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BOLETÍN COYUNTURAL Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “BG. Ricardo Charry Solano” El Boletín Coyuntural “Inteligencia Estra- tégica”, es una publicación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano”, que busca analizar algunas problemáticas o fenóme- nos relevantes en materia de defensa y se- guridad nacional e internacional, desde la perspectiva académica propia de las líneas de investigación de la Escuela. Además, el lector tendrá un valor agre- gado al consultar nuestra publicación. Si bien los acontecimientos a proponer son expuestos en medios de comunicación masivos, “Inteligencia Estratégica” apela a teorías, marcos explicativos y estudios cien- tíficos que permitirán sobrepasar el proceso informativo, con el propósito de construir conocimiento y disertación en torno a los fenómenos suscitados. ACERCA DE LA PUBLICACIÓN Centro en Investigación en Guerra Asimétrica (CIGA) Departamento de Ciencia, Tecnología, Investigación y Doctrina (DECTID) Este documento tiene todos los derechos reservados y es exclusivo por parte de sus editores en su reproducción. El presente artículo es resultado del ejercicio práctico de investigación académica, y corresponde intrínsecamente al pensamiento y posición del o los autores, por lo tanto, no representa la posición oficial o institucional de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia- “BG. Ricardo Charry Solano”. COMPARACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA SEGUNDO GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS VERSUS ACTUAL DEL PRESIDENTE IVÁN DUQUE Fuente: Semana, 2018 Imagen 1: El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto a su sucesor, el actual presidente de Colombia, Iván Duque. Por: María Alejandra Dueñas Rondón 21 de Febrero de 2019 EDICIÓN N° 10 DE 2019

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BOLETÍN COYUNTURAL

Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia“BG. Ricardo Charry Solano”

El Boletín Coyuntural “Inteligencia Estra-tégica”, es una publicación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “Brigadier General Ricardo Charry Solano”, que busca analizar algunas problemáticas o fenóme-nos relevantes en materia de defensa y se-guridad nacional e internacional, desde la perspectiva académica propia de las líneas de investigación de la Escuela.

Además, el lector tendrá un valor agre-gado al consultar nuestra publicación. Si bien los acontecimientos a proponer son expuestos en medios de comunicación masivos, “Inteligencia Estratégica” apela a teorías, marcos explicativos y estudios cien-tíficos que permitirán sobrepasar el proceso informativo, con el propósito de construir conocimiento y disertación en torno a los fenómenos suscitados.

ACERCA DE LA PUBLICACIÓN

Centro en Investigación en Guerra Asimétrica(CIGA)

Departamento de Ciencia, Tecnología, Investigación y Doctrina

(DECTID)

Este documento tiene todos los derechos reservados y es exclusivo por parte de sus editores en su reproducción. El presente artículo es resultado del ejercicio práctico de investigación académica, y corresponde intrínsecamente al pensamiento y posición del o los autores, por lo tanto, no representa la posición oficial o institucional de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia- “BG. Ricardo Charry Solano”.

COMPARACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA SEGUNDO GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS VERSUS

ACTUAL DEL PRESIDENTE IVÁN DUQUE

Fuente: Semana, 2018

Imagen 1: El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto a su sucesor, el actual presidente de Colombia, Iván Duque.

Por: María Alejandra Dueñas Rondón21 de Febrero de 2019

EDICIÓN N° 10 DE 2019

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RESUMEN

El proceso de paz con las FARC-EP fue determinan-te para el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos como para el actual gobierno, de-bido a que ello permitió desarrollar sus planes de gobierno de acuerdo a los retos que se produjeron durante el proceso de implementación. Así mismo, las políticas de seguridad y defensa pretenden pro-teger a los ciudadanos comprendiendo múltiples procesos de innovación de carácter estratégico.

PALABRAS CLAVES

Política, seguridad, defensa, plan de desarrollo, proceso de paz, innovación, ciudadanos.

ABSTRACT:

The peace process with the FARC was decisive for the second presidential term of Juan Manuel San-tos as well as for the current government, due to the fact that they allowed their government plans to be developed according to the challenges that occurred during the implementation process. Li-kewise, security and defense policies aim to pro-tect citizens by understanding multiple innova-tion processes of a strategic nature.

KEY WORDS

Politics, security, defense, development plan, pea-ce process, innovation, citizens.

INTRODUCCIÓN

La situación política, social y económica de Colom-bia para el año 2014 se basó dentro de un marco de debate nacional, ya que el proceso de paz que se desarrolló en La Habana fue un factor decisivo, ya que definió la reelección presidencial de Juan Manuel Santos, sus planes de gobierno, y las elec-ciones parlamentarias.

El desarrollo de las conversaciones, entre el Go-bierno Nacional y las FARC-EP, tenía como objetivo brindar soluciones bajo los principios constitucio-nales y de soberanía nacional, y de esa manera ga-rantizar el tránsito de la guerra a la paz mediante mecanismos jurídico-políticos. (Alto comisiona-do para la paz, 2014) de igual manera, el proceso de paz definió el plan de gobierno del segundo mandato de Juan Manuel Santos, que tenía como pilares la paz, la equidad y la educación y de esa manera poder cerrar las brechas de desigualdad social y económica. No obstante, la inconformi-dad de algunos sectores políticos con el proceso de paz, permitió que la polarización se desarro-llara mediante el miedo, el radicalismo y la estig-matización, dando como resultado un panorama económico y social, desfavorable, dificultando su gobernabilidad. (CNC, 2018)

El candidato del partido Centro Democrático; partido considerado el principal opositor del Go-bierno Santos y del proceso de paz; Iván Duque Márquez, asume la presidencia el 7 de agosto de 2018. Sus principales pilares de gobierno son la le-galidad, el emprendimiento y equidad, mediante tres ejes transversales en materia de infraestructu-ra, sostenibilidad ambiental e innovación. (Banco mundial, 2018)

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El gobierno de Iván Duque, ha insistido en la austeridad y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, y de esa manera poder re-mover los obstáculos y trasformar las condiciones que hagan posible el crecimiento económico y la equidad de oportunidades. (Banco mundial, 2018)

Por lo tanto, para este boletín se tendrá en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo del segun-do mandato de Juan Manuel Santos, debido a que durante su segundo mandato se logra firmar el acuerdo de paz y comenzar con su implementa-ción y del gobierno de Iván Duque, enfocado es-pecialmente a la política de seguridad y defensa.

¿QUÉ ES UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL?

Una Política de Seguridad y Defensa Nacional es una Política1 de Estado que tiene como objetivo orientar la selección, preparación y utilización de los medios desarrollados por el Estado para la ob-tención y mantenimiento de la Seguridad Nacio-nal, tanto en el frente externo como en el interno. Este tipo de políticas están constituidas por unos lineamientos generales que tienen como fin es-tructurar, coordinar y armonizar los esfuerzos en los campos de acción del Estado. La Defensa y el Desarrollo2, son pilares que tienen este tipo de po-líticas, con el fin de hacer frente a los obstáculos, riesgos, amenazas o desafíos contra la seguridad y los intereses del Estado. Los Intereses Nacionales están constituidos por las necesidades y aspiracio-nes que posee la Nación, que se traducen en Ob-jetivos Nacionales. (Banco de la Defensa Nacional)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018, TODOS POR UN NUEVO PAÍS: SEGU-RIDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

El Plan Nacional de Desarrollo del segundo pe-riodo presidencial de Juan Manuel Santos, tenía como base la consolidación de la paz y romper con un legado histórico de conflicto armado, consta de dos tomos divididos en ocho y seis capítulos. La política de seguridad y defensa se encuentra en el tomo uno en el capítulo ocho y tiene como nombre “Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz”.

La política de seguridad y defensa de Juan Manuel Santos, se enfocó en dos puntos centra-les: primero en el fortalecimiento de los roles del Estado para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, lo cual incluye asuntos de seguridad y defensa, justicia, democracia y derechos hu-manos, política criminal y política integral frente a las drogas; el segundo, las políticas en justicia transicional y derechos de las víctimas, orienta-das específicamente a superar las consecuencias del conflicto armado, las cuales serían de carácter transitorio y de esa manera avanzar hacia la paz.

Con respecto al primer punto propuesto, plan-tea que la seguridad y defensa ha avanzado fa-vorablemente como consecuencia del trabajo sostenido de la Fuerza Pública y el apoyo de per-manente de los ciudadanos. Dando como resul-tados operacionales la reducción de las acciones de las estructuras delincuenciales, contribuyendo al mejoramiento del ambiente de seguridad en el territorio nacional. Adicionalmente, las zonas fron-terizas se encontraban afectadas por múltiples problemáticas derivadas de la presencia de ac-

1 Política: Actividad o praxis humana que se encuentra estrecha-mente vinculado con el poder. (Bobbio, 2005)2Desarrollo: Actividad tiene como propósito estimular y facilitar las inte-racciones y concentraciones de los actores locales y agentes externos, y de esa manera incrementar las oportunidades. (Schejtman, 2004)

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tores armados ilegales y organizaciones crimina-les trasnacionales que desarrollan actividades de narcotráfico y tráfico ilegal de armas y explosivos, minería criminal y explotación ilícita de recursos naturales (Ministerio de Defensa, 2011). Esto hizo que el trabajo de las Fuerzas militares y la Policía Nacional estuvieran enfocados al cumplimiento del interés nacional y la configuración de condi-ciones de control territorial propiciando un am-biente de negociaciones del conflicto armado.

La conciencia de justicia de las personas afec-tadas por el conflicto armado, según la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas, muestra que el 51,19% de los encuestados no ven la nece-sidad de llevar las acciones delincuenciales ante la autoridad pertinente, ya que su trámite es lento y extenso. Por lo tanto, este punto pretende que los servicios de justicia se articulen entre los actores institucionales competentes e interoperabilidad de los sistemas de información y de modelos inte-grales de gestión, de esa manera poder mitigar la ausencia de procedimientos.

Así mismo, los retos importantes para el perio-do presidencial 2014 al 2018 en términos de de-mocracia y derechos humanos estaban enfocados en construir condiciones sostenibles y duraderas para la paz, mediante la relación de las capacida-des y los mecanismos institucionales, con el fin de generar consensos democráticos alrededor de modelos comparativos de sociedad.

De acuerdo con la Comisión Asesora de Políti-ca Criminal, menciona que la política criminal que se desarrolla en el país experimentaba falencias debido a ser reactiva, poco reflexiva, inestable e inconsistente, lo que hace que repercuta en el de-sarrollo de su gestión.

Por último, la política integral de drogas, tenía como objetivo acabar con las concentraciones de cultivos ilícitos en parques naturales y franjas fronterizas, ya que la problemática principal de se-guridad se encuentra asociada con el tráfico local de drogas ilícitas teniendo en cuenta que sus di-námicas se encuentran derivadas del incremento del consumo de sustancias psicoactivas, ya que la mayor oferta de nuevas drogas y la complejidad de la cadena de producción y tráfico de estupefa-cientes, permiten que se desarrolle un tratamien-to integral en la problemática de las drogas enfo-cadas en sus dinámicas de producción y consumo.

El segundo gran tema que aborda esta política, son los retos del fortalecimiento del Estado social para garantizar los derechos de las víctimas y la transición a la paz.

De acuerdo con el Registro Único de Victimas para el año 2014, en Colombia se habían afectado los derechos de 7.028.7762 personas por causas relacionadas con la violencia y el conflicto armado interno (UARIV, 2014), lo que representaba apro-ximadamente el 14 % de la población del país. El desplazamiento forzado, es considerado como un delito debido a la violencia y al conflicto armado interno, de esa manera el Estado ha orientado sus capacidades para garantizar los derechos de esta población y de esa manera poder generar una es-tabilización socioeconómica a través de acciones intersectoriales contenidas en las políticas sociales.

Otro punto importante de esta política tiene que ver con el tránsito de una sociedad en donde el con-flicto armado era latente a un escenario de paz. Esto implica que surjan desafíos en materia de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto ar-mado (Plan de desarrollo nacional, 2014) ya que la

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necesidad de implementar nuevas rutas de acción enfocadas a la continuidad de la implementación del acuerdo de paz que darían fin al conflicto ar-mado. Estas nuevas medidas incluyen procesos de profundización democrática, de reintegración de combatientes y de acciones que hagan compatible con la búsqueda de la paz y los deberes del Estado.

El propósito principal de esta política era in-crementar la confianza entre los ciudadanos, la percepción de seguridad y el ejercicio de sus de-rechos, buscaba reducir los fenómenos delictivos de mayor afectación al ciudadano. De esa manera, pretendían ejecutar planes y estrategias que con-centren los esfuerzos en aquellas áreas de mayor afectación a través de la priorización y la focaliza-ción de puntos críticos.

Con el fin de consolidar la paz en todo el terri-torio nacional los principios de no agresión y de cooperación internacional, el Gobierno Nacional mantuvo las capacidades disuasivas dentro de una postura estratégica de carácter defensivo lo que permitiría el cumplimiento del mandato cons-titucional y la prevención de amenazas potencia-les a nivel local, nacional.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022, PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD: PARA LA LEGALIDAD, EL EM-PRENDIMIENTO Y LA EQUIDAD

El plan de desarrollo nacional del presidente Iván Duque, tiene como objetivo sentar las bases de le-galidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr una igualdad de oportunidades para todos los colombianos, y de esa manera poder proyec-tar a largo plazo a que Colombia logre alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030.

La política de seguridad y defensa que planteó el presidente Iván Duque para su período presi-dencial, tiene como nombre “para la legalidad, el emprendimiento y la equidad” con el objetivo de responder a las amenazas y a los desafíos de segu-ridad desde un enfoque multidimensional con el fin de fortalecer la legitimidad estatal, el régimen democrático y el respeto por los derechos huma-nos, y de esa manera buscar, preservar y potencia-lizar los intereses nacionales ante actores foráneos. Es desarrollada en seis capítulos en donde explica la efectividad, coordinación de las instituciones y la ciudadanía, enfocando al Estado a combinar sus capacidades y recursos para garantizar la vigencia de la legalidad.

El primer capítulo hace referencia a las amena-zas y los desafíos a las que Colombia está expues-ta, debido a los importantes avances en materia de seguridad. Una de las principales amenazas a las que el país se encuentra expuesta está relacio-nada a la integridad territorial, debido a la ausen-cia de instituciones estatales y su frágil presencia en algunas zonas del territorio nacional esto hace que se den espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, permitiendo la marginalidad social, política y económica, la cual aprovechan los gru-pos criminales. Estos vacíos constituyen las princi-pales amenazas de seguridad, debido a las zonas en las cuales se desarrollan las diversas manifesta-ciones de delincuencia y violencia.

En algunas regiones del país las economías ilí-citas han dado lugar al imperio de la ilegalidad lo cual ha hecho que el Estado no pueda cumplir con las garantías de seguridad, justicia y convivencia. Por lo tanto, se han desarrollado estrategias de movilización delictiva en defensa de las econo-mías ilícitas con el objetivo de impedir el cumpli-

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miento de la misión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como de la administración de justicia. (PSD,2018)

Por lo tanto, la ausencia institucional y la falta de control contra los actores de ilegalidad consti-tuyen la principal y más grave amenaza que tiene el país en términos de seguridad y defensa. A nivel internacional, las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia. Debido a que los deli-tos transnacionales, están afectando la legalidad, el emprendimiento y la equidad ya que la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, armas, municiones y explosivos, drogas ilícitas y pesca ilegal, entre otros. A nivel no democrático sobre-salen amenazas como las crisis humanitarias, la migración masiva irregular, la injerencia de poten-cias ajenas al hemisferio, el patrocinio estatal de organizaciones terroristas y de narcotráfico, todos ellos factores que afectan la seguridad nacional.

Finalmente, Colombia es potencia mundial en biodiversidad y agua, además de ser uno de los países privilegiados que comparte la selva Ori-noco - Amazónica. Estas riquezas constituyen a un campo estratégico para la nación, por lo tanto deben ser objeto de protección especial y defensa activa. Debido a que las amenazas a dichos recur-sos provienen de actividades ilícitas, pero también de la escasez global de esos recursos que se com-prenden en el futuro. Por lo tanto, se pretende ve-lar principalmente por la protección y defensa de los recursos naturales.

Por otro lado, el segundo punto de esta PSD tiene que ver con la seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia ya que constituye las bases de la justicia de carácter

eficaz, teniendo en cuenta que un régimen demo-crático solido aumentaría la participación cívica, dando mayor legitimidad a la ley.

La transformación del país a partir de la lega-lidad, el emprendimiento y la equidad, demanda que el Estado sea capaz de garantizar que la se-guridad y la convivencia sean de carácter pacífico dentro de sus fronteras. Ambas condiciones son indispensables para que la eficacia de la ley, el orden democrático y los derechos de los colom-bianos, así como para la generación de riqueza y el crecimiento económico sean beneficiosos para todos. (PSD, 2018)

Por lo tanto, la legalidad, el emprendimiento y la equidad generan cohesión social, factor funda-mental para tramitar pacíficamente los conflictos y procurar la convivencia para que la sociedad esté unida ante las amenazas externas, la defen-sa de la independencia e integridad del territorio y de los intereses nacionales, particularmente, de las riquezas de la nación y de los activos estraté-gicos en los cuales Colombia se proyectará en el resto del siglo XXI.

La política del sector defensa y seguridad busca la transformación estratégica que permita garanti-zar la dignidad humana, la protección de la pobla-ción y del territorio, promover el bienestar y ase-gurar el imperio del orden jurídico y la democracia del país. Para esto es indispensable la estrategia de control militar del territorio, basada en el despliegue de unidades militares y de policía, para consolidar la estabilidad en las zonas afectadas por la criminali-dad no solo en la vigencia de la ley, el fortalecimien-to de la legitimidad estatal, el respeto y garantía de los derechos de la población, también consolidarlas en temas de medio ambiente que les permitan de-

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sarrollar emprendimiento y de esa manera la econo-mía de mercado pueda aumentar y producir equi-dad, también esta política requiere el desarrollo de herramientas que surjan desde una perspectiva de seguridad integral e interagencial y unidad de es-fuerzo del Estado como un todo. (PSD, 2018)

Es necesario adoptar una visión multidimen-sional con respecto a la seguridad que implique la comprensión de las amenazas al Estado y a la población como fenómenos articulados que tie-nen incidencia en los campos económico, político, social y medioambiental y, por tanto, es necesario generar respuestas articuladas con el fin que el Es-tado pueda enfrentarlas.

CONCLUSIÓN

En las dos políticas de seguridad y defensa, se pudo evidenciar el fortalecimiento y la prepara-ción de las Fuerzas Militares y la Policía, que fue fundamental para los avances en seguridad y de-fensa, pero a pesar de eso no fue suficiente, de-bido a que las lógicas del país van cambiando de acuerdo a sus necesidades.

Así mismo, se pudo observar que la política de seguridad y defensa planteada por el presidente Iván Duque incluye nuevos enfoques en términos de biodiversidad, páramos, océanos y ríos, conside-rándolas como parte de un patrimonio del país que se debe cuidar, en esta política es fundamental la presencia institucional en las zonas apartadas del país, debido que permitiría consolidar la legalidad, el emprendimiento y la equidad. En cambio, la polí-tica de seguridad de Juan Manuel Santos se enfocó más en la consolidación del territorio en términos de una paz estable y duradera, en la reivindicación de las víctimas y la terminación del conflicto.

REFERENCIAS

CNC. (s.f.). Imagen de favorabilidad de juan ma-nuel santos al final de su mandato .

Colombia, G. d. (2019). Politica de defensa y segu-ridad .

Gomez, G. i. (2016). entre el castigo y la reconciliación. Análisis sociojurídico del proceso de paz y la nego-ciación del Acuerdo sobre las Victimas del conflicto.

León, C. A. (2005). La concepción de la política en Norberto Bobbio un aporte renovador .

Mancuso, F. (2013). Cambios en el sector de-fensa Uribe y Santos y el actual proceso de paz. Obtenido de file:///C:/Users/jariasc/Down loads/1028-Texto%20del%20art%C3%ADcu-lo-2723-1-10-20150806.pdf

Mundial, B. (2018). Colombia panorama general.

Planeación, D. N. (2014). Plan nacional de desarrollo

Schejtman, A. (2004). Desarrollo Territorial Rural.