamente
las organizaciones del gobierno. Las ONG perdieron su activismo, así como le pasó al Estado. Se
puede apreciar claramente en el caso de violencia, donde las organizaciones de base son acti-
vas pero no están vinculadas al gobierno central y funcionan con apoyo financiero internacional
feminista”. En este sentido, los requisitos de democracia electrónica en los que se recuesta la
transversalización de género en las políticas presentarían algunas deficiencias a atender.9
9. En esta dirección, cabe señalar que la Unidad de Promoción de Derechos y Participación de las Mujeres del SERNAM ha puesto en el portal la revista Ciudadanas, cuyo primer número corresponde al mes de marzo de 2008. En el mensaje de este número inicial, la ministra reafirma los principios de participación de organizaciones de mujeres y la necesidad de garantizar el acceso y uso de la información. Asimismo, bajo la Agenda de Género 2006 – 2010, se han puesto en marcha cabildos regionales para el seguimiento por parte de las ciudadanas de los compromisos allí asumidos. El fun-cionamiento de estas iniciativas deberá ser evaluado.
160
Conclusiones
La experiencia de transversalización de las políticas de género en el Estado chileno muestra
dos contrastantes hallazgos. Indudablemente, se ha conformado una importante burocracia
experta que funciona como una comunidad de práctica, ya que las relaciones horizontales y los
aprendizajes mutuos son procesos constitutivos de la forma en que han sido implementados
los PMG de Género. Además de la incorporación en forma masiva de un enfoque sobre los de-
rechos de las mujeres en los objetivos de acción del Estado, las plataformas tecnológicas han
fomentado la emergencia de debates sustantivos en el seno del aparato público sobre la igual-
dad de género.
Como contrapunto a las redes horizontales y los vibrantes espacios cognitivos creados al
interior de las burocracias, se visualiza una importante disociación entre el Estado y las organi-
zaciones de la sociedad civil. Desde esta perspectiva, es una realidad que los grupos de mujeres
de base han quedado por afuera de la elaboración y ejecución de los PMG. Ello es sorprenden-
te en vistas de la enorme información recolectada y procesada por el Estado en temáticas que
pueden resultar relevantes para la actividad de advocacy de estas organizaciones.
Retornando el planteo inicial de este trabajo, los entornos tecno-políticos impulsados por el
gobierno aún no han logrado que la transversalización de género en el Estado alcance un ángulo
más colectivo y deliberativo. Las sociedades actuales necesariamente conllevan el desarrollo
de organizaciones e instituciones complejas, estratificadas e interrelacionadas, y las prácticas
deliberativas no están pensadas para reemplazar a estas instituciones. No obstante, las institu-
ciones generan su propia inercia estructural, crean intereses propios y muchas veces cuentan
con canales más abiertos o permeables para algunas voces y no otras. Es en esta dirección que
las TIC podrían renovar oportunidades para debates más ampliados acerca de las necesidades
de mujeres y su traducción en políticas de igualdad de oportunidades.
161
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163
164
ANDREA BIELLI
Es Licenciada en Psicología y Licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de la República. En el año 2005 obtuvo el Certificado-Diploma de Estudios Avanzados en Historia de la Ciencia y de la Medicina de la Universidad del País Vasco. Actualmente es doctoranda del programa de “filosofía, Ciencia, Tecnología, Sociedad” de esta última universidad y en estos momentos se encuentra elaborando su tesis doctoral sobre la introducción de los antidepresivos en el Uruguay.Desde 1999 a la actualidad se ha desempeñado como profesora asistente de la Unidad Académica de la Comi-sión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, desarrollando tareas de docencia, investigación y extensión en el área de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad y apoyando, además, la gestión académica de los programas de fomento a la investigación implementados por dicha comisión.
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psICOfÁRmACOs bAjO lA mIRADA DE lOs EsTuDIOs DE CIEnCIA, TECnOlOGÍA Y sOCIEDAD
AnDREA bIEllI
Introducción
En el año 2004 la revista Social Studies of Science, especializada en la publicación de artículos
interdisciplinarios sobre las dimensiones sociales de la ciencia y la tecnología moderna, editó
un volumen especial consagrado por entero a la industria farmacéutica. Una media decena de
trabajos abordaban desde diversos enfoques algunos tópicos centrales que daban la pauta de
que la industria farmacéutica había llegado para quedarse al campo de lo estudios de ciencia,
tecnología y sociedad. La publicación de los artículos reflejaba el trabajo ya de algunos años que
historiadores, sociólogos, antropólogos y economistas, entre otros, habían desarrollado desde
hacía un tiempo sobre el sector, pero tenían la particularidad de proponer una nueva mirada
sobre ciertos temas que hasta el momento no habían sido abordados de lleno.
Uno de los primeros aspectos en los que las ciencias sociales habían reparado desde ha-
cía un buen tiempo había sido la fuerte interconexión entre los laboratorios farmacéuticos y el
saber científico. Se tenía noción fundada de que las relaciones entre la industria farmacéutica
y la ciencia habían sido permanentes desde mediados del siglo XIX y que en el cambio de siglo
estas relaciones habían experimentado transformaciones sustanciales que habían permitido
que la industria farmacéutica tomara su estructura actual convirtiéndose en una industria al-
tamente rentable, con importantes niveles de internacionalización y fuertemente basada en la
innovación. Si en el siglo XIX los laboratorios farmacéuticos habían podido elaborar sus produc-
tos gracias a los desarrollos de la química del momento, lo habían hecho sin incorporar a sus
establecimientos investigadores. Los responsables de los aportes científicos a partir de los cua-
les se desarrollaron, por ejemplo, los primeros antisépticos, hipnóticos o anestésicos no habían
participado en el desarrollo industrial de los mismos. Por el contrario, el siglo XX vería cómo la
mayor parte de los productos de la industria farmacéutica nacerían no solo utilizando aportes
de la ciencia, sino gracias a los intercambios intensivos entre industria y academia, y también,
en buena parte, gracias al desarrollo sostenido de investigación científica dentro de los propios
laboratorios farmacéuticos. Especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial el sector se
convertiría en una industria líder en capitalización y ganancias debido, entre otras razones, a la
introducción constante de nuevos productos desarrollados a partir de la relación particular que
logró establecer con la investigación científica. Las dinámicas de esta innovación tecnológica
persistente se convirtieron rápidamente en uno de los aspectos en los que las relaciones entre
166
ciencia, tecnología y sociedad fueron examinadas más prontamente. La estructura organizacio-
nal de los laboratorios, sus cambios a lo largo del tiempo, las estrategias de fusión empresarial,
de apertura de nuevos mercados y de adaptación a nuevas las condiciones de competitividad
motivaron una larga serie de estudios que de una manera u otra convergían sobre las relaciones
entre innovación tecnológica farmacéutica e investigación científica.
Los artículos publicados por la revista Social Studies of Science en el año 2004 volvían
sobre la relación entre industria farmacéutica e investigación científica que los estudios ante-
riores habían sabido enfatizar, pero llevaban su exploración más allá de las diferentes facetas
que el tópico de la innovación farmacéutica permitía observar. En cada uno de los artículos los
lazos entre ciencia e industria farmacéutica eran examinados nuevamente con detención, pero
el foco de este examen se ampliaría hasta incluir una imagen expandida de estas relaciones que
llevaría el impulso innovador de la industria hasta terrenos en los que incluso las definiciones
de las propias enfermedades parecerían estar ligadas al poder transformador proveniente de
esta íntima interconexión entre ciencia y laboratorios farmacéuticos. Existían otros aspectos de
este nexo que la revista pretendía explorar, las relaciones entre ciencia e industria farmacéuti-
ca no cristalizaban únicamente en el fundamento científico de una producción innovadora y la
edición del volumen especial pretendía al menos contribuir a la discusión de uno de ellos. Su
título, Intersection of Pharmaceutical Research and Marketing, sintetizaba magníficamente de
cuál de ellos se trataba: la creciente indiscriminación entre investigación y mercado. El editorial
fundamentaba además la necesidad de la publicación de un volumen especial sobre este tema
argumentando que las estrategias a través de las cuales la industria logra sumar a investigadores
y médicos clínicos a sus fines comerciales era un tópico de gran actualidad.
Incluso el autor del editorial aseguraba que este era tan actual que pocos minutos antes
de que enviara el texto a la imprenta, los titulares de las noticias matutinas lo habían sorprendi-
do anunciando que la fDA aconsejaba incorporar una leyenda de advertencia sobre los efectos
secundarios en uno de los antidepresivos más utilizados en Estados Unidos (Lynch, 2004:147).
Uno de los artículos del volumen discutía, además, cómo una de las estrategias de marketing
de los laboratorios era justamente la supresión de información sobre los efectos secundarios
de los modernos antidepresivos ISRS1 (Healy, 2004) y otro exploraba el lazo entre estrategias
comerciales y usos específicos de los antidepresivos durante la última crisis económica en Ar-
gentina (Lakoff, 2004). En el conjunto de los trabajos publicados, los psicofármacos parecían
constituir los ejemplos más convincentes de esta indiferenciación creciente entre investigación
científica y estrategias comerciales. En los apartados siguientes trataré de desarrollar qué otras
dimensiones de los psicofármacos emergen bajo la mirada de los estudios de ciencia, tecnolo-
gía y sociedad.
1. Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina.
167
Influjos rentables
Desde su creación en la década de 1950 al día de hoy, los psicofármacos han logrado trans-
formarse en medicamentos de uso masivo. En el transcurso de pocas décadas este grupo tera-
péutico consiguió ubicarse en los primeros lugares de los rankings de ventas de medicamentos,
llegando a finales del siglo XX a mostrar una clara tendencia al alza particularmente por las cre-
cientes ventas de antidepresivos. Las altas tasas de venta y consumo de los psicofármacos se
expandían a lo largo y ancho del globo mostrando en algunos países incrementos más pronuncia-
dos que otros. La situación de francia, por ejemplo, que a mediados de los años 1990 prescribía
de dos a cuatro veces más psicofármacos que sus vecinos europeos, ameritaría la realización
de un informe especial sobre la situación (zarifian, 1996). Y si bien en nuestro país se carece
de cifras oficiales, los estudios de mercado y las opiniones de quienes estaban vinculados a la
industria farmacéutica y los sectores de la salud coincidían en afirmar hacia finales de los años
1990 que el consumo de psicofármacos había llegado incluso a desplazar a los medicamentos
cardiovasculares, que suelen ser el grupo terapéutico más vendido a escala mundial.2
Por lo pronto, rápidamente se tuvo la impresión de que se estaba frente a un fenómeno
que reflejaba cambios culturales complejos en los que tanto los laboratorios farmacéuticos, la
academia, los profesionales clínicos, los sistemas regulatorios y el gran público consumidor es-
taban implicados. ¿Aumentaba el consumo de psicofármacos porque le población estaba cada
vez más enferma o porque la población había cambiado sus hábitos y prefería recurrir a los
tratamientos químicos, antes que a otro tipo de intervenciones psicoterapéuticas? ¿Aumentaba
el consumo de psicofármacos porque los médicos y psiquiatras estaban realizando una elec-
ción científicamente fundamentada de sus prescripciones o porque estos se encontraban bajo
la influencia de las estrategias comerciales desarrolladas por los laboratorios farmacéuticos?
¿Aumentaba el consumo de psicofármacos porque los sistemas regulatorios habían conseguido
2. En 1997 el doctor Ignacio Ruiz, gerente general de la filial montevideana de Rhône-Poulenc del momento, declararía al diario El País que existía “una disparidad entre Uruguay y el mercado farmacéutico global. En todo el mundo, el gru-po de medicamentos que más se vende es el que trata los trastornos cardiovasculares, seguido por el destinado a los trastornos digestivos. En el mercado uruguayo los medicamentos con mayor demanda son los que atienden al sistema nervioso central, especialmente analgésicos y tranquilizantes. Es difícil conocer las razones de esta diferencia, sobre todo en un país donde la carga de ‘stress’ debería ser inferior a la de sociedades más industrializadas. De todos modos, los productos más consumidos son los conocidos como ‘soft’” (El País, 1997).
Sus declaraciones coincidían de algún modo, a pesar de la inexistencia de cifras oficiales, con lo que médicos generales y psiquiatras afirmaban desde hacía un tiempo: los altos niveles de consumo de psicofármacos en el Uruguay. En verdad, se tenía noción de esta situación desde hacía un buen tiempo. Según los datos de los estudios del mercado farmacéu-tico uruguayo realizados durante los años 1980, en la primera mitad de esa década los psicofármacos fueron el grupo terapéutico que se ubicó en el segundo lugar de ventas, luego de los medicamentos cardiovasculares. Y dentro de ellos los tranquilizantes benzodiazepínicos, conocidos generalmente como tranquilizantes menores, ocupaban el primer lugar (Oikos, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985).
Ya en la década de los años 1990 algunos estudios parciales ayudarían a respaldar esta percepción. Por ejemplo, el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU), analizando las prescripciones globales realizadas en dicha institución, había detectado que el 17% de las drogas recetadas en el año 1990 correspondían a psicofármacos (los cinco primeros benziodazepinas), siendo superados únicamente por un 23% de prescripciones de medicación cardiovascular (Bustelo, 1994:21). Asimismo, el doctor Pedro Bustelo (1994) señalaba su consumo particularmente alto, incluso con tasas superiores a las de los países desarrollados. Las encuestas realizadas por la Junta Nacional de Drogas (2000), durante este mismo decenio observarían las mismas tendencias.
168
probar su eficacia o porque estos sistemas dependían peligrosamente de la información pro-
porcionada por la industria?
El éxito que los psicofármacos habían alcanzado en prescripción, ventas y consumo cons-
tituía entonces un vía de entrada para los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en la que en
primera instancia se hacía imperiosa una revisión de las relaciones que la industria farmacéutica
estaba manteniendo con la ciencia. Si en un primer momento había sido evidente que la industria
debía parte de sus logros a las relaciones intensas que había manteniendo con la investigación
científica en las que basaba su alto ritmo de innovación de productos, hacia finales de los años
1990 era cada vez más notorio que la industria mantenía otros vínculos con la investigación
científica que no se limitaban únicamente a un fundamento experto para el desarrollo de me-
dicamentos. Estudios históricos como los de Jonathan Liebenau, que analizaban las bases del
desarrollo sostenido del sector, habían puesto sobre el tapete, durante los años 1980, uno de los
puntos de interés más controvertidos de este “otro” relacionamiento entre laboratorios farmacéu-
ticos y ciencia: el uso que los primeros hacían de la segunda para sus fines promocionales. El
trabajo de Liebenau (1987), que estudiaba el desarrollo de la industria farmacéutica en Estados
Unidos, advertía sobre el modo en que el sector se había apropiado de los valores científicos y
académicos, su lenguaje y prácticas de difusión para publicitar sus productos, creando de esta
forma una imagen científica de los emprendimientos y firmas farmacéuticas y de sus productos
medicamentosos. Liebenau rastreaba el uso que la industria realizaba de la ciencia en sus es-
trategias de promoción comercial en los materiales informativos que esta daba a conocer a los
médicos y al público en general. Los anuncios y la literatura promocional de los medicamentos
incluían un lenguaje científico adecuado para un público erudito y experto, pero otras veces
también empleaban un lenguaje científico de complejidad media que permitía llegar a un públi-
co más amplio. Cuando los psicofármacos se desarrollaron, la literatura promocional de corte
científico tenía al menos unos sesenta años de uso en la promoción de productos farmacéuticos
y ellos también fueron promocionados empleándola como estrategia de marketing.
Con este tipo de estudios, entonces, se abría una línea perdurable de análisis e investi-
gación que enfatizaba el poder persuasivo de la industria farmacéutica para orientar la toma de
decisión de los médicos y también para influenciar los hábitos de consumo de medicamentos
de los consultantes, en base a las estrategias de marketing que incluían a la ciencia como uno
de sus bastiones más fuertes. Este enfoque permitía explicar, en parte, la popularidad crecien-
te de algunos medicamentos y para el caso de los psicofármacos, que estaban destinados a
patologías con definiciones más borrosas que las patologías somáticas, coloreaba el fenómeno
como un buen ejemplo de influencia comercial. Y a pesar de que reconocía una coincidencia
en la propensión de los médicos a prescribir más psicofármacos y en la propensión de los pa-
cientes a solicitarlos cada vez más, esta perspectiva consideraba al cuerpo como el blanco
principal de las estrategias comerciales, en virtud de que los psicofármacos suelen venderse
generalmente bajo prescripción médica. La literatura de corte científico que ejemplificaba uno
de los “otros” vínculos entre laboratorios farmacéuticos y ciencia no fue el único elemento que
se señaló como punto estratégico en la promoción “científica” que los laboratorios realizaban
de los medicamentos entre los profesionales médicos. El punto nodal de este uso alternativo
169
del saber científico residía en que la propia información científica sobre los medicamentos es-
taba siendo puesta al servicio de las estrategias de marketing de los laboratorios. El dispositivo
de los visitadores médicos, los congresos, coloquios y seminarios organizados con apoyo de
los laboratorios, la formación permanente de los médicos, se convirtieron en tópico de análisis
pero también en tema de denuncia constante dentro y fuera de la academia. Así, una tensión
básica entre divulgación de conocimiento científico sobre los medicamentos e información pu-
blicitaria emergió en el horizonte de los análisis sobre la industria farmacéutica. Tensión en la
que algunos no dudaron en señalar la existencia de conflictos de interés, de un uso perverso del
saber científico en el que los datos de la investigación eran enfatizados o soslayados, según el
caso, para aumentar los niveles de ventas. Empleando estas tácticas el mercado farmacéutico
se ampliaba con la manipulación de datos que a veces exageraban los niveles de eficacia de los
medicamentos, minimizaban sus efectos secundarios o incentivaban el uso prolongado o per-
manente de los medicamentos.
En verdad, toda una tradición de literatura crítica de la industria farmacéutica, en la que
intervienen por igual médicos y cientistas sociales, ha venido denunciado desde por los menos
los años 1960 las nefastas consecuencias de una ciencia librada a los intereses económicos y
empresariales. Una cierta corriente crítica comenzó a dar lugar a estudios que por un lado in-
tentaban condenar prácticas reñidas con la ética, poner en cuestión la eficacia de los produc-
tos farmacéuticos pero también poner en cuestión la pretendida objetividad científica en la que
la industria solía fundamentar la eficacia de sus productos, adentrándose en el cuerpo interno
de la investigación llevada adelante para desarrollar medicamentos. Libros como los de John
Braithwaite (1986 [1984]) de principios de los años 1980 o algunos más recientes como los de
Marcia Angell (2005 [2004]), recogen una serie de hechos y datos que empañan la honestidad
de la empresa farmacéutica y enturbian la investigación científica más próxima a esta. Entre otros
detalles, critican a los laboratorios farmacéuticos el haber creado una imagen falsa del sector
en la que este aparece como una industria particularmente innovativa cuando, en verdad, los
laboratorios gastan en financiar actividades de I+D menos de la mitad de las sumas que invierten
en marketing. Los altos precios de los medicamentos, por tanto, tendrían poco que ver con los
costos de fabricación, pues en los últimos tiempos la industria se habría limitado a desarrollar
medicamentos poco novedosos, conocidos como las “me-too drugs”, que aventajan a sus pre-
decesores con características, terapéuticamente hablando, poco relevantes, pero que cumplen
un objetivo crucial para mantener las ganancias de las empresas, que es el de estirar los plazos
de las patentes. También se acusa al sector de dominar no solo la investigación farmacológica,
sino de sesgar además las investigaciones sobre la etiología y el tratamiento de enfermedades
para inclinar la balanza en favor de las intervenciones terapéuticas medicamentosas. De esta
manera, las acciones de la industria se convierten en tema de debate moral y su rol activo en la
apertura y ampliación de mercados en una guía peligrosa de la investigación científica.
Algunos médicos que conocen el sector desde cerca han sido los críticos más incisivos.
La doctora Marcia Angell sostiene, por ejemplo, que la industria farmacéutica ha perdido su
rumbo, pervirtiendo a la ciencia en su afán de lucro al producir un conjunto cada vez mayor
de medicamentos costosos y poco innovativos, además de contaminar la investigación clínica
170
necesaria para el desarrollo de los medicamentos. Bajo la perspectiva de Angell, pero también
de varios trabajos del campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, los ensayos clí-
nicos necesarios para el desarrollo y aprobación de los nuevos medicamentos se convierten
en la pieza clave del pasaje de una sustancia con propiedades terapéuticas a la constitución
de un medicamento como una mercancía pronta para ser comercializada, pieza clave que se
encuentra alarmantemente bajo el control de los laboratorios farmacéuticos. Por ejemplo, suele
desacreditarse la utilidad científica de los ensayos clínicos de fase IV,3 que se realizan luego de
que los productos farmacéuticos han entrado al mercado, señalando que la mayoría de ellos no
producen información sustancialmente nueva sobre los medicamentos y que pocas veces gene-
ran resultados que lleguen a ser publicados en revistas académicas, sino que preferentemente
funcionan como una primera vía de familiarización de los médicos con los nuevos productos.
Nuestro país no ha estado al margen de estos mecanismos de persuasión puestos en práctica
por la industria farmacéutica y ha generado también una reflexión crítica sobre el tema en la que
se han explorado sus dimensiones éticas, económicas y sociales (Portillo, 1998; 2007).
En definitiva, este tipo de consideraciones críticas pone énfasis en la capacidad de in-
fluenciar a investigadores, médicos y consumidores de medicamentos que la industria farma-
céutica parecería ostentar. En el volumen de la revista Social Studies of Science, del que ha-
blara al principio, este mismo poder modelador y persuasivo del sector farmacéutico aparecía
en varios trabajos, ejemplificado y conceptualizado de distinta forma. Así, Sergio Sismondo
(2004), un investigador del campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, llamaría
a las diferentes tácticas y estrategias desplegadas por la industria para tratar de controlar las
decisiones de los médicos en el momento de la prescripción, “maniobras farmacéuticas”.4 Estas
maniobras incluyen la propia generación de conocimiento sobre los psicofármacos que realiza
y controla la industria pero también el diseño y control de los circuitos de distribución de ese
conocimiento que en gran medida modifican y cuestionan las normas de autoría y publicación
de textos científicos. En última instancia, la cuestión podría ser vista, como sostiene Sismondo
(s/f), como un asunto de economía política del conocimiento, en la que la verdadera innova-
ción sería no la de los productos medicamentosos sino el enlace entre educación, marketing
e investigación farmacéutica.
3. El desarrollo de medicamentos se produce, luego de finalizados los estudios de investigación básica de las sustancias candidatas a convertirse en medicamentos, a través de un dispositivo de investigación clínica que se realiza en cuatro fases exigidas, en estos tiempos, por la amplia mayoría de los sistemas regulatorios sanitarios del mundo. En la fase I la sustancia en estudio se prueba en voluntarios sanos para evaluar su tolerancia. En la fase II la sustancia es suminis-trada a aquellos pacientes que poseen la patología a la cual va destinada la sustancia. En a fase III, la droga se prueba en pacientes representativos de la población objetivo y la sustancia se compara con medicamentos ya comercializados para detectar sus niveles de eficacia. Después de superada esta fase es que se solicitan los permisos a las autoridades sanitarias para introducir el nuevo medicamento al mercado. En la fase IV, se realizan estudios sobre el medicamento ya comercializado para establecer sus ventajas con respecto a otros medicamentos, detectar nuevas propiedades y efectos secundarios que no hubiesen sido observados en las fases anteriores.
4. Pharmaceutical maneuvers, en el original en inglés.
171
En ese mismo volumen el psiquiatra David Healy (2004), quien trabajó por largo tiempo
en empresas farmacéuticas y ha sido pionero en la realización de trabajos sobre historia de la
psicofarmacología, examinaba, no sin alarma, la práctica de “ghost writing”,5 impulsada por los
laboratorios para la elaboración de artículos científicos sobre sus medicamentos. Esta práctica
consiste en la escritura, por parte de compañías especializadas, de artículos médicos a los que
luego se les agregará, en calidad de autores, los nombres de médicos prestigiosos. La mayor
parte de la escritura es realizada entonces por escritores profesionales pertenecientes a em-
presas dedicadas a la comunicación médica, y tan solo en las últimas etapas de revisión de los
artículos los académicos que luego figuran como autores intervienen con algunos aportes. En
este proceso, los autores académicos tienen poco acceso a los datos provenientes de la inves-
tigación y, por consiguiente, disponen de posibilidades seriamente limitadas de compartir esta
información libremente con el resto de la comunidad académica. Esta nueva forma de autoría
pone de revés algunas de las normas habituales de la autoría científica, haciendo que los verda-
deros escritores de los artículos, al mantenerse en el anonimato, no adquieran el reconocimien-
to del conjunto de la academia y que los académicos que figuran como autores se transformen
un figuras relevantes sin poseer una verdadera experiencia en la investigación (Healy y Cattell,
2003). Para Healy este tipo de prácticas redundan en el escaso control del campo de la en-
fermedad mental por parte de los psiquiatras, lo que lo lleva a debatir, incluso, si la psiquiatría
académica se encuentra en venta o no (Healy y Thase, 2003).
También en esa misma publicación, el antropólogo Andrew Lakoff (2004) llamaría “rela-
ciones farmacéuticas”6 a las interacciones entre la industria farmacéutica y el cuerpo médico,
interacciones que se basan en gran parte en el intercambio de regalos y obligaciones entre mé-
dicos y laboratorios. Durante su trabajo de campo realizado en Argentina, Lakoff había podido
describir las relaciones entre médicos y empresas farmacéuticas como un intercambio recípro-
co de recursos. Para los laboratorios el cuerpo médico representaba una fuente de acceso a
pacientes para la realización de estudios clínicos y también una fuente de acceso a potenciales
consumidores finales de sus productos, mientras que para los psiquiatras los laboratorios re-
presentaban una forma de ligarse a centros líderes en producción de conocimiento. Algo similar
sucede en nuestro país cuando los psiquiatras que intervienen en los ensayos clínicos impulsa-
dos por los laboratorios internacionales en nuestro medio intentan utilizarlos para sostener otras
investigaciones, para obtener entrenamiento en investigación o como forma de generar méritos
académicos (Bielli, 2006). De cualquier modo, aun teniendo en cuenta la reciprocidad de los
intercambios, lo que estas relaciones revelan es el estado actual de una medicina “farmacéuti-
camente centrada”7 (Dumit y Greenslit, 2005:127).
5. Escritura fantasma.
6. Pharmaceutical relations, en el original en inglés.
7. Pharmaceutically-centered medicine, en el original en inglés.
172
Para algunos la centralidad de este eje farmacéutico es consecuencia de las nuevas
configuraciones que los lazos entre ciencia y laboratorios farmacéuticos han adquirido en los
últimos tiempos, entendiendo con ello que lo que ha tenido lugar ha sido una modificación en
las formas de hacer ciencia y de generar conocimiento. El modo en que los medicamentos se
producen se habría convertido en el paradigma de la reciente comercialización de la ciencia,
en la que los mayores avances ya no provendrían de la investigación realizada en instituciones
públicas como las universidades sino de las actividades de investigación realizadas en las em-
presas privadas. Esta reorganización de las prácticas científicas8 obedecería a un imperativo
comercial que alcanzaría también a la ciencia médica (Mirowski y Van Horn, 2005). De todas
formas, ya sea criticando la interconexión entre ciencia y marketing, conceptualizándola como
una transformación de prácticas de investigación dominadas por un paradigma comercial o
pensándola como un polo de organización de la práctica médica, todos estos enfoques con-
fluyen en el reconocimiento de una cierta capacidad orientadora del fenómeno farmacéutico.
En el caso de los psicofármacos esta capacidad orientadora, como veremos a continuación, se
ensamblaría con la capacidad generativa del conocimiento y las intervenciones psiquiátricas en
una unión que paradójicamente haría cada vez más frecuentes las mismas patologías a las que
los psicofármacos pretendían combatir. Muchos no dudaron en afirmar, entonces, que la co-
mercialización que alcanzaba al conocimiento científico y psiquiátrico también había alcanzado
a la experiencia misma del enfermar.
patologías en venta
Otro de los artículos publicados en el volumen sobre las relaciones entre ciencia e industria far-
macéutica de la revista Social Studies of Science llevaba la cuestión de las estrategias farmacéu-
ticas al terreno de las patologías. Hacía ya un buen tiempo se había acuñado la idea de que los
medicamentos en verdad son drogas en busca de enfermedades,9 dándose a entender con ello
que la noción de que los medicamentos se desarrollan para intentar combatir una enfermedad
que ya se tenía en mente al momento de iniciar las investigaciones con las nuevas drogas, no
refleja estrictamente el proceso de creación de nuevos medicamentos. Con cierta regularidad,
una vez que se encontraba alguna sustancia química con propiedades terapéuticas variadas se
ponía en marcha un proceso por el cual se finalizaba obteniendo un medicamento específico
para una patología específica, luego de que se había elegido entre la variedad de efectos pro-
ducidos por la sustancia aquel que iba a ser enfatizado por el laboratorio farmacéutico como
prescripción principal del nuevo medicamento.
8. Un ejemplo reciente de esta nueva organización de la investigación farmacéutica lo constituye la proliferación en los últimos tiempos de pequeñas empresas privadas, conocidas en inglés como CROs (Contract Research Organizations), a las que los laboratorios farmacéuticos contratan para la realización de actividades de I+D. Muchas de ellas se especializan en el diseño y desarrollo de los ensayos clínicos de nuevos medicamentos.
9. Suele atribuirse esta idea a Rein Vos, quien en 1991 publicó un libro titulado “Drugs Looking for Diseases: Innovative Drug Research an d the Devolepment of the Beta Blokers and the Calcium Antagonists”.
173
Jennifer fishman (2004) ofrecía un análisis de este proceso colocando la atención en los
ensayos clínicos en la medida que los consideraba el dispositivo esencial a través del cual se
realizaba un acoplamiento justo entre medicamentos específicos y patologías específicas. Los
ensayos clínicos contribuían de esta forma a la “mercantilización de las enfermedades”, pues a
través de ellos tenía lugar una interconexión duradera entre la creación de mercados y la delimi-
tación, descripción y reconocimiento de las enfermedades y sus tratamientos. Lo que fishman
intentaba poner de relieve era que las estrategias de marketing impulsadas por los laboratorios,
en última instancia, no podían funcionar sin el conocimiento necesario para la delimitación de
las patologías sobre las cuales actuaban los productos farmacéuticos. Así, en la ruta que reco-
rren los medicamentos desde las plantas de elaboración de las empresas farmacéuticas hasta
el mercado, donde tiene lugar su consumo final, toda una serie de relevos que incluye a los in-
vestigadores farmacológicos, a los médicos clínicos, los pacientes, las propias empresas y las
regulaciones gubernamentales, se pone en movimiento. Para fishman estos relevos permitirían
el desarrollo y difusión de los medicamentos por el cuerpo social a través de un proceso similar
al de cualquier mercancía que pretenda ser parte de lo intercambios comerciales de una socie-
dad, en la medida que implicaban el despliegue de mecanismos de promoción, comercialización
y marketing. Desde este punto de vista, la única particularidad de las mercancías medicamen-
tosas es que estas estrategias comerciales se encontrarían respaldadas en un conocimiento
científico sobre los medicamentos y sobre las patologías “objetivo”. Los sistemas regulatorios,
por su parte, tienden a reforzar este hecho ya que admiten el ingreso al mercado de nuevos
medicamentos solo cuando la información presentada permite establecer su eficacia en pato-
logías concretas. En virtud de las exigencias regulatorias, la autorización de comercialización
de un medicamento se convierte al mismo tiempo en el reconocimiento de la existencia de una
patología determinada y, por transitiva, en la apertura de un mercado para un nuevo producto.
Al interior de ese mercado, medicamentos y patologías circulan y se comercializan de forma
conjunta, por lo que el incremento de las ventas de unos implicará el incremento de la inciden-
cia de las otras y viceversa.
En su trabajo, fishman analizaba la forma en que la disfunción sexual femenina estaba
siendo impulsada como nueva categoría diagnóstica y, por consiguiente, como nueva patología
a tratar, justo cuando se estaba buscando un uso alternativo del Viagra y otras drogas similares
en las mujeres. Dentro del campo de la psicofarmacología, varios autores han explorado este tipo
de circulación conjunta de medicamentos y patologías mentales. La expansión de la popularidad
de la Ritalina (metilfenidato) y el incremento paralelo del diagnóstico del trastorno de déficit aten-
cional fue, por ejemplo, examinado por Andrew Lakoff (2000) e Ilina Singh (2002). Asimismo,
el vasto campo de los antidepresivos fue explorado por David Healy (1991; 2000 [1997]), quien
señaló el lazo existente entre los nuevos usos del Paxil (paroxetina), un antidepresivo de última
generación al que se le han encontrado aplicaciones para el tratamiento de la ansiedad, con la
creciente popularidad de la fobia social. Al analizar los giros en la popularidad de medicamentos
y diagnósticos psiquiátricos a lo largo de las últimas décadas, Healy encontraba una variación
acompasada entre nuevos psicofármacos y nuevos trastornos mentales. De esta suerte, lo que
antes de los años 1980 se diagnosticaba como ansiedad y se trataba en base a tranquilizantes,
174
luego de esa década se diagnosticará como ataque de pánico, coincidiendo con la introducción
de un nuevo tranquilizante benzodiazepínico, el alprazolam, que comenzó a ser promocionado
como el psicofármaco adecuado para el tratamiento de dicho trastorno. Según Healy, con la
introducción de los antidepresivos ISRS a principios de la década de 1990, los síntomas que
antes se ubicaban bajo la categoría de ataque de pánico pasarían a diagnosticarse como tras-
tornos del humor. Posteriormente, con la llegada de los antidepresivos más modernos en los
años 1990, los mismos síntomas se diagnosticarán y tratarán como trastornos del humor. Dado
que las benzodiazepinas habían perdido su popularidad por los constantes debates sobre sus
propiedades adictivas, los cuadros de ansiedad y ataques de pánico se convirtieron en cuadros
depresivos aptos para ser tratados con los nuevos ISRS.
Una de las conclusiones inmediatas que se desprenden de estos análisis es que la interco-
nexión entre ciencia e industria farmacéutica puede incluso trastocar el orden habitual existente
entre diagnóstico e intervención terapéutica en la práctica clínica. Si los psicofármacos apare-
cían primero y las patologías a las que iban destinados después, podían utilizarse para dirimir
discrepancias diagnósticas. Es decir, si un psicofármaco como un antidepresivo resultaba exi-
toso en el tratamiento de un caso clínico, por ende, se estaba frente a un cuadro de depresión.
Jenniffer Radden (2003:38) llama a este mecanismo, que considera ya una clara tendencia de
la clasificación psiquiátrica actual, “cartografía de las drogas”.10 Las entidades diagnósticas de
la psiquiatría estarían siendo renovadas ya no más de acuerdo a los síntomas observados en la
práctica clínica psiquiátrica ni de acuerdo a los factores etiológicos aislados, sino a partir de los
efectos que los psicofármacos producen.
Es necesario tener en cuenta que a pesar de que Radden11 insiste en que esta cartografía
es un fenómeno reciente, el razonamiento implícito en ella posee una larga existencia dentro
de la psiquiatría y de la medicina. A lo largo de la historia de la psiquiatría, en varias épocas se
recurrió a las terapéuticas disponibles en el momento para establecer o refutar diagnósticos.
De hecho, en medicina este tipo de uso de los tratamientos se denominó “prueba terapéutica”
y algunos remontaron su presencia en el campo médico a la época del aforismo hipocrático
que afirma que “el tratamiento es en definitiva el que revela la naturaleza de la enfermedad”.
El antropólogo Andrew Lakoff (2005) rastrea el uso de este mecanismo dentro de la psiquiatría
hasta los inicios del psicoanálisis. En los escritos freudianos tempranos es posible reconocer
el empleo de la prueba terapéutica para identificar casos de histeria. Así, freud y Breuer sos-
tenían que si sus curas catárticas eran exitosas, ello se debía a que efectivamente este método
terapéutico había sido aplicado a cuadros de histeria y no de epilepsia, patología con la cual se
los confundía frecuentemente. De este modo, la propia cura permitía establecer un diagnóstico
diferencial entre ambas enfermedades. Para el sociólogo Alain Ehrenberg (2000 [1998]), lo que
habría sucedido entonces con la prueba terapéutica en psiquiatría es que, con la irrupción de
10. Drug cartography, en el original en inglés.
11. Radden opina que el supuesto lógico que sustenta la cartografía de las droga fue introducido por Peter Kramer en su conocido libro Escuchando al Prozac (1994 [1993]). Allí Kramer afirmaba que la categoría depresión estaba siendo transformada y ampliada en la medida que cada vez más personas respondían favorablemente a la fluoxetina.
175
los psicofármacos, habría entrado en una fase de “disección farmacológica”, posible en la me-
dida que este tipo de medicamentos poseen un grado de especificidad que hasta el momento
de su desarrollo ninguna terapéutica psiquiátrica había ostentado. Con ello, los psicofármacos
abrirían nuevas alternativas diagnósticas para la psiquiatría al tiempo que establecerían la po-
sibilidad de avalar la existencia de enfermedades cada vez más específicas dentro del campo
de la salud mental.
Ahora bien, si estas transformaciones impulsadas por los psicofármacos en la materia
misma de la que se ocupa la psiquiatría son posibles, ellas se deben, además de a la capacidad
generatriz de las tecnologías y las estrategias de los emprendimientos farmacéuticos, a la ver-
satilidad y a la heterogeneidad del conocimiento psiquiátrico, que abarca desde perspectivas
biomédicas hasta perspectivas más psicológicas. La psiquiatría representa un campo mucho
más inestable que el de otras especialidades médicas. Las entidades psiquiátricas son altamente
fluctuantes y están sujetas a cambios de acuerdo a las modificaciones producidas en las teorías
psiquiátricas, a los instrumentos diagnósticos, a las prácticas institucionales y los tratamientos
disponibles (Borch-Jacobsen, 2001). Pero estas transformaciones no se circunscriben única-
mente a las categorías diagnósticas elaboradas por la psiquiatría, sino que se verifican también
en las experiencias concretas de los sujetos enfermos. Las patologías psiquiátricas mostrarían,
entonces, una doble ductilidad observable en las taxonomías psiquiátricas y en las sintomato-
logías desplegadas por los pacientes.
Un filósofo como Ian Hacking (1995; 1998) ha enfatizado el carácter generatriz del saber
psiquiátrico indicando que las propias categorías diagnósticas elaboradas por la psiquiatría son,
además de una herramienta taxonómica, una de las condiciones necesarias para que deter-
minadas patologías mentales se manifiesten en la experiencia mórbida de los pacientes. Para
Hacking el aumento de casos de trastornos de personalidad múltiple que se verificó en Estados
Unidos hacia 1982 cobra sentido si se tiene en cuenta que la incorporación de esta categoría al
manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría tuvo lugar apenas dos años an-
tes. Sin embargo, las cosas están lejos de ser simples y aunque este dato puede arrojar alguna
luz sobre cómo el trastorno tomó cuerpo y se difundió, ello no implica que los enfermos hayan
trasvasado pasivamente a su propia experiencia de la enfermedad las transformaciones ocu-
rridas en la categoría diagnóstica. Según Hacking, los sistemas clasificatorios que conciernen
a los seres humanos están edificados sobre categorías interactivas. Dicho de otro modo, son
categorías que afectan por igual a clasificados y clasificadores, por lo que sería posible soste-
ner que en el caso de las categorías propias de la nosografía psiquiátrica, expertos y enfermos
contribuyen por partes iguales al nacimiento u ocaso de las patologías.
176
Con todo, los ejemplos aportados por trabajos como los de fishman, Healy o Lakoff, o
los apuntes de Radden o Ehrenberg, no permiten circunscribir este proceso interactivo úni-
camente a psiquiatras y pacientes sino que insertan como una cuña un conglomerado de ele-
mentos heterogéneos en los que psicofármacos, empresas farmacéuticas, ensayos clínicos,
sistemas regulatorios también despliegan sus capacidades generatrices a la hora de la pues-
ta en marcha de nuevos modelos patológicos que tienen tanto consecuencias disciplinarias
como experienciales. Lo que algunos han intentado, por tanto, es despejar la lógica que une
estos elementos complejos y que revela un modo particular de poner en relación a la ciencia,
la tecnología y la sociedad.
un cierto principio regulador
El establecimiento de un lazo generador entre investigación científica e industria farmacéuti-
ca, que llega a trasformar prácticas de investigación pero también prácticas prescriptivas, así
como el reconocimiento de un nexo ineludible entre patologías y medicamentos que consigue
transformar herramientas diagnósticas pero también experiencias personales, hizo avanzar las
reflexiones sobre el fenómeno farmacéutico hacia campos cada vez más amplios de la vida so-
cial y cultural.
Recientemente el antropólogo estadounidense Joseph Dumit (2003) ha afirmado que las
nociones de salud y enfermedad de la sociedad norteamericana se han visto modificadas en
los últimos tiempos por las estrategias de marketing y publicidad utilizadas por los laboratorios,
estrategias que obedecen a lo que él llama una “gramática farmacéutica”12. De acuerdo a esta
gramática, el modelo tradicional sobre la salud y la enfermedad, que suponía que la mayoría de
las personas eran esencialmente sanas y que la enfermedad era un evento extraordinario, habría
sido suplantado por un nuevo paradigma en el que las personas son consideradas “inherente-
mente enfermas”. Bajo este nuevo paradigma las intervenciones terapéuticas se convertirían
en permanentemente necesarias en la medida en que los sujetos estarían permanentemente
enfermos. Allí encontraría fundamento la noción cada vez más aceptada en la sociedad norte-
americana de que es necesario consumir medicamentos de por vida. El momento puntual de
la intervención terapéutica habría sido dilatado en extremo para convertirse en una práctica
crónica. La gramática farmacéutica de Dumit poseería, así, una gran capacidad para penetrar
en diferentes zonas de la vida social y áreas de la cultura. Y en la medida que la presencia de
la medicina es cada vez mayor en la vida cotidiana de las personas y esta se encuentra “far-
macéuticamente centrada”, ello ha traído como resultado la emergencia de nuevas “culturas
farmacéuticas” (Dumit y Greenslit, 2005:127). Estas “culturas farmacéuticas” comprenden
distintas dimensiones, algunas evidentes como las relacionadas con las nociones y metáforas
sobre la salud, la enfermedad y las intervenciones terapéuticas, y otras menos obvias como los
procesos identitarios de los sujetos y las sociedades actuales. Las nuevas culturas farmacéu-
ticas imprimirían modificaciones y cambios en dichos procesos por una vía hasta hace poco
12. Pharmaceutical grammar, en el original en inglés.
177
impensable: la de ligarlos al consumo de medicamentos. Ello le permite a Dumit poder afirmar,
por ejemplo, que los estadounidenses de hoy poseen un “self-farmacéutico”13 a través del cual
experimentan y comprenden el funcionamiento de su cerebro como si este estuviese siempre
bajo el efecto de psicofármacos. En otras palabras, el advenimiento de este “self-farmacéutico”
marcaría los parámetros de la comprensión del sí mismo a través de las metáforas proporciona-
das por la psicofarmacología.
Por consiguiente, un amplio espectro de zonas y actividades, que abarca desde las relacio-
nes entre academia e industria farmacéutica, pasando por las relaciones entre médicos clínicos y
estrategias para influenciar sus decisiones terapéuticas, hasta el acompasamiento de patologías y
medicamentos parece ensamblarse siguiendo una máxima particular de orden y funcionamiento
que alcanzaría incluso a las propias experiencias subjetivas de cada individuo.
En última instancia, términos como los de “maniobras farmacéuticas”, “relaciones farma-
céuticas”, “culturas farmacéuticas” o “self- farmacéutico”, buscan delimitar un tipo especial de
colectivo socio-técnico que se conforma de acuerdo a un principio aglutinador identificado por
el empleo del adjetivo “farmacéutico”.
Específicamente, para el campo de las intervenciones psicológicas, Andrew Lakoff (2005)
delimita el fundamento lógico de este principio en la ensambladura que la nueva psiquiatría
biológica y la industria farmacéutica lograron establecer entre el diagnóstico psiquiátrico y los
psicofármacos. Se hace necesario para sustentar dicha alianza un conjunto amplio de elemen-
tos diversos, como las escalas de medición de los niveles de depresión o la introducción del
mecanismo del doble ciego en los ensayos clínicos de psicofármacos. No obstante, para Lakoff
es la idea de que los psicofármacos son medicamento específicos, es decir, medicamentos que
poseen como blanco trastornos psiquiátricos concretos y diferenciados, la que unifica y ordena
todos estos elementos bajo una “razón farmacéutica”14.
Con la formulación de este tipo de principio se consigue dotar de consistencia a un en-
samblaje de elementos socio-técnicos que de otra manera serían percibidos como elementos
separados. En el caso del desarrollo de medicamentos, por ejemplo, se insiste reiteradamente
en la diversidad de ámbitos por los que una sustancia química debe pasar para convertirse en
medicamento, en la diversidad de actores con los que se encuentra en los diferentes pasajes, en
los que médicos, laboratorios, pacientes y principios activos permanecen aún independientes.
Los estudios tempranos sobre el desarrollo y difusión de estos productos farmacéuticos suponían
un proceso lineal en el que los medicamento eran el resultado final de un proceso por el que se
encadenaba secuencialmente a la ciencia básica, la industria farmacéutica y los médicos clíni-
cos y a partir del cual se suponía que se obtenía un medicamento totalmente acabado, es decir,
un producto final estabilizado. Este modelo reconocía la participación de varios actores, pero
limitaba claramente su papel a momentos concretos del desarrollo de medicamentos y pasaba
por alto la manera en que estos actores entraban en conflicto, negociaban sus intereses o coin-
cidían. Así los medicamentos, al igual que otras tecnologías médicas, surgían en un proceso que
13. Pharmaceutical self, en el original en inglés.
14. Pharmaceutical reason, en el original en inglés.
178
se iniciaba con la investigación básica, continuaba con la investigación biomédica y las etapas de
ensayo clínico, para luego lograr su difusión. Dicho esquema se inspiraba en el modelo lineal y
secuencial de la innovación en el que investigación, invención, desarrollo, innovación y difusión
se enlazan en una sucesión lógica. Este modelo supone que el medicamento ha sido estudiado
por completo y ya ha encontrado su aplicación antes de que ingrese al mercado y comience su
difusión. Sin embargo, como hemos visto, ya no es posible realizar una distinción tajante entre
los procesos de difusión y marketing de los medicamentos, la investigación básica o los ensayos
clínicos. No se puede sostener una discontinuidad entre los científicos, los médicos, los empre-
sarios farmacéuticos o los propios consumidores. Con ello, el desarrollo de un medicamento no
encuentra un punto final sino que se revela como un proceso que continúa teniendo lugar aun
cuando el medicamento ya está siendo utilizado por los médicos y por los pacientes. Incluso,
a la vista de cómo se instauran los perfiles de aplicación de los medicamentos, se ha preferi-
do hablar de que este proceso describe trayectorias en forma de bucles o espiral, en tanto la
selección del efecto “deseado” del medicamento tiene lugar en el cruce de saberes médicos,
estrategias comerciales, ensayos clínicos y experiencias mórbidas. Cada uno de estos elemen-
tos involucrados tendría la capacidad de contribuir en el encuentro con las otras instancias a
la formación del perfil del nuevo medicamento. Es decir, cada instancia poseería un potencial
creador que en contacto con el del resto devendría un potencial co-generativo.
La delimitación de un principio aglutinador permite superar, entonces, la noción de sepa-
ración de instancias y proponer un modo de formación de colectivos que reconoce un potencial
generativo en todos los elementos que los componen. El uso del adjetivo “farmacéutico” por
tanto refiere a un modo de acoplamiento de entidades tanto tecnológicas como no tecnológicas
que tiene la capacidad de instaurar nuevas “realidades” sociales y culturales. Este modo de
acoplamiento, por consiguiente, atañe a los productos farmacéuticos, a los intereses de los la-
boratorios, a los saberes y prácticas médicas, pero también atañe a los investigadores básicos o
las experiencias concretas de enfermedad y curación. Teniendo en cuenta esto, las perspectivas
que enfatizan la influencia de la industria farmacéutica sobre médicos, mercados y pacientes,
estarían subrayando solo que las capacidades generativas se reparten de manera desigual en-
tre todos los implicados en el fenómeno farmacéutico. Así, no es del todo desacertado afirmar,
como lo hacía Healy, que la psiquiatría de hoy posee poco control sobre su propio campo de
acción, pero tampoco es posible sostener que no posee ninguno.
Desde esta perspectiva los psicofármacos, con su expansión irrefrenable y éxito mundial
no solo estarían reflejando la capacidad de las empresas farmacéuticas de promocionar sus
productos, sino que estarían evidenciando la capacidad generatriz de un modo particular de
intersección entre ciencia, tecnología y sociedad.
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JUAN GROMPONE
Nació en Montevideo, en el año 1939. Obtuvo el título de Ingeniero Industrial (opción Comunicaciones) en la facultad de Ingeniería, UdelarR, 1967.Sus áreas de trabajo son las telecomunicaciones y la informática, especialmente en el área comunicación de datos y gestión de proyectos informáticos. Director de INTERfASE S.A. y de TILSOR S.A. Es además consultor independiente. Ganador del “Premio Labor 50 años”, organizado por la mencionada editorial de Barcelona, en el área Electricidad o Electrotecnia otorgado al libro Curso de Electromagnetismo, España, 1965.Jefe del equipo ganador del “II Premio Nacional de Ingeniería”, por el diseño del conmutador de la red na-cional de datos, URUPAC. Montevideo, 1989.Jefe del equipo ganador del “VII Premio de Investigación de AHCIET” (Asociación Hispanoamericana de Cen-tros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones), por el diseño del conmutador de la red nacional de datos, URUPAC. Asunción, Paraguay, 1990.Designado “Ingeniero Eminente” por la Región Latinoamericana de la IEEE en 1991.Ganador del primer premio en narrativa otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura, Montevideo, 1991.Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, Uruguay, desde 1993. Miembro de la Academia Nacional de Letras desde 1996. Autor de más de 100 artículos y libros de lógica, epistemología, divulgación científica, política científica, literatura y otras áreas.
183
AlGunOs REsulTADOs sObRE El pROYECTO CEIbAl1
juAn GROmpOnE
Generalidades del plan
El Proyecto Ceibal (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea),
perteneciente a la Presidencia de la República, tiene como misión el acceso al conocimiento
informático en un marco de equidad para todos los niños del Uruguay. En el sitio www.ceibal.
edu.uy se encuentra la información oficial acerca de este proyecto.
El proyecto consiste en una iniciativa 1:1, para todos los escolares y maestros del país
(primero a sexto), basada en el proyecto OLPC del MIT. Las computadoras son propiedad de
alumnos y maestros y se aspira a disponer de una conectividad generalizada.
En su etapa piloto y en sus primeras etapas de expansión empleará computadoras XO.
Esto no significa, sin embargo, que no se continúen evaluando otras soluciones que aparecen
en el mercado.
Un proyecto de esta naturaleza, en un país que se maneja con organismos autónomos,
plantea un desafío importante de coordinación. En el Proyecto Ceibal participan diversas orga-
nizaciones y todas ellas tienen grados importantes de autonomía:
• LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay, quien actúa como organismo ejecutor del
proyecto.
• CODICEN: Consejo Directivo Central de la educación pública.
• CEP: Consejo de Educación Primaria.
• ANTEL: Administración Nacional de Telecomunicaciones, proveedor de Internet y correo
a través del Programa de Conectividad Educativa.
• MEC: Ministerio de Educación y Cultura.
• AGESIC: Agencia para la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
• ANII: Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación.
1. Este trabajo toma resultados del informe de “Evaluación del Programa de Conectividad Educativa” realizado por el autor, Susana Riva y Eduardo Bottinelli para ANTEL en 2007. Este informe no ha sido difundido. Agrega, además, resultados posteriores obtenidos durante 2008.
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En grandes líneas, el proyecto comienza con una experiencia piloto puesto que no hay ex-
periencias previas en proyectos 1:1 sobre todos los años escolares. La meta final es la cobertura
nacional completa, una meta ambiciosa. El cronograma se diseñó en cuatro grandes etapas: el
piloto y tres etapas de expansión departamental sucesivas.
En mayo de 2007 comenzó la experiencia piloto en Cardal, departamento de florida. Ha-
cia el fin de 2007 se completó la mayoría de las escuelas urbanas de florida. En 2008 se com-
pletará el país excepto la zona metropolitana, y en 2009 se completará la zona metropolitana.
El total comprende a 340.000 niños aproximadamente. Al 27/06/2008, último dato publicado,
se han entregado 65.739 computadoras XO en los departamentos de florida, flores, Colonia,
Durazno, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Soriano y Tacuarembó.
La localidad de Cardal fue elegida como piloto por un conjunto de condiciones que se
definieron previamente. Se buscaba:
• una localidad con una única escuela para evitar movimiento de alumnos entre escuelas;
• una escuela con, aproximadamente, 150 niños, que comprendiera los 6 años escolares;
• un departamento cercano a Montevideo y con buena conectividad a Internet: de inme-
diato surgió el departamento de florida como un excelente candidato;
• una escuela de contexto promedio.
Con estas condiciones había muy pocas escuelas. El Consejo de Educación Primaria eli-
gió a Cardal como escuela piloto y Mendoza Chico como una escuela de control. En el momen-
to actual ya se ha completado más de un año de educación en modalidad 1:1 en los seis años
escolares y en una localidad completa. Ya se ha adjudicado una licitación para la compra de
máquinas y servidores. Se está en proceso de adjudicación de la segunda licitación.
Resultados esperados del proyecto
El programa Ceibal busca promover la inclusión digital con el fin de disminuir la brecha digital
existente con respecto a otros países y de los ciudadanos del país entre sí, de manera de posi-
bilitar un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.
Este programa se diferencia de esfuerzos anteriores llevados a cabo en que su objetivo no
es solo dotar de equipamiento y accesibilidad a los centros sino garantizar su uso, la formación
docente, la elaboración de contenidos adecuados así como la promoción de la participación
familiar y social. Por otra parte, permite corregir las carencias más notorias de la educación ba-
sada en las “aulas informáticas”.
Su aplicación en los centros educativos primarios del país permitirá la integración entre el
uso de la tecnología, los contenidos de los programas y las dinámicas de trabajo colaborativo.
Es en este marco conceptual que se inserta este proyecto donde se pretende dotar de
una computadora personal a cada niño y a cada maestro, así como brindar al colectivo docente
la capacitación, los materiales, las orientaciones y el apoyo necesarios para lograr los objetivos
propuestos.
185
La finalidad principal no consiste en proveer de equipamiento y accesibilidad a los cen-
tros, aunque esta sea una condición necesaria para el proyecto, sino lograr el uso innovador
integrado al trabajo cotidiano del aula, ofrecer los sistemas de apoyo tecnológico, formación y
capacitación a docentes, el desarrollo de contenidos relevantes, la conformación de comunida-
des de aprendizaje y la promoción de la participación familiar y social.
La introducción de las tecnologías en el aula, junto con la propiedad de las computadoras
por los alumnos, conduce a la participación de los hogares, a la democratización del acceso a
la información y la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas del país.
Es un proyecto de equidad, realizado en el ámbito de la educación primaria, que espera:
• capacitar en las tecnologías básicas para vivir y trabajar en el Sociedad de la Información;
• investigar la incidencia del proyecto en la Educación Media;
• realizar un modelo 1:1 en un país completo;
• informar a la comunidad internacional de la experiencia obtenida.
El piloto de Cardal
La construcción de indicadores y la evaluación de un proyecto 1:1 es un tema nuevo que debe ser
abordado. En el marco del proyecto CEIBAL se han propuesto varios mecanismos de evaluación:
• el análisis cualitativo de las bitácoras de las maestras;
• las pruebas normalizadas en momentos definidos del proyecto;
• las medidas cuantitativas sobre algunos aspectos informáticos;
• las medidas cuantitativas sobre la logística, el mantenimiento y la reposición de equipos;
• las encuestas a los diversos participantes del proyecto.
Si bien –en el presente– no se han cubierto todos estos aspectos, algunos de ellos ya se
encuentran en vías de realización. En el presente informe se consideran algunas medidas cuan-
titativas sobre aspectos informáticos y las encuestas realizadas en Cardal.
Una propiedad –no elegida, pero con importantes consecuencias– es que existe solamente
un curso de cada año escolar, de modo que es posible individualizar un conjunto homogéneo
en cada año escolar.
Se han realizado medidas remotas sobre el uso del correo, de la red y de Internet. Se han
analizado los blogs. Se han realizado encuestas en Cardal y en Mendoza Chico a niños, maestros
y padres. Sin duda quedan otros puntos de interés para medir en forma cuantitativa, tales como
evaluar la capacidad para escribir, dibujar, jugar y otras actividades mediante una computadora.
Todavía no se han podido diseñar y realizar estas medidas.
El uso del correo electrónico es un indicador cuantitativo que es sencillo de medir y no
invasivo a la actividad normal del aula. Como todo indicador, debe ser sometido a críticas, di-
versos análisis y comprobaciones cruzadas a los efectos de diferenciar una realidad objetiva de
un simple artefacto.
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Una primera medida que se dispone es el porcentaje de alumnos, del total de cada año
escolar, que logran enviar un correo electrónico. Elegimos la actividad de enviar porque es una
actividad activa y no pasiva como la actividad de recibir. Disponemos de medidas correspon-
dientes a los meses completos de junio a septiembre de 2007. En la figura 1 se presenta esta
información.
figura 1. usO DEl CORREO ElECTRónICO pOR AñO EsCOlAR.
Como se puede apreciar, en el primer mes, con mucha proximidad a la capacitación rea-
lizada y, posiblemente porque el proceso de capacitación tenía el ejercicio de enviar un correo,
más del 70% de los alumnos enviaron uno. Se nota claramente que los alumnos de primero tie-
nen dificultad para escribir las direcciones de correo porque todavía no manejan con soltura la
escritura. En los meses siguientes se nota un proceso de estabilización. Podemos considerar que
la curva correspondiente a septiembre representa la situación estabilizada en las condiciones
actuales de Cardal. La curva estabilizada muestra que el uso del correo es muy bajo y ocurre a
partir de cuarto año en forma creciente con la edad. También ocurre algo consistente en segundo
y tercer año: el primero sistemáticamente mantuvo cifras muy altas durante todo el tiempo, en
tanto que en el segundo las cifras fueron sistemáticamente bajas. Este resultado se observa en
otras medidas experimentales y responde al estímulo que realiza cada maestro es su aula.
El uso del correo también se puede medir por la cantidad de mensajes enviados por los
diferentes alumnos. Los resultados muestran que el número de correos, en promedio, es muy
bajo. Se llega a 2 correos mensuales en segundo año y solamente 3 correos mensuales en sexto
año, como promedio por alumno.
187
El correo se usa muy poco en Cardal. Se han formulado diversas teorías2 sobre este
punto, pero no tenemos por el momento ninguna medida que permita decidir la cuestión. Una
conclusión interesante es que suministrar el servicio de correo es una actividad sin mayores
exigencias para el proveedor del servicio y este resultado es importante para la generalización
del proyecto Ceibal.
A los efectos de confirmar el escaso uso del correo electrónico se realizaron unos experi-
mentos adicionales. El día 3 de septiembre uno de los instructores, conocido en la escuela, envió
un correo a todos los niños de Cardal. El mensaje simplemente pedía que se lo respondiera. Las
respuestas obtenidas fueron escasas, aun luego de que se solicitara a todas las maestras que
recordaran a los alumnos revisar su correo.
En líneas generales, la actitud de los niños es similar a la presentada en las medidas ante-
riores. Los niños de segundo año continúan con cifras altas y es visible una actividad creciente
con la edad. De todas maneras la respuesta es muy pequeña: un tercio de los alumnos de se-
gundo o un cuarto de los de sexto responden. Este resultado fue tan pequeño que a comienzos
de octubre repetimos el experimento, pero esta vez no tuvimos ninguna respuesta. Todavía no
tenemos una explicación clara de qué sucedió.
Los resultados de las medidas del correo muestran que, posiblemente, hay dos elementos
en juego en estos resultados: la edad de los niños y el estímulo de la maestra. La “anomalía” de
segundo año solamente puede explicarse porque la maestra claramente estimula a niños que de
otra manera no tendrían esta actitud. La edad actúa como es de esperar, cuanto mayores son los
niños mejor comprenden el uso del correo y más motivos tienen para comunicarse así.
El papel del maestro puede examinarse mediante encuestas realizadas en Cardal. Una
pregunta realizada a los maestros investigaba la motivación que el maestro transmitía a sus alum-
nos para el uso de la computadora. Las respuestas de los maestros muestran que en segundo
y en cuarto año ocurre la máxima motivación para que los niños empleen las computadoras. El
mínimo ocurre en tercer año y la tendencia es decreciente en los años superiores.
Otro dato que fue analizado es la distribución a lo largo de la semana del uso del correo.
En este caso consideramos las cifras globales del período, a los efectos de tener una buena lí-
nea de tendencia. Resulta claro que los días de concentración de la actividad de correo son los
extremos de la semana escolar: lunes y viernes. Por el contrario, no hay casi actividad durante
el fin de semana. Esta conducta no tiene una explicación con los elementos de que disponemos
actualmente, pero parece evidenciar que la actividad de correo se vincula fuertemente con la
actividad escolar. Este punto, así como el análisis de la secuencia de correos, merece un estu-
dio ulterior.
2. Como simple inventario de algo que no se ha medido, se anotan algunas de las teorías hipotéticas. Una hipótesis es que Cardal es una localidad pequeña que no justifica el empleo del correo. Otra hipótesis es que el correo es una acti-vidad de interés solamente para los niños de mayor edad. Una tercera hipótesis es que si se establece un programa de intercambio de correspondencia con alumnos de otras escuelas del país –o de otros países– se obtendrá un resultado diferente. Todo esto debe ser verificado.
188
Esta curva de actividad se corresponde bien con la medida de actividad de Internet que
se ha realizado para el total de la escuela de Cardal. Es claramente visible que los lunes y los
viernes son los días de mayor demanda de Internet. Del martes al jueves la demanda es baja.
Los fines de semana se tienen algunos momentos de alta demanda. Por el momento no se dis-
pone de información que permita interpretar esta conducta semanal.
Resulta claro que los máximos de demanda pueden ser disminuidos mediante una razo-
nable distribución de días y horas de uso de Internet. En Cardal la saturación no fue nunca un
problema porque el ancho de banda era grande, pero en escuelas de mayor número de alum-
nos es necesario fijar reglas para evitar la saturación innecesaria y la concentración de lunes
y viernes.
También fue investigada la actividad global que los alumnos realizan con la computadora.
En la figura 2 se presenta un índice de actividad medido sobre el servidor escolar. Este índice
mide la cantidad de computadoras que están encendidas y en comunicación con el servidor
de la escuela.
figura 2. ÍnDICE DE ACTIvIDAD DEl usO DE InTERnET DE lA EsCuElA DE CARDAl.
Se ha promediado la actividad de lunes a viernes (círculos) y el sábado y domingo (cua-
drados) por separado y esto da origen a las dos curvas.
En la escuela de Cardal, en el turno de la mañana (de 8 a 12) concurren los alumnos de
4º a 6º –76 alumnos matriculados– en tanto que los alumnos de 1º a 3º lo hacen por la tarde (de
13 a 17) –60 alumnos matriculados–. Esto hace que la simple división por horas permita saber
qué grupo de niños se conecta en el aula y cuál lo hace desde su casa. La figura muestra un
máximo de actividad en dos momentos de la mañana y uno en la tarde.
189
Un momento interesante para observar es el intervalo entre las 10 y las 10:30 que co-
rresponde al recreo de la mañana. Por reglamentación de la escuela de Cardal, los alumnos no
pueden salir al recreo con las computadoras. En este momento, el número de computadoras
conectadas y la actividad que permanece debe corresponder a los niños de 1º a 3º que están
conectados desde sus casas. Este número coincide bien con el total de actividad entre las 13 y
las 15, que debe corresponder a los niños conectados desde el aula.
La conectividad desde los hogares es una limitación para el uso del servidor y de sus ser-
vicios fuera del aula. El 78% de los padres declaran que tienen conectividad desde la casa, en
tanto que el 11% dice que es parcial y otro 11% dice que no tiene conectividad. Los niños tienen
una visión algo peor: el 67% declara que tiene conectividad y el resto dice que no.
Un punto de interés de la figura es el máximo relativo que ocurre a las 20:15 –tanto en
días escolares como en el fin de semana– y que se extiende hasta la madrugada siguiente, más
durante el fin de semana. Esta actividad es posible que corresponda al uso de la computadora
en el hogar, tanto por el horario como por la altura del máximo.3
Otro punto de interés –y que ha sido debatido sin disponer de información– se relaciona con
el uso excesivo de la computadora en competencia con otras actividades. Las encuestas muestran
que el uso de la computadora los fines de semana no es diferente del uso que se hace durante la
semana. No es justificado el temor que la computadora absorbe a los niños y les impide otro tipo
de actividades.
La encuesta interrogaba a alumnos y padres sobre el uso de la computadora en la casa.
Las respuestas van desde media hora a “todo el día”. Para obtener una cifra combinada de la
actividad en las casas se realizó la respuesta ponderada de los valores que se respondieron.
Los niños responden una cifra algo más alta de uso que la que observan los padres.4 En tanto
que los padres sitúan el uso de la computadora en un valor casi constante de una hora diaria,
los niños oscilan entre un mínimo de media hora –en tercer año– y un máximo de dos horas y
media en segundo o sexto año. De ninguna manera se puede afirmar que las computadoras en
el hogar son un elemento de distorsión, que provoca adicción o tantos otros malos augurios que
se han realizado sin tener medidas reales de lo que ocurre.
En una pregunta a los alumnos se pedía la frecuencia con la que le gustaría usar la com-
putadora en la escuela. Un 50% de los niños de Cardal indican que les gustaría usarla todos
los días o casi todos los días. En Mendoza Chico, donde no existe acceso a computadoras en la
escuela, aumenta notoriamente el porcentaje de interés a 75%.
El uso de la computadora en el aula se puede contrastar con las medidas directas sobre
el servidor de Cardal. Se ha realizado una estimación de lo que podemos llamar la actividad es-
colar en el aula. Esta curva se ha obtenido por diferencia entre la curva del uso de la red en la
semana escolar y la curva del uso del fin de semana, limitando todo al horario escolar. De una
manera (imprecisa) esta diferencia refleja la actividad en el aula.
3. Los niños declaran en la encuesta que 70% de las madres, el 50% de los padres y el 73% de los hermanos usan la computadora. La visión de los padres es similar: el 67% de las madres, el 50% de los padres y 67% de los hermanos la usan. La encuesta no preguntaba por el tiempo de uso con esta finalidad y esto queda para una investigación futura.
4. Los padres no siempre ven a sus hijos cuando usan la computadora. En algunos casos lo hacen fuera de sus casas, por ejemplo. Es posible que la cifra de los niños sea la más ajustada.
190
La distribución horaria es significativa. En los años superiores hay una actividad importan-
te durante todo el horario de aula, con la clara excepción del recreo de la mañana. Por la tarde,
en los años inferiores, hay una mínima actividad antes de la hora del recreo y la mayoría ocurre
en la última hora y media de actividad escolar. Tal vez el punto más significativo es la relación
de uso que existe entre los primeros años y los últimos años. Los alumnos de 4º a 6º emplean
cuatros veces más la conexión de la computadora en el aula que los alumnos de 1º a 3º. Esta
diferencia era de esperar y puede tener una importancia muy grande en el momento de plantear
la viabilidad de un plan 1:1.
Los blogs son una importante forma de trabajo colaborativo y se han empleado en Cardal.
Se ha creado un blog para cada año escolar y uno general para la escuela. Los blogs de prime-
ro, segundo y tercero no tienen entradas porque hay algunos problemas técnicos para colocar
información. Los blogs de la escuela y de los años superiores tienen (al 20 de octubre de 2007)
la siguiente cantidad y calidad de contenidos:
BLOG ENTRADAS COMENTARIOS TEMAS
General de la escuela 86 60 fotos de alumnos y eventos
Cuarto año 36 46 información del pueblo y material educativo
Quinto año 50 35 material educativo generado en clase
Sexto año 21 16 chistes y adivinanzas
Llama la atención el descenso de entradas y comentarios de los alumnos de 6º año, ya
que son los más indicados para elaborar blogs con temáticas interesantes, sin embargo baja
notoriamente su uso.
Nuevamente llegamos a la misma conclusión, es la maestra quien determina la actividad
de los niños tanto en cantidad como en calidad. La maestra de cuarto se destaca por el incen-
tivo que realiza a sus alumnos. La maestra de quinto se destaca por la calidad de los materiales
que los niños prepararon.
191
la opinión de los padres
La opinión de los padres –esto, la comunidad en buena medida– fue relevada en dos oportunida-
des. En 2007 en Cardal y en Mendoza, departamento de florida, y en mayo de 2008 en Cardal
y Guichón, departamento de Paysandú. Tanto en Mendoza como en Guichón cuando se realiza
la encuesta todavía no habían recibido las computadoras, su opinión es de expectativa.
En Cardal 2007 al 67% le gusta que los hijos usen computadoras y el 50% piensa que la
usará. En Cardal el 89% piensa que el plan es una idea muy buena y el 94% piensa que es muy
importante para el futuro de sus hijos. En Mendoza solamente el 67% piensa que la usará y otro
tanto dice que es muy importante para el futuro de sus hijos.
En Guichón 2008 solamente el 38% usa computadoras pero al 95% le gustaría usar.
Dentro de las razones para usar computadora se encuentra: 31% para ayudar a los hijos; 22%
para pasar más tiempo con ellos; 21% para buscar información y 12% para comunicarse con
la familia distante.
En Cardal 2008, dentro de las razones para usar la computadora se encuentra: 34% para
ayudar a los hijos; 22% para pasar más tiempo con ellos; 16% para buscar información y 12%
para comunicarse con la familia distante.
En resumen, la opinión de los padres es ampliamente favorable al empleo de computado-
ras en la educación y su posterior uso en la casa.
la hipótesis papert–negroponte y los primeros resultados
Seymur Papert y, posteriormente, Nicholas Negroponte lanzaron a circular la audaz idea de que
los niños podían aprender solos y disminuir la brecha digital por la sola disponibilidad de com-
putadoras para su uso. En realidad este es el fundamento teórico de la propuesta 1:1.
En contra de esta afirmación, toda la evidencia recogida en la educación 1:1 muestra que
el maestro es quien determina la actividad de los niños y es muy escasa la iniciativa espontánea
de los niños y esto solamente parece ocurrir en el sexto año. Las computadoras, por sí, parecen
no generar actividad en los niños. El uso del correo y de los blogs depende estrechamente de la
motivación del docente. Las horas que el niño usa la computadora en la casa siguen los pedi-
dos del docente por trabajo domiciliario. En la mayoría de los casos, la actividad de los alumnos
sigue el perfil de actividades que le impone cada docente.
Entre noviembre y diciembre de 2007 se entregaron unas 7.000 XO en el departamento
de florida. En este momento se estaba al final del año curricular. La capacitación realizada fue
muy poca. La actividad del verano está en las condiciones propuestas por Papert–Negroponte:
hay miles de niños que deben aprender por sus propios medios, pero también hay escuelas de
verano. Ocurrió entonces una circunstancia que permitía examinar la tesis con datos reales.5
5. Es justo decir, sin embargo, que ninguna agencia o institución en Uruguay pareció interesada en estudiar este problema. Los resultados que aquí se presentan son fruto del esfuerzo personal y no de una investigación planificada y con recursos económicos para ser realizada. Se ha desperdiciado una oportunidad única de realizar este estudio.
192
No obstante esto, se han podido recopilar medidas globales de actividad de Internet del
enlace de 24 escuelas de florida durante el receso educativo del verano. A todos los efectos
prácticos estas escuelas estaban en las condiciones de Papert–Negroponte. Se registraron los
Kilobytes por segundo que se bajan de Internet en las 24 horas del día. He elegido la semana
del lunes 18 al domingo 25 de febrero como representativa del logro de los niños alcanzado en
condiciones de Papert–Negroponte.
Debido a la carencia de recursos, solamente se presentan los resultados de tres escue-
las de florida que se consideran casos representativos del universo. Se ha medido el ancho de
banda empleado para acceder a Internet para bajar información. En la figura 3 se presenta una
escuela urbana, con cerca de 700 niños en sus dos turnos, situada en una zona céntrica de la
ciudad de florida. En la figura 4 se presenta una escuela, también urbana pero de contexto crí-
tico y con cursos de verano, de la ciudad de florida. En la figura 5 se presenta la única escuela
rural que fue medida en el departamento de florida, sin cursos de verano.
Todas las gráficas se presentan en la misma escala a los efectos de comparabilidad. El
resultado lo he normalizado a 100 niños para poder tener cifras comparables entre las diferen-
tes escuelas.
figura 3. nIñOs uRbAnOs sIn ExpERIEnCIA nI EsCuElA DE vERAnO.
La escuela urbana, sin cursos de verano, muestra una actividad realmente muy escasa.
Como no se pudieron realizar encuestas, no se sabe si los niños no tenían interés en usar el ser-
vidor de la escuela, porque tenían otra manera de acceder a Internet, o si existe otra razón.
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figura 4: nIñOs uRbAnOs sIn ExpERIEnCIA Y COn EsCuElA DE vERAnO.
En la escuela urbana con cursos de verano es claro que hay un interés en usar Internet,
pero se plantea la misma interrogante. Esto se debe a que los niños no tienen otra manera de
acceder o a que tienen un interés diferente que los de mejor nivel socio-cultural.
194
figura 5: nIñOs RuRAlEs sIn ExpERIEnCIA nI EsCuElA DE vERAnO.
En la escuela rural se muestra un máximo de interés. Nuevamente la interrogante consiste
en saber si es su incapacidad de conexión previa lo que motiva el interés o si existe otra razón.
En todo caso, la tesis Papert–Negroponte no puede ser decidida con esta información tan
parcial y sin mediar encuestas que permitan encontrar las razones de esta conducta.
El papel del maestro
Si bien la tesis Papert–Negroponte no ha podido ser decidida en forma concluyente, sí hay evi-
dencia de la influencia del maestro en el proceso de eliminación de la brecha digital. Por un lado,
la diferencia entre dos escuelas urbanas, una con cursos de verano y otra sin ellos es enorme, y
muestra que el papel del maestro y de la educación formal, lejos de ser indiferente, parece deci-
siva. En esta sección aportaremos nuevos argumentos para fortalecer la idea de que el maestro
es esencial en el proceso de aprendizaje.
La respuesta de los alumnos para el uso de las técnicas digitales evidencia que el uso de
la computadora en el hogar depende del estímulo de la maestra –como ocurre en forma positiva
en 2º año y en forma negativa en 3er año– superpuesto a una tendencia creciente con la edad.
La respuesta de los niños tiene una gran semejanza con lo que responden los maestros
acerca del uso de la computadora para tareas en el hogar. En la figura 6 se comparan las veces
que el maestro solicita que sus alumnos empleen la computadora para tareas escolares con las
horas que los niños responden que la usan por día, según el año escolar. Puede apreciarse que
existe una correlación muy estrecha. Excepto los alumnos de 6º año, las horas de uso respon-
den a lo que el maestro solicita como trabajo domiciliario. Una vez más se comprueba que es el
195
docente quien estimula el uso de la computadora en el hogar, excepto para los niños mayores.
Los círculos indican las solicitudes de la maestra y los triángulos las horas que los niños dedica
en sus casas al uso de la computadora, medidas realizadas en Cardal en 2007.
figura 6. COmpARACIón EnTRE lO sOlICITADO pOR El mAEsTRO Y El usO DE lOs AlumnOs.
En el presente estudio la conclusión más importante es sobre del papel que desempeña
el maestro en la inclusión de las TIC en la educación primaria. Toda la evidencia recogida y, en
particular en la educación 1:1, muestra que es el maestro quien determina la actividad de los
niños. Prácticamente no se detecta la iniciativa espontánea y esto solamente ocurre en el último
año de la educación. Las computadoras, por sí, no generan actividad entre los niños. En todos
los casos es el maestro quien orienta y estimula el uso de la computadora. Esto es muy notorio
en los siguientes casos.
Lo que hemos señalado como actividad de segundo y tercer año de Cardal es simplemente
una manifestación del carácter decisivo que posee la orientación del maestro. Así sucede que
niños menores tengan más actividad y más participación que niños mayores. La figura 6 es por
demás ilustrativa. Las horas que el niño usa la computadora en la casa siguen fielmente los pe-
didos del docente por trabajo domiciliario en la máquina. En la mayoría de los casos, la actividad
de los alumnos responde a un esquema que sigue el perfil que le impone el docente.
196
La constatación de que la actividad la orienta el maestro sugiere que la hipótesis de Pa-
pert–Negroponte acerca del cambio educativo del proyecto 1:1 no ocurre en la realidad. Los
niños poseen muchas iniciativas, sin duda, pero estas iniciativas siempre responden a estímulos
que ha dado el maestro en la clase. A tal punto esto es así que un viejo prejuicio sobre el uso
de las computadoras por parte de los niños no ocurre: los niños no se pasan conectados a la
computadora. Ni el uso de la computadora en el hogar, ni el uso los fines de semana, respaldan
estos temores.
La otra cara de esta característica es la libertad de cátedra como principio fundamental.
Por tal se debe entender la libertad que posee el educador –en todos los niveles de la educa-
ción, desde la educación inicial hasta la educación terciaria– de elegir los medios educativos que
considere más convenientes o que prefiera por inclinaciones personales. Así como el docente
puede elegir los textos y los materiales para trabajar, también puede definir el uso que dará a la
computadora, un nuevo útil escolar. Lo que hemos señalado no es otra cosa que esta libertad
de cátedra que hace que un maestro estimule mucho y otro poco a sus alumnos en el empleo
de la computadora para las tareas curriculares.
Algunos impactos en la familia
Un plan 1:1 cambia las relaciones familiares de una manera importante. Con las experiencias
realizadas en Uruguay no se pueden observar todos sus efectos, pero algunos ya son claros.
En Cardal, algunos padres comentaron que los niños se reúnen en grupos para hacer sus
tareas, cada uno con su computadora. Esto podría hablar de una nueva modalidad de relaciona-
miento entre los niños a través de la informática. Conviene investigar si el gusto por el uso de la
informática favorece la realización de tareas y el aprendizaje. También si las reuniones grupales
para este fin son favorecidas por el gusto por la informática.
En el plan Ceibal ya hemos podido observar que los padres piensan que la computadora
del niño es un elemento importante para el acercamiento entre las generaciones. Los datos re-
cogidos lo ponen como el segundo punto en importancia.
El plan Ceibal fomenta el acercamiento entre los maestros y los padres. Es claramente
observable el interés de los padres por informarse acerca de las nuevas prácticas educativas y
de lo que sucede de nuevo en el aula.
Hay un cambio de rol del niño dentro del hogar. El niño de “alumno” en todos los aspec-
tos de la vida cotidiana, se transforma en “maestro” de sus padres en el uso de la computadora.
Este es un aspecto digno de ser destacado como producto lateral del plan.
197
Indicadores y sustentabilidad futura
Un plan como Ceibal posee dudas acerca de su sustentabilidad futura. Es razonable que quien
maneja los recursos públicos se pregunte ¿cuánto cuesta y qué obtenemos con un plan 1:1?
La respuesta no puede ser meramente cualitativa, se necesitan indicadores cuantitativos que
muestren que la brecha digital –medida de alguna manera– disminuye y que el dinero está ra-
zonablemente bien empleado en el plan.
Comencemos por realizar un estudio comparativo de un plan 1:1 en Uruguay con respecto
a otros países. El costo por persona de este proyecto se relaciona con el PBI per cápita y con la
proporción de escolares que posee el país. Se puede elaborar un “índice de costo” del proyecto
1:1 mediante la siguiente definición: producto bruto interno por escolar existente. Este número
mide la holgura que posee la economía para gastar dinero en los escolares. La comparación de
algunos países latinoamericanos que poseen iniciativas 1:1 nos muestra el siguiente cuadro:6
PAÍSPOBLACIóN
MESCOLARES
MPBI/HAB
U$SÍNDICE DE COSTO
Uruguay 3,5 0,34 10.900 112.206
Argentina 40 9 15.200 67.556Costa Rica 4,1 1,2 12.500 42.708
Brasil 190 50 8.800 33.440
Como se advierte de inmediato, Uruguay es el país que está en mejores condiciones para
implementar un plan 1:1 debido a la relativa vejez de su población. Le cuesta casi la mitad que a
Argentina y menos de la tercera parte que a Brasil, todo esto sin considerar para nada el estado
del sistema educativo, la brecha informática ni demás elementos nacionales.
El primer punto significativo es la construcción de indicadores que midan la brecha di-
gital individual.7 Estos indicadores deben medir las habilidades de la persona para emplear los
recursos que suministra la sociedad de la información. De esta manera será posible realizar un
análisis costo-beneficio.
El proyecto Ceibal se extiende hasta 2009. Sin embargo la experiencia educativa no pue-
de finalizar en este momento. Cabe plantearse desde ya la sustentabilidad del plan y las futuras
alternativas de que se dispone. En la medida que este planteo sea temprano, se podrán medir
variables e instrumentar su continuidad. Está claro que, finalmente, también se trata de realizar
un análisis costo-beneficio.
6. Las cifras corresponden a 2006 según los datos presentador por el sitio Web de la CIA World Factbook. No coinciden con las cifras oficiales de Uruguay pero poseen la ventaja de la comparabilidad entre países diferentes.
7. Hay otros niveles de brecha digital: un nivel nacional, un nivel regional, un nivel de entorno y un nivel institucional. En todos estos casos se trata de un problema de infraestructura y equipamiento.
198
Otro punto significativo ocurre con la relación de uso que existe entre los primeros años
y los últimos años. La relación medida en Cardal es 4,1 a 1: los alumnos de 4º a 6º emplean
cuatros veces más la conexión de la computadora en el aula que los alumnos de 1º a 3º. Esta
diferencia era de esperar y puede tener una importancia muy grande en el momento de plantear
la viabilidad de un plan 1:1.
Un punto a definir es la conveniencia de introducir el 1:1 en los tres años inferiores de
la educación primaria. Las observaciones en Cardal muestran que la maestra de segundo año
motiva en forma excepcional a sus alumnos. Si no fuera así, la mayoría de los indicadores no
mostrarían actividad hasta cuarto año.
Sin duda la experiencia realizada en Cardal es limitada, pero la generalización del pro-
yecto Ceibal permitirá decidir esta importante cuestión que duplica los costos del proyecto y,
por lo tanto, debe tener una justificación indudable. Esta afirmación no quiere decir que el uso
de computadoras en los primeros años escolares sea inútil, que no ayude a aprender a leer y
escribir, que no sea ventajoso para los niños con dificultades especiales o los que poseen difi-
cultad de aprendizaje.
Objeciones al plan
En Uruguay se han realizado diversas objeciones a la realización del plan CEIBAL. En particular,
han sido algunos grupos y organizaciones de maestros quienes las han planteado. Entre ellas
podemos destacar:
• faltan recursos para la educación tradicional y los locales escolares y se gasta dinero
en computadoras.
• No existe un plan pedagógico: el que se ha publicado es insuficiente y no ha sido di-
fundido lo suficiente.
• Se viola la autonomía de la educación, el plan es de la Presidencia de la República y se
ejecuta fuera de las instituciones de enseñanza.
No corresponde aquí responder a estas objeciones. Todas ellas tienen una cuota de ver-
dad. Sin embargo en las encuestas realizadas –que ya se han presentado– no surge ningún tipo
de rechazo al plan Ceibal: todas las opiniones relevadas son muy positivas, tanto en los padres
como en los maestros involucrados. El plan Ceibal es visto por ambos como una herramienta
“muy importante” para el futuro de los niños.
199
Estudios en curso
En el presente hay diversos equipos que realizan estudios sobre la marcha y los resultados del
plan Ceibal. Sin que esta enumeración sea completa se pueden mencionar:
• La Universidad de la República, en diversos servicios.
• Comisión de Educación del plan Ceibal.
• El LATU en las áreas de tecnología y efectos sociales.
• El CODICEN en aprovechamiento curricular.
• Un proyecto IDRC financia un estudio sobre el impacto social de los proyectos 1:1 en
América Latina.
200
MSC. ANA LAURA RIVOIR
Nació en agosto de 1968 en Montevideo, es casada y tiene tres hijos. Es Licenciada en Sociología, graduada en la facultad Ciencias Sociales (Universidad de la República) con Maestría en Desarrollo Regional y Local en la Universidad Católica del Uruguay. Candidata a Doctora y Máster por el Programa de Doctorado sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento la Universidad Oberta de Catalunya. Investigadora y profesora del Departamento de Sociología de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Co-coordinadora del ObervaTIC de la misma facultad. Integra el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad y otras redes y grupos académicos. Ha participado en varios proyectos de investigación en la Universidad de la República y otras instituciones nacionales y extranjeras. Ha recibido becas y premios del Consejo Latino-americano de Ciencias Sociales (CLACSO, 1999) y del Programa Gestión de las Transformaciones Sociales (Most) de Unesco (2002), así como del fondo Nacional de Investigadores de Uruguay (2005). Ha participado en múltiples Congresos Nacionales e Internacionales.
Publicaciones recientes: “Uruguay Country Report: the case of Ceibal”. En: Global Information Society Watch. Association for Pro-gressive Communications/ObservaTIC, 2008. “Estrategias para el desarrollo de Uruguay en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”. En: El Uruguay desde la Sociología V. E. Mazzei (comp.). Ed. Departa-mento de Sociología, fCS, UdelaR, 2007. “Utilización de las TIC para un cambio organizacional en las redes sociales. Una experiencia en América Latina y el Caribe”. En: Ciberoamérica en red. Escotomas y fosfenos 2.0, Miriam Cárdenas y Martín Mora (coordinadores), 2007. Co-autora con D. Veiga en capítulo social del Libro Blanco del área Metropolitana Agenda Metropolitana, DINOT - Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 2007.
201
lAs TECnOlOGÍAs DE lA InfORmACIón Y lA COmunICACIón pARA El DEsARROllOEn AméRICA lATInAElementos conceptuales para un enfoque complejo
AnA lAuRA RIvOIR
La reflexión sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento1 (SIC) en América Latina y
específicamente, la relación entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el
desarrollo, se enmarca en un debate más amplio acerca de los cambios experimentados por las
sociedades contemporáneas en el siglo pasado. Los procesos desencadenados, los proyectos de
desarrollo en juego, las estrategias y la relación de poder entre los distintos actores, derivan en
que se consolida un paradigma que presenta e impulsa a la SIC como una nueva modernización.
Consolida supuestos que sustentan teorías y fundamentan visiones acerca de las TIC y su rol en
el desarrollo de las personas y las sociedades, pues como señala Mattelart: “Las creencias de
las que la noción de SI es portadora desencadenan fuerzas simbólicas que impulsan a actuar, a
la vez que permiten actuar en un determinado sentido y no en otro” (Mattelart, 2002, p. 12)
Es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación abren oportunidades
para el desarrollo a través de su utilización. También lo es que su acceso no es igualitario y que
se han generado nuevas desigualdades a partir de su existencia. Que sean beneficiosas para el
desarrollo no es espontáneo, directo, ni inmediato, sino que se requiere de acciones expresas
orientadas a ese fin.
América Latina está transitando un momento histórico de cambios políticos y transfor-
maciones sociales. Las políticas están siendo revisadas y esto constituye un contexto adecuado
para la actualización de viejas prácticas y para la innovación. La evidencia de que las políticas
para la SIC hasta ahora implementadas han tenido limitada incidencia en los procesos de desa-
rrollo es uno de los aspectos centrales a considerar. Se sostiene en este artículo que uno de los
motivos de este fracaso es que las políticas y acciones implementadas se han inspirado en el
paradigma dominante de la sociedad de la información, que se orienta por valores y prioridades
que no coinciden con las del desarrollo de estas sociedades.
En este artículo se desarrollarán los elementos que componen esta problemática, foca-
lizándose el debate sobre las estrategias, así como en algunas sugerencias y conclusiones que
se derivan de la incipiente investigación en la temática en América Latina.
1. No se presentará aquí la discusión acerca de la denominación y se adoptará esta, en el entendido de que se trata de un proceso de cambio social en el cual se consolidan economías basadas en conocimiento y en un nuevo paradigma socio-técnico basado en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No hace referencia a un modelo único sino que se trata de distintas sociedades en las que se hace presente el fenómeno, en forma diferente y desigual. Los cambios abarcan no solo la economía sino también la sociedad y el Estado, y la relación entre sí.
202
Desarrollo en la sociedad de la Información y el Conocimiento
En el contexto de la SIC se generan nuevas posibilidades de desarrollo y también nuevas des-
igualdades. Los distintos indicadores dan cuenta de que América Latina está en situación de
desventaja en la SIC por la dinámica y estructura del sistema mundial y por los modelos de de-
sarrollo y políticas implementados. De hecho varios autores fundamentan que en los países sub-
desarrollados las TIC tienden a aumentar la desigualdad pues su impacto sobre la economía es
diferente al de los países desarrollados. Los primeros en innovar obtienen los mejores beneficios,
es más barata y fácil la infraestructura en áreas urbanas, los empleos TIC requieren de mano de
obra especializada con la que no se cuenta en los países subdesarrollados, como de estructuras
de seguridad social que le permitan amortiguar los cambios (Proenza, 2002).
Los países latinoamericanos tienen muchos problemas en dimensiones trascendentes
para el desarrollo en la SIC: dificultades en términos de educación, de procesos de construcción
de institucionalidad y construcción democrática, dependencia económica, sistema productivo
débil, etc. Sin embargo, la importancia de las TIC para el desarrollo es tan importante como en
otro momento lo fue la energía eléctrica (Castells, 2005; PNUD, 2005; Calderón, 2003). Según
Castells la globalización sin industrialización condujo a América Latina a la dependencia. En la
medida que haya globalización sin desarrollo informacional o informacionalismo, habrá más ex-
clusión y falta de sustentabilidad económica y ambiental. Sostiene que: “Cuanto más se agota
la base de acumulación global de un país determinado, más se concentran los recursos de este
países en el pequeño sector globalizado, en la élite política y sus círculos de apoyo, con lo cual
se achica su base social y se incrementan las oportunidades de corrupción política” (Calderón,
2005, p. 343).
Han surgido un sinnúmero de teorías “proféticas” y “apologéticas” que exacerban los be-
neficios de las TIC y que presentan a la SIC como homogénea, en la cual mediante la extensión
de las TIC se disfrutará del bienestar y el desarrollo social. Este discurso es el que se conforma
como dominante y justifica un proyecto de desarrollo que expresa una ola modernizadora. Una
concepción con fuertes tendencias homogeneizantes, progresivas y lineales de los procesos,
e idénticas para todas las sociedades independientemente de sus características específicas
–ubicación, estructura socio-económica, geográfica, cultura, actores, etc–. Se identifica con el
proyecto de desarrollo de los países ricos que legitima la competitividad y la hegemonía mundial
de estos en los sectores de punta del desarrollo tecnológico (Dubois y Cortés, 2005).
Este enfoque tecnológico dominante sostiene que el acceso universal e ilimitado de la
información permitirá la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Desde esta pers-
pectiva la tecnología puede ser aplicada en cualquier contexto social o histórico y la innovación
tecnológica es el motor de cambio social que forma parte de un modelo de progreso y desarrollo
universales. Las TIC aparecen en el centro de este modelo tecnocrático, como un modelo de de-
sarrollo universal hegemónico. Algunos de los principios de este paradigma son: las telecomuni-
caciones benefician a la sociedad y a la economía; las tic mejoran la relación costo-beneficio en
el conjunto de la producción social; el desarrollo de las TIC y la universalización del conocimiento
203
mejoran la distribución y el acceso a la información y por lo tanto a los beneficios económicos;
su aplicación facilita el cambio social y mejores condiciones de vida (Cortés y Dubois, 2005).
Si bien este discurso hegemónico tiende a presentar la SIC como modelo único de de-
sarrollo, existen distintas sociedades de la información y el conocimiento (Muriel, 2005). En
el ámbito académico está siendo fuertemente discutida y criticada una visión simplificadora,
economicista y reduccionista, debido fundamentalmente a que no se constatan mejoras en la
calidad de vida de la población ni contribuciones evidentes al desarrollo.
Tampoco cabe identificar las TIC con las causas y desigualdades existentes que tienen
características estructurales. Como sostiene Manuel Castells, si bien las TIC han sido útiles a la
reestructuración del sistema capitalista y por tanto, su desarrollo está orientado por la lógica y los
intereses del capitalismo avanzado, no deben reducirse a la simple expresión de dichos intereses
(Castells, 2000, p. 43). De hecho, si el desarrollo consiste fundamentalmente en la ampliación
progresiva de las capacidades humanas, el conocimiento es una de las principales y las TIC un
medio privilegiado para la producción y difusión del mismo. En tal sentido, en la actualidad, las
TIC atañen a aspectos esenciales de la vida humana y por lo tanto su uso puede considerarse
un derecho (Accuosto, 2004; Dubois, 2005). Este es uno de los pilares centrales de una mirada
distinta sobre las TIC para el desarrollo que fundamenta nuevas políticas y estrategias que serán
presentadas más adelante y que conforman el embrión de un nuevo paradigma.
Desigualdades, inclusión digital y apropiación de las TIC
Uno de los temas centrales del desarrollo que se ha agudizado en las últimas décadas debido a
la aceleración de la innovación y el desarrollo tecnológico, es la desigual apropiación y beneficio
de estos avances por parte de las sociedades y personas. Si bien las TIC han facilitado la difu-
sión de los conocimientos, no ha sido suficiente en términos de la posibilidad de su utilización
para fines de desarrollo. Capacidades desiguales de partida que impiden su aprovechamiento,
intereses económicos y de propiedad, desigualdades sociales y de poder preexistentes, etc. son
algunos de los factores estructurales que también definen esta situación en forma tan negativa
para el desarrollo (PNUD, 2001).
Robinson sostiene que las dificultades tienen que ver con algunos elementos de carácter
político como la privatización del sector de las telecomunicaciones y las dificultades que esto
implica para las decisiones y las estrategias de los países. Por otra parte, los marcos regulato-
rios refieren a relaciones de poder que no benefician a los más excluidos ni a los procesos de
desarrollo y por tanto la mejora de la inclusión digital se estanca. Asimismo, plantea que las éli-
tes se incluyen a sí mismas, reconociendo el valor e importancia de Internet pero no el acceso
de todos (Robinson, 2005).
Esto evidencia que los intereses y acciones de los distintos sectores de la sociedad son
determinantes para la orientación de las políticas y la expansión de los beneficios de las TIC ha-
cia todos los sectores de la sociedad y para su uso con fines de desarrollo individual y colectivo.
En esta misma línea, estudios precursores en el uso de Internet en América Latina revelan que
la extensión del uso de esta nueva tecnología beneficia a grupos específicos, élites nacionales
204
y regionales, y que por tanto la primera problemática que plantea es la equidad. Es necesario
que Internet sea explotada como instrumento para generar intercambio de conocimientos en
beneficio de la mayoría de la población (Bonilla y Cliche, 2001).
Esta distribución y uso desigual de las TIC ha motivado el desarrollo de estudios y se ha
acuñado el concepto de “brecha digital”. La acepción clásica del término se remite a indicadores
de acceso y conectividad, para marcar la distancia entre los que poseen TIC y los que no lo ha-
cen y los que acceden o no a Internet. Este se aplica entre países o al interior de las sociedades
–nacionales o por ciudades–. Por lo general, los indicadores han sido cuantitativos y refieren a
posesión o consumo de TIC. Se ha demostrado que este tipo de medición y perspectiva no al-
canza para completar una visión para el desarrollo. Se plantea así la necesidad de unir el acce-
so con la apropiación de conocimiento y uso de las TIC e Internet en particular. Se comienza a
concebir, en esta acepción, como un concepto inseparable de la idea de desarrollo, resultando
más adecuado no solo disminuir las brechas de conectividad, sino aumentar las oportunidades
de aprovechamiento y uso por parte de los individuos y las comunidades (Cuadra, 2003).
A partir de un estudio realizado en Perú, Barrantes señala que existen tres tipos de cau-
sas para lo que denomina “pobreza digital”, que equivaldría a carencia de bienes y servicios
basados en TIC. En primer lugar la falta de acceso o conectividad, que sería la brecha digital
clásica. Un segundo elemento, la falta de demanda de TIC debido a problemas de ingresos y
por último la falta de necesidad o capacidad de las mismas, que estaría relacionado a la edad o
literalidad inadecuada. Por tanto, cada una de estas requerirá de políticas y acciones específicas
(Barrantes, 2005). Se trata en definitiva de elementos específicos de las TIC, que si bien están
relacionados a otras desigualdades socioeconómicas no son idénticos.
De hecho, si bien en algunos lugares se ha reducido mucho la barrera de acceso, la brecha
o inclusión digital está aún lejos de resolverse. Para avanzar en ese sentido es necesario que los
contenidos se adapten a las “necesidades reales” de las personas. Desde esta perspectiva la
evolución de la brecha digital pasaría por tres momentos relacionados a la difusión y adopción
de tecnologías. En un primer momento la brecha de acceso sería la fundamental. En un segun-
do momento esta se superaría y se pasaría a la brecha de uso. finalmente, también esta sería
superada y la brecha primordial sería la relacionada a la calidad del uso (fernández, 2004).
Estos tres momentos señalan un aspecto fundamental que tiene que ver con la adopción de las
tecnologías y que muchas veces es olvidado. En todo caso, este proceso no asume la misma ve-
locidad para distintos grupos sociales a la vez que sus tiempos están estrechamente vinculados
a las medidas que se tomen para superar las distintas brechas.
En estos avances respecto de la complejización del concepto de brecha digital, otra inves-
tigación señala que esta está compuesta por tres dimensiones: la brecha del acceso material, las
diferencias de uso por razones subjetivas y las limitaciones derivadas de las jerarquías sociales
en que se reconocen los usuarios.
Este Informe de Desarrollo Humano de Chile 2006 pone especial énfasis en los aspectos
subjetivos y psicológicos, desde un abordaje cualitativo. Describe esta dimensión de la brecha
como la desigual capacidad individual para usar provechosamente las TIC que se deriva de las
orientaciones y percepciones personales y culturales. Obviamente, estas no son voluntariamen-
205
te elegidas por los individuos, sino que forman parte de su experiencia biográfica y el medio
cultural en el que están insertos. Se sostiene que: “Poder entender lo que sucede en el entorno
local y el mundo, percibir que se es capaz de realizar los proyectos que cada uno se propone,
así como advertir que la trayectoria de vida depende de las decisiones personales, son factores
clave a la hora de un uso efectivo de las TIC. De hecho, mientras menores son las capacidades
subjetivas las TIC son vistas con mayor recelo y desconfianza” (PNUD, 2006 p. 201). Estos
hallazgos evidencian la profundidad de las transformaciones necesarias para realmente lograr
un uso provechoso para las personas y para el desarrollo. fundamentalmente, se trata de una
tarea inicial de sensibilización en torno a estas tecnologías y que las personas logren percibirlas
a su alcance independientemente de su condición –edad, historia, nivel cultural, social o eco-
nómico, lugar de residencia, etc.
Reconceptualizada esta “brecha digital”, entonces, no se refiere solo a los aspectos de
acceso e infraestructura tecnológica sino que remite a una cantidad más amplia de dimensiones.
Está estrechamente relacionada con la redistribución de los beneficios del desarrollo de las TIC y
con aumentar las capacidades de las personas para apropiarse de los mismos. Como resultado
de esta revisión, esta desigualdad característica y específica de la SIC, está atravesada por un
debate acerca de su denominación, su delimitación, sus contenidos y formas de medirla que da
cuenta de los paradigmas sobre la SIC.
En un sentido más complejo, e intentando incluir otras dimensiones, se considera la im-
portancia de las bases sociales de estas desigualdades y por tanto la necesidad de enmarcar
las acciones y políticas con perspectivas multidimensionales y atendiendo a las desigualdades
sociales preexistentes – sobre todo socio-económicas– (Mística, 2003). Se pasa a denominar
como políticas de “inclusión digital”, que implican dar prioridad a la apropiación2 de las TIC, a
atender las necesidades de las comunidades y a hacer hincapié en la generación de contenidos,
conocimientos y capacidades de las personas para su uso (Gómez, Delgadillo y Stoll, 2003;
Mística, 2003). Se comienza a avanzar en hipótesis en cuanto a las características que debe
tener este uso para que contribuya al desarrollo individual y colectivo. En el mismo sentido, un
estudio reciente sobre la SI en Catalunya considera el uso de Internet como un indicador de
cambio cultural, mental y organizativo en la sociedad más que como un elemento de difusión
tecnológica. Concluye que no es tan trascendente cuánta gente utiliza Internet, sino por qué y
para qué la utilizan (Castells, et ál., 2007). Esto pondría en cuestión la perspectiva de las etapas,
pues es conceptual también desde un inicio pensar la apropiación y los usos en perspectiva del
desarrollo. En base a investigaciones sobre Internet y uso de TIC se comienza a especificarlos
y a avanzar en su utilización más allá del acceso. El “uso con sentido” es definido como el uso
efectivo de recursos de Internet y su combinación con otras herramientas de comunicación.
2. En una revisión de las distintas acepciones de este término algunas resultan especialmente útiles y aplicables a las TIC. De Certeau (1980) lo definió el uso como un acto de creación, invención y producción que se ejecuta por medio de tácticas y estrategias precisas. Por su parte, Serge Proulx y Paul Breton (2002) afirman que la apropiación consiste en el modo de personalizar y “hacer propia” una tecnología por medio de su uso. Son las formas por medio de las cuales, el usuario hace suya la tecnología y la incorporan creativamente al conjunto de actividades cotidianas. Proulx sostiene que la apropiación tiene tres condiciones: el manejo técnico y cognitivo del artefacto por parte el usuario; su integración a la vida cotidiana; la creación de nuevas prácticas a partir de su incorporación. (Siles, 2005)
206
Implica conocer las herramientas, saber cuándo y cuáles usar, en función de determinados
objetivos individuales o colectivos. Cuando se tienen estrategias de uso, se sabe para qué se
quiere utilizar la tecnología y se genera el uso con sentido. Este se encuentra condicionado por
la capacidad y posibilidad de producir contenidos propios y de acceder a información y conoci-
miento útil y en el propio idioma (Camacho, 2001).
El proceso de apropiación social se consolida cuando se logra la transformación social por
medio de las TIC, cuando su uso produce cambios en el mundo real. Una persona, grupo o país
se habrá apropiado de Internet, cuando puede preguntarse qué problema desea resolver; luego
tenga los recursos y conocimientos necesarios para responder cómo puede Internet ayudarlo
con ello, y posteriormente hacer un uso efectivo de la tecnología y lograr la solución del proble-
ma planteado (Martínez, 2001). La apropiación social de las TIC también es definida por otros
autores como democratización del conocimiento en contraste con la “apropiación privada” y
por tanto, la participación social en la construcción de la tecnología es para otros autores lo que
la define. La capacidad de dominar la transformación tecnológica es el centro de este proceso
(García Urea, 2007; Araya, 2003).
En todo caso, una de las principales preguntas sigue siendo cómo ubicar a las TIC en el de-
sarrollo. Para ello pensar en las mismas como procesos a desarrollar más que como herramientas
a aplicar, puede ser útil (Cortés y Dubois, 2005). Esta conceptualización ayuda a evitar el deter-
minismo tecnológico y la mitificación de las TIC, además de otorgarles una dimensión dinámica
que resalta la capacidad de producción de las personas y su rol activo sobre las mismas.
Creo que la perspectiva más pertinente es visualizar la relación entre TIC y desarrollo
como recursiva, en la medida que por un lado refleja la brecha digital como una consecuencia
de otras brechas de desarrollo pero que a la vez contribuye con ellas (Gascó; Ezquiza; Acevedo;
2007). Se establece esta retroalimentación negativa entre estas distintas dimensiones del de-
sarrollo. Corresponde preguntarse cuáles son las claves para la reversión de este círculo vicioso
en un círculo virtuoso.
Esta mirada es muy distinta de cualquier determinismo tecnológico pero también es dife-
rente a un determinismo cultural de la tecnología. Las TIC por su propia existencia o introducción
no solucionan problemas sociales, económicos o culturales estructurales, tampoco la solución
de estos problemas garantiza un uso con sentido de las TIC para el desarrollo. Igual de cierto
es que muchos de los problemas de las sociedades y los seres humanos han encontrado solu-
ción gracias a la tecnología, aun cuando ella no fuera creada con esa finalidad. En tal sentido
es que las TIC son parte de la sociedad y lo social y por tanto depende de lo que las personas y
sus organizaciones hagan con ellas, si causarán nuevos problemas, desigualdades y amenazas
o servirán como oportunidades aprovechadas para el desarrollo.
207
políticas nacionales de TIC y desarrollo
De acuerdo a lo presentado hasta aquí, son necesarias intervenciones y acciones explícitas y
con un firme propósito de desarrollo. Las políticas se evidencian como un factor central en tér-
minos de la orientación y aprovechamiento de los beneficios de los adelantos tecnológicos para
el desarrollo. Se considera que las TIC en sí mismas no marcan la orientación del desarrollo,
sino que más bien su uso debe estar orientado para el desarrollo y las prioridades específicas
del mismo en los distintos contextos. En el marco de la elaboración de políticas para la SIC en
las que las TIC contribuyan al desarrollo, es que se constata la confrontación entre paradigmas
o miradas distintas sobre la SIC, muchas veces implícitas en las disyuntivas de los decisores.
Es fundamental retomar algunas consideraciones acerca de las principales características de
estas políticas y de las críticas que hasta ahora se han implementado. A partir de esta revisión
se podrán considerar nuevas dimensiones o preguntas a tener en cuenta para la definición e
implementación de un nuevo tipo de políticas TIC orientadas al desarrollo.
Por políticas TIC se entiende aquí, aquellas políticas orientadas a promover la utilización
de las TIC por parte de los distintos actores, instituciones y organizaciones públicas y privadas
así como de la población en general. Se centrará el análisis en su pertinencia e interés para los
procesos de desarrollo con particular énfasis en las dimensiones sociales del mismo.
Influidos por la visión dominante, muchos debates sobre la orientación y énfasis de las
políticas han puesto más énfasis en la dinámica de los mercados, los procedimientos de la gober-
nanza y regulación de las TIC y los servicios. En este marco se da por supuesto que el beneficio
para los ciudadanos es directo y se trata solo de brindarles acceso. Sin embargo, como sostiene
Mansell, no hay evidencia de que una vez conectados los ciudadanos se empoderen como para
llevar adelante la vida con un sentido deseado. Es importante construir una aproximación a las
políticas para estos medios de comunicación, que implique la creación de capacidades pues
constituyen derechos de los ciudadanos (Mansell, 2002).
Las estrategias de desarrollo pueden articularse de distinta forma con la SIC y esto de-
pende de las condiciones de cada país y de las características y la intervención de sus actores
e instituciones (Castells y Himanen, 2003). Las TIC permiten desarrollar nuevas capacidades
para alcanzar metas y objetivos con sentido para la vida de las personas, pero estos resultados
no son espontáneos o inherentes a ellas. Es necesario instrumentar acciones y políticas que
promuevan la utilización de las tecnologías para la ampliación de los derechos y oportunida-
des para el ejercicio de la libertad y la expansión de las capacidades de las personas (Gascó,
2007). Son necesarias políticas específicas dirigidas a facilitar y estimular el aprovechamiento
de las TIC y es necesario que estén articuladas con las estrategias para el desarrollo de cada
país. Esto implica una evaluación sistemática de las oportunidades de la SIC en el contexto de
las prioridades de desarrollo de cada país (Gurumurthy y Jeet Singh, 2005). En una revisión de
las políticas nacionales de TIC en los países en desarrollo, Currie3 (s/f) encuentra distintos tipos
3. Currie, Willie. “National Approaches to ICT” http://wsispaprs.choike.org/national_approaches-ict.pdf consultado el 22 de octubre de 2007.
208
de iniciativas en base a las cuales realiza una tipología. Sostiene que las primeras experiencias
son de los ochenta, pero es recién en los noventa que hay una explosión y consolidación de las
mismas. Muchas de estas no están claramente diferenciadas por sector de TIC y de las políticas
de telecomunicaciones y en la mayor cantidad de casos no hay una conexión explícita con las
metas nacionales de desarrollo. Todas varían en términos de sus objetivos, diseños e implemen-
tación, sin embargo encuentra dos diferenciaciones claras:
1) las que conciben a las TIC como un sector productivo y se orientan a fortalecer la in-
dustria y pueden estar dirigidas al mercado de exportaciones o al desarrollo de ca-
pacidades nacionales, y
2) las que consideran las TIC como habilitadoras de desarrollo socioeconómico que a su
vez pueden estar orientadas hacia el posicionamiento global o hacia objetivos de de-
sarrollo. Estos tipos de políticas y estrategias no son excluyentes, pero tampoco nec-
esariamente complementarios. Concluye que los estudios de caso realizados mostraron
que es fundamental que las estrategias nacionales estén explícitamente enfocadas al
desarrollo.
finalmente, resalta la importancia de un marco para el despliegue de las TIC para el de-
sarrollo que priorice las intervenciones en TIC, identifique sinergias, maximice los impactos en
el desarrollo y coordine las acciones de todos los actores participantes (Currie, s/f).
De acuerdo a lo que muestran investigaciones recientes, los indicadores de consumo de
TIC no dan cuenta de cuánto estas sirven para el desarrollo de las personas y las sociedades.
Esto se plantea en el Informe de Desarrollo Humano de Chile cuando se indica que a pesar de
la alta penetración de las TIC y un acceso masivo a ellas, el aprovechamiento para la ampliación
de las capacidades de las personas y los grupos aún es limitado. Sostiene que es fundamental
avanzar hacia una política centrada en las formas, condiciones y sentidos en que se usan las
tecnologías y en las capacidades para usarlas provechosamente (PNUD, 2006, p. 11). El acceso
universal y la apropiación social del uso efectivo de las TIC surgen como tan esenciales como la
educación y salud pública y por tanto requieren de políticas específicas. Pues de hecho la may-
oría de la gente no puede acceder a esto vía el mercado, aun con programas de abaratamiento
y de costos (Afonso, 2006).
nuevas visiones y perspectivas para las políticas
En los ámbitos de políticas TIC en América Latina se constatan distintas visiones y valores que
fundamentan la orientación que deben tener las políticas para la SIC y sobre TIC en particular.
Tanto a nivel de los gobiernos como de los distintos actores, están los que apuestan primordial-
mente al mercado como realizador del ingreso de estas sociedades a la SIC mientras otros apelan
a las tecnologías como motores del proceso. Existe una mirada social compleja que contempla
también procesos de poder, económicos y culturales y no considera las políticas una cuestión
solo de TIC. Estas orientaciones tienen fuerte impacto en los fundamentos de las acciones y de
209
las políticas, pues definen el modo de incorporación de las TIC y su articulación con los proce-
sos de desarrollo. Dependiendo del enfoque que predomina en las políticas y sus actores, se
priorizarán diferentes tipos de acciones y estrategias (Rivoir, 2005).
En un enfoque tecnologicista se da prioridad a la infraestructura, la conectividad y esto
es primordialmente medido a través de indicadores cuantitativos. En el caso del enfoque de
mercado, las acciones tenderán a ser delegadas a la dinámica del mismo y quedará en manos
de los actores privados –por ejemplo las compañías de telecomunicaciones– la decisión de
brindar acceso a las TIC. En un enfoque complejo se considerarán factores tales como el nivel
educativo, la participación de los distintos actores involucrados y la ciudadanía en general, y
se centrará en las transformaciones sociales y mejora de la calidad de vida, que la utilización
de las TIC pueda generar o potenciar desarrollo. Hasta ahora parecen haber predominado las
políticas de conectividad e infraestructura y la preponderancia de indicadores cuantitativos. Se
hacen por tanto necesarias las políticas en la SIC para el desarrollo que sean opuestas a la ló-
gica excluyente del mercado y que estén enmarcadas en una estrategia de desarrollo y a partir
de actores concretos (Rivoir, 2005).
De acuerdo al análisis de distintos autores e investigaciones, bajo la influencia de un en-
foque tecnologicista, las políticas para la SIC en América Latina se han dedicado a mejorar la
infraestructura y el acceso a las TIC, lo que ha resultado insuficiente para contribuir a los proce-
sos de desarrollo pues sus logros se reducen a crear mercados y consumidores (Afonso, 2006;
finquelievich, 2003).
En este marco de crítica, han surgido nuevos aportes a partir de investigaciones que dan
cuenta de la complejidad de la temática y agregan nuevas dimensiones a ser consideradas por
las políticas. El Informe de Desarrollo Humano de Chile 2006, por ejemplo, concluye que cuando
las TIC constituyen un fin en sí mismo para las políticas, no se generan necesariamente opor-
tunidades para el desarrollo.
Revela que los usuarios, individuales y colectivos, deben disponer de condiciones obje-
tivas y subjetivas dentro de las que se cuenta la capacidad para definir reflexivamente los fines
del uso. Se afirma en el mismo que las TIC deben estar subordinadas a fines explicitados y éti-
camente legítimos, que guíen su uso concreto (PNUD, 2006).
Este informe concluye enunciando algunas condiciones para que el uso de las TIC sea
beneficioso para el desarrollo en Chile:
• Reconocer las múltiples dimensiones de la brecha digital.
• Saber para qué usar las TIC pues estas sirven a propósitos que van más allá de las téc-
nicas y por lo tanto, también requiere que estas sean adaptadas a otros propósitos.
• Promover regulaciones que resguarden los derechos de las personas de los usos nocivos,
de la dependencia, la violación de la privacidad o para el control de las personas.
• Utilizarlas para un nuevo relacionamiento en red a través de la digitalización debe bus-
car mejorar la participación y la ciudadanía.
• Enmarcar las TIC en una historia social del desarrollo.
210
El informe finaliza apelando a la necesidad de situar a la sociedad y a las personas en el
centro del cambio tecnológico (PNUD, 2006, p. 211).
En la misma línea que este informe está la crítica que se realizaba a partir de investiga-
ciones sobre usos de Internet en el continente hace unos años. En ella se desataca predominio
de una perspectiva “instrumental” y “técnica”. Se criticaba esta perspectiva limitada pues se
sostenía que va en detrimento de su potencial como lenguaje y sistema de representaciones a
través del cual los jóvenes y los ciudadanos crean y recrean los relatos, las visiones de sí mismos
y la sociedad. Estas formas reduccionistas de visualizar las TIC van en desmedro de su potencial
para desarrollar nuevas relaciones, pedagogías, procesos comunicativos y formas de aprendizaje,
pues impide al ciudadano empoderarse y apropiarse de esta herramienta. Es necesario, por tan-
to, visualizar el uso de Internet en el contexto de los cambios culturales, las relaciones de poder
y los cambios en los sistemas simbólicos y de circulación de conocimiento. Lo que requiere de
nuevos enfoques, metodologías y pedagogías para su uso social (Bonilla y Cliche, 2001).
Para desarrollar cambios en cuanto a políticas de uso de Internet, Bonilla y Cliche (2001)
destacan que son necesarios tres procesos convergentes:
• La construcción de una nueva visión y proyectos que en la práctica promuevan el uso y
apropiación de las TIC como formas de integración social, de desarrollo de nuevas pe-
dagogías más participativas y horizontales.
• Consolidar el Derecho a la Comunicación y la Cultura y a Internet
• Creación de alianzas estratégicas de actores para el desarrollo social de las TIC.
También finquelievich (2000) sostenía la necesidad de cumplir con ciertos ejes para que las
políticas TIC estén orientadas al desarrollo:
• Políticas y estrategias multistakeholder o multiactorales, y servicios sociales de desarrollo
sustentable, social y político.
• Acceso físico y cultural a las TIC.
• Uso y aprendizaje sobre TIC con la inclusión de la creación de contenidos propios.
• Apropiación, creación y carreras para la SI.
• Producción y construcción de industrias tecnológicas nacionales y regionales.
• Todos estos, atravesados por ejes de inclusión social, de género y minorías.
En esta propuesta se integran distintos elementos que tienen que ver con los usos de las
TIC, pero también con elementos de carácter macro o estructurales, sin olvidar las caracterís-
ticas de los procesos de cambio.
También en el informe del Global Information Society Watch 2007 - GISW (APC, 2007),
surgen apreciaciones en base a estudios de caso de 22 países. El estudio reafirma la importan-
cia de brindar el acceso universal a través de las políticas a las TIC, porque vía el mercado esto
no se logra y se explicitan algunas indicaciones que evidencian la necesidad de la construcción
de nuevas políticas TIC para el desarrollo.
211
Se destaca en el Informe del GISW que muchos de los países carecen de una visión de
las TIC para su futuro. Esto impacta negativamente sobre algunos aspectos que son visualizados
como “blandos”, o no tan importantes como los de género, contenidos locales, derechos ciuda-
danos, o de apoyo a personas con capacidades diferentes. Concluye que es necesario que los
gobiernos acepten que las políticas públicas deben brindar las TIC para el desarrollo humano y
que esto no constituye un costo, sino que es una inversión esencial.
Por otro lado, el informe subraya la falta de capacidad institucional en los países, que final-
mente contribuye a la falta de visión de futuro. Esto se suma a la falta de capacitación, habilidades
y conciencia, que reduce fuertemente la capacidad de actuar. Todo ello resulta en un pésimo
entorno para la elaboración de las políticas de TIC, lo que a su vez deriva en la fragmentación de
iniciativas y de las propias políticas. En otros países existen políticas pero estas no asumen una
perspectiva de desarrollo. finalmente, se señala también que muchos procesos participativos y
documentados, acciones y acumulación de aprendizajes, se ven desperdiciados por el cambio
de las autoridades de gobierno. Es decir, la sustentabilidad de los procesos interesantes e im-
portantes en términos del desarrollo es un problema adicional.
Estos elementos permiten visualizar las dificultades existentes para la elaboración de po-
líticas TIC orientadas al desarrollo, indicando que aún definidas las estrategias adecuadas no es
suficiente. Los procesos también son importantes y por eso las características de las acciones
deben ser especialmente atendidas.
Poniendo énfasis en los procesos y las metodologías, otros señalan que no se trata de
que exista disponibilidad de servicios y contenidos “para” la población. Los enfoques definidos
“desde arriba” reproducen las desigualdades y las brechas. Por tanto, los propios objetos tecno-
lógicos deben ser objetos de intervención por parte de quienes lo utilizan. Araya considera que
es necesario “fortalecer el dominio público mediante la creación de bienes colectivos globales
que garanticen el acceso universal a la información y la comunicación”; “fomento de redes y
colectivos electrónicos sin fines de lucro que aseguren la producción y circulación abierta, plural
y diversa de información pública y contenidos relevantes para el desarrollo humano”; promoción
de iniciativas de participación “desde” y “hacia” la comunidad que incluyan el uso tradicional e
innovador de la comunicación a nivel local; acciones educativas y de capacitación para el uso y
apropiación social que contribuyan a desarrollar nuevos imaginarios tecnológicos y capacidades
sociales desde identidades y perspectivas culturales, locales, regionales y nacionales, así como
el fomento al desarrollo de tecnologías alternativas (Araya, 2003, p 4-5).
En suma, si bien se revelan ciertas coincidencias en las críticas a las políticas implementa-
das en términos de estar ligadas al paradigma dominante, también surgen propuestas respecto
de ejes y metodologías a abordar. A nivel discursivo es probable que se encuentren confluencias
en torno a objetivos para el desarrollo, y valores considerados dentro de los derechos humanos.
No obstante, recomendaciones para el cambio en el diseño y la implementación de las políticas
que constituyen elementos para el nuevo paradigma en construcción son el acceso y conec-
tividad; apropiación y uso con sentido y la concepción de bienes comunes y construcción de
ciudadanía que implique un control sobre los medios y recursos.
212
A modo de cierre
Las desigualdades existentes en América Latina son centrales como problemática del desarro-
llo y también lo son en particular para la temática de la SIC y del uso y aprovechamiento de las
TIC. En tal sentido, es necesario que las políticas o estrategias nacionales para el uso de TIC
tengan explícitamente incorporada la temática del desarrollo. Esto implica que se articulen con
el proyecto de desarrollo de la sociedad específica para la que son diseñadas, que respondan a
necesidades de la población, que contribuyan con la democratización tendiendo al empodera-
miento de las TIC, a la participación social en la concepción y diseño de las acciones y políticas,
actuaciones y definiciones conjuntas de distintos actores. Estos aspectos tienen que ver con la
capacidad de control, de incidir en la orientación y el sentido de la transformación tecnológica.
Los contenidos son en este sentido también muy importantes y reflejan la importancia del res-
peto a la cultura local.
En este sentido la SIC puede concebirse como proyecto cuya orientación estará dada
por la actitud, creencias, incidencias de los distintos actores y sus intereses, así como por los
liderazgos y las negociaciones y consensos en torno a ideas fuerza o estrategias para la acción.
Sin embargo, el riesgo actual parece ser la confluencia en los discursos, lo que por supuesto
no garantiza una implementación de políticas acordes con los mismos. Para ello es necesaria
la toma de conciencia por parte de los decisores acerca de la importancia de las TIC para el
desarrollo, contar así con la voluntad política, también la capacidad de innovación y que estén
explícitamente orientadas al desarrollo. Esto implica que deben estar estratégicamente relacio-
nadas con el proyecto de desarrollo de la sociedad en cuestión así como, a otro nivel, con el
desarrollo de capacidades y oportunidades para que las personas puedan aprovechar las mis-
mas para vivir mejor.
De acuerdo a lo analizado, se constata una influencia tecnologicista del paradigma do-
minante en las políticas de TIC en América Latina. Estas han tendido a la conectividad, la in-
fraestructura, centrándose en el acceso y con baja articulación con la política de desarrollo.
En definitiva, esto puede suponer que se basan en la creencia de un camino único hacia la SI,
que requiere de ciertas medidas independientes de las realidades socioeconómicas y cultu-
rales específicas, y que cumplidas estas se construirá la SI a la que están llegando los países
desarrollados. Las críticas realizadas a este enfoque y al resultado de las políticas dan cuenta
de lo limitante que es este marco para políticas TIC que aporten al desarrollo de los países y de
la población, así como a la solución de problemas y desigualdades. De ella surgen ideas cons-
titutivas de un nuevo enfoque.
La importancia de estimular el uso con sentido y la apropiación de las TIC con fines de
desarrollo resulta fundamental. La participación social, que incluya el involucramiento de múl-
tiples actores, debe conjugarse con abordajes cualitativos en el seguimiento y la evaluación de
los procesos y las políticas.
213
Desde el punto de vista de la implementación, surgen algunos elementos interesantes.
La importancia de contemplar una complejidad institucional que involucre en forma coordinada
a la mayor cantidad de actores posible. En tanto se trata de una política transversal y que tiene
distintos niveles para su implementación, requiere de la construcción de formas organizativas;
el trabajo en red resulta una propuesta interesante. Contemplar la especificidad de la sociedad
en cuestión, el arraigo y la cultura local es otro elemento importante mencionado y que en defi-
nitiva confronta las tendencias homogeneizantes, de modelo único. Estas finalmente no generan
desarrollo sino que tienden a la fragmentación y aumento de las desigualdades.
Se comienza a configurar un paradigma distinto del hegemónico que visualiza el derecho
a las TIC y su visualización como bienes comunes. Estos deben, por tanto, ser garantizados por
el Estado y sus políticas tal y como lo son la salud o la educación. Son denominadas también
como bienes colectivos globales que requerirían de ciertas garantías que las dinámicas de los
grandes poderes globales no permiten hoy y que deben ser construidas. La elaboración de es-
trategias TIC y de políticas específicas parece ineludible, en términos de actuar sobre las fuerzas
excluyentes de las dinámicas actuales y a los efectos de que contribuyan al desarrollo.
214
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216
MARTÍN RIVERO ILLA
Uruguay, 1973. Docente en el área de Desarrollo, Globalización y TIC en el Instituto de Ciencia Política de la facultad de Ciencias Sociales (fCS), donde es además coordinador del Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación (ObservaTIC). MA en Estudios de Desarrollo y Políticas Públicas por el Institute of Social Studies (ISS), La Haya, Holanda y BA en Ciencia Política por la fCS - UdelaR.Se ha especializado en temas de desarrollo, políticas públicas y TIC. Ha trabajado en el diseño, implementa-ción y evaluación de diversos proyectos de desarrollo, educación y políticas sociales vinculadas a la temática de las TIC. Ha sido consultor para instituciones públicas y para organismos internacionales como el PNUD, BID, UNICEf, IDRC y OIT. Actualmente es director de la División de Cooperación Internacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
217
DEsARROllO, DEsIGuAlDAD Y TECnOlOGÍAs DE lA InfORmACIón Y COmunICACIón (TIC) En uRuGuAY: El ROl DE lAs pOlÍTICAs públICAs1
mARTÍn RIvERO IllA
la expansión de las TIC en un mundo global
La universalización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) suele ser consi-
derada como un requisito fundamental para lograr mejores niveles de desarrollo en una socie-
dad. En este marco la creciente presencia de las TIC en casi todos los ámbitos de la sociedad
moderna es uno de los fenómenos más característicos del actual proceso de globalización. Asi-
mismo, lograr una incorporación de las TIC al proceso productivo es crecientemente aceptado
como una condición necesaria para la inserción exitosa de los países menos desarrollados en
la economía internacional.
Entre las posturas que abogan por la difusión de las TIC como un motor para el desarrollo,
en la región se ha desarrollado una serie de políticas públicas centradas en aumentar el acceso
y la conectividad en forma universal. Durante los últimos años la mayoría de los gobiernos en
América Latina y el Caribe (ALC) han impulsado diversas iniciativas de promoción del acceso y
uso universal de las TIC. Sin embargo, aunque muchos de estos programas son considerados
exitosos, diversos estudios han reconocido que estas iniciativas han tenido un impacto limitado
en la erradicación de la pobreza (Proenza et ál., 2001).
En el marco de los esfuerzos de difusión de las TIC para el desarrollo, se tiene que una
gran parte de las iniciativas se han orientado a la provisión de computadoras y al acceso a In-
ternet, y por ende, los estudios han girado en torno al grado de universalización e impacto de
estos accesos. La difusión de otras tecnologías (tales como los teléfonos celulares) y su impacto
en la reducción de la pobreza hasta el momento constituye un tema mucho menos estudiado,
especialmente en América Latina.
A pesar de esta falta de evidencia sólida, existe un paradigma relativamente dominante en
el sentido de que el acceso y el uso productivo de las TIC es una precondición necesaria para
el desarrollo. Esta fuerte corriente ideológica, tanto política como económica, considera que la
inserción en el mercado internacional y la participación en el proceso de globalización consti-
tuyen una precondición necesaria para lograr un mejor desarrollo.
1. Este artículo toma elementos desarrollados por el autor en otros trabajos, principalmente en: “Enhancing the Liveli-hoods of the Rural Poor. The Role of Information and Communication Technologies: Uruguay Country Report. Overseas Development Institute (ODI, 2007) y “Telefonía Móvil y Pobreza Digital en América Latina: ¿Puede la expansión de los teléfonos celulares reducir la pobreza”, DIRSI, 2007, escrito en conjunto con Carla Bonina.
218
Según esta visión, el proceso de retroalimentación entre TIC y globalización determina
que a partir de una mayor promoción de las TIC se puede lograr un mejor nivel de globalización,
y por lo tanto un mayor nivel de crecimiento económico, lo que genera más y mejor desarrollo
en determinado país. Esas relaciones causales son, al menos, discutibles. Asumir que + TIC +
productividad + crecimiento económico + desarrollo es parte de un paradigma que debe ser
sometido a un análisis riguroso.
Hasta el momento podemos decir que la relación de las TIC y el crecimiento económico
tiene una co-relación positiva, es decir que: + TIC + crecimiento económico, es una relación
que se puede demostrar empíricamente para los países desarrollados. Sin embrago, esas evi-
dencias no son todavía suficientemente claras ni estadísticamente fuertes o “robustas” para los
países menos desarrollados.
Se podría decir que las TIC son causa y consecuencia del proceso de globalización. Las
TIC son, por una lado, causa de este proceso al constituir uno de los principales agentes que
posibilitan la globalización, haciéndola cada vez más intensa y diversa. Asimismo, el desarrollo
de las TIC es una consecuencia de la globalización, ya que la existencia de un mercado más glo-
bal de intercambio de bienes y servicios ha extendido la utilización de estas tecnologías a todos
los rincones del planeta. No obstante, existen desigualdades significativas tanto en el acceso
como en la utilización de las TIC entre países y al interior de ellos, hecho que ha sido denomina-
do brecha digital o desigualdad digital. Este nuevo tipo de desigualdad viene a profundizar las
conocidas brechas ya existentes, tales como las brechas de ingresos, de capital social y demás
variables socioeconómicas (ALADI, 2003).
A comienzo de la década de 1990, la explosión de Internet a nivel global produjo un ex-
cesivo optimismo respecto de las potencialidades de las TIC para favorecer el crecimiento eco-
nómico, y con este el desarrollo de los países más pobres. En buena medida, este optimismo
se sustenta en la visión liberal de que profundizar la globalización es la principal estrategia para
alcanzar el crecimiento económico y, a través del “goteo”, la reducción de la pobreza. En esta
visión, las TIC constituyen uno de los agentes globalizadores por excelencia. Por ende, una ma-
yor difusión y penetración de las nuevas TIC en los países menos desarrollados los volverá cada
vez más globalizados, y determinará que estén en mejores condiciones de lograr el crecimiento
económico y por tanto ser menos pobres. Esta postura relativiza el posible impacto de las po-
líticas redistributivas sobre la reducción de la pobreza respecto del que se logra mediante una
apertura comercial e integración económica mayor.
Sin embargo, los vínculos causales y supuestos que estas relaciones establecen son objeto
de un fuerte debate en la literatura académica sobre la temática, al igual que en los programas
de desarrollo de los organismos internacionales. Varios economistas sostienen que la apertura
comercial indiscriminada, lejos de mejorar la estabilidad económica y aumentar el crecimien-
to económico, la ha deteriorado (Stiglitz, 2004). En esta visión, los efectos de la globalización
sobre la pobreza y la desigualdad a nivel global han sido, en términos netos, negativos durante
219
las últimas tres décadas.2 Existe cierto consenso en que mientras la brecha relativa de ingresos
entre los países en el mundo se ha reducido, la brecha absoluta de ingreso ha aumentado con-
siderablemente y lo seguirá haciendo.3
Esta situación es particularmente grave en América Latina. La mayoría de los países de la
región han sido activos partícipes de este proceso globalizador, con altos niveles de apertura de
sus mercados, impulsados por los procesos de reforma y ajuste estructural de la década de 1990.
Contrariamente a los postulados de los organismos financieros internacionales, estas reformas
no tuvieron el impacto esperado en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad (Vos et
ál., 2002).4 Hoy, América Latina y el Caribe continúan siendo la región más desigual del mundo,
con una gran proporción de su población viviendo en condiciones de pobreza. De acuerdo con
el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se estima
que, en 2005, 209 millones de personas (casi el 40% de la población de la región) vivían en
condiciones de pobreza y 81 millones de ellas vivían en la pobreza extrema (CEPAL, 2006).
En este marco de relativo fracaso de los procesos de ajuste, las TIC empiezan a ocupar un
lugar con mayor peso en las agendas públicas como estrategia para el crecimiento económico
y la reducción de la pobreza en ALC.
las TIC como posible motor del desarrollo
En este marco, una contribución fundamental en el campo de las TIC, el desarrollo y el crecimien-
to económico lo constituye el trabajo de Mansell y When, quienes dan cuenta del significativo
impacto de las TIC en esta última variable (Mansell y When, 1998). En el mismo sentido, Roeller
y Waverman (2001) defienden la importancia de invertir en infraestructura pública de redes, ya
que estas cuentan con un alto nivel de asociación con el crecimiento económico de los países.
Desde el ámbito de las Naciones Unidas, el trabajo coordinado por Matti Pohola, si bien
argumenta que las TIC han tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de los paí-
ses desarrollados, relativiza el impacto de estas en el crecimiento económico para el caso de
los países más pobres (Pohjola, 2001a).5
2. Respecto al impacto de la globalización en el aumento de la pobreza y la desigualdad, véase Wade (2004), Went (2003) y Woodward y Simms (2006).
3. Sobre el tema de la desigualdad a nivel global, importa señalar que más de 75% de la población mundial reside en países subdesarrollados y se estima que 1,2 billones de personas viven en la extrema pobreza. Asimismo, en el año 2002 los niveles de ingreso de los diez países más ricos eran aproximadamente 82 veces mayores que los de los diez más pobres. Véase Prabhakar (2003), Wade (2004) y Svedberg (2004).
4. Un exhaustivo análisis del impacto de la liberalización comercial en la pobreza y la desigualdad en América Latina puede encontrarse en el trabajo coordinado por Rob Vos y Lance Taylor para PNUD que cubre todos los países del continente (Vos, Taylor y Barros, 2002).
5. El autor argumenta que las TIC han tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de los países desarrollados, pero este no ha sido igual en los más pobres. El autor utiliza una cita de la teoría de crecimiento de Robert Solow: “You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics” (Pohjola, 2001b: 7).
220
Entre las visiones escépticas sobre las TIC están también las que consideran que la socie-
dad de la información y el conocimiento no es tan revolucionaria o novedosa como se asume, y
por tanto las bases de acumulación y distribución del ingreso son las mismas que en la sociedad
capitalista tradicional (May, 2002). También están quienes relativizan los posibles milagros de la
tecnología para saltearse etapas del desarrollo (Primo Braga et ál., 2002) o quienes incluso asu-
miendo la existencia de beneficios derivados de las TIC, consideran que estos difícilmente llegan
a los sectores más pobres y vulnerables de la población (Saith, 2003). Inclusive en los países
desarrollados considerados exitosos, tales como Irlanda, aparecen visiones que cuestionan diver-
sos aspectos del “milagro” de las TIC como estrategia de desarrollo (Kirby, 2004; Kirby, 2003).
finalmente, algunos autores ponen en cuestión que debamos aplicar las TIC a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio como paradigma de desarrollo (Heeks, 2005; Schech, 2002).
Esquema de análisis
Es importante explicitar cuáles son los objetivos o intereses temáticos de esta línea de investi-
gación. En primer lugar abordar la vinculación de las TIC con el desarrollo y cuáles son las con-
dicionantes que pueden intervenir en la vinculación de estos dos conceptos.
Muchas veces, cuando se habla de TIC se centra el análisis sobre su impacto en el creci-
miento económico. Este crecimiento es un elemento muy importante del desarrollo, es un com-
ponente central, especialmente para los países más pobres ya que difícilmente se alcanza mejor
desarrollo si no alcanza cierto nivel de desarrollo económico. Pero en este caso, agregamos otro
elemento también que es más bien normativo, que tiene que ver con la reducción de la pobreza
y la desigualdad. Entonces, cuando vamos a interpretar la contribución o la posible contribu-
ción de las TIC al desarrollo, vamos a tratar de ver si contribuyen o no a un mejor desarrollo hu-
mano. Es decir que efectivamente consideraremos su contribución al crecimiento económico,
pero también la contribución a lograr reducir la pobreza y a bajar los niveles de desigualdad y
mejorar el acceso a servicios básicos como salud y educación.
Importa analizar entonces las estrategias de promoción, ya sea en las políticas públicas o
iniciativas que pueden surgir de otros actores como los organismos internacionales, las organi-
zaciones sociales (sindicatos, ONG); empresas, es decir proyectos que no necesariamente son
políticas públicas. En este sentido es relevante estudiar si estas iniciativas están más o menos
articuladas entre sí y son mantenidas en el tiempo. Esto sería una definición muy básica de es-
trategia, entendiéndola como un paquete básico de políticas más o menos coordinadas, más o
menos articuladas entre sí y sostenidas por un período de tiempo que permite delinear cierta
estrategia. Este esquema de análisis se ilustra en la figura 1.
221
figura 1. EsQuEmA DE AnÁlIsIs
¿Qué tipos de estrategias pueden vincular de manera más virtuosa estos dos conceptos?,
esta es una pregunta central en este análisis. Es claro que no es lo mismo cualquier tipo de
promoción de las TIC ya que no necesariamente apuntan todas al mismo tipo de desarrollo, ni
tienen por tanto el mismo impacto. Entonces, es relevante investigar qué tipo de promoción tie-
ne qué tipo de consecuencias. En definitiva, debemos preguntarnos qué tipo de TIC queremos
promover, para qué tipo de desarrollo y por tanto para qué tipo de sociedad. He ahí la importan-
cia clave de las políticas públicas en la promoción de las TIC.
222
Indicadores básicos de TIC en uruguay
Desde el comienzo de la denominada por algunos revolución de la “Sociedad de la Información”
en los 90, Uruguay ha presentado indicadores de TIC relativamente favorables en el contexto
regional. Estos datos refieren por ejemplo a la densidad de líneas de telefonía fija por habitante,
a la cantidad de computadoras por habitante, a los niveles de acceso a Internet o a la cantidad
de hosts de Internet existentes. (Tabla 1)
TABLA 1. PRINCIPALES INDICADORES TIC EN URUGUAY (2006)
1. DENSIDAD DE TELEfONÍA fIJA 78%
2. PENETRACIóN DE TELEfONÍA MóVIL (2007) 68%
3. PENETRACIóN DE TELEfONÍA MóVIL (áREA RURAL ) 31,5%
4. CANTIDAD DE LÍNEAS fIJAS C/100 HABITANTES 31
5. PENETRACIóN DE INTERNET (PROMEDIO NACIONAL) 27,4%
6. PENETRACIóN DE INTERNET (áREAS RURALES) 4,4%
7. HOGARES CON CONEXIóN DE BANDA ANCHA (%) 10,5%
8. HOGARES CON TV (%) 92,8
9. HOGARES CON RADIO (%) 97
10. HOGARES CON COMPUTADORA EN MONTEVIDEO 32,8
11. HOGARES CON COMPUTADORA EN áREAS RURALES 10,7
Notas: Indicadores 3, 4, 6, 8 y 9, los datos corresponden al año 2005. fuentes: Indicadores 1 y 4, ANTEL; 2 y 7, cálculos propios en base a datos de compañías de teleco-municaciones e INE; indicadores 3, 5, 6, 10 y 11 (INE, 2006: 4); 8 y 9 (PNUD, 2005).
Un dato ilustrativo de la situación comparativamente buena de las TIC en el país en los
últimos años refiere a la evolución de las exportaciones de software. Esto se puede observar cla-
ramente al comparar la evolución del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), los niveles
de exportaciones generales y los niveles de exportaciones de software. Tomando como año base
1998, que es el último año de crecimiento económico previo a la crisis, e intentando comparar
cómo se movieron estas variables podemos ver que entre 1998 y 2002 el PBI cae fuertemente, al
igual que las exportaciones generales medidas en dólares constantes, que caen muy significati-
vamente hasta 2002. Sin embargo, los niveles de exportación de software aumentan y después,
incluso en las situaciones de peor crisis, se mantienen relativamente estables. Aun consideran-
do que casi la mitad de las exportaciones de software a fines de los 90 se concentraban en el
mercado argentino (exportaciones que, por supuesto, bajaron prácticamente a cero), logra un
nivel de exportación que, aun en los peores momentos, se mantiene relativamente estable y que
después crece vertiginosamente cuando se empieza a recuperar la economía.
223
Al comparar la cifras entre 1998 y 2003, el crecimiento de la exportación de software
aumenta un 33%, los niveles de producto bruto y de exportaciones caen casi en idéntica pro-
porción. En este sentido, teniendo en cuenta estrategias de desarrollo, el país debe considerar
cuáles son las áreas que debería priorizar, dónde las políticas públicas deberían fijar las priori-
dades en términos de inversión para el desarrollo.
figura 2. EvOluCIón DE lA ExpORTACIOnEs DE sOfTwARE COmpARADO COn ExpORTACIOnEs TOTAlEs Y pbI 1998-2006 (ÍnDICE 1998=100)
fuente: Rivero, Martín 2007 para el Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación (ObservaTIC), fCS-UdelaR.
En lo que refiere específicamente a la penetración de la telefonía fija, aún en la actuali-
dad el país presenta indicadores de penetración comparativamente altos. Medido en cantidad
de líneas cada mil habitantes, Uruguay encabeza la lista con 291, seguido por Brasil 230, Ar-
gentina 227 y Chile 206.6 Exceptuando Brasil, los otros tres países que están entre los prime-
ros lugares también están muy cercanos entre sí en la mayoría de los indicadores de desarrollo
socioeconómico.
Por otro lado, no es muy difícil intuir cuáles países están en la cola de ese ranking: Hon-
duras con 53 líneas c/mil hab., Paraguay 50 y Nicaragua 40. Estos países tienen un grado de
desarrollo relativo, medido en Desarrollo Humano, significativamente más bajo. En este senti-
do, recientes estudios demuestran que se registra un correlación positiva, relativamente fuerte,
entre penetración de telefonía fija y nivel de Desarrollo Humano.
6. fuente: Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU), 2006.
224
Importa recordar, especialmente al lector no-vernáculo, que Uruguay es el único país de
América Latina (exceptuando Cuba y hasta hace poco tiempo Costa Rica) donde la telefonía fija
es monopolio de una empresa estatal (ANTEL). Por lo tanto, la infraestructura existente ha sido
diseñada, implementada y gestionada por una empresa pública. Esto en muchos casos implica
distribuir servicios de telecomunicaciones con criterios sociales y no exclusivamente de renta-
bilidad, financiados en buena medida por los subsidios cruzados que esa posición monopólica
ha permitido transferir. A modo de ejemplo, se puede mencionar la conectividad gratuita para
muchos centros educativos públicos, centros de acceso a Internet (CASI o SIC) o teléfonos pú-
blicos gratuitos en barrios pobres.
figura 3. CAnTIDAD DE lÍnEAs fIjAs CADA 1.000 hAb. En AméRICA lATInA, 2006
fuente: Rivero, Martín para el Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación (ObservaTIC), facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, 2007.
A pesar de estos indicadores TIC relativamente favorables en términos generales, el de-
sarrollo de la telefonía móvil en Uruguay ha sido tardío respecto al resto de la región, y aún hoy
no alcanza los niveles de penetración de otros países con niveles de desarrollo socio-económico
similar, como Argentina y Chile.
En este sentido, analizando los rankings de penetración en telefonía móvil, hay varios
cambios en el ordenamiento de países de América Latina respecto al que mencionábamos para
la telefonía fija. De hecho, el país que más posiciones cambia es Uruguay, que pasa de un claro
primer lugar a un 7º puesto. A nivel de América Latina, dos de los países con mayores niveles
de cobertura de la telefonía celular, Chile y Colombia, son también junto con Brasil, de los países
más desiguales en América Latina. Sin embrago, esto podría estar cambiando en la actualidad
225
ya que en los últimos dos años Uruguay ha tenido un nuevo empuje en la penetración celular;
estimaciones a marzo de 2008 fijan ya en un 82% el nivel de penetración.
Es claro que la ausencia de la telefonía fija también generó un espacio de crecimiento a
la telefonía celular, que no es el mismo para aquellos países que sí tenían una buena infraes-
tructura de telecomunicaciones fija. Es importante señalar que hasta el momento, al menos en
el Uruguay, la enorme mayoría del volumen de transferencia de datos y de acceso a Internet se
sigue realizando sobre esta estructura de cableado de la telefonía fija. Es decir que el hecho de
la tenencia de telefonía fija, nos dice mucho de la existencia de una conexión a Internet tanto
en los hogares como en los espacios de trabajo o centros educativos. Si bien actualmente ya
podemos acceder a algunas funciones de Internet con nuestros celulares, claramente aún no
es un servicio extendido de uso generalizado entre la población.
Como se puede observar en la figura 4, el crecimiento explosivo de la telefonía móvil en
Uruguay se da recién a partir del año 2004.
figura 4. EvOluCIón DE lA pEnETRACIón DE TElEfOnÍA CElulAR En uRuGuAY.1998-2006 (% sObRE lA pOblACIón TOTAl, InCluYE lAs 3 COmpAñÍAs pROvEEDORAs)
fuente: Elaboración propia en base a datos de las tres compañías proveedoras de telefonía móvil en Uruguay: ANCEL (pública); CTI y MOVISTAR (privadas) y datos de población de Instituto Nacional de Estadística (INE).
226
Desigualdades en el acceso a las TIC
Dado este crecimiento significativo de las TIC en general, y de la telefonía celular en particular,
el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Uruguay realizó, a través de la encuesta continua
de hogares, un relevamiento específico de la existencia de elementos de confort TIC en todos
los hogares y en los hogares en asentamientos irregulares, es decir los más pobres. La infor-
mación disponible permite analizar algunos indicadores de desigualdad en el acceso a estos
bienes TIC (Tabla 2).
TABLA 2. ACCESO A ELEMENTOS TIC SEGúN TIPO DE HOGAR. Uruguay 2006
% DE HOGARES CON ACCESO A TECNOLOGÍA
HOGARES ENASENTAMIENTOS *
RESTO DE LOSHOGARES
TIENE NO TIENE TIENE No tiene
COMPUTADORA 6,3 93,7 24,1 75,9
CONEXIóN A INTERNET 1,9 98,1 13,4 86,6
REPRODUCTOR DE DVD 12,7 87,3 19,4 80,6
CONEXIóN A TV PARA ABONADOS 18,4 81,6 41,0 59,0
TELéfONO MóVIL 32,4 67,6 44,1 55,9
fuente: INE (2006) “flash Temático sobre TIC”. Encuesta Continua de Hogares, 1er. Trimestre 2006.
Al analizar estos datos, hay cifras que claramente llaman la atención. La tenencia de com-
putadora en el hogar es un privilegio que solamente 1 de cada 16 hogares pobres pueden darse.
Esta brecha es aun mucho mayor si consideramos los niveles de conexión a Internet. El promedio
de los hogares a nivel nacional conectados a Internet es 8 veces superior al de los asentamientos
irregulares. Si observamos ya no el promedio nacional sino el promedio en hogares urbanos con
niveles educativos medios y altos, los niveles de conexión a Internet superan el 60% contra el
1,9% de los asentamientos irregulares. Esto es una enorme brecha digital, un grado de desigual-
dad en el acceso a TIC más que significativo y particularmente grave por tratarse del país con el
menor nivel de desigualdad relativa en América Latina medida por el Índice de Gini.
Sin embargo, la tenencia de al menos un aparato de telefonía móvil en los hogares pobres
es levemente inferior que el promedio nacional del resto de los hogares: 32,4 respecto a 44,1.
Las estimaciones para el presente 2008 estarían acercando aun más estos porcentajes. Este
indicador debe ser tomado con precaución, dado que el promedio de aparatos celulares por
hogar es mucho mayor en las familias de mayores ingresos que en los hogares pobres, y esto no
es relevado por la encuesta de hogares. Por tanto si tomáramos individuos, en lugar de hogares,
estos niveles de desigualdad serían mayores. De todas formas, aun teniendo en cuenta esta
precisión metodológica, este indicador de relativa baja desigualdad entre hogares demuestra
227
hasta qué punto la penetración de la telefonía móvil es muy alta también en los sectores más
pobres de la población.
Esta TIC en particular –la telefonía celular– está alcanzando niveles de difusión entre la
población de menores ingresos nunca antes alcanzado por ningún otro dispositivo de telecomu-
nicaciones. Esto podría estar transformando la realidad social en términos de inclusión y acceso
a los servicios de telecomunicaciones. Si bien aún no podemos estimar su impacto real, lo que
sí sabemos es que estos sectores cuentan ahora con un instrumento disponible con potenciali-
dad de ser utilizado para conseguir o mejorar su empleo o desarrollar actividades económicas
que involucren el uso del teléfono móvil. Asimismo, este alto grado de penetración replantea
los fundamentos y la selección de instrumentos disponibles a ser utilizados en las políticas so-
ciales en general, y las de promoción de las TIC en particular, orientadas a estos sectores de
la población.
Este nuevo contexto pone en cuestión también anteriores criterios de focalización e iden-
tificación de necesidades básicas insatisfechas. Anteriormente, a través de la existencia del te-
léfono fijo en el hogar, se podía asumir con cierta solidez estadística ciertos niveles de confort
de los hogares. La tenencia de teléfono fijo permitía por ejemplo inferir ciertos niveles de ingre-
so, estabilidad laboral en el hogar, características de la vivienda, elementos de confort o ciertos
parámetros de nivel educativo, etc. En definitiva, la sola existencia del teléfono fijo constituía lo
que se denomina un indicador “proxy” que permitía predecir otros indicadores de bienestar.
Estas correlaciones positivas existentes para la telefonía fija cambian rotundamente cuando
analizamos la telefonía móvil; básicamente individual, con una mucha mayor penetración entre
los sectores pobres, haciendo estas correlaciones mucho más débiles.
Por tanto, la explosión de la telefonía celular es, sin dudas, la transformación más signi-
ficativa actualmente en curso en el campo de las TIC para el desarrollo. Esta transformación
se está dando con particular intensidad entre los sectores pobres, y por tanto deben ser con-
sideradas sus especificidades a la hora de diseñar e implementar proyectos de promoción e
inclusión social.
finalmente, se puede afirmar que el mayor grado de penetración de la telefonía móvil no
constituye por sí solo un mejor nivel de desarrollo integral en una sociedad. Asimismo, contra-
riamente a lo que sostienen algunos informes empresariales que promueven en algunos países
la inclusión de tarjetas telefónicas de prepago en las canastas de programas sociales, por el
momento no existe evidencia empírica que demuestre que la expansión de la telefonía móvil
reduce la pobreza.
228
Algunos elementos a tener en cuenta en la implementación de iniciativas de TIC
El Observatorio de Tecnologías de la Información y Comunicación (ObservaTIC) viene
desarrollando investigación académica sobre las diferentes iniciativas en marcha a nivel nacio-
nal, en procura de la promoción de las TIC en las diferentes regiones y grupos sociales. A partir
de las sistematizaciones realizadas surgen un conjunto de aprendizajes o lecciones a tener en
cuenta para la implementación de futuras iniciativas de políticas públicas u otras iniciativas de
la sociedad civil. Entre otras, cabe destacar:
a. Conectividad e infraestructura complementaria. Cuando se implementan estos pro-
yectos se debe estudiar previamente la situación de conectividad (que exista cobertura en ese
poblado) y las condiciones de infraestructura complementaria, es decir electricidad, servicios
públicos, locales, seguridad, etc. La historia de la implementación de proyectos tecnológicos
en comunidades rurales o en pequeñas comunidades pobres de América Latina está plagada
de casos en los cuales llegan las computadoras y aún no hay electricidad.
b. sustentabilidad: virtudes y problemas en priorizarla. Los aspectos financieros y de
participación e involucramiento de las comunidades en los proyectos es un elemento muy impor-
tante para asegurar su sustentabilidad. Por otro lado, hay proyectos en los que las instituciones,
públicas o privadas, que trabajan muy preocupadas por la sustentabilidad, a veces ejercen un
nivel de presión sobre el grado de compromiso de esa comunidad que puede ser negativo para
el éxito de las iniciativas.
c. Cambios culturales y sociales: pautas culturales, sociales y de consumo se pueden ver alteradas. En las pequeñas comunidades, principalmente en las zonas rurales, los cambios
culturales que pueden significar el acceso a fuentes de información y formas de trabajar que
anteriormente eran inexistentes pueden tener un impacto muy fuerte y ser muy transformadores.
Ese impacto cultural debe ser calibrado o considerado, también, previamente. Otras dimensiones,
más fuertes en otros países pero también presentes en Uruguay, refieren a los temas de géne-
ro o las diferencias étnicas. En este sentido, las mujeres suelen estar mucho más involucradas
en las implementaciones de estos proyectos que los hombres, esto es una constante que en el
Uruguay también se da, y que contribuye al empoderamiento de las mujeres.
d. penetración de la telefonía celular: principal transformación actual. Como fue expli-
cado a lo largo del texto, la explosión de la telefonía celular es, en conjunto con la implemen-
tación del Plan CEIBAL, la transformación más significativa que se está dando en este ámbito,
particularmente en los sectores más pobres, y por tanto deben ser consideradas sus especifici-
dades a la hora de diseñar e implementar proyectos TIC y desarrollo en general y en educación
en particular.
229
e. paradigma tecnológico: uso de la tecnología que la comunidad involucrada realmente necesita (no necesariamente la + nueva o la + “linda”). Muchas veces el paradigma tecnológico
dominante en muchas iniciativas hace que se desarrollen proyectos con tecnologías “de moda”
y no necesariamente la más útil a las necesidades de determinada comunidad, o que ese sector
social o ese país puede necesitar.
f. la necesidad de coordinación entre distintas iniciativas: entre lo nacional y local, y entre distintos organismos públicos y privados. Es fundamental la coordinación de las políticas
e iniciativas de diferentes organismos, y establecer claramente cuáles son las potestades de cada
uno y cómo interviene cada actor en el diseño, la implementación, la evaluación, el monitoreo
de esas iniciativas. Asimismo se debe definir adecuadamente cuáles son los roles que cada uno
tiene, las responsabilidades políticas, de ejecución, educativas, presupuestales, etc. Si esto
no se fija con claridad suele ser motivo de conflictos enormes que pueden conspirar contra la
implementación eficiente de estas iniciativas en los diferentes proyectos; hay gran cantidad de
ejemplos relativos a esas contradicciones.
Conclusiones finales
1. Aún no existe evidencia empírica robusta que demuestre que mejorando el acceso a las TIC
se reduzca sustantivamente la pobreza en los países menos desarrollados.
2. La tenencia de telefonía móvil es un predictor sensiblemente más débil que la telefonía fija para
estimar niveles de pobreza o Desarrollo Humano relativo de individuos o comunidades.
3. Ciertas TIC (telefonía fija y acceso a Internet) requieren de inversión pública (electricidad,
educación e infraestructura) muy superior a la telefonía celular. Por tanto están más directa-
mente asociados al Desarrollo Humano.
4. En Uruguay, ANTEL como principal actor de generación de infraestructura de TIC, constituye una
herramienta de diseño, implementación y financiamiento de políticas TIC para sectores pobres.
Los actores privados, especialmente en telefonía celular, están en fuerte crecimiento.
5. Así como existen subsidios al acceso a ciertos servicios sociales (alimentación, salud, educa-
ción), se deben analizar las formas de otorgar subsidios a la provisión de servicios públicos
que aseguren el acceso universal a las TIC.
6. Se debe estudiar rigurosamente el impacto cultural de proyectos TIC, en particular cuando se
instrumentan en pequeñas comunidades, especialmente rurales y a gran escala en un corto
periodo de tiempo, como en el caso del Plan CEIBAL.
7. La apropiación de los proyectos a nivel de las comunidades, especialmente jóvenes y mujeres,
es un factor central para favorecer la sustentabilidad de los mismos y potenciar su impacto.
8. Es fundamental que el país logre generar políticas públicas coherentemente articuladas entre
sí y consistentes con los objetivos de desarrollo general que el país defina como prioritarios.
Esto requiere gran capacidad en el diseño, eficiencia y rapidez de implementación de las ini-
ciativas, y alta capacidad técnica de monitoreo y evaluación que aporten de forma dinámica
los insumos relevantes para ajustar el proceso en marcha.
230
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COORDINADORA DEL SEMINARIO
DRA. LAURA GIOSCIA
Laura Gioscia es Doctora en Ciencia Humanas: opción Ciencia Política con especialización en filosofía Po-lítica por el Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Es Magíster en filosofía por el Instituto de filosofía e Ciencias Sociais (IfCS) de la Universidade federal do Rio de Janeiro (UfRJ). Se li-cenció previamente en filosofía en la facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR). Ha sido docente de Epistemología, Antropología filosófica y filosofía Política.Actualmente es profesora e investigadora en Teoría Política en el Departamento de Ciencia Política de la facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR. En dicho Departamento coordina el área de Ciudadanía y desa-rrolla varios proyectos de investigación. Integra además el Grupo de Trabajo “Política y Género”. Numerosas publicaciones, académicas y masivas, registran sus trabajos en las áreas de su especialización: filosofía política moderna y contemporánea, estudios sobre ciudadanía y teoría cultural (incluyendo teoría feminista, teoría poscolonial y tecnocultura).
Libro publicado en ocasión del Seminario: Ciencia, Tecnologia y Sociedad Agosto - Septiembre, 2008.
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