derechos inherentes a la personalidad.docx
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Este trabajo de investigación va dedicado
a nuestra Institución
“Universidad de San Martín de Porres”,
puesto que nos ha brindado toda
la información necesaria para realizarlo.
Además a nuestro profesor por guiarnos para la
presentación del presente trabajo.
ÍNDICE
DERECHOS INHERENTES A LA PERSONALIDAD
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES2. CONCEPTO3. CARACTERÍSTICAS4. CLASIFICACIÓN5. ESTRUCTURA6. NATURALEZA JURÍDICA7. MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
PERSONALIDAD
8. DISTINCIÓN DE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PERSONALIDAD CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
9. ¿PROTECCIÓN CIVIL O PENAL DE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PERSONALIDAD?
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación analizaremos esa categoría particular de
derechos denominados “DERECHOS DE LA PERSONALIDAD”, sus características,
variables, interpretaciones y demás cuestiones que ayuden al entendimiento pleno del
lector.
Cabe resaltar que se usaron como fuente de información textos de autores de
renombre en este campo de estudio, lo cual hace de este trabajo, un compendio de la
información más relevante acerca de los derechos en toda su magnitud enfocándonos
primordialmente en nuestro tema de investigación: Los derechos inherentes a la
personalidad.
A manera de dar una idea acerca de lo que tratará el siguiente trabajo, podríamos
generalizar el concepto de derecho de la personalidad como la facultad que tiene toda
persona sobre uno mismo.
El ámbito en el que se difunde este tema es mundial puesto que los derechos son
innatos a toda persona, y por tal motivo cada país debe regular los mismos, y ya que los
derechos personalísimos son parte de los derechos fundamentales, cada país dirige
estos derechos particulares.
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Dejando de lado la importancia que tiene este tema como objeto de estudio, también
podemos mencionar que la información es relevante en el desarrollo de cada uno
porque es de esta manera que cada persona conozca más acerca de sus derechos que
posee y las normas que tiene que cumplir.
Por otro lado veremos como nuestro país toma posición en el presente tema ya que el
Perú, como Estado Social y Democrático de Derecho garantiza el cumplimiento de estos
derechos contemplados en la Constitución Política y en el Código Civil.
A continuación se detallará cada uno de los derechos personalísimos y su clasificación
según cada autor, puesto que hasta la actualidad no existe un consenso acerca de los
parámetros que se debe usar para dividir estos derechos.
Es así que con la presente investigación buscamos contribuir a la tarea de eliminar las
dudas sobre el tema a exponer, partiendo de citas de autores de renombre y teorías
acerca de los derechos de la personalidad y mediante el análisis de cada uno de los
derechos que están plasmados en la Constitución Política de Perú.
1. ANTECEDENTES
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La teoría de los derechos personalísimos es una conquista del siglo XX, al menos en su
formulación sistemática y metódica actual.
Ciertamente hay precedentes anteriores, pero se trata de manifestaciones
embrionarias y aisladas, carentes de relevancia científica.
Como en el caso de la antigua Grecia, donde la acción de daños procedía, lo mismo por
un daño ocasionado a la persona como por el causado al buen nombre o al patrimonio.
Al respecto Bonet Ramón cita: “entre otros los casos en que existe un derecho a la
inviolabilidad de la propia persona y al libre ejercicio de su propia actividad”.
En Roma existía la actio iniuriarum, la cual era originada por "el desprecio de la
personalidad ajena.
“Algunos autores expresan que existen textos de Cicerón en los que claramente puede
advertirse una regulación sobre aspectos tales como la vida y el cuerpo, el honor,
la libertad”
Los primeros escritos que abordan la cuestión de los derechos que tiene el hombre
sobre sí mismo y oponibles a todos los demás, aparecen en el siglo XVII, esta
concepción serviría para que, el concepto e idea de persona iniciara a escalar
posiciones, pasando del plano meramente filosófico al plano programático.
Las escuelas naturales terminarán el siglo XVIII con importantes conquistas: las
declaraciones de derechos, como un reconocimiento de los derechos que el hombre
tiene por el simple hecho de haber nacido hombre. Aun no se contempla la protección
civil, pero se ha iniciado una nueva etapa, la de los derechos fundamentales. Ahora el
hombre es poseedor de ciertos bienes, mismos que no son otorgados por el príncipe o
por el estado, únicamente le son reconocidos y respetados. Dos siglos después se
advierte la insuficiencia práctica de las sanciones penales, para una protección
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satisfactoria de los derechos de la personalidad. Estas circunstancias motivan la
reflexión e interés de los civilistas por los derechos de la personalidad.
Como mencionamos la protección civil de los derechos de la personalidad es nueva,
pues la mayor parte de la normatividad había sido de índole política o penal, siendo
insuficiente para detener la afectación a tales bienes jurídicos. Es a partir del siglo XX
cuando se inicia con la protección civil de lo que consideramos derechos de la
personalidad y que entra en escena con la aceptación del daño moral.
Es en España donde encontramos una evolución jurisprudencial en la materia de daño
moral bien definida, en el derecho español la construcción de la figura de los derechos
de la personalidad ha tomado carta de naturaleza como derecho positivo en su Código
Civil con la modificación de la Ley 13/1981 que reforma el artículo 162.1º excluyendo
de la patria potestad de los padres "los actos relativos a derechos de la personalidad u
otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez, pueda realizar
por sí mismo".
Por un lado García Serrano señala que “pueden distinguirse tres etapas: en la primera
no se admite la posibilidad de indemnizar pecuniariamente el daño moral; en la
segunda se indemniza aquellos supuestos de daño moral en cuanto producen
repercusiones de tipo patrimonial, más que el daño moral, lo que se sanciona es el
patrimonio indirectamente, y en la tercera fase se admite la indemnización de los daños
morales puros”.
La primera ley civil que se ocupa de los derechos de la personalidad es el código
austríaco de 1811, que en su artículo 16 declara que Todo hombre tiene derechos
innatos, evidentes por la propia razón, y por ello tiene que ser considerado como
persona.
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En una línea similar, aunque más desarrollada, el Código Civil portugués de 1867
dedicaba varias de sus normas a los por él llamados "Derechos originarios"
prescribiendo que los mismos son los que resultan de la propia naturaleza del hombre y
que la ley reconoce y protege como fuente y origen de todos los demás. El nuevo código
portugués de 1966 presenta una completa regulación sobre el tema en sus artículos 70
a 81.
El CC italiano de 1942, es de los primeros ordenamientos que reconocen los derechos
de la personalidad, al señalar: los actos de disposición del propio cuerpo están
prohibidos cuando ocasionan una disminución permanente de la integridad física o
cuando sean contrarios en otra forma a la ley, al orden público o a las buenas
costumbres.
Asimismo dispone que cuando la imagen de una persona o de los padres, del cónyuge o
de los hijos haya sido expuesta o publicada fuera de los casos en que la exposición o
publicación fuera permitida por la ley, o bien con perjuicio de decoro o de la reputación
de dicha persona o de dichos parientes, la autoridad judicial, a petición del interesado,
puede disponer que cese el abuso, quedando a salvo siempre el resarcimiento de los
daños.
Grecia admitió en 1956 en su CC, un derecho general de la personalidad a través del
artículo 57 que disponía: "Quien fuese ilegalmente ofendido en su persona, tendrá
derecho a ver cesar la ofensa inmediatamente, con la garantía de que no se reproduzca
en el futuro".
En 1970 Francia reformó su CC estableciendo que cada uno tiene el respeto a su vida
privada.
La consagración y tutela de los derechos personalísimos en Alemania se lleva a cabo
parcialmente en el BGB. En dicho código se protege por un lado el derecho al nombre
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(art. 12) y por otro, en su artículo 823 responsabiliza civilmente a quien lesione lo que
llama "bienes vitales": la vida, el cuerpo, la salud y la libertad (expresamente
mencionados).
En Suiza el Código, en sus artículos 28 y 29, y el Código de las obligaciones en el artículo
48, establecen una protección a lo que denominan "relaciones personales".
La doctrina y la jurisprudencia han señalado entre esas relaciones personales la lesión
de la libertad personal, el honor, la vida familiar, la vida privada y la paz espiritual.
La regulación sobre la materia del Código Civil italiano de 1942 es incompleta y sólo
contempla la prohibición de disponer del propio cuerpo, el derecho al nombre y a la
propia imagen en sus artículos 5 a 10.
En fecha más reciente el nuevo Código de Brasil, en vigor desde el 10 de enero de 2003,
también legisla sobre los derechos de la personalidad.
En Perú, encontramos que siguiendo los lineamientos de la Constitución Política de
1979, el CC destaca la importancia de la persona humana. Este ordenamiento distingue
entre derechos personales y los derechos personalísimos. Estos últimos son los que
nosotros tratamos como derechos de la personalidad. Los derechos reconocidos por el
CC son: El derecho a la libre disposición o de utilización de órganos o tejidos de seres
humanos, la intimidad de la vida privada (art. 5), la imagen (art. 15), la voz (art. 15), la
correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género que tengan
carácter confidencial (art. 16), los derechos del autor o del inventor, el nombre -que
incluye los apellidos- (art. 19), el seudónimo, el domicilio (art. 33) y la capacidad de
ejercicio.
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Por su parte Fernández Sessarego nos muestra con detalle la evolución que ha seguido
la protección de la persona en el ordenamiento jurídico peruano, tanto en el terreno
del derecho constitucional, como en el Derecho Civil donde el destaca:
“Que la Constitución de 1936 no contenía normas que se ocupasen de regular los
derechos fundamentales de la persona, que recién aparecen en la Constitución de 1979,
en virtud de la presencia de una nueva orientación ideológica que, superando el
positivismo ideológico y los enfoques patrimonialistas, comienza a poner el acento en la
revalorización del ser humano”
Hemos mencionado el reconocimiento legislativo que han tenido los derechos
personalísimos en el derecho civil comparado, pero debemos advertir que la mayoría
de las Constituciones Nacionales, principalmente las posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, han consagrado de manera explícita y plena esta categoría de derechos
subjetivos.
2. CONCEPTO
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Los derechos inherentes a la personalidad son el conjunto de derechos
fundamentales que protegen los bienes constitutivos del núcleo más íntimo del ser
humano. Son derechos que le son necesarios para lograr sus fines y que, en
consecuencia, le pertenecen por el solo hecho de ser persona.
En cuanto a su denominación, la mayor parte de la doctrina se refiere a ellos como
derechos de la personalidad. Empero, Castán Tobeñas nos enuncia algunas otras
denominaciones propuestas: derechos esenciales, derechos fundamentales,
derechos sobre la propia persona, derechos individuales, derechos personales,
derechos de estado o derechos personalísimos.
Los derechos personalísimos son los derechos innatos del hombre cuya privación
aniquilaría su personalidad. Estos derechos son: derecho a la vida, a la salud, a la
libertad, al honor, a la intimidad.
Tienen por fin defender intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad, ya
que es un atributo del mismo.
Los derechos de la personalidad son derechos inherentes a la esfera personal del
individuo. Solo tienen carácter personal y pertenecen a la persona por el solo hecho de
ser persona, cuando adquieren la capacidad jurídica. Estos derechos los tiene toda
persona en el mundo.
Según Carlos Ducci, son un “conjunto de derechos de la personalidad inherentes a la
persona humana, aun no definidos, que constituyen un atributo de la persona por ser
tal, y en consecuencia son iguales para todos.”
La gran mayoría de los autores se refiere a derechos de la personalidad. Encontramos
dos opiniones divergentes, en cuanto al concepto: Gutiérrez Y González y Guitrón
Fuentevilla.
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Así Gutiérrez Y González se refiere a ellos como patrimonio moral o derechos de la
personalidad. Define los derechos de la personalidad como “los bienes constituidos por
determinadas proyecciones físicas y psíquicas del ser humano, relativas a su integridad
física y mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son
individualizadas por el ordenamiento jurídico.”
Por su parte, Enrique Romero Gonzales, basándose en la definición de Gutiérrez y
Gonzales, proporciona una definición más completa, afirmando que los derechos de
personalidad son
“Los derechos subjetivos previstos por el ordenamiento jurídico positivo, que tutelan la
dignidad de la persona, a través de la protección de ciertos bienes constituidos por
proyecciones físicas o psíquicas del ser humano, atribuidas para sí u otros objetos de
derecho.”
También se dice que son aquellos derechos que toda persona física, en la calidad de
sujeto jurídico, lleva inseparablemente desde su origen y que no tienen otro
presupuesto que la existencia de la persona.
Muchos afirman que los llamados derechos de la personalidad no pueden configurarse
como verdaderos derechos subjetivos, porque todo derecho subjetivo entraña como
elementos distintos el sujeto y el objeto del mismo y en los derechos de la personalidad
aparecerían confundidos, como un solo ente. Otros, refutando, manifiestan que el
objeto de los derechos de la personalidad es un ente distinto de la persona.
El hecho concreto es que los derechos de la personalidad protegen supremos intereses
humanos y son considerados por la doctrina y las legislaciones positivas.
El derecho es un término análogo, por lo que se aplica a varios objetos de
conocimiento que son en parte semejantes y en parte diferentes. En primer
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término, derecho es lo justo objetivo que se le debe a otro. Derecho es también la
norma de conducta imperativo-atributiva, impuesta en forma obligatoria por la
autoridad competente para regular la vida dentro de la sociedad. Y finalmente,
derecho es la facultad, derivada o protegida por la norma jurídica, para exigir lo
suyo de cada quien, lo que a cada uno le corresponde.
Los derechos de la personalidad no son otra cosa que derechos subjetivos humanos.
Son facultades derivadas de una norma de Derecho Natural, que halla su
fundamento en lo que es adecuado a la propia naturaleza humana. Gracias a ellos
se tiene la posibilidad de exigir lo que a cada persona le corresponde.
Para Bou Valverde y Pérez Vargas construyen una definición más completa: “Se
trata de valores no patrimoniales que se hacen efectivos mediante situaciones
jurídicas (poderes y derechos, deberes y obligaciones) privadas que protegen los
valores esenciales de la persona, en sus diversos planos de proyección (físico,
psíquico, intelectual, espiritual y de relación)”.
Además de los derechos humanos que se encuentran protegidos y garantizado su
ejercicio en la Constitución, existe otro cuerpo de derechos humanos que sin dejar
de ser derechos fundamentales y originales, se refieren al núcleo más íntimo de las
personas y que el Derecho Civil denomina “Derechos de Personalidad”.
Según Cifuentes define los derechos personalísimos de la siguiente manera: “Son
derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios, que tienen por objeto
manifestaciones interiores de la persona, y que, por ser inherentes, extra
patrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta
y radical.”
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En general todos ubican su estudio en el apartado de las personas. La gran mayoría se
limita a tomar concepto y definición a partir de la experiencia en otros sistemas
jurídicos: Francia, España o Estados Unidos.
Castán divide las instituciones que abarca el Derecho Civil en cuatro grandes grupos:
a) La personalidad, que da lugar a los derechos de la personalidad, y que son
inherentes a la persona en sí misma.
b) La familia
c) La asociación
d) El patrimonio
Pero, ¿qué es la personalidad? Juan XIII en su Encíclica Pacem in Terris declara que
“todo ser humano es persona, es decir, una naturaleza dotada de inteligencia y
voluntad libre, y que, por tanto, de esa misma naturaleza directamente nacen al mismo
tiempo derechos y deberes que, al ser universales e inviolables, zona también
absolutamente inalienables”
En pocas palabras la personalidad es la proyección de la persona en el ámbito de lo
jurídico, es una posibilidad abstracta para actuar como sujeto activo o pasivo en la
infinita gama de relaciones jurídicas
Por su parte Ferrera define los derechos de la personalidad como:
“los derechos supremos del hombre, aquellos que le garantizan el goce de sus bienes
personales. Frente a los derechos a los bienes externos, los derechos de la personalidad
nos garantizan el goce de nosotros mismos, asegurando al particular el señorío sobre su
persona, la actuación de sus propias fuerzas físicas y espirituales.”
En lenguaje ordinario, los derechos humanos son los derechos naturales de la persona
humana. Por el hecho de ser persona, cada hombre es titular de un conjunto de
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derechos que le corresponden naturalmente, anteriores a cualquier intervención del
Estado y que deben ser reconocidos y protegidos por éste.
3. CARACTERÍSTICAS
Al hacer referencia a los caracteres de los derechos inherentes a la personalidad, es
preciso mencionar la inherencia a la persona, puesto que estos derechos son
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personales en el más estricto sentido del término. Por ello frecuentemente se les ha
llamado también personalísimos.
Siendo a su vez, esenciales a la personalidad, nacen con la persona y se extinguen con
ella. Los ordenamientos jurídicos no los conceden, sino que se limitan a reconocerlos,
regulándolos, limitándolos e incluso cercenándolos, pero siempre en conexión con la
persona, porque son inseparables e insustituibles de la personalidad.
Según Álvarez Tabío “los clásicos iusnaturalistas suelen atribuir a los derechos de la
personalidad, que son denominados por ellos como derechos fundamentales, las
características de inviolabilidad, inalienabilidad, e imprescriptibilidad”.
Todo esto contribuye a perfilar los siguientes caracteres, que son consecuencia de esta
inherencia personal:
1. Son derechos individuales, porque lo es el interés que con ellos se protege. Pero,
además, porque son reconocidos concreta y específicamente en favor de cada
persona individualmente considerada, con el fin de asegurar ciertos bienes
personales e individuales suyos, distintos de los de toda otra persona.
2. Son derechos privados en un doble sentido. En primer lugar, porque lo que tratan
de asegurar a cada individuo es el goce de su propio ser privativo y personal,
tanto físico como espiritual o moral, no su actuación externa o pública. En
segundo término, y como consecuencia, porque son derechos privados en el
sentido clásico de la expresión, no públicos a los fines de la protección, pues el
objeto primordial de aquella no es otro sino el sancionador o impedir las
perturbaciones ocasionadas por otros particulares a un bien estrictamente
privado y particular.
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3. Son derechos originarios o innatos, se reconocen a la persona por serlo. Se
adquieren por el nacimiento, sin necesidad de utilizar mecanismos legales para su
adquisición. A esta característica responde lo preceptuado en nuestro Código Civil
cubano, de que la personalidad comienza con el nacimient, lo que equivale a decir
que toda persona desde su nacimiento está investida de derechos reconocidos
por el ordenamiento jurídico para su eficaz protección. Aunque se plantea que no
todos los derechos inherentes a la personalidad son innatos, pues algunos de
ellos, como el derecho moral de autor no surge sobre la base de la personalidad y
necesitan la concurrencia de ciertas circunstancias de hecho, que pudiera ser la
publicación de una obra literaria o artística.
Prieto destaca “la dificultad de admitir el carácter de universalidad de estos
derechos, pues ello implicaría que el derecho en cuestión pertenece a toda
persona sin excepción: adultos, jóvenes, mujeres, empresarios, trabajadores,
nacionales, extranjeros, y es evidente que esto no sucede así, pues existen muchos
de estos derechos ya formulados en términos discriminatorios. Pero no se trata de
ello; la universalidad implica que el derecho pertenece a todo aquel que goce de la
cualidad de ser humano como condición necesaria y suficiente para gozar de este
derecho”.
Mientras que también para Castán Tobeñas, los derechos de la personalidad “son
derechos originarios o innatos, que se adquieren simplemente por el nacimiento,
sin necesidad de la concurrencia de ciertas circunstancias de hecho”.
4. Son derechos absolutos o de exclusión, ejercitables contra todos, ya se trate de
los demás particulares, del estado o de cualquier ente público. No son absolutos
en cuanto su contenido, están condicionados por las exigencias del orden moral y
del jurídico, que obligan a respetar los derechos de los demás hombres y los
imperativos del bien común. Esto significa que tales derechos tienen las
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limitaciones propias de la convivencia social, se prohíbe no solo la lesión de los
bienes y derechos de la personalidad, sino también causar cualquier perjuicio a
terceros, bajo el pretexto del ejercicio de cualquier derecho inherente a la
persona. Se establecen además, limitaciones en interés social, por ejemplo:
la Constitución cubana regula la inviolabilidad del domicilio, es decir, nadie puede
irrumpir en domicilio ajeno sin el consentimiento de sus moradores, pero en
determinados casos la ley permite la irrupción en un domicilio, como puede ser el
caso de un registro.
5. Son extrapatrimoniales, "pues se trata de bienes ideales, no patrimoniales, que
representan un interés extraño a lo patrimonial, fuera del comercio de los
hombres y sin valor en dinero. Aunque excepcionalmente, alguno de estos
derechos tenga un substrato pecuniario. Ni a ello se opone tampoco el hecho de
que la forma normal de reparación de la ofensa se lleve a cabo mediante la
indemnización".
La extrapatrimonialidad lleva consigo, a su vez, la concurrencia de unos cuantos
requisitos específicos de orden negativo, que contribuyen a precisar la distinción
de estos derechos de la personalidad, frente a los demás derechos subjetivos.
Según Beltrán de Heredia es la extrapatrimonialidad, criterio no compartido por
Álvarez Tabío según “expresa se trata de bienes ideales, fuera del comercio de los
hombres y en muchos casos no valuables en dinero, pero ello no es obstáculo para
que excepcionalmente alguno de estos derechos tenga un substrato pecuniario y
casi siempre, o que la forma normal de la reparación de la perturbación u ofensa,
se lleve a cabo mediante una indemnización de carácter económico. Los derechos
de la personalidad son derechos patrimoniales, pues no hay fundamento alguno
que actualmente obligue a seguir dando al concepto de patrimonio un contenido
tan estrecho que lo puramente económico”.
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6. Son indisponibles, pues el sujeto carece de disposición sobre los mismos,
entendida como facultad o poder de realizar un acto cualquiera que decida el
destino del derecho, haciendo dejación de su titularidad. Lo contrario supondría
tanto como permitir la dejación de la propia persona, en todo o en parte, en
virtud de la inherencia antes señalada. Como consecuencia, son intrasmisibles,
pues la facultad de trasmitir no es sino un aspecto concreto de la genérica de
disponer.
7. Son irrenunciables, a causa también de la referida indisponibilidad, pues la
renuncia es el acto jurídico que extingue el derecho por voluntad abdicativa, no
traslativa de su titular, la razón es la inherencia a la persona en cuanto forman
parte de ella, lo que impide pensar en la abdicación, que supondría tanto como el
reconocimiento del suicidio, la automutilación, o el propio deshonor.
8. Son inexpropiables e inembargables. Lo primero, porque los derechos de la
personalidad son de suyo incompatibles con la expropiación forzosa. Lo segundo,
es decir, la inembargabilidad, no solo por la carencia de las facultades de
disponer y trasmitir, sino fundamentalmente por la falta de patrimonialidad.
9. Son imprescriptibles, pues dada la nota de inherencia con la persona, es
imposible pensar respecto de ellos en la aplicación del mecanismo de la
prescripción extintiva. Además el Código Civil cubano reconoce como única causa
de extinción de la personalidad a la muerte, aunque se habla de la prolongación
de estos derechos después de la muerte del titular. El transcurso del tiempo no
afecta su eficacia, el ordenamiento jurídico protege su ejercicio o defensa en
cualquier tiempo. En tal sentido se pronuncia el artículo 124 ch) del Código
Civil cubano.
10. Son derechos vitalicios, ya que pertenecen a la persona durante toda su
existencia, no faltando en ningún instante de la vida.
11. Son también derechos necesarios por cuanto no pueden faltarle a la persona, sin
perjuicio de que en ciertas ocasiones su ejercicio pueda ser limitado por la
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autoridad pública (por ejemplo en el caso de una condena penal de prisión se
privaría el ejercicio al derecho de libertad ambulatoria, o en el supuesto de un
estado de sitio, situación excepcional y temporaria).
12. Asimismo se trata de derechos esenciales, ya que no le pertenecen al hombre
por una circunstancia ajena o externa sino que se trata del mínimo indispensable,
básico, para el contenido de la personalidad humana. La persona sería
incompleta sin estos derechos.
13. Son derechos de objeto interior, en virtud de que al ser manifestaciones de la
persona se encuentran íntimamente vinculados a ella y no pueden ser captados
sin atender a la unidad compuesta del hombre. Por tanto no se trata de derechos
exteriores, sino interiores al propio sujeto titular.
14. Son derechos inherentes, en el sentido de que son intransmisibles por no ser
posible escindirlos de la persona a la que pertenecen. Como consecuencia de ello
resulta que los derechos personalísimos son irrenunciables.
15. Se trata de derechos relativamente indisponibles ya que no es posible venderlos,
transmitirlos. Por ello, los derechos de la personalidad están fuera del comercio y
no pueden ser objeto de ningún negocio jurídico. Es decir se trata de derechos
inajenables, inembargables, intransferibles, imprescriptibles e inejecutables. Sin
embargo afirmamos que esta indisponibilidad es "relativa" porque es posible
alterarlos, transitoria y parcialmente.
16. Los derechos personalísimos son derechos privados por cuanto se colocan en el
campo del comportamiento de los particulares.
17. Se trata de derechos autónomos, porque los derechos de la personalidad tienen
un conjunto de caracteres, los estudiados que los caracterizan e individualizan
frente a los otros derechos subjetivos. Atendiendo a los caracteres enumerados
como tipificantes de los derechos de la personalidad, consideramos importante
diferenciar éstos de otros derechos personales con los que algún autor los ha
confundido.
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4. CLASIFICACIÓN
De acuerdo con los criterios sostenidos por la legislación y doctrina nacional, tenemos
que los derechos de la personalidad aceptan varias clasificaciones.
Por cuanto hace a la redacción de los derechos de la personalidad no encontramos una
clasificación estricta, tenemos una simple enumeración de los bienes protegidos por la
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figura del daño moral: sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida
privada, configuración y aspectos físicos, asimismo se atiende a la consideración que de
sí misma tienen los demás. De lo anotado, consideramos que los derechos de la
personalidad atienden a la doble perspectiva manejada en la doctrina española: interna
y externa, inmanente o trascendente, en tratándose del bien de la personalidad honor:
"Desde el punto de vista interno, el honor es la propia estimación, la estimación que uno
tiene de sí mismo. Desde la perspectiva externa, el honor es la estimación en que los
otros nos tienen".
Siguiendo la posición de Gutiérrez Y González, según la cual, es evidente de las
clasificaciones y definiciones analizadas, que el tema de los derechos de la personalidad
es un tema de carácter cultural, puesto que el catálogo de tales derechos variará según
el criterio y costumbres que priven en una colectividad humana, y también según cada
época.
Cabe recordar, y no perder de vista, el hecho de que en otros sistemas jurídicos los
derechos de la personalidad se "limitan" a tres elementos: honor, intimidad e imagen.
Sin embargo, un análisis más cercano nos permitirá apreciar que la limitación
cuantitativa no corresponde con la multiplicidad de abstracciones legales que incluye,
por lo que finalmente, casi todos los bienes del patrimonio moral están a resguardo.
Caso contrario ocurre, por ejemplo, en nuestra legislación, que expone limitativamente
hasta nueve "derechos de la personalidad", siendo en la práctica nugatoria tal
disposición. Igual sucede con la norma penal que en muchos países protege tales
bienes jurídicos. Esto permite señalar que hace falta prever mecanismos
jurisdiccionales que permitan una cabal vigencia a los sistemas de protección legal de
los derechos de la personalidad.
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A continuación analizaremos la que nos ofrece la doctrina extranjera, representada por
Cupis, y las que en el ámbito nacional exponen Guitrón Fuentevilla Y Gutiérrez Y
González, para posteriormente tratar de definir los conceptos ahí vertidos.
Clasificación propuesta por de Cupis:
Este autor italiano, conocido por su obra en dos volúmenes “I diritti della personalitá”
considera que los derechos de la personalidad se comprenden en cinco grandes
apartados:
I) Derecho a la vida y a la integridad física
II) Derecho a la libertad
III) Derecho al honor y a la reserva
IV) Derecho a la identidad personal
V) Derecho moral de autor.
En el primer rubro aparecen el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho
sobre las partes separadas del cuerpo y sobre el cadáver. En el tercer rubro, se
comprende el derecho al honor, a la reserva (el cual comprende, además de otras
manifestaciones, el derecho a la imagen) y al secreto; en el cuarto apartado se
comprende al nombre (también sobrenombre, seudónimo y los nombres extra
personales), el título y el signo figurativo.
Clasificación propuesta por Guitrón Fuentevilla.
De acuerdo con este autor, y luego de sugerir su división en dos grupos: civiles y
familiares, los derechos de la personalidad comprenden:
a) La protección física, material, externa o corpórea, dentro de la cual se
encuentran: el derecho de protección de la vida, del cuerpo, de sus partes, de
su integridad física, de la imagen y de la disposición del cuerpo y sus partes.
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b) La protección íntima, interna, moral o corpórea, que comprende: el derecho a la
intimidad, de la integridad moral, de la dignidad humana, del honor, del secreto
profesional, telefónico, telegráfico, epistolar y audiovisual; el derecho de la vida
privada, de los derechos intelectuales o de autor y el de la voz.
c) La protección póstuma de la persona física jurídica; así, se integran en esta
protección: la del cadáver, el prestigio del muerto, de las reliquias, funerales y
tumbas; los recuerdos de familia; la cremación y depósito de las cenizas, la
exhumación y la donación o venta de las partes del cadáver.
Los primeros dos apartados comprenden los derechos de la personalidad, en "materia
civil" y el último, en "materia familiar". Lamentablemente Guitrón Fuentevilla se limita
a exponer su clasificación en los términos anotados. Si apunta, por otra parte, a
considerar los derechos de la personalidad como derechos subjetivos, al argumentar
que "hay un derecho subjetivo al permitir a su titular exigir el cumplimiento del derecho
que él tiene para que sea respetada su integridad; y por otro lado, el deber jurídico de
todo el mundo o de personas determinadas para que se cumplan, respetando esa
integridad y, en caso contrario, surgirá una responsabilidad y como consecuencia una
indemnización". Son fundamentales por tenerlos todas las personas, aun cuando la
tutela jurídica no ha sido totalmente definida.
Clasificación propuesta por Gutiérrez Y González
Por su parte, y con un cimiento teórico más profundo y aportando más elementos para
su discusión, Gutiérrez Y González dedica un gran apartado de su obra El patrimonio al
tema.
Apoyado, según sus propias palabras en las ideas de de Cupis y de Nerson, considera a
los derechos de la personalidad dentro de tres amplios campos:
a) Parte social pública
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b) Parte afectiva
c) Parte físico somática.
La parte social pública comprende:
1) el derecho al honor o reputación
2) el derecho al título profesional
3) el derecho al secreto o a la reserva
4) el derecho al nombre
5) el derecho a la presencia estética
6) los derechos de convivencia.
La parte afectiva comprende los derechos de afección en dos grandes ámbitos: el
familiar y el de amistad.
La parte físico somática comprende:
1) el derecho a la vida;
2) el derecho a la libertad
3) el derecho a la integridad física
4) los derechos ecológicos
5) los derechos relacionados con el cuerpo humano
6) los derechos sobre el cadáver.
Clasificación según los bienes jurídicos
La clasificación de los derechos personalísimos ha de realizarse atendiendo a los bienes
jurídicos, o a las manifestaciones innatas de la persona que respectivamente protegen
En este sentido se ha clasificado a los derechos de la personalidad en:
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I. Derechos de la integridad física : Dentro de los que quedan comprendidos todos
los derechos relativos a las manifestaciones de la persona sobre su propio
cuerpo.
Un jurista español, Borrell Maciá, se pregunta si el hombre tiene derechos sobre
su propio cuerpo y luego de pasar revista a la opinión de una serie de autores,
señala que "la técnica tradicional encuentra dificultades para amoldarse al
reconocimiento del derecho sobre la propia persona", pero su interesante
estudio gira sobre el problema de la posible disponibilidad de esos derechos,
mientras que nosotros en este trabajo enfocamos principalmente la protección
de la persona humana y de su integridad física.
En esta clase de derechos se incluyen las facultades humanas personalísimas
vinculadas con el desarrollo, provecho y defensa de la personalidad física de la
persona: el derecho a la vida que atañe a la existencia vital del cuerpo
(consecuentemente se encuentra sancionado en nuestro ordenamiento el
aborto, el homicidio en todas sus modalidades y en general todos los atentados
contra la vida) y el derecho a la salud (tanto la conservación como el recupero
de la misma; por eso se encuentran prohibidas ciertas operaciones quirúrgicas,
imposibilitados ciertos tratamientos y prohibidos algunos exámenes médicos sin
el consentimiento del paciente).
II. Derechos de libertad : que no sólo atienden a la libertad de movimiento (de
locomoción o desplazamiento) sino también a la libertad espiritual, es decir a la
posibilidad de hacer o no hacer (la concertación de negocios, la realización de
actos) y la que se vincula a la libertad de conciencia (libertad religiosa, libre
expresión de ideas, etc.).
25
Estos derechos atienden al ejercicio sin trabas tanto de las fuerzas físicas como
de las espirituales.
En el derecho peruano, Espinoza Espinoza afirma que "el derecho a la libertad
tutela tanto el libre desarrollo de la personalidad de los sujetos... como el poder
que estos tengan para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas".
III. Derechos sobre la integridad espiritual : comprensivos del honor, de la imagen y
del derecho a la intimidad o a la vida privada.
IV. Derechos al reconocimiento y respeto de la propia individualidad del sujeto : En
esta clase suele ubicarse el derecho al nombre; pero, como ya hemos expuesto,
para nosotros, más que de un derecho personalísimo se trata de un atributo de
la persona
Clasificación según la Constitución Política
I. Derechos a la Individualidad
Derechos a la individualidad física: Implica la protección de la vida y de la
integridad corporal.
La CP señala en el Nº 1 del artículo 19, el “derecho a la vida y a la integridad
física y síquica de la persona”. Los atentados a estos derechos constituyen
delitos penados por el Código Penal. Los delitos de homicidio y lesiones, por
ejemplo, sancionan la protección a la vida y a la integridad física
respectivamente.
Derechos a la individualidad como persona libre: Serie de derechos que en
general tiene el individuo con relación al Estado. Son definidos y
26
reglamentados por el Derecho Público y se encuentran establecidos en la
Constitución.
El Nº 7 del artículo 19 de la CP establece el derecho a la libertad personal y
a la seguridad individual.
Están penados: 1) los crímenes y delitos que puedan cometer los
particulares contra la libertad y seguridad de otros y 2) los agravios por
funcionarios públicos a los derechos garantizados por la CP.
Pertenecen a este grupo: los derechos a la libertad de reunirse y asociarse;
libertad de expresión y de culto; el derecho a residir y trasladarse; el
derecho a la libertad de trabajo; el derecho a la intimidad privada; el
derecho a la inviolabilidad del hogar; etc.
II. Derechos a la Personalidad Civil
Derecho al nombre: Se considera un derecho subjetivo que tiene una
persona de usar su nombre y oponerse a la usurpación o uso indebido del
mismo por parte de terceros (art. 214 Código Penal). En la falsificación de
instrumentos públicos o privados una de las formas de configuración del
delito es el contrahacer o fingir una firma.
Estado Civil: El Código Penal considera especialmente la usurpación del
estado civil de las personas y la ocultación o sustitución de una persona
para hacerla perder su estado. El estado civil está protegido por diversas
acciones civiles, entre ellas: las acciones de reclamación de estado, acciones
de contestación de estado y las acciones constitutivas de estado.
Derecho a la propia imagen: La reproducción de los rasgos de una persona,
sin su consentimiento, es una acción culpable. Sin embargo, esta teoría se
27
ha visto limitada, por ejemplo con la libertad de información, que justifica
reproducir la imagen de personas públicas, sitio u ocasión en que una
fotografía ha sido tomada en el caso que se trate de lugares o sucesos
públicos donde su publicación no puede estar subordinada al
consentimiento de cada una de ellas.
III. Derechos a la Personalidad Moral
Implica la protección del honor, de la reputación e incluso de los
sentimientos de afección.
El articulo 19 Nº 4 garantiza el respeto y protección a la vida privada y
pública y a la honra de la persona y de su familia.
El Código Penal contempla los delitos de calumnia e injuria en los artículos
412 y 416 respectivamente. La injuria consiste en la imputación de un delito
determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio. La
calumnia es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra,
descrédito o menosprecio de otra persona. La correspondencia que existe
entre la sanción penal y la indemnización civil del hecho se destruye aquí
por una disposición totalmente anacrónica del Código Civil. El artículo 2331
dice: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una
persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a
menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse
en dinero”.
28
La protección de los sentimientos de afección constituye, dentro de la
responsabilidad civil, lo que se ha llamado indemnización del daño moral
(proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las
facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones sociales o morales
inherentes a la personalidad humana). La objeción principal a esta
institución consistió en que no se ve como un daño que hiere los
sentimientos de afecto podía ser indemnizado pecuniariamente. Aceptada
ya la indemnización por daño moral, se considera que aunque ella no
significa reparación constituye, a lo menos, una compensación.
Clasificación general enlistada
Otros autores, en una gran síntesis, agrupan, por un lado, los derechos que protegen la
inviolabilidad física de la persona, y, por otro, los que resguardan su integridad moral.
1) Derecho a la protección de la propia integridad física
Este derecho se actúa a través de las normas penales que castigan el homicidio y las
lesiones personales, la ayuda e instigación al suicidio. Además, la legítima defensa es
una causa de justificación de los males que el agredido pueda causar al agresor.
El art. 19 Nº 1 de la Constitución Política asegura a todas las personas: “1º el derecho a
la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
“La ley protege la vida del que está por nacer”.
El que sufre un atentado contra su integridad física o psíquica tiene el derecho de
demandar el cese de tal hecho, la sanción penal que merezca y la indemnización del
daño material y moral experimentado (Constitución, art. 20; Código Civil, arts. 2314 y
2329)
29
2) Derecho al honor
En la integridad moral de los individuos tiene capital importancia el derecho al honor
que, en el campo penal, es protegido por la sanción de los delitos de calumnia e injuria
(arts. 412 y 416 del Código Penal).
La calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda
actualmente perseguirse de oficio. (art. 412 del Código Penal)
El artículo 416 del Código Penal dispone que: “Es injuria toda expresión proferida o
acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”.
Generalmente, todos los delitos penales, además de la sanción de este carácter que se
impone al autor, dan lugar a una indemnización pecuniaria a favor de la víctima, no
sólo por los daños materiales sufridos por ella, sino también por los daños puramente
morales.
Sin embargo, por excepción, el Código Civil dispone en el artículo 2331 que: “Las
imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho
para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o
lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la
indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación”.
Esta disposición contenida en el artículo 2331 ha sido muy criticada por la doctrina y la
verdad es no tiene razón de ser y debería ser derogada.
No tiene lógica alguna que si las imputaciones injuriosas no traen un menoscabo
patrimonial, no pueda reclamarse una indemnización en dinero, aunque la víctima haya
sufrido grandes pesares a causa de dichos ataques a su honor o su crédito
30
La ley Nª 16.643, que fija el texto definitivo de la Ley sobre Abusos de Publicidad,
establece penas corporales severas para los delitos de calumnia e injuria cometidos por
cualquiera de los medios que señala su artículo 16 (diarios, revistas, radio, televisión,
cinematografía, etc.), y además declara que sin perjuicio de otras indemnizaciones que
sean procedentes, el ofendido tendrá derecho a que, por el sólo hecho doloso o
culposo, se le otorgue siempre una suma de dinero para la satisfacción del daño moral
(arts. 21 y 34).
3) Derecho a la intimidad
Es un principio que nadie puede interferir en la vida íntima de una persona, como
tampoco divulgarla, a menos que ella lo consienta o la ley lo autorice.
La Constitución asegura en el art. 19 Nº 4º: “El respeto y protección a la vida privada y
pública y a la honra de la persona y de su familia”.
El problema surge cuando se trata de conciliar la libertad de imprenta y de difusión de
noticias por los medios de comunicación social con el derecho de cada uno a que
terceros no se entrometan en la vida privada.
La solución exige determinar el límite entre el legítimo ejercicio del derecho de crónica
y crítica, por una parte, y la indebida invasión de la esfera ajena, por la otra.
La Ley de Abusos de Publicidad sanciona al que difunde, a través de cualquier medio de
comunicación social, hechos de la vida privada de una persona que causaren o
pudieren causar daño material o moral a ella, su cónyuge, ascendientes, descendientes
o hermanos.
31
La indemnización de perjuicios correspondiente es la misma que vimos para los delitos
de injuria y calumnia cometidos a través de los medios de publicidad.
La ley, por cuestiones judiciales o de policía, autoriza a funcionarios competentes para
intervenir en la vida privada de las personas en la medida que sea necesario para los
fines que se persiguen.
El art. 161-A del Código Penal castiga al que, en recintos particulares o lugares que no
sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio,
capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter
privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos o de
carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter
privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares
que no sean de libre acceso al público.
4) Inviolabilidad de las comunicaciones y papeles privados
El artículo Nº 19 Nº 5 de la Constitución Política garantiza la inviolabilidad de toda
forma de comunicación privada, en consecuencia, abarca la epistolar, la telegráfica, la
telefónica, etc.
El Código Penal castiga en su art. 146, inciso 1º al que abriere o registrare la
correspondencia o los papeles de otro sin su voluntad. La pena es mayor si el intruso
divulga o se aprovecha de los secretos que aquéllos contienen.
El mismo art. 146 del Código Penal en sus incisos 2º y 3º señala que esta disposición no
es aplicable entre cónyuges, ni a los padres, guardadores o quienes hagan sus veces, en
cuanto a los papeles o cartas de sus hijos o menores que se hallen bajo su
32
dependencia. Tampoco es aplicable a aquellas personas que quienes por leyes o
reglamentos especiales, les es lícito instruirse de correspondencia ajena.
El delito supone correspondencia cerrada. Por eso la Ley Orgánica del Servicio de
Correos y Telégrafos declara que no se viola el secreto postal cuando se trata de cartas
abiertas (Decreto Nº 5.037 de 1960, del Ministerio del Interior, art. 83, inciso 22).
Nuestro Código Civil no regula las condiciones para divulgar comunicaciones de
carácter confidencial. Planteada al respecto una cuestión, el juez deberá llenar la
laguna legal recurriendo a la equidad.
En esta materia puede servir de pauta el Derecho Comparado. El Código Civil Boliviano
de 1975 y el Código Civil Peruano de 1984 contienen normas expresas a este respecto.
5) Derecho a la imagen
La doctrina universal y el Derecho Comparado revelan que hay dos tendencias respecto
al derecho que tiene una persona sobre su imagen.
De acuerdo con la primera posición, tal derecho existe plenamente; según la otra, ese
derecho no existe y la persona de cuya imagen se han aprovechado otros sólo puede
reclamar si se la perjudica en su prestigio moral.
El primer punto de vista lo encontramos acogido en el Código Civil Peruano de 1984,
que en su art. 15 dispone: “La imagen y la voz de una persona no pueden ser
aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto sin el asentimiento de su
cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.”
“Dicho asentimiento no es necesario cuando la utilización de la imagen y la voz se
justifique por la notoriedad de la persona, por el cargo que desempeña por hechos de
importancia o interés público y por motivos de índole científica, didáctica o cultural y
33
siempre que se relacione con hechos o ceremonias de interés general que se celebren
en público. No rigen estas excepciones cuando la utilización de la imagen o la voz
atente contra el honor, el decoro o la reputación de la persona a quien corresponde”.
De la ley Nº 19.039 de 25 de enero de 1991, sobre Privilegios Industriales y Protección
de los Derechos de Propiedad Industrial se podría colegir que en Chile existe el derecho
a la imagen, por cuanto esta ley señala en su artículo 20 letra c) que “No puede
registrarse como marca comercial el retrato de una persona cualquiera, salvo el caso de
consentimiento expreso dado por ella, o por sus herederos si hubiere fallecido...”.
6) Las libertades
En sentido amplio, se entiende por libertad la facultad de obrar conforme a la propia
determinación, sin imposición ajena alguna.
Divídase en libertad física de locomoción, esto es, de moverse, de trasladarse de un
lugar a otro; libertad civil o libertad de obrar a a su antojo dentro de los límites fijados
por la ley civil; libertad política, que es el derecho de tomar parte, en la forma
determinada por la Constitución, en el gobierno del Estado.
Libertad de conciencia, poder de obrar según la propia conciencia, sobre todo en
materia de religión; libertad de pensamiento, facultad de manifestar exteriormente el
pensamiento, por escrito o de palabra.
Todas las libertades señaladas aparecen en una u otra forma en la Constitución, y ésta
agrega otras más específicas, como la de reunirse y asociarse, la de trabajo, etc.
7) La inviolabilidad del hogar
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El art. 19 Nº 5 de la Constitución Política asegura a todas las personas la inviolabilidad
del hogar, el cual sólo puede allanarse en los casos y formas determinados por la ley.
Esto quiere decir que nadie puede entrar en la casa en que reside o mora una persona
contra la voluntad de ésta, ni efectuar ahí una medida judicial o una pesquisa, salvo los
casos previstos por la ley.
8) Derecho moral de autor
Las leyes reconocen al autor de toda obra escrita, sea literaria, científica o técnica, dos
clases de derechos: uno patrimonial y otro moral.
El derecho patrimonial faculta al autor para explotar económicamente, en diversas
formas y de un modo exclusivo, su obra.
El derecho moral de autor, que exterioriza el lazo entre la personalidad de éste y su
obra, se traduce en un cúmulo de facultades, como son la de defender la paternidad de
la obra, exigir que se le reconozca e indique como autor de la misma, la de decidir si sus
escritos se publiquen o no, quedando inéditos; la de oponerse a toda modificación,
deformación o mutilación de ellos; la de impedir cualquier utilización de la obra que
pueda menoscabar su honor o reputación; la de destruir la obra o retirarla de la
circulación.
35
5. ESTRUCTURA
Como en todo derecho subjetivo, encontramos en la estructura de los derechos
personalísimos un elemento subjetivo (sujeto), un elemento objetivo (objeto) y un
contenido que le es propio. El elemento subjetivo no es sino la persona física, todo
hombre, por su sola condición de tal es sujeto activo de tales derechos, en un plano de
igualdad total.
Se ha discutido si las personas jurídicas son también titulares de derechos
personalísimos; estimamos que aun cuando no lo sean en igual medida y plenitud que
36
las personas físicas, las personas de existencia ideal gozan de algunos derechos de la
personalidad como el honor (comercial o societario), o el nombre (razón o
denominación social).
En el derecho peruano Carlos Cárdenas Quirós:
“señala con acierto que "las personas colectivas o jurídicas pueden experimentar la
agresión de algunos derechos tales como el honor, la buena reputación, el crédito
comercial, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de
contratación, etc.”
El elemento objetivo está íntimamente unido a la persona, y como lo adelantáramos
precedentemente, no se confunde con ella. El objeto de estos derechos son las
manifestaciones determinadas en los hechos reales de la persona, que la sociedad
reconoce y el derecho protege, como, por ejemplo, la integridad del cuerpo, la salud, el
honor, etc.
Interesante al respecto ha sido la tesis formulada por Beltrán de Heredia, quien
considera que el objeto de los derechos de la personalidad no es el bien en sí mismo (la
vida, el honor) como no lo es la cosa en el derecho de propiedad, sino el " interés" que
el bien material o inmaterial representa para su titular. Creemos que no se
contraponen la idea de "manifestaciones" e "interés", por el contrario, se
complementan.
Así, el objeto de los derechos personalísimos son las manifestaciones de la persona en
la sociedad, en cuanto dichas manifestaciones importan un interés o beneficio para la
persona, interés digno de tutela jurídica.
Finalmente, el contenido de los derechos de la personalidad se integra de un haz de
facultades o poderes que permiten al titular del derecho ejercerlo, disfrutar y gozar del
37
bien inmaterial protegido, exigir jurisdiccionalmente el cese de los actos que lo
lesionen o perturben, y reclamar la indemnización de la lesión que se le causare.
6. NATURALEZA JURÍDICA
Se ha discutido en la doctrina si los derechos de la personalidad son o no verdaderos
derechos subjetivos.
Existen básicamente dos posiciones encontradas:
Una primera, que podríamos llamar minoritaria, sostiene que los derechos
personalísimos no pueden ser considerados como verdaderos derechos subjetivos.
38
Los fundamentos dados en sustento de esta tesis son de lo más variados pero en lo
esencial tienden a destacar que en esta categoría de derechos no se manifestaría la
estructura esencial de los derechos subjetivos (sujeto, objeto y contenido).
Así advierten que:
1) Para que exista derecho subjetivo debe haber un deber correlativo y en los derechos
personalísimos no existe sujeto pasivo;
2) Todo derecho subjetivo requiere de un objeto preciso y delimitado sobre el cual
recaer, pero en los derechos de la personalidad el objeto sería la propia personalidad
con lo cual se caería en el absurdo de que la persona sea a la vez sujeto y objeto del
derecho. Al respecto se dice que la persona es el sujeto de todo derecho y,
consecuentemente no puede ella ser en sí misma derecho y
3) Esta categoría de supuestos derechos carece de modos de adquisición, transferencia
y extinción. Por todo ello, se indica que los derechos de la personalidad serían solo
facultades, lo lícito, bienes protegidos por el ordenamiento (la vida, el honor, la
integridad corporal) pero no derechos subjetivos, y que el derecho subjetivo recién
surgiría después de la lesión inferida por otro sujeto a esos bienes (homicidio, lesiones,
injurias, etc.) y tal derecho que surge no se caracterizaría como el derecho a la vida o a
la integridad física, etc. sino como el derecho a obtener la condena penal o civil del
ofensor.
Una segunda posición, mayoritaria, entiende en cambio que los derechos
personalísimos son verdaderos derechos subjetivos.
Refuta las objeciones esgrimidas por la doctrina negatoria y aduce que los derechos de
la personalidad gozan de la estructura propia de los derechos subjetivos, esto es: un
sujeto activo o titular, un objeto y un contenido.
39
Por nuestra parte, adherimos a la posición prevaleciente que ve en los derechos de la
personalidad verdaderos derechos subjetivos.
En efecto, consideramos que las objeciones y fundamentos dados por la posición
negatoria carecen de trascendencia y se encuentran impregnados de una visión
patrimonialista de los derechos subjetivos.
Consideramos que existe un deber correlativo, pero con la característica de que el
sujeto pasivo es toda la comunidad (al igual de lo que ocurre en los derechos reales), es
decir todos los sujetos tienen el deber de respetar los derechos personalísimos del
otro.
Con relación a que el objeto se confunde con el sujeto de tales derechos, creemos que
ello no es así; el objeto de los derechos personalísimos es el honor, la vida, la integridad
física, etc.
Aun cuando tales objetos pertenecen e integran la personalidad humana, una persona
puede verse privada de alguno de ellos, con lo cual el objeto es individualizable y
separable de la persona sujeto del derecho.
Respecto al tercer argumento consistente en que el derecho objetivo no prevé los
modos de adquisición, modificación o extinción de esta categoría de derechos, creemos
que se trata de una falacia argumentativa, de una petición de principio.
No es requisito ni recaudo de los derechos subjetivos que el ordenamiento prevea tales
cuestiones, de hecho existen derechos patrimoniales que tampoco pueden ser
transferidos o cedidos.
Finalmente, no es cierto que el derecho aparezca recién luego de lesionado; si
mediante la indemnización de los daños no se pudiera reparar en especie, el
40
resarcimiento no haría más que reemplazar o sustituir el derecho personalísimo
lesionado, como sucedáneo del ataque a un derecho anterior.
Creemos que no pueden caber dudas respecto a que los derechos personalísimos son
derechos subjetivos, o más bien, relaciones jurídicas tutelables.
Si los terceros tienen la obligación de respetar nuestra esfera propia, nuestra
personalidad, es justamente porque es nuestra, porque tenemos señorío o dominio
sobre ella.
De lo contrario no se comprendería la facultad de toda persona de hacer cesar toda
perturbación a los derechos de la personalidad.
Además carecería de sentido que el ordenamiento jurídico positivo se ocupara de
regular con precisión la disposición de ciertos derechos, como por ejemplo el supuesto
de los trasplantes de órganos; si no existiera derecho subjetivo, el derecho objetivo no
se preocuparía por legislar sobre su disposición.
Por otro lado Para explicar la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad se
puede recurrir a las teorías más comunes para, a partir de ellas, adoptar una postura
acorde con el texto legal federal, sin olvidar las posiciones de los códigos locales. La
dogmática jurídica ha sido pródiga para explicar la naturaleza jurídica de los derechos
de la personalidad, que hasta el momento sigue siendo cuestionable. Se destacan tres
teorías que pretenden vislumbrar el contenido de esta institución jurídica: la del ius in
se ipsum defendida, entre otros por Gómez De Amescua Y Carnelutti; la pluralista
representada por de Cupis y la negativa, defendida por De Castro. A continuación nos
referiremos a ellas.
La teoría del ius in se ipsum defendida por Gómez De Amescua y Samuel Stryck en el
siglo XVII.
41
“habla de un derecho único de la persona sobre su propio cuerpo. Aquí se pretende y
entiende que el hombre, como sujeto, como persona, tiene un derecho sobre sí mismo,
sobre su cuerpo, en tanto es considerado como cosa”.
Existe un único derecho de goce del propio cuerpo, integrado tal derecho por diversas
relaciones de utilidad, que no podrían considerarse constitutivos de otros tantos
derechos de la personalidad.
La teoría pluralista considera que el objeto de los derechos de la personalidad está
constituido por los modos de ser físicos y morales de la persona; "su característica
principal es que se encuentra con la persona en una conexión estrechísima".
Para De Cupis “la teoría tiene importancia práctica, en cuanto lleva al intérprete a
mantener la tutela jurídica del individuo humano en términos más razonables y
ajustados al derecho positivo".
En la teoría negativa, se entiende que la "protección de la esfera de la personalidad
debe utilizar, como figura central la del bien jurídico en lugar de la del derecho
subjetivo".
¿DERECHOS SUBJETIVOS O BIENES JURÍDICOS?
Existe una tesis prevaleciente en muchos pueblos a favor de la existencia de los
derechos subjetivos de la personalidad. Al respecto, se ha planteado que la simple
concurrencia de la protección pública de determinados bienes personales no indica la
existencia del derecho subjetivo, pero esta es evidente cuando esa tutela pública se
individualiza a favor del particular o se deja a su arbitrio.
No existen razones poderosas para negar la existencia de la categoría jurídica
constituida por los derechos subjetivos de la personalidad. Si el derecho subjetivo
presupone siempre un deber jurídico que haga factible una pretensión, hay que
42
reconocer que algunos derechos como: el derecho a la vida, a la libertad, al honor,
entre otros, forman parte del deber jurídico que concierne a todos, en el sentido de
que no han de ser ilegítimamente quebrantados.
Otra cuestión afín lo constituye el hecho de que si el concepto de derecho subjetivo
presupone un poder al que el ordenamiento jurídico otorga determinada autonomía,
no hay dudas que técnicamente es posible objetivar tales derechos, independizándose
de la personalidad misma y elevándose como bienes jurídicos que se convierten en
objetos de derechos protegidos por una determinada acción civil.
En los derechos inherentes a la personalidad pueden concurrir las cualidades propias
de los derechos subjetivos, siempre que el ordenamiento positivo otorgue un poder
jurídico a su titular frente a otras personas, y lo ponga a su libre disposición, tutelado
por una acción judicial.
Otra posición en la doctrina la constituye la argumentada teoría del profesor De Castro,
el cual afirma rotundamente lo inadecuado de aplicar el concepto de derecho subjetivo
al tema de la naturaleza jurídica de la protección a la esfera de la personalidad, este
autor propone utilizar como figura central la del bien jurídico, en lugar de la del
derecho subjetivo.
Con relación al tema se ha planteado por numerosos civilistas la no existencia de
verdaderos derechos subjetivos, en el caso de los derechos inherentes a la
personalidad; comentan que se trata de bienes personales, de presupuestos jurídicos
de la persona individual que se hayan protegidos por la ley, pero que no constituyen
propios derechos subjetivos.
De lo anteriormente expuesto se colige que entre los términos derecho subjetivo y bien
jurídico no existe rivalidad, sino que convergen. Los derechos subjetivos de la
personalidad recaen indistintamente sobre los bienes jurídicos personales, por ello,
43
cada derecho de la personalidad presenta diferente contenido con relación al "bien"
particularmente atendido.
Al respecto se considera indiscutible la existencia de determinados derechos o bienes
de la personalidad, al igual que un deber general de respeto hacia los mismos por toda
la comunidad. Como también pudiera hablarse de verdaderos derechos subjetivos en
algunos de ellos, pero con características especiales.
7. DISTINCIÓN DE LOS DERECHOS INHERENTES A LA
PERSONALIDAD CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Aunque no es menos cierta la similitud entre los derechos fundamentales del hombre
como ciudadano, los cuales son reconocidos por la casi totalidad de los países en
Convenciones Internacionales y regulados en las Constituciones o Cartas Magnas,
incluida la nuestra, con los derechos inherentes a la personalidad, estos últimos
difieren en el contenido y en su protección legal. Pues se trata de los derechos
infaltables del hombre, que dimanan del reconocimiento de su personalidad jurídica
civil. Estos derechos nacen con el hombre, se corresponden con su naturaleza y están
indisolublemente unidos a este, porque su existencia es anterior a su reconocimiento
por el estado.
La conciencia clara y universal de los Derechos Fundamentales es propia de los tiempos
modernos, esto no quiere decir que el hombre medieval no tuviera Derechos
Fundamentales. Lo que ocurre es que conocía los derechos estamentales, es decir, los
derechos propios de los estados u órdenes en que aparece estratificada
la sociedad feudal.
44
Para Castán “la frase Derechos del Hombre es muy poco significativa y lleva consigo
una redundancia. Pues todos los derechos son humanos, sin embargo se emplea en un
sentido específico en relación con determinados derechos, diferenciados de los demás.
Lo que pasa es que según las épocas, han sido diversos los derechos aludidos y también
las denominaciones”.
Para algunos autores “los derechos humanos suponen una constante histórica, cuyas
raíces se remontan a las instituciones y al pensamiento del mundo clásico. Otros
sostienen que estos nacen con la afirmación cristiana de la dignidad moral del hombre.
Lo más frecuente es considerar que estos tuvieron lugar durante la lucha de los pueblos
contra el régimen feudal y la formación de las relaciones burguesas”.
Cuando se habla de derechos humanos, equivalentes a derechos fundamentales, se
alude al ámbito jurídico ajeno. Hoy se considera que pertenecen al derecho público, ya
que aluden a las relaciones individuo-estado. Pues se trata de limitar las facultades de
los poderes legislativo y ejecutivo mediante la imposición del respeto a ciertas
libertades individuales que no se pueden menoscabar o no pueden hacerlo sino de
forma limitada, a través de la suspensión de las garantías constitucionales.
La esencia y contenido de los derechos sobre la persona propia consisten en la facultad
de disponer, en todas las formas, de la propia persona física, por el derecho que todo
hombre tiene sobre su persona, puede disponer de ella, impedir cualquier atentado
contra ella y obtener la reparación del daño del que ofendió estos derechos, aun
cuando se ha dicho que el hombre tiene facultades para disponer de sí mismo, no se ha
demostrado todavía que estas facultades constituyen un verdadero y propio derecho.
Pera muchos juristas “no admiten que la propia persona pueda ser objeto de derecho,
ello equivaldría a que el sujeto fuese al mismo tiempo objeto”.
45
Esto no excluye que existan derechos que garanticen determinadas manifestaciones de
la personalidad o bienes personales (derechos de la personalidad), cuya construcción
es muy controvertida.
Existe un amplio ámbito de realidades sociales, en que los derechos de la persona
exigen una tutela jurídica adecuada. Se trata de las relaciones entre individuos y
terceros, esto es del campo propio del derecho privado, que nos conecta con las
doctrinas de la personalidad, del derecho subjetivo, de la autonomía privada y sobre
todo con la de los daños. Es en este campo donde encuentra su sede la teoría de los
llamados derechos de la personalidad. Al margen de su diverso origen histórico y de su
emplazamiento diferenciado, parece indiscutible que los bienes y derechos de la
personalidad se muevan en un ámbito más reducido.
Respecto al honor, intimidad y propia imagen los estudiosos predican atinadamente la
existencia de derechos inherentes a la personalidad. Al respecto, hay bienes de la
personalidad que todos deben respetar y en algunos puede hablarse de derechos
subjetivos.
Por otra parte, el ámbito en el cual se mueven los bienes o derechos de la personalidad
es más reducido que el de los derechos humanos, fundamentales o libertades públicas,
por lo que no tienen cabida dentro de los derechos de la personalidad, todos aquellos
que desde otra perspectiva, son considerados derechos fundamentales. Tampoco hay
una exacta correspondencia entre el ámbito de los derechos de la personalidad y las
libertades públicas o derechos fundamentales, estos calificativos no abarcan todos los
derechos y facultades atribuibles a la persona, y conforman el contenido de la
personalidad, sino solo aquellos que comprenden su núcleo fundamental.
Considerando a nuestro juicio, que estos derechos son sencillamente inherentes y
propios de la personalidad.
46
Además que para Según Ferrara “Los derechos de la personalidad son los derechos
supremos del hombre, aquellos que le garantizan el goce de sus bienes personales.
Frente a los derechos de los bienes externos, los derechos de la personalidad nos
garantizan el goce de nosotros mismos, asegurando en particular el señorío de su
persona, la actuación de su propias fuerzas físicas y espirituales”.
Igualmente para González Morfín “quien considera los derechos de la personalidad
como el conjunto de derechos fundamentales que protegen los bienes constitutivos del
núcleo más íntimo del ser humano. Son derechos que le son necesarios para lograr sus
fines y que, en consecuencia, le pertenecen por el solo hecho de ser persona”.
Mientras que para Preciado Hernández Rafael “Se entienden por derechos
fundamentales aquellos derechos de los cuales es titular el hombre por el mero hecho
de ser hombre. Es decir, que son poseídos por todo hombre, cualquiera que sea su raza,
condición, sexo o religión”.
Entre las principales diferencias tenemos:
a) Por el bien jurídico protegido.
Los derechos fundamentales protegen los derechos humanos en general, desde la
vida y la salud hasta los derechos políticos y sociales, como el derecho de voto y el de
ser oído y vencido en juicio. Los derechos de la personalidad constituyen un núcleo
íntimo de derechos de la persona, como el derecho al nombre, al honor y a la fama, a
la imagen, a la intimidad, etc.
Tanto los derechos fundamentales como los derechos de la personalidad son derechos
humanos y tienen las mismas características de ser innatos, inalienables, absolutos y
esenciales y pueden ser los mismos. La diferencia se encuentra en que los derechos
de la personalidad se ubican en la esfera de mayor intimidad de las personas.
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b) Por el orden legal en donde se encuentran protegidos.
Los derechos fundamentales se encuentran protegidos en la Constitución. Los
derechos de la personalidad están regulados y protegidos por el Código Civil del Estado
de Jalisco. Puede darse una doble protección a estos derechos. Por ejemplo, el
derecho a la vida se encuentra protegido tanto por la Constitución como por la
legislación Civil.
c) Por el medio de defensa.
Los derechos fundamentales son protegidos por las garantías individuales y, cuando
han sido violados, se restablecen mediante el juicio de amparo que se tramita ante las
autoridades judiciales federales.
Aunque la primera parte de la Constitución (parte dogmática) se intitula “De las
garantías individuales”, es necesario distinguir los términos. No son lo mismo los
derechos garantizados que las garantías del ejercicio de los mismos.
A pesar de que el título primero se denomine “de las garantías individuales”, los que
del artículo 1 al 28 se enlistan son los derechos fundamentales, no todos son las
garantías. Las garantías son los mecanismos que hacen posible el ejercicio de los
derechos cuando éstos han sido violados por alguna autoridad.
Los derechos de personalidad se protegen por medio de los juicios de responsabilidad
civil y daño moral. Mediante el juicio de responsabilidad civil, la persona que ha
sufrido una lesión a sus derechos de la personalidad puede reclamar el pago de los
daños y perjuicios que se le hubieren causado, y a través del juicio de daño moral,
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puede reclamar además una indemnización pecuniaria por el sufrimiento que se le ha
causado.
8. MEDIOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
PERSONALIDAD
Según el criterio de Matilde Zavala de González “quien analiza el tema con profundidad
y de modo completo el tema los medios de protección de los derechos de la
personalidad, pueden ser clasificados en: a) preventivos; b) de cesación, c) repertorios y
d) punitivos”.
Los primeros (preventivos) tienen por objeto o bien evitar el acaecimiento del daño
cuya producción ha sido amenazada, o bien eliminar la continuación del acto lesivo que
ya ha comenzado a producirse, mediante la destrucción de sus causas.
Los remedios de cesación del daño representan en el ámbito de los derechos
personalísimos un papel importante, que es previo a la propia reparación y punición.
En efecto, al sujeto afectado le interesa en primer lugar, y antes que nada, hacer cesar
los efectos o consecuencias lesivas del acto.
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Los medios de protección repertorios, como su mismo nombre lo indica, son aquellos
que tienen por objeto reponer al titular en el goce y disfrute del derecho lesionado, ya
mediante el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, ya mediante la
indemnización pecuniaria de los daños y perjuicios materiales y/o morales padecidos.
Finalmente, los instrumentos de protección punitivos son aquellos que tienen por
finalidad el prevenir la producción de daños futuros similares por el mismo ofensor.
Analicemos pues, por separado, los diversos medios de protección existentes en
nuestro ordenamiento jurídico. Los instrumentos de prevención de daños a los
derechos personalísimos pueden ser judiciales y extrajudiciales.
Dentro de las medidas de prevención extrajudicial se han mencionado el autocontrol
por parte de las propias entidades prestadoras de servicios peligrosos, de las empresas
de informática, de los centros de salud, etc. y la fiscalización estatal mediante el
ejercicio del poder de policía. Como medidas de prevención judicial se distinguen:
a) La acción inhibitoria (cuando la persona peticiona ante los órganos jurisdiccionales
que se impida la realización del acto dañoso, que aun no habiendo comenzado, ha sido
amenazado);
b) La acción de remoción (cuando el titular del derecho solicita la eliminación de las
consecuencias de un hecho dañoso a sus derechos de la personalidad);
c) La acción de amparo y de habeas data (como medios sumarios que permiten la
supresión o rectificación de una información inexacta);
d) La acción de cumplimiento forzoso (cuando se exige que el ofensor del derecho
cumpla con lo prometido u ofertado);
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e) Las medidas cautelares innovativas (que imponen al ofensor la modificación de su
actitud amenazante) y
f) Las medidas autosatisfactivas (que pueden tener por objeto la protección preventiva
de un derecho personalísimo).
En todos los casos, resultaría oportuno que el juzgador impusiere astreintes para
compeler al condenado al acatamiento efectivo del mandato jurisdiccional preventivo
que impone la inhibición de un futuro acto lesivo.
Tendientes a la cesación del daño se pueden enumerar las siguientes medidas,
ejercitables en el ámbito jurisdiccional:
a) La acción de abstención (cuando el sujeto titular del derecho solicita el cese de la
conducta lesiva que ya ha comenzado);
b) La acción de amparo y de habeas data (como medios sumarios que permiten la
inhibición o cesación del daño producido por una información inexacta) y
c) Las medidas cautelares innovativas (en tanto imponen al atacante el cese de su
conducta dañosa).
Al igual que en las medidas preventivas, resultaría también aquí aconsejable la
aplicación de astreintes a los fines de compeler al ofensor a cesar con su conducta
lesiva.
Como medios repertorios, dos son las medidas previstas por nuestro ordenamiento
jurídico.
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a) Las medidas de reparación en especie (que tienen por objeto la reparación in natura,
siempre que sea posible, del daño consumado; es decir el restablecimiento, lo más
posible, de las cosas a su estado anterior).
Las técnicas de reparación en especie son variadas, inscribiéndose dentro de estos
medios: la retractación (cuando el ofensor, arrepentido, se desdice públicamente, en
los medios de amplia difusión, admitiendo lo injustificado de su ataque), el derecho de
réplica o respuesta (la posibilidad de la víctima de dar respuesta a las injurias o
calumnias sufridas, la rectificación (de errores o falsedades difundidas en los medios de
comunicación o bien de procederes), la publicación de la sentencia condenatoria, etc. y
b) La indemnización pecuniaria del daño sufrido, tanto cuando se trate de daño
material, como de daño moral.
Finalmente, y como medios de protección punitorios, debemos distinguir, las técnicas
punitivas en materia civil, las sanciones propias del derecho penal y los medios
punitivos en materia administrativa.
En el ámbito del derecho privado, se menciona como medio efectivo de protección la
indemnización punitiva de los daños, hablándose de "daños punitivos" para referirse a
las hipótesis de condenas o sanciones dinerarias que se añaden al resarcimiento
pecuniario del daño realmente padecido por la víctima.
Ya en el ámbito del derecho penal, encontramos numerosos delitos que atentan contra
los derechos de la personalidad, los que en su mayoría son sancionados con las penas
más graves de nuestro ordenamiento penal.
Así por ejemplo, protegiendo a la vida humana desde su concepción se tipifica y castiga
el aborto provocado en las situaciones previstas por los artículos 85 a 88, y reprime y
castiga toda conducta que atente contra la vida (artículos 79 a 84, Código Penal).
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Para preservar la integridad física y su salud de la persona el Código Penal prevé y pena
el delito de lesiones (Capítulo 2 del Título 1, artículos 89 a 94) y el de abandono de
personas (artículos 106 a 108 del Código Penal).
El derecho al honor y a la libertad también se encuentran respectivamente protegidos
en los Títulos 2 y 5).También en el campo del derecho administrativo encontramos
medios de protección punitivos de los derechos personalísimos.
9. ¿PROTECCIÓN CIVIL O PENAL DE LOS DERECHOS INHERENTES A
LA PERSONALIDAD?
La formación jurídico-social de los derechos inherentes a la personalidad la han
desarrollado en el ámbito del derecho, con mayor arraigo los penalistas, debido a estar
comprendido desde la antigüedad su ataque entre las figuras de los códigos punitivos.
Sin embargo esto no es determinante para que los conceptos fundamentales de dicha
formación no trasciendan a otras esferas jurídicas como la civil, contencioso-
administrativo, sobre todo desde la Declaración de los Derechos de la Persona y
ulteriormente con las Constituciones, pues es válido recordar que la Teoría General del
Derecho está conformada por conceptos y términos comunes que poseen los mismos
principios esenciales.
Protección civil a los derechos de la personalidad.
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a).- Responsabilidad civil.
La protección civil a estos derechos se da, en primer lugar, por medio de la acción de
responsabilidad civil, la cual consiste en el pago de daños y perjuicios. La
responsabilidad civil se divide en subjetiva y objetiva. Se llama responsabilidad
subjetiva a la que resulta del daño causado directamente por una persona y
responsabilidad objetiva cuando el daño ha sido causado por una cosa u objeto.
La regulación de la responsabilidad civil se encuentra en los artículos 1387 al 1390 del
CCJ Ahí se establecen normas relativas a la obligación de pagar los daños causados
tanto por imprudencia como por actos ilícitos realizados con la intención de dañar. Se
establece también la excepción a esta responsabilidad, cuando el daño se ha causado
como consecuencia de culpa inexcusable de la víctima.
En los artículos 1396 a 1404 del mismo Código se regula la obligación de pagar los
daños causados por menores, incapaces y demás personas que se encuentren
sometidas a otras. Los padres, tutores o representantes legales de los incapaces o de
las personas que se encuentren bajo su mando asumirán la responsabilidad, a menos
que demuestren que en la comisión del daño no se les puede imputar culpa o
negligencia, ya que ellos pusieron todos los cuidados y llevaron a cabo las acciones
necesarias para impedir el daño y que les ha sido imposible evitarlo.
La responsabilidad objetiva se encuentra regulada de los artículos 1427 a 1430. Se
llama responsabilidad objetiva porque el daño no ha sido causado por una persona
sino por máquinas, instrumentos, aparatos o sustancias en sí mismos peligrosos. El
dueño de la máquina, el instrumento, el aparato o la sustancia tienen obligación de
reparar el daño, a menos que demuestre que ese daño se produjo por culpa
inexcusable de la víctima, por fuerza mayor o caso fortuito.
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b).- Reparación del daño moral.
Se encuentra regulada en los artículos 1391 a 1394 del CCJ. El artículo 1391 establece
que la violación de cualquiera de los derechos de personalidad produce el daño moral,
que es independiente del daño material. El responsable del mismo tendrá la obligación
de repararlo mediante una indemnización pecuniaria.
El artículo 1393 del Código citado establece las bases para la determinación del monto
de la indemnización. Esta indemnización será determinada por el juez competente,
quien tomará en cuenta las siguientes circunstancias: I. La naturaleza del daño. II. Los
derechos lesionados. III. El grado de responsabilidad. IV. La situación pecuniaria o el
nivel de vida del responsable. V. El grado y repercusión de los daños causados, y VI. Los
usos y costumbres del lugar donde se causó el daño.
La reparación del daño moral consiste en una indemnización pecuniaria, que se
determina independientemente de la reparación de los daños y perjuicios que se
causaron al violarse el derecho de la personalidad. En los casos en los que el daño
moral se haya causado por medio de una publicación en un medio masivo de
comunicación, el artículo 1394 establece la obligación de publicar un extracto de la
sentencia en la que se haya condenado al responsable a la reparación del daño. Esta
publicación deberá de hacerse en la misma forma e importancia con la que se hizo la
publicación que ocasionó el daño al honor, decoro o prestigio de la víctima.
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CONCLUSIONES
1. Los derechos inherentes a la personalidad son derechos subjetivos, que recaen
indistintamente sobre los bienes jurídicos personales, al considerarse
indiscutible la existencia de determinados derechos o bienes de la personalidad.
Son simplemente derechos inherentes a ésta, al ser más reducido su ámbito,
por lo que no tienen cabida dentro de estos los derechos fundamentales,
libertades públicas o derechos humanos. Su característica primaria es la
inherencia personal, de la que se desprenden los demás caracteres.
2. La clasificación de los derechos inherentes a la personalidad son diferentes
puesto que cada autor da su punto de vista, pero cabe resaltar que todos siguen
un mismo patrón ya que los derechos son universales y el cumplimiento de los
mismos no varía ya sea en un país o en otro.
3. El tratamiento de la persona, y los problemas con ella vinculados, es
fragmentario en el derecho mexicano, puesto que las concepciones de persona
que se tienen en al ámbito civil, constitucional y penal dificultan una visión
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integral de la misma. Se hace así necesaria un nuevo enfoque, o varios, que
atiendan la posición central de la persona en el ordenamiento jurídico.
4. En el texto constitucional el tratamiento de los derechos inherentes a la
personalidad es ambiguo y nulo, solo se hace una somera referencia y se
proyecta a favor de aquellos que lesionan la esfera física, obviando los
concernientes a la esfera moral.
5. El Código Penal ofrece una amplia tutela, aunque no total, de los derechos
inherentes a la personalidad en ambas esferas y el derecho al honor se traduce
en tres figuras básicas, difamación, calumnia e injuria.
6. En el Código Civil se hace una somera alusión a los derechos inherentes a la
personalidad, dando lugar a un vacío legislativo, de forma autónoma, en sus
diferentes manifestaciones: derecho al honor, a la intimidad personal, a la vida,
a la integridad física y a la libertad.
7. Los derechos de la personalidad, son los mismos derechos humanos pero
regulados y protegidos por la legislación civil y son considerados como un
conjunto de derechos que constituyen el núcleo más íntimo de las personas.
8. Es importante saber que la violación a estos derechos da derecho a su
reparación, por medio de los medios procesales constituidos por los juicios de
responsabilidad civil subjetiva y objetiva y la reparación del daño moral.
9. La vía civil es la más apropiada y eficaz para solucionar los conflictos que surjan
con relación a la violación de los derechos inherentes a la personalidad en la
esfera moral, al constituir el Derecho Civil la institución puesta a disposición de
la persona, para hacer valer su dignidad. Su no utilización para accionar ante
una lesión al derecho al honor, obedece al desconocimiento y a la
inaplicabilidad de la letra de la ley, más que a deficiencias o lagunas legislativas.
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10. En el Perú, los derechos inherentes a la personalidad son aceptados y regulados
de acuerdo a la carta magna. Hasta el día de hoy los casos que se presentaron
contra los derechos de la personalidad fueron llevados con absoluta
imparcialidad siendo el último caso el más recordado por muchas personas: el
caso contra la Sra. Magaly Medina.
REFERENCIAS
FUENTE ELECTRÓNICA
www.debate.iteso.mx/.../ PERSONALIDAD .htm
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr10.pdf
http://www.monografias.com/trabajos5/derpe/derpe.shtml
www.ues.flakepress.com/?p=129
http://www.monografias.com/trabajos17/regulacion-juridica-derechos/regulacion-juridica-
derechos.shtml
http://econpapers.repec.org/article/ervcoccss/y_3a2012_3ai_3a2012-03_3a15.htm
http://www.slideshare.net/DerechoCivil/d-personalisimos
http://www.infonetprofesional.com.ar/Derecho%20Civil%20I%20-%20Parte%20Primera.pdf
http://elblogdemara5.blogspot.com/2010/07/derechos-personalisimos.html
http://www.eumed.net/rev/cccss/19/ypgm.html
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FUENTE BIBLIOGRÁFICA
La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional
2da. Edición, Marcial Rubio Correa
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