UDELARFCS

Doctorado en Ciencia Política

Curso del Prof. SubiratsAlumno Jaén Motta

Análisis de caso: Prevención de la contaminación, proyecto Blackstone.

1. ¿Cuál es el problema? Justifica tu respuesta.

2. Si fueras Stanton, ¿cómo enfocarías el plan de acción?

3. ¿Puedes poner ejemplos de otros casos que conozcas donde ocurren cosas similares a las del Proyecto Blackstone?

1) En el ejemplo a tomar para el estudio de caso observamos que el Departamento de Protección Medioambiental pretende modificar la forma de inspección para aplicar con más eficacia la normativa vigente. En lugar de inspeccionar por separado la emisión atmosférica, los efluentes líquidos y los residuos peligrosos, por separado, se comenzarían a realizar en una misma inspección todos los controles a la vez. De esta forma se evitaría que las empresas pudieran jugar al juego del caparazón con las inspecciones múltiples y en distintos tiempos para emitir contaminación discrecionalmente por la vía que no fuera inspeccionada, lo que se denomina “transferencia entre medios”. La estrategia actual permitía llegar al 80 % de los canales de contaminación, pero el otro 20% era difícil y costoso manteniendo la estrategia. El cambio de enfoque implicaba cambiar la pregunta de dónde estaban los residuos a si era necesario generarlos. Hasta ahora la estrategia era una red llena de agujeros. La percepción de la regulación hasta el momento era que las inspecciones empujaban la contaminación de un lugar hacia otro. El nuevo enfoque apuntaba a que las empresas cambiaran de estrategias no tanto en la tecnología de control sino en cambiar los procesos productivos para generar menos contaminación.

A la hora de elaborar la agenda pública, debemos contemplar que en el proceso de delimitar los problemas, además de calificarlos debemos definirlos y que al hacerlo ya estamos adoptando un enfoque teórico para el análisis. De esta forma al definir el problema de la contaminación ya tenemos en cierta medida algunos prejuicios de cuáles serían las eventuales soluciones.

A la pregunta específica de este trabajo en su dimensión general en el marco del análisis de políticas públicas, respondemos que el problema es la contaminación, en particular la que generan las empresas privadas. En tal sentido y desde un prisma más teórico diremos que el Mercado por definición carece del interés para solucionar por si mismo el problema. Es por esto que deben entrar en acción las instituciones públicas para controlar y sancionar el no cumplimiento de la normativa vigente con vistas a mantener el interés general. Las instituciones públicas como agentes centrales en el rol de control de emisiones contaminantes tienen una tarea que requiere contar con las herramientas para el efectivo cumplimiento de sus cometidos. Las Políticas Públicas que tengan como finalidad controlar la emisión de contaminación dependen de la capacidad de estas instituciones para solucionar los problemas gestionando e implementando estrategias adecuadas a los fines propuestos.

El problema de la contaminación se inscribe dentro de las preocupaciones contemporáneas del hombre, por ejemplo desde la noción de Desarrollo Sustentable. Sin embargo el problema no es nuevo ya que la actividad humana de los últimos siglos ha generado consecuencias graves sobre el medio ambiente. En particular se sostiene que fue con la utilización de determinadas sustancias y formas de energía que se alteraron determinados ciclos ecológicos naturales. Fue a partir de la revolución industrial que comenzaron a

hacerse visibles los problemas de la contaminación del medio ambiente. Los cambios en las actividades agrícolas y ganaderas, las tecnologías industriales, la urbanización, también comenzaron a afectar de manera visible la calidad del medio ambiente.

La lógica del Mercado opera con determinadas constricciones y valores. Pensado el problema como “externalidades” el medio ambiente como algo común a todos implica que los desechos que se generen en un proceso productivo y que se depositen en el aire, en el agua o en la tierra perjudica a todos y no tiene ningún costo económico para el emisor de contaminación. Dado que las empresas privadas que generan efectos contaminantes no tienen necesidad de incluir el problema dentro de su cálculo de costos y beneficios, es el actor político, en tanto el encargado de velar por el interés del conjunto, el que debe operar una lógica alternativa. El interés general y el privado se ven enfrentados de manera antagónica en este asunto. Una manera de visualizar los factores es mediante el siguiente cuadro:

SIEBERT, Horst (1998), Economía of the Environment, Theory and Policy. (en Salas:2002)

Dado que el medio ambiente es de libre acceso para todos, cada uno de nosotros puede ser emisor, pero es necesariamente receptor de la contaminación. En el caso de las empresas el problema se potencia ya que como individuos podemos adoptar una ética no contaminante pero para las empresas esto afecta negativamente su rentabilidad. Ostrom señala esto y agrega que podemos trazar un “dilema del prisionero” para ejemplificar la elección del actor empresarial. La estrategia dominante, independientemente de la cantidad de información, lleva a un equilibrio ineficiente donde ninguno tiene incentivos para cambiar. La racionalidad individual atenta contra la racionalidad colectiva. Esto lo visualizamos en el siguiente cuadro.

(Salas:2002)

No contaminar sería lo mejor para todos ya que existiría una estrategia para proteger las materias primas y el ambiente en general lo que implica también la calidad de vida de los jugadores A y B.

Ante esta lógica multiplicada por millones de decisiones es imprescindible la presencia del Estado como un actor que controle la contaminación. En el caso que se nos plantea en esta evaluación, el enfoque del control es de tipo regulatorio. En tal sentido es interesante señalar cómo el cambio de estrategia del Departamento de Protección Medioambiental del caso, propone que la Política no implique solamente bajar los niveles de contaminación sino también apuntar a la prevención. Para la época es un cambio significativo en el marco de las discusiones teóricas sobre Políticas de Regulación Medioambientales.

Existen diversas formas de cómo puede operar el agente estatal. Esto nos lleva a algunas discusiones de carácter teórico que debemos tener en cuenta. Los costos sociales de la contaminación han ido en aumento, lo que ha llevado al tema a estar en los primeros lugares de las agendas gubernamentales. Llevar el dilema del prisionero al equilibrio de Pareto remite a discusiones de Política Pública. Por un lado está el enfoque regulativo y por otro el distributivo.

Dentro del enfoque regulativo las instituciones existentes y los arreglos administrativos y políticos de las mismas son la clave para poder aplicar la Política. Existen aquí dos miradas; por un lado una que apunta a contemplar el medio ambiente en su totalidad previniendo los efectos contaminantes, controlando los niveles que no afecten la salud de los ciudadanos y evitando daños económicos por la contaminación. Por otro lado la mirada más focalizada que tienen por fin controles específicos e individualizados de la contaminación.

Por su parte en el enfoque distributivo se apunta a repartir costos y beneficios de la

contaminación. El mecanismo apunta a la conducta de los actores a través de impuestos y exenciones, premios y castigos para bajar los niveles de contaminación. La finalidad es que quien contamina pague y quien no lo hace reciba un beneficio.

Más allá de estas estrategias generales existen unas más específicas que apuntan a reducir la contaminación o al menos a mantenerla en determinados márgenes. Estas estrategias se distinguen por su especificidad en torno a: a) administrar la calidad del entorno (aire, agua, tierra, etc.) b) establecer estándares para emitir contaminación, c) utilizando instrumentos económicos y d) apuntar a métodos de costo- beneficio. En la práctica estas estrategias se combinan.

En la primera de las estrategias específicas la finalidad es mantener la calidad del ambiente dentro de márgenes aceptables para la salud humana, animal y de la vegetación. En este tipo de estrategia se debe definir lo que es dañino o no para la salud y establecer cuáles son los límites de concentración de contaminación. La meta es que la sumatoria de emisiones no afecte la calidad de vida.

En la segunda se establecen estándares de emisión de contaminación por fuente de vertido. Esto nos remite a la necesidad de una tecnología que permita el control de cada fuente de emisión de contaminación por separado. La finalidad es que se cumpla la normativa en cada caso. Sin embargo esto no garantiza que se logren niveles de contaminación generales bajos.

En el caso de la tercer estrategia específica la finalidad es generar estímulos económicos para que los actores contaminantes busquen estrategias productivas menos nocivas con el ambiente. Las herramientas para esta estrategia son: impuestos o multas por contaminar, contratos informales, permisos de contaminación y subsidios. Los impuestos o multas tienen como finalidad focalizar a los actores contaminantes y hacerles pagar en relación al daño causado. Por su parte los contratos informales refiere a acuerdos que pueden darse entre agentes privados donde uno de ellos contamina a otro, en estos casos es posible que puedan llegar a acuerdos económicos entre ellos para reducir la contaminación. Respecto a los permisos para contaminar estos implican el otorgamiento de un derecho a contaminar, aunque se establecen niveles máximos en una determinada zona y por un período de tiempo. Por su parte, los subsidios operan como estímulo inverso a los impuestos o multas ya que en este caso se paga a las empresas por no contaminar.

Finalmente la estrategia de costo-beneficio es una de tipo económico que pretende integrar en una misma ecuación los costos de controlar y los beneficios que se obtiene y así establecer el mejor cálculo.

Como señalamos, el Mercado no es una institución que pueda resolver los problemas de

contaminación por sí solo. Las acciones individuales afectan las colectivas haciendo necesaria la presencia del agente estatal. En este contexto la Política ambiental que pretende controlar la contaminación debe poder lograr impacto bajo las restricciones existentes.

Todos estos elementos serán importantes para analizar la pregunta número 2 que supone enfocar el plan de acción en el contexto del cambio de estrategia del Departamento de Protección Medioambiental.

2) Al abordar el plan de acción debemos tener muy en cuenta la regulación vigente y los cambios que se estaban tramitando. En este sentido el plan debe someterse al marco normativo en relación a las perspectivas que los actores políticos establecieron en los cambios legislativos. Se trata de un plan piloto focalizado en un río en una serie de empresas que vierten sus residuos allí. El plan de acción piloto que se plantea implementar nos coloca en una difícil tarea de llevar adelante una transformación en el funcionamiento que afecta transversalmente instituciones y actores diversos. Las inspecciones integradas suponían cambios muy grandes en los hábitos institucionales además de una reconverción en la formación de muchos de los funcionarios. Paralelamente las empresas sentían este cambio como una amenaza a sus intereses. Visualizaban esto como una aumento de las tensiones con el actor estatal. El lugar que ocupamos para la implementación (cargo de Patricia Deese Stanton: Dirección adjunta de prevención de residuos) nos remite a la acción que llevaríamos adelante dentro del Departamento de Protección Medioambiental (DEP).

El lugar desde donde debía implementarse la Política no era central sino subsidiario. El organigrama nos muestra cómo carecía de autoridad directa sobre las oficinas regionales y los inspectores.

Una de las debilidades más grandes era la poca confianza de los actores institucionales en el proyecto. Sin embargo una de las fortalezas era que la normativa indicaba la necesidad de un cambio en los mecanismos de inspección. Muchos grandes proyectos comenzaron sin que nadie creyera en ellos por lo que no tomaríamos en cuenta esa valoración negativa, sino que funcionaba como un elemento de desafío para la gestión. A su vez centraríamos el discurso en la importancia del proyecto para lograr el fin último de cumplir con lo que la normativa explicitaba. El cambio de la normativa explicita claramente un cambio de conceptos: no dónde están los residuos sino si es necesario generarlos y si es posible evitarlos. Este punto es central ya que institucionalmente no nos estamos limitando a verificar sino que también tenemos un rol activo al sugerir opciones, premiar y castigar.

En el caso de los inspectores lo que debía hacerse es realizar cursos intensivos de formación que implicara integrar los conocimientos previos a la nueva estrategia de control. Esto supone que los inspectores deberían conocer en profundidad todas las etapas de los procesos productivos a fin de detectar la contaminación en cualquiera de las etapas del proceso productivo. Paralelamente la formación también requería un conocimiento cabal de la normativa. El cambio en el formato de inspección no debía interpretarse como un rechazo a las prácticas anteriores o los conocimientos técnicos acumulados sino que había que interpretarlo como una nueva forma de inspección que requería coordinación entre los conocimientos existentes. Si bien representaba un cambio significativo en las prácticas, en el discurso de la reforma no debía manejarse como un cambio tan drástico. Las visitas integradas podrían hacerse con distintos expertos en asuntos específicos. Interpretado de esta manera sería más fácil operar el cambio sin generar conflictos entre los funcionarios y su visión de la reforma.

Para articular los distintos programas bajo un mismo paraguas era necesario uniformizar los formularios y centralizar los archivos de manera integrada. El orden de los aspectos burocráticos era fundamental para el funcionamiento de la “súper inspección (S.I.)”. Esto no implica centralizar únicamente en la S.I. toda la documentación sino con fines de ordenamiento. Cada programa tendrá su propio archivo y acceso al archivo general de la S.I..

En cuanto a las rutinas de inspección era necesario articular junto con los nuevos formularios una estrategia que homogeneice los distintos programas bajo un mismo protocolo de inspección. Los actores ecologistas también pueden jugar un papel importante marcando cuáles son las empresas más preocupantes en su grado de contaminación. Hay que

dar un mensaje claro y homogéneo a las empresas inspeccionadas. No deben mostrarse ambigüedades o acciones discrecionales en los mecanismos formales de la inspección. Pero por sobre todas las cosas cada inspección realizada debe hacerse al mismo tiempo, evitando inspecciones parcializadas que den lugar a “el juego del caparazón”. Todos estos mecanismos deben generar la máxima objetividad en los resultados y llevar al mínimo las posibles interpretaciones subjetivas.

Esto también se articula con la necesidad de poseer un buen relacionamiento con la DEM-OTA. Esta oficina de asistencia técnica que tiene trato directo con las empresas posee información relevante para cotejar con la que surja de las inspecciones regulares. Es un elemento de control y amenaza ante posibles actos de corrupción de los inspectores. Además la asistencia técnica de la DEM-OTA debe quedar muy claramente remitida a un apoyo institucional a las empresas para que cumplan el reglamento. Desmarcarse de la DEM-OTA es importante para evitar generar la sensación de acoso institucional a las empresas. Representa una tranca bastante grande que la nueva ley de Reducción del Uso de Sustancias Tóxicas (TURA) establece que la OTA no debía transmitir información obtenida en las visitas a las empresas al DEP. En medio de estas tensiones es muy importante generar un clima de confianza con las empresas, aspecto que la nueva OTA tenía como virtud. Era de especial importancia erradicar el sentido recaudatorio o la única intencionalidad de multar del DEP.

La figura de Barry Fogel, director de la Oficina Regional de la Zona Central sería fundamental, tanto por su creencia en la viabilidad del proyecto así como por los recursos que obtuvieron. Un buen relacionamiento con esta Oficina Regional era la base como para demostrar que el proyecto podía funcionar bien y eventualmente extenderlo a las otras Oficinas con apoyo económico.

Respecto al relacionamiento con los otros actores públicos deberían realizarse acuerdos institucionales de trabajo. Por ejemplo con el DEM-OTA era muy importante trabajar en conjunto y coordinar el aspecto técnico con el de inspección en un clima armónico con las autoridades de las empresas. El mensaje debía ser que cumplir con la normativa era tarea de todos y no solamente del DEP o del proyecto. Las tensiones existentes entre el DEP y las empresas tenían que dialogarse para forjar un tipo de acción en conjunto donde el Estado brindaba un asesoramiento técnico previo con la finalidad de que las inspecciones no implicaran más que un control de rutina. La finalidad recaudatoria o la intencionalidad de multar debía cambiarse por la intencionalidad de ayudar a cumplir las normas. Es un mensaje muy importante, además de hacer valorar que el Estado brinda fondos públicos para ayudar a las empresas a cumplir las reglas. La formalización institucional es muy importante para evitar la discrecionalidad de los “chicos malos o chicos buenos”. La separación entre la DEM-OTA y el DEP es una gran debilidad institucional que debe solucionarse ya que

terminan por mezclarse las escuadras y el regulador puede tener intereses en proteger al regulado. El protocolo de acción unificado, marcando las misiones y estrategias de cada uno, del DEM-OTA y el DEP debía ser una prioridad urgente.

En cuanto al relacionamiento con la EPA debían ajustarse las estrategias de inspección al modo de financiamiento. La cantidad de inspecciones realizadas por especialistas no podía dejarse de lado dado que era la principal fuente de financiamiento. Más allá de la integración de la inspección esta no debía formularse como una inspección general sino como múltiples inspecciones especializadas a la misma vez.

Finalmente debía existir una coordinación con las empresas controladas para eliminar los efectos de desconfianza. Las inspecciones no programadas o no previstas implicaba que el regulador actuaba desde la desconfianza; había que cambiar esta desconfianza por un apriori que implicara la creencia de que el regulado estaba haciendo bien las cosas y que la inspección representaba una instancia de rutina para corregir algunos aspectos. Las ventajas que el DEP propuso para aquellas empresas que cooperaran en los procesos de inspección resulta interesante de mantener.

3) Existen diversos e interesantes ejemplos de Políticas Públicas en materia de protección ambiental con similitudes al caso estudiado. Si he de elegir uno, es el “Plan de acción para la protección de la calidad ambiental y las fuentes disponibles para agua potable en la cuenca del Santa Lucía”.

A partir de 2005 Uruguay experimentó un paulatino aumento del crecimiento económico particularmente en el sector agropecuario. Esto generó un aumento de emprendimientos productivos que implicaban fuertes impactos sobre el entorno de la cuenca de Santa Lucía, el río y los afluentes del mismo. Resultaba de particular preocupación para las autoridades el hecho que esta cuenca representara la fuente de agua potable para entre el 50% y 60% de la población uruguaya. El embalse posibilita el control del caudal de agua que se utiliza para abastecer a la planta purificadora de OSE. El principal destino del agua purificada es el uso doméstico. Esta cuenca también abastece la actividad agrícola intensiva del país. Es por estas razones que se comenzaron a realizar estudios que permitieran desarrollar un monitoreo de la calidad del agua y del entorno en general.

Entre 2005 y 2011 se desarrollaron dos grandes programas de evaluación integral de la cuenca del Río Santa Lucía (RSL). El primero de ellos (2004- 2007), realizando el diagnóstico de las condiciones logísticas, administrativas y técnicas para el desarrollo de un programa de monitoreo, así como realizando una primera evaluación de la calidad del agua mediante el estudio de los principales ríos. En base a los primeros resultados alcanzados, surgió el segundo programa (2008-2011), que mostró resultados muy importantes referidos a los aportes puntuales y difusos de contaminantes de diferente tipo que afectan la calidad del

agua. De este programa surgió un nuevo diseño de monitoreo que se identifica como “rediseño”. En febrero de 2010 se presentó un nuevo diseño del plan de monitoreo de calidad de agua de la cuenca del Río Santa Lucía ante el Comité Técnico Especial integrado por técnicos de DINAMA, DINAGUA, OSE, e Intendencias de la cuenca. Los resultados marcaron algunos elementos de contaminación preocupantes en el largo plazo

Entre las principales causas de la alteración del ciclo hidrológico y en la degradación ambiental de la cuenca se destacan: la erosión de suelos por prácticas agrícolas inadecuadas, el uso abusivo de agrotóxicos, el vertido de efluentes de tambo sin previo tratamiento, y la forestación con especies exóticas en la cuenca alta (zona de cosecha de las aguas de las precipitaciones). Si bien el vertido de los efluentes desde los tambos ha sido uno de los temas que más ha causado preocupación a autoridades y productores, es uno más de los problemas ambientales que aún persiste en la cuenca. (ACHKAR y otros)

Contar con un sistema de gestión adecuado en la cuenca es fundamental para disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir todos los usos necesarios y evitar conflictos ambientales. Por ello, es necesario hacer converger sistemas de uso y compromiso por parte de los usuarios en todas las sub cuencas, de norte a sur, para así evitar el deterioro o contaminación del agua, que es un bien social estratégico. El territorio de la cuenca se extiende entre seis departamentos; por ello, es que se debería acordar políticas ambientales que coordinen acciones para avanzar en el camino de la sustentabilidad. (ACHKAR y otros)

El actor institucional que con mayor preocupación asumió el rol de monitoreo y cuidado de

la calidad del agua fue el “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” (MVOTMA). Otro actor institucional relevante en las acciones de preservar el agua potable es OSE (Obras Sanitarias del Estado) la empresa pública uruguaya para el manejo del agua. Institucionalmente también debemos mencionar a la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), DINAGUA (Dirección Nacional de Agua, encargado del monitoreo de indicadores medioambientales) , UDELAR (Universidad de la República), entre otros.

El sistema del Río Santa Lucía se ve afectado por una serie de factores que constituyen “entradas” que impactan al sistema y determinan procesos de transformación que ocurren tanto en el territorio como en los cursos de agua. Las “salidas” constituyen los efectos visibles resultantes del proceso anterior y que a su vez, también mantienen el ciclo que determina las características de la cuenca del Río Santa Lucía. (DINAMA 2011)

Los diagnósticos sobre la zona eran muy claros en torno a los peligros para la calidad del agua.

Existen 6 feed lots en la cuenca, que ocupan una superficie de 1.570 hectáreas. Es importante señalar que en su mayoría se ubican en bordes de curso de agua, con lo cual la descarga desde los predios hacia los mismos es directa. Estos establecimientos de engorde de ganado a corral, generan un conjunto de impactos ambientales. Este fenómeno ha conducido a que, desde el año 2007, se hayan comenzado a coordinar acciones entre varios actores (DINAMA, MGAP, DINAGUA, INIA, y la UdelaR) para ir estableciendo criterios ambientales para localización, diseño, instalación y manejo de estos establecimientos, focalizándose en la búsqueda de alternativas de tratamiento y disposición final para el estiércol y los efluentes. Entre los impactos ambientales mas importantes se destacan: la generación de 6 kg estiércol/animal/día, la contaminación por carga orgánica, nitrógeno, fósforo, patógenos y trazas de plaguicidas, medicamentos veterinarios, olor, polvo, emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas y del suelo por el deficiente manejo de los efluentes y el estiércol. Todo ello conduce a la proliferación de vectores, y a la degradación del paisaje. (ACHKAR y otros)

.

La erosión de los suelos en la cuenca se debe a diversas causas. El área sur constituyó la primer área cerealera extensiva en el Uruguay durante el siglo XIX, y las prácticas agrícolas extensivas de secano fueron generando procesos de erosión y agotamiento de los suelos en el paisaje de colinas y lomadas desde entonces. (ACHKAR y otros)

El uso inapropiado de las tierras agrícolas se correlaciona con los procesos de agotamiento del potencial productivo y la erosión de los suelos, ya que para mantener la productividad de los sistemas agrícolas orientados hacia los requerimientos del mercado, los productores rurales utilizan mayoritariamente grandes volúmenes de insumos entre los que se encuentran nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y agrotóxicos para el control de plagas. En las áreas urbanas y suburbanas se destacan los procesos de contaminación aérea por inyección de gases tóxicos a la atmósfera procedentes del parque automotor y fundamentalmente de la actividad industrial. Las fuentes urbanas de contaminación hídrica son producto de la evacuación de efluentes domésticos e industriales, mientras que en las áreas rurales se produce contaminación química y orgánica, dependiendo de los distintos usos de la tierra.(ACHKAR y otros)

Las prácticas forestales han generado ecosistemas degradados en la cuenca: praderas, los humedales y los bosques nativos. Las principales causas son la tala indiscriminada de los bosques nativos para la obtención de leña como fuente de energía para el abastecimiento de hogares e industrias, y la implantación de plantaciones forestales que sustituyen territorialmente los ecosistemas nativos. Los humedales del Santa Lucía extendidos a lo largo de la cuenca baja, en las proximidades de la desembocadura en el Río de la Plata, se han degradado por la urbanización e industrialización acelerada y la falta de servicios

adecuados de saneamiento y vertido de efluentes y residuos que han afectado la calidad de estos ecosistemas. (ACHKAR y otros)

Es así que el MVOTMA presentó un plan (en 2013) que permitiera evitar el deterioro de la calidad del agua. Dentro de este plan de acción se establecieron las siguientes medidas:

1- Implementación de un Programa Sectorial de mejora del cumplimiento ambiental de vertimientos de origen industrial en toda la cuenca hidrográfica del Río Santa Lucía y exigir la reducción del nivel de DBO, Nitrógeno y Fósforo.

2- Implementación de un Programa Sectorial de mejora del cumplimiento ambiental de vertimientos de origen doméstico (saneamiento) en toda la cuenca hidrográfica del Río Santa Lucía y exigir la reducción del nivel de Nitrógeno y Fósforo. Priorizando las ciudades de Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía.

3- Declarar como zona (A) prioritaria sensible a la cuenca hidrográfica declarada como ZONA A (Río Santa Lucía (aguas arriba de la confluencia con el Río San José; Santa Lucía Chico; Arroyo de La Virgen; Río San José; Arroyo Canelón Grande y Arroyo Canelón

Chico) y exigir en forma obligatoria a todos los padrones rurales ubicados en dicha cuenca, el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas mediante la presentación en el área de los Planes de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (Decreto 450/008 del MGAP). Se exigirá fertilizar en base a análisis de suelos para alcanzar y mantener la concentración de fósforo (debajo de 31ppm de fósforo Bray1).

4- Suspender en la cuenca hidrográfica declarada ZONA (A), la instalación de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral (feed lots) u otras prácticas de encierro permanente de ganado en corral a cielo abierto. La suspensión operará hasta que se dicte la nueva reglamentación que regularice la actividad e incluirá también la ampliación de los emprendimientos existentes.

5- Exigir el tratamiento y manejo obligatorio de efluentes a todos los tambos ubicados en la cuenca. Con plazos diferenciales según su tamaño.

6- Implementar la solución definitiva al manejo y disposición de lodos de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas Corrientes.

7- Restringir el acceso directo del ganado a abrevar en los cursos de la cuenca declarada ZONA (A). Construir un perímetro de restricción en el entorno de los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco.

8- Instaurar una zona de amortiguación en la cuenca declarada ZONA (A) sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos, para la conservación y restitución del monte ribereño como forma de restablecer la condición hidromorfológica del río, con franjas variables según su importancia.

9- Intimar a la solicitud de permisos para las extracciones de agua existentes (superficial y subterránea) que carezcan de los mismos, en un plazo máximo de 6 meses, en la cuenca declarada ZONA (A).

10- Declarar "reserva de agua potable" a la Cuenca hidrológica del arroyo Casupá.

11- Recabar opinión en el ámbito de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía respecto a las medidas que conforman este Plan, asegurando la participación efectiva de los distintos actores que la conforman.

El MVOTMA impulsó la creación de una comisión que estudiara el tema y trabajara en conjunto: La Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Esta comisión comenzó a sesionar en

el marco de la reforma constitucional de 2004 que mandata al MVOTMA a liderar el proceso de descentralización y gestión participativa del agua bajo la denominación de: "Participación en la gestión sustentable del agua". Este proceso divide al país en 3 grandes regiones, y en cada una se crea un Consejo Regional de Recursos Hídricos. En cada uno de ellos se conforman las Comisiones de Cuenca. La Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía es decretada estratégica por el Presidente en Abril del 2013. Los últimos informes de la comisión se han focalizado en la actividad agropecuaria y en las zonas más vulnerables de la cuenca. En tal sentido ha priorizado las medidas 4, 5, 7 y 8. Se elaboraron planes de acción en torno a los procesos productivos. Se pretenden lograr sistemas de producción sustentables con el buen uso, mantenimiento y recuperación del suelo. Específicamente en esta etapa a través del control de la erosión del suelo porque éste es el principal problema ambiental asociado a la producción agropecuaria. Se señala que controlando la erosión de suelos, además de conservar el recurso, se está controlando una de las fuentes mas importantes de contaminación de agua. A esto se adjunta un plan de fertilización, basado en análisis de suelo y requerimientos de cultivos, de acuerdo a pautas establecidas por el MGAP. Paralelamente a través del Programa de Desarrollo Productivo Rural, y del Proyecto Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Adaptación al Cambio Climático, se brindará apoyo económico no reembolsable para cubrir parcialmente los costos de implementación de propuestas orientadas a promover mejoras en los sistemas productivos lecheros (vacunos, ovinos y caprinos).

La Comisión continúa trabajando en uno de los desafíos más grandes que es articular un modelo productivo que sea sustentable y que permita conservar los recursos.

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