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CONFLICTOS INDIGENAS EN MEXICO Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México

30 DE NOVIEMBRE DE 2017 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Entidad Número de conflictos

Baja California 10

Baja California Sur 3

Campeche 1

CD de MEX 5

Chiapas 63

Chihuahua 15

Coahuila de Zaragoza 1

Colima 4

Durango 3

Estado de México 16

Guanajuato 4

Guerrero 29

Hidalgo 4

Jalisco 14

Michoacán 17

Morelos 8

Nayarit 4

Oaxaca 47

Puebla 33

Querétaro 1

Quintana Roo 3

San Luís Potosí 14

Sinaloa 3

Sonora 10

Tabasco 4

Tlaxcala 1

Veracruz de Ignacio de la Llave 11

Yucatán 4

Zacatecas 1

Interestatales 2

Total de Conflictos 335

Tema Número de conflictos

Agrario 50

Producción Agrícola 1

Asentamientos Irregulares 1

Campo Fotovoltaico 1

Derechos Indígenas 23

Desplazados 5

Medio ambiente 20

Parques eólicos 8

Político Social 30

Programas y Servicios Gubernamentales 28

Proyectos Carreteros 16

Proyectos de Desarrollo Inmobiliario 12

Proyectos de Gasoductos 4

Proyectos de Infraestructura 28

Proyectos Hidráulicos 26

Proyectos Hidroeléctricos 2

Proyectos Mineros 45

Proyectos Petroleros 1

Proyectos Petroleros 3

Religioso 8

Reubicación 2

Seguridad y justicia 21

Total de Conflictos 335

ESTADO DERECHOS VIOLENTADOS TEMA NOM_MUN NOM_LOC DESCRIPCIÓN

Baja California

Derecho al libre Transito Derechos Indígenas

Ensenada San Antonio Necua

Los indígenas kumiai, del Cañón de los Encinos y San Antonio Necua, municipio de Ensenada, Baja California, demandan solución al conflicto derivado por la prohibición interpuesta por la empresa La Chetto, para que puedan transitar por las tierras de la empresahacia sus comunidades.

Baja California

Derecho a la participación en programas de desarrollo Derecho al disfrute de y conservación recursos Naturales Derecho a la consulta Derecho a la conservación de su cultura

Derechos Indígenas

Mexicali

A partir de la creación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, mediante decreto presidencial en 1993, los cucapá, cuyo territorio incluye la zona de Zanjón en donde llevan a cabo su actividad ancentral que es la pesca de la curvina golfina, sienten vulnerados sus derechos de acceso al territorio y del aprovechamiento de los recursos naturales, como lo señala el convenio 169 de la OIT ratificado por el Estado mexicano en 1989. Los cucapás consideran que el decreto de la reserva no se realizó de manera adecuada, pues no hubo estudio técnico, cultural, ni socioeconómico, tampoco se les consultó. Debido al decreto, existen restricciones a la pesca de curvina golfina, que es el principal recurso económico del pueblo cucapá para su supervivencia, además de que lo vincula culturalmente, por esta razón reclaman un derecho diferenciado de los demás pescadores.

Baja California

Derecho al territorio Derecho a la consulta

Parques eólicos Ensenada

La compañía fuerza eólica de San Matías, S.A.P.I. de C.V celebró un contrato para enajenar 27 mil hectáreas de tierras que pertenecen a la tribu Kiliwa y construir en ellas un parque eólico. Durante ese tiempo la compañía pagaría a la tribu 2 mil 700 pesos al mes por cada ejido; contrato que vulnera sus derechos y donde se demuestra que el representante de la empresa ha realizado acuerdos con pobladores de la región para el proyecto en los que también se encuentra registrado como representante del comisariado ejidal y en los que no vincula e informa a la comunidad Kiliwa. Durante casi dos décadas, la empresa hizo estudios de medición del viento en esa región, cuando en ese tipo de proyectos se mide el viento durante un máximo de dos años.

Baja California

Derecho al territorio Derecho a la consulta

Parques eólicos Ensenada Comunidad Indígena de Santa Catarina

En mayo de 2011, el comisariado de la comunidad Misión Santa Catarina, donde habitan 90 familias de la tribu Pai, firmó un contrato notarial mediante el cual se otorga el usufructo de 62 mil hectáreas a la empresa estadounidense Asociados Panamericanos LLC, que proyecta producer energía eólica.. Dicha negociación se dio sin informar ni consultar a la tribu, además de que quien firmó el contrato no sabe leer ni escribir. La cesión sobre los derechos de la tierra se dio a un precio mensual de 90 mil pesos. Cada familia propietaria de la tierra percibirá un pago mensual de 1 mil pesos durante los 30 años que dura el contrato. La tierra objeto del despojo, se encuentra entre los municipios de Ensenada y Tecate.

Baja California

Derecho al trabajo y la seguridad social Derecho a los servicios de salud Derecho a la Educación

Programas y servicios Gubernamentales

Ensenada

Jornaleros del Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, la mayoría indígenas de los grupos mixteco, zapoteco, triqui y nahua, bloquearon la carretera transpeninsular e iniciaron un paro laboral para exigir mejores condiciones de trabajo, que incluya un aumento de sueldo, así como mejoras en infraestructura de salud, educativa, servicios y vivienda. Las demandas de los jornaleros datan de hace más de 10 años y no han sido atendidas, por lo que se gestó un conflicto social. Los jornaleros han denunciado despidos contra trabajadores que participaron en las protestas.

Baja California

Derecho a la vivienda Derecho a los servicios básicos de la vivienda Derecho a la salud Derecho a la educuación


Tijuana Tijuana

Los indígenas migrantes que se asientan en Tijuana, Baja California, viven en condiciones de alta marginación, que implica la falta de servicios básicos (salud, vivienda, educación, principalmente). Ante esta problemática, las autoridades municipales solicitaron a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México su intervención para la instalación de mesas interinstitucionales que permitan encontrar una solución.

Baja California

Derecho a la participación en programas de desarrollo Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales Derecho a la consulta Derecho a la conservación de su cultura

Proyecto Fotovoltaico

Mexicali

La empresa Viz Resource Management SA de CV pretende construir una de las más grandes plantas de energía solar (fotovoltaica) de América Latina en 14 mil hectáreas en la Sierra Cucapá del municipio de Mexicali. El proyecto también incluye la extracción de materiales pétreos, manejo de residuos peligrosos y zonas habitacionales, en un espacio considerado hábitat de especies de flora y fauna protegidas en México. Este proyecto alertó a diversas organizaciones, académicos y a representantes de la etnia cucapá, quienes han solicitado se realice una consulta para que se les informe del mismo, en el

marco de la Manifestación de Impacto Ambiental que le otorgó la SEMARNAT. Resultado de una consulta pública que realizó la dependencia federal, la evaluación del proyecto quedó suspendida ante la falta de mayor información

Baja California

Derecho a la conservación de los recursos Naturales

Proyecto Mineros Ensenada Ejido Villa Jesus de María

La población rural del Ejido Villa Jesús María, municipio de Ensenada, Baja California, manifiesta su inconformidad por los daños ambientales a la zona protegida del Valle de Los Cirios y por el uso de la cuenca hidrológica de El Vizcaíno por parte del proyecto minero El Arco, del Grupo México.

Baja California

Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Ensenada Lomas de San Ramón

La comunidad indígena Lomas de San Ramón del valle de San Quintín, municipio de Ensenada, anunció la creación de patrullas comunitarias para contener la inseguridad y violencia que impera en la colonia donde habitan más de mil 500 personas de diversas etnias provenientes de Oaxaca. Estas patrullas intervendrán cuando sus integrantes observen que las autoridades no pueden controlar la situación delictiva. Su meta consiste en dar constantes rondines por las calles de la colonia para identificar personas y vehículos sospechosos. Esto con la intención de hacer justicia por su propia mano en caso de que así sea necesario.

Baja California

Derecho a la participación en proyectos de desarrollo

Parques eólicos Arroyo de León

La planta eólica que impulsan Cementos Mexicanos (Cemex) y Pattern Development se construirá en tierras de la tribu quilihua, En noviembre autoridades visitaron el ejido Quilihuas Arroyo de León para constatar que los indígenas estaban de acuerdo con el proyecto eólico de la empresa Fuerza Eólica San Matías S de RL de CV, condición indispensable para obtener un crédito de 50 millones de dólares del Banco para el Desarrollo de América del Norte (DBAN) para iniciar con la obra que concluirá en 2018. Cabe señalar que los quilihuas han aceptado el proyecto, luego de que con la intervención de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, se modificó el acuerdo que habían firmado con la finalidad de que la tribu obtuviera beneficios.

Baja California sur

Derecho a la vivienda Derecho a los servicios básicos de la vivienda Derecho a la salud Derecho a la educuación


Mulegé

La población indígena que ha migrado para trabajar al Valle de Vizcaíno, municipio de Mulegé, viven en condiciones de marginación con sus familias. Las autoridades municipales solicitan apoyo del Gobierno Federal para elaborar un programa de desarrollo integral para esta región.

Baja California sur

Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales Derecho a la consulta

Proyecto Mineros La Paz La Paz

Habitantes se oponen al proyecto minero San Antonio, consistente en la instalación de una mina de oro a cielo abierto a 50 kilómetros al sureste de La Paz, Baja California Sur, de la empresa La Pitaya, subsidiaria de la compañía estadounidense Argonaut Gold Inc, y para el cual no se realizó ninguna consulta a la población. Especialistas han advertido que el uso de sustancias tóxicas podrían contaminar los mantos acuíferos de la zona, ocasionando daños a la salud y al medio ambiente, además de que existe incompatibilidad con el plan de desarrollo urbano de la ciudad, que establece como actividades económicas prioritarias el turismo y la agricultura y deja fuera a la minería.

Baja California sur

Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales Derecho a la consulta

Proyecto Mineros La Paz Los Cabos

La Paz San José del Cabo

La población de esta comunidad en Baja California Sur, se opone al proyecto Los Cardones, que pretende extraer oro a tajo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, porque pondría en riesgo la existencia de ese pueblo mágico y de las actividades agrícolas y de turismo. Además, ambientalistas y organizaciones civiles han manifestado que la mina contaminaría los mantos acuíferos que proporcionan agua a los municipios de La Paz y Los Cabos. Por estas razones se han presentado recursos legales contra la instalación de este proyecto. En enero del 2014, la Semarnat realizó una consulta pública a los habitantes de BCS sobre si querían el proyecto Los Cardones, obteniendo como resultado una negativa.

Campeche

Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales Derecho a la consulta Derecho a la conservación de su cultura

Derechos Indígenas

Hopelchén Hopelchén

Indígenas del municipio de Hopelchén, dedicados a la apicultura, denunciaron la siembra de soya transgénica en su territorio, sin que se les haya consultado ni informado al respecto, y la cual está ocasionando daño a su actividad ancestral y al medio ambiente. Ante el permiso que otorgó Sagarpa a la empresa Monsanto para producir semillas transgénicas (maíz y soya), los indígenas decidieron emprender una lucha legal. En noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgó un amparo que anula provisionalmente la siembra de soya transgénica debido a que fue violado el derecho a la consulta indígena, por lo que dejó sin efectos el permiso que la Sagarpa había otorgado hasta que se lleve a cabo este procedimiento con las comunidades indígenas.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Teopisca Tzajalá

Dos grupos de la comunidad de Tzajalá, municipio de Teopisca, se disputan el predio San José de las Palmas, con una superficie de 905 hectáreas. Alrededor de 250 personas, que aseguran ser copropietarios y herederos legítimos de esas tierras, se vieron obligados a dejar sus viviendas y pertenencias debido a hostigamientos y amenazas. Los indígenas desplazados piden retornar a su comunidad y la certeza jurídica de sus tierras.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Tuxtla Gutiérrez Tierra Colorada

Indígenas tzeltales de la comunidad Tierra Colorada, municipio de Tuxtla Gutiérrez, se niegan a ser reubicados. Llegaron a esa region en los años 50 y en 1969 fundaron la localidad de manera oficial (577 hectáreas). Sin embargo, en 1980 el Gobierno Federal decretó el Cañón del Sumidero como Parque Nacional y Área Natural Protegida, zona en la que se encuentra Tierra Colorada. La comunidad no cuenta con servicios básicos y de salud, lo que les ha dificultado su situación. Además, la CONANP insiste en su reubicación.

Chiapas Derecho al territorio Derecho a la participación en programas de desarrollo

Agrario Chilón San sebastian Bachajón

Ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denuncian que las autoridades etatales los han despojado de sus tierras por el proyecto turístico de las cascadas de Agua Azul, municipio de Tumbalá. Solicitaron un amparo para la restitución de sus tierras, mismo que les fue negado. Han pedido la intervención de la SCJN, del Consejo de Judicatura Federal y de la ONU.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Ocosingo Altamirano Las Margaritas

Pequeños propietarios desplazados de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, luego del levantamiento armado en 1994, exigen garantías para regresar y recuperar sus tierras, o recibir el pago correspondiente.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Tila Tila

Ejidatarios choles del ejido Tila, en el municipio del mismo nombre, ubicado al norte de Chiapas, exigen la restitución total de sus tierras ejidales, reclaman una decisión favorable al recurso jurídico que interpusieron por el despojo de 130 hectáreas realizado por autoridades estatales. En enero de 2014, el juzgado quinto de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, concedió al ejido Tila la suspensión provisional de obras planeadas por el gobierno municipal. La medida judicial implica que las autoridades municipales no pueden realizar ninguna obra sobre la superficie que pertenece al ejido, la cual además es territorio indígena, hasta que se resuelva el

litigio de manera definitiva.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Chilón Jotolá

Ejidatarios tzeltales de Jotolá, municipio de Chilón, adherents a la Sexta, denunciaron amenazas y hostigamientos de pobladores oficialistas. Señalan que no se ha cumplido con el reparto agrario y la regularización de sus predios, además de que se les excluye de la toma de decisiones. Esta situación ha generado enfrentamientos.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Las Margaritas Lomatán

Dos grupos de pobladores de Lomantán, municipio de Las Margaritas, mantienen una disputa por el reparto de tierras (1600 hectáreas), lo que ha generado enfrentamientos y personas heridas.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Venustiano Carranza

Dos grupos (OCEZ Casa del Pueblo y OCEZ Región Carranza) mantienen una disputa por derechos agrarios en el municlipio de Venustiano Carranza, lo que ha originado enfrentamientos violentos, daños materiales, y personas lesionadas y muertas.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Ocosingo San Gregorio Ranchería Corozal Salvador Allende

Familias tzotziles y tzeltales de Ranchería Corozal, Salvador Allende y San Gregorio exigen que se les regularicen sus predios en la región de Montes Azules, que llevan habitando décadas y que los Lacandones han aceptado regularizar, con la condición que no sigan expandiéndose y se comprometan a cuidar la Selva, mismas que han aceptado.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Venustiano Carranza Candelaria el Alto San José de la Grandeza

Indígenas de la Candelaria el Alto y de Nuevo San José la Grandeza, en el municipio de Venustiano Carranza, mantienen un conflicto agrario por 185 hectáreas, generándose invasiones, amenazas y hostigamiento.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Chenalhó Chalchihuitán

San Pedro San Pablo

Comuneros indígenas de San Pedro Chenalhó y de San Pablo Chalchihuitán mantienen una disputa ancestral (1973) por un terreno de 800 hectáreas, en los límites de ambos municipios, que ha generado tension social y enfrentamientos. Los comuneros de San Pedro Chenalhó sostienen que tienen la legítima propiedad de las tierras, acusando que por un error de las autoridades agrarias, los de Chalchihuitán las han invadido. A fin de resolver esta problemática, se han establecido mesas de negociación. El Gobierno de Chiapas ofreció una indemnización a los comuneros de Chenalhó, quienes no aceptaron al señalar que la tierra no se

vende.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Santa María Chimalapa, Oax San Miguel Chimalapa, Oax Cintalapa, Chis

El conflicto histórico por límites en Los Chimalapas entre los Estados de Chiapas y Oaxaca, ha provocado enfrentamientos entre las comunidades de la region, generando invasiones, retención de personas y amenazas. Los gobiernos federal y estatales han implementado mesas de negociación y el asunto está siendo dirimido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Chilón Guaquitepec

La disputa de tierras en el municipio de Chilón, Chiapas ha generado la muerte de cuatro indígenas y ocho más resultaron lesionado. Los hechos ocurrieron en el predio San Luis, ubicado en la comunidad de Guaquitepec, recuperado en 1994 por integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). El enfrentamiento se dio cuando presuntamente un grupo alentado por el propietario del terreno de 84 hectáreas llegó al predio para tratar de desalojar a los campesinos.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Ocosingo Ocosingo

Lacandones. Mediante decreto presidencial de 1971, se otorgó a 66 familais lancandonas un predio de 614,000 hectáreas, sin embargo dentro de esas hectáreas ya se encontraban habitando alrededor de 70 poblados, a los cuales se les permitió permanecer ahí, empero, esos habitantes se han extendido en gran medida y han acaparado más tierras de las que se les ofreció. La Comisión de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, en el municipio de Ocosingo Chiapas, se ha dado a la tarea de hablar con los pobladores de las colindancias donde acapararon más terreno, logrando recuperar su terreno original a través del diálogo, sin embargo, faltan algunos poblados más. Mientras se lleva a cabo el proceso de diálogo, fue apresado Gabril Montoya, integrante de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, por parte del Gobierno de Chiapas; organismos internacionales y nacionales se solidarizaran por el acoso del que han sido objeto los líderes indígenas. Los indígenas lacandones exigen. la liberacion inmediata de nuestro Montoya, recluído en el Amate; la resolución total de los 37 casos agrarios presentados ante Sedatu dentro del territorio bienes comunales Zona Lacandona; la conclusion del deslinde

total del polígono mayor de los bienes comunales y la liberacion de recursos en cumplimiento de las minutas firmadas por el gobierno federal, estatal y los bienes comunales; la salida de todas las empresas, asociaciones y dependencias gubernamentales, para que dejen de molestar a comuneros y familias dentro de nuestro territorio.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Ocozocoautla de Espinosa El Porvenir

Pobladores de la colonia El Porvenir, municipio de Ocozocoautla, mantienen una disputa por la regularización de sus tierras con integrantes del grupo Antorcha Campesina, que ha generado amenazas, división y riesgo de desplazamiento. Los pobladores aseguran que desde hace más de 13 años tienen la posesión de la tierra y están tramitando su regularización. Sostuvieron que esos son terrenos nacionales y tienen documentos que los amparan y reconocen como Comité de Colonos, por lo que exigen la regularizar esta situación. Añadieron que funcionarios estatales quisieron detener el trámite, con el argumento de que es propiedad privada, “aunque los supuestos propietarios nunca pudieron presentar pruebas de que son dueños”. El comité de derechos humanos Digna Ochoa señala que los antorchistas mantienen tomadas las escuelas, les han quitado el agua y hacen cobros ilegales de luz, por ello solicitaron a las autoridades federales y estatales intervenir para garantizar los derechos de los menores.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Chalchiuitán Chenalhó

Santa Martha

Desde 1973, habitantes de los municipios de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán mantiene un conflicto por límites de tierra. Esta situación ha generado diversos enfrentamientos que han provocado invasiones de tierra, destrucción de cultivos, robos, así como personas heridas, fallecidas y desplazadas de sus comunidades. El pasado 18 de octubre de 2017, fue asesinado a balazos el indígena Samuel Pérez Luna en el municipio de Chalchihuitán, cuando se encontraba trabajando su parcela en el área de disputa con Chenalhó. A raíz de este hecho, los primeros días de noviembre se empezaron a reportar que hombres armados atacaron siete comunidades de

Chalchihuitán, quemando viviendas y haciendo disparos, por lo que habitantes de esas localidades decidieron huir hacia el monte. Aunque las autoridades estatales han establecido una mesa con los presidentes municipales para llamar al diálogo y resolver las diferencias, la situación de tensión prevalece en la zona. Organizaciones de derechos humanos han reportado que son alrededor de cinco mil personas las que permanecen desplazadas en condiciones inhumanas, por lo que han hecho un llamado urgente para la atención de este problema.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Altamirano

Bases zapatistas del ejido 10 de Abril (municipio autónomo 17 de Noviembre, Caracol de Morelia), municipio de Altamirano, mantienen una disputa por un predio con integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), de la comunidad 20 de Noviembre, municipio de Las Margaritas.

Chiapas Derecho al territorio Agrario Chilón

Los poblados zapatistas de El Rosario y Nuevo Paraíso, municipio autónomo de San Manuel, denuncian que personas de Pojcol, municipio de Chilón, los han amenazado con armas y destruido solares. En el marco de una disputa por las tierras que zapatistas señalan como recuperadas.

Chiapas Derecho a vivienda Derecho al Territorio

Asentamientos Irregulares

Villa de las Rosas Amatenango del Valle Venustiano Carranza

En abril de 2017 indígenas tzotziles pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región Carranza fueron desalojados por la Policía Estatal Preventiva (PEP) de predios ubicados en los municipios de Villa de las Rosas (La Primavera), Amatenango del Valle (Francisco Villa La Granada) y Venustiano Carranza (Unión el Refugio), que habían invadido. Instalaron un campamento en la carretera La Angostura, tramo Comitán de Domínguez-Tuxtla Gutiérrez, y solicitaron la intervención de las autoridades para retornar a sus casas. En total son 150 familias, unas 650 personas, entre hombres, mujeres y niños. En junio ante la falta de respuesta, decidieron ingresar a los predios nuevamente y pidieron la regularización de los mismos.

Chiapas Derecho al territorio Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales

Desplazados Ocosingo Busiljá

Siete familias tzeltales, adherentes a la Sexta del EZLN, fueron desplazadas del ejido Busiljá, Ocosingo, por no aceptar los proyectos gubernamentales de apoyo, y fueron obligadas a dejar sus tierras por parte de otros pobladores.

Chiapas Derecho al territorio Desplazados San Cristóbal de las Casas San Antonio del Monte

La disputa por los terrenos y una toma de agua de la comunidad San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas, mantiene a más de mil indígenas tzotziles desplazados. Ya se suscito un enfrentamiento donde un niño de 10 años murió. Ahora 1,060 personas, entre niños adultos y ancianos se encuentran en unas instalaciones, en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, esperando que el gobierno aplique el Estado de Derecho, que permita haya condiciones de seguridad para su retorno.

Chiapas Derecho al territorio Desplazados Las Margaritas Miguel Hidalgo

17 familias del poblado Primero de Agosto, municipio de Las Margaritas, denunciaron que fueron desplazadas por habitantes del ejido Miguel Hidalgo, pertenecientes a la organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC- Histórica), quienes ingresaron con armas a su comunidad, obligándolos a salir. Las familias tojolabales se habían apoderado de un terreno baldío en agosto de 2013, el cual no estaba siendo trabajado, por lo que empezaron a recibir amenazas por parte de ejidatarios de Miguel Hidalgo. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Casas hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para implementar medidas que garanticen su retorno.

Chiapas Derecho al territorio Desplazados Chiapa de Corzo

El conflicto lo originó la disputa del manantial Las Limas, 85 indígenas se mantienen desplazados en el municipio Chiapa de Corzo, luego de que fueron expulsados de la comunidad Chigtón, municipio de Ixtapa, por un grupo opositor en agosto de 2012. Han solicitado apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se les garantice resarcir los daños, justicia y seguridad para su retorno.

Chiapas Derecho al territorio Desplazados Tenejapa Banavil

Derivado de un enfrentamiento con pobladores de Banavil, municipio de Tenejapa, un grupo de familias fueron desplazadas por simpatizar con el EZLN. De estos hechos, fue encarcelado Francisco Santiz López y desaparecido Alonso López Luna. Las familias desplazadas solicitan retornar a su lugar de origen y la aparición de López Luna. En cuanto a Francisco Santiz, fue liberado el 25 de enero de 2013.

Chiapas Derecho al debido proceso Derecho al disfrute conservación de los recursos naturales

Medio ambiente Benemérito de las Americas Marquéz de Comillas

Habitantes de varias comunidades de la selva Lacandona, exigen la liberación de ocho compañeros acusados de ecocidio y exigir cambio de uso de suelo y la cancelación de proyectos de diferentes asociaciones ambientalistas que acusan de que buscan adueñarse de recursos naturales.

Chiapas Derecho a la autodeterminación Derecho al disfrute conservación de los recursos naturales

Medio ambiente San Cristóbal de las Casas Mitzitón

Derivado de la problemática por la tala ilegal, habitantes del ejido de Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas , adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, acordaron en octubre de 2013 crear la Policía Comunitaria Ecológica para la defensa de sus bosques y territorio, ante la falta de respuesta de las autoridades.

Chiapas Derecho al territorio Derecho a la consulta

Parques eólicos Arriaga

Campesinos indígenas inconformes, solicitan solución al conflicto con la empresa Eólica de Arriaga SAPI de CV, en el municipio de Arriaga, derivado de la firma de un contrato con la empresa para rentar sus terrenos rurales por 30 años, siendo desventajoso para algunos pobladores indígenas, ya que firmaron sin saber leer ni escribir; además del pago injusto hasta el no pago de esta acción y el incumplimiento de contrato y daños al medio ambiente.

Chiapas Derecho a los servicios básicos en la vivienda

Político Social Chilón San Marcos Aviles

Autoridades y bases del EZLN del ejido San Marcos Avilés, municipio de Chilón, han denunciado constantes hostigamientos y amenazas de desalojo por parte de ejidatarios. Los zapatistas señalan que les han exigido el pago de impuesto predial, el cual no efectuán por estar en resistencia, por lo que han sido amenazados con cortales la luz y el agua. La Junta de Buen Gobierno de Oventic y organismos de derechos humanos han denunciado el hostigamiento contra los zapatistas, demandando garantías para éstos.

Chiapas

Derecho al debido proceso Derecho al territorio Derecho a la conservación de su cultura

Político Social Chenalhó Acteal

Indígenas tzotziles de Acteal y otras comunidades de Chenalhó han manifestado su inconformidad por la liberación de inculpados por la masacre de 45 personas en diciembre de 1997, debido a que se ha generado un clima de inestabilidad en la region. Ante esta situación, la Sociedad Civil Las Abejas mantienen su exigencia de justicia, condiciones para la paz y la reconciliación en esa region. El Gobierno del Estado ha reubicado a las personas liberadas en otras zonas, con el objetivo de que no regresen a Chenalhó y se den enfrentamientos.

Chiapas Derecho a la participación en programas de desarrollo Derecho al accseso a la información

Político Social Chenalhó

Comunidades indígenas del municipio de Chenalhó crearon un Consejo de Contralorías Comunitarias (CCC), integrado por representantes de 15 localidades del mismo municipio, teniendo su origen en los trabajos de análisis de finanzas públicas municipales y de capacitación en el manejo de las principales herramientas de la contraloría social o comunitaria, iniciado enero 2013. Los cursos de capacitación y las reuniones informativas fueron promovidas y facilitadas por Voces Mesoamericanas, Acción con

Pueblos Migrantes, A.C. Se han generado conflictos con autoridades del municipio, por ejercer su derecho al acceso a la información, derivado de que grupos comunitarios decidieron elaborar y presentar solicitudes de expedientes técnicos y presupuestos de obras comunitarias en el municipio. Las autoridades municipales, además de negarse a responder, emprendieron una campaña de linchamiento y persecución contra los promotores de la iniciativa, y de castigo a las comunidades que presentaron solicitudes de información.

Chiapas Derecho a la participación en programas de desarrollo Derecho al accseso a la información

Político Social Chenalhó Naranjatic Yabteclum jabaltón

Conflicto social suscitado en las comunidades Naranjatic, Yabteclum y Jabaltón, derivado de la respuesta de suspensión de obra pública y amenaza de expulsión por autoridades del municipio de Chenalhó, que dieron cuando se les fue solicitada información para conocer el monto y destino de los recursos públicos que se ejercen en este municipio.

Chiapas Derecho a la seguridad Político Social Las Margaritas La Realidad

Las Margaritas, Chiapas: enfrentamiento en la comunidad de La Realidad, entre la organización campesina CIOAC y Bases de Apoyo Zaptista donde resultó muerto José Luis Solís López, Galeano. Que ha causado una escalada de la tensión que se vive enm la zona debido a las constantes agresiones y acoso que padecen los miembros de las bases del EZLN, y que ha provocado una condena mundial a esta agresión.

Chiapas Derecho al debido proceso Político Social El Bosque

El profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez denunció irregularidades en su proceso judicial. A raiz de la tension social en la region del municipio de El Bosque, se habían implementado patrullajes. El 12 de junio de 2000, gente armada emboscaron en la carretera a una patrulla con 9 personas a bordo; en el enfrentamiento 7 agentes murieron y resultaron heridas el hijo del presidente municipal de El Bosque y un policía. La PGR atrajo las investigaciones. El hijo del presidente municipal firmó su declaración acusando al profesor Alberto Patishtán Gómez y a Salvador González de haber participado en la emboscada, a pesar de que hubo testimonios de que ese mismo día el profesor Patishtán estuvo en una reunión oficial, probada bajo oficio circular del supervisor de la zona 204 y con el control de listas de asistencia que demuestran que fue imposible que hubiera tenido participación en cualquier enfrentamiento. El 19 de junio de 2000, personas vestidas de civil detuvieron a Patishtán Gómez sin mostrar orden de aprehensión. Durante su detención y declaración fue

torturado, violando su presunción de inocencia, y obligado a rendir declaración sin ningún abogado que lo auxiliara. Fue trasladado a un hotel bajo arraigo domiciliario durante 30 días y posteriormente se le dictó auto de formal prisión por 60 años. Diversos organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llevaron a cabo acciones para exigir su liberación.

Chiapas Derecho al debido proceso Político Social

En el marco del conflicto ancestral por la delimitación de tierras en la Selva Lacandona, fue detenido el 15 de mayo de 2014 Gabriel Montoya Oseguera, asesor de los lacandones. De acuerdo a la Procuraduría Estatal la aprehensión fue por el delito de atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, por hechos ocurridos en el 2001. Sin embargo, indígenas lacandones y tzotziles, así como organizaciones de derechos humanos, manifestaron que su detención era motivada por su asesoría en el conflicto agrario en la Selva Lacandona. El proceso judicial contra Montoya Oseguera estuvo plagado de irregularidades, ya que no se le proporcionó auxilio de defensor particular durante la detención. En protesta mil 500 indígenas bloquearon carreteras para exigir su liberación, lo que provocó la detención de 22 integrantes de la Comisión de Bienes Comunales de la Zona Lacandona.

Chiapas Derecho al debido proceso Político Social San Cristóbal de las Casas

Alejandro Díaz Santiz, indígena tzotzil, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y originario de Mitontic, fue detenido y juzgado en Veracruz en mayo de 1999, acusado de haber matado a su propio hijo. Se le dictó una sentencia de 30 años de prisión. Él explica que otra persona fue el homicida, pero su declaración no fue tomada en cuenta porque el traductor que le puso el juez sólo hablaba náhuatl, y nunca entendió el tzotzil. En febrero de 2015, Díaz Santiz denunció amenazas por parte del Director del penal de San Cristóbal de las Casas, en represalia por exigir se atienda a reos

enfermos. El 21 de septiembre, Alberto Patishtán Gómez y otros ex presos de la agrupación La Voz de El Amate denunciaron que Díaz Sántiz fue trasladado sin justificación alguna al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), en Villa Comaltitlán, que comenzó a funcionar el pasado 10 de septiembre. Demandaron que sea llevado de regreso al penal número 5 de San Cristóbal de las Casas. Consideraron que la causa del traslado al Cefereso es política por el activismo que hace, por la defensa de los derechos de los demás presos.

Chiapas Derecho al debido proceso Político Social Chilón San sebastian Bachajón

Presos Políticos de San Sebastián Bachajon, municipio de Chilón. Antonio Estrada Estrada (2011) y Miguel Demeza Jiménez (2010), quienes fueron inculpados por delitos de delincuencia organizada y robo, denunciaron violaciones a su debido proceso judicial y que fueron violados sus derechos humanos. Señalaron que no contaron con un abogado defensor y traductor en su lengua, y que sus detenciones de debían a cuestiones políticas derivadas del conflicto que existe en San Sebastián Bachajón por la disputa de tierras y su simpatía con el EZLN

Chiapas Derecho a la autodeterminación Derecho a la elección de sus gobernantes por usos y costumbres

Político Social Oxchuc

Pobladores indígenas del municipio de Oxchuc se oponen a María Gloria Sánchez Gómez, quien ganó las elecciones en julio de 2015 a la presidencia municipal por segunda ocasión, ahora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), antes lo había sido por el PRI, por lo que demandan la constitución de un Consejo Municipal. Señalan que junto con su esposo Norberto López Sántiz (quien también ha ocupado en dos ocasiones la alcaldía), quieren ejercer un cacicazgo político. La situación ha generado enfrentamientos, bloqueos carreteros, quema de oficinas y vehículos, personas detenidas y heridas. Ante estos hechos, la Presidenta Municipal presentó una licencia con carácter indefinido en febrero de 2016, misma que fue aceptada por el Congreso estatal y se eligió un alcalde sustituto. Sin embargo, en junio de 2016, Sánchez Gómez solicitó su reincorporación y al serle negada recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el argumento de que fue víctima de discriminación y violencia por razones de género. A finales de agosto, éste ordena su restitución y revoca el decreto emitido por la LXVI Legislatura de Chiapas, al determinar que se ejerció violencia política. No obstante, no se ha podido ejecutar la resolución

debido a que se mantiene el grupo opositor en la presidencia municipal y que a través de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena han solicitado al Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), el reconocimiento de su autonomía política para elegir a sus autoridades por usos y costumbres. A mediados de febrero de 2017, el IEPC acordó que no existen condiciones sociales en Oxchuc para llevar a cabo una consulta y determinar cómo llevar a cabo las elecciones en ese municipio, además de que no se ha cumplido con la sentencia del TEPJF. A principios de marzo, el grupo opositor impugnó el acuerdo del IEPC ante el TEPJF y que si solicitud es rechazada en ese organismo acudirán a instancias internacionales como la CIDH.


Político Social Chenalhó

En abril de 2016, más de 2 mil habitantes del municipio indígena de Chenalhó ocuparon la presidencia municipal para exigir la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez (PVEM), electa en julio de 2015 y siendo la primera mujer en ocupar el cargo, argumentando que no ha cumplido con sus ofrecimientos de campaña referentes a la aplicación de proyectos en las comunidades. El 13 de abril, Pérez Pérez solicitó licencia a su cargo; los inconformes desocuparon la alcaldía que tenían tomada. Durante una reunión en el palacio de gobierno estatal, fue designado como sustituto el síndico Miguel Santiz. Sin embargo, faltaba la aprobación del Congreso local. El 25 de mayo, pobladores que exigían la destitución de Pérez Pérez, irrumpieron la sede de la diócesis de San Cristóbal, donde se llevaba una reunión con representantes de la Comisión de Paz y Transparencia de Chenalhó (autoridades, legisladores y opositores), llevándose retenidos al presidente del Congreso local, al coordinador del Partido Verde, y a un chofer. Tras estos hechos, Rosa Pérez Pérez presentó licencia al cargo por lo que los habitantes del municipio liberaron el jueves 26 a los retenidos, tras una ceremonia de usos y costumbres. En sesión extraordinaria, el Congreso del estado nombró al síndico municipal, Miguel Santiz Álvarez, presidente municipal sustituto. Ese mismo jueves se dio un enfrentamiento entre los simpatizantes de Rosa Pérez y Miguel Santiz en el Ejido Puebla, lo que ocasionó el fallecimiento de una menor y un adulto, y el desplazamiento de 90 familias (492 personas). El 1 de junio Rosa Pérez Pérez interpuso un recurso de amparo en contra del decreto mediante el cual el Congreso del Estado ordena su destitución y el 17 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el decreto en el que se ordenó su destitución y ordenó su reinstalación como presidenta municipal. Sin embargo, agentes municipales y simpatizantes priístas enviaron un escrito al Gobernador del estado y al Congreso para manifestar que no aceptaban la resolución. El 22 de febrero de 2017, más de mil simpatizantes de Pérez Pérez tomaron el palacio municipal de Chenalhó, con resultado de dos personas heridas. Por su parte, agentes de 70 de las 116 comunidades del municipio de Chenalhó pidieron el desafuero de la alcaldesa, luego de que recuperara el palacio municipal mediante acciones violentas. El Movimiento Pedrano dijo que promovieron ante el TEPJF un recurso jurídico pues no hay condiciones políticas para que se ejecute

la sentencia que dicta restituir a la munícipe. Por otra parte, los desplazados de la colonia Puebla que se mantenían en la cabecera municipal de Chenalhó se trasladaron a San Cristóbal de las Casas. El martes 14 de marzo, la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, se presentó al Palacio Municipal y anunció el reinicio de su gobierno con el respaldo de autoridades tradicionales, y agregó que los recursos del presupuesto asignados ya fueron liberados, por lo que empezará a trabajar para atender la demanda de obras públicas en las comunidades. A través de una carta, integrantes de la Coordinación de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Chenalhó pidieron a los Gobiernos federal y estatal el desarme de los grupos civiles y que se investiguen las redes de tráfico de armas en ese municipio, así como buscar una solución de consenso y diálogo con los ciudadanos como actores principales y no con los partidos ni los contendientes directos.


Político Social Chamula

En julio de 2015 fue elegido como presidente municipal de San Juan Chamula el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Domingo López González, siendo la segunda ocasión en ocupar este cargo, anteriormente por el PRI, siendo la primera vez en 70 años que el PRI dejaría de gobernar ese municipio. Los últimos días de septiembre y ante la proximidad de la toma de posesión de los alcaldes (1 de octubre), más de mil indígenas priístas de diversos municipios, entre ellos Chamula, bloquearon la carretera de cuota de Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casa, inconformes por los resultados electorales. Luego intentar por el diálogo el retiro del bloqueo, el 26 de septiembre se llevó a cabo el desalojo con el saldo de un policía estatal muerto, siete heridos y 25 indígenas detenidos, de los cuales se consignó a 19 por los delitos de motín, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Entre los detenidos estaban los ex candidatos del PRI y Mover a Chiapas a la alcaldía de Chamula. Simpatizantes priístas amenazaron con retener y quemar al presidente electo del PVEM y a sus familiares, retener funcionarios, policías o personas, con la finalidad de intercambiarlos por sus compañeros detenidos. El juez de control del penal estatal "El Amate", Guillermo Aranda, ordenó el 28 de septiembre la liberación de 10 de los 16 indígenas encarcelados por considerar que hubo inconsistencias en la detención y violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior destensó las amenazas. El 20 de julio de 2016, un grupo de personas encapuchadas y armadas, supuestamente indígenas de San Juan Chamula, obligaron a los integrantes de la CNTE que mantenían un bloqueo en el kilómetro 46 en la autopista de cuota San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a replegarse. Durante la agresión resultó herido de bala un maestro. El EZLN condenó estos hechos y responsabilizó a los alcaldes de San Cristóbal de las Casas y de San Juan Chamula. A través de un comunicado, señaló que el descontento y división en San Juan Chamula fomentado por el Gobierno estatal podría provocar un conflicto interno.

Chiapas

Derecho a la autodeterminación Derecho al territorio Derecho a los servicios básicos e la vivienda

Político Social Zinacantán Shulvó

Cerca de cien habitantes del municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), exigen el retorno de nueve familias expulsadas de la comunidad de Shulvó por militantes priístas. Demandan también el pago de los daños ocasionados a sus bienes, castigo a los responsables, reinstalación de los servicios de agua, energía eléctrica y telefónico, así como el cese de amenazas en contra de los 47 indígenas desplazados. El municipio autónomo, cuya sede se encuentran en la comunidad de Elambó bajo, del municipio oficial de Zinacantán, recordó en un comunicado que el 9 diciembre de 2015 "grupos priístas de choque" expulsaron a 9 familias (47 personas) del Shulvó. Señaló que desde hace dos meses, 36 de las 47 personas desplazadas están viviendo en San Cristóbal, "en condiciones inhumanas, sin empleo, sin atención médica", y los demás están refugiados con familiares en la comunidad "bajo constantes amenazas y vigilancia de las los priístas"

Chiapas

Derecho al territorio Derecho a la vivienda Derecho a los servicios básicos de la vivienda Derecho a la salud Derecho a la educuación


Ixtapa Chigton

Desplazamiento de 13 familias tzotziles, del ejido Chigtón, municipio de Ixtapa, presuntamente por indicaciones de las autoridades comunales, al oponerse a decisiones arbitrarias como manifestaciones públicas en diversas vías de comunicación. Les suspendieron servicios como el acceso al agua potable, a la clínica de salud, a los apoyos federales, estatales y a las escuelas.

Chiapas

Derecho a la participación en programas de desarrollo Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales


Palenque

Indígenas choles, tseltales y zoques miembros de la organización Xi’nich y otras agrupaciones de Palenque se han organizado para exigir a las autoridades agrarias proyectos para la conservación de sus tierras.

Chiapas

Derecho a la vivienda Derecho a los servicios básicos de la vivienda Derecho a la salud Derecho a la educuación Derecho a la alimentación

Programas y Servicios Gubernamentales

Ocosingo

Los Bienes Comunales de la Zona Lacandona (BCZL), que ocupan 500 mil hectáreas, están conformados por tres grupos: el maya lacandón conformado por 200 comuneros; el maya tzeltal por 800,y el maya cholpor 300. . Aunado a los conflictos agrarios y medio ambientales en la zona de la Selva Lacandona, los BCZL demandan la falta de inclusion a los programas sociales y acceso a servicios básicos, debido a que la situación de pobreza incrementa la tension en la región.

Chiapas Derecho a la participación en planes y programas de desarrollo regional


Las Margaritas

La organización Movimiento Nacional Indígena, del municipio de Las Margaritas,solicitan el cumplimiento a compromisos de las dependencias federales y revisión a la aplicación del procedimiento de las Reglas de Operación para que sus comunidades puedan

acceder a los programas.

Chiapas

Derecho al trabajo y la seguridad social Derecho a la participación en planes y programas de desarrollo regional


Larráinzar Chamula

Habitantes de comunidades de San Andrés Larráinzar y San Juan Chamula, pertenecientes al Frente de Organizaciones Civiles e Indígenas para el Desarrollo de México, se han manifestado y demandado el apoyo de las dependencias federales a fin de que les sean otorgados varios beneficios que van desde plazas docentes, administrativas, médicas, de enfermería; donación de terrenos; equipamiento de escuelas y hospitales; productos derivados del petróleo, apoyo financiero, autorización a proyectos de programas sociales, entre otros.

Chiapas Derecho a la consulta Derecho al territorio

Proyectos Carreteros

San Cristóbal de las Casas Los Llanos

La comunidad tzotzil de Los Llanos, municipio de San Cristóbal de Las Casas, se niegan a la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas- Palenque. La comunidad interpuso una demanda de amparo en contra de cualquier permiso y licencia que se haya otorgado por autoridades de nivel federal, estatal y municipal para esta construcción, proyecto que no ha sido consultado a los indígenas. La demanda de amparo fue admitida el 13 de enero por el juzgado sexto de distrito en Tuxtla Gutiérrez, con lo que se otorgó la suspensión de oficio de todos los permisos y licencias, por tratarse de actos privativos de tierras de uso común de una comunidad indígena. Los indígenas tzotziles manifiestan que el megaproyecto carretero pone en riesgo su soberanía alimentaria y vulnera el derecho al territorio, autonomía, no discriminación y protección de medio ambiente y recursos naturales.

Chiapas Derecho a la consulta Derecho al territorio

Proyectos Hidroelectricos

Chiapas

Representantes de más de 60 comunidades de siete municipios del norte y la selva de Chiapas y del Frente Petenero Contra Represas de Guatemala se pronunciaron contra la construcción de la presa hidroeléctrica binacional Boca del Cerro, en el río Usumacinta, pues señalaron que invadirá sus tierras y las comunidades serán desalojadas. Dijeron que ya se iniciaron los trabajos con la construcción de los muros de contención en ambos lados del Usumacinta, que divide a México de Guatemala, en una extensión de 40 kilómetros y agregaron que el inicio de la obra provocará que en lo inmediato desaparezca la comunidad de San Carlos Boca del Cerro, Tenosique, pues se convertirá en oficinas y campamento de la empresa que construye la cortina de la represa. Su preocupación, manifestaron, es porque además de todos los daños que les ocasionará la hidroeléctrica, el

gobierno no los indemnizará por sus tierras, aumentará el costo de la vida y desaparecerán como pueblos indígenas. Aseguraron que el gobierno federal les impone la represa y viola el artículo 2 de la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiere a la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a la consulta.

Chiapas Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos Mineros

Chicomuselo

El Comité para la Promoción y Defensa de la vida Samuel Ruiz García ha protestado constantemente y llamado a manifestarse, ante la insistencia de empresarios mineros por reactivar la explotación minera en el predio La Revancha del ejido Grecia en el municipio de Chicomuselo.

Chiapas

Derecho a la consulta Derecho al territorio Derecho al disfrute de los recursos naturales

Proyectos Mineros

Acacoyagua Cacaos Magnolia Satelite Morelia

Campesinos e indígenas del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio se oponen a la actividad minera en el municipio de Acacoyagua, donde están en proceso de explotación dos minas de titanio, El Bambú y Cristina. Agregaron que no permitirán que se contaminen los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María, y la destrucción de los manglares por el proyecto minero Casas Viejas, de la empresa El Puntal S.A. de C.V., localizado en los ejidos Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia, y que forma parte de los cinco proyectos que se establecieron desde hace 15 años.

Chiapas Derecho al territorio Proyectos de Infraestructura

Tapachula Motosintla Huehuetán Cacahoatán Mazapa de Madero Chicomuselo Frontera Comalapa

Campesinos de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa de Madero, Chicomuselo y Comalapa se oponen a la instalación de minas e hidroeléctricas en su territorio por las afectaciones medioambientales y de salud para la población

Chiapas

Derecho a la consulta Derecho al territorio Derecho al disfrute de los recursos naturales

Proyectos Petroleros

Francisco León Ixtacomitán Pichucalco Tecpatán

Los pueblos indígenas zoques de los municipios Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco, Tecpatán se pronunciaron contra la explotación de 12 pozos petroleros en la zona norte de la entidad, porque aseguraron la contaminación al medio ambiente les traerá serias consecuencias de salud y advirtieron que defenderán hasta con la vida su territorio y rechazaron la supuesta consulta que pretendían hacerle las autoridades federales, estatales y municipales. Han llevado a cabo diversas acciones entre ellas marchas y bloqueos. En el marco de estas acciones, el 21 de febrero fue detenida una activista del Movimiento en

Defensa de la Tierra y el Territorio Zoque contra la Minería acusada de secuestro, daños y motín. El 28 de marzo obtuvo su libertad luego del desistimiento de la Procuraduría estatal por considerar no hubo elementos para acreditar los delitos que se le imputaban.

Chiapas Derecho a la autodeterminación Derecho a la seguridad

Religioso Chenalhó Puebla

Autoridades ejidales (evangélicas) del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, reclamaron derechos por el terreno donde se ubicaba una ermita católica que fue destruída, a raíz de este episodio se provocó el desplazamiento de familiascatólicas. El gobierno del estado instaló una mesa de diálogo, y el 8 de agosto de 2013 se firmó un acuerdo de civilidad, distensión y respeto mutuo entre agresores y agredidos, por ello las familias desplazadas se dispusieron al retorno el martes 20 de agosto. Sin embargo, un grupo de aproximadamente 100 jóvenes les impidió avanzar, y retuvieron al párroco católico de San Pedro Chenalhó, a un representante del gobierno estatal y otro del municipal, lo que provocó un nuevo desplazamiento.

Chiapas Derecho a la autodeterminación Derecho a la seguridad

Religioso Ocosingo Betania

División entre los habitantes de la comunidad indígena de Betania, Ocosingo, por cuestiones religiosas , una parte de la población exige a sus habitantes no realizar proselitismo religioso dentro del poblado, exigen se respete su derecho a la libre determinación, basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Acuerdos de San Andrés y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), que implica la realización de acuerdos internos como parte de su forma de gobierno.

Chiapas Derecho a la autodeterminación Derecho al territorio

Religioso Palenque Cuauhtémoc Cárdenas

: Indígenas choles del ejido Cuauhtémoc Cárdenas, municipio de Palenque, sostuvieron que el conflicto que existe con cuatro pobladores no es de índole religiosa sino agraria, al señalar que este grupo minoritario ingresaba a las tierras a personas ajenas y talaban los árboles, por lo que decidieron quitarles sus derechos agrarios. Agregaron que al conformar el Ejido, se acordó en la asamblea que todos iban a pertenecer a la misma religión, a excepción de las cuatro personas que dijeron no pertenecer a ninguna. Ante esto, los cuatro pobladores, quienes sí pertenecían a un grupo religioso, interpusieron una demanda ante las autoridades agrarias para la restitución de sus derechos. Derivado de esta demanda, la mayoría de los ejidatarios señalan que les

quieren quitar la tercera parte de sus tierras. Este problema ha generado amenazas y violencia en la comunidad. Las autoridades estatales y municipales han intentado llegar a acuerdos con ambas partes.

Chiapas Derecho a la autodeterminación Derecho al libre transito

Religioso La Trinitaria Unión Juárez

25 familias evangélicas del ejido Unión Juárez, municipio de La Trinitaria, denunciaron que autoridades y pobladores les cortaron los servicios de agua potable y energía eléctrica, así como que no les permiten el libre el tránsito a cualquier hora, con el argumento de que se niegan a pagar 500 pesos cada una para celebrar las fiestas católicas en la comunidad, por lo que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).


Religioso Tumbalá José María Morelos y Pavón

12 familias del ejido José María Morelos y Pavón, municipio de Tumbalá, integradas por aproximadamente 67 indígenas choles, denuncian que por apoyar a una familia que en mayo de 2013 fue obligada a desplazarse a la comunidad Pactiúm por profesar otra religión (evangélica), las autoridades agrarias pretenden excluirles y negarles sus derechos, siendo víctimas de agresiones y amenazas. Ante esta situación, exigen el retorno de la familia desplazada, la reparación del daño y se garantice y proteja la seguridad e integridad de las familias amenazadas. A finales de marzo de 2014, las autoridades del ejido Morelos acusaron a la familia y a la comunidad de Pactiúm (la mayoría de religión presbiteriana) de destruir la tubería que suministra de agua a la comunidad. Señalaron que luego de un enfrentamiento y de herir a tres lugareños, la familia de religión pentecostés decidió dejar sus tierras y ahora pide una indemnización de 5 millones de pesos.


Religioso Las Margaritas Gabriel Leyva vazquez

Un grupo de 30 indígenas tojolabales de la Iglesia Renovación en Cristo fueron expulsados del poblado Gabriel Leyva Velázquez, del municipio de Las Margaritas, por un grupo de católicos que destruyeron sus viviendas y amenazaron con asesinarlos, dijo la Coordinación de Organizaciones Cristianas. Los indígenas (entre los que había mujeres y niños) caminaron durante 24 horas entre la montaña hasta llegar a la cabecera municipal para pedir ayuda a las autoridades locales. Desde mediados de 2015 los

ejidatarios católicos comenzaron a hostigar a los integrantes de la Iglesia Renovación en Cristo para pedirles que renunciaran a esa denominación religiosa y regresaran al catolicismo, pero el pasado 4 de enero de 2016, los católicos, varios de ellos armados, se reunieron en el centro del poblado para destruir las casas de los evangélicos. Los evangélicos se encuentran alojados en el auditorio municipal de Las Margaritas, donde el ayuntamiento y la Delegación de gobierno les están brindando atención y alimentos.

Chiapas Derecho al territorio Reubicación Ostuacán Tecpatán

Las autoridades desalojaron a miles de indígenas zoques de 22 comunidades de los municipios de Ostuacán y Tecpatán, aprovechando la ocasión para reubicarlos en la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, promovida por el gobierno del Estado como ciudad autosustentable. No se les informó previamente de la intención de desalojarlos permanentemente de sus tierras. Las comunidades se quejaron de la mala calidad de los materiales con que se construyeron las ciudades rurales, la lejanía con sus tierras de trabajo, lejanía con vías de comunicación, abuso de las autoridades, abandono y represión ante el descontento de las comunidades

Chiapas Derecho al territorio Reubicación Norte de Chiapas

La población indígena habita el área zoque del Norte de Chiapas, enfrenta problemas de pobreza, deterioro en la calidad de vida y principalmente desplazamientos con motivo de la erupción del Volcán Chichonal, en marzo de 1982. Acusan a las autoridades locales de no haber resuelto en su totalidad el problema de reubicación de las familias y que en algunos casos no ha habido regularización de la tierra.

Chiapas Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Pueblo Nuevo Solistahuacán

Indígenas de comunidades del municipio Pueblo Nuevo Solistahuacán, denuncian inseguridad en su región, provocada por un grupo delictivo llamado “Los Diablos”, que los amenaza y extorsiona, generándose varios homicidios y desplazamiento forzado. El indígena tzotzil Romeo Montejo Díaz y sus familiares tuvieron que huir de su comunidad Aurora Ermita en diciembre de 2014, por las amenazas de este grupo delincuencial, solicitando su incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero éste determinó “no dar trámite” a la solicitud bajo el argumento de que no había acreditado su situación de indígena ni de defensor de derechos humanos. A mediados de noviembre, un juez de distrito en materia administrativa le concedió el amparo y protección de la justicia federal, al considerar que los integrantes de

la Junta de Gobierno de dicho mecanismo violaron sus derechos humanos al no proporcionarle al momento de su entrevista un traductor, lo cual impidió que se tuviera un conocimiento exacto de la situación de peligro que enfrentaba él y sus familiares.

Chiapas Derecho al disfrute de los recursos naturales

Proyectos de Infraestructura

San Cristóbal de las Casas El Aguaje

Habitantes de El Aguaje, San Cristóbal de las Casas, exigen les sea otorgado al menos el 50 por ciento del Parque Ecoturístico Rancho Nuevo, al considerar que ellos fueron los verdaderos fundadores de esa zona y que quienes ahora habitan ahí y de Betania se aprovecharon del conflicto armado de 1994 para apoderarse del lugar.

Chiapas Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Amatan Cerro Blanco

El Movimiento Campesino Regional Independiente, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), solicitó la intervención de los gobiernos federal y de Chiapas para evitar un conflicto social entre miembros de esta agrupación en la comunidad de Cerro Blanco, municipio de Amatan, con integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Agrega que dirigentes de la CIOAC en Cerro Blanco, el comisariado y el consejero de vigilancia están provocando a la comunidad en contra de los militantes de Mocri-CNPA-MN, que son avecindados, para expulsarlos y arrebatarles bienes materiales, infraestructura con la que cuentan en esa localidad.


Proyectos de Infraestructura

Indígenas agrupados en el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, de los municipios de Palenque, Salto de Agua, Yajalón, Chilón, Sitalá, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, San Juan Cancu, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas, exigen respeto a la libre autodeterminación de los pueblos originarios y a los usos y costumbres para elegir a sus gobiernos comunitarios. Denunciaron la amenaza constante de los megaproyectos extractivos trasnacionales, por lo que señalaron que seguirán resistiéndose a la construcción de represas hidroeléctricas en los ríos Chakté (Cancuc) y Florido (Huixtán), así como a las exploraciones de pozos petroleros en la comunidad de El Jardín, en Ocosingo, y el proyecto del cuartel militar

en Patria Nueva. También denunciaron la intención de construir una fábrica de Coca Cola en la comunidad de Río Molino Xel, del municipio de Huixtán, y la vigencia del proyecto de la supercarretera Palenque-San Cristóbal. También exigieron a las autoridades correspondientes dar respuesta positiva a la solicitud que se hizo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, el 17 de noviembre de 2017, para que se reconozca el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios en los municipios de Chilón y Sitalá, y que puedan nombrar un concejo de gobierno comunitario, tal como lo busca el pueblo de Oxchuc

Chihuahua Derecho al territorio Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales

Agrario CarichÍ

Baqueachi Nanarachi Wawatzérare Bakuseachi Chineachi

Indígenas rarámuris de las comunidades Baqueachi, Nanarachi, Wawatzérare, Bakuséachi, Chinéachi y Narárachi, municipio de Carichic exigen justicia por la invasión a sus ejidos por parte de ganaderos y pequeños propietarios, y denuncian la tala del bosques. han realizado movilizaciones y protestas por estos hechos.

Chihuahua Derecho al territorio Agrario CarichÍ Baqueachi

Después de 86 años de litigio, el Tribunal Agrario Unitario del Quinto Circuito falló en favor de la tribu indígena de Baquechi, a la cual restituyó predios invadidos por ganaderos mestizos del municipio de Carichí. Este fallo destraba 14 juicios pendientes contra igual número de ganaderos mestizos que por décadas se apropiaron de 25 mil hectáreas, las mejores de pastizal del ejido, de un total de 44 mil de territorio indígena concedido por resolución presidencial a la tribu de Baqueachi.

Chihuahua Derecho a la autodeterminación Agrícola Urique Guadalupe y Calvo Carichi

Autoridades tradicionales y agricultores de las comunidades de Cerocahui y Bacajípare, municipio de Urique; Chinatu y Santa Tulita, en Guadalupe y Calvo; El Consuelo y Las Lajas, Maguarichi; y Bacabureachi, de Carichi; plantearon poner en marcha medidas cautelares para evitar la entrada de transgénicos que pongan en riesgo las variedades nativas, y pidieron que todo el maíz que ingrese a la sierra tarahumara –como ayuda alimentaria, apoyo para siembra o consumo de animales– cuente con acta de procedencia, rechazaron las propuestas de agricultores del estado para autorizar la siembra de transgénicos con el objetivo de aprovechar el mercado de agrocombustibles de alta demanda en Estados Unidos y Europa.

Chihuahua Derecho a la autodeterminación Derecho al disfrute conservación de los recursos naturales

Medio ambiente Urique Baoycona

Las comunidades indígenas de los municipios de Urique y Bocoyna han mantenido una lucha permanente en contra del proyecto Barrancas del Cobre, que afecta el medio ambiente de la zona y rompe con el equilibrio ecológico, poniendo en riesgo la conservación de la sierra.


Medio ambiente Guadalupe y Calvo Pino Gordo

La población del ejido Pino Gordo, Mpio. de Guadalupe y Calvo, manifiestan que se veran afectados debido a los proyectos turísticos impuestos empresarios de la región, que implican la destrucción de 15 mil hectareas provocando así una degradación ambiental, las cuales los Tarahumaras han preservado durante un lapso aproximado de 30 años, no es efectiva la aplicación de convenios suscritos por el país donde se respeta y consulta a los pueblos indígenas.


Medioambiente

Boycona Urique Guachochi Guadalupe y Calvo Batopilas Carichi Balleza Nonoava

Las comunidades Tepehuan del Norte y Rarámuri de la Sierra Tarahumara han denunciado agresiones y amenazas, originadas principalmente por grandes proyectos de inversion, forestales, turísticos y urbanos, además de la siembra de enervantes, lo que ha generado el despojo de sus tierras ancestrales. Los Tarahumaras ocupan una cuarta parte del territorio en el suroeste del estado de Chihuahua. Dentro de los cuatro grupos de indígenas que están asentados en la sierra, los rarámuris suman alrededor de 85,316 habitantes. El 90% de la población rarámuri se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava. ACCIONES: La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México ha realizado diversas mesas de trabajo con la SEDATU, Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y representantes indígenas y sus asesores, para buscar alternativas de solución por la falta de tenencia de la tierra y el reconocimiento de sus territorios.

Chihuahua Derecho a la alimentación Programas y Servicios Gubernamentales

Sierra Tarahumara

Al menos 80 mil indígenas de la sierra Tarahumara requieren asistencia alimentaria para enfrentar los problemas ocasionados por la falta de cosechas de maíz y frijol en la región, y urgen para intensificar los esfuerzos interinstitucionales con el propósito de hacer frente a las carencias de las comunidades indígenas de Chihuahua, cuyos habitantes dependen de la economía de autoconsumo, la cual fue devastada por la sequía.

Chihuahua Derecho a la educación Programas y Servicios Gubernamentales

Sierra Tarahumara

Asociaciones de maestros indígenas demandan con urgencia que se formen más profesores de educación indígena para que éstos impartan sus clases en las lenguas originarias y no en español en la sierra Tarahumara, porque se corre el rieso de que desaparezcan las lenguas originarias.

Chihuahua Derecho al trabajo y la seguridad social


Urique Boycona

Un grupo de artesanos, indígenas y mestizos del Divisadero Barrancas del Cobre y de miradores Piedra Volada y Tres Cañones denunciaron que recibieron amenazas de parte de empresarios hoteleros para desalojarlos de los puestos en los que han trabajado por más de 50 años.

Chihuahua Derecho a la consulta Proyectos de Gasoductos

Boycona San Eias

Habitantes de las comunidades de Bosques San Elías-Repechike, municipio de Bocoyna, y Bacajípare, del municipio de Urique, se oponen a la instalación del gasoducto El Encino-Topolobampo, que afectaría varias parcelas familiares, y exigen que antes de emprender cualquier obra consulten a la población.

Chihuahua Derecho a la autodeterminación Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos de infraestructura

Boycona San Eias

La comunidad rarámuri Bosques San Elías Repechike interpuso un amparo para frenar la construcción del aeropuerto internacional de Creel, por no haberlos consultado y que esta obra ha afectado su territorio. El juez Octavo de Distritoordenó suspender la construcción del aeropuerto debido a que se violentaron los derechos fundamentales de la comunidad indígena.

Chihuahua Derecho a la consulta Proyectos de infraestructura

Urique Mogotavo

Los habitantes de Mogótavo, del Urique, señalaron la falta de consulta previa para la construcción del paradero de la estación del tren Chepe en el Divisadero, por lo cual solicitaron la suspensión de permisos y actividades hasta que no haya consulta y consentimiento.

Chihuahua

Derecho al territorio Derecho a la consulta Derecho a la participación en planes y programas de desarrollo


CarichÍ Boycona Urique

Los indígenas asentados en la region del Divisadero, donde se encuentra operando el Fideicomiso Barrancas del Cobre, señalaron que no fueron consultados sobre este proyecto que ha afectado su territorio y cultura, por lo que interpusieron recursos legales. La SCJN resolvió que las comunidades indígenas deberían ser incluidas en el Consejo Consultivo del Fideicomiso.

Chihuahua Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos Mineros

Madera Ejido Huizopa

Campesinos del Ejido Huizopa, en Chihuahua, se oponen por el proyecto Mina de Oro Dolores, consistente en la extracción a cielo abierto, que ha sido ilegalmente desarrollado en sus tierras. Señalan que la empresa canadiense Minefinders sólo obtuvo permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para cambiar el uso de suelo en 500 hectáreas, sin embargo están ocupando de

manera ilegal 3,458 hectáreas para sus labores de exploración y explotación minera.

Chihuahua Derecho al territorio Agrario Guadalupe y Calvo

Cordón de la Cruz Mesa Colorada Tepozan Tuáripa

Pobladores tepehuanes de las comunidades Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, Tepozán y Tuáripa, municipio de Guadalupe y Calvo, denunciaron que una familia de caciques desde julio de 2016 han generado violencia con la anuencia de autoridades, despojándolos de tierras y ganado. Los indígenas agregaron que tienen la posesión de 3 mil 500 hectáreas desde antes del reparto agrario, sin embargo estos caciques solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Agrario la enajenación de esos terrenos de propiedad nacional, al asegurar que ellos son los verdaderos dueños. Cercaron los terrenos de las comunidades indígenas y les exigieron a las familias que sacaran su ganado, alegando que eran terrenos que habían comprado al gobierno hace 10 años. Los habitantes de la Mesa Colorada, El Tepozán y del Cordón de la Cruz presentaron las demandas correspondientes por robo de ganado ante el Ministerio Público, pero no han obtenido respuesta favorable. Además, la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara denunció la tala de más de mil 800 árboles de distinta especie a fin de construir un camino del rancho El Cordón de la Cruz hacia el rancho El Táscate, en tierras de las comunidades tepehuanas antes mencionadas sin pedirles autorización.

Coahuila Derecho al territorio Derecho a la seguridad y justicia

Proyectos Mineros

Torreón

Los comuneros reclaman mil 342 hectáreas ocupadas de manera ilícita por la minera La Encantada, de la empresa canadiense First Majestic, además de que ésta construyó y aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros de longitud sobre los terrenos ejidales, sin pagar ningún derecho de uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de una tubería de agua y una línea de electricidad. También señalan que la empresa construyó un complejo de 300 viviendas, un hotel y una casa club para ingenieros, y una pequeña pista para aviones. En 2011 iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, que hasta la fecha no se ha resuelto por las prácticas dilatorias que siguen favoreciendo a la minera canadiense. En 2013, ante una protesta y bloqueo carretero, el Gobierno estatal desalojó con violencia a 50 comuneros, quienes denunciaron que fueron

secuestrados por más de 12 horas y amenazados para que no volvieran a protestar.

Colima Derecho al territorio Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales

Proyectos Mineros

Comala Zacualpan

Indígenas de la comunidad de Zacualpan, municipio de Cómala, rechazan la instalación de una mina de oro y plata en la zona, concesionada a la empresa Gabfer S.A. de C.V., y se han declarado territorio libre de minería. Señalan que esta obra afectaría sus mantos acuíferos, que abastecen a la zona conurbada de Colima. Su oposición ha generado amenazas y hostigamiento tanto a los comuneros como a sus representantes (organización Bios Iguana) Un grupo afecto al ex president, acusado de otorgar los permisos para la minera, se adpoderaron del manantial y parque ecológico Ojo de Agua, con lo que se tensó aún más la situación en la region.

Colima Derecho al territorio Derecho al disfrute y conservación de recursos Naturales

Proyectos Mineros

Manzanillo Canoas

Comuneros de Canoas, municipio de Manzanillo, se oponen a la explotación de la empresa minera RM Pacific Group, S.A. de C.V., conocida como EVA, por lo que han realizado bloqueos para impedir el trabajo. Se había otorgado el permiso de exploración, más no el de explotación que fue rechazado en asamblea en agosto de 2013. Argumentaron que la mina ocasionaría daños medioambientales, destrucción de caminos y problemas de salud. El lugar donde se pretende explotar la mina son cuatro hectáreas, pero afectaría a 116 ejidatarios que siembran unas 800 hectáreas de café. Los comuneros señalan que han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de la minera. Al realizar una inspección, a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró los trabajos porque no contaban con las autorizaciones en materia forestal y de impacto que expide la Semarnat y había afectaciones al suelo y arbolado.

Colima Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos Mineros

Comala Zacualpan

La organización ecologista Bios Iguana AC de Colima, que asesora a indígenas de la comunidad nahua de Zacualpan, municipio de Comala en su oposición a la

instalación de una mina, han denunciado violación a los derechos indígenas, así como acoso y amenazas contra los defensores .

Colima Derechoa al disfrute y conservación de recursos Naturales

Proyectos Hidroelectricos

Comala Villa de Álvarez Coquimatlán Armeria Tecomán

Habitantes de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Armería y Tecomán se oponen al proyecto hidroeléctrico de la empresa Generación Enersí, en el río Armería, en las inmediaciones de la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Comala, donde también existe resistencia a la operación de una mina. Señalan que con el proyecto se quedarían sin agua para uso doméstico y que realmente la obra serviría en beneficio de la actividad minera, además de que no han sido informados sobre el mismo. El Presidente municipal de Comala envió oficios a la Semarnat rechazando el proyecto, al señalar afectaciones en áreas comunales, flora, fauna y manos acuíferos de la región.

CD de Méx Derechoa al disfrute y conservación de recursos Naturales

Medio ambiente Milpa Alta

Comuneros de Milpa Alta anunciaron la creación de un grupo de vigilancia ante la tala clandestina, que se ha acrecentado en esta zona y que ha puesto en grave riesgo el equilibrio ecológico.

CD de Méx Derecho al trabajo Proyectos de infraestructura

Milpa Alta

Indígenas nahuas que vendían en las instalaciones del tianguis anexo Benito Juárez de Milpa Alta, se oponen a la construcción de un estacionamiento subterráneo y al desalojo de sus negocios, como lo han empezado a hacer autoridades delegacionales, lo que provocó ya enfrentamientos entre el grupo de inspectores y los indígenas.

CD de Méx Derecho a la consulta Proyectos de Desarrollo Inmobiliario

Xochimilco Santa Cruz Xochitepec

Indígenas de Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco, se oponen a la construcción de un club hípico, denominado Tepepan Country Club. Señalan que este proyecto pone en riesgo los usos y costumbres de los pueblos originarios, su patrimonio cultural y ambiental, y que las autoridades deben consultarlos a fin de obtener su consentimiento libre e informado, de acuerdo a lo establecido en el convenio 169 de la OIT. Por lo cual, interpusieron recursos legales. En junio de 2015, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa les negó un amparo por no reconocerlos como un pueblo originario, de acuerdo a las argumentaciones de los magistrados de que no hablan una lengua indígena, ni visten como tal. Buscarán llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CD de Méx Derechoa al disfrute y conservación de recursos Naturales Derecho al agua

Proyectos Hidraulicos

Avaro Obregón

Pobladores de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, se oponen a la construcción de un proyecto hidráulico, porque consideran que lo que se pretende es llevarse el agua del manantial que suministra al pueblo. Se organizaron para resguardarlo e impedir las obras; en mayo de 2014, se dio un enfrentamiento con granaderos con saldo de cinco personas detenidas, quienes después de casi 10 meses lograron su libertad. Las autoridades capitalinas han señalado que la intensión del proyecto es de dotar de agua potable a la comunidad, y que el problema lo ha generado un grupo de piperos que mal informado a la población diciéndoles que el agua es para llevarla a Santa Fe.

CD de Méx Derecho al territorio Agrario Iztapalapa Culhuacán

Habitantes de Culhuacán han solicitado la intervención dela ONU ante el intento de la Delegación Iztapalapa de quitarles un predio que hace 12 años el Gobierno de la Ciudad de México les otorgó en calidad de pueblo originario para que ampliaran el panteón civil de la comunidad, y en donde ahora se pretende poner un salón de usos múltiples

Durango Derecho al territorio Proyectos Mineros

Tlahualillo La Sierrita

Pobladores exigen a la minera canadiense Excellon Resources devolverles mil 100 hectáreas, donde lleva a cabo sus actividades extractivas, y que señalan les fue despojado, debido a que la empresa no ha cumplido con las promesas de apoyos sociales que les hizo

Durango Derecho a los servicios de salud Programas y Servicios Gubernamentales

Mezquital

El alcalde de Mezquital aseguró que en la zona indígena hacen falta médicos. La escasez de éstos se debe a la lejanía y los bajos salarios. En las comunidades indígenas se quedan 15 días sin doctor. Este caso ha provocado que los habitantes se manifiesten en contra de las autoridades, exigiendo servicios de salud eficientes, de no ser así tomarán medidas más radicales, han advertido.

Durango Derecho al territorio Agrario Mezquital Santa María Ocotán Xoconoxtle

En mayo de 2006, se intensificó el conflicto que tiene más de cuarenta años cuando indígenas de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Municipio de Mezquital, invadieron el ejido Luis Echeverría de Vicente Guerrero, Municipio de Súchil, ya que reclaman como suyas las mil 786 hectáreas que conforman el ejido, de acuerdo a los títulos virreinales con los que cuentan. Se inició un pleito legal y el 30 de septiembre del 2011, el Tribunal Agrario del Distrito Séptimo le dio la razón a los ejidatarios; sin embargo, los indígenas indicaron que no se saldrían del lugar. Las autoridades agrarias acordaron con los ejidatarios que estos abandonaran las tierras y que a través

Cosomer les habrían de pagar una indemnización. En diciembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ofreció cinco mil pesos por hectárea a los ejidatarios de Luis Echeverría, quienes no aceptaron la propuesta porque no les alcanzaría para comprar un terreno de 100 metros cuadrados en otro lugar, mucho menos para poder construir una vivienda, una granja, parcelas y varios otros servicios que ya tenían. Finalmente, los ejidatarios de Luis Echeverría firmaron la demanda para solicitar que el Tribunal Agrario eleve a sentencia el pago de los 15 millones de pesos por sus tierras, con lo que a finales de diciembre de 2016 se llegó a un acuerdo. Sin embargo, aún falta que esas tierras sean incorporadas a la comunidad de Santa María.

México

Derecho al territorio Derecho a la conservación de su cultura Derecho a la autodeterminación

Agrario Lerma San Lorenzo Huitzitzilapan

La comunidad otomí- ñätho de San Lorenzo Huitzitzilapan en Lerma, Estado de México, eligió el 7 de diciembre de 2015 a su propia autoridad comunal, ejerciendo el derecho a su autonomía. Según denunció el Centro Prodh, el lunes 18 de enero de 2016 la Procuraduría Agraria convocó a una nueva elección, desoyendo el mandato comunal. Los otomíes de Huitzitzilapan están en pie de lucha en contra de varios megaproyectos que amenazan su territorio (reserva de bienes naturales de los que se sirve, en buena parte, la ciudad de México). La Reserva Santa Fe, la tala de los bosques de la zona bajo el argumento del "Aprovechamiento Forestal" y el decreto de expropiación de hectáreas para la Autopista Toluca-Naucalpan, "se están llevando a cabo ilegalmente sin el consentimiento del pueblo."

México Derecho a la conservación y difrute de los recursos naturales

Medioambiente Comunidades asentadas en el nevado de Toluca

Comunidades asentadas en el Nevado de Toluca señalan que no se les informó ni se les pidió opinión respecto a la recategorización de la montaña, la cual pasó de parque nacional a área natural de protección de flora y fauna, que puede afectar la conservación de la zona.

México Derecho a la conservación de su cultura

Medioambiente Otumba San Juan Atzingo

El pueblo de San Juan Atzingo, municipio de Otumba, se ha opuesto a la tala ilegal dentro del Gran Bosque de Agua, región amenazada por el proyecto de la carretera Lerma-Tres Marías. El indígena tlahuica Ildefonso Zamora, quien ha liderado esta lucha, fue detenido en noviembre de 2015, acusado de robo con violencia sin que se hayan presentado pruebas fehacientes. Organismos nacionales e internacionales, incluida la ONU y Amnistía Internacional que lo declaró preso de conciencia en mayo, se pronunciaron sobre este caso, señalaron abusos y detención

arbitraria. En agosto de 2016, el Juzgado Quinto de Amparo ordenó su libertad tras reconocer que se violó el derecho humano de presunción de inocencia, al no existir pruebas en su contra.

México Derecho a la autodeterminación Derecho al agua


Coyotepec Coyotepec

Población indígena nahua de Coyotepec, Estado de México, se opone a que la administración del agua, que manejan por usos y costumbres, sea controlada directamente por la presidencia municipal, que planea concesionarla a empresas privadas; ha habido protestas y manifestaciones en contra de esta medida.

México Derecho a la autodeterminación Derecho al agua


Nicolas Romero San Francisco Magú

Indígenas del poblado San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, denunciaron que las autoridades municipales quieren apoderarse del control del agua potable, con la finalidad de destinarla a un fraccionamiento campestre. Los otomíes han administrado por usos y costumbres la distribución del agua de sus pozos. Señalan además, que en 2012 comenzaron a ser devastadas 184 hectáreas de bosques de uso común, donde se pretende construir el complejo habitacional. El problema con el agua ha generado enfrentamientos con policías que han intentado tomar las oficinas del Comité de Agua, dejando como saldos varios lesionados.

México Derecho a la consulta Derecho a la conservación y difrute de los recursos naturales

Proyectos carreteros

Lerma

Indígenas otomíes de la comunidad San Pedro Xochicuautla se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan por afectar un área natural protegida, y señalan que no se ha respetado su derechos a la Consulta.

México Derecho al territorio Proyectos carreteros

Lerma Las Mesas Huitzizilapan

Habitantes otomíes de San Lorenzo de Huitzizilapan, municipio de Lerma, se oponen a la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, que conectará la zona residencial de Santa Fe con el aeropuerto internacional del estado de Toluca, por lo que rechazan el cambio de uso de suelo de tierras ejidales. Denuncian que han enfrentado amenazas y represión por defender su territorio, ya que señalan que la obra destruiría sus recursos naturales y sitios sagrados como el Cerro de la Campana. Agregaron que se violentan sus derechos, porque tampoco se les ha consultado sobre el proyecto.

México Derecho a la conservación y difrute de los recursos naturales


Lerma

El proyecto de Autopista Naucalpan – Aeropuerto de Toluca, afectará directamente 600,000 metros cuadrados de bosque, según cifras oficiales, dentro de un área perteneciente al gran Bosque Otomí-Mexica; dicha comunidad se ha manifestado en contra del

proyecto.

México

Derecho a la conservación de su cultura Derecho a la consulta Derecho al territorio


Huixquilucán Santa Cruz Ayotuxco

Indígenas otomíes de Santa Cruz Ayotuxco, municipio de Huixquilucan, se manifiestan en contra de la construcción de la nueva autopista Naucalpan-Toluca, porque las obras han afectado el bosque al derribarse árboles, tapar manantiales, dañar centros ceremoniales y afectar tierras de cultivo, además de la división que se ha generado entre los habitantes. El gobierno municipal de Huixquilucan no ha querido reconocer como indígenas a las comunidades y barrios que se asumen como tal, por eso se ha negado a realizar la consulta correspondiente. Sin embargo, el 6 de abril de 2017, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del PJF ordenó la suspensión de trabajaos de la obra en Santa Cruz Ayotuxco hasta que se resuelva el juicio de amparo. Sin embargo, pese a la resolución los constructores continuaron trabajando, por lo que en junio los indígenas decidieron parar la maquinaria y cerrar los accesos a la obra. Los pobladores indígenas han señalado que no fueron consultados como lo establece la ley, además de que han sufrido amenazas y hostigamiento, incluso a finales de junio fue detenido arbitrariamente uno de sus representantes acusado de extorsión y crimen organizado, delitos que no se le comprobaron y salió en libertad.

México Derecho a la conservación de su cultura

Proyectos de Desarrollo Inmobiliario

Lerma Santa María Atarasquillo

Indígenas otomíes de la comunidad de Santa María Atarasquillo denunciaron afectaciones a sus lugares sagrados por parte de fraccionadores, lo que consideran violenta sus derechos. Organizan un frente por la defensa de la zona.

México Derecho al territorio Proyectos de Desarrollo Inmobiliario

Xochicuautla Tecamac San Francisco Magú Coyotepec Atenco

Representantes de cinco pueblos indígenas del Estado de México (de Xochicuautla, Tecamac, San Francisco Magú, Coyotepec y Atenco) señalaron que con la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, el Gobierno estatal pretende lanzar una ofensiva en su contra para despojarlos de su territorio, agua y bosques en beneficio de empresas privadas que buscan construir megaproyectos. Señalaron que esta ley no sólo está diseñada para reprimir la protesta social, sino que también pone sus vidas en riesgo. Los pobladores indígenas han advertido que no detendrán su resistencia y buscarán detener la Ley que amenaza sus derechos humanos. Esta ley está siendo revisada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar su constitucionalidad; sus opositores

han manifestado que en caso de no recibir un fallo a favor acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

México Derecho al agua Proyectos Hidraulicos

Villa Victoria Villa de Allende Donato Guerra

Villa Victoria, Villa de Allende y Donato Guerra, comunidades mazahuas exigen el funcionamiento de 10 obras (agua potable, alcantarillado, sanitario y electrificación) que están paradas en sus localidades, donde más de 200 mil habitantes no cuentan con agua potable desde hace más de 30 años, a pesar de que la Federación asignó al Gobierno estatal presupuesto para ponerlas en funcionamiento. Señalan que a pesar de que la zona mazahua se extrae el líquido para abastecer a otros municipios mexiquenses y al Distrito Federal, a través del Sistema Cutzamala, los poblados indígenas no cuentan con el líquido debido a la falta de infraestructura hidráulica. Así también, demandan la restitución de tierras que les expropió la Comisión Nacional del Agua, resarcir los daños que sufrieron sus cultivos y la ejecución de un plan de desarrollo sustentable. Ante esta situación y la falta de apoyos por parte de las autoridades federales y estatales, han conformado el Frente Mazahua Desarrollo Sustentable del Cuetzamala, conformado principalmente por mujeres mazahuas, quienes han emprendido bloqueos, marchas y cierre de válvulas del sistema hidráulico.

México Derecho a la consulta Derecho al agua


Coyotepec

Pobladores de Coyotepec se oponen a la municipalización del servicio de agua potable. Esta resistencia ha llevado a enfrentamientos con autoridades que ha dejado varios lesionados y personas detenidas. El 22 de mayo de 2016, impidieron una consulta municipal que consideraron estaba amañada con el propósito de llevarse el agua potable de las comunidades indígenas para beneficiar el proyecto empresarial Ciudad Bicentenario Huehuetoca. Los pobladores han manifestado que por años la comunidad mantiene el control del agua, de acuerdo a sus usos y costumbres.

México Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales

Proyectos Mineros

Tianguistenco Santiago Tilapa

Representantes del pueblo indígena otomí de Santiago Tilapa, municipio de Tianguistenco, denuncian que la explotación de una mina ha generado división, ya que responde a los intereses de unos cuantos, sobre todo ex autoridades y autoridades del Comisariado Ejidal. Afirman que los empresarios mineros han devastado paisajes en contubernio con empresas carreteras que operan en la región a nombre del progreso, pero que han dañado la fauna y flora del Cerro Cuate, que durante siglos ha sido un sitio importante para los otomíes. Señalaron que no fueron consultados y que solo unos cuantos dicen tener la autoridad para decidir por todos.

México Derecho a la autodeterminación Politico Social Villa Victoria San Felipe de la Rosa

Indígenas mazahuas de San Felipe de la Rosa exigen el reconocimiento de la "Presidencia municipal indígena mazahua", como un gobierno independiente del ayuntamiento de Villa Victoria, por lo que también solicitan recursos económicos para atender las necesidades de 52 comunidades. Señalaron que crearon esta presidencia dirigida por mazahuas ante las indiferencias de las autoridades municipales para atender sus demandas.

México Derecho a la consulta Pryectos de Infraestructura

Ocoyoacac Santa María la Asunción Tepexoyuca

Integrantes de la comunidad indígena de Santa María la Asunción Tepexoyuca, municipio de Ocoyoacac, estado de México, denunciaron actos de corrupción de las instituciones encargadas de la construcción del tren México-Toluca, la cual afecta 32 hectáreas de la comunidad. Indicaron que dicha obra sigue en construcción a pesar de que las instituciones federales y estatales no tienen los permisos necesarios para llevarla a cabo. Señalaron que el proceso para el proyecto ha tenido diversas irregularidades, entre las que destacan el pago personalizado a un comisariado ejidal no reconocido por la comunidad, con la finalidad de obtener un permiso no válido para la construcción de la obra. Agregaron que en febrero de 2015 presentaron una demanda constitucional para frenar la construcción ilegal del tren, el cual aún no tiene los permisos que debe otorgar y pagar a la comunidad para continuar la obra. El recurso está en el juzgado segundo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México.

Guanajuato Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales

Medio ambiente Xichú Atajarea

Majadas Ejidos del Toro

Comunidades indígenas de la Sierra Gorda a lo largo del recorrido hasta los ejidos del Toro, Buenavista y la comunidad de Majadas, en los límites de los municipios de Xichú y Atarjea, se han manifestado contra autoridades para que implementen medidas par aevitar la contaminación del territorio, señalan

que se perciben los olores de óxidos y arsénico que desprenden los cerros de desperdicios de la actividad minera.

Guanajuato Derecho a la conservación de su cultura Derecho al territorio


Silao-San Miguel de Allende

Indígenas otomíes se oponían a la construcción de la carretera Silao-San Miguel de Allende, señalan que se les expropiarían sus tierras y destruirían sus núcleos agrarios, así como dañarían su patrimonio cultural.Organizaron protestas y manifestaciones en contra del proyecto e interpusieron un amparo. En Julio de 2015, el Gobierno Federal modificó el trazo de la autopista para no afectar a 25 comunidades otomíes que hubieran quedado divididas por la obra.

Guanajuato Derecho a la autodeterminación Proyectos Mineros

Atarjea San Luis de la Paz Santa Catarina Victoria Xichú

Las mineras –sobre todo las canadienses– presionan a las autoridades municipales, a legisladores y comuneros de la Sierra Gorda, en un intento de modificar el decreto presidencial y que se reabran varias minas, lo que afectará la vida de los habitantes de la Sierra. Los habitantes han llevado a cabo varias protestas en contra de las mineras.

Guanajuato Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales

Proyectos Mineros

Guanajuato

La empresa minera canadiense Great Panther está contaminando el agua de Guanajuato mediante sus procesos de extracción de metales, cuyos residuos han afectado durante años la calidad del líquido en las presas La Soledad y La Esperanza. La minera arroja a las cuencas fierro, manganeso, arsénico y selenio, elementos que se vierten desde la presa en Cata a través del río del mismo nombre, luego van a dar al río Guanajuato y finalmente a la presa de la Purísima. La cuenca por la cual discurren las aguas que finalmente se embalsan en la presa de La Purísima es eminentemente minera y que en ella existen más de cincuenta presas de jales, que aportan contaminantes que se sedimentan en la presa.

Guerrero Derecho al territorio Agrario Atlixtac San Juan Bautista Cuapala San Pedro Huitzapula

Conflicto agrario entre las comunidades de San Juan Bautista Cuapala y San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, por la disputa ancestral por 2 mil 700 hectáreas. En uno de los últimos enfrentamientos por este asunto, murieron dos indígenas indígenas nahuas de San Juan Bautista Cuapala, y uno más resultó herido.

Guerrero Derecho al territorio Agrario Xochistlahuaca

Indígenas amuzgos de Xochistlahuaca denunciaron despojos territoriales de propiedad comunal, por parte de funcionarios apoyados por grupos de presión, cuyos integrantes portan armas.

Guerrero Derecho al territorio Agrario Metlatónoc Tlacochistlahuaca

Valle Hermoso Jicayán de Tovar

Campesinos indígenas del poblado Valle Hermoso, municipio de Metlatónoc, y de Jicayán del Tovar, municipio de Tlacochistlahuaca, mantienen una disputa por la posesión de aproximadamente mil hectáreas de terreno, situación que ha provocado enfrentamientos entre estas localidades, que han dejado heridos y muertos. Los pobladores de Valle Hermoso retuvieron a un grupo de militares, acusándolos de apoyar a los de Jicayán de Tovar.

Guerrero Derecho al territorio Agrario Tepecoacuilco de Trujano San Agustín Oapan San Miguel Tecuiciapan

Indígenas nahuas de San Miguel Tecuiziapan y de San Agustín Oapan, municipio de Tepecoacuilco, mantienen una disputa por 3 mil 130 hectáreas desde 1949, lo que ha derivado en enfrentamientos, retenciones y siete personas muertas. En abril de 2014, el Tribunal Unitario Agrario en Iguala falló a favor de San Agustión Oapan, sin embargo los de Tecuiziapan decidieron ocupar 700 hectáreas, señalando que no entregarán sus tierras.

Guerrero Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

Ayutla de los Libres

Los indígenas me'phaa (Tlapanecos) de la Montaña de Guerrero, en la zona de Ayutla de los Libres, se han organizado desde hace ya más de una década por la defensa de sus derechos indígenas. Han sido víctimas de la constante represión y hostigamiento por parte del Estado Mexicano, particularmente del Ejército. El 7 de junio de 1998, efectivos militares bajo el mando del General Alfredo Oropeza Gárnica, cometieron una masacre en la comunidad de El Charco, del municipio de Ayutla, en donde fueron asesinados 11 indígenas mixtecos

Guerrero Derecho al debido proceso Derechos Indígenas

Fue detenida en agosto de 2013, acusada de secuestro agravado y recluida en un penal federal de Nayarit. Salgado García demanda su liberación, ya que ha manifestado que su detención es por razones políticas, debido a que su actuación se ha apegado a los sistemas normativos comunitarios y con fundamento en la Ley 701 de Guerrero. Asimismo, durante su encarcerlamiento ha señalado violaciones a sus derechos, por lo que solicitó medidas cautelares, que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Guerrero Derecho a la vivienda Derechos Indígenas

Malinaltepec Unión Peras

El comisario y comuneros de La Unión de las Peras, municipio de Malinaltepec, en la region de la Montaña Alta, exigen al Gobierno la compra del terreno para la reubicación y construcción de las casas para los desplazados de la comunidad, que se vieron afectados por os fenómenos metereológicos de septiembre de 2013. Han realizado marchas y protestas por este motivo.

Guerrero Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

San Luis Acatlan

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) denuncian que no se incluyó en la nueva Constitución estatal el derecho a tener elecciones por usos y costumbres, por lo que de no ser atendida su demanda acudirán a instancias internacionales para hacer valer este derecho. Señalan que en marzo de 2014, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (Ieeg) negó la elección mediante este sistema para el municipio indígena de San Luis Acatlán, por lo que tramitaron un amparo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra dicha resolución. En mayo de 2014, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) acató la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) en el sentido de realizar una consulta entre los habitantes de San Luis Acatlán para determinar si hay o no elección por usos y costumbres.

Guerrero Derecho al debido proceso Derechos Indígenas

Nestora Salgado García, quien también cuenta con la nacionalidad americana, fue Detenida el 21 de agosto de 2013, acusada de secuestro agravado. El gobernador interino de Guerrero manifestó que buscaría la liberación de Nestora Salgado, para lo cual pidió a la Fiscalía General del estado el desistimiento de la acción penal, misma que fue rechazada por ésta, y envió una propuesta de Ley de Amnistía, sin que hasta la fecha el Congreso la haya aprobado. Por otra parte, los activistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace se oponen a la liberación de Salgado García, señalando que es una secuestradora.

Guerrero Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales

Medioambiente Ometepec

Integrantes del Frente de Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos Naturales del Río Santa Catarina, en el municipio de Ometepec, demandaron la intervención de los gobiernos federal y estatal para impedir la extracción de arena y grava de ese río, que surte de agua a 26 comunidades de los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca e Igualapa, en la Costa Chica de Guerrero. Señalaron que desde 2008 se ha saqueado el río Santa Catarina por particulares de Guerrero y Oaxaca y llegan a salir hasta 80 camiones llenos de arena y grava sin que las autoridades intervengan. Recordaron que el río Quetza, en San Juan de Los Llanos, municipio de Cuajinicuilapa, ya se secó, por lo que reiteraron su solicitud para que se prohíba sacar material pétreo del río Santa Catarina, debido a que ha provocado la falta de humedad de los terrenos donde siembra, debido a

la profundidad de los pozos que deja la maquinaria pesada para la extracción de materia. Integrantes del Frente han denunciado amenazas y hostigamiento en su contra.

Guerrero Derecho a la autodeterminación Derecho a la consulta

Politico Social Ayutla de los Libres

Habitantes indígenas del municipio de Ayutla de los Libres, a través dela Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), demandaron elegir a sus autoridades municipales a través del sistema de usos y costumbres. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia para que se llevara a cabo una consulta y los pobladores de ese municipio pudieran decidir la forma de elección de sus autoridades. En octubre de 2015 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana llevó a cabo la consulta, con el resultado a favor del sistema de usos y costumbres. Sin embargo, los partidos políticos presentaron impugnaciones argumentando que no participó más del 50 por ciento de los ciudadanos que integran el padrón electoral del municipio y en junio de 2016, el Tribunal Electoral del Estado anuló los resultados de la consulta y ordenó reponer el procedimiento. Ante esta decisión, los pobladores indígenas exigen se respete la consulta que ya se llevó a cabo.

Guerrero Derecho a la autodeterminación Político Social Petatlán El Camalote

El grupo paramilitar de "los Remigio" no reconoce al comisario electo en el municipio de El Camalote. El comisario electo pertenece a la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM), por lo que los Remigio no lo dejan asumir su cargo. La OPIM acusa al gobierno municipal y estatal de proteger a los Remigio, como represalia al activismo de la OPIM y demandan el respeto a la voluntad popular en la elección del comisario.

Guerrero Derecho a los servicios básicos en la vivienda


Montaña, Costa Chica, Centro

Comunidades indígenas de La Montaña, Costa Chica y Centro, a través de la UPOEG, han llevado a cabo protestas por tarifas justas en el consumo de energía eléctrica que proporciona la CFE.



Montaña

Comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero denuncian falta de atención por parte de las autoridades estatales, luego de las lluvias de septiembre de 2013, en los casos de garantizar los servicios básicos a los habitantes.



Tixtla de Guerrero Atliaca

Nahuas del poblado de Atliaca estuvieron a punto de enfrentarse con damnificados del municipio de Tixtla, luego que los primeros impidieron el desfogue de agua que inunda la mitad de esa cabecera municipal, en el punto conocido como Los Terreros

Guerrero Derecho a la participación en planes y programas de desarrollo regional


Chilapa de Álvarez

En Chilapa de Álvarez, Guerrero, solicitan el cumplimiento a compromisos de las dependencias federales y revisión a la aplicación del procedimiento de las Reglas de Operación, en beneficio de las comunidades del municipio.

Guerrero Derecho al territorio Proyectos carreteros

Metlatónoc Llano de León Mini Numa

Alrededor de 48 personas de las comunidades Llano de León y Mini Numa, en el municipio guerrerense de Metlatónoc, han sido víctimas de desplazamiento forzoso debido a la construcción de una autopista que va de Metlatónoc a Tlacoachistlahuaca, inaugurada el 19 de noviembre de 2012. Las obras se iniciaron en 2009 y destruyeron plantíos y veredas, además de provocar derrumbes en las casas, por lo que nueve familias afectadas interpusieron una queja que se turnó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los indígenas manifiestan que no fueron consultados ni informados sobre este proyecto carretero. Los afectados exigen se responda por las violaciones sufridas en sus derechos a la vivienda y a la consulta, y subsanen los daños.



Acapulco San Marcos Juan R Escudero Chilpancingo Mochitlan Quechultenango Tecoanapa

Desde los años 70 la CFE comenzó a hacer estudios en la zona del Río Papagayo. Sin embargo, fue hasta el año 2003 cuando se iniciaron las obras de construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota. Este proyecto pretende generar 395MW de energía eléctrica. Contempla la construcción de una cortina de concreto de 192 metros de altura y 600 metros de ancho, la cual ocasionaría la inundación de 17,300 Has. de selva, en donde habitan comunidades mestizas y nahuas y en donde existe una gran diversidad de especies endémicas; así como la desertificación del cauce del río que desemboca en el pacífico.


Proyectos Mineros

San Luis Acatlán Malinaltepec tlacoapa Zapotitlán Tablas Iliatenco Metlatonoc

Desde el 21 de octubre de 2010, compañías como la Hochschild Mining y CAMSIM Minas S.A., recibieron los permisos del gobierno mexicano para explotar yacimientos de oro en un área de aproximadamente 500 kilómetros, en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc. Desde entonces, la Policía Comunitaria ha organizado más de 30 asambleas comunitarias con el fin de informar a los habitantes y rechazar el proyecto de extracción de minerales en la región. Como

resultado de este proceso, las comunidades han declarado que no permitirán la entrada de las mineras, ya que el impacto ambiental y social de esta actividad sería devastador, pues se trata de extracción a cielo abierto.

Guerrero Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos Mineros

Malinaltepec San Miguel del Progreso

Tlapanecos de San Miguel del Progreso en Guerrero, que habita desde tiempos prehispánicos una región de la Montaña Alta de Guerrero logró el reconocimiento de sus tierras comunales y su carácter eminentemente indígena en 1994, sus pobladores no fueron consultados sobre una concesión minera otorgada a minera Hochschild Mining especializada en la extracción de plata. La comunidad interpuso una demanda de amparo ante las instancias jurídicas de la entidad.

Guerrero Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos Mineros

Mochitlan El Rincón de Tlapacholapa

Representantes de más de 200 pobladores de Rincón de Tlapacholapa, municipio de Mochitlán, denuncian mediante protestas que a raíz de la tormenta tropical Manuel han sido acosados por empresas mineras que les prometen mejorar sus caminos si autorizan que exploten los yacimientos de oro y plata del cerro Volcán Negro.


Proyectos Mineros

Taxco de Alarcón Tlamacazapa

Habitantes indígenas de Tlamacazapa, municipio de Taxco, protestan contra la operación de mineras en la región por el riesgo de contaminación. Afirman que el estudio de la Secretaría de Salud (Ssa) y de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaeg) determinó que existe contaminación grave en el río Balsas debido a los desechos tóximos que derrama la empresa minera Media Luna, ubicada en el municipio de Cocula. Un dirigente de la coalición de Ejidos de Real de Limón denunció intimidación hacia la protesta. La empresa Media Luna perforó con barrenos, lo cual también ha afectado los mantos freáticos.


Proyectos Mineros

Cocula El Real del Limón Nuevo Balsas

Campesinos del ejido La Saibita, Nuevo Balsas y Real de Limón, municipio de Cocula, denunciaron que la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold, nuevamente comenzó a explotar la mina La Fundición. En 2007, los ejidatarios de todas las comunidades que cercaban el cerro La Joya (Real del Limón, La Fundición, Nuevo Balsas y Aztcala), donde exploraba Media Luna, descubrieron que la empresa descargaba todas sus sustancias tóxicas en los manantiales que surtían de agua a los habitantes, por lo que iniciaron un movimiento que llevó a que la empresa cerrara. Los ejidatarios señalan que adquirieron las tierras en 1949 y que tienen certificados del Registro Público de la Propiedad. El problema empezó en marzo de 2010, cuando 70 supuestos propietarios presentaron registros agrarios diciendo que eran dueños del predio de La Saibita. Aprovechando este conflicto, la minera negoció con ellos para iniciar la explotación de la mina. Los ejidatarios ya presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario contra los otros ejidatarios que se asumen como dueños. Los campesinos bloquearon los trabajos de la mina para exigir a la empresa una indemnización por los daños que han causado en mil 300 hectáreas. En un reunión con representantes de la empresa, acordaron buscar alguna solución.

Guerrero Derecho a la participación en planes y programas de desarrollo regional

Proyectos Mineros

Eduardo Neri Carrizalillo

Habitantes de la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, exigen un nuevo convenio con la empresa Goldcorp para incrementar el pago de arrendamiento por las tierras que ocupa la mina Los Filos-El Bermejal. El acuerdo anterior venció en abril de 2014, sin embargo la empresa se negó a entablar negociación con los ejidatarios, por lo que impidieron los trabajos de la obra. En mayo de ese año, se estableció un nuevo contrato que los ejidatarios consideraron históricos porque se establecen acuerdos como el que se harán monitoreos permanentes sobre los impactos ambientales de los trabajos de extracción que realizará por lo menos otros cinco años la minera trasnacional, y que se darán a conocer de forma regular a las autoridades ejidales. También se establecieron cláusulas relacionadas con el tema del cierre de las actividades de la minera canadiense en Carrizalillo.

Guerrero Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Atoyac de Alvarez Mexcaltepec

Fue asesinada el 19 de octubre de 2013 en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, enl a region de la Costa Grande. Rocío Mesino había sufrido amenazas y hostigamientos derivados de su activismo. Organizaciones no gubernamentales demandaron el esclarecimiento de este asesinato y denunciaron que diez luchadores sociales han sido asesinados y no se han esclarecido estos hechos. .


Reginoes de la Montaña y Costa Chica

Alrededor de 7 mil personas de estas regions han cambiado de residencia ante el miedo que provoca la movilidad de los criminales en la entidad. Abandonando o cediendo sus tierras lo que ha causado conflictos agrarios por la falta de certeza en la tenencia.



La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria demanda se respespete el marco normativo de las comunidades indígenas, como lo establece la Constitución mexicana y la Ley 701 del Gobierno de Guerrero, que les permite el uso de armas y la detención de personas que incurran en ilícitos. Señalan que debido a su actividad, han sufrido amenazas y hostigamiento por parte de elementos de seguridad estatal y federal. La CRAC-PC surgió hace 17 años. Uno de los principales factores del surgimiento de esta organización y del sistema de seguridad, justicia y reeducación comunitaria fue la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad pública del estado, así como la violencia en las regions de la Montaña y la Costa Chica. La policía comunitaria se establece como un sistema propio de seguridad; las comunidades elijen a las personas que serán los policías comunitarios, y está coordinada regionalmente por el Comité Ejecutivo de la PC. Actualmente son más de 900 los policías comunitarios que prestan servicio gratuitamente, protegiendo a una población de más de 300 mil habitantes,en los municipios de San Luís Acatlán, Marquelia, Malinaltepec, Iliatenco, Metlatonoc, Atlamajalcingo, Cochoapa El Grande, Copanatoyac, Xalpatlahuac, Tlapa, Xochistlahuaca y Acatepec. Participan más de 80 comunidades de Tlapanecos, Mixtecos, Mestizos y Amuzgos.



A raíz de su origen como policía ciudadana, la UPOEG hizo detenciones a supuestos delincuentes, a quienes retenía para imponerles castigos. Lo anterior generó un conflicto, debido a que no tenían el sustento legal para ejercer esas atribuciones. Ante esta situación, la UPOEG ha solicitado ser reconocidos como un sistema ciudadano de seguridad, que puedan puedan portar armas para poder mantener la vigilancia y el orden en sus comunidades. A principios del año 2013, la UPOEG promovió el surgimiento de grupos de guardias comunitarios armados en las regiones de la Costa Chica, Montaña, Costa Grande y Tierra Caliente, para defenderse del crimen organizado.


Chilapa de Álvarez

En mayo de 2015 alrededor de 500 nahuas, encabezadas por comisariados ejidales, demandaron seguridad para 55 comunidades del municipio de Chilapa, tomaron la cabecera municipal y exigieron la presencia del presidente Enrique Peña Nieto para plantearle los problemas de inseguridad que viven los pueblos indígenas: asesinatos, extorsiones y secuestros. Luego de seis días los indígenas, que se asumieron como policías comunitarios, acordaron con mandos del Ejército, de la Gendarmería y la Fuerza Estatal su retiro. Durante esta acción, habitantes de la cabecera municipal denunciaron la desparecieron entre 14 y 30 personas, por lo que exigieron la aparición de éstos. Los comisarios ejidales que participaron en la toma señalaron que retuvieron a personas, pero que fueron entregadas a la Gendarmería y a la Policía estatal. A mediados de septiembre, nuevamente 200 indígenas nahuas cerraron tres accesos al palacio de gobierno para exigir una audiencia con el gobernador al asegurar que persiste la violencia. Señalaron que en caso de no recibir respuesta favorable, tomarían otra vez la cabecera municipal.

Hidalgo Derecho al territorio Agrario Ixmiquilpan El Rosario Capula

Indígenas de la comunidad de El Rosario Capula, en Ixmiquilpan, exigen solución al conflicto de límites territoriales que mantienen con la comunidad de San Andrés Botho, municipio de Cardonal

Hidalgo Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales

Medioambiente Santiago de Anaya Atotonilco de Tula Huichapan

Organizaciones civiles y grupos indígenas (otomíes) se declararon en pie de lucha en contra de las afectaciones causadas por cementeras en Santiago de Anaya, Atotonilco de Tula y Huichapan.

Hidalgo Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos de Gasoductos

Tenando de Doria Acaxochitlán

Habitantes de comunidades en los municipios de Tenango de Doria y Acaxochitlán manifiestan su rechazo al gasoducto Tula Tuxpan, al señalar que no

han sido consultados sobre el proyecto y denunciaron que la empresa TransCanada presiona a los pobladores par que cedan sus tierras, lo que pone en riesgo sus lugares sagrados, ecosistemas y tierras de cultivo.

Hidalgo Derecho al agua Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales

Medioambiente Zimapan El Mezquite

Indígenas otomíes de la comunidad El Mezquite Primero, municipio de Zimapán, señalaron que según el estudio del laboratorio Gamma Consultores solicitado por la agrupación Comunidades Unidas de Zimapan (CUZ), el arroyo de la barranca de San Francisco que los surte de agua contiene altos niveles de contaminación, fuera de norma, que ponen en riesgo la salud y el ambiente. La agrupación acusa de esta contaminación a la minera Carrizal Mining, por lo que elaborarán una demanda en contra de la empresa, pues ahora ya se cuenta con información confirmada de que la cortina de concreto de la presa de jales tiene fisuras y provoca derrames contaminantes en el agua.

Jalisco Derecho al territorio Agrario Cuautitlán de García Barragán

Ayotitlán

Ejidatarios nahuas de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en el sur de Jalisco, mantienen un conflicto con un particular por 14 hectáreas. Un grupo de mujeres instalaron en la comunidad de La Huaca una cooperativa agrícola y de crianza de animales para autoconsumo, el proyecto abarca las hectáreas en disputa. A través del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el juez mixto de primera instancia del municipio de Cihuatlán emitió 22 órdenes de aprehensión contra indígenas nahuas, a petición de un particular, quien manifiesta ser dueño de las tierras; los ejidatarios manifiestan que es propiedad comunal. El 15 de diciembre, los indígenas Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López, quienes encabezan la resistencia de los indígenas del sur de Jalisco contra la minería a cielo abierto y el despojo de recursos naturales por parte de empresas mineras y grupos criminales, fueron detenidos en el ejido Ayotitlán. Los indígenas nahuas han denunciado amenazas de muerte, por lo que han solicitado al Gobernador de Jalisco protección

Jalisco Derecho al territorio Agrario Mezquitic San Sebastian Teponahuaxtlán

La comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, demanda la restitución de 10 mil hectáreas invadidas por pobladores de Huajimic, municipio La Yesca, Nayarit. En 1953 una resolución presidencial otorgó 240 mil hectáreas a los wixárikas, en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. En 2009 se detuvo el procedimiento judicial para buscar una solución negociada a través del programa Conflictos Sociales en

el Medio Rural (Cosomer) de la SEDATU. Los representantes indígenas solicitaron la intervención de la SEGOB para que se ejecuten las sentencias que ordenan la restitución de tierras.

Jalisco Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales


Mezquitic Santa Catarina Cuexcomatitlán

Cientos de integrantes de la comunidad huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco, protestan para que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) clausure la construcción de la carretera estatal Amatitlán-Bolaños-Huejuquilla El Alto, hasta que se revisen íntegramente el proyecto y los estudios de impacto ambiental de la obra, emprendida por el gobierno del estado y que se consulte a las comunidades afectadas.

Jalisco Derecho a la conservación de su cultura


Bolaños Huejuquila el Alto

La destrucción de 19 kilómetros del viejo camino de Bolaños a Huejuquilla, incluidos sitios sagrados, en territorio comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), fue detenida por la comunidad aborigen desde 2008, debido que para las obras para la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquill nunca se solicitó el permiso a la comunidad ni hubo autorización de impacto ambiental. Sin embargo a la fecha, el daño generado por el gobierno de Jalisco no se ha reparado no obstante que ganaron un recurso legal que no hace opcional sino obligatoria la restauración de la zona. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco asegura que se cumplirá con la sentencia, para lo cual se gestionará un recurso con la Federación.

Jalisco Derecho al territorio Proyectos de Desarrollo Inmobiliario

Poncitlán Mezcala

Mezcala, municipio de Poncitlán, Jalisco, comunidad localizada en la ribera del Lago de Chapala, es un poblado habitado por indígenas cocas que han denunciado que empresas inmobiliarias se han apoderado de tierras comunales (10 mil hectáreas), por lo que han sido víctimas de hostigamiento con el propósito de que se construyan en sus tierras desarrollos inmobiliarios y turísticos. Sostienen un litigio agrario con la empresa Vista del Lago, por la propiedad de sus tierras.

Jalisco Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales


Cañadas de Obregón

Comunidades ubicadas en la region de los Altos de Jalisco, donde se pretende construer un acueducto y la presa El Zapotillo, en el municipio Cañañadas de Obregón , se oponen a esta obra porque dañaría el entorno medioambiental y las actividades de campesinos, indígenas y pobladores. Por otra parte, la comunidad Temacapulín ha interpuersto recursos legales debido a que podría quedar inundada si

Conagua y el Gobierno estatal desacatan la orden de la SCJN de que la Cortina de la presa sea de 80 metros.

Jalisco Derecho al territorio Proyectos Mineros

Cuautitlan de García Barragán

Ayotitlán

Autoridades comunitarias del ejido de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán, han convocado a los comuneros a defenderse de las amenzas y acosos de diversas empresas mineras que pretenden instalarse en sus tierras mediante la vía de la expropiación.



Tesquitlán

Los habitantes del ejido Tequesquitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, buscan expulsar a la minera china Gan-Bo de sus tierras, lo que ha provocado enfrentamientos en diversas ocasiones con autoridades municipales. Obtuvieron un amparo, con el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deja insubsistente la autorización de impacto ambiental.


Mezquitic Bolaños

El pueblo Wixárika acordó sancionar conforme al propio sistema normativo a miembros de la comunidad que faciliten las incursiones mineras. La amenaza minera es tan grave que la asamblea decidió que en caso de reincidencia, a los comuneros se les retirará el predio que poseen. Se manifestaron en contra del acoso de autoridades locales para promover la explotación minera.

Jalisco Derecho al libre Transito Proyectos Mineros


Chanquiahuitl

Protestas de los ejidatarios de la comunidad indígena de Chanquiahuitl, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, porque se quedó incomunicada, a partir del inicio de la extracción del mineral de los predios Piedra Imán y Cañada Verde.

Jalisco Derecho a la autodeterminación Religioso Bolaños Tuxpan de Bolaños

Autoridades tradicionales de la comunidad de Tuxpan de Bolaños expulsaron a 47 indígenas bautistas y testigos de Jehová (27 adultos y 20 niños), que no comulgan con la religión tradicional wirrárika. Desde el 9 de diciembre de 2015, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) integró la queja 708/16, interpuesta por los indígenas que habían sido intimidados con ser desplazados de sus hogares por no profesar las creencias tradicionales de la comunidad indígena. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales no pudieron impedir su expulsión. Por su parte, los comuneros wixárikas negaron discriminar por sus ideas religiosas a los miembros de la iglesia Bautista de esa cabecera, y argumentaron que la expulsión de sus miembros, el pasado 26 de enero de 2016, se dio por fallar en los servicios comunitarios a

que están obligados. Detalló: "la obligación de los wixaritari, como todo comunero, es hacer trabajos comunitarios, asistir a las juntas comunales, asumir los cargos, tradicionales, comunales, esto es lo principal; y si tú cumples estos no eres molestado, y si ellos ponen como pretexto la religión, ese es su problema, y ellos están metiendo el tema de la religión, poniéndolo como pretexto, porque atentan contra sus principios, valga la redundancia".

Jalisco Derecho al territorio Agrario Villa Guerrero San Lorenzo de Azqueltán

Pobladores tepehuanes (O’dam) de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco, tienen más de 75 años demandando el reconocimiento y titulación de tierras, al señalar que cuentan con un título virreinal de 1733. Esperan se les reconozcan 38 mil hectáreas, pero manifiestan que tanto ejidatarios como autoridades municipales han impedido se resuelva el conflicto.

Jalisco Derecho a la salud Derecho a la Educación


Santa Catarina Cuexcomatitlán

Tuapurie

A finales de septiembre de 2017, comuneros de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) cerraron las escuelas de nivel básico que existen en su territorio, así como un tramo carretero, para protestar por la omisión de las autoridades estatales para atender sus demandas de servicios básicos como salud y educación. Señalaron que han solicitado la presencia de funcionarios pero no llegan, por lo que ahora su exigencia es que sea el propio gobernador quien acuda a su comunidad a establecer compromisos. Luego de varias semanas, a finales de octubre acudió el Gobernador del estado acompañado con varios funcionarios estatales a la localidad y se llegaron a acuerdos. Ante esto la comunidad reabrió las escuelas pero señaló que estarán al pendiente del cumplimiento de lo establecido y que si en un plazo de 15 días si no ven resultados volverán a retomar sus acciones de protesta.

Jalisco Derecho a la autodeterminación Político social Bolaños Mezquitic

Tuxpan de Bolaños San Sebastian Teponahuaxtlán

El 4 de diciembre de 2017 autoridades y pobladores de la localidad de Tuxpan de Bolaños, anexo de San Sebastián Teponahuaxtlán, expulsaron más de 50 indígenas, casi todos Testigos de Jehová y algunos bautistas. Los wixárikas de Tuxpan de Bolaños señalan que la expulsión no es por cuestiones religiosas, sino porque estas personas se negaban a ocupar cargos en el gobierno comunitario como lo establecen sus usos y costumbres. La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a las autoridades municipales y

estatales medidas cautelares para los desplazados y buscar una solución al conflicto. El Gobierno del estado estableció una mesa interinstitucional para atender el desplazamiento y encontrar una alternativa al problema

Michoacán Derecho al territorio Agrario Aquila Santa María de Ostula

Indígenas nahuas de Santa María Ostula, municipio de Aquila, denuncian que entre los años 2009 y 2011, iniciaron trámites ante SEDATU para ingresar al programa de COSOMER, por un conflicto agrario sobre la disputa de límites territoriales en el paraje denominado San Diego Xayakalan y La Placita. Solicitaron la intervención de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) para que gestione ante la SEDATU, la instalación de una mesa de trabajo entre la comunidad de Santa María de Ostula y los pequeños propietarios y ejidatarios de La Placita.

Michoacán Derecho al territorio Agrario Nahuatzen Arantepacua

La comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, tiene una disputa añeja por 500 hectáreas de tierra con los comuneros de Capácuaro. El 27 de marzo se llevó a cabo una reunión donde se firmó una minuta de acuerdos con los habitantes de Capácuaro con lo que se logró liberar la carretera federal Carapan-Playa Azul que mantenían bloqueada, por otra parte fueron requeridas 25 personas por el siniestro de tres vehículos en Arantepacua para que declararan al respecto. El 5 de abril al concluir una mesa de diálogo con las autoridades y cuando regresaban a su comunidad de Arantepacua, se detuvo a 38 indígenas porque presuntamente se trasladaban en un autobús con reporte de robo. En este contexto, por la tarde la policía estatal y agentes ministeriales ingresaron a la comunidad, generándose un enfrenamiento que provocó la muerte de cuatro habitantes, varios heridos, entre ellos siete policías, y la detención de 12 personas. La comunidad de Arantepacua anunció que buscará la autonomía por las vías legales, que como pueblo indígena tiene el derecho a la libre determinación, así como a la justicia social y al desarrollo. Desmintió que existan integrantes del crimen organizado en la localidad y que las declaraciones de funcionarios estatales al respecto buscan criminalizar las exigencias de los pobladores. Asimismo, los habitantes de la comunidad instalaron una Ronda Comunitaria como medida para garantizar la seguridad, la cual cuenta con la partición

de aproximadamente 40 miembros que no portan armas y la instalación de retenes ubicados en las entradas del poblado. Asimismo, exigieron justicia y el esclarecimiento de los hechos que costaron la vida de cuatro comuneros.

Michoacán Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

Tingambato Pichátaro

La comunidad de Pichátaro mantiene un conflicto con el ayuntamiento de Tingambato, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del a Federación le reconociera el derecho a ejercer de manera directa el presupuesto al considerar el derecho de autodeterminación, debido a que no se les ha otorgado los recursos financieros que le corresponden para que a través del Consejo nombrado por la comunidad puedan aplicarse en beneficio de la localidad.

Michoacán Derecho al territorio Derecho al debido proceso

Derechos Indígenas

Uruapan Caltzontzin

Indígenas invadieron en enero de 2017 los terrenos de la antigua Expoferia, argumentando que esa parte de tierra pertenece a la comunidad de Caltzontzin. Mediante un operativo la policía estatal desalojó a los indígenas, lo que generó varios heridos y 13 personas detenidas. Los pobladores responsabilizaron de lo ocurrido al presidente municipal de Uruapan, a quien acusaron de quererlos despojar del predio. Posterior a estos hechos, los habitantes han realizado diversas acciones para pedir por la liberación de sus compañeros y han sido apoyados por maestros de la CNTE. En junio, el juez de la causa resolvió negarles la libertad a los inculpados y les determinó la prisión preventiva oficiosa por los delitos de sabotaje a las vías de comunicación y lesiones en contra de un elemento de seguridad. Los comuneros señalaron que en el proceso judicial ha habido irregularidades.

Michoacán Derecho a la conservación y disfrute de recursos naturales Derecho a la seguridad

Medio ambiente Aquila Santa María de Ostula

Indígenas nahuas de Santa María Ostula, municipio de Aquila, denuncian la explotación ilegal de maderas preciosas por parte del crimen organizado, que viene agravándose desde el 2011. Señalan que su lucha contra la tala ilegal ha provocado hostigamiento y

violencia contra pobladores, autoridades y miembros de la policía comunitaria. Esta situación ha costado la vida de 33 comuneros y la desaparición de seis.

Michoacán Derecho al territorio Politica Social Aquila Santa María de Ostula

Santa María Ostula, municipio de Aquila es una de las comunidades pioneras en la lucha por la defensa del territorio. Exigen su reconocimiento como comunidad con autoridad tradicional y ejercer el autogobierno. Busca continuar con su proceso institucionalizando su policía comunitaria, nombrada por la población en una asamblea, y que es parte de la estructura del sistema de cargo tradicional.

Michoacán Derecho a la autodeterminación Politica Social Uruapán Caltzontzin

Indígenas de la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, solicitaron a los gobiernos federal y estatal el reconocimiento de su estructura de gobierno, ya que se declararon una comunidad autónoma conforme a sus usos y costumbres, eligiendo un Consejo Mayor Autónomo Indígena, integrado por 36 comuneros. Lo anterior con la finalidad de crear sus propios cuerpos de seguridad y orden, para la aplicación de la justicia indígena y para la defensa de su territorio y recursos naturales, ante el incremento de delitos del crimen organizado. Además, quieren aprovechar sus recursos naturales de manera sustentable y exigir acciones compensatorias por el uso de sus recursos.

Michoacán Derecho a la autodeterminación derecho a la seguridad


Meseta Purepecha

15 municipios michoacanos de la Meseta Purepecha se han manifestado para exigir al gobierno del estado la atención a sus comunidades, que presentan un índice de rezago mayor que el resto del estado, y que ha sido afectado por el crimen organizado. Exigen que se involucre a las autoridades tradicionales para la planeación en conjunto de los proyectos para aplicaren las comunidades..

Michoacán Derecho a la educación Derecho al trabajo derecho al debido proceso


Cherán

Alumnos de la Escuela Normal Indígena de Cherán, demandan aumento en la matrícula, cursos propedéuticos y becas, lo que ha generado reiterados conflictos y enfrentamientos por los bloqueos carreteros que realizan los normalistas y la retención constante de vehículos oficiales, autobuses de pasajeros y camiones repartidores. También exigen que se retiren cargos de los estudiantes que enfrentan procesos penales por presuntos actos delictivos cometidos durante las movilizaciones. A principios de diciembre de 2015, fueron detenidos 52 normalistas y 33 comuneros, luego de un operativo contra 200 estudiantes de la normal que habían tomado la caseta de Zirahuén y secuestrado autobuses. Los normalistas

detenidos fueron trasladados a penales federales por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que durante su aprehensión se les decomisaron diversos explosivos. Ante estos hechos, comunidades indígenas de la entidad, que forman parte del Consejo Supremo Indígena, advirtieron que emprenderán movilizaciones en caso de que no se liberen a los normalistas y comuneros.

Michoacán Derecho al territorio Proyectos Mineros

Aquila

Comuneros del municipio nahua de Aquila, aseguraron que la minera Ternium pretende ampliar la superficie de extracción de hierro en la mina Las Encinas sin autorización de los pobladores, propietarios de las tierras

Michoacán Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Aquila

El pueblo nahua de Aquila crea grupo de autodefensa para contrarrestar el crimen organizado, además de proponer la destitución del presidente municipal, toda vez que al mismo se le atribuyen nexos con organizaciones criminales, además propusieron la creación de un Consejo Municipal que ordenará sobre la guardia comunitaria, misma que contará con características específicas consistentes en: antecedentes y tradición comunitaria, sistematización de usos y costumbres como sistemas normativos y que utilicen procesos comunitarios para su conformación.


Cherán

Indígenas de Cherán decidieron crear grupos de autodefensa y patrullar su territorio, derivado del conflicto iniciado por la destrucción del bosque por parte de talamontes ilegales vinculados a grupos de la delincuencia organizada. Ante la complicidad de las autoridades municipales, se inició una escalada de agresiones en su contra por parte de la delincuencia organizada. Unos meses después de haberse iniciado el conflicto, los habitantes de Cherán decidieron rechazar el sistema de partidos y regirse de manera autónoma a partir del régimen de usos y costumbres.


Aquila Pomaro

La comunidad indígena de Pómaro, municipio de Aquila, por conducto de su comisariado comunal, denunció que policías comunitarios de Coalcomán los están despojando de sus tierras, esto en represalia por la negativa de los comuneros indígenas de sumarse al grupo de autodefensa.


Aquila Santa María de Ostula

El 19 de julio de 2015 fue arrestado el comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula, municipio de Aquila, lo que ocasionó una protesta y enfrentamiento de los comunitarios y población

contra las fuerzas federales y cuyo saldo fue de varios heridos y un menor muerto. Hubo manifestaciones y protestas a nivel regional, nacional e internacional exigiendo su liberación.

Michoacán Derecho a la participación en planes y programas de desarrollo regional

Politica Social Michoacán

El Gobierno de Michoacán anunció la desaparición de la Secretaría de Pueblos Indígenas del estado, cuyas funciones serían absorbidas en la Secretaría de Desarrollo Social estatal. Esta decisión generó inconformidades en los pueblos indígenas, quienes manifestaron su rechazo al no ser consultados sobre esta toma de decisión. Se interpusieron diversos amparos ante esta medida, por lo que el Poder Judicial declaró la suspensión temporal de dicha acción en tanto no se resuelvan los amparos promovidos.

Michoacán Derecho a la autodeterminación Politica Social Quiroga Santa Fe de la Laguna

La comunidad Santa Fe de la Laguna ha solicitado se les transfiera los recursos públicos que les corresponde, a fin de que sea la propia localidad que los administre conforme a su derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ordenó al Ayuntamiento de Quiroga de entregar los recursos a la comunidad indígena, sin embargo no se ha llevado a cabo dicha acción debido a que se han presentado diversos recursos legales de ambas partes. A finales de septiembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó al Instituto Electoral estatal interrumpir la consulta que se llevaría a cabo en la localidad sobre el ejercicio directo de presupuesto público, ya que deberá esperarse se emita una sentencia definitiva luego de que el Municipio interpuso un recurso de inconstitucionalidad.

Michoacán Derecho a la consulta Politica Social Michoacán

A finales de octubre de 2017, comunidades indígenas se pronunciaron en contra de la iniciativa de Ley Reglamentaria del Congreso para la Consulta Previa a Pueblos Indígenas y Originarios del Estado de Michoacán, por considerar que se pretende acotar y retroceder en sus derechos. Agregaron que la referida iniciativa pretende acotar la consulta de las reformas normativas y leyes que realice el Congreso y que tengan que ver con la materia indígena, de forma que sea la propia Cámara la que determine cuándo es pertinente consultar a las comunidades.

Morelos Derecho al territorio Derechos Indígenas

Temixco

Comuneros de Miacatlán y Tetlama, municipio de Temixco, demandan el pago por la ocupación de sus tierras en la zona arqueológica de Xochicalco, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante una declaratoria de restricción de uso de suelo para los comuneros, emitida hace 20

años por el Gobierno Federal.

Morelos Derecho a la participación en programas y planes de desarrollo


Cuernavaca

Mujeres indígenas representantes de 16 pueblos protestaron en Cuernavaca para denunciar las condiciones de discriminación, falta de acceso a los servicios de salud, educación y a la representación política en el estado. Exigen se den las garantías para el ejercicio de sus derechos.

Morelos Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales Derecho al territorio


Tepoztlán

El anuncio de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla generó que comuneros del pueblo de Tepoztlán iniciarán la defensa de su territorio, al señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la constructora TRADECO, quieren despojarlos de sus tierras, destruir parcelas y dividir a las comunidades, y que además no se les consultó ni se pidió su consentimiento. Ante el fallo en octubre de 2016 del primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal y administrativa que sobreseyó el juicio de amparo que presentaron los opositores, se abrió la posibilidad de iniciar con los trabajos de ampliación de la obra que estaban suspendidos desde agosto de 2013. Desde mediados de 2017, integrantes de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) incrementaron sus acciones para oponerse a la obra, entre ellas un plantón que instalaron en los pasillos de ayuntamiento.

Morelos Derecho a la consulta Derecho al territorio


Estado de Morelos

Comunidades indígenas del Estado de Morelos se oponen al Proyecto Integral Morelos, consistente en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, obras que atravesarían los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Derivado de ello han sido víctimas de denuncias y hostimamientos los representantes y organizaciones que los apoyan, como es el caso del Consejo Tiyat Tlali y del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este frente reune los esfuerzos de las comunidades y organizaciones en los tres estados contra el Proyecto Integral Morelos, que pretende, a pesar de las recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), instalar las obras. Por otra parte, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), consider que las amenazas y hostigamiento que ha recibido recientemente se deben al asesoramiento que otorgan a pueblos que se oponen a los megaproyectos en

Morelos

Morelos Derecho a la consulta Proyectos de infraestructura

Temoac Amilcingo

Pobladores indígenas de Amilcingo, municipio de Temoac, se oponen a la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), que abastecerá la termoeléctrica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla. La decisión de impedir el paso del gasoducto se tomó durante una asamblea en la que se consideró que constituirá un peligro por su cercanía con la zona de riesgo del volcán Popocatépetl. Señalan que se ha intentado dividir a la población a través de apoyos para que acepten la obra, lo que ha generado enfrentamientos y amenazas.

Morelos Derecho a la seguridad Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales


Yecapixtla Huexca

Indígenas de Huexca, municipio de Yecapixtla, se han manifestado contra la edificación de una termoeléctrica que construye la CFE en esa localidad, como parte del Proyecto Integral Morelos, debido a los daños medioambientales, de salud y ante el riesgo de accidents técnicos que pudieran presentarse., y porque no fueron informados ni consultados sobre estas obras

Morelos Derecho al territorio Proyectos Mineros

Temixco San Agustín Tetlama

Organizaciones sociales en apoyo de comunidades indígenas se oponen a la explotación de una mina de oro en el poblado de San Agustín Tetlama, municipio de Temixco, por parte de la empresa mexicana-canadiense Esperanza Silver de México SA.

Morelos Derecho a la seguridad Seguridad y Justicia

Puente de Ixtla Xoxocotla

Indígenas de la comunidad Xoxocotla denuncian inseguridad y violencia por parte del crimen organizado, y la nula respuesta de las autoridades municipales y estatales, lo que los ha obligado a crear una guardia comunal.

Nayarit Dercho a la conservación de su cultura Derechos Indígenas

San Blas Isla del Rey Autoridades wixárikas se oponen a un desarrollo turístico en la Isla del Rey, San Blas, debido a que se encuentra uno de sus sitios sagrados: Tatei Haramara.

Nayarit Dercho a la conservación de su cultura Derechos Indígenas

Comunidades indígenas y organismos de derechos humanos demandan frenar la desaparición de usos y costumbres de los pueblos indígenas en Nayarit, provocada por la intromisión de religiones y sociedades urbanas mestizas asentadas en diversas comunidades indígenas, que es preocupante que comunidades que eran netamente puras, como las huicholas, en las zonas serranas se ha empezado a ver un desplazamiento de los mismos indígenas debido a que son amenazados y amedrentados.

Nayarit Derecho a la seguridad Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales

Medioambiente Del Nayar Santa Teresa

Habitantes indígenas de la comunidad de Santa Teresa, municipio del Nayar, denunciaron que ante la inseguridad, la tala ilegal y abusos de la autoridad municipal, tomaron la decisión mediante asamblea, en febrero de 2015, de crear la primera Policía Comunitaria indígena en la región, con cerca de cien elementos que se armarán con calibres bajos a fin de protegerse de los abusos de los policía municipales, retener a los delincuentes y llevarlos al ministerio público. Ante esta denuncia, la Fiscalía General del Estado cesó al Director de Seguridad Pública del Municipio y envió un destacamento de la Policía Nayarit para coadyuvar en la seguridad con la población indígena de esa región.

Nayarit Derecho al territorio Proyectos Hidraulicos

Ruiz San Pedro Ixcatan

El Consejo Indígena Nayeri y organizaciones civiles denuncian riesgos contra indígenas coras de San Pedro Ixcatán, en el municipio de Ruiz, por la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, que planea construir la CFE en la entidad.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario Santo Domingo Yosoyama San Juan Mixtepec

San Juan Mixtepec

Conflicto por límites entre Santo Domingo Yosoyama y San Juan Mixtepec, pueblos mixtecos que exigen la delimitación de sus territorios, que implican mil 740 hectáreas. Este problema ha generado enfrentamientos, homicidios, lesiones y daños a propiedad ajena.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza San Mateo del Mar

Santa María del Mar San Mateo del Mar

Conflicto agrario entre indígenas de las comunidades Santa María del Mar, municipio de Juchitán, y San Mateo del Mar, municipio del mismo nombre, por la posesión de mil 361 hectáreas de cultivo, exigen a las autoridades agrarias dar certidumbre en la tenencia de la tierra. Derivado de este asunto, San Mateo del Mar bloqueo el único camino terreste que comunica a Santa María del Mar, así como le cortó el suministro de energía eléctrica. Indígenas de Santa María del Mar señalan que en agosto de 1984 el Presidente de México publicó en el DOF el reconocimiento y titulación de 3 mil 773 hectáreas como bienes comunales de esa localidad.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario Zimatlan de Alvarez San Pedro el Alto

Comuneros de los poblados San Pedro El Alto, agencia municipal de Zimatlán de Álvarez, y Santiago Textitlán, municipio Villa Sola de Vega, se disputan la posesión de 2 mil 239 hectáreas de bosques. Los pobladores de San Pedro El Alto argumentan que mediante una resolución presidencial de 1954, se les dotó de esas tierras, sin embargo las autoridades de Santiago Textitlán señalan que tienen un título de posesión de 1719, y que por lo tanto no están invadiendo las tierras, sino intentándolas recuperar, ya que la resolución carece de actas de conformidad de esa localidad y de comunidades circunvecinas con quienes no se firmó ningún convenio, por lo que han iniciado una lucha jurídica por la defensa de sus tierras. Este conflicto ha generado enfrentamientos, amenazas, corte de servicios públicos y de accesos viales, retenciones de funcionarios, heridos y muertos. El Gobierno estatal busca establecer una mesa de atención para ofrecer una solución negociada al litigio.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario Zapotitlán Lagunas

Pobladores de Zapotitlán Lagunas, Oaxaca, acusaron a campesinos de Xixingo de los Reyes, en el municipio de Tulcingo de Valle, Puebla de haberlos despojado violentamente de 4 mil hectáreas de tierras ubicadas entre ambos estados. El conflicto es añejo y mantiene una pugna entre la gente de las dos comunidades, que ha generado amenazas e inseguridad. Autoridades comunales de Zapotitlán Lagunas señalan que tienen el sustento legal que los reconoce como legítimos poseedores de esa extensión territorial, Xixingo de los Reyes argumenta que las casi 4 mil hectáreas les pertenecen por una sentencia ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en la ciudad de Puebla.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario San Miguel del Puerto Santa María Huatulco

Habitantes de los municipios de San Miguel del Puerto y Santa María Huatulco mantienen un conflicto de límites, alrededor de 22 mil hectáreas. Los de San Miguel del Puerto señalan que estas tierras les pertenecen, de las cuales 9 mil expropió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el desarrollo turístico de Bahías de Huatulco sin tomarles parecer a los habitantes. Dijo que cuentan con escrituras históricas que datan de 1894 en las que se acredita la titularidad de esos terrenos, pero que al ser un pueblo eminentemente indígena y cuyas autoridades no contaban con los conocimientos ni estudios básicos, en 1984 sus homólogos de Santa María Huatulco obtuvieron una resolución presidencial a su favor. Autoridades estatales y federales han

sostenido mesas de trabajo para mediar el conflicto.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario San Francisco del Mar San Francisco Ixhuatán

Indígenas de San Francisco del Mar (huave) y San Francisco Ixhuatán (zapoteca) se disputan la posesión del predio denominado “Cerro Tortuga”, desde hace más de 40 años. Este problema resurgió a finales de 2014, cuando la CDI aprobó un proyecto ecoturístico para desarrollarse en dicho predio, pero ante el conflicto agrario que existe en esa zona, se cambió su ubicación. No obstante el asunto está en tribunals agrarios continúa la tensión entre las dos localidades, denunciándose presencia de personas armadas.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario Villa Sola de Vega San Vicente Coatlán

Los habitantes de los municipios Villa de Sola de Vega y San Vicente Coatlán, en la zona mixteca, mantienen un conflicto desde hace 45 años por límites de tierra, que ha generado enfrentamiento y personas muertas. Las autoridades agrarias han llevado acabo diversas mesas de conciliación, sin que se resuelva aún la situación.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario Zimatlán de Álvarez Santa Lucia Monteverde

Zimatlán San Sebastian Nopalera

Las comunidades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla de Álvarez, y de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, mantienen un conflicto añejo de tierras (aproximadamente mil hectáreas) que ha generado amenazas, hostigamiento, retención de personas, enfrentamientos, heridos y muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a los habitantes de Zimatlán. En enero de 2016 se había llegado a acuerdos con el Gobierno estatal para resolver el problema, sin embargo no se han podido cumplir. El 3 de octubre de 2016, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB abrió una mesa de conciliación para resolver la pugna entre ambas comunidades mixtecas. Entre uno de los compromisos pactados fue verificar los límites de dotación de ejido y las posesiones, sin embargo cuando se pretendía realizar esta acción un grupo armado de San Sebastián Nopalera la impidió. A principios de febrero de 2017, ambas comunidades se volvieron acusar de hechos violentos. Autoridades de San Sebastián Nopalera acusaron a los de Zimatlán de herir de gravedad a tres lugareños de esa población,

mientras que los de Zimatlán acusaron a los otros de realizar disparos en su comunidad, lo que podría poner en riesgo a los habitantes.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario San Pedro y San Pablo Ayutla

Pobladores indígenas de San Pedro y San Pablo Ayutla denunciaron la invasión de más de 150 hectáreas de terrenos comunales, donde se ubica el manantial que los abastece de agua y cuya concesión para extraer el agua les fue otorgada por la Conagua, así como la destrucción de viviendas, agresiones y retención de personas por parte de sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo, quienes reclaman ese terreno. El 18 de mayo de 2017 habitantes de Tamazulápam iniciaron el despojo, ingresaron con maquinaria pesada y destruyeron 13 viviendas afectando a 20 familias, así como pusieron bajo resguardo el manantial de agua. Hay 3 familias que no pudieron salir durante la invasión y se encuentran retenidas. Derivado de este conflicto, cuya disputa principal es el agua, los pobladores de Ayutla han realizado bloqueos carreteros y se han dado enfrentamientos que han provocado varios heridos y una persona muerta.

Oaxaca Derecho al territorio Agrario San Mateo Sindihui San Francisco Cahuacuá

Habitantes de los municipios de San Mateo Sindihui y San Francisco Cahuacuá mantienen una disputa de límites de tierra por 4 mil hectáreas. Ambos señalan contar con los planos y una resolución presidencial de los terrenos La Calavera, Tierra Blanca, Rancho Viejo y El Cucharal. Este conflicto agrario ha dejado enfrentamientos y recientemente, en julio de 2017 dos personas fallecidas.

Oaxaca Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

San Bartolo Coyotepec

Mujeres indígenas del municipio de San Bartolo Coyotepec denuncian que no se les permite contender por puestos de elección popular, debido a usos y costumbres, lo que ha generado que se movilicen exigiendo su participación. En las elecciones del 20 de octubre de 2013, se impidió a mujeres competir por un cargo, por lo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), ordenó reponer la elección de autoridades municipales, las cuales se llevaron a cabo el 24 de noviembre, pero

nuevamente se limitó la participación de las mujeres. En junio de 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección de concejales del ayuntamiento y ordenó al IEEPCO la celebración de comicios extraordinarios, donde se permita que las mujeres puedan aspirar a todos los cargos de elección popular.

Oaxaca Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

Santiago Juxtlahuaca San Juan Copala

Alrededor de 250 triquis demandan el retorno a San Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la region mixteca, luego de que en 2010 fueron desplazados ante los hechos de violencia y amenazas que se suscitaron en la region después de que se intentará crear un municipio autonómo, basándose en sus usos y costumbres, que generó un divisionismo y formación de grupos antagónicos a la propuesta. Asimismo, exigen se cumplan las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Oaxaca Derecho a la conservación de su cultura

Politico social Oaxaca de Juárez

Maestros de educación indígena de Oaxaca de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), manifestaron su rechazo a la reforma educativa y a la evaluación docente, por lo que han llevado a cabo diversas acciones (manifestaciones y bloqueos)

Oaxaca Derecho a la autodeterminación Derecho a la elección de sus gobernantes por usos y costumbres

Politico social San Miguel Chimalapa

Integrantes del Comité Comunitario de San Miguel Chimalapa denunciaron que la asamblea para elegir al Comisario de Bienes Comunales celebrada el 13 de marzo de 2016, en la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa, estuvo plagada de irregularidades, por lo que desconocen a José Medel Cruz, ex alcalde municipal (2011-2013) y quien pretende ser reconocido como Comisariado de Bienes Comunales y quien favorecerá la expropiación minera en la zona. Los inconformes expresaron que Medel Cruz encabezó la planilla verde y con el respaldo de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) realizó una asamblea en su domicilio y al paso de las horas anunció su triunfo. Señalaron que lo grave es que Medel Cruz obtuvo el respaldo de la empresa minera "La Zalamera" que ha realizado excavaciones en la zona de La Cristalina en San Miguel Chimalapa y ante lo cual comuneros y habitantes han rechazado en diversas asambleas. Finalmente señalaron que como integrantes de la base comunal, no reconocen la imposición de Medel Cruz que pretende entregar la reserva natural de los Chimalapas a la empresa Zalamera a cambio de proyectos, programas y obras, que sólo sirven para dividir a la comunidad de La Cristalina en San Miguel

Chimalapa y ante lo cual comuneros y habitantes han rechazado en diversas asambleas

Oaxaca Derecho al libre Transito Politico social Asunción Nochixtlán

El 19 de junio de 2016, en el marco de la protesta en el estado de Oaxaca de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma educativa, policías estatales y federales se dirigieron a Asunción Nochixtlán, municipio ubicado a una hora de la ciudad de Oaxaca, con el objetivo de desalojar el bloqueo que los profesores disidentes mantenían en la autopista Oaxaca-México. Hubo dos enfrentamientos con saldo de ocho personas muertas, alrededor de cien heridos y varios detenidos. El 22 de junio, representantes de bienes comunales, autoridades municipales (San Pedro y San Pablo Ayutla, Villa de Tamazulapam del Progreso, Santiago Zacatepec, Asunción Cacalotepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Santa María Alotepec, Santa María Tlahuiltoltepec, Asunción Nochixtlán, Santa María Apasco y Tlaxiaco) y el pueblo indígena Ayuuk (mixe) de Oaxaca reprobaron los hechos ocurridos en Nochixtlán y manifestaron su apoyo a la CNTE. Por su parte, a través de un comunicado, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) también repudiaron estas acciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones nacionales e internacionales (ONU, Amnistía Internacional, entre otras), así como académicos, intelectuales, partidos políticos y legisladores se pronunciaron por el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de una mesa de diálogo. El Gobierno Federal, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB y de la PGR, le ha estado dando seguimiento al caso

Oaxaca Derecho a la autodeterminación Politico social San Juan Mixtepec Independencia Pie de Cerro

El 7 de julio de 2016 autoridades y habitantes de la localidad Independencia cortaron los cables que suministraban energía eléctrica a los pobladores de la comunidad Pie del Cerro, quienes cuando intentaron reinstalar el servicio a principios de agosto apoyados por trabajadores de la Comisión Federal de

Electricidad, fueron retenidas 15 personas. Ante esta situación pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales para resolver este conflicto que señalan es por discriminación contra las mujeres (Pie de Cerro está conformado por 150 personas aproximadamente, la mayoría mujeres, niños y personas adultas, ya que los hombres han migrado hacia el norte del país en busca de mejores condiciones de vida).

Oaxaca Derecho a la elección de sus gobernantes derecho a la autodeterminación

Politico social San juan Juquila Mixe Guadalupe Victoria

Habitantes de la agencia Guadalupe Victoria y autoridades de la cabecera municipal de San Juan Juquila Mixe mantienen un conflicto político-electoral derivado de la elección de autoridades por el sistema de usos y costumbres, y en el cual las agencias no fueron tomadas en cuenta, lo que ocasionó inconformidad ante el órgano electoral, que ordenó reponer el proceso en diciembre de 2016. Aunado a ello, existe la división entre los pobladores de Guadalupe Victoria, pues una parte apoya a la cabecera municipal y otra se alió con San Pedro Ocotepec, localidad con la que Juquila tiene un conflicto de límites, lo que ha generado desde principios de 2017 enfrentamientos donde han resultado personas heridas, un muerto y cientos de desplazados. En respuesta a la problemática en la zona, los gobiernos federal y estatal instalaron una Base de Operaciones Mixtas para garantizar el retorno de desplazados, mientras que las autoridades de Oaxaca buscan encontrar una solución al conflicto.

Oaxaca Derecho a la elección de sus gobernantes derecho a la autodeterminación

Político Social Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

La asamblea de la agencia municipal de Álvaro Obregón, comunidad zapoteca del municipio de Juchitán, denunció amenazas y violencia por parte de integrantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), quienes junto con el Presidente Municipal, pretenden imponerles al agente municipal, por lo que exigen el pleno disfrute de sus derechos en el proceso de reconstrucción comunitaria y la defensa legítima de su derecho al territorio. Presentaron una demanda de amparo en febrero de 2014 ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca porque no se está respetando la decisión que tomaron como asamblea comunitaria en diciembre de 2013, donde eligieron a su cabildo, al cambiar el sistema de partidos por el de usos y costumbres. El Presidente Municipal señaló que es solo un grupo el que está provocando la tensión en la localidad, que es gente armada, por lo que ha solicitado a las autoridades estatales y federales desarmar a esas personas.

Oaxaca Derecho a los servicios básicos en la vivienda


región de los Valles Centrales de Oaxaca

Indígenas de los Valles Centrales demandan apoyos gubernamentales para solventar la problemática de la escasez de agua que ha generado de manera directa, la disminución de la producción agrícola y de manera indirecta, la migración de los campesinos en busca de otras fuentes de ingreso. Por otra parte, señalaron que la Comisión Federal de Electricidad reportó un alto consumo de energía eléctrica, por lo que se pensó que los campesinos estaban gastando más agua.

Oaxaca Derecho a los servicios básicos en la vivienda


El Frente Indígena Zapoteco (FIZ) demanda el cumplimiento de las diferentes necesidades de infraestructura en las comunidades indígenas, debido a que no existe la ejecución de obras de ampliación y construcción de redes de energía eléctrica en 8 comunidades indígenas ni apoyos a los cultivos del campo, por lo que han realizado movilizaciones y protestas para que sean atendidas sus peticiones.

Oaxaca Derecho al territorio Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales

Proyectos de Desarrollo Inmobiliario

Villa de Zaachila

Comuniadades afectadas por el proyecto del Libramiento Sur, conocido como Corredor Turístico de los Valles Centrales, que atravesiaría las comunidades de Etla y Zaachila, entre otras, se oponen a éste por los daños que generaría a los mantos acuíferos que abastecen a las comunidades, la destrucción de . 322 hectáreas de terreno de siembra y de la flora y fauna de la region. Por lo que solicitan sea modificado el trazo de la obra.

Oaxaca Derecho a la consulta Proyectos de infraestructura

San Dionisio del Mar Álvaro obregón

Pobladores de San Dionisio del Mar (huaves) y de la comunidad Álvaro Obregón (zapotecos), en la región del Istmo de Tehuantepec, se organizaron en defensa de su tierra, territorio y costumbres, ante la amenaza representada por la imposición del megaproyecto eólico de Mareñas Renovables, el cual no les fue consultado. Esta oposición generó enfrentamientos y agresiones contra los pobladores y las organizaciones que los apoyaban, por lo que interpusieron recursos legales, ganando un amparo para suspender la obra.


Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

Pobladores de Juchitán, agrupados en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), rechazan la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo, de la empresa Gas Natural Fenosa, por lo que han bloqueado las obras, lo que les ha generado amenazas y violencia por parte de la empresa. Mencionaron que la obra no les fue consultada y que afecta su actividad pesquera.

Oaxaca Derecho a la autodeterminación Proyectos de infraestructura

Unión Hidalgo

Comunidades indígenas del Pueblo de Unión Hidalgo, demandan la remosión de aerogeneradores que se han instalado en el casco urbano por la empresa Demex y su asociada consumidora Bimbo. En Asamblea General, convocada por el Presidente Municipal, el representante de los Bienes Comunales y el presidente del Comité Pro-obras, se manifestaron contra las repercusiones que han tenido para la población los parques eólicos Piedra Larga I y II de la empresa DEMEX, filial de la transnacional española Renovalia Energy. Así mismo, indígenas zapotecos del mismo municipio denuncian que han sido despojados de sus tierras comunales por la empresa citada.

Oaxaca Derecho a la autodeterminación Derecho al territorio


Santo Domingo Tehuantepec

Comunidades indígenas se oponen a proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. La Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denuncian que el gobierno pretende crear 6 nuevos parques eólicos en la región con inversión de compañías españolas y francesas que venderían la energía a la CFE. Señalan que estas concesiones generarían el despojo de tierras indígenas, así como impactos al medio ambiente, según activistas de la región y académicos.


Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

Derivado de la oposición de los pobladores indígenas a los proyetos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el gobierno municipal de Juchitán solicitó que para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, en 5 mil hectáreas en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, era necesario realizer una consulta indígena. Por lo que solicitó la intervención del gobierno federal y estatal para llevar a cabo este proceso.

Oaxaca Derecho a la copnsulta Derecho a agua


Zimatlan de Alvarez

Pobladores indígenas de Ocotlán y Zimatlán, de los Valles Centrales, demandan que la Comisión Nacional del Agua realice una consulta indígena, como lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación a que se revise y modifique el decreto emitido el 25 de septiembre de 1967, que establece veda por tiempo indefino para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Oaxaca,.

Oaxaca Derecho al territorio Derecho a la coservación y disfrute de los recursos naturales


San Juan Guichicovi

Indígenas de los municipios de San Juan Guichicovi, Barrio La Soledad y Santiago Ixtaltepec, acordaron no permitir el ingreso de personal contratado por Pemex en sus terrenos para la construcción de un gasoducto que atravesará 315 kilómetros por el Istmo de Tehuantepec, y que va de Jaltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, al considerer que podrían generarse

daños medioambientales y de riesgo para la población. Asimismo, han denunciado que los trabajos que realiza PEMEX ha ocasionado graves daños ambientales, sin que la paraestatal realice labores de prevención, remediación ni indemnización.



La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Secretaría de Energía y la empresa PMI Cinturón Transoceánico, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado para la construcción de dos gasoductos en el norte del istmo de Tehuantepec (Cinturón Transoceánico Gas Natural y PMI Cinturón Transoceánico Gas LP). La Ucizoni explicó que los gasoductos que atravesarán la región llevarán gas natural al mercado asiático; sin embargo, no ha habido consulta como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Precisó que el Estado mexicano debe garantizar el respeto a sus derechos y a su territorio. No con una consulta y reunión pública de información como plantea el Grupo PMI, operadora de los proyectos, sino en los términos que fija la legislación para pueblos indígenas. Sobre todo, dijo, para conocer la ubicación, método, área de influencia y cambios de uso de suelo, e impacto ambiental a cultivos, zonas forestales, ríos y arroyos, influencia cultural a los centros ceremoniales, entre otros

Oaxaca Derecho al territorio Proyectos de infraestructura

San Blas Atempa

Comuneros del municipio de San Blas Atempa y el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas advirtieron que no permitirán la invasión de sus tierras y han realizado diversas acciones para impedir la construcción de una central de almacenamiento de energía (subestación eléctrica) para el parque eólico que Sedena construyó en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 2 del municipio de Ixtepec y que no fue consultada a los pobladores. Han llevado a cabo bloqueos carreteros y han cerrado simbólicamente las obras.

Oaxaca Derecho a la consulta Proyectos eólicos Juchitán de Zaragoza

Pescadores zapotecas de Juchitán conformados en tres cooperativas Laguna Santa Cruz, Guse’ Stinu y Chinchorreros de la séptima sección denunciaron que la empresa “Eólica Zapoteca” utilizó firmas falsas para anunciar la validez de un proyecto eólico que pretende ubicarse en 604 mil hectáreas de zona lagunar. Los representantes de las tres cooperativas negaron que han solicitado recursos económicos al representante de la empresa para poder avalar un proyecto eólico que se pretende ubicar en tres lagunas “Laguna Xhadahui”, “Laguna Guela Xhiña” y “Santa Cruz”, las cuales les ha dado de comer porque colectan una variedad de peces y también camarones para su sustento familiar. Solicitaron se les explique en qué consiste su proyecto y hasta donde abarcará, a fin de que puedan decidir si permiten o no la instalación de las turbinas. Los pescadores manifestaron que una vez de haber escuchado en que consiste el proyecto eólico realizaran una asamblea para definir su postura de avalar o rechazar, porque dijeron el gobierno no tiene intención hasta el momento de realizar una consulta indígena como lo marca el convenio 169 de la OIT.

Oaxaca Derecho a la consulta Proyectos eólicos Unión Hidalgo

Indígenas zapotecos de Unión Hidalgo manifestaron en marzo de 2017 su rechazo para que las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) instalen tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía en su territorio, y sin que antes hayan sido consultados. Para prevenir violaciones a sus derechos humanos, casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas firmas sin su consentimiento.



Santiago Jamiltepec Paso de la Reyna

Indígenas de seis municipios de la región Costa de Oaxaca se oponen desde 1996 al proyecto de la CFE denominado Aprovechamiento HIdráulico de Usos Múltiples “Paso de la Reyna”, que construirá una presa en el poblado Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, en las inmediacioens del Río Verde, por las afectaciones medioambientales que podrían generarse, las posibles inundaciones que afectarían sus cultivos y, además de que consideran que inversionistas extranjeros se apoderarían de sus recursos naturales. El Consejo de Pueblos Unidos Por la Defensa del río

Verde (COPUDEVER) considera que la población afectada directamente con este proyecto sería de 17 mil personas e indirectamente de 97 mil, poniendo en peligro los usos y costumbres de las distintas regiones y la biodiversidad..



San Felipe Usila

Habitantes del municipio de San Felipe Usila Oaxaca, no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa Enersis, porque afectaría los recursos naturales de la región. A mediados de 2014 acudieron ante la SEMARNAT para manifestar su inconformidad por esta obra, ante lo cual la dependencia negó otorgar la autorización de impacto ambiental a la empresa. Sin embargo, ésta ingresó el proyecto a evaluación ambiental en diciembre de ese año. Y ante la posibilidad de que se reactive el proyecto, acudieron nuevamente a la SEMARNAT para reitera su rechazo. Asimismo, a través del senador Adolfo Romero Lainas, solicitarán al Senado su apoyo para que no se lleve a cabo.

Oaxaca Derecho a la consulta Derecho al territorio

Proyectos Mineros

San Jerónimo Silacayoapilla

Habitantes indígenas del municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, rechazaron el proyecto de una compañía canadiense para explotar una mina en terrenos comunales, al señalar que no fueron consultados y que se generaría daños medioambientales en su territorio. Además, han denunciado que han recibido amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera Arco Resoursces Corporation Exigen se respite sus derechos y autonomía.

Oaxaca Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales Derecho al territorio

Proyectos Mineros

Magdalena Teitipac

Indígenas zapotecos de Magdalena Teitipac, de la región de los Valles Centrales, se oponen a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por contaminar los mantos freáticos durante sus trabajos de exploración.

Oaxaca Derecho a la consulta Derecho al territorio

Proyectos Mineros

Santa María Zaniza

Estos pueblos y comunidades indígenas se han organizado en la defensa de sus recursos naturales para no permitir el reingreso de Altos Hornos de México (AHMSA) a Santa María Zaniza o a cualquier otro municipio de la Sierra Sur, una de las regiones con mayores índices de marginación, y en donde se ubica un gran yacimiento de mineral de fierro. A pesar de la pobreza de este pueblo indígena de la Sierra Sur, los pobladores no apuesta por la minería como una posibilidad de desarrollo.

Oaxaca Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales Derecho al territorio

Proyectos Mineros

Ciudad Ixtepec

Comunidades indígenas del municipio de Ixtepec han manifestado que impedirán la explotación minera en esa zona, por el otorgamiento de concesiones mineras , entre el que se encuentra el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”. Han llevado a cabo manifestaciones en defense de la tierra, ya que consideran que estos proyectos ocasionarían daños ecológicos.

Oaxaca Derecho a la consulta Proyectos Mineros

San José del Progreso

Las comunidades indígenas del municipio de San José del Progreso solicitan que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis, Progreso III, autorizadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa Fortuna Silver Mines, que fueron otorgadas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado. El municipio de San José del Progreso pertenece al distrito de Ocotlán, ubicado en la región de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca y cuenta con 12 localidades: San José del Progreso, Lachilana, San José la Garzona, Maguey Largo, El Porvenir, Rancho los Vásquez, el Cuajilote, el Jagüey, Los Díaz, La Alianza y Los Patiño. A partir de 2006, la compañía minera Cuzcatlánsuscribió diversos convenios de usufructo con ejidatarios de San José del Progreso para utilizar 30 parcelas; dichos convenios establecen como contraprestación el pago de $200,000.00 en promedio por un periodo de treinta años. En ese mismo año, representantes de la empresa minera obtuvieron de las autoridades municipales los permisos correspondientes para realizar actividades de exploración en todo el territorio municipal.


Proyectos Mineros

Tlacolula de Matamoros Ejutla de Crespo Ocotlán de Morelos

Autoridades ejidales y comunales que representan a nueve núcleos agrarios de los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán declararon sus territorios prohibidos para la minería. Además, sostuvieron que los gobiernos estatales y el federal han concesionado 90 por ciento del territorio de algunas comunidades sin consultar a los pobladores. Acusaron a las empresas de llevarse 99 por ciento de las ganancias, y el uno por ciento restante se divide entre los gobiernos.

Oaxaca Derecho a la consulta Proyectos Mineros

San Miguel Chimalapa

Comuneros de San Miguel Chimalapa e integrantes de organizaciones sociales como el colectivo Matza y la autoridad municipal de esta localidad rechazaron al proyecto minero que se pretende instalar en este lugar. Exigieron hacer valer su autonomía como pueblos indígenas y también el convenio 169 de la OIT que indica que debe existir una consulta para la instalación de cualquier proyecto transnacional. Se enteraron que la Secretaría de Economía había otorgado cinco concesiones en la zona de la Cristalina, San Antonio Sol y Luna en Chimalapas. La asamblea exigió la presencia del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, quién ha hecho caso omiso a los llamados de la defensa de Chimalapa ante proyectos mineros. Por lo que clausuraron de manera simbólica la mina concesionada por el gobierno federal a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., en terrenos de Bienes Comunales de La Cristalina. El presidente de Bienes Comunales de San Miguel explicó a los participantes en la verificación, que la concesión de la mina de oro, cobre y plata, fue otorgada por la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) de la Secretaría de Economía por 50 años a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, del 2008 a 2058.

Oaxaca Derecho a la coservación y disfrute de los recursos naturales

Proyectos Mineros

Santiago Laollaga

Pobladores y activistas del municipio Santiago Laollaga, región del Istmo de Tehuantepec, conformaron el Comité Prodefensa de los Recursos Naturales en rechazo a la construcción de una mina y una central hidroeléctrica. Aseguraron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende instalar una hidroeléctrica en la presa Cerro Tablón de Primavera, construida hace 25 años. Explicaron que la presa se edificó en un río que nace en la sierra mixe zapoteca, donde se localiza el lote Pablito, que consta de 12 mil 426.67 hectáreas, en el cual la empresa Plata Real obtuvo una concesión en 2008 para explotación minera. Señalaron una empresa extranjera colocó una mojonera para delimitar el área en la que pretende explotar yacimientos de oro y plata y advirtieron que defenderán sus sitios sagrados como la Cueva del Diablo, sitio valorado por los zapotecas por los jeroglíficos que contiene, y que se localiza a 300 metros de la mojonera

Oaxaca Derecho a la autodeterminación Religioso San Juan Ozolotepec

Familias indígenas evangélicas de San Juan Ozolotepec denuncian intolerancia religiosa y hostigamiento por parte de católicos tradicionalistas, por no cooperar con las festividades religiosas. Además les han cortado el suministro de agua potable y el derecho a recibir programas sociales. En noviembre de 2013, el presidente municipal ordenó la demolición de su templo, que generó un enfrentamiento resultando heridos y cuatro personas encarceladas, quienes luego de la intervención de las autoridades estatales fueron puestas en libertad. Derivado de esta situación, cuatro indígenas tuvieron que salir de la comunidad.

Oaxaca Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Mixteca

Indígenas triquis denuncian inseguridad y hostigamiento de grupos armados, por lo que solicitan la protección del gobierno para frenar las agresiones, desapariciones, amenazas y encarcelamientos que se han registrado en sus comunidades por años.


San Juan Cotzocón

Un grupo de 200 indígenas mixes de San Juan Cotzocón, que se vieron obligados a salir de su comunidad en junio de 2014 a causa de amenazas y agresiones, demandan a las autoridades mayores garantías de seguridad y la aplicación de la ley contra quienes promueven la violencia, para que puedan retornar a la comunidad. Los indígenas desplazados permanecieron en un albergue del templo Felícitas y Perpetua, de Santa Lucía del Camino, cerca de la capital. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca para proteger la integridad física y se otorgue seguridad a los habitantes de esa comunidad.



Los indígenas del Istmo de Tehuantepec señalan que ante la falta de seguridad y la presencia del crimen organizado en la región, han formado policías comunitarias para defenderse de la inseguridad, violencia y proteger su territorio de los proyectos trasnacionales. La comunidad Álvaro Obregón, agencia municipal de Juchitán, conformó un grupo denominado Biini Guipa Guidxi (Policía comunitaria), y sus armas son machetes, piedras, resorteras y palos. A principios de 2014, 13 comunidades mixes y mixtecas de los municipios de San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón y San Juan Guichicovi conformaron el mismo número de policías comunitarias y puestos de revisión en la región del Bajo Mixe (límites entre el Istmo y Cuenca), al argumentar la falta de atención a sus denuncias por la inseguridad que se ha incrementado en la zona. En la agencia municipal Palomares, de

Matías Romero, también se conformó en septiembre de 2014, un grupo de autodefensa, encabezado por su líder “Comandante del Sur”, luego de que sufriera un ataque el sacerdote de la comunidad y por la actitud de la policía estatal.

Oaxaca Derecho al Territorio Derecho a la autodeterminación

Político Social San Juan Mazatlán

Desde febrero de 2017, pobladores de diversas comunidades del municipio de San Juan Mazatlán Mixe exigieron la intervención del gobierno estatal por inconformidades derivadas del proceso de elección municipal y falta de apoyos a las comunidades indígenas. A principios de junio, se denunció el desplazamiento de 20 familias de la comunidad Tierra Negra (alrededor de 100 personas), quienes se refugiaron en el auditorio municipal de Matías Romero. Los indígenas desplazados señalan que fueron obligados a salir por líderes caciquiles de la comunidad, por lo que interpusieron una denuncia penal.

Puebla Derecho al territorio Agrario Huitzilan de Serdán

La Unión Campesina Independiente comenzó a realizar trabajos de siembra en un terreno concedido en 1983 por la Secretaría de la Reforma Agraria en Huitzilan de Serdán, Puebla. Los caciques del lugar dejaron trabajar a la organización por un tiempo, sin embargo, dado que consideraban a estas tierras de su propiedad, comenzaron a realizar acciones violentas en contra de la organización encaminadas a su desaparición y a la recuperación de estos terrenos. Actualmente, la UCI demanda la recuperación del territorio, el retorno de los desplazados a sus comunidades indígenas, así como la investigación de los asesinatos cometidos en su contra.

Puebla Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

Sierra Norte

Apicultores de la Sierra Norte de Puebla, donde habitan las abejas meliponas, una especie pequeña sin aguijón nativas de nuestro país, señalan que está especie se encuentra en peligro ante los llamados “proyectos de muerte” (minas e hidroeléctricas), lo que afectaría la producción de miel, y por lo tanto su principal actividad económica. Ante esta situación, la Fundación europea “Slow Food” alertó sobre este riesgo a través del folleto “El acaparamiento de tierras. Un baluarte mexicano bajo asedio”, que se tradujo en diversos idiomas, incluido el náhuatl, para ser repartido en diversos países del

mundo.

Puebla Derecho a la participación en programas y planes de desarrollo

Derechos Indígenas

Juan C Bonilla San Andres Cholula

Pobladores de las juntas auxiliares de Santa María Zacatepec y San Bernardino Tlaxcalacingo, de la región de las Cholulas, protestaron en defensa de las radios comunitarias, al señalar que los trámites para obtener una concesión de radio comunitaria siguen siendo discriminatorios para los pueblos indígenas, lo anterior luego de que realizaron ante el Instituto Federal de Comunicaciones una petición para obtener una concesión en Frecuencia Modulada (FM).


Xochiapulco Cuaximaloyan

En Cuaximaloyan, municipio de Xochiapulco, enclavado en la Sierra Norte de Puebla, fue declarado, en sesión de cabildo, libre de proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos y de privatización de agua. En sesión encabezada por el presidente municipal en mayo de 2016, fue tomado este acuerdo. Minera Gavilán SA de CV obtuvo una concesión para el aprovechamiento minero de 9 mil 690.6 hectáreas, expedida en el mes de agosto de 2011 bajo el título 238245 con el nombre del lote Ocotzingo. La vigencia de la concesión tiene una duración de 50 años


Cuetzalan del Progreso San Andrés Tzicuila

Pobladores de San Andrés Tzicuila, municipio de Cuetzalan, se oponen al fracking o la fracturación hidráulica. Previo a la Reforma Energética, Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permiso para exploración de hidrocarburos en un polígono de alrededor de dos millones de hectáreas entre Puebla, Hidalgo y Veracruz, del que formaba parte el territorio de Cuetzalan.

Puebla Derecho a la autodeterminación Politica Social Tecamachalco

Activistas y miembros de comunidades indígenas del municipio de Tecamachalco, denuncian un ambiente de persecución por parte del Gobierno estatal, debido a su oposición por la imposición de diversos megaproyectos de transnacionales, que los despojarían de sus tierras y agua, y ponen en riesgo su subsistencia y seguridad.

Puebla Derecho a la elección de sus gobernantes Derecho a la autodeterminación

Politica Social Chichiquila

Indígenas del municipio de Chichiquila iniciaron un litigio jurídico contra el Instituto Electoral del Estado (IEE) para que reconozca su derecho a elegir autoridades por el método de usos y costumbres, fundamentada en la libre determinación de los

pueblos originarios como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenios internacionales.

Puebla Derecho a la seguridad y justicia Programas y Servicios Gubernamentales

Puebla San Miguel Canoa

Habitantes indígenas de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, municipio de Puebla, se oponen a la desaparición del Registro Civil, que de acuerdo a la reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado, les quita la facultad de los registros civiles a las juntas auxiliares, pasando el control al gobierno estatal. El 31 de octubre de 2014, fue detenido Raúl Pérez Velázquez, presidente auxiliar de San Miguel Canoa, opositor a esta ley, acusado por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad contra un transportista, posteriormente fue acusado por pobladores de haber cerrado la presidencia el 18 de octubre. En diciembre, policías intentaron recuperar las instalaciones de la presidencia, sin éxito. Los primeros días de septiembre de 2015, el expresidente Auxiliar de San Miguel Canoa, ganó el quinto amparo federal, quedándole pendiente un último amparo, presentado en contra del delito de peculado. Por otra parte, los pobladores han solicitado la intervención de la CDI, SEGOB y Presidencia de la República, argumentando violaciones a los derechos derivado del retiro del registro civil.

Puebla Derecho al territorio Proyectos de Desarrollo Inmobiliario

Cuetzalan del Progreso

Este fin de semana se realizaron dos foros en la Sierra Norte de Puebla, donde activistas, investigadores y pobladores reiteraron su rechazo a los "proyectos de muerte"; acusaron que la trasnacional Walmart insiste en instalarse en Cuetzalan. El presidente municipal se comprometió a no dar permiso, pues los pobladores denunciaron que el alcalde ya había dado su palabra de no ceder al requisito de la tienda. Manifiesten su rechazo a la tienda debido a que consideran que atentará contra el comercio de la zona. Pero el rechazo a la apertura de la sucursal del Wal-Mart, además se ha generado por la pretensión de la cadena -a través de la empresa Deselec1-Comexhidro-, de construir la hidroeléctrica Puebla 1, en el río Ajajalpan, en territorio de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, explicaron. "Cómo vamos a querer una tienda de éstas, mientras nuestros hermanos totonacas están luchando contra la imposición de la hidroeléctrica que le servirá a Wal-Mart y están defendiendo su territorio y su río de la voracidad de estos

Puebla Derecho al territorio Proyectos de Desarrollo Inmobiliario

Teziutlán

A principios de 2016, habitantes del municipio de Teziutlán, ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, se oponen a la construcción de un centro comercial subterráneo en el zócalo y que pretende construir el gobierno municipal, argumentando que se afectarían edificios históricos, por lo que conformaron la Federación de Asociaciones Civiles en Defensa de Teziutlán. Además, consideran que la creación de este espacio disminuiría las fuentes de empleo en los mercados tradicionales. Señalaron que no existe ninguna autorización ni estudio por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En octubre, luego de la resistencia manifestada por sus habitantes y de hacer una consulta pública, las autoridades municipales anunciaron que se haría la obra de mejoramiento urbano del centro de la ciudad, descartando por completo la construcción del centro comercial subterráneo. En enero de 2017, se señaló que el presidente municipal pretende realizar nuevas obras que no han sido consultadas o que no está de acuerdo la población, y entre las que podría reactivarse su pretensión de construir un centro comercial subterráneo.

Puebla Derecho a la consulta Derecho a la conservación y difrute de los recursos naturales


Huauchinango Cuacuila

Comuneros de la junta auxiliar de Cuacuila, del municipio de Huauchinango, se oponen a la colocación de un gasoducto que llevaría gas LP desde el puerto de Tuxpan o Poza Rica, Veracruz a Atotonilco de Tula, Hidalgo, ya que pasaría a menos de 200 metros del área habitada y podrían correr riesgos. Asimismo, señalan que las autoridades estatales, municipales y auxiliares, así como la empresa Gasomex, los han intentado intimidar. El movimiento opositor denominado "Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos" (Cidd), denunció públicamente la intención de criminalizar su rechazo a esta instalación mediante denuncias penales. Por lo que decidieron interponer un amparo colectivo al considerar que sus derechos indígenas están siendo violentados, especialmente el de autodeterminación y el de consulta previa. Un Juez de Distrito en el estado de Puebla ordenó la suspensión provisional de las obras, al admitir dicho amparo. Sin embargo, los pobladores señalan que la empresa sigue trabajando con apoyo de las policías estatal y municipal, quienes los amenazan y hostigan.

Puebla Derecho a la consulta Derecho al territorio


Tulcingo

: Los pobladores y ejidatarios de la comunidad de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, se oponen a que pase por sus tierras el gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, por lo que han retenido a funcionarios de la

Comisión Federal de Electricidad, para exigir se cancele el paso por su poblado. En una reunión con la CFE, se analizó la posibilidad de cancelar el cruce por la comunidad.

Puebla Derecho a la autodeterminación Proyectos de infraestructura

Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal del San Felipe Xonacayucan y luchadora social, y Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, fueron detenidos por su activismo y apoyo a comunidades indígenas que se oponen a las obras del Proyecto Integral Morelos. A Flores Solís, detenido el 7 de abril de 2014, se le acusó por motín, despojo, ataque contra la infraestructura hidráulica y extorsión. Fue liberado el 23 de enero de 2015; Rosas Vélez fue detenida el 06 de abril de 2014, bajo los cargos de obstrucción a la construcción de obra pública y robo. En octubre de ese año se le otorgó arraigo domiciliario y en marzo de 2015 se le dictó auto de formal libertad; Cordero Calderón fue detenido el 08 de abril de 2014 por su probable responsabilidad en delitos cometidos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad. En octubre de 2014, luego de pagar una fianza, salió en libertad bajo caución.

Puebla Derecho a la participación en programas y planes de desarrollo


Pahuatlán San Pablito Zacapehuaya Xochimilco

Pobladores de Pahuatlán exigen no se autoricen permisos para la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula que realizará una filial de la empresa TransCanada, no obstante el alcalde municipal ha reiterado que otorgará las licencias necesarias para la ejecución del proyecto, aunque aclaró que eso no incluye a los que deberán dar los propietarios de cada predio, quienes deben negociar su indemnización. Añadió que además deberá realizarse una consulta pública en las comunidades de San Pablito, Zacapehuaya y Xochimilco como lo establecen los tratados internacionales en materia indígena. Por su parte, integrantes del Consejo Xagu Yamui, defensoras de la Sierra de Hidalgo y Puebla, no permitirán se destruyan más de 600 hectáreas del Bosque Mesófilo de Montaña, por lo que demandaron a los gobiernos estatal y federal se respete la consulta a los pueblos indígenas. A su vez, el Foro Permanente de Defensa de los Derechos Humanos calificaron como una simulación la integración del comité garante para la supuesta consulta que dio a conocer el Gobierno de Puebla. En febrero de 2017, la ONU atendió la solicitud

de los pobladores de Pahuatlán para que se reuniera con ellos y explicarle el rechazo que mantienen a la instalación del gasoducto Tuxpan–Tula, y que afecta a 130 comunidades originarias.

Puebla Derecho a la conservación y difrute de los recursos naturales


Cuetzalan del Progreso

Pobladores de Cuetzalan y el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam) rechazan la construcción de una subestación eléctrica que pretende instalar la CFE y que tendrá una línea de alta tensión que llegará hasta el municipio de Ayotoxco de Guerrero. Los habitantes se quejan que la CFE ha pretendido realizar asambleas amañadas para avalar el proyecto, que para ellos solo servirá para alimentar a las hidroeléctricas y mineras.

Puebla Derecho al agua Proyectos de infraestructura

Olintla Bibiano Hernandez

Indígenas de la comunidad Bibiano Hernández, Olintla, detuvieron los trabajos de apertura de una brecha por donde pasará una obra de agua potable que construye el municipio, al señalar que su oposición es por la extracción del vital líquido del manantial Kgampis que es considerado un lugar sagrado para los habitantes de este lugar. Tras bloquear los trabajos que realiza la empresa Gromac, exigieron al presidente municipal explicar en una asamblea pública en la comunidad el motivo de estos trabajos sin el consentimiento de los propietarios de los predios, mismos que ya invadió destruyendo siembras de maíz y café. Al respecto, el Alcalde señaló que no cuenta con permisos de la Semarnat ni con estudios de impacto ambiental pero argumentó que iniciaron los trabajos, ya que varias comunidades de la zona requieren con urgencia del vital líquido.



Olintla

Indígenas totonacas se oponen a una planta hidroeléctrica del Grupo México, en el municipio de Olintla, en la Sierra Norte de Puebla, por considerer que este proyecto no les fue consultado, además de que ocasionaria efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. Realizaron bloqueos y manifestaciones para impeder su instalación.



Aproximadamente 70 comunidades de ocho municipios de las sierras Norte y Nororiental de Puebla se oponen a la construcción de hidroeléctricas en la ribera del río Apulco, las cuales solicitaron a la SEMARNAT negar los permisos a la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. para los proyectos: “Ana”, que abarcaría los municipios Xochiapulco y Tetela de Ocampo; “Diego”, en Zacapoaxtla y Cuetzalán, y “Conde”, en Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Cuetzalán.

Puebla Derecho a la conservación y difrute de los recursos naturales


Ahuacatlán Tlacotepec (San Mateo)

Pobladores de San Mateo, municipio de Ahuacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, se pronunciaron contra la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 en las aguas del río Ajajalpan, proyecto de la empresa Deselec-Comexhidro, porque la empresa les pagaría a ocho pesos el metro cuadrado de sus tierras, por el derecho de vía. Señalan que esta obra afectará sus recursos, no obtendrán beneficios y podrían generarse inundaciones. En Octubre de 2015, los pobladores señalan que la empresa ha realizado por medio de la Secretaría de Energía consultas públicas simuladas para legitimar la obra, y que en fechas recientes han sido liberadas 14 órdenes de aprehensión contra opositores a la hidroeléctrica, por lo que recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su ayuda.

Puebla Derecho al territorio Derecho a la conservación y difrute de los recursos naturales


Cuetzalán del Progreso Ayotoxco de Guerrero

Habitantes de los municipios poblanos de Cuetzalan y Ayotoxco se oponen al proyecto hidroeléctrico Cuamono, que forma parte del Plan Hidroeléctrico Regional, y que está vinculado con la explotación minera. Han manifestado que han sido objeto de amenazas y hostigamiento. El 4 de junio de 2014, fue asesinado Antonio Esteban Cruz, luchador por la defensa de la tierra y sus bienes naturales, y opositor a este proyecto. La Procuraduría estatal determinó que el homicidio derivó de un asunto por la disputa de un predio, sin embargo los opositores al proyecto consideraron que su muerte tenía que ver con su lucha contra los llamados proyectos de muerte.

Puebla Derecho al agua Proyectos Hidraulicos

Teziutlán Atoluca

Habitantes de la Junta Auxiliar de Atoluca, municipio de Teziutlán, se oponen al proyecto hidroeléctrico "Atexcaco II" (ampliación de la hidroeléctrica Atexcaco), que se pretende construir en los límites de Teziutlán y Hueyapan, porque los despojaría del agua, además de que serviría a las actividades extractivas de la minera Autlán. La comunidad indígena señala que se pretende privatizar el agua de la localidad, ya que el presidente municipal pretende quitarles el control del vital líquido y entregarlo a la Compañía de Energía Mexicana (CEM), filial del grupo Ferrominero; quien se encargará del proyecto hidroeléctrico. Los pobladores impidieron que la CEM entubara el agua, por lo que la empresa presentó denuncias penales contra varios pobladores por el presunto robo de placas de autos con la finalidad de presionarlos y permitieran la extracción del líquido, sin embargo los habitantes se impusieron y detuvieron el proyecto. La organización ambientalista Civitas está asesorando a la población para evitar que con engaños el gobierno de Teziutlán entregue el agua que le pertenece a la comunidad indígena.

Puebla Derecho al territorio Proyectos Hidraulicos

Zoquiapán

Por acuerdo de Cabildo, el Ayuntamiento de Zoquiapan declaró a su territorio libre de proyectos de muerte con lo que le negó la autorización y el cambio de uso de suelo a la hidroeléctrica San Antonio que la empresa GESA pretende construir en aguas de los ríos Zempoala y Ateno, en la Sierra Norte de Puebla. En una asamblea popular, los regidores del Cabildo dieron a conocer al pueblo que cumplieron la exigencia hecha en septiembre pasado para rechazar la instalación de proyectos que impliquen la destrucción de los bienes naturales y el despojo de su territorio. En la reunión que terminó cerca de las 21 horas de este lunes 7 de Diciembre, los pobladores de Zoquiapan reiteraron su oposición al proyecto presentado por la empresa GESA a la que acusaron de querer imponer la generadora de energía mediante "engaños".



Ahuacatlán Tlapacoya San Felipe Tepatlán

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio entrada al proyecto Hidroeléctrica Puebla 1 que ha generado un conflicto social en los pueblos indígenas de Ahuacatlán, Tlapacoya y San Felipe Tepatlán. La información fue publicada en la Gaceta Ecológica de la Semarnat y el proyecto fue ingresado por la compañía Deselec 1 S de RL DE CV; sin embargo, este se encuentra en análisis por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

(DGIRA). A finales de 2015, comunidades nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, que se verán afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1 desconocieron la creación de una nueva asociación civil que avaló el proyecto y dividió la lucha social, a cambio de administrar el recurso en beneficio de los pueblos



Zoquitlán Coyomeapan San Sebastian Tlacotepec

Habitantes de los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y San Sebastián Tlacotepec han manifestado su rechazo al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, a cargo de la empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, y que ha generado conflictos, descalificaciones y ofensas entre vecinos y familias. Pobladores de la comunidad Pozotitla afirmaron no estar de acuerdo con la obra porque podría generar daños ecológicos que traerían repercusiones para el medio ambiente. La Secretaría General de Gobierno del estado ha impulsado este proyecto y para ello presentó un protocolo de consulta; sin embargo, las comunidades han señalado que las consultas serían amañadas, por lo que mantienen su rechazo al proyecto.


Proyectos Mineros

Tetela de Ocampo

Comunidades indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla, y totonacas de Veracruz, se oponen al proyecto impulsado por Minera Espejeras S.A. de C. V., filial del Grupo Frisco, para la instalación de una mina en Teleta de Ocampo, por los daños ambientales que puede generar, y por la falta de consulta indígena. Señalan que han sido amenazados y hostigados. Los habitantes de Tetela de Ocampo exigieron al gobierno del estado que la Sierra Norte de Puebla sea declarada “Área Natural Protegida”, con el objetivo de evitar la construcción de minas a cielo abierto.


Proyectos Mineros

Sierra Norte y Nororiental

Habitantes de la Sierra Norte de Puebla, de los municipios de Zautla, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, Zacatlán, Huauchinango, Tetela de Ocampo, Huehuetlán El Grande, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Zapotitlán, Xochitlán, Zoquiapan, Huehuetla, y Olintla, demandan la cancelación de concesiones mineras, muchas de ellas a cielo abierto. La población indígena manifiesta que no fue consultada sobre estos proyectos, violando su derecho a realizer ésta de manera libre, previa e informada, como lo establece la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, que nuestro país ha firmado en material indígena. Desde el sexenio pasado empresas mineras canadienses, chinas y mexicanas, han iniciado

operaciones en comunidades indígenas de la región; algunas de las concesiones fueron otorgadas de manera irregular. Los habitantes de la región afirman que estos proyectos alterarían el ecosistema de la región afectando gravemente el equilibrio ecológico, la forma de vida, la economía y la salud.Por lo anterior, la población se ha organizado para exigir a las autoridades detener la actividad minera.

Puebla Derecho a la consulta Proyectos Mineros

Ixtamacaxtitlán

Más de 500 pobladores de diferentes comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán exigieron al gobernador Rafael Moreno Valle que explique por qué entregó toda clase de facilidades a la empresa minera canadiense Almaden Minerals para instalarse con la finalidad de abrir un yacimiento de oro a cielo abierto.


Proyectos Mineros

Cuetzalán del Progreso Zacapoaxtla Tlatlauquitepec

Habitantes de los municipios de Cuetzalan del Progreso, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec se oponen al proyecto minero El Aretón, de la minera Autlán, ya que afectaría la flora y fauna de la reserva de Bosque Mesófilo de Montaña más grande de la sierra nororiental, y los manantiales que abastecen a 80 comunidades. Han solicitado a las autoridades federales y estatales la cancelación de este proyecto.


Proyectos Mineros

Zapotitlán de Méndez

Habitantes de Zapotitlán de Méndez denunciaron la extracción de materiales pétreos en el río Zempoala, en ese municipio, por la empresa Trasecol, S.A. de C.V., sin los permisos y autorizaciones correspondientes, además de que no fueron consultados ni informados previamente sobre estos trabajos, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La empresa responsable de rehabilitar un tramo de la carretera Interserrana no ha dado a conocer la autorización de la Semarnat para llevar a cabo esa obra, aafectando gravemente al medio ambiente y al río Zempoala. Por lo que solicitaron la clausura de las instalaciones y que la Comisión Nacional del Agua inicie la recuperación, protección y salvamento del río Zempoala.ACCIONES: La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México instaló una mesa de atención con los representantes indígenas y funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA, para analizar la problemática. Como parte de los

acuerdos, la PROFEPA realizó una inspección en la zona y la SERMARNAT clausuró la obra y que en caso de que la empresa regularice los permisos, deberá realizar la consulta previa, libre e informada a la población indígena, con la participación de la CDPIM. Mientras que la Conagua se comprometió a establecer un programa de vigilancia en la zona.


Proyectos Mineros

Zongozotla

Pobladores totonacos del municipio de Zongozotla de Bonilla, en la sierra nororiental poblana, manifiestan su rechazo a la minería en su comunidad, porque afectaría sus recursos naturales y el medio ambiente. A finales de marzo de 2014, expulsaron a empleados de una minera que realizaba trabajos de prospección y georreferenciación para la explotación de barita en el predio conocido como “La Unión”, sin que hubieran solicitado alguna autorización para ello. Señalaron que la Presidencia Municipal no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo para la exploración o explotación minera y que no ha tenido ningún acercamiento con los dueños de la concesión 225397, Maribell Valverde Islas y socios, que pretenden extraer minerales en 300 hectáreas del predio en mención, que es el proyecto que aparentemente intentan ejecutar. Asimismo, tampoco se ha informado sobre el proyecto, ni se ha realizado ninguna consulta.


Proyectos Mineros

Ixtamacaxtitlán Loma Larga

Pobladores de la comunidad de Loma Larga, municipio de Ixtacamaxtitlán se oponen al proyecto Ixtaca IV que pretende la empresa canadiense Almaden Minerals, a través de su filial minera Gorrión, que a finales de abril de 2017 obtuvo el permiso de la Semarnat para la exploración minera por un periodo de 18 meses en un área de 17.5 hectáreas, en las cuales se pretende hacer 70 perforaciones a una profundidad lineal entre 100 y 200 metros para la búsqueda de oro y plata. La empresa Almaden Minerals pretende realizar actividades extractivas en ese municipio en 2019 y que se prolongarían por un periodo de 14 años. En mayo de 2017, los habitantes bloquearon el paso a trabajadores de la empresa lo que provocó la intervención del Ministerio Público que citó a

pobladores a declarar por dicha acción. De acuerdo a un informe que realizaron organizaciones sociales, los trabajos de la empresa minera impactan los derechos humanos de los pobladores, entre ellos se encontró que más del 90 por ciento de las personas consultadas en el municipio respondió que no han sido informadas ni del proyecto extractivo, ni de los impactos de la minería, además de que se provocaría escasez de agua, daños ambientales y la división de los habitantes.

Puebla Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Cuetzalan del Progreso San Andres Tzicuilan

Ante la ingobernabilidad que se vive en algunos municipios de la Sierra Norte de Puebla, el pueblo totonaco de San Andrés Tzicuilan, municipio de Cuetzalan, fundó un grupo de guardia comunitaria con 30 indígenas armados con piedras, palos y machetes, quienes realizan rondines por las calles en defensa de sus familias y patrimonio. Acusaron que el alcalde de Cuetzalan quedó rebasado en el tema de la seguridad, y aunque intentó desmantelar el grupo, los mismos habitantes salieron en su defensa. Los indígenas acusaron que no cuentan con el respaldo del edil porque la policía municipal a su cargo, está coludida con las bandas criminales. Agregaron que no se trata de grupos de autodefensa, sino de un tipo de guardia que cuenta con el respaldo en la Constitución mexicana y en acuerdos internacionales en materia indígena.

Puebla Derecho a la consulta Proyectos de Gasoducto

Honey Chila

La construcción del gasoducto Tuxpan-Tula suma tres amparos: en Cuautepec, Tlacuilotepec, en octubre el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla ordenó suspender la consulta pública a los ciudadanos y la construcción del gasoducto; en San Pablito, Pahuatlán, el Juez Tercero de Distrito en Puebla ordenó la suspensión definitiva de las licencias ambientales y de impacto social de la obra con lo que la empresa queda impedida de efectuar cualquier tipo de trabajo de construcción en ese territorio, asimismo también quedó suspendido el proceso de consulta, queda pendiente el de Chila, municipio de Honey, donde los habitantes señalaron que no fueron consultados y que tenían que demostrar su condición de pueblo indígena, por lo que interpusieron el recurso.

San Luís Potosí

Derecho al territorio Agrario Huasteca Potosina

Indígenas, a través del Movimiento Huasteco Democrático, demandan el cumplimiento al acuerdo de regularización de las tierras que les fueron otorgados en 1997, donde se definió acotar la demanda campesina para el distrito de riego Pujal-Coy y entregar 5 mil hectáreas a los campesinos de esta organización, para su producción y autoconsumo. Los acuerdos establecidos no se llevaron a cabo, y la tierra se entregó a personas ajenas a la etnia y a la organización. Durante los últimos 18 años han realizado manifestaciones para que sea solucionado este conflict agrario.

San Luís Potosí

Derecho a la participación en programas y planes de desarrollo

Derechos Indígenas

San Luís Potosí

El Consejo Consultivo Indígena de San Luis Potosí se inconformó porque no fueron consultados para el Plan Estatal de Desarrollo (PED), como lo establecen los artículos 9 y 12 de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios, por lo que exigieron la renuncia del Titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de San Luis Potosí (INDEPI). Los indígenas interpusieron un amparo, mismo que ganaron y el cual se señala que se tiene que realizar la consulta a los pueblos indígenas para incluir en el PED sus propuestas.

San Luís Potosí

Derecho a la participación en programas y planes de desarrollo


Coxcatlán Tanlajás San Antonio Aquisimón Xilitla

Comisariados y habitantes de Coxcatlán, Tanlajás, San Antonio, Aquismón y Xilitla, demandan su inclusion al programa Cruzada Nacional Contra el Hambre.

San Luís Potosí

Derecho a la conservación de su cultura


Aquisimon Tamápatz

Indígenas Tenek de la comunidad de Tamapatz manifestaron que se está perdiendo la práctica y conocimiento de su cultura, por lo que demandan apoyo para impulsar sus conocimientos, productos artesanales, plantas, lugares sagrados y gastronomía tradicional.

San Luís Potosí

Derecho al territorio Proyectos carreteros

Rayón Tamazopo

Indígenas de las comunidades La Palma, la Nueva Palma, Los Cuates, Vicente Guerrero, Copalillos, Cuesta Blanca, Tierras Coloradas, La Mesa Colorada, Sabinitos, de los municipios de Rayón y Tamasopo, exigen el pago justo por la expropiación y afectaciones de sus tierras por la construcción de la supercarretera Valles-Rayón a cargo de la constructora ICA. Han llevado a cabo marchas y bloqueos carreteros ante la falta de apoyo de las autoridades estatales, por lo que solicitan la intervención del Gobierno Federal para la solución a esta problemática.

San Luís Potosí


Ciudad Valles

Indígenas tének de Ciudad Valles, demandan el pago justo por la expropiación y afectaciones de sus tierras para la construcción del libramiento Valles-Tamuín que realiza la empresa ICA, y han solicitado la intervención de los gobiernos federal y estatal. Entre los ejidos afectados están Ojo de Agua, San Antonio Huichimal y La Pitaya, quienes señalan que de no ser tomados en cuenta, llevarán a cabo diversas acciones.

San Luís Potosí


Cerritos Ciudad Valles

Ojo de Agua La Pitahaya

Pobladores de los ejidos Ojo de Agua y La Pitahaya bloquearon la carretera federal 70 en el tramo Valles - Rioverde, en reclamo porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pagó a un precio irrisorio las tierras que les invadió para construir el trazo del Libramiento Valles-Tamuin que es prolongación de la Supercarretera. El Comisariado de Ojo de Agua explicó que son 74 afectados directos, mismos que recibieron el pago hace ya un tiempo de 2.60 pesos el metro cuadrado área no agrícola y en 9.10 pesos el metro cuadrado la tierra laborable donde antes sembraban diversos productos. Después se dieron cuenta que a los pobladores del ejido La Calera les pagaron a 60 pesos, esto también después de llevar a cabo diversas manifestaciones y bloqueos pues a ellos también los habían engañado, dice, al pagarles cantidades muy bajas. "A lo mejor porque somos indígenas se aprovecharon de la ignorancia y aunque sea tarde pero despertamos y pedimos un pago justo nada más.

San Luís Potosí

Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales Derecho al territorio


Santo Domingo Palula

Habitantes, autoridades e indígenas wixárikas se oponen a la construcción de un tiradero de desechos industriales tóxicos en el rancho Palula. Los representantes de la empresa han manifestado que aún no cuentan con todos los permisos federales y locales para hacer el tiradero tóxico, pero ya planean la construcción de la carretera que conducirá al vertedero. Los campesinos potosinos serán los principales afectados con el tiradero, pues su ejido colinda con el rancho Palula. Organizaciones ambientalistas y ecológicas han denunciado que los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que otorgaron la manifestación de impacto ambiental (MIA), violaron el procedimiento previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa) de esa dependencia. Los pobladores afectados presentaron una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, para la suspensión definitiva de las operaciones de la empresa Centro de

Ingeniería y Tecnología Sustentable Palua, SA de CV, sin embargo ésta les fue negada.

San Luís Potosí

Derecho a la conservación de su cultura


Los wixárikas demandan ser consultados sobre el proyecto de la presa La Maroma, que se realizará en las inmediaciones de los terrenos que consideran sagrados para su cultura y cosmovisión.

San Luís Potosí

Derecho a la consulta Derecho al territorio

Proyectos Mineros

Catorce Real de Catorce

Los indígenas wixárikas han manifestado su oposición a las concesiones mineras otorgadas a empresas nacionales y extranjeras para realizar actividades de exploración y explotación de minerales en tierras comunales e indígenas, sin haberseles consultado previamente. En el sitio sagrado de Wirikuta, en el municipio de Real de Catorce, se otorgaron 79 concesiones mineras que abarcan una superficie de 98 mil hectáreas, lo que representa el 70% de las 140 mil hectáreas del área natural protegida (ANP), dichas concesiones mineras están a nombre de First Majestic Silver Corp. y Proyecto Universo de la Revolution Resourses, así como de Frisco. Los wixárikas señalan que con estas concesiones no se respeta el derecho de las comunidades a la propiedad social, además que se atenta contra el medio ambiente, la organización económica, cultural y pone en riesgo la supervivencia del pueblo Wixárika, por lo que emprendieron una lucha juridical para defender su territorio Tribunales federales han otorgado la suspension de los proyectos mineros. En agosto de 2015 las comunidades que conforman el pueblo wixárika anunciaron una nueva etapa de coordinación y fortalecimiento en la defensa de su territorio y sus lugares sagrados.

San Luís Potosí

Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales Derecho al territorio

Proyectos Mineros

Cerro de San Pedro

Ejidatarios del municipio Cerro San Pedro han denunciado daños irreversibles al medio ambiente por la explotación de oro y plata de la minera San Xavier, subsidiaria de Metallica Resources de procedencia canadiense El Frente Amplio Opositor (FAO) es la organización que ha desarrollado la mayor oposición a la actividad minera por sus impactos en el agua, en el ambiente, en la salud de la población y efecto negativo en actividades alternativas que pueden desarrollarse en la zona. Activistas comunitarios han interpuesto al menos 30 recursos jurídicos en contra de ella, logrando sentencias en su favor, pero al mismo tiempo la minera recurrió a amparos y aun sin aval ambiental continuó la explotación. Señalan que la compañía los ha demandado penalmente y han recibido amenazas. La empresa minera no cumplió con las expectativas de infraestructura urbana y de mejoras en el desarrollo de los habitantes de la región. En 2014 anunció que paulitinamente se daría el cierre, sin embargo no lo ha oficializado ni ha informado del programa de remediación de la zona al que se comprometió.

San Luís Potosí

Derecho al territorio Proyectos Mineros

Tamasopo La Palma

Indígenas de la localidad La Palma, municipio de Tamasopo, exigen la salida de la minera VicMar, del estado de Hidalgo, que argumentó que había obtenido permisos de la autoridad municipal y había comprado unas hectáreas en el lugar conocido como “Pozos Cuate” para extraer material de relleno. Sin embargo, los habitantes señalan que a través de una resolución del Tribunal Unitario Agrario, los indígenas Xi Oui (panes) son los posesionarios de esas tierras, las cuales son comunales y no ejidales, además de que el pasado 19 de abril de 2017 la SCJN ratificó a La Palma como comunidad indígena. Esta situación ha generado enfrentamientos verbales entre los comuneros y la empresa, por lo que piden se lleve a cabo una mesa de diálogo ya que no están dispuestos a permitir la entrada de la minera, porque no se les consultó al respecto.

San Luís Potosí


Tamazunchale

Pobladores de Palictla, municipio de Tamazunchale, integraron una policía comunitaria ante el incremento de inseguridad en la región. Los pobladores conformaron un grupo de 18 civiles cuya función será la de detener a los que infrinjan la ley, cometan una falta administrativa o algún delito, aunque tienen que pedir apoyo de la policía municipal para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

San Luís Potosí

Dereho a la consulta Proyectos de gasoducto

Matlapa Axtla de Terrazas

Chalchitépetl Chimalaco

Habitantes de las comunidades indígenas Chalchitépetl (municipio de Matlapa) y Chimalaco (municipio de Axtla de Terrazas) se oponen que la construcción de un gasoducto de la empresa Enercitro, que respalda la trasnacional española Iberdrola, pase por sus tierras, al señalar que no fueron consultados ni informados sobre el proyecto. Ante esta situación interpusieron amparos y el 6 de junio el juez quinto de Distrito concedió la suspensión provisional y finalmente la suspensión definitiva de las obras el 20 de julio, mientras se atiende el fondo del amparo.

Querétaro Derecho al territorio Proyectos Mineros

Tolimán San Antonio de la Cal

Indígenas de la comunidad de San Antonio de la Cal, del municipio de Tolimán, rechazan la instalación de una planta de flotación para obtener antimonio, plata y oro, por los rechazos al medio ambiente y a la salud de los habitantes tanto de esta localdiad como de Bernal, municipio de Ezequiel Montes. El regidor de la localidad de San Antonio de la Cal señaló que los permisos de cambio de uso de suelo otorgados a la empresa para la instalación de esta planta, tenían anomalías y falta de requerimientos que fundamentaban la legalidad de los procesos, por lo que fueron revocados.

Quintana Roo Derecho a los servicios básicos en la vivienda

Derechos Indígenas

Felipe Carrillo Puerto

Indígenas mayas del municipio de Felipe Carrillo Puerto denuncian altos cobros en el servicio de agua y reclaman instalación de medidores. En agosto de 2014 tomaron las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), pero fueron desalojados por elementos policiacos que detuvo a varias personas. Un juez penal dictó auto de formal prisión por sabotaje a los indígenas Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, dirigentes del Consejo de Colonias Populares; a los otros nueve detenidos se les acusó de ultraje a la autoridad, lesiones y motín, lo cual les permitió salir libres bajo fianza. El 30 de agosto fue detenido el periodista y activista maya Pedro Celestino Canché Herrera acusado también de sabotaje en agravio de la CAPA. Al ser aprehendido llevaba un amparo que no se respetó y que había tramitado luego de su apoyo al COCOPO. El 5 de mayo de 2015 Esquivel y Cab y Brito Piña salieron de la cárcel y el 29 de ese mismo mes fue liberado el activista maya Pedro Canché.

Quintana Roo Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

Bacalar

Campesinos y apicultores indígenas del poniente de Bacalar, en Quintana Roo, interpusieron un amparo contra el permiso para la liberación comercial de soya genéticamente modificada para su siembra en 253 mil 500 hectáreas en siete estados, entre ellos, el quintanarroense. Los labriegos, integrantes del Colectivo de Semillas Much´ Kanan Iinaj, se sumaron al rechazo a la soya transgénica de sus homólogos de Yucatán y Campeche, quienes también interpusieron un amparo. Investigadores de Ecosur Chetumal confirmaron la presencia de soya transgénica en los ejidos Salamanca y Blanca Flor, en el municipio de Bacalar. El paquete tecnológico y el sistema de producción con base en agroquímicos pone en peligro nuestra forma de vida y el territorio en el que vivimos, comentó José Manuel Jesús Puc, uno de los campesinos que interpusieron el amparo. Se violó el derecho constitucional de las comunidades a una consulta previa, libre e informada, sostuvo

Quintana Roo Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

Bacalar Othón P. Blanco

Las comunidades indígenas de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar se manifestaron en contra de la siembra de soya transgénica en sus tierras al considerar que se ponía en peligro su forma de vida y sus tierras, por lo que interpusieron recursos legales, a lo que en abril de 2017 la SCJN anuló parcialmente el permiso de la empresa Monsanto al señalar que no fue respetado el derecho de consulta previa de acuerdo a los tratados internacionales, y que la que se realizó fue culturalmente inadecuada, por lo que tendrán que llevar a cabo nuevamente el proceso la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sinaloa Derecho al territorio Derechos Indígenas

Ahome Carricitos

Indígenas ejidatarios de Carricitos, municipio de Ahome, denunciaron penalmente ante la PGR a Rubén Félix Hays por el delito de despojo, en relación a la venta de alrededor de 450 hectáreas; Félix Hays se deslinda de las acusaciones y señala que es una campaña en su contra y que hace cinco años, junto con otros inversionistas compraron terrenos a los ejidatarios del Carricito pagándoles en tiempo y forma la cantidad establecida para después iniciar con el procedimiento para la regularización de los predios.

Sinaloa Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales

Medioambiente Ahome Topolobampo

Indígenas mostraron su rechazo a la instalación de la planta de amoniaco de Topolobampo, municipio de Ahome, por considerar que la planta viola los procedimientos que marcan las leyes en la materia,

que se construyó sin dictamen de impacto ambiental y cambio de uso de suelo; además, por el daño que ocasiona al medio ambiente y el peligro que representa para las comunidades en la región

Sinaloa Derecho a la consulta Proyectos de infraestructura

Ahome San Miguel Zapotitlán

Indígenas exigen se cumpla con la consulta como se establece en el convenio 169 de la OIT en relación a la planta de ciclo combinado que se construye en el ejido Choacahui, perteneciente al poblado de San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome, a fin de que participen en la toma de decisiones para poner en operación una planta de estas características y exigir a la empresa compromisos sociales de beneficios de las comunidades de la región.

Sonora Derecho al territorio Agrario

Indígenas yaquis demandan la restitución del predio La Cuchilla, más de 40 mil hectáreas, que les fueron expropiadas en 1997 mediante un decreto presidencial, en beneficio de particulares, y por las que se fijó un pago de 40 millones de pesos, que ho han aceptado, al señalar que no todos los pueblos yaquis consintieron la transacción realizada.

Sonora Derecho al Teritorio Derecho a la conservación de su cultura

Agrario Isla Tiburón

México.- Autoridades agrarias y de medio ambiente dejan en la indefensión a los indígenas comcáac (seris) que se oponen a los megaproyectos turísticos, mineros y eólicos que pretenden desarrollar empresarios estadunidenses y sonorenses en la Isla Tiburón -catalogada como reserva ecológica- y en la sierra Punta Chueca. El Grupo de Defensores del Territorio Comcáac, integrado por hijos de los comuneros indígenas, expuso que lograron detener una de las seis concesiones mineras autorizadas, pero este año muchas cosas pueden cambiar. Señalan que han recibido amenazas por defender el territorio de sus ancestros. Desde hace dos años los indígenas han manifestado su oposición al desarrollo de los megaproyectos que con el aval del actual presidente de bienes comunales de Isla Tiburón se pretenden iniciar en su territorio, que comprende 210 mil hectáreas, pero sin la aprobación de la asamblea. Los proyectos mineros que se otorgaron a Jesús Olivarría Galindo y a Roberto Rogelio Molina Martínez para la explotación de oro, plata, cobre y hierro en la sierra de Punta Chueca, agregaron, no tienen fundamento legal; no han presentado la manifestación de impacto ambiental. En el caso de la empresa Tiburón, Agua y Electricidad, representada por estadunidenses, se dio una copia del resumen del estudio oceanográfico. En dicho documento se establece que se puede desarrollar un proyecto de generación de energía

eléctrica mediante mareas y abastecer a Sonora y Baja California, además pretenden desalinizar el agua del mar, argumentan que con ambos desarrollos se bajarán los precios del agua y de la energía eléctrica, pero nunca se consultó a la comunidad. De acuerdo con el proyecto, los empresarios sugieren que una parte de los ejidatarios que están en Punta Chueca sean reubicados más adentro, en una reserva creada para ellos; que no se acerquen al desarrollo hotelero y turístico que quieren instalar.

Sonora Derecho al libre Transito Derecho al territorio

Derechos Indígenas

Caborca Sáric Altar Plutarco Elías Calles

Indígenas Tohono O’odham de Sonora, ubicados en los municipios de Caborca, Sáric, Altar y Plutarco Elías Calles, demandan el reconocimiento y titulación del territorio que les pertenece, y se oponen a la construcción de un muro fronterizo con Estados Unidos, al señalar que dividiría las tierras ancestrales de esta etnia binacional que tiene de ambos lados sitios significativos de su identidad cultural, además de afectar el ecosistema de la zona. En 1928 un decreto del presidente Plutarco Elías Calles constituyó el ejido Congregación del Pozo Verde, con el que se confirmaron los derechos a los pápagos sobre 2.8 hectáreas. Sin embargo, una serie de decretos en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, puso a disposición de la Comisión Nacional de Colonización la tierra que ocupaba la etnia Tohono O´odham, hectáreas que fueron repartidas a propietarios particulares. La etnia Tohono O´odham considera que el reparto masivo de sus tierras puso en peligro de desaparecer a su cultura, al convertirlos en invasores de su propio hogar, mientras que otorgaba derechos de su territorio a verdaderos invasores. En agosto de 2016, representantes de los pápagos solicitaron la intervención de la SEDATU y la CDI para buscar una solución al conflicto de tierras, sin que hasta la fecha se tengan resultados. Por otra parte, ante la postura del Presidente estadounidense de edificar un muro en la frontera, la Gobernadora étnica de Pozo Prieto informó que presentarían una petición a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar esa obra que debilitaría su cultura.

Sonora Derecho al debido proceso Politico social

Indígenas yaquis demandan la liberación de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, líderes yaquis detenidos en septiembre de 2014 acusados de los presuntos delitos de secuestro y robo de auto, y quienes se oponían a la operación del Acueducto Independencia Organizaciones nacionales e internacionales, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos llevaron a cabo acciones para exigir su libertad al señalar irregularidades en el proceso judicial y por considerarlos presos politicos. Estas detenciones fueron una de las razones por las que la tribu Yaqui decidió suspender el proceso de consulta que se llevaba a cabo, por considerarlo como un hecho de amenaza y hostigamiento.

Sonora Derecho a la vivienda Programas y Servicios Gubernamentales

Las comunidades indígenas de Sonora demandan construcción de viviendas dignas, debido a que las que habitan están hechas a base de carton, carrizo y lodo, por lo que son vulnerables ante los fenómenos naturales. Señalan que hay un rezasgo de 8 a 10 mil viviendas, por lo que solicitan se hagan efectivos los programas establecidos para ellos.

Sonora Derecho al agua Programas y Servicios Gubernamentales

San Luis Río Colorado

Indígenas del ejido Pozas de Arvizu, del municipio de San Luis Rio Colorado, exigen a los gobiernos federal y estatal un proyecto integral para el suministro de agua potable a su comunidad.

Sonora Derecho al Teritorio Proyectos de infraestructura

Bácum Loma de Bácum

Pueblos yaquis se oponen a la construcción del gasoducto que pasará por su territorio, y que transportará gas desde El Sásabe, Sonora, hasta el Puerto de San Blas, Sinaloa, por la falta de información sobre este proyecto. ACCIONES: La Secretaría de Energía realiza una consulta a los pueblos yaquis; Vícam, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis, Belem y Cócorit (Loma de Guamúchil) aceptaron la obra, mantiene su oposición Loma de Bácum.

Sonora Derecho al agua Proyectos Hidraulicos

Los ocho pueblos Yaquis se oponen al Acueducto Independencia, que el Gobierno de Sonora proyectó para llevar agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, sin informar y consultar previamente a la etnia, quien por decreto presidencial de 1940, se le reconoce el derecho al agua de dicho río, por lo que disponen de la mitad del líquido de la presa La Angostura para uso agrícola. Ante esta situación, los indígenas yaquis interpusieron recursos legales para frenar la operación de dicha obra; sin embargo en noviembre de 2012 fue inagurada la obra, por lo que iniciaron una serie de acciones y protestas, que incluye el bloqueo a la carretera federal México-Nogales, en el tramo de la comunidad de Vicam. En mayo de 2013, la SCJN resolvió que se debe elaborar una nueva resolución de impacto ambiental sobre la operación del Acueducto, así como realizar una consulta a la tribu yaqui para determinar la posible afectación a sus derechos. Este proceso se inició en septiembre de ese mismo año, pero se mantiene suspendido. Los pueblos yaquis continúan con su demanda de que se suspenda la operación de la obra. Integrantes de la tribu yaqui señalaron que la Semarnat quiere imponerles una multa (mil salarios mínimos) por no concluir la consulta sobre el Acueducto Independencia, aunque el resultado de ésta no tiene efecto en el manifiesto de impacto ambiental y solo esperan su conclusión por un trámite administrativo, por lo que pidieron la suspensión de la consulta. Asimismo, manifestaron su descontento por la posible liberación del exgobernador Guillermo Padrés Elias, a quien señalan de ser responsable de la construcción del acueducto.

Sonora Derecho al agua Proyectos Hidraulicos

Alamos

Los indígenas guarijíos señalaron que sus autoridades tradicionales fueron engañadas para obtener la autorización para la construcción de la presa Pilares-Bicentenario, en la cuenca del río Mayo, en el municipio de Alamos, y que no fueron consultados ni informados sobre el proyecto, que primero sería una presa hidroeléctrica y ahora se dice que será de contención. La tribu sostiene que la presa no tendrá ningún beneficio para la zona y sus habitantes, sino que se trata de un proyecto cuyo fin es desviar agua a las minas que se encuentran en la región, para beneficio de los propietarios de éstas y en detrimento de la tribu. Denunciaron amenazas y hostigamientos contra sus asesores, por lo que solicitaron medidas precautorias. En julio de 2013, gobernadores tradicionales pactaron con el Gobierno estatal avalar

la construcción de la obra a cambio de más tierras, electrificación de comunidades, reubicación de poblaciones que se verían afectadas, así como viviendas. A principios de 2015, la obra llevaba un avance del 40 por ciento, pero por la falta de recursos, la construcción se ha retrasado.

Sonora Derecho al Teritorio Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales

Proyectos Mineros

Sahuaripa Mulatos

Ejidatarios de la localidad Mulatos, municipio de Sahuaripa, denunciaron irregularidades de la Mina de Oro Nacional, de la empresa canadiense Alamos Gold, por daños al medio ambiente, a la salud y a sus viviendas derivadas de las explosiones constantes, que ha llevado a un deterioro económico en la zona y a que la gente venda sus propiedades a bajo costo para marcharse a otros lugares. Por lo anterior, solicitan a las autoridades se investigue el daño ecológico y económico que ha generado la empersa canadiense e interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos HUmanos para su intervención.

Veracruz de Ignacio de la Llave

Derecho al territorio Agrario Soteapan

Indígenas popolucas de la sierra de Santa Marta, del municipio de Soteapan, reclaman la indemnización por las tierras que les fueron expropiadas para la conformación de la Biosfera de Los Tuxtlas en 1998. Señalan que no fueron reubicados ni indemnizados, por lo que han llevado a cabo protestas.


Derecho a la vivienda Derechos Indígenas

Zongolíca Tlanecpaquila

Indígenas de la congregación de Tlanecpaquila, municipio de Zongolica, se niegan a desalojar el casco de la ex hacienda donde hay escuelas, cancha deportiva, comedor comunitario, centro de salud y una iglesia. Con base al juicio de amparo 439/2014, el representante legal de la familia que se dice dueño de la ex hacienda de Tlanecpaquila, se adjudicó la propiedad para lo cual requirió apoyo de la fuerza pública para tomar posesión del inmueble. El líder de la congregación dijo que los indígenas no permitirán que el presunto dueño tome posesión de estas tierras, ya que desde hace 20 años, se construyeron diversos edificios públicos que están al servicio de la población.


Derecho al trabajo Proyectos de infraestructura

Orizaba

Comerciantes indígenas del municipio de Ixhuatlancillo, que venden en el centro de la ciudad de Orizaba, demandan espacios para vender, luego del reordenamiento que realizaron las autoridades municipales, quienes les ofrecieron lugar en el mercado de artesanías que se construyó, pero ellas

exigen espacios en el mercado Melchor Ocampo. Ante la detención de uno de sus compañeros, se originó un enfrentamiento entre las partes. Los habitantes de Ixhuatlancillo amenazaron con cerrar el paso de agua hacia Orizaba y dos personas se pusieron a huelga para exigir la atención del gobierno municipal. En el asunto intervinieron autoridades estatales, federales, legisladores y la CEDH para encontrar una alternativa de solución.




Amatlán de los Reyes Córdoba Fortín Ixtaczoquitlán Cuichapa Yanga

Comunidades indígenas se oponen a la construcción del megaproyecto Hidroeléctrica Naranjal, que afectará una superficie de 93.31 hectáreas ubicadas en los municipios de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Cuichapa y Yanga, la mayoría áeras forestales. Señalan que la SEMARNAT autorizó la obra y supuestamente notificó a todos los municipios involucrados, pero los presidentes municipales niegan haber recibido la notificación, y los habitantes se manifiestan en contra porque tampoco les han consultado Añaden que con la obra se verían afectados por el despojo de tierras y agua, además de los daños medioambientales.




Tatatila Altotonga

Comunidades de los municipios de Altotonga y Tatatila exigen que se les informe sobre el Proyecto de El Águila, de la empresa Central Hidroeléctica El Águila SAPI de CV, en los ríos Minas, Santa Rita y Bobos. Se han manifestado porque no conocen sobre la obra, las comunidades que se verán afectadas ni se les ha consultado a respecto.




Zongolica

Las comunidades indígenas de Palulca, municipio de San Juan Texhuacán, y Aticpac, municipio de Zongólica, denunciaron que no han recibido los apoyos, sobre todo de infraestructura, que les prometió la empresa Electricidad del Golfo, S.A., para la instalación de una hidroeléctrica en la sierra de Zongólica, a pesar de que la obra está a punto de entrar en funcionamiento.


Derecho al territorio Derecho al agua


Zongolica

Comunidades indígenas de la parte alta de la Sierra de Zongolica, demandan respeto a sus tierras, cerros y ríos ante el proyecto hidroeléctrico de la empresa Electricidad del Golfo, que lleva a cabo en los ríos Apatlahuaya y Zongolica, de los cuales se abastecen de agua las localidades..


Derecho al territorio Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales

Proyectos Mineros

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Habitantes del municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios se oponen al proyecto minero a cielo abierto Caballo Blanco, de la empresa canadiense Gold Group, que se ubica a tres kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, y que cuenta con la autorización ambiental de SEMARNAT y PROFEPA para trabajos de exploración, por las afectaciones medioambientales y la seguridad de la población ante un posible accidente nuclear. El ayuntamiento negó el cambio de uso de suelo a la empresa que pretendía realizar trabajos de explotación, lo que generó que la empresa detuviera el proyecto. En mayo de 2015, Gold Group vendió los derechos de este proyecto a la empresa Timmins Gold.



Zongolica

Indígenas de la Sierra de Zongolica y otros municipios de la zona centro del estado señalaron que ante la inseguridad y el incremento de delitos,crearon una agrupación llamada Resistencia Civil Veracruzana, con el objetivo de organizar grupos de vigilancia y seguridad contra el crimen organizado sin estar armados, por lo que solicitan su reconocimiento para poder utilizar armas para su defensa propia.


Derecho a la consulta Proyectos Petroleros

Papantla

Comunidades indígenas de Papantla, Veracruz, han manifestado su rechazo a la exploración y explotación de pozos petroleros bajo la técnica de fracturación hidráulica (fracking) en esa región, al considerar que ocasionaría daños ambientales y a la salud de la población. Se organizaron a fin de interponer un amparo colectivo que frene dichos proyectos.


Derecho a la consulta Proyectos Petroleros

sureste de veracruz

Pobladores de los municipios de Soteapan, Tatahuicapan, Mecayapan, Pajapan, Hueyapan de Ocampo, Zaragoza y Cosoleacaque crearon el Consejo Indígena de Pueblos Náhuatl-Popolucas del Sur de Veracruz para proteger sus ejidos del "fracking". Agregaron que defenderán sus tierras ya que consideran que la llegada de empresas extractivas dañarían su forma de vida y contaminarían los ríos, cascadas y pozos de agua. Agregaron que no se les ha dado información ni consultado sobre los proyectos.

Tabasco Derecho a la vivienda Proyectos Petroleros

Nacajuca

Indígenas chontales de Nacajuca, exigen que Pemex, Conagua y Comesa les paguen las afectaciones a sus propiedades por diversos factores, principalmente inundaciones y explosión en pozo petrolero.

Tabasco Derecho a la conservación y disfrute de los recursos naturales

Medio ambiente Nacajuca Jalpa de Méndez

Indígenas Chontales de los municipios de Nacajuca y Jalapa de Méndez demandan solucionar la contaminación que ha provocado la quema de gas en el pozo Terra 123 de PEMEX y que ha provocado la muerte de unos 30 mil peces en dos viveros.

Tabasco Derecho al debido proceso Seguridad y justicia

Teapa

Indígenas choles y tzotziles del municipio de Ixtapangajoya, Estado de Chiapas, colindante con el estado de Tabasco, demandan la liberación de seis compañeros que fueron detenidos en el 2013, por policías de Tabasco, por la disputa de un predio de 285 hectáreas y llevados presos al penal de Teapa, Tabasco, por lo que han realizado diversas manifestaciones solicitando la atención del conflicto penal y agrario. El problema se suscitó cuando los indígenas de Chiapas gestionaron, a través de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, (MOCRI-CNPA MN), la adjudicación de tierras del predio denominado Dr. Rafael Pascasio Gamboa, que estaban sin dueño y que llevan usufructuando por más de 30 años.Sin embargo, al realizar los trámites correspondientes, un grupo de personas que refirieron ser los propietarios se resistieron a que la comunidad de indígenas se adjudicaran las tierras, teniendo confrontaciones verbales y físicas con los pobladores, además de denunciar a algunos indígenas por delitos del fuero común: asociación delictuosa, daños y despojo. .

Tabasco Derecho a la seguridad Seguridad y justicia

Centro Buenavista

Indígenas de la comunidad de Buenavista, municipio del Centro, exigieron a las autoridades frenar la inseguridad que prevalece en la zona indígena y que de lo contrario, los pobladores están dispuestos a hacer justicia por propia mano, incluso llegar al linchamiento de delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que implementará una caseta de vigilancia, retenes y rondines en la zona a fin de contrarrestar los niveles delictivos.

Zacatecas Derecho al territorio Proyectos Mineros

Mazapil Cerro Gordo

29 ejidatarios de Cerro Gordo, municipio de Mazapil, denuncian amenazas, luego que autoridades agrarias ordenaron la restitución de 599 hectáreas que habían rentado a la empresa minera Peñasquito, filial de la canadiense Goldcorp

Yucatán Derecho a la autodeterminación Derechos Indígenas

Merida

Apicultores mayas de Yucatán se manifestaron en contra de los permisos otorgados a la empresa Monsanto para la siembra de soya transgénica, por lo que han interpuesto recursos legales para impedir la acción. El asunto está siendo analizado por la SCJN. Por su parte, el Gobierno estatal ha señalado que hay indicios de posibles daños que estaría causando tanto a la salud de las personas como al entorno natural de la región el uso de pesticidas asociados a las semillas transgénicas, por lo que respalda la petición de los productores de miel de que 10 municipios sean

declarados libres de semillas transgénicas. En octubre de 2016, el Gobierno de Yucatán emitió un decreto que declaraba esa entidad como libre de cultivos transgénicos, el cual fue impugnado por el Gobierno Federal ante la SCJN.

Yucatán Derecho al territorio Proyectos eólicos Izamal Kimbilá

Pobladores del ejido de Kimbilá, municipio de Izamal, se enfrentan a un conflicto interno por el proyecto para construir un parque eólico por parte de la empresa española Elecnor. En principio no hay datos precisos sobre la extensión del ejido, ni planos para determinar dónde se instalarían los generadores. Por otra parte, los 573 ejidatarios se han dividido en tres grupos: el más reducido de ellos está encabezado por autoridades ejidales que pretenden acelerar el proceso para realizar el proyecto; otro grupo se opone totalmente, y otro está de acuerdo pero pone como condición negociar para llegar a un acuerdo que no afecte a los ejidatarios, y que en las discusiones se incluya también a los pobladores de la comisaría citada. Los indígenas que se oponen manifiestan que no han sido consultados ni informados del proyecto y temen que este afecte el medio ambiente y sus actividades, principalmente la apicultura. Además, acusaron al Comisariado Ejidal de hacer tratos ocultos con la empresa, asambleas que no cumplen con los requisitos, por lo que también han acusado a la Procuraduría Agraria de permitir estos contubernios.

Yucatán Derecho a la conservación de la cultura

Proyetos de infraestructura

Homún

Pobladores mayas de Homún se oponen a la instalación de una granja porcícola que se construye en el municipio. Agregaron que las autoridades dieron la autorización al proyecto sin haber consultado a la población. Homún es un pueblo de tradiciones ancestrales y rodeado de cenotes con los que mantiene una estrecha relación cultural y simbólica. Está ubicado en la reserva geohidrológica "Anillo de Cenotes" y, además, está ubicado en la zona de "recarga" de dicha reserva, que prohíbe expresamente actividades que no sean compatibles con el cuidado del medio ambiente o que tengan un impacto negativo en los ecosistemas. Ante esta situación, se constituyó una organización denominada Kaanan Tsonot (Guardianes de los cenotes). Los habitantes temen que la granja contamine el agua de esos sitios, con resultados catastróficos para la vida de la comunidad y de la región.

Yucatán Derecho al territorio Derecho a la consulta

Proyectos eólicos Motul Cansahcab Sinanché

Autoridades y habitantes de los municipios de Motul, Cansahcab, Sinanché y Suma denuncian que las empresas Alldesa Energías Renovables de México, Aldener, Fuerza y Energía Limpia de Yucatán y BHC, en complicidad con las delegaciones de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por medio de sobornos, presiones, contratos amañados, han despojado de miles de hectáreas cientos de ejidatarios para instalar los parques eólicos Chacabal, Chacabal II, Sinanché y Cansahcab, sin que haya existido una consulta previa, libre e informada. Por lo que los ejidatarios ya han iniciado con demandas legales por estos proyectos.

Tlaxcala Derecho al territorio Politico social Todo el estado

Indígenas nahuas de Tlaxcala, a través del Consejo Tiyat Tlali, han manifestado su oposición a los megaproyectos en todo el estado, lo que les ha generado amenazas y hostigamiento por parte de autoridades y empresas para que cedan sus bienes y tierras

Puebla Hidalgo Veracruz


Proyectos de Gasoductos

Indígenas de Puebla, Hidalgo y Veracruz se oponen a la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, que tendrá una longitud de 283 kilómetros con ductos de 36 pulgadas de diámetro, capacidad de transporte de 886 millones de pies cúbicos diarios, al argumentar posibles riesgos ambientales y riesgos por su cercanía a las poblaciones, además de la violación al derecho a la consulta indígena. La empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de Transcanada, ganó la licitación para la prestación del servicio de transporte de gas natural en el gasoducto con una oferta técnica y económica de aproximadamente 297 millones de dólares. Ante los reclamos y manifestaciones, Secretaría de Energía pretende llevar a cabo una consulta indígena, sin embargo las comunidades mantienen su negativa y piden la cancelación total de la obra. Los habitantes han expresado ante representantes de la ONU las violaciones en el proceso, por lo que autoridades federales y estatales buscan reponer el procedimiento de consulta.

Morelos Derecho a la consulta Derecho al territorio


Comunidades indígenas del Estado de Morelos se oponen al Proyecto Integral Morelos, consistente en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, obras que atravesarían los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Derivado de ello han sido víctimas de denuncias y hostimamientos los representantes y organizaciones que los apoyan, como es el caso del Consejo Tiyat Tlali y del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este frente reune los esfuerzos de las comunidades y organizaciones en los tres estados contra el Proyecto Integral Morelos, que pretende, a pesar de las recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), instalar las obras. Por otra parte, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), consider que las amenazas y hostigamiento que ha recibido recientemente se deben al asesoramiento que otorgan a pueblos que se oponen a los megaproyectos en Morelos

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