Sobre la interpelación a Huenchumilla y el posible giro de la Política Indígena

La interpelación presentada por el Diputado RN José Manuel Edwarsal ministro del interior

Rodrigo Peñailillo, y a través de él, al Intendente de la Región de La Araucanía Francisco

Huenchumilla, ha levantado polvo, y bastante. Las señales entregadas por el Intendente desde que

asumiera su cargo en marzo han sido importantes y han generado expectativas respecto del rumbo

que tomará la política indígena del gobierno de la Nueva Mayoría, principalmente en relación con el

cumplimiento de las demandas políticas históricas de este pueblo. En la sesión de interpelación,

Peñailillo manifestó el respaldo absoluto del Gobierno a la gestión del Intendente, enfatizando en el

mandato que este tienede avanzar en la solución de un conflicto de carácter histórico.

Huenchumilla siendo candidato a Alcalde por Temuco, en carta dirigida al ex –presidente Sebastián

Piñera, señalaba dos años atrás que “El llamado conflicto mapuche es un problema de naturaleza

política y debe ser tratado como tal”. Agregando además que “El Estado debe sincerar las cosas y

aceptar su composición multicultural y plutiétnica, haciendo este reconocimiento explícito en la

Constitución Política”. Nunca antes una autoridad política había planteado públicamente tal

postura.

La iniciativa de la Derecha, o más precisamente del Diputado RN -puesto que se fue quedando solo

en el camino- buscaba retrotraer las señales que el Intendente ha dado en pos del reconocimiento

del estatus jurídico de los mapuche como pueblo, y por lo tanto, del reconocimiento de los

indígenas como sujetos de derechos que deben ser garantizados por el Estado; a la política

asimilacionista y criminalizadora de los gobiernos anteriores. Pretendiendo,de este modo,manipular

la opinión pública respecto del modo de comprender el conflicto político que el Estado ha

mantenido con este Pueblo por siglos y legitimando, una vez más, la represión como mecanismode

silencienciamiento.

Esto, en el marco de un consenso cada vez mayorentre el mundo indígena, los organismos de

derecho internacional y los especialistas sobre el diagnóstico: : “Cualquier estrategia política

tendiente a resolver el conflicto, debe comenzar con el reconocimiento de que el Estado de Chile

lo conforman distintos Pueblos, todos ellos con derechos que deben ser respetados y

garantizados, partiendo por el derecho al territorio, la autonomía política, la autodeterminación y

la definición de sus propias estrategias y visiones sobre el desarrollo y la economía local.”

La negación sistemática del reconocimiento constitucional pactadoconel movimiento indígena en el

marco del retorno a la democracia ylas trabas puestas por el Estado a la ratificación y aplicación del

convenio N° 169 de la OIT, sumado a la instalación de megaproyectos de desarrollo en territorio

mapuche y la escalada de violencia en contra del movimiento por parte del Estado, son muestras de

que claramente no hubo voluntad política hasta ahora para avanzar en la solución de las demandas

de este pueblo, lo que ha tenido como principal consecuencia la desconfianza absoluta de los

indígenas en la institucionalidad del Estado.

Hay que recordar que tomó 17 años ratificar el Convenio por la oposición permanente de la

derecha y de algunos parlamentarios del oficialismo en el Senado, y que durante el gobierno de

Sebastián Piñera se creó un reglamento para aplicar la consultacon la finalidad de no tocar las leyes

sectoriales,es decir, a fin de no entrar en conflicto con los proyectos empresariales que

monopolizan la vocación productiva de los territorios, menoscabando los propios estándares

establecidos por el Convenio y transformándose en un precedente internacional respecto de lo que

no se puede hacer en materia de derecho internacional.

Al incumplimiento, a la fecha, de los acuerdos pactados durante la transición, se suma la

profundización del modeloneoliberal desde mediados de los ´90, y la consecuente instalación de

megaproyectos de uso y extracción de recursos naturales de capitales transnacionales y nacionales -

públicos y privados- en territorio mapuche durante el gobierno de Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

Profundización sostenida en una débil einmadura institucionalidad indígena y ambiental (Ley

indígena 1993, Ley de bases del Medio Ambiente 1994).

De este modo, al modelo de explotación forestal instalado en territorio ancestral mapuchese

sumaron, sin ninguna consideración ni consulta previa a los principales afectados, la instalación de

las centrales hidroeléctricas de Pangue y Ralco (región del Bío Bío), la construcción de la carretera

de la costa que atraviesa el borde costero entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos, la

construcción de un By pass en Temuco (ampliación de la ruta 5 sur) y la instalación de una planta

de celulosa en San José de la Mariquina.

Todos estos antecedentes debieran permitirnos comprender grosso modo cual es el carácterreal del

conflicto entre los dos actores principales:el Pueblo Mapuche y el Estado chileno. Conflicto que

se hace evidente cuando aparece un tercer actor, la gran empresa pública y privada en un contexto

de neo-extractivismo promovido por el Estado. Por lo tanto, el mantenimiento y agudización de la

situación de sometimiento político, económico y social en la que se encuentran los mapuche, no

puede ser atribuida únicamente a que han sido incapaces de adecuarse a las necesidades que

impone el modelo de desarrollo hegemónico y la modernización, como pretenden hacer ver

algunos, defendiendo de paso sus propios intereses y sin poner en cuestión la legitimidad de éstos.

Los mapuche han visto cómo la situación de precariedad y marginalidad a la que fueron empujados

históricamente, en lugar de mejorar o revertirse con el fin de la dictadura, aumentó sostenidamente

junto con la explotación indiscriminada de los recursos naturales -principalmente el modelo de

explotación forestal1- y las consecuencias sociales, culturales y ambientales que genera.Resultado

de la incapacidad de ver que los mapuche operan bajo otra lógica en su relación con el territorio que

ha sido sistemáticamente negada por intelectuales y políticas de planificación estatal.

Como consecuencia de estos procesos, a partir de la década de los ´90 se instala el mal llamado

“Conflicto Mapuche”, conflicto que alcanzó su punto más álgido durante el gobierno de Ricardo

Lagos (2000-2006) con los primeros casos de aplicación de la Ley N° 18.314 -conocida como Ley

Antiterrorista- en contra de comuneros mapuche. Las primeras acciones en oposición a los

proyectos de desarrollo que exigían la restitución del territorio, como las tomas de fundos y cierres

de caminos, fueron la consecuencia de un mecanismo de restitución inadecuado, centrado en las

compras de tierras reguladas por el modelo de libre mercado y no en el concepto amplio de

territorio que se desprende hoy del Derecho Internacional (principalmente de la Declaración sobre

los derechos de los Pueblos Indígenas del 2007) , sin considerar instrumentos de expropiación aun

cuando esta es una facultad del ejecutivo consagrada por la Constitución del ´80.

La penalización de acciones en el marco de lasdemandas políticas del pueblo mapuche, mantiene

hasta hoy a 20 comuneros encarcelados.Hechos que impulsaron la articulación de distintas formas

de organización en defensa de las víctimas de violencia por parte del Estado chileno, en apoyo a los

presos políticos mapuche en las cárceles chilenas, en nuevas reivindicaciones territoriales y en los

conflictos con megaproyectos empresariales en el territorio.

1?Actualmente “la actividad forestal en Chile se concentra entre las Regiones del Maule y Los Lagos, y son justamente estas cinco Regiones las que tienen los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos (PNUD 2004). Según datos del gobierno (MIDEPLAN 1998), entre 1990 y 1998 las Regiones del Biobío y Araucanía han sido aquellas con mayor cantidad de pobres (40,5% en promedio en 1990 y 27,3% en promedio en 1998) e indigentes (15,2% promedio en 1990 y 8,5% promedio en 1998). Presentaban además las peores condiciones de distribución del ingreso en Chile (MIDEPLAN 1998).” Situación a la que se suma “(…) la pérdida importante de biodiversidad, el desequilibrio de procesos y ciclos naturales de los ecosistemas forestales nativos y la transformación del entorno ambiental con una significativa pérdida del valor paisajístico del sur de Chile (Gayoso 1993, Fuentes 1994, Gayoso e Iroumé 1995, Constabel 2009).” Además del severo impacto que esta actividad tiene sobre los recursos hídricos. “Según información dada a conocer por el Gobierno Regional de La Araucanía en el año 2009, a través de su Intendenta en ejercicio en esa fecha, Sra. Nora Barrientos; en esta región 31 de las 32 comunas existentes presentan problemas de abastecimiento de agua, particularmente en sectores rurales y comunidades mapuche, existiendo un registro de 13 mil 500 familias afectadas.” (ONG Forestales por el bosque nativo, 2011; 9)

Uno de los hitos más importantes en respuesta a la criminalización de las demandas del Pueblo

mapuche, fueron las huelgas de hambre llevadas a cabo por presos políticos entre el 2010 y el

2011, que exigían el fin a lo que se señalaba como la aplicación discriminatoria de la Ley

Antiterrorista. Las huelgas duraron casi 3 meses y concluyeron, luego que el gobierno de Sebastián

Piñera se comprometiera a revisar y reformar la Ley. No obstante lo anterior, los casos de juicios en

contra de mapuche se han seguido sucediendo y las situaciones irregulares denunciadas en el marco

de la aplicación de la ley antiterrorista, se mantienen.

Dada la inexistencia de garantía de un debido proceso, los Mapuche recurrieron a la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, habiéndose realizado un juicio en contra del Estado a fines

de mayo del año pasado. A este antecedente se suma la visita durante el mes de julio del año pasado

del Relator Especial de Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos en la lucha

contra el terrorismo, quien solicitó “a) la suspensión inmediata del uso de la ley antiterrorista

contra manifestación social mapuche; b) la revisión de las condenas ejecutoriadas bajo dicha ley,

con el uso de testigos sin rostro como medio de prueba, a fin de que sean juzgados baja la ley penal

ordinaria y con garantías al debido proceso; c) y la creación de un órgano independiente para

investigary sancionar hechos de violencia innecesaria por parte de las policías, a fin poner término

a la impunidad en que quedan estos actos delictivos.”2

A pocos días de distancia de la sesión de interpelación, con fecha 29 de julio, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, publicó el fallo del Caso sobre aplicación de Ley

antiterrorista a dirigentes, miembros y activista del Pueblo indígena mapuche. El fallo a favor de 7

mapuches, entre ellos autoridades y miembros, y de una activista, marca un precedente importante

para la justicia chilena y refuerza la necesidad de un giro en la Política Indígena del Estado,

encaminado como ya hemos dicho reiteradamente, hacia la línea del reconocimiento de los

indígenas como sujetos de derecho, es decir, como Pueblos libremente determinados.

Un quinto actor…

El antropólogo J.C Skewes, ha venido señalando que la sociedad chilena se ha negado

permanentemente a aceptar su componente indígena, transformándose en un actor que ha

2http://www.observatorio.cl/node/9634 http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/07/680-535476-9-relator-de-la-onu-de-visita-en-chile-todo-uso-de-la-ley-antiterrorista-debe.shtmlhttp://comunidadtemucuicui.blogspot.com/2013/07/relator-especial-recomienda-al-estado.htmlhttp://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=18123http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/30/relator-especial-de-la-onu-presiona-al-gobierno-y-lo-insta-a-que-ley-antiterrorista-debiera-suspenderse-hoy/http://www.piachile.cl/tag/relator-especial-de-las-naciones-unidas/

permanecido oculto en el abordaje del conflicto centrado en la tricotomía Estado/Mercado - Pueblos

Indígenas.

Este no re-conocernos lleva a una reflexión sobre la subjetivación de la situación colonial de la que

somos producto. La negación del indígena opera como la exterioridad de nuestra interioridad como

identidad chilena, lo que significa que si bien forma parte de nuestra historia común, es

permanentemente marginada y discriminada al interior del imaginario chileno.El sujeto indígena

pre-moderno, en tanto invento europeo para el establecimiento del actual orden mundial,ha

legitimado la ideología de la modernización y por lo tanto el establecimiento de relaciones sociales

de producción que han pasado a tener un carácter natural, necesario y deseado.

Es así como, el llamado a negar al indígena y a negar nuestra propia composición indígena, ha

tenido como finalidad última la negación de los valores que se oponenal modelo de desarrollo

hegemónico. El imaginario indígena ha supuesto una serie de cualidades que se han presentado

como indeseables (anti-valores) para la sociedad en su conjunto, principalmente a través del sistema

escolar, que hasta hace sólo unos cuantos años atrás seguía reproduciendo los estereotipos

funcionales a esa.

De este modo, en el actual contexto general de globalización económica, Chile sigue

participandoprincipalmente como exportador de materia prima, con los costos que eso tiene en un

contexto de distribución desigual no sólo de las ganancias, sino que también de los riesgos

(sociales, culturales, ambientales). Como resultado, tenemos por un lado a una pequeña burguesía

(mezclada con restos de la estructura oligárquica) que forma parte de manera marginal, de lo que

Aníbal Quijano denomina la actual “burguesía financiera global”, que monopoliza las actividades

productivas de territorios empobrecidos, y por otro, a la mayoría de la población expoliada y

precarizada, asumiendo el riesgo y los costos sociales, culturales y ambientales del modelo de

desarrollo. En este escenario, el “Sujeto indígena”se ha transformado en el cuerpo que hace visible

yencarna el conflictocapital/naturaleza/vida. Apuntando hacia la necesidad de pensar y procurarse

otras formas de desarrollo, menos desiguales y más sostenibles en el tiempo.

En suma, mientras estas tensiones no se hagan evidentes y no logremos repensarnos como sociedad,

difícilmente podremos avanzar hacia un modelo realmente democrático, políticamente estable,

culturalmente plural y con una economía que ponga en el centro el bienestar de las personas.

Andrea Pinol B. Antropóloga

Área Laboral

(Agradezco los comentarios y sugerencias de mi colega y amigo Leonardo Soto T.)