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    julio closas,

    cofclar astado y nociQn al Par

    TERCERA EDICION

    PERU PROBLEMA

    IN ST ITU T O DE ES TU D IO S PERUAN

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    juliocotler

    clases, estado y nacinen el Per

    I n s t i t u t o d e E s t u d i o s P e r u a n o s

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    Coleccin Per Problema/ 17 ''7 ^ ^

    C^SJcQ.

    BlBllOlEC* ' F L M ^

    IEP edicionesHoracio H. Urteaga 694, Lima 11Telfs.: 323070 y 244856Impreso en el Perlera. Edicin, Marzo 1978. 10,100 Ejemplares

    2da. Edicin, Mayo 1985. 2,000 Ejemplares3era. Edicin, Julio 1986. 3,000 Ejemplares

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    Contenido

    Introduccin 11

    La herencia colonial 21

    Desintegracin poltico-econmica y reorganizacin colonial 71

    La formacin capitalista dependiente: la Repblica Aristocrtica y el enclave imperialista 119

    Legua: consolidacin de la dominacin imperialista y emergencia de las fuerzas populares anti-oligrquicas 185

    La crisis de 1930 y el desarrollo orgnico dela lucha de clases 227

    Nuevo carcter de la penetracin imperialistay cambios en la estructura social y poltica 273

    Crisis del rgimen de dominacin oligrquica 335

    A manera de conclusin 385Bibliografa 391

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    Crisis del rgimen dedominacin oligrquica

    A l in i c i a r s e l o s a o s 60 el cuadro poltico se encontraba en franco proceso de modificacin, habida cuentade los cambios en la economa y sociedad peruana. Unode los rasgos saltantes en dicha modificacin fue lairrupcin poltica de los sectores medios que represen

    taron tambin los varios intereses y perspectivas delas diferentes fracciones de los sectores populares, encuanto stos por su falta de desarrollo poltico eran incapaces de expresarse autnomamente. A esto se sumaban las pretensiones de los elementos profesionales queperseguan ejercer un papel dirigente sobre toda la sociedad, armonizando bajo su conduccin tecnocrtica unnuevo concierto social. Por tal circunstancia, las organizaciones polticas, al igual que el ejrcito y la iglesia, se encontraron afectadas por orientaciones y com

    portamientos contradictorios que reproducan las pugnas que se desarrollaban en la sociedad.

    Pero si este conflicto entre organizaciones polticas

    ocupaba el centro de la escena, su desarrollo responda

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    a la creciente presencia popular. La intensa movilizacin campesina amenazaba el orden institucional al atacar directamente el implcito pacto que burguesa e im

    perialismo tenan concertado con los terratenientespara controlar la actuacin de las masas rurales indgenas. Las luchas clasistas de obreros y empleados, ascomo el inicio de una tendencia para lograr su autonoma de clase, atacaba el control monoplico que la coalicin dominante mantena sobre la sociedad y el Estado por intermedio del APRA. La constitucin de los

    primeros grupos de izquierda revolucionaria, alentadospor la revolucin cubana, rompi con el inmovilismodel Partido Comunista. Esos grupos al penetrar en lasuniversidades desalojaron al APRA de la direccin estudiantil e instauraron una corriente que rpidamentese convirti en la hegemnica, de naturaleza anti-oli-

    grquica, anti-imperialista y socialista, atacando las bases ideolgicas del sistema de dominacin.

    Frente a estos problemas, el sector poltico dirigente de la clase propietaria flexibiliz y agiliz su com

    portamiento, buscando los medios de satisfacer dichasexigencias, sin por ello perder el control del procesoeconmico y poltico. De no hacerlo as, se considera

    ba que las presiones podran desembocar en una explosin revolucionaria que destruira todo el orden vigente, creencia reforzada por opiniones tan "neutralescomo la del padre Lebret, de los consultores ArthurLittle y de los tcnicos de la O.E.A. De all que la nueva poltica de la clase dominante, a partir del gobierno

    de Prado, se defini por su intencin de asimilar asegmentos de la poblacin popular organizada y colocada estratgicamente en el aparato productivo.

    Como se dijera anteriormente, las contradiccionessociales que se venan acumulando en el pas, comoexpresin de las transformaciones que ocurran en lasociedad y en la poltica, planteaban a la coalicin dominante y sus representantes polticos, la necesidad

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    de asegurarse el control de la poltica econmica yal mismo tiempo disear un conjunto de medidas que satisfacieran parcial y segmentariamente las exigencias

    populares. Mientras tanto el reformismo, en la iglesia,ejrcito y partidos polticos, procuraba la realizacin deun proceso redistributivo universal de los recursos sociales, con la consiguiente expropiacin del control poltico ejercido por la coalicin dominante. La dcadade los 60 estuvo marcada por estas alternativas y sus

    derivaciones polticas.En razn de las presiones por la tierra, empleo, vi

    vienda y servicios pblicos, la nueva poltica burguesapropugn un programa que favoreciera el incrementode las tierras de cultivo y de los rendimientos agrcolas, eliminando el latifundio seorial (Comisin de laReforma Agraria y la Vivienda 1960); propici el ahorro familiar canalizndolo a travs de mutuales de vivienda, llamadas a satisfacer los requerimientos de habitacin popular, ampliando de hecho las posibilidadesde empleo.

    En buena cuenta, esta poltica propiciada por la burguesa favoreca la gradual modernizacin de la econo

    ma y sociedad del pas, sin provocar grandes ni bruscas alteraciones en el orden existente. La expansindel capitalismo, a su vez, abrira vlvulas de escape alas presiones sociales mediante el sistema del "goteo,que a la larga debera promover la expansin de la riqueza e ingreso nacional. No seguir esta orientacin

    y, al contrario, favorecer los intentos apocalpticosde la pequea burguesa, radicalizada con sus intentosde "reformas estructurales, no era otra cosa que matar a la gallina de los huevos de oro. En efecto, la

    burguesa argumentaba que si se expropiaban los centros que producan riqueza para repartirlos entre todoslos peruanos acabara en una distribucin de la mise

    ria. Una expropiacin estatal, adems de propiciar eltotalitarismo comunista, implicaba favorecer el desper

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    dicio, puesto que el Estado, sera, por definicin, ineficiente. Slo el ojo del amo engorda el caballo, pareca ser la conclusin. El Estado en manos de tcnicos

    improvisados, interesados meramente en recibir su sueldo mensual, llevara, como en otros pases, a que lasflorecientes empresas de hoy fueran deficitarias el dade maana.

    Al contrario, continuaba dicha argumentacin, erapreferible favorecer la concentracin de la riquezapuesto que, siguiendo los lineamientos clsicos, sta im

    plicaba nuevas inversiones, nuevos empleos y ampliacin de los beneficios entre los millares de desocupados. Adems, si de esta manera se estimulaba la imaginacin de la poblacin para lucrar, se crearan nuevas empresas y nuevas posibilidades de trabajo. Encambio, una economa burocratizada, tal como pareca

    demostrar la diaria experiencia en otros pases, al iren contra de las leyes humanas traera la miseria y desesperacin, semillero del comunismo internacional:

    . . . los demagogos y en primer lugar los rojos,se apropian de las palabras justicia social nopara lograr mejoras en la situacin de los ms,sino para avivar la flaqueza humana que generaenvidia y la animadversin hacia el que pros

    pera. . .. . . cuantos ms altos y excesivos sean los im

    puestos que pagan los ricos y privilegiadostanto menos se invierte en el desarrollo de laeconoma, es decir en el aumento de la produc

    cin y en la creacin de nuevos empleos mejorremunerados, y tanto ms aflictiva ser la situacin de los pobres. Porque, como slo se puede vivir de lo que se produce, slo hay un camino para mejorar el nivel de vida de todos y en

    primer lugar de los que menos tienen; slo hayuna manera de extender el bienestar de los pri

    vilegiados a los que no lo son: aumentar h pro

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    duccin, lo cual requiere fomentar las inversiones, y esto a su vez exige crear alicientes y noimpedimentos al que arriesga su dinero, asegu

    rar premios y no castigos al que tiene xito.La demagogia, si logra su objetivo declarado deigualar econmicamente a los hombres lo consigue por lo bajo y cada vez ms abajo, reduciendo el nivel de vida de todos. La poltica econmica de bienestar con premio para el riesgo,el esfuerzo y el xito eleva a todos y ms a los

    que menos tienen, y as consigue atenuar las diferencias sin sacrificar la excelencia (La Prensa 1965: 5, 8-9).

    Sera sta la ideologa que por tctica el APRApas a defender. El papel de este partido era claveen el nuevo diseo poltico de la burguesa oligrquica,

    puesto que el control que mantena sobre las masas organizadas lo haca el intermediario obligado entre laclase dominante y las clases populares. Es as como elAPRA, gracias a su poder en la Confederacin de Trabajadores del Per (CTP), pas a constituirse en elmediador de los requerimientos burgueses y as en freno y control de las aspiraciones populares. El APRA yla CTP se dedicaron entonces a encapsular y corpora-tivizar el movimiento obrero y en general las demandas populares, favoreciendo segmentariamente a lossectores urbanos capaces de organizarse y presionarefectivamente a los propietarios.

    La CTP al afiliarse a la ORIT y luego a la polticade Alianza para el Progreso, aseguraba este comportamiento anti-clasista, desmovilizando todo proyecto deaccin poltica integrada y autnoma del proletariado(Mclntire 1972, Douglas 1972, Sulmont 1974).

    El Estado slo reconoca los trmites sindicales quela CTP canalizaba, reforzando as su capacidad de or

    ganizar y defender los intereses reivindicativos de los

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    obreros. Es as como la CTP lleg a representar al 25%de los trabajadores manufactureros. En el perodo1956-62 el gobierno reconoci 662 sindicatos, mientrasque en los seis aos siguientes reconoci 1,248; vale decir un promedio anual de 95 en el primer perodo, yde 208 en el segundo (Sulmont 1974).

    De este modo, mientras el APRA otorgaba su apoyopoltico a la clase propietaria y al rgimen de dominacin existente, reciba en cambio la posibilidad deafiliar a la nueva poblacin que se incorporaba a los

    sectores trabajadores, asegurando su vigencia poltica.Sin embargo, esta "relacin de intercambio no fue sim

    ple y sin dificultades, por la misma razn que ese tcito entendimiento significaba redefinir cotidianamentelos mrgenes de negociacin, plagados da amenazas ychantajes. Pero, en la medida que dentro de la clase

    obrera se daban claros visos de diferenciacin poltica,buscando independizarse del APRA y por su intermedio de la coalicin dominante, resultaba obvio el apoyo oficial a la CTP, en cuanto desarrollaba un sindicalismo "responsable, apegado a las normas de conciliar sus intereses con la clase patronal a fin de lograraumentos de la productividad industrial, nica mane

    ra de compartir los beneficios entre el capital y los asalariados'.

    Pero, en el mismo momento en que los enemigosde antao la burguesa y el APRA estrechabanvnculos de solidaridad, se constituan nuevas alianzas

    polticas de las capas medias y de los sectores popula

    res radicalizados, dispuestas a reiniciar la lucha que elAPRA abandonaba y violentamente contrarias a todotipo de convivencia con la burguesa y por su intermedio con el imperialismo. Adems, estas nuevas fuerzas populistas rechazaban entrar en componendas conlas mismas personas que pocos aos atrs haban perseguido con saa y asesinado a sangre fra a dirigentes

    sindicales y campesinos, estudiantes e intelectuales. Si

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    guiendo a Gonzlez Prada, estos nueves sectores tambin se proponan hacer una limpieza a fondo delpersonal dirigente del pas.

    Es as cOmo los nuevos representantes de la pequea burguesa proponan una transformacin radical delas instituciones que debera reordenar, totalmente, eledificio social. Frente a la convivencia, apelativoque recibi la coalicin entre el APRA y la clase dominante, los nuevos partidos reformistas, a travs de susarquitectos e ingenieros, escritores y poetas, filsofos,antroplogos contaban cOn un conjunto de proposiciones que en algunos aspectos coincidan especialmenteentre la Democracia Cristiana y el Movimiento SocialProgresista. Este ltimo, que fue ei ms frtil en pro-ruano se deba a la explotacin de la economa perua-duccin ideolgica, planteaba que el subdesarrollo pe

    na por los consorcios norteamericanos, debidamenteapoyados por el gobierno de Estados Unidos y quela oligarqua instrumentaba polticamente (Salazar1969). La solucin para el social progresismo consista en lograr una revolucin que devolviera a la colectividad el control de los recursos nacionales. Aunquesin considerar quin y cmo debiera llevarse a cabo di

    cha revolucin, el Movimiento postulaba que sta debaser socialista, puesto que el capitalismo que regia laexistencia peruana era causa del subdesarrollo y dependencia que caracterizaban el pas. Pero, a fin de evitar el camino stalinista, el socialismo que propugnabael Movimiento Social Progresista deba ser eminentemente humanista, permitiendo la expansin y desarrollo de las potencialidades del ser humano. Este humanismo socialista slo podra lograrse promoviendorelaciones de solidaridad y de carcter comunitario enla poblacin.

    Esta revolucin debera iniciarse con cinco reformasbsicas. La primera se refera a la organizacin del

    Estado. Esta reforma supona bsicamente la democra

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    tizacin de la representacin de los intereses socialesy la participacin popular en la produccin y gestinde las decisiones. Pero, adems, las relaciones entre

    las diferentes esferas comunitarias de participacin tendran como base una planificacin indicativa y democrticamente sugerida, como medio para alcanzar ladescentralizacin administrativa y el traslado de lasfunciones del gobierno a las bases:

    Esta concepcin del socialismo no postula, pues,un estatismo colectivista y totalitario, sino al contrario, una jerarquizacin de esferas comunitarias. .. instituciones intermedias... Dentro de talsistema del poder descentralizado, desconcentrado y democrticamente, coordinado, cada esferacomunitaria... controla y suple a las esferas de

    jerarqua inferior, sin atentar contra su fuero

    comunal interno (Libertad, 10 de mayo de1961).

    La segunda reforma bsica que planteaba el Movimiento Social Progresista se refera a la democratizacin de la estructura y funcin de la empresa, a fin deque la propiedad y la gestin fueran de 1^ comunidad

    de trabajadores, categora en la que se inclua a losmismos empresarios, establecindose as una "democracia industrial . La siguiente reforma era la agraria,que rompera con la extremada concentracin de la tierra, destruira las formas pre-capitalistas de explotacin a la vez que resolvera el creciente dficit alimenticio de la poblacin y fortalecera las instituciones co

    munales que tienen en el Per una larga tradicinhistrica. La reforma del crdito significaba la nacionalizacin de las finanzas, a fin de democratizar esosrecursos de acuerdo a los requerimientos de la poblacin mayoritaria y no de los intereses oligrquicos eimperialistas. Por ltimo, la reforma educacional noslo implicaba la ampliacin sustantiva de la poblacinescolar sino la formulacin de nuevos valores, naciona

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    les y comunitarios, que la dependencia capitalista haba desvirtuado en favor de una cultura de la domi

    nacin (Salazar 1969). As, a travs da estas reformas se poda dar inicio, realmente, a la constitucin deuna sociedad autnticamente nacional y popular.

    La bsqueda del bien comn no era pues patrimonio exclusivo de los planteamientos que se desarro

    llaban en el CAEM; figuraba tambin en la ideologa

    del Movimiento Social Progresista con fuerte nfasis neo-corporativo, al igual que en la nueva ideologa militar.

    El Partido Demcrata Cristiano, por su clara filiacin confesional, no escapaba tampoco a dicha posicin.Como en todos los pases que se constitua, el partidoDemcrata-Cristiano se presentaba como una "tercerafuerza, ni capitalista ni comunista, y que recordaba la

    posicin aprista ni con Washington ni con Mosc. Porsu misma naturaleza catlica se proclamaba igualmente humanista, en tanto que

    La persona humana tiene derechos inalienables,anteriores y superiores al Estado. . . cree en laigualdad esencial y la fraternidad entre todos loshombres; y rechaza por ello la tesis marxista dela lucha de clases como motor de la historia...la riqueza debe ser distribuida entre todos losfactores que la producen; y rechaza por ello, latesis marxista de que el capital es siempre tra

    bajo acumulado, ajeno y no pagado (Cornejo

    1960: 206).Pero este partido igualmente se presentaba opuesto

    al capitalismo, por su tendencia desorbitada al lucropersonal, que determinara un alto grado de injusticiasocial y explotacin personal impidiendo,

    Reconocer en todos la eminente dignidad de lapersona humana y la gloria irrenunciable de sudestino trascendente (Cornejo 1960: 208).

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    Pronto el partido Demcrata Cristiano ira planteando concretamente las medidas que deberan tomarse afin de promover la dignidad de las personas y que

    en concreto seran variantes del Social Progresismo,en su bsqueda de conciliacin de clase dentro de unaorganizacin poltica comunitaria y corporativa.

    El tercer partido que se constituy a mediados delos aos cincuenta y que lleg a tener mayor envergadura poltica fue Accin Popular. Esta organizacin r

    pidamente pas a desafiar la hegemona que hasta entonces haba gozado el APRA sobre los sectores mediosy populares del pas. Para su Jefe y Fundador ttulos que Haya tena en el APRA el arquitecto Femando Belande Terry, el problema bsico del pas resida en que ningn gobierno anterior haba querido ysabido organizar y dinamizar las desperdigadas ener

    gas del pueblo a fin de lograr la conquista del Perpor los peruanos. Esta conquista poda realizarse pormedio de la accin popular que implicara aumentarel potencial nacional y conjugar intereses de todos los

    peruanos en un objetivo comn. As, con picos y palas para una revolucin sin balas, se realizara la transformacin que todos los peruanos ansiaban, al expandir la frontera interna del pas. Y, para'ello, nada me

    jor que hacer uso efectivo de una antigua tradicin, eltrabajo comunal, que abra carreteras, construa escuelas, iglesias, postas sanitarias, realizaba pequeas irrigaciones y cooperativamente resolva los problemas locales. En esta tarea de "valorizar el territorio y ocu

    parlo efectivamente, con la consiguiente integracin fsica del pas, el ejrcito deba cumplir una funcin clave por medio de la accin cvico-militar. Es decir quela trada gobierno-fuerza armada-pueblo constituan losejes de la conquista del Per por los peruanos.

    Conjuntamente con estas proposiciones, que signifi

    caban segmentar los problemas y la accin de las clases populares, divorcindolas de sus intereses clasistas,

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    Belande, pero sobre todo los profesionales radicalesde Accin Popular, afirmaban la necesidad de reformar

    las estructuras caducas que mantenan al pas imposibilitado de alcanzar el desarrollo. Es as como AccinPopular apoyaba un anti-imperialismo constructivoque, como en los escritos de Haya, reconoca la necesidad de redefinir el papel del capital extranjero en favor del desarrollo del capital nacional.

    En este sentido, Accin Popular propugnaba una le

    gislacin reformista que permitiera modernizar la sociedad y economa del pas, considerando entre losasuntos prioritarios la reforma agraria, vivienda, educacin, salud pblica, y las reformas administrativa,tributaria y crediticia. Es decir, el . Estado deba fortalecerse regulando la actividad de la sociedad a fin decompatibilizar los intereses y aspiraciones de las partes.

    Todos los partidos, incluso el APRA, suscriban larealizacin de esas reformas a fin de transformar lasestructuras vigentes que deberan democratizar sociedad y economa, al redistribuir los recursos econmicos, sociales y polticos. Por ltimo, todos los programas partidarios insistan en que ell Estado deba con

    trolar, prohibir, promover, regular e intervenir en nuevos campos hasta entonces vedados y, asimismo, el Estado deba ser la instancia a partir de la cual debanformularse y ejecutarse los cambios estructurales. Todos convenan, pues, en una socializacin del Estado,

    por medio de una revolucin que se hiciera desdearriba, a fin de promover el desarrollo de una sociedad inspirada en objetivos humanistas y comunitarios.Hasta el ex-dictador Odra se auto-defini como un socialista de derecha.. . 9.

    Uno de los puntos del debate era el papel del capital imperialista. Tal como se expresara antes, desde

    9. Es clara la vigencia de estos postulados en la posteriorideologa de los militares que integraron el gobierno de lasFuerzas Armadas en 1968.

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    fines de los 50, la International Petroleum Company sehaba convertido en uno de los smbolos de reivindicacin nacional que paulatinamente se extendi al de la

    inversin extranjera en general. En este sentido elFrente de Defensa del Petrleo dirigido, no por casualidad, por el general (r) Csar Pando y un sacerdote,el padre Salomn Bolo, haba desarrollado una ampliacampaa en contra de la inversin extranjera. En 1962,la opinin pblica limea estaba a favor de la expro

    piacin de las empresas extranjeras, opinin que fue

    creciendo a medida que pasaba el tiempo. De acuerdocon encuestas realizadas por organizaciones norteamericanas, respecto a la imagen que la poblacin de Limatena de las inversiones extranjeras, Goodsell ofrecelos siguientes datos:

    CUADRO 11

    Opinin pblica en Lima respecto a la expropiacinde las empresas extranjeras

    Ao Pregunta

    % del

    total

    1958 Las inversiones extranjeras deben ser limita-

    das, reducidas o eliminadas.

    Las Inversiones norteamericanas deben Incre-

    38

    mentarse. 59

    1961 La propiedad extranjera debe ser expropiada

    por el gobierno.

    La propiedad extranjera no debe ser expropia-

    39

    da por el gobierno. 39

    1962 Las grandes propiedades y las industrias ex-

    tranjeras deben ser expropiadas.

    Las grandes propiedades y las Industrias ex-

    47

    tranjeras no deben ser expropiadas. 33

    1966 Todas las empresas extranjeras deben ser na-

    cionalizadas por el Estado.

    Algunas empresas extranjeras deben ser nacio-

    31

    nalizadas por el Estado.

    Ninguna empresa extranjera debe ser naciona-

    44

    lizada por el Estado. 24

    Fuente: Goodsell 1974, cuadro 13, pg. 114.

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    Es as como en los nuevos sectores medios ejrcito e iglesia comprendidos y en los sectores popula

    res que arrastraban, se estableci un consenso sobrela necesidad urgente de un cambio en el rgimen dedominacin dirigido a democratizar la sociedad, sin causar rupturas bruscas en el orden establecido. Cambio

    posible en tanto fuera aprobado por las instancias polticas y ejecutado tecnocrticamente por especialistas.

    La coalicin dominante se enfrentaba, pues, a unasituacin crtica: deba encontrar los medios para ampliar sustantivamente la participacin econmico-socialde las masas campesinas y de los sectores popularesurbanos, sin perder el control sobre el Estado. Como seviera en el transcurso de la dcada de los 60, esta do

    ble exigencia result incompatible.

    A las elecciones de 1962 se presentaron seis candidaturas, entre las que se destacaban la de Haya de laTorre, Manuel Odra y Femando Belande. De menorsignificacin fueron las del Partido Demcrata Cristiano, Movimiento Social Progresista y Frente de Liberacin Nacional. En estas condiciones, el diario La Prensa,

    vocero del capital imperialista y de los exportadoresnacionales, apoy indistintamente a los dos primeroscandidatos, aunque manteniendo clara preferencia porHaya de la Torre, con el que la fraccin dominante ha

    ba tenido un pacto en la convivencia y que podrarenovarse en el siguiente perodo de gobierno. En cam

    bio con Odra era difcil establecer un pacto similar,por dos razones: en primer lugar ste representaba losintereses ms retrgrados de los propietarios del pas;y en segundo lugar, su base social se fundaba en lossectores de las barriadas marginales con los que ha

    ba establecido una verdadera relacin de clienteladurante su gobierno. De all que se le, percibiera como

    muy conservador o demasiado propenso a cumplir conirresponsables postulados populistas.

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    El diario El Comercio, que representaba ideolgicamente la tendencia reformista y profundamente anti-aprista, apoyaba a Odra y a Belande, de preferenciaa este ltimo.

    La pugna electoral no slo fue muy intensa sino quesus resultados se vislumbraban muy ajustados. Ante la

    posibilidad del triunfo de Haya de la Torre, El Comercio se adelant desatando una campaa dirigida al ejrcito, recalcando la fraudulencia de las elecciones, envirtud de supuestas actividades ilegales del APRA; de

    esta manera la fraccin agrupada alrededor de El Comercio esperaba curarse en salud, impidiendo un posi

    ble triunfo aprista.

    Efectivamente los resultados electorales favorecieron de manera muy ajustada a Haya de la Torre, aunque sin lograr el tercio mnimo para ser declarado Pre

    sidente, como lo establece la Constitucin. En estas condiciones, el Congreso deba dirimir entre los candidatos. Ahora bien, a diferencia de los resultados presidenciales, los votos para elegir a representantes a lasCmaras favorecan ampliamente al APRA, pero sinotorgarle la mayora necesaria para asegurar el triunfo de Haya.

    En estas condiciones lo nico que caba era la conformacin de una coalicin que acumulara la mayorade los votos. Pero, al mismo tiempo, el ejrcito, El Comercio y los partidos reformistas manifestaban su re

    pulsa a ser gobernados por el APRA.

    Mientras para la poblacin animada por objetivosreformistas el APRA era un partido dominado por suJefe, vendido a la oligarqua y al imperialismo a travs del pacto mantenido en la convivencia; para

    El Comercio y el ejrcito era una recia organizacin demasas, capaz de movilizar rpida y eficientemente unmovimiento popular y a los soldados y oficiales jvenes

    a fin de trastocar el orden y la legalidad existentes, co

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    mo trat de hacerlo en los aos treinta. El cambio deconducta de Haya de la Torre y el APRA no pasaban

    de ser para el ejrcito y El Comercio sino movimientostcticos, tal como el Jefe del Partido se encargaba deinsistir a sus ntimos que manifestaban dudas sobre laconveniencia poltica de que el APRA se aliara con Prado y Beltrn.

    Ante la persistencia del veto militar al APRA, Haya de la Torre ofreci transigir reconociendo a Belan-de como Presidente, siempre y cuando ste le otorgaraal APRA co-participacin en el gobierno. Manuel Seoa-ne, el segundo en la jerarqua aprista, as como variosdirigentes de Accin Popular, plantearon la necesidadde establecer dicha coalicin que reunira el 65% de la

    poblacin electoral, a fin de encontrar una solucin ins

    titucional al problema de la sucesin presidencial. Be-lande, seguro de contar con el apoyo del ejrcito r

    bitro y guardin de los comicios por disposicin constitucional se neg a concertar dicha alianza, buscandoejercer presin para ser reconocido como el vencedor.Con tal fin se dirigi a Arequipa, movilizando a sus se

    guidores para que se atrincheraran all. Ante esta situacin Haya de la Torre ofreci a Odra darle los votos apristas para la Presidencia, en la inteligencia dsestablecer un cogobiemo, convenio que aparentementefue aceptado por el ex-dictador. Nuevamente el APRArompa con todos los principios para adaptarse a unanueva "tctica : el populismo revolucionario de ayer

    se propona una nueva convivencia, esta vez con el representante de los sectores ms reaccionarios del pas,que haca pocos aos haba perseguido, torturado, asesinado a dirigentes, cuadros y militantes de base delaprismo y del movimiento popular en general.

    La Prensa favoreca cualquier coalicin de las fuer

    zas polticas en las que el APRA fuese el pilar bsico,y que asegurase la continuidad poltica de la conviven

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    cia, y en ese sentido apoyaba la aproximacin entreHaya y Odra.

    El desenlace fue la formacin del primer gobiernoinstitucional de las Fuerzas Armadas en Amrica Latina: el Presidente del Comando Conjunto y los tres Comandantes Generales da las tres armas se constituyeron en Junta Militar de Gobierno. La formacin de este gobierno no estaba dirigida a detener exclusivamente el ascenso poltico de Haya de la Torre, sino tam

    bin el de Odra y en ese sentido era un golpe contralas fuerzas oligrquicas. Los cambios ideolgicos experimentados en el ejrcito en los aiios 50 haban creadoun sentimiento de profundo rechazo a la conducta pro-oligrquica e imperialista de Odra, as como a la generalizada corrupcin que haba establecido dentro de lasFuerzas Armadas. Darle paso a la presidencia signifi

    caba destruir el esfuerzo de profesionalizacin castrense, as como el desquiciamiento y agudizacin de las luchas sociales, con la consiguiente destruccin de la frgil integracin de la sociedad y el Estado.

    Pero al mismo tiempo que la Junta Militar pretenda detener el avance aprista y odrista, buscaba poner

    en prctica algunas de las proposiciones planteadas enla institucin a partir del CAEM y del Servicio de Inteligencia. Se trataba de establecer las bases de un proceso de reformas sociales, al mismo tiempo que desmovilizar polticamente a los sectores populares, como medio de reafirmar la unidad nacional antes de devolver el poder a los civiles. Los jefes militares crean

    ser capaces de planificar el desarrollo econmico que,por su racionalidad intrnseca, debera sentar las bases del desarrollo del potencial nacional.

    En segundo lugar, haba que atacar a fondo el desarrollo creciente del comunismo. Con tal motivo, se

    pusieron en marcha dos medidas simultneas: la re

    forma agraria en las "zonas calientes y la represinde los "agitadores, Es as como afectaron la prpie-

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    dad en La Convencin, al mismo tiempo que persiguieron y encarcelaron a Hugo Blanco, dirigente de la movilizacin campesina en esa regin, .y con l a millaresde dirigentes campesinos, sindicales, estudiantiles y polticos de izquierda.

    Por otra parte, estaba de por medio el problema dela International Petroleum Company que a los ojosde los militares era el smbolo ms claro de la "dependencia externa. Desde la instalacin de la Junta sus

    dirigentes declararon que este problema sera definitivamente resuelto. Dos qos atrs, en una comunicacin secreta, el Comando Conjunto haba manifestadosu abierto desacuerdo con el Ejecutivo, incluso con elMinistro de Guerra y la mayora apro-pradista de lasCmaras Legislativas, en cuanto a su dictamen sobre-

    la legalidad de dicha empresa norteamericana en el pas.La reaccin norteamericana frente a la constitucin

    de la Junta Militar de Gobierno y sus intenciones expro-piatorias fueron inmediatas. El presidente Kennedy, alinstalar en 1961 la Alianza para el Progreso, comomecanismo de respuesta a la revolucin cubana, decidi apoyar a los partidos reformistas y democrticos.En el caso peruano, la Embajada Norteamericana fueabiertamente pro-aprista durante la campaa -electoralde 1962; de all que al constituirse la Junta Militar elgobierno norteamericano demor su reconocimiento. Ycon las primeras declaraciones de los jefes militares relativas a la intencin de expropiar la I.P.C., el gobier

    no norteamericano amenaz con aplicar la EnmiendaHickenlooper, que obliga al Ejecutivo de Estados Unidos a cortar la compra de azcar en caso de realizarseexpropiaciones que no sean rpida y efectivamente pagadas. Adems, se encontraba de por medio la suspensin total de la ayuda norteamericana: los crditos delBanco Interamericano recientemente creado, del Ban

    co Mundial, los prstamos privados de la banca privada y en especial la ayuda militar.

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    Los problemas que se planteaba la Junta Militar yla forma de solucionarlos originaron serias disensiones internas, que mostraban la falta de integracin po

    ltica de los' comandos militares, en los que se encontraban presentes oficiales tradicionales que no participaban plenamente de las nuevos planteamientos relativos a la seguridad nacional . Este hecho, a su vez, ibaasociado con la ausencia de una estrategia global, queresultara como fue a partir de 1968 en la mili

    tarizacin del Estado: hacer del Estado y de sus aparatos burocrticos, un instrumento de los "intereses delejrcito. Por otro lado, el hecho que las estructuras

    partidarias y sindicales sel encontraran, pese a la represin, bastante desarrolladas y continuara la movilizacin popular oblig a la Junta a cumplir con su compromiso de convocar a nuevas elecciones para 1963.

    Para las Fuerzas Armadas estas nuevas eleccionesdeberan asegurar el traspaso del poder a un civil conclaros tintes reformistas, que a su vez estuviera dispuesto a no usar la movilizacin de las masas para ejecutardichas reformas. Por ltimo, el nuevo gobierno debera considerar los intereses y la autonoma poltica de

    las Fuerzas Armadas: no inmiscuirse en su presupuestoni en el nombramiento de los ministros de las tres armas, que seran designados por la corporacin, segnestricto orden jerrquico. Es decir, el ejrcito apoyara al partido que estuviera dispuesto a ejecutar elcambio de las estructuras, sin participacin masivay, al contrario, bajo una direccin tecnccrtica, a fin

    de impedir un posible caos. As, la frmula del despotismo ilustrado que vena cuajando al nivel de losnuevos partidos reformistas, se enlaz con el de los militares. En estas condiciones slo Belande poda serel candidato oficial de las Fuerzas Armadas y tambinde los nuevos sectores de la iglesia, y de El Comercio.

    En virtud de los resultados de 1962, el Partido Demcrata Cristiano (DC) se ali a Accin Popular (AP),

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    el Movimiento Social Progresista desisti de su candidatura presidencial y otorg sus votos a Belande, aligual que el Partido Comunista. Si bien el total de vo

    tos que sumaban estos partidos no constituan sino unapequea fraccin del total, fueron suficientes para definir la situacin en favor de Belande.

    CU A D RO 12

    Resultados de las elecciones de 1963, para Presidente y

    Parlamento, comparados con los de 1962 (% )

    Candidatopresidencial %

    Diferenciacon 1962

    Participacinde partidos en

    la Cmaras wDiferenciacon 1962

    Belande

    Terry 39.05 +6.86 Apra 41.08 + 4.33

    Haya de la

    Torre 34.36 + 1.42 A.P.D.C. 37.81 + 4.06

    Odrla 25.52 2.92 U.N.O. (Odra) 18.37 + 0.04

    Otros 1.07 5.36 Otros 2.70 + 0.20

    El triunfo de Belande fue recibido con una euforia inslita en los anales polticos del pas. Un profesor universitario, arquitecto, conocedor del pas, que

    por primera vez en la historia haba desplegado unacampaa que haba llegado hasta los ltimos rincones,llegaba a la presidencia dispuesto a reconstruir arquitectnicamente el edificio peruano. Fue en ese ambien

    te que las masas campesinas se adelantaron a la prxima reforma agraria acreciendo la ocupacin de loslatifundios. Millares de estudiantes universitarios seagruparon en Cooperacin Popular y salieron al campoa fin de colaborar con los campesinos en el desarrollo de la comunidad. Los profesionales e intelectuales fueron convocados a la tarea de disear las medidas de reconstruccin del pas. En verdad pareca ha

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    ber llegado la hora de conciliacin de todos los peruanos dispuestos a cambiar las estructuras dentro

    del orden legal.Una de las primeras medidas polticas del nuevo go

    bierno, en su proyecto de crear las instituciones de au-to-ayuda y auto-gobierno, fue la de convocar a elecciones municipales suprimidas haca 50 aos. A los seismeses de elegido Belande, la Alianza Accin Popular-Democracia Cristiana triunf en estas elecciones obteniendo cerca del 47% de los votos, lo que le confera ungran apoyo popular en favor de las reformas anti-oli-grquicas.

    La simpata norteamericana al gobierno de Belande era total, en la medida que su programa encamabalos propsitos de la Alianza para el Progreso. En este

    sentido la publicacin del Departamento de Guerra deEstados Unidos, antes citada, comentaba lo siguiente:

    Con la eleccin del Presidente Belande en1963, por la primera vez en su historia el Pertiene un gobierno fervientemente dedicado a re>-mover los obstculos al desarrollo de los recur

    sos econmicos y humanos del pas y a integrartodas las regiones y elementos de su poblacinen una efectiva y unificada nacin (US Army1965: 310).

    Sin embargo, consideraba los peligros de esta apertura,

    Si la reforma por medios pacficos fracasa ysi el crecimiento econmico es desbordado porlas crecientes expectativas, el camino estarabierto para la violencia de las masas bajo la direccin de elementos extremistas (US Army1965: 310).

    Pero, a su vez, la realizacin de las reformas queexigan los sectores populares y medios dependa de

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    la constelacin de intereses representados en las cmaras legislativas. La Junta Militar de Gobierno promulg en 1962 una nueva ley electoral, que sin suprimir el

    requisito del alfabetismo, reemplazaba el sistema dela "lista incompleta por el de la "cifra repartidora.Por esto, como aos ms tarde escribiera Guillermo Hoyos Osores al tratar de explicar la crisis poltica:

    El futuro presidente ... carecera de mayoraen el Congreso y debera buscar apoyo en algu

    no de los grupos adversarios, puesto que representacin proporcional significa casi indefecti

    blemente un gobierno plural (Hoyos 1969).

    Ahora bien, el APRA contaba con 76 representantes en el Congreso, la Alianza Accin Popular-Democracia Cristiana (AP-DC) 71 representantes y la Unin

    Nacional Odrista (UNO) 31 representantes; 6 otroscongresistas representaban a las restantes agrupaciones. En estas condiciones, el problema bsico para go

    bernar volva a ser el de establecer coaliciones capaces de una relacin constructiva entre el Ejecutivo y siLegislativo, con lo que se repeta la situacin plantea

    da a lo largo de la historia republicana. Desde un primer momento, tanto en el APRA como en AP se procur establecer una coalicin dndole al APRA la capacidad de participar en el gobierno. A pesar de los movimientos tcticos del APRA, un importante nmero desus lderes sostena la necesidad de reivindicar los postulados originales del Partido que podan ser llevados

    a cabo de definirse un entendimiento poltico con Accin Popular; igual posicin poltica exista entre algunos de los lderes de AP-DC.

    Pero si bien en trminos ideolgicos las afinidadesde ambos partidos eran grandes, eran mayores las resistencias internas y externas para Ja coalicin de di

    chas agrupaciones. En efecto, si AP aunaba sus fuerzas con las del APRA, era de esperarse que el ejrcito

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    y El Comercio, los principales apoyos de Belande, sevolcaran en contra del flamante Presidente y su gobierno. Adems, internamente en Accin Popular exista

    una importante fraccin de dirigentes que considerabaal APRA y a su Jefe como vendidos a la oligarqua,por los compromisos que haba establecido con la clase dominante durante el gobierno de Manuel Prado. Deah que establecer esta relacin con el APRA poda producir la fragmentacin interna de AP, con lo que el Presidente hubiera quedado a merced del APRA.

    Por otra parte, en el APRA exista la percepcinque Accin Popular y su Jefe eran competidores desleales, en tanto buscaban obarle sus banderas y la mi-litancia que por naturaleza le corresponda. Al mismo tiempo, el Presidente y su partido negaban al APRAel derecho a cogobernar el pas, pese a representar la

    primera fuerza poltica. 'Es as como se disolvi la posibilidad de constituir

    una alianza poltica entre los partidos reformistas y entre Ejecutivo y Legislativo, con el apoyo de alrededordel 80% del electorado.

    Ante esta situacin sucedi nuevamente lo que ha

    bra sido impensable en otras oportunidades: el APRAse coalig con el odrismo, con lo que se vino a reflotarel pacto establecido durante la convivencia. La Coalicin APRA UNO tuvo el pleno respaldo de la clase

    propietaria, y en especial de la fraccin oligrquica ydel capital extranjero que se agrupaba alrededor de

    La Prensa y su director Pedro Beltrn10.Si la coalicin del APRA con la burguesa durante

    el gobierno de Prado, supuestamente a fin de recupe

    10. Aos ms tarde el autor pregunt a Haya el porqu deesta alianza, cuando, en 1956, l haba considerado que el prximo golpe militar se realizara contra la oligarqua. La res

    puesta de Haya fue en el sentido que ellos suponan a la oligar

    qua mucho ms poderosa de lo que e 1968 result ser frentea los tanques.

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    rar la legalidad, le signific al APRA la desercin deun importante grupo de cuadros que consideraban esta tctica contraria a los principios anti-oligrquicos yanti-imperi'alistas, la impdica alianza con Odra determin una nueva emigracin de dirigentes y militantesde base. Muchos de ellos pasaron a engrosar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y los nuevos partidos reformistas.

    En trminos concretos, la Coalicin signific el con

    trol del Parlamento sobre el Ejecutivo, debido al orden constitucional estatuido en 1933 (Pareja 1951: 267-269) y que las cmaras legislativas cuidaran los intereses de la burguesa y los terratenientes. Jaquette(1971: 139) resume la relacin entre el Legislativo yel Ejecutivo de la siguiente manera:

    La fuerza del Congreso deriva de los poderesotorgados en la Constitucin de 1933. Primero,es el poder de interpelar y deponer ministros.Con este poder, el Congreso puede censurar alos ministros a su voluntad pero el Presidenteno tiene el poder recproco de la mayora delos sistemas parlamentarios de convocar a nue

    vas elecciones cuando sus ministros reciben unvoto de desconfianza. Segundo, el Congreso debe aprobar la dacin de impuestos o de cambiosen las tasas impositivas. En la prctica esto permite al Congreso ganarse el mrito por la apro

    bacin de nuevos programas pero le permite blo

    quear su ejecucin al rehusar su financiamiento.Tercero, no existe el voto presidencial; el Presidente slo puede promulgar y ejecutar las leyes enviadas a l. En 1939 el Presidente Benavi-des convoc a un plebiscito que aprob el veto ylimit el control parlamentario sobre la tributacin, pero estas enmiendas fueron eliminadas por

    un Congreso dominado por los apristas en 1945.Existe un veto residual por compromiso: el Pre

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    sidente puede observar Una ley en un lapsode diez das de haberla recibido, pero no es necesario una mayora extraordinaria del Congre

    so para reinstalarla. No es de sorprender porqu el APRA apoy el mantenimiento de las prerrogativas parlamentarias durante la Presidenciade Belande.

    A raz de las numerosas invasiones campesinas, simultneamente a la discusin de la ley de reforma agraria, la Coalicin (APRA-UNO) y el diario La Prensa,acusaron sostenidamente al gobierno de promover esasacciones por medio de Cooperacin Popular y exigieron la inmediata represin^ a las masas campesinas, almismo tiempo que restringieron el presupuesto de Coo

    peracin Popular. Para ello, la Coalicin interpel alprimer gabinete obligndolo a renunciar: as ese blo

    que parlamentario inaugur una prctica que llev alPresidente a designar 178 ministros en sus cinco aosde gobierno. De ellos, tuvo que cambiar a 94 y modificar ntegramente la composicin de seis gabinetes. Esdecir que Belande se vio obligado a nominar anualmente, en promedio, a 36 ministros, lo que equivala acambiar cada ao tres veces su cuerpo ministerial.

    La ley de reforma agraria presentada al Parlamento por Accin Popular fue retaceada por la Coalicin,hasta convertirla en un documento inoperante. La Coalicin excluy de la reforma a las propiedades trabajadas eficientemente y dedicadas a la produccin demercancas de exportacin. De esta manera, las propie

    dades con un alto grado de capitalizacin se vean libres de todo peligro de ser afectadas. Quedaba el sector pre-capitalista como rea de reforma agraria, peroincluso en este aspecto la ley recortaba las posibilidades de llevar acciones efectivas. En primer lugar, laOficina de Reforma Agraria en vez de depender directamente de la Presidencia, pas a ser fiscalizada por

    el Parlamento, estipulndose con un grado de minucio

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    sidad desesperante los pasos que dicha Oficina deballevar a cabo a fin de afectar una propiedad. Si bien

    la Coalicin tuvo que aceptar el hecho que las expropiaciones se pagaran con bonos que emitiera el gobierno, sistemticamente se dio a la tarea de reducir el presupuesto dedicado al funcionamiento de la Oficina deReforma Agraria y al financiamiento de dichos bonos.De all que entre 1963 y 1967 se afectaran slo 375,574Has. de ms de diez millones en favor de 13,553

    familias de alrededor de un milln. De esta suerte, los dos principales mecanismos que haba puesto enejecucin Accin Popular, Cooperacin Popular y Reforma Agraria se vieron bloqueados desde el primer momento.

    Sin la posibilidad de resolver el problema rural, el

    gobierno comenz su existencia adquiriendo una imagen de impotente y represivo, que mantuvo en lo sucesivo. No slo el Ejecutivo se encontraba imposibilitadolegalmente para resolver rpida y efectivamente el pro

    blema rural, sino que a instancias de la Coalicin seaprob que los campesinos que invadieran propiedadesno seran admitidos entre los beneficiarios de una pre

    sunta reforma.Asimismo, la Coalicin exigi destruir los focos au

    tnomos que se desarrollaban en el movimiento de lostrabajadores. As, un ministro fue obligado a renunciar debido a haber acordado un aumento de salariosa los empleados bancarios, que constituan el foco de

    mayor combatividad entre los trabajadores y que nose encontraban afiliados a la CTP. El resultado fue ladestruccin de la poderosa Federacin de EmpleadosBancarios con la expulsin de 600 empleados, incluida la totalidad de sus dirigentes. Otra de las interpelaciones, con la consiguiente renuncia, fue contra el Ministro de Educacin, miembro de la familia Mir Que-

    sada, por los supuestos auspicios que daba a los maestros de filiacin comunista y a las enseanzas marxis-

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    CUADRO 13

    Huelgas 1961-1968

    Ano

    Nmero dehuelgas

    Nmero detrabajadores

    Nmero de

    das/hombres

    1961 341

    1962 380

    1963 422

    1964 3981965 397 135,582 802,5761966 394 126.706 1461,0871967 414 142,282 1 046,5961968 364 107,809 422,225

    Fuente : Anuarios Estadsticos de la Organizacin Internacionaldel Trabajo.

    tas. Nuevamente de por medio se encontraba el hecho que este sector de empleados pblicos vena desarrollando una activa campaa para aumentar sus sueldos de manera sustantiva y tampoco estaba afiliado auna organizacin regida por el APRA.

    Es as como frente al bloqueo apro-odrista, Belan-de se encontr reprimiendo al movimiento campesinoy los ejes del movimiento laboral que perseguan suautonoma del control aprista. As, el gobierno reprima a sus bases populares de apoyo, gracias a la accinde sus enemigos.

    Todo el conjunto de derrotas y sistemticas retiradas polticas conllev a que en Accin Popular se polarizaran rpidamente las diferentes tendencias. La direccin de Cooperacin Popular propuso activar la movilizacin campesina a fin de obligar al Parlamento a revisar su comportamiento. Otra alternativa propuesta

    fue la de realizar un auto-golpe, con el apoyo declarado del ejrcito a fin de cerrar el Congreso y convo

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    car a un plebiscito no previsto en la Constitucin a fin de refrendar la posicin reformista del Ejecutivo.Belande, temeroso de quebrar la institucionalidad por

    cualquiera de esos mecanismos, rechaz estas propuestas y prefiri seguir buscando una alternativa polticalejos de las masas populares. Es as como intent establecer, secretamente, con la ayuda de un pequeo nmero de amigos personales un acuerdo con la oposicin.

    Esto signific a su vez, la desercin de cuadros po

    lticos de Accin Popular, que desilusionados por elfracaso de la alternativa reformista, pasaron a integrarla izquierda y luego las guerrillas. Paralelamente, secomenz a difundir entre los nuevos sectores reformistas el argumento que en el Per eran inoperantes lasfrmulas democrticas como medio de canalizar la trans

    formacin estatal y que lo necesario era un gobiernofuerte.

    Mientras tanto el APRA, con el apoyo del odrismodesarroll una activa poltica para satisfacer los intereses inmediatos de segmentos de las clases popularesy medias urbanas, mientras, por otro lado, se articulaba con banqueros, industriales, exportadores y terratonientes, a fin de promover sus particulares intereses,gracias a la influencia que el Partido tena en la Administracin Pblica, a travs de su organizacin partidaria y su expresin en el Parlamento. De esta manerael APRA fue convirtindose en el conducto obligado para la solucin de los ms diversos problemas de las di

    ferentes fracciones de las varias clases de la sociedad,practicando una conciliacin de clases que auguraba eltipo de gobierno que llevara a cabo.

    El Ejecutivo asumi la misma accin de la Coalicin,compitiendo con ella en satisfacer los requerimientos

    particulares de la poblacin urbana como medio de

    compensar los cambios estructurales ofrecidos, dando nfasis a la expansin del gasto pblico.

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    Fue as como se impuso la alternativa distributiva,que significaba el mantenimiento del control que ejerca la burguesa y el imperialismo sobre la poltica econmica, mientras que los grupos polticos intermediarios entre el Estado y las clases populares y medias ur

    banas, se esforzaban en ganarse su apoyo mediante laexpansin del gasto pblico. Pero es evidente que esta alternativa tiene lmites precisos en cada caso, pasados los cuales se deriva en una crisis poltica. Esafue, precisamente, la historia del gobierno de Belande.

    Es as como al ao de instalado el gobierno de Belande, se vinieron por tierra las esperanzas de ajustar el pas a las nuevas tendencias estructurales en curso. Este gobierno que haba nacido con los mejores aus

    picios del apoyo generalizado del campesino y de muyimportantes sectores de trabajadores urbanos, la igle

    sia, del ejrcito, el influyente diario El Comercio, y laAlianza para el Progreso, no poda actuar, en ltimainstancia, por el carcter clasista del Estado, del quepretenda hacer uso para alterar la estructura social.Asimismo, por el rechazo de los dirigentes de AccinPopular de servirse de la movilizacin poltica popular

    para intentar escapar al crculo de hierro de la oposicin, que persegua su rendimiento total e incondicional.

    Sera en estas condiciones que en 1965 el Movimiento de Izquierda Revolucionaria decidi lanzarse a laapertura de focos guerrilleros en distintos puntos del

    pas, al que poco despus se sum el Ejrcito de Liberacin Nacional, sin que entre ellos mediara coordinacin alguna (Bjar 1969, Condoruna 1971, Mercado1967). Estos focos se desarrollaron cuando el movimiento dirigido por Hugo Blanco haba sido aplastado, el movimiento tendiente a agrupar a la clase obrera fuera delcontrol aprista haba sido reprimido y, en general, cuando el movimiento campesino haba sido amenazado por

    los parlamentarios de la Coalicin de no atender a quie

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    nes propasaran los dictmenes legales. Estos focos guerrilleros fueron rpidamente debelados y el de mayor

    duracin resisti seis meses.La reaccin de Belande fue desestimar el pro

    blema guerrillero, dando pie para que la Coalicin yLa Prensa desataran una campaa contra el gobierno;buscando sensibilizar a los oficiales del ejrcito quede esta suerte, suponan, romperan la alianza tcita

    que mantenan con Belande. La campaa de la Coalicin y La Prensa tuvo xito puesto que el ejrcito exigi a Belande poner en marcha una accin represiva que tendra por objetivo no slo destruir los focosguerrilleros sino que, siguiendo las tcnicas de la con-trainsurgencia, debera considerar la destruccin delmovimiento campesino y las tendencias autnomas que

    se destacaban en el movimiento obrero. En estas condiciones el gobierno de Belande acab perdiendo elapoyo de los sectores populares radicalizados, permitiendo que los sectores medios y populares encontraranen el Apra la nica opcin para lograr sus reivindicaciones inmediatas. As, el rechazo de Belande y suscercanos colaboradores a movilizar los sectores populares, adems de su pasividad frente a la ofensiva apris-ta cre las condiciones para que el Apra se arrogara larepresentacin de dichos sectores y culpara al gobierno por su incapacidad de mejorarles su condicin de vida, situacin de la que el Apra era tambin responsable.

    Sin embargo, el desencadenamiento guerrillero tuvo

    un impacto decisivo en el ejrcito. Se hicieron realidad las advertencias relativas al peligro de una guerrarevolucionaria, planteadas por el Servicio de Inteligencia del Ejrcito. A partir de esta situacin, debido alas funciones que le tocaba desempear este Serviciocreci en importancia y se destac la validez de sus pro

    posiciones relativas a la urgencia de ' promover medidas, como las establecidas en La Convencin, no slopara anular los brotes de guerra interna, sino para

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    definir una nueva organizacin de la sociedad que permitiera la integracin poltica de las masas popularesal Estado.

    En este sentido exista una total coincidencia conlos asesores norteamericanos del Departamento de Guerra:

    El gobierno de Prado, la Junta Militar de 1962-1963 y Fernando Belande encontraron posible,en cierto grado, controlar esta violencia y desor

    den a travs del uso moderado de las fuerzas policiales, pero es claro que un estado de paz permanente slo puede ser logrado a travs de reformas sociales y una rpida mejora de las condiciones econmicas.. .La principal causa de inestabilidad descansa en

    la separacin de los indios de la vida econmicay social del pas. Al menos que el grueso de losindios vea su condicin mejorada, seguirn constituyendo un campo frtil para sembrar la subversin. Grupos que persiguen su propio inters as como agitadores de izquierda continuarn impulsando a los indios para que stos to

    men la ley en sus propias manos. Sindicatos yligas campesinas formados por indios sern fcilmente manipulados, particularmente por el

    bien organizado Partido Comunista Peruano y asconstituir un potencial altamente subversivo...Por otro lado una posible fuente de apoyo futuro para las capturas de tierra de parte de los

    indios, reposa en la tropa de las fuerzas armadas. Los reclutas vienen de las clases sub-privi-legiadas as como un nmero creciente de jvenes oficiales... (US Army 1965: 605, 629).

    Es a partir de entonces que se comenz a establecer,aunque en forma imprecisa, la necesidad de formular

    un proyecto poltico a partir de las perspectivas militares y militarizar el Estado.

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    Contrariamente a las exigencias militares, era notorio el bloqueo que la clase dominante a travs delAPRA estableca a esos requisitos y que determinaba

    la incapacidad del Presidente. En general, la perspectiva era la de un sistema poltico incapaz de cumplircon lo que se esperaba de l. La conclusin a la queiran llegando los comandantes militares era la mismaa la que haban llegado algunos intelectuales y profesionales: el sistema democrtico era inservible para lograr

    la transformacin del pas. Es decir, no se poda transformar el carcter clasista del Estado a partir del mismo.

    La incorporacin segmentaria de los sectores populares y medios urbanos en las consideraciones del go

    bierno, patrocinada por la Coalicin APRA-UNO y laAlianza AP-DC, signific un sustantivo incremento delgasto pblico. Durante el primer presupuesto del gobierno de Belande los egresos alcanzaron el 11.5%del producto nacional, proporcin por debajo del promedio de Amrica Latina. En 1967 el gasto pblicose elev al 15.3%, la proporcin ms alta de la regin,con excepcin de Venezuela (CEPAL 1968: 22). Pero, en la medida que el APRA sostena que esa pol

    tica asistencialista no deba afectar los intereses dominantes, bloque los intentos gubernativos de refcr-mular la poltica tributaria, de donde result que elgasto pblico se fund en el dficit presupuestal, quedurante el perodo 1965-1967 tuvo, en promedio, un incremento promedio de 95% anual.

    En este sentido, las tendencias generadas durantelos aos 50, especialmente a partir del gobierno de Prado, relativas a favorecer segmentariamente una redistribucin del ingreso en favor de los sectores urbanosse intensificaron:

    la ciudad se fortaleci en relacin al campo; la

    industria, la construccin y los servicios con respecto a los rentistas: la clase obrera y la clase

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    media frente a los dos sectores ms tradicionales de la poblacin: los que vivan de la rentacuya importancia cay bruscamente, y el grueso

    de la poblacin de la sierra. .. La rpida creacin de empleos en las reas urbanas, estimulada por el boom de la construccin, conjuntamente con una brusca expansin del reclutamientoescolar, crearon una generalizada percepcin entre los sectores de ingreso bajo que las oportunidades se expandan para ellos y que no se encontraban encajonados en un patrn regresivode la distribucin del ingreso (Kuczynski 1977:72).

    En efecto, durante el gobierno de Belande se diouna dramtica expansin del gasto pblico y muy enespecial el destinado a educacin. Hunt (1971: 393)

    seala que en 1965 este gasto en educacin era equivalente al 5.1% del producto bruto, proporcin que seencontraba muy por encima del promedio que destina

    ban los pases subdesarrollados a ese rubro y cercanoal de los pases altamente industrializados. Entre 1960y 1965 los gastos en educacin subieron en 85%, llegando a constituir el 33% del presupuesto. De all queen ese perodo el nmero de estudiantes creci en 50%y el de maestros en 67%, resultando que el Per experimentara en ese lapso la tasa de crecimiento ms r

    pido del reclutamiento estudiantil entre los principales pases de Amrica Latina.

    Mientras entre 1963-1966, el gasto pblico se du

    plic en forma paralela al crecimiento del dficit fiscal, el gobierno redujo la imposicin a las empresas,al ampliar en 1963 y 1964 las exoneraciones tributariasy los derechos de importacin de la industria. Si los

    beneficios de las empresas en 1962 constituan el 16%del ingreso nacional, 12% se encontraba libre de im

    puestos. En 1966 dicha participacin subi al 18% y15% estaba exento de tributar. Por otro lado, mientras

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    C U A D R O 14

    Cambios en la distribucin porcentual del gasto pblico

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    Ao

    Adminis

    tracin

    Ejrcito

    y Polica

    Educa

    cin Salud Fomento Otros

    1900 28.5 47.3 2.9 0.7 2.0 18.6

    1905 23.8 49.9 4.5 2.9 3.3 15.6

    1910 12.5 64.2 8.1 1.2 2.1 11 .81915 18.6 45.1 10.1 0.7 1.7 23.7

    1920 21.5 38.0 10>6 5.9 11.0 13.0

    1929 25.8 37.3 11.7 4.9 8.3 12.0

    1942 19.4 40.2 10.5 6.4 11.8 11.6

    1945 14.7 41.1 13.3 7.7 10.9 12.3

    1950 13.3 39.8 16.0 5.2 14.5 11.1

    1955 11.8 37.7 14.8 9.4 5.3 11.0

    1960 11.4 33.7 20.6 8.3 12.1 14.0

    1965 9.6 27.8 29.4 6.4 16.8 10.0

    Fuente : Adaptado de Hunt (1971 : 398).

    en 1960 los impuestos de las empresas constituan el26% de los ingresos del gobierno, en 1965 esta proporcin cay a 16%.

    Esto signific que el sistema tributario descansarasobre bases totalmente regresivas: en 1963 la partici

    pacin de los impuestos directos en los ingresos gubernamentales fue de 32.8%. En 1964 fue de 24.5%. En1965 de 23.7% para subir en 1967 a 26.2% (Kuczynski1977: 87). Por otro lado se otorgaba un considerablesubsidio a la industria, muy especialmente a las ensam

    bladores de automviles. Ahora bien, por el carcter

    altamente concentrado y extranjero que desde sus inicios tuvo el desarrollo industrial, esta poltica signifi

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    c favorecer la acumulacin imperialista en este sector de la produccin.

    El incremento de los gastos gubernamentales, el dficit fiscal y el incremento del crdito interno, determinaron un alza en los costos internos, con el consiguiente desarrollo de una onda inflacionaria que, paralelamente, al mantenimiento de la tasa de cambioestablecida en 1959, hizo que el dlar fuese, al decirde Beltrn, la mercanca ms barata que tena el Per.

    De esta manera se favoreci el desarrollo de las importaciones: en 1966 se duplicaron los inventarios de lasempresas, anticipndose a una futura devaluacin, y lasimportaciones crecieron en 26%, mientras que las ex

    portaciones se estancaron por la baja de la cotizacinde las materias primas en el mercado internacional.

    Por ltimo, las inversiones extranjeras comenzarona incrementar las repatriaciones de sus beneficios: sien 1964 los dividendos exportados fueron de 91 millones de dlares, tres aos ms tarde alcanzaron a 140millones de dlares. (I.M.F. 1969: 255), es decir el 20%del valor de las exportaciones de ese ao.

    Ante este juego de factores, el gobierno recurri alcrdito internacional para mantener el crecimiento econmico destinado a satisfacer la poltica de asistencia social a las masas urbanas. Debido a su promesa de resolver el problema de la I.P.C. en los primeros 90 dasde su gobierno, Washington respondi congelando todaayuda hasta tanto esa situacin no se resolviera favora

    blemente para dicha empresa. Debido a que la promesa no se realiz y subsisti a todo lo largo del gobierno,Belande recibi slo 74.5 millones de dlares por concepto de asistencia bilateral, aproximadamente unacuarta parte de la ayuda norteamericana per cpita querecibi Colombia y una dcima parte per cpita de laque obtuvo Chile (Treverton 1974). Este bloqueo delgobierno norteamericano, hasta tanto no se resolviera el

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    problema de la IPC de manera favorable para esta empresa, oblig al Per a concertar rditos a corto plazoy con altos intereses con la banca internacional.

    Gracias al alza del volumen y de los precios de lasexportaciones que el Per haba tenido en los ltimosaos, aunado a una poltica liberal con las empresasextranjeras, los prstamos exteriores se concertaronsin mayor dificultad. Entre 1963 y 1967 el pas multiplic su deuda externa, pasando de 237 a 685 millones

    de dlares: mientras en 1965 ella constitua el 9% delvalor de las exportaciones, en 1968 alcanz el 18%. Esas como a partir de 1966 se hizo evidente la existenciade un problema en la balanza de pagos y el crecimiento de una espiral inflacionaria.

    Frente a la crisis econmica, las alternativas polti

    cas que se presentaron al gobierno fue la de los exportadores, que exigan una solucin de corte liberal yla de los sectores radicalizados de la Alianza AP-DC.Para los primeros deba devaluarse la moneda, equili

    brarse el presupuesto mediante la reduccin del gasto pblico y el recorte de los subsidios a los productosde consumo popular y, por ltimo, reducir, ms, la carga impositiva al capital. Para los sectores radicalesde la Alianza, el gobierno deba implantar el control decambios, planificar las importaciones, incrementar lastasas impositivas al capital y a los ingresos personales.Pero ninguna de estas medidas seran suficientes si nose efectuaban las reformas que modificaran sustantiva

    mente la estructura de la sociedad.El gobierno solicit al Congreso la dacin de los dis

    positivos legales necesarios a fin de incrementar las tasas impositivas que permitieran equilibrar el presupuesto. El APRA, sin rubricar las exigencias de sus socios,se opuso rotundamente a elevar los impuestos directos

    y exigi, en cambio, la reduccin de los gastos que implicaba el mantenimiento de una burocracia dorada

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    y de gastos innecesarios (Temoche Benites 1969). As,se fue difiriendo la solucin inmediata de la crisis econmica, sin que los contendientes polticos encontraran

    puntos de entendimiento. El continuo deterioro que significaba este empate motiv que la Alianza y la Coalicin se lanzaran mutuas acusaciones que envenenaronlos nimos de dichas representaciones polticas.

    Por otra parte, existan otras restricciones a la solucin de la crisis econmica. En primer lugar, la im

    periosa necesidad de refinanciar la deuda externa y,en segundo lugar, obtener una dotacin de capitalesextranjeros que redinamizara el estancado sector exportador que segua siendo la base de la economa delpas.

    En cuanto a lo primero, el refinanciamiento de ladeuda estaba condicionado a la adopcin por el gobier

    no de las tradicionales recetas liberales del Fondo Monetario Internacional. A fin de morigerar las dificultades inmediatas y encaminar al gobierno peruano enel marco de sus soluciones, el FMI le concedi un standby de 42 millones de dlares, que se volcaron de inmediato en una escandalosa especulacin monetaria por

    el conjunto de la burguesa y la alta burocracia estatal.El prstamo de 60 millones que el Per negociaba

    con la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.)se suspendi por parte del gobierno norteamericano,debido a que en el nterin se cre un nuevo conflictoentre el gobierno peruano y el' norteamericano, que tuvo una dramtica repercusin en la Fuerza Armada.

    En ese ao, 1967, la Fuerza Area solicit al gobierno norteamericano un crdito para la adquisicin deaviones supersnicos. Debido a consideraciones internas (Blomfield s/f) el gobierno norteamericano rechaz la solicitud peruana, lo que motiv que el Per reaccionara comprando en Francia aviones Mirage. En estas condiciones Estados Unidos reconsider su decisin

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    y sugiri al gobierno peruano su reconsideracin, laque no fue aceptada por ste. El rechazo desat unaintensa polmica en los Estados Unidos y el Congresode ese pas decidi suspender la ayuda al Per, que estaba a punto de ser renovada despus de cinco aosde congelamiento. El Senado de Estados Unidos adujoque un pas tan subdesarrollado como el Per deba tener otras prioridades ms importantes! que las militares. Adems, que si el gobierno peruano compraba ar

    mas en otros pases, la ayuda econmica norteamericana servira para cancelar dichas adquisiciones que com

    petan con la produccin norteamericana.

    Esta actitud del Congreso norteamericano desat unafuriosa campaa anti-norteamericana en los medios polticos y se hizo patente una vez ms la "dependencia ex

    terna que sufra el pas. La Fuerza Armada volvi a sufrir en carne propia su dependencia respecto a los Estados Unidos y se reforz la conciencia que en ese sentido se desarrollaba en dicha institucin.

    Por otro lado exista una oferta de un grupo de consorcios norteamericanos para invertir 350 millones de

    dlares para la explotacin de los yacimientos de cobre de Cuajone, que sumados & los de Toquepala haran posible la constitucin de uno de los complejos mineros ms importantes y tecnolgicamente ms avanzados del mundo, que permitiran subsanar el agotamiento de las exportaciones. Pero la realizacin de esta inversin se encontraba condicionada, de un lado, al sa

    neamiento de la economa peruana y, de otro, al arreglo del gobierno peruano con la International Petroleum Company, que no tena visos de solucin (Ballan-tyne 1975).

    Estos problemas internacionales agregaban una nueva situacin al complicado panorama poltico del Per

    y dejaban al Ejecutivo sin salida. El gobierno, incapazde encontrar ayuda en el exterior, sigui recurriendo

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    a las cmaras legislativas a fin de que stas aprobaranlas reformas tributarias que deberan permitirle resolver la situacin. La Coalicin, y el APRA en particular, sigui negndole al Ejecutivo los recursos legalesaduciendo, con un cinismo que vapuleaba la conciencia y la impotencia de los reformistas, que tales medidas castigaran los presupuestos populares. As, el APRAy la UNO buscaban presentarse como defensores de lasmasas haciendo uso de argumentos que, en definitiva,

    favorecan los intereses del gran capital. No falt quiendijera que los lderes apristas, al igual que un famoso

    poltico francs, sostenan el violn con la izquierda para tocarlo con la derecha.

    Esta situacin favoreci que se generalizara la imagen de un Ejecutivo impotente, contrastado con un Par

    lamento convertido realmente en el primer poderdel pas. Esta percepcin reafirm las tendencias encurso en amplios sectores de la poblacin sin experiencia poltica, que buscaron acercarse a la Coalicin pararesolver sus necesidades inmediatas.

    Pese a las declaraciones de Belande que no se de-

    valuara la moneda, por ser un acto de traicin a lapatria, en setiembre de 1967 sufri una devaluacin del44% en relacin al dlar. De inmediato Belande pasa justificar esta decisin manifestando que tendra efectos positivos en la economa peruana . El descreimiento y el cinismo campeaban y si bien es cierto que siem

    pre estuvieron presentes en la cultura poltica de la sociedad peruana, en esta ocasin llegaron a constituirse en sus elementos ms prominentes. Compartiendoestos rasgos culturales se agregaba el desaliento de losque haban soado con la renovacin ofrecida por Belande y la generalizacin de la creencia que la democracia no era otra cosa que un engaa-bobos, que los

    poderosos movan a su antojo para confundir a la poblacin.

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    Los sectores radicalizados de Accin Popular y dela Democracia Cristiana, as como la desagregada izquier

    da revolucionaria, los obreros opuestos a la manipulacin sindical aprista y en proceso de organizacin enla Comisin de Defensa y Unidad Sindical, desataronuna fuerte crtica no slo contra la corrupcin polticadel APRA y la pasividad e ineptitud gubernamental,sino contra el rgimen de dominacin en su totalidad.Era claro, para el Servicio de Inteligencia, que el pas

    estaba prximo a ingresar a una etapa de disgregacindebido al fracaso de la clase poltica peruana. Irnicamente, el APRA que quera llegar al poder por la va electoral y el consentimiento oligrquico, no slo haba tenido xito en erosionar el gobierno de Belande, sino quetambin haba destruido la creencia en la posibilidad detransformar la sociedad por medio del Estado oligrquico.

    En noviembre, dos meses despus de la devaluacin,en el departamento de Lima se realizaron eleccionescomplementarias para reemplazar a un diputado de Accin Popular que haba fallecido. Estas elecciones cobraron un carcter plebiscitario, puesto que cerca de lamitad de los electores se concentraba en este departamen

    to. Los resultados favorecieron al candidato de la Coalicin, Enrique Chirinos Soto, recientemente inscrito en elAPRA, y con una larga trayectoria periodstica en LaPrensa y luego en Correo, peridico entonces propiedadde uno de los magnates de la pesca. Chirinos, con el apoyo de la Coalicin y de su prensa, tena todas las venta

    jas para lograr ese triunfo: su campaa repeta la quea diario realizaba la Coalicin, echndole la culpa a lospartidos que apoyaban al Presidente, y a este mismo, dehaber llevado el pas al caos econmico. El cinismo dela campaa de Chirinos era comparable a la dl APRA,y su slogan no ms impuestos era una clara manifestacin del mismo, dado que a causa de la Coalicin, el

    gobierno haba sido incapaz de dictar toda medida tributaria que tuviera un carcter progresivo.

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    La derrota poltica de Accin Popular-DemocraciaCristiana se debi al generalizado descrdito en quehaban cado estos partidos, gracias a la efectiva accin

    de la Coalicin y al inmovilismo poltico de Belande;a la efectividad de la poltica asistencial del APRA; y ala constitucin de una tercera candidatura que aglutina la izquierda y obtuvo el 10% de los votos; siguiendola consigna de varios grupos de la izquierda revolucionaria, el 8% del electorado vot en blanco. Este sorpre

    sivo resultado puso de manifiesto la radicalizacin deun importante sector de antiguos ^simpatizantes de Accin Popular y Democracia Cristiana.

    El desenlace electoral dio inicio a la divisin de lospartidos de la Alianza, que llev a la depuracin desu lnea de accin. De la Democracia Cristiana se apar

    taron los elementos que claramente representaban losintereses de la burguesa y que favorecan la polticade lograr un acuerdo entre el Ejecutivo y la Coalicin

    pasando a constituir el Partido Popular Cristiano, dirigido por Luis Bedoya Reyes entonces Alcalde de Lima.La Democracia Cristiana retir el apoyo que hasta entonces le haba acordado al Presidente y se dio a la ta

    rea de reformular y reafirmar sus postulados reformistas. La misma tendencia se observ en Accin Popular:en el congreso del Partido, en febrero de 1967, la direccin nacional haba hecho fuertes crticas a su JefeFundador, y haba elegido como Secretario General,contra la tenaz oposicin del Presidente y sus allega

    dos inmediatos, a Edgardo Seoane, lder de los radicales, en la jerga periodstica termocfalos.

    Es decir, el desarrollo de la situacin poltica favoreca una depuracin y recombinacin de las fuerzasreformistas con las de la izquierda. Esta posibilidad no

    pas desapercibida al Servicio de Inteligencia, que vis

    lumbr un teatro de operaciones cargado de peligro,en tanto la polarizacin poltica estaba en marcha.

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    Desde el momento de la devaluacin, en setiembrede 1967, hasta el golpe militar, el 3 de octubre de 1968,la Coalicin forz a Belande a nominar hasta cinco ga

    binetes. Todos con excepcin del penltimo, tuvieronuna existencia corta, precaria e ineficaz (Kuczynski1977). En febrero de 1968 Belande dej de convocara sus amigos y recomendados en la cartera de Hacienda y solicit al ejrcito un delegado de esa institucin

    para hacerse cargo de ese ministerio. Con esta nomi

    nacin Belande pretenda presionar al APRA de modo de obtener los instrumentos legales para resolverla situacin y, de paso, reafirmar el apoyo castrense asu gobierno. El ministro militar procur poner ordenmilitar a su dependencia, colocando oficiales designados por el aparato castrense como fiscalizadores deaduanas, y en la recaudacin de impuestos a fin de mo

    ralizar la administracin pblica. Sin embargo, el Parlamento sigui negndole al gobierno las medidas quesolicitaba y que resultaban ser las mismas que desdeun principio exigieron todos los gabinetes, y que se cean a las recomendaciones de los sabios de la Alianza para el Progreso. El objetivo aprista estaba a la vis

    ta: apoyar los intereses de sus aliados de la burguesay desacreditar al gobierno a fin de asegurarse con ellosla victoria electoral en 1969.

    La oposicin a esta reiterada solicitud cont con elapoyo de La Prensa, que extendi sus crticas al go

    bierno norteamericano por las recomendaciones que daba la Alianza para el Progreso, y que no aplicaba en supropio pas. En efecto, La Prensa aduca que mientrasse favoreca el alza de impuestos directos en el Per,y en general en Amrica Latina, el gobierno norteamericano se dedicaba a reducirlos en su pas. Claro queeste juego demaggico olvidaba decir cules eran lasdiferencias entre estos pases.

    Frente a este revs, el ejrcito dispuso que el Ministro de Hacienda, general Morales Bermdez, se reti

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    rase del gabinete para no quemarse en una confrontacin con el APRA. Los futuros golpistas, en pleno movimiento, le tenan reservado otro destino: el de Ministro

    de Economa en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

    El APRA haba decidido correr el riesgo de vetara un delegado de la Fuerza Armada, despus de cercade cuatro dcadas de sufrir el veto militar, debido atener en sus manos los documentos referentes a un

    cuantioso contrabando en el que se encontraban implicados altos jefes de esa institucin e ntimos del Presidente. El escndalo que signific ese contrabando determin, an ms, el descrdito del gobierno y del rgimen poltico. En la Fuerza Armada se cre una situacin de profunda incertidumbre al darse cuenta quela crisis poltica la arrastraba indefectiblemente. El pe

    ligro de la disgregacin de todo el sistema poltico pareca repetir, a la letra, las condiciones previas al desastre de 1879.

    Una comisin parlamentaria dirigida por un representante aprista dirigi la investigacin y si bien steno se sirvi de la documentacin que logr recoger pa

    ra atacar polticamente al ejrcito, era claro que tena en sus manos las mejores cartas del pker poltico.En el mes de abril, cuando la Comisin Investigadoradel Contrabando constitua el centro de la atencin p

    blica, los tres ministros de las Fuerzas Armadas solicitaron que los militares inculpados fueran declaradosinocentes, motivo por el que se entabl una acre discu

    sin entre stos y un diputado demcrata-cristiano queconformaba dicha Comisin, mientras su presidente, eldiputado aprista, callaba. A la salida de una reuninde estos ministros con los presidentes de las Cmaras,un periodista les pregunt si las Fuerzas Armadas vetaban al diputado demcrata-cristiano, lo que fue res

    pondido por el Ministro de Guerra, de manera irritada,esa palabra hay que borrarla del diccionario de la

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    Fuerza Armada . Mientras algunos observadores consideraron esa expresin como una simple salida del ministro, otros interpretaron que el Partido Aprista reci

    bira un tratamiento liberal de las Fuerzas Armadas sia su vez olvidaba la investigacin en marcha.

    La alegra entre los apristas fue pblica y notoriay favoreci que se aceptara una aproximacin al Ejecutivo que ste a su vez haba iniciado. En el mes de junio, despus de las depuraciones polticas en curso enAP y DC, y de las conversaciones entre los delegados

    del Presidente y el APRA se levant el teln del ltimoacto del gobierno de Belande. Para entonces se constituy un gabinete que, a diferencia de los anterioresera producto de un acuerdo entre Belande y el APRA.El gabinete, para sorpresa general, recibi poderes extraordinarios por un perodo de dos meses, sin tenerque someterse a los controles parlamentarios. Esta nueva situacin, a todas luces anticonstitucional, le permiti al nuevo gabinete gobernar, dictando cerca de 300decretos que posteriormente fueron ratificados por lasCmaras (Jaquette 1971). En ltima instancia esta nueva situacin fue posible por el tcito reconocimiento p

    blico al APRA y la amenaza de un golpe de Estado, quedesbaratara sus planes para 1969.

    Las medidas econmicas que dict el gabinete presidido por Oswaldo Hercelles, a iniciativa del Ministrode Economa, Manuel Ulloa, tenan una clara intencinde eliminar los rezagos coloniales y favorecer, tmidamente, a la burguesa nacional. Estableci el impuesto al patrimonio, elimin las acciones al portador y las

    convirti en nominativas, haciendo posible que el Estado pudiera controlar efectivamente la recaudacin de losimpuestos al capital. A estas medidas se sum el incremento de las tasas impositivas de los ingresos personales.

    Paralelamente a estas medidas, Ulloa busc restringir la expansin del capital imperialista en el sistema

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    financiero, decretando que slo la banca nacional podacontar con sucursales y absorber el ahorro interno del

    pas. Se defini como banca extranjera aqulla en que

    el capital forneo participaba con ms del 33% de susactivos. As se esperaba promover el capital nacionaly acondicionar el crdito necesario para el desarrollodelos empresarios peruanos, modificando la tendencia encurso que favoreca la monopolizacin extranjera. En este mismo sentido, se estipul que las industrias de na

    turaleza estratgica deban ser controladas mayoritaria-mente por capital nacional o, en su defecto, pasar a poder del Estado.

    En el mismo orden de cosas, el Ministro de Hacienda y Comercio otorg al Estado un creciente controlsobre la poltica monetaria. El directorio del Banco

    Central de Reserva, hasta entonces compuesto por delegados de la banca privada, en la que destacaba elcapital extranjero, pas a estar conformado mayorita-riamente por representantes del gobierno, as como delas organizaciones laborales controladas por el APRA y gremiales de la burguesa.

    Ulloa logr refinanciar la deuda externa y concre

    tar el ingreso de nuevos capitales norteamericanos destinados a la explotacin minera. De acuerdo a los nuevos dispositivos, este capital debera establecer una ligazn con el desarrollo industrial del pas, desechando laformacin de nuevos enclaves.

    El objetivo de Ulloa era pues realizar una gradual

    reforma agraria, que por la va fiscal eliminara los rezagos seoriales, abriendo paso a la formacin de undinmico empresariado rural. En el caso industrial, setrataba de ampliar el espacio de la burguesa nacionalsin desechar la participacin complementaria del ca

    pital extranjero.

    La crisis forz la bsqueda de una frmula mediadora, que mediante la plena incorporacin poltica del

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    APRA a la vida estatal y el aislamiento de los sectores medios radicales as como de la fraccin seorial de la clasedominante resolviera las contradicciones ms saltantesque se encontraban en el horizonte concreto de las clases sociales.

    Es en este sentido que el Gabinete Hercelles y lasreformas propuestas por Ulloa acabaron por perfilarun cuadro enteramente novedoso. Se ha visto anteriormente que despus de las elecciones complementarias

    de 1967 se segreg de la Democracia Cristiana un sector que pas a constituir el Partido Popular Cristiano,que se adhiri a la nueva orientacin gubernamental.Accin Popular se dividi entre termocfalos, dirigidos por Edgardo Seoane, y carlistas por Ulloa. LaUNO se dividi entre los seguidores del general Odray del senador de La Piedra, quien sum su apoyo a Hercelles.

    La Prensa, como era de esperarse, se distanci desus aliados apristas e inici un violento ataque a lasmedidas de Ulloa. El Comercio, aunque apoyaba a Ulloa,se opuso tenazmente al reconocimiento poltico que sele otorgaba al APRA. As, el cuadro poltico sufri unanotable reestructuracin, que dejaba a la expectativa delos acontecimientos a una serie de grupos polticos.

    En fin, a mediados de 1968 era notoria la conformacin de un bloque que inclua el sector de la burguesa,que haba depurado sus intereses de los grupos seoriales, y el grupo poltico ms organizado de los secto

    res medios, capaz de conciliar los intereses de esa fraccin burguesa con las capas populares.

    Despus de tantos zigzagueos y contramarchas, elAPRA y la burguesa se encontraban. Pero en el entretanto el APRA, como Abraham, haba tenido que hacer una larga espera y contraer varias uniones esp

    reas, hasta lograr una unin autntica, que implantarala plena y depurada hegemona burguesa-imperialista.

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    El nico escollo que faltaba resolver para dar cursoa la nueva tendencia era el acuerdo con la IPC. Despusde cinco -aos de negociaciones infructuosas entre Be-

    lande y los altos funcionarios de esa empresa, el Presidente le envi un ultimtum lo que hasta entoncesno haba hecho que decidi a sus directivos aceptarla solucin que Belande haba propuesto desde el inicio de su gobierno (Goodwin 1969).

    La nueva configuracin poltica le otorgaba al Presi

    dente una capacidad indita para resolver el impasseexistente entre el gobierno y la IPC. Adems, a lo largo de los ltimos cinco aos, el Parlamento haba legislado otorgndole facultades para que de acuerdo a su

    particular criterio resolviera esa situacin, contrariamente a la prctica cotidiana de la Coalicin.

    Segn el acuerdo, la IPC se comprometa a hacerentrega al gobierno de los semi-agotados pozos petrolferos cuya posesin