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XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
“ADMINISTRACIÓN PREMODERNA”
TRABAJO QUE SE PRESENTA AL
XII CONCURSO DE ENSAYOS Y MONOGRAFÍAS SOBRE
REFORMA DEL ESTADO Y MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
“HACIA LA IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE
ADMINISTRACIÓN GERENCIAL EN SALUD PÚBLICA”
SEUDÓNIMO
“ENFERMERO”
Lorenzo Rodríguez Gallardo
MÉXICO, JULIO 1998
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetos de estudio la administración y la salud. Ambos
fenómenos son elementos de la evolución e interacción humana, por lo que su análisis debe
considerar una perspectiva integradora que permita un acercamiento más objetivo a la realidad.
De manera particular esta investigación señala como punto de partida algunas interrogantes al
respecto del tema general, entre ellas: ¿Cómo se vincula la reforma del Estado con la
administración y la salud?...¿Cuál es la evolución y situación actual de la llamada Reforma del
Estado?...¿Cuál es el vínculo entre globalización, reforma, modernización, administración y
salud y, su impacto en los servicios de atención a la salud de poblaciones marginadas?... ¿Son
el modelo gerencial y la modernización las mejores formas de ampliación de cobertura y
mejoría de la calidad de los servicios de salud?... Las respuestas a esta problemática se
buscarán con el desarrollo de la investigación en su conjunto.
El objetivo general es conocer, describir y analizar la evolución, situación actual y el impacto de
los fenómenos de globalización, reforma y modernización del Estado en los servicios de salud
pública. Una vez logrado lo anterior y a manera de reflexión, se pretende la creación de un
modelo que contribuya a la humanización, eficiencia y calidad de la administración y de la salud
con convierta a ambos fenómenos en “públicos” en la acepción más completa del término.
Para el logro del objetivo general se han determinado como objetivos particulares: El análisis de
los aspectos históricos, políticos, jurídicos, económicos y sociales de la reforma del Estado en
México. La descripción y análisis de la modernización administrativa y del Sistema Nacional de
Salud, y la síntesis teórica de los elementos anteriores en un nuevo modelo de administración
sanitaria.
Es preciso aclarar que el estudio se circunscribe en su perspectiva temporal a la evolución
reciente (de 1960 a 1998) de los temas señalados; en la espacial se aclara que tomará en la
primera parte aspectos generales de los fenómenos globalización y reforma y, posteriormente
el análisis se concentra en el caso de México. Al respecto de los límites de persona o unidades
de observación, la investigación pone especial atención a la administración pública mexicana al
Sistema Nacional de Salud en su conjunto y dentro de éste a la Secretaría de Salud, los
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procesos de descentralización, el programa de municipios saludables y al programa de
atención a población abierta IMSS-Solidaridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Justificación: Los argumentos que responden el por qué de esta investigación se constituyen
en primero término por una curiosidad científica de su autor en el sentido de conocer y tratar de
entender el proceso de reforma del Estado y su impacto en la salud de la población. A lo
anterior se suma una preocupación por aportar una visión diferente a la moda en teoría
administrativa que a juicio del suscrito, puede responder de una manera más efectiva a la
problemática planteada.
En términos de teoría, el estudio encuentra su justificación en que se vive una época de
aceleración del cambio, lo que constituye un reto fundamental para instituciones y ciudadanos
ya que pone a prueba la capacidad de respuesta ante una nueva conformación y
funcionamiento social, cuya complejidad y diversidad imponen un diseño de la gestión pública
acorde a la nueva circunstancia. El cambio ha tenido repercusiones en México, que todavía
muestra una alta vulnerabilidad ante la dinámica de la globalización de la producción, las
finanzas y el intercambio de bienes y servicios.
La administración pública y la salud pública se encuentran en el marco de competencia de la
sociedad en su conjunto en sus diferentes estructuras: las comunidades, las instituciones, las
familias y los individuos. Por lo tanto la indagación sobre el tema se justifica también por la
necesidad de reflexionar sobre el concepto de “desarrollo” en su acepción más general, como
una forma de homeostasis social. Este parece ser el mensaje central que podemos obtener de
su análisis: las sociedades deben buscar y mantener el equilibrio como la forma más eficiente y
humana de administración y salud “públicas”.
El concepto de homeostasis de la fisiología también puede ser utilizado en la construcción de
un mundo con equidad y sustentabilidad. Los adjetivos con los que se identifica comúnmente al
desarrollo (social, sustentable, sostenido, económico, político), que en sus campos
disciplinarios específicos puede significar cosas diferentes, en una visión integradora significa
equilibrio.
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El viejo anhelo de igualdad es a su vez un reclamo de equilibrio entre sexos. Con toda
oportunidad, las mujeres hicieron un diagnóstico de su situación a nivel mundial y exigen
mejores condiciones de salud, trabajo, educación, y vida en general. Esto refuerza la idea del
equilibrio en el sentido de la corresponsabilidad gubernamental, social, familiar e individual para
el logro del auténtico desarrollo.
El gobierno por su parte debe abandonar los extremos de la subjetividad de líderes tiranos y la
frialdad de los cálculos econométricos para equilibrar su función en una perspectiva coherente
que combine ciencia, sentido común y humanismo.
Específicamente en México se destaca la necesidad de establecer márgenes razonables para
la decisión, acción y coordinación de los niveles federal, estatal y municipal de gobierno, sobre
las consideraciones meramente económicas o políticas. Si bien en la teoría la renovación del
federalismo como signo de la reforma del Estado contribuye a redistribuir competencias,
responsabilidades y capacidades de decisión y ampliar el ejercicio de los recursos fiscales; en
la práctica no ha permitido atender con eficacia y humanismo la especificidad de los problemas
regionales y locales, ni ha dotado de mayor eficiencia y transparencia a la gestión pública ni a
la administración de la salud.
La alimentación, salud y educación son factores clave para la adaptación a este proceso de
cambios que envuelven al mundo y que se ha denominado "modernización". Apter señala como
una característica del tránsito hacia la "modernidad", un aumento en la movilidad social, lo que
significa una movilización vertical en donde cada vez mayor número de personas ascienden en la
escala social y económica por medio de su preparación escolar. Octavio Paz, por su parte, ha
dicho que se puede encontrar la modernidad en nuestros orígenes, en nuestras raíces, en nuestro
pasado milenario que se hace presente en nuestra forma de ser y de pensar. La tarea
administrativa en educación y salud y sus protagonistas en el México actual, requieren conciliar lo
mejor del pasado en el presente para enfrentar el futuro.
Los argumentos anteriormente descritos me orillan a definir un punto de vista particular que
haga las veces de hipótesis a comprobar al respecto del tema de estudio y para tal efecto sirva
la siguiente afirmación:
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− El modelo de administración gerencial en salud pública, tal y como lo concibe la teoría actual
promotora de la globalización, la reforma de Estado y la modernización, carece de resultado
favorables para la salud de la población en situación de pobreza. Por contra, se plantea que
un modelo promotor del rescate y promoción de más acciones locales tradiciones positivas y
sentido común puede aumentar la eficiencia, calidad y humanismo de los servicios de salud
a la población marginada.
Metodología: El presente estudio tiene como sustento metodológico el método científico toda
vez que ha planteado un problema, sus límites, objetivos, justificación e hipótesis. De manera
particular se auxilia de la Teoría de Sistemas en la medida de considerar los fenómenos de
administración y salud pública como subsistemas al lado de otros de igual relevancia como el
factor histórico, político, jurídico, económico y social que a su vez forman parte de otro sistema
y su interrelación en el esquema tradicional de insumos, procesos y resultados.
El trabajo es eminentemente teórico, es de tipo transversal en virtud de analizar por una sola
vez la evolución del tema, es deductivo, analítico y sintético en atención a revisar los aspectos
generales, descomponer sus partes y recomponer en conclusiones el estado actual del
problema. En otra perspectiva, se considera tanto de tipo descriptivo como analítico. Por su
ubicación temporal es tanto retrospectivo dado el estudio de la evolución pasada reciente,
circunspectivo por su análisis del presente y, prospectivo en la medida que propone una nueva
forma de administrar los programas de salud pública susceptible de aplicar en el futuro.
Las técnicas a utilizar son la investigación documental, especialmente las fichas bibliográficas y
hemerográficas.
En términos generales, la estructura del trabajo comprende un capítulo dedicado a la
descripción y análisis de los fenómenos de globalización, reforma del Estado y modernización
en el mundo. El segundo apartado establece la vinculación de los aspectos de administración y
salud pública a la luz de la modernización y los modelos gerenciales que se caracterizan por la
productividad social y la orientación al cliente ciudadano. En la tercera parte se revisan los
mismos aspectos del capítulo inicial, pero aplicados al caso de México con un desglose de sus
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vertientes histórica, jurídica, económica, política y social. Un cuarto capítulo se dedica a la
descripción de los procesos de reforma del Estado en materia de salud y la implantación de
programas de salud pública a cargo de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del
Seguro Social, en los que se trata de destacar las ventajas de un proceso de modernización
que recupere prácticas administrativas y de salud mas eficaces que modernas. En la parte final
se rescatan los elementos necesarios para establecer conclusiones al respecto de la hipótesis
planteada en el sentido de los resultados del modelo gerencial y la construcción de un modelo
alternativo. Las referencias y la bibliografía se enlistan en las páginas finales.
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MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO.
Al final del siglo XX se observa un nuevo perfil en la estructura y funcionamiento de los estados
en varias regiones del mundo. Este cambio se ha identificado como un proceso de
Modernización y Reforma del Estado que tiene varias características. A nuestro juicio las
principales son la pobreza: la globalización, la terciarización económica, la informacionalización,
la transición, la desigualdad en las condiciones de salud y la falta de eficiencia gubernamental.
El análisis de la salud y la administración pública, requiere de la revisión conceptual de uno de los
fenómenos que los vincula en forma directa: la pobreza.
La pobreza es una forma de vida que debe respetarse, el término significa según la UNESCO1
"necesidad, falta o escasez de lo que se requiere para el sustento de la vida", sin embargo su uso
adquiere una relatividad mayúscula cuando se analizan por separado sus componentes y se
conviene en aceptar que la falta de satisfactores es diferente entre una comunidad social y otra.
En su sentido esencial, refiere una situación de insuficiencia o total carencia de elementos para
una vida más cómoda.
En el campo de las ciencias sociales, también se reconoce su dificultad para precisar con
exactitud su definición y límites conceptuales, se identifica con las carencias, pero no se
establecen los términos en cantidad ni en calidad de tales carencias. En algunas ocasiones se
utiliza como sinónimo de miseria, por sus características conceptuales de estrechez y falta de lo
necesario para el sustento. Ambos conceptos, pobreza y miseria forman parte de un continuo,
antes que un punto sobre una escala de valores absolutos, en consecuencia, el grado de pobreza
o de miseria varía dependiendo de la sociedad de que se trate.
A nivel internacional, en el seno de la ONU previo a la Cumbre Mundial para el Desarrollo
Social, se reconoció que "durante la guerra fría la confrontación ideológica marcó el debate en lo
económico social. Sin la guerra fría, el hecho de, tranquilizar la bomba nuclear, nos hace ver que
hay una bomba social que crece y crece. La principal tensión que tenemos es el desempleo y
otras formas de desintegración social como la pobreza"2.
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El problema sigue siendo la inequidad entre los poderosos y los débiles, entre ricos y pobres.
Existe una acentuada falta de voluntad política para ayudar a los países de menor desarrollo. Los
países ricos imponen salvajemente sus condiciones económicas a los más pobres, tal parece que
están empeñados en seguir desarrollando el subdesarrollo según palabras de Dumont y
Mottin3. En América Latina se vive una historia común de explotación, "banalmente cotidiana,
relata la marginalidad sistemática de decenas de millones de personas, que permanecen
excluidas de su propia historia. Estos damnificados no llaman mucho la atención--salvo cuando la
prensa los califica como terroristas--, son demasiado comunes, al igual que la violencia de la que
en América Latina se dice que es institucional".
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo4 ha señalado reiteradamente una
estrategia para la superación de la pobreza en América Latina que tiene como objetivo satisfacer
en todos los países de la región, el componente universalista de las necesidades básicas de toda
la población, "La estrategia debe considerar no solamente el acceso a los bienes, servicios y
activos básicos, sino también el desarrollo de habilidades y disponibilidad de tiempo libre, que son
igualmente satisfactores de las necesidades básicas". En la misma publicación, el Banco Mundial
parece sacudir las buenas intenciones de la ONU y señala en el primer párrafo de su artículo: "No
es probable que las actividades orientadas a reducir la pobreza cumplan su objetivo a largo plazo
a menos que se realicen mayores inversiones en el capital humano que representan los pobres".
Heredia5 rescata el planteamiento de que el Banco Mundial ha sido una causa activa de
empobrecimiento y creciente desigualdad tanto entre los países como en el interior de ellos, por
sus recomendaciones de política macroeconómica, como los Programas de Ajuste Estructural
(PAE) y el servicio acumulado de la deuda exterior que algunas veces han exacerbado la
pobreza y la desigualdad, así como su política de liberación del mercado y privatización y su
deseo de servir a los intereses económicos y políticos de las élites. Las críticas a los préstamos
de ajuste estructural se fundamentan en el impacto inmediato y desproporcionado que han
tenido sobre los sectores más pobres de la sociedad. En 1987, por ejemplo, un informe de la
UNICEF mostraba que las políticas de ajuste estructural podrían afectar adversamente la salud,
la nutrición y el nivel educativo de los pobres en países prestatarios. Este impacto sobre las
comunidades -deterioro del capital social- no se revela en los indicadores de comportamiento
macroeconómico. Además, otro motivo de crítica es el hecho de que la asesoría
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macroeconómica y los préstamos se inclinan hacia los intereses comerciales y políticos
internacionales en decremento de los mercados nacionales de capital y de la estabilidad
política.
El Estado a través de sus diversas manifestaciones como gobierno y administración pública, ha
encontrado en la pobreza una fuente inagotable de empleo y de legitimación social, ya que sería
un triunfo del gobierno disminuir la pobreza, pero quizás reduciría la infraestructura institucional
porque ya no habría pobres a quienes atender. Burnse Bradford6 denunció en "la miseria del
progreso", que por lo regular los pobres son en los procesos de modernización del Estado,
quienes llevan "el peso de las nuevas estructuras institucionales y pagaban por la modernización
de que disfrutaban los privilegiados".
Si la tónica de la modernización es la ampliación de las vías de participación social, del respeto de
los derechos humanos por el Estado, del respeto a la iniciativa privada, entonces se debe
considerar que en algunos casos, la pobreza es producto de una iniciativa privada, que con su
afán de lucro sólo especula en la bolsa de valores sin crear empleos, y cuando los crea es para
explotar y pagar míseros salarios; en otro sentido, puede ser la iniciativa privada de un deseo
particular del individuo que se adapta a vivir con lo que tiene.
El problema de la pobreza es de fondo, requiere transformaciones de igual magnitud que son
difíciles de enfrentar por un Estado que cada vez tiene menos recursos y más demandas. Un
elemento coincidente en los programas contra la pobreza es la participación social en los mismos,
que Tomi'c7 ha definido como un derecho humano y una necesidad apremiante del cambio: "la
necesidad de participar en el desarrollo es sinónimo de reconocer el derecho que posee todo
ciudadano, en su doble calidad de individuo y de miembro de grupos de interés, a que la sociedad
le garantice simultáneamente dos cosas: primero la existencia de canales institucionales que le
permitan intervenir como sujeto protagónico en las decisiones y las acciones que afectan las
condiciones sociales de su existencia, sean éstas inmediatas o globales; y segundo, el acceso a
los medios y recursos indispensables para adquirir la capacidad de aprovechar plenamente
dichas oportunidades institucionales".
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Para revisar el papel de la sociedad y su participación en las decisiones que le afectan -en este
caso, lo referente a la pobreza y la salud pública- se puede recurrir a Mills8, que establece una
clara separación entre público y masas como explicación de la acción social. En el primer caso
existe intercambio de opiniones entre las personas y sectores sociales con la autoridad y entre
estos mismos; en consecuencia se derivan acciones. El hombre que pertenece al público es un
individuo consciente que convierte sus preocupaciones personales en cuestiones sociales, está
en vías de extinción, con frecuencia defiende "una vaguedad (llamada amplitud de miras), una
falta de participación en los asuntos públicos (conocida como sensatez), y un desinterés
profesional (llamado tolerancia)". Por el contrario, en una sociedad de masas, la realidad de los
demás no puede manifestarse, no se puede trascender de lo rutinario ni expresar preocupaciones
personales, el individuo pierde su independencia y su deseo de ser independiente. Los signos
característicos de este tipo de sociedades son la inseguridad y la desorientación, situación que
aprovechan los grupos de poder económico y político para manipularlas principalmente a través
de los medios de comunicación (la televisión en mayor medida), destruyen la intimidad, inventan
un seudónimo que provoca tensión en las personas por no tener ciertos objetos o mujeres
consideradas bellas.
La globalización se convierte en la característica de la nueva estructura mundial. Este
fenómeno ha roto las barreras nacionales al libre intercambio de bienes y servicios. El avance
tecnológico permitió mayor producción, lo que obligó a la exportación y aumentó la complejidad
de las organizaciones, esto llevó a la creación de bloques comerciales para tomar ventajas
arancelarias y promovió la internacionalización de los servicios. Este proceso también llevó a
expandir la capacidad de innovación lo que convirtió a ésta en una característica básica del
capitalismo. Sin embargo. el fenómeno implica un grave riesgo de deterioro de recursos
naturales no renovables. Peter Hall9 reconoce que la ciudad global que inicia su aparición en el
mundo, obliga a atender el reto de la sustentabilidad, por lo que los responsables de la
planeación de las ciudades deben atender los problemas de la creación de megalópolis, toda
vez que es un hecho que en los países de economía avanzada de la actualidad, uno de los
puntos de tensión política se encuentra entre el crecimiento que pueda generar bienestar y el
respeto de los principios del desarrollo sustentable que conserve limpio el ambiente y fortalezca
las estructuras de protección social.
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Dentro del fenómeno de las ciudades globales, Sachs10 reconoce que existe un conflicto
provocado por el contraste que divide (por pobreza o discriminación racial) a las
concentraciones urbanas entre la "ciudad de los ciudadanos" y la "ciudad de los excluidos", ya
que a pesar de compartir un espacio y la interdependencia entre ellos, la separación es un
hecho. Mientras que en épocas pasadas la ciudad era considerada la cuna de la democracia,
sinónimo de sociabilización y un espacio de aprendizaje acerca de la vida en común; hoy, por
contra, es sinónimo de exclusión, indiferencia, hostilidad y violencia, por lo que es necesario
detener esta situación y evitar que la ciudad siga convirtiéndose en el antimodelo de la
civilización y la democracia. La misma autora supone que las políticas de administración urbana
persisten en encubrir la pobreza y sus efectos, nosotros creemos que se debe combatir
atacando sus bases estructurales originadas en un modelo de desarrollo excluyente, tomando
decisiones con base en lo que la sociedad demanda. Esto que en teoría parece tan simple es
infinitamente difícil de hacer en la práctica, por lo que la humanización de las ciudades como el
centro de atención y una intención de los ciudadanos en el presente, porque para el siglo XXI la
ciudad debe ser factor de humanismo, el lugar en donde sean implementadas e inventadas las
transformaciones sociales. La acción debe iniciar a nivel de comunidades y municipios, el reto
es desarrollar políticas que despierten la conciencia y creatividad colectiva latente en los
deseos de los hombres, mujeres y niños que habitan en ella. Es una forma de recuperar el
ejercicio de la democracia.
La terciarización. En los países de economía avanzada los servicios han incrementado en
calidad y cantidad su participación más allá del Sector primario (agricultura, minera, pesca), y
secundario (industria). El cambio de paradigma económico se caracteriza por nuevas formas de
exclusión laboral en las que se augura el fin del trabajo porque la tecnología sustituye la mano
de obra.
La informacionalización es otra de las características principales del fin de siglo. El
incremento a la velocidad y eficiencia en la tecnología de la información han hecho posible el
intercambio de información de manera casi instantánea entre lugares geográficamente
distantes y a un relativo bajo costo. Frente a los iniciales requerimientos de más y más
información para los procesos de producción de las empresas, la información se convirtió en un
negocio y en una empresa por sí misma. Los mecanismos de intercambio de información -
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producto de la tecnología- permiten comunicación y transacciones comerciales las 24 horas del
día desde cualquier punto del planeta.
El Banco Mundial11 en su informe de 1996 nos explicó al respecto del fenómeno de la transición
como parte de la Reforma del Estado a nivel internacional que entre 1917 y 1950 varios países,
cuya población sumaba un tercio del total mundial, se marginaron de la economía de mercado y
pusieron en marcha un experimento cuyo objetivo era instaurar un sistema económico
alternativo. se desplegaron gigantescos esfuerzos para centralizar el control de la producción y
confiar la asignación de todos los recursos a la planificación estatal. Este experimento en gran
escala transformó el mapa político y económico del mundo y marcó el rumbo de gran parte del
siglo XX. Ahora, su fracaso ha desencadenado una transformación igualmente radical, han
iniciado el paso o transición hacia mecanismos de mercado descentralizados basados en un
sistema generalizado de propiedad privada. El objetivo de la transición es construir una
economía de mercado capaz de elevar de forma duradera los niveles de vida. La mayor parte
de las economías de todo el mundo han decidido, en uno u otro momento y con mayor o menor
éxito, eliminar los controles de precios, abrir el comercio o privatizar las empresas estatales.
Esto es importante y la forma en que ésta se lleva a cabo también cuenta. Pero los países no
emprenden la privatización en forma simultánea. Además, una vez introducida, debe
considerarse como el principio, no como el fin, de un proceso de reorganización de la estructura
de propiedad e incentivos de la empresa. La transición produce ganadores en las personas
jóvenes, dinámicas, móviles con más contactos, pero impone también costos que recaen sobre
grupos visibles y vulnerables y, en muchos países, ha ido acompañada por un rápido aumento
de la pobreza cuantificada. Se reconoce que los países emprenden la transición con dotaciones
relativamente fuertes de capital humano. No obstante, los sistemas de salud y educación
heredados del pasado requieren una reforma profunda que permita aumentar su eficacia y
flexibilidad.
Ante el fenómeno de la Globalización, la pobreza y la transición como signos de la Reforma del
Estado, el gobierno debe responder con creatividad y eficiencia, pero también con humanismo.
Específicamente en materia de servicios de salud y administración pública, se les reconoce una
intersección en la denominada Política Social. Novoa y Restrepo12 señalan al respecto que las
modificaciones en las políticas sociales son una expresión de la transformación en las
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relaciones entre el Estado y el proceso de producción y reproducción social. Se habla de
políticas sociales y no de política social en singular, dada la pluralidad de objetivos y la
heterogeneidad de dichas políticas.
El nuevo papel del Estado frente a la sociedad civil y la economía plantea la emergencia de una
nueva concepción de las políticas sociales. Los factores que catalizan los cambios actuales en
las políticas sociales son: la modernización institucional del sector social, la descentralización
de la prestación de servicios sociales, la privatización de las obligaciones y responsabilidades
sociales del Estado, la cogestión del sistema de política social y el cofinanciamiento en la
satisfacción de necesidades.
El nuevo concepto de políticas sociales estimula la conjunción entre la eficiencia económica y la
equidad social, y aplica los principios económicos de costo beneficio y costo efectividad para
medir el alcance y resultado de los programas sociales. Durante mucho tiempo lo social fue el
centro de organización y equilibrio, hoy las cosas han cambiado radicalmente, y lo social,
dentro del discurso actual del Estado se reduce a la satisfacción de necesidades básicas. La
nueva ciudadanía social no busca el bienestar general proporcionado por el Estado, sino la
satisfacción de necesidades básicas, el alcance de metas cuantitativas y cualitativas
mesurables y posibles.
Es preciso analizar las influencias externas en las políticas sociales. Aunque la agenda social
está generalmente ausente de las negociaciones internacionales donde se pactan los asuntos
de tipo comercial, productivo y financiero, pero en la práctica la dependencia entre los países
periféricos y los países centrales del capitalismo incide en las políticas sociales de los primeros.
Glazer13 identifica como un elemento adicional para caracterizar la nueva política social el que la
"desinstitucionalización", o delegación de labores a organizaciones voluntarias, se complementó -
por no decir confundió con la privatización. Considera que el crecimiento de la participación en la
política social, da razones para creer que en realidad son especialistas quienes actúan como
mediadores entre comunidades y autoridades en negociaciones para obtener recursos. Esto es
un riesgo de minar la política social gubernamental porque al fortalecer "estructuras mediadoras",
se reduce la posibilidad de tener planes nacionales amplios y uniformes, y como han seguido
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cobrando fuerza, es posible que por su influencia los servicios sociales tiendan a producir
resultados cada vez más desiguales, aunque cada comunidad disponga de los mismos fondos.
Se corre el riesgo, además, de que los servicios que suministren grupos privados -con fondos
públicos- difundan valores que atenten contra la unidad nacional.
Los argumentos anteriores, conducen a identificar lo que Manuel Aragón14 de la Universidad
Autónoma de Madrid, señala como un problema terminológico entre "Estado Liberal y Estado
Social". Mientras que el primero es claramente identificado con el mercado, el segundo carece de
una definición clara. No tiene una forma política concreta ni define con precisión el límite de la
intervención estatal en la economía, educación, salud y seguridad social -entre otras- para
garantizar el bienestar de los ciudadanos. Al relacionar la política social y la eficacia
administrativa, menciona que un Estado prestador de servicios públicos (Estado administrativo)
plantea un problema económico y sobre todo de ineficacia, por lo que "es urgente la reforma de
las administraciones públicas que exigen racionalización de sus procesos, deslindar la eficiencia
de la eficacia y concebir la prestación de servicios de un modo distinto en el que se modere la
gratuidad y diferenciando la prestación directa de la indirecta".
En la perspectiva de que el Estado es un concepto y el gobierno uno de sus tres elementos, la
administración pública es una manera de organizar las acciones del poder ejecutivo
principalmente, emana de un ordenamiento legal -la Constitución Política- para el cumplimiento de
los objetivos que señala el gobierno en su totalidad y que a su vez corresponden a las decisiones
del Estado. Lo anterior establece un vínculo muy fuerte, Luis Aguilar15 menciona que: "hoy el
Estado y su administración no sólo resuelven problemas sociales y políticos, sino que son el
origen de la cuestión social y política, por lo que la administración pública hace y por lo que deja
de hacer y por la manera como lo hace o deja de hacerlo".
Elena Jeannetti16 señala la actual confusión entre la crisis del Estado y su tamaño, con el
funcionamiento administrativo. A la vez que se habla de crisis de legitimidad estatal, surge la idea
de modernización administrativa, "concepto polivalente que lo han utilizado para hablar de la
funcionalidad estatal como para referirse a la simplificación administrativa". Tal confusión provoca
que se enfatice más la tecnología administrativa que la capacidad de gestión. Crozier va un poco
más allá y refiere que la crisis de legitimidad provocada por un Estado arrogante, (no es fácil
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imaginar un concepto abstracto con la característica de arrogancia) ha derivado también en una
crisis de gobernabilidad, por lo que se debe buscar un nuevo tipo de Estado más moderno y
modesto para lo cual se necesita invertir de manera prioritaria en sus sistemas humanos internos
y externos.
Enrique Cabrero17 también cree que el aparato estatal vive una crisis de legitimidad y se cuestiona
si el debate que vive la administración pública contemporánea entre la tradición y el cambio,
reaccionará de manera oportuna para hacer frente a esa crisis.
Kliksberg18 señala como un imperativo para lograr efectividad en el combate a la pobreza en los
países de la región, una profunda transformación en el sistema político económico y social;
"implica asimismo reformas de fondo en el Estado para dotarlo de la capacidad para ejecutar con
eficiencia las audaces políticas sociales que se requieren".
Una opinión de avanzada en cuanto a la gestión pública, es la de la profesora de la universidad
de Nueva York, Sonia Ospina19, quien establece que la gestión pública puede profesionalizarse
mediante un vínculo entre ésta, las políticas públicas y el desarrollo social, a lo que ha llamado
una "visión ecológica" de la gestión pública. Su perspectiva se justifica por la necesidad de
"desarrollar teorías que subrayen las conexiones entre: los ámbitos micro y macro de la acción
organizativa en el contexto del sector público; y entre el conocimiento interdisciplinario,
generado en la academia, y el conocimiento profesional generado en la organización. Esta
integración ayudará a conceptualizar la gestión pública como práctica y la administración
pública como disciplina con objeto propio". Para representar esquemáticamente su propuesta,
sitúa la gestión pública enmarcada en varios círculos concéntricos que interaccionan hacia
adentro y hacia afuera. En el centro se encuentra el quehacer administrativo con sus reglas y
procesos internos, es decir, el marco organizacional; circundando al anterior está el marco
político; luego el entorno socioeconómico regional y nacional y, finalmente el contexto
internacional.
Ante este somero análisis es posible concluir que la Reforma del Estado es efectivamente un
signo de modernización que conlleva paradojas interesantes: Frente a la mayor presencia de la
tecnología se observa una disminución de la capacidad de gobernar y a la vez el aumento de la
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corrupción; la globalización que lleva al futuro convive con la existencia de grupos en situación
de sobrevivencia premoderna; el avance de las telecomunicaciones ha reducido la
comunicación personal y familiar; el aumento en la esperanza de vida de los países ricos
coexiste con la disminución de la misma en poblaciones marginadas; mientras aumenta el
confort de la modernidad de los ricos, disminuyen las oportunidades de alimentación, salud y
educación del arcaísmo de los pobres y; finalmente mientras los discursos modernizadores de
los gobernantes se llenan con eufemismos, la realidad convierte a la administración y la salud
en asuntos cada vez menos “públicos”.
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ADMINISTRACIÓN Y SALUD.
Al igual que en las otras disciplinas sociales y naturales, la ciencia administrativa parece avanzar
a una velocidad mínima frente al avance de la tecnología. Es así que las propuestas de
modernización de la administración pública de la actualidad, enfatizan la "razón técnica" de que
habla Aguilar Villanueva20. Una visión que considera que el objeto de estudio es descubrir y
evaluar ciertas técnicas y procedimientos para el logro de los objetivos gubernamentales.
En el proceso de modernización de la administración pública o lo que se podría también llamar su
tecnologización se identifican claramente tres modalidades: la gerencia social, el cambio
planificado y, las políticas públicas. El entorno de la salud pública requiere de la administración
pública una visión completa de los factores que intervienen en la demanda, proceso y resultado
de sus acciones. La modernización debe ser un proceso multidimensional en el que pueden
considerarse las tres modalidades anteriores.
La gerencia social, en palabras de uno de sus principales promotores, Bernardo Kliksberg21
significa que el manejo de un sector social cambiante, modernizado tecnológicamente y
reestructurado en aspectos básicos requiere capacidades adecuadas. Estas son un factor
estratégico del problema y sólo surgirán si se existe una política de profesionalización de fondo de
la gerencia social. En su opinión, el verdadero desafío para reformar el sector social es superar
sus actuales limitaciones: "organizaciones aisladas poco flexibles, hipercentralizadas, hostiles a
la participación real, elusiva de los problemas de lucha por el poder, renuentes a la concertación,
de peso limitado en el aparato público, sin carreras gerenciales orgánicas, y de participación
limitada en la definición de las políticas económicas de fondo". Propone como características de
los planes de estudio para lograr un nuevo perfil del gerente público, lo que él llama "insumos
formativos": formación científica-básica, conocimiento de la realidad nacional, preparación
científico-técnica en materia administrativa y un estilo de razonamiento crítico-creativo.
Para enfrentar la complejidad del entorno y la dinámica cambiante de la sociedad, el gerente
social debe cambiar el modelo de apreciación de la realidad de la modalidad gerencial anterior
por otro que implica una ruptura conceptual de gran consideración. Debe tener como premisa la
idea de que en todos los casos una meta fundamental de su labor es fortalecer el tejido social
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para que logre su autonomía. Debe ser un agente del cambio, por consiguiente, se le debe
capacitar para que elabore un nuevo modelo o inicie el proceso de cambio en su propia
organización, busque la flexibilidad, y la concertación con la sociedad civil.
El funcionamiento de una organización moderna abierta y flexible necesariamente debe practicar
la participación hacia el interior, así conseguirá la efectiva afiliación del personal a las metas,
mayor sentido de pertenencia, aumento de la creatividad organizacional, lo que permitirá ajustar
sus decisiones. El gerente social puede conducir programas que pueden afectar la vida cotidiana
de miles de personas. Las actitudes tecnocráticas deben cambiarse por un decidido
involucramiento del gerente con las metas fijadas y el servicio a la comunidad.
Enrique Cabrero22 hizo una variación en el concepto y menciona a la gerencia pública o gestión
pública, -considerada similar a la gerencia social, para efecto del presente trabajo- como
tendencia de modernización de la administración pública. En su propuesta se establece que los
programas de formación de administradores públicos no establecen diferencia alguna entre un
administrador del sector central y uno de empresas estatales. Aunque sí se observa una variante
fundamental en las variables que definen el perfil del administrador público. Cuando la variable
principal de formación es el mercado, se enfatizan aspectos como precio, financiamiento,
producción, inversión y su recuperación, eficiencia económico-financiera, entre otras. Por el
contrario cuando la variable fundamental es el Estado, el perfil de formación se estructura con
aspectos como dinámica política, impacto social, vinculación y funcionalidad con la política
económica, institucionalización y logro de su misión estratégica estatal.
En el esquema de diferencias sustanciales entre la administración pública tradicional y la
denominada "Gestión Pública", se pueden precisar las siguientes características, respetando
siempre el orden en que las menciona Cabrero: funciona con base en normas jurídicas y técnicas
frente a una visión integral que busca eficiencia, eficacia y legitimidad; en lugar de un Estado
dominante y unilateral se parte de uno participativo, y modesto; se avanza de la legalidad a la
legitimidad, de un sistema semiabierto a uno totalmente abierto y de la rigidez a la flexibilidad
administrativa. En el primer caso, el plan es un requisito burocrático, en la gestión pública es un
instrumento de acción que resultó de acuerdos, compromisos, negociación y debate con la
sociedad, es decir un plan generado con la participación real y activa de los destinatarios. Del
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centralismo se debe pasar a la descentralización; del control punitivo y parcial a una
autoevaluación integral que considere el logro de objetivos y el impacto de la acción; de un
sistema administrativo tradicional, a uno de cogestión con flexibilidad y; orientado más a la
dinámica del proceso que a su forma.
Frente a la administración de permanencia, la gestión pública implica un cambio en sus
compromisos, -que en el primer caso son con el grupo que lo llevó al poder y una acción
burocrático-tecnocrática de baja rentabilidad política que garantice su permanencia-, por otro
comprometido con el cumplimiento de los programas, comunicación horizontal, función orientada
al entorno y mayor capacidad negociadora, emprendedora y ejecutiva para el logro de objetivos,
también como vía de ascenso y permanencia. En esencia, parece que la finalidad de ambos es
permanecer y ascender en la estructura organizacional, la diferencia es la forma de administrar.
Su propuesta puede resumirse en las siguientes palabras: "A la luz los intensos procesos de
transformación estatal ha surgido la necesidad de redefinir y reorientar la acción de las
organizaciones públicas. Sin embargo, este tipo de organizaciones se ven obligadas a un cambio
no sólo de forma (en su tamaño o en su estructura), sino más bien en su naturaleza profunda,
puesto que la complejidad de su acción se hace cada vez mayor".
Un ejemplo en el que se observa ya esta vinculación de la gerencia social con la salud
pública, es el Programa Nacional de Solidaridad, -porque es un proceso en el que según
González Tiburcio-23, convergen la administración pública y la dinámica social, lo que demanda
un nuevo perfil del servidor público "con mayor sensibilidad a lo social, con conocimiento de la
realidad local, con capacidad de asimilar la heterogeneidad organizacional de los grupos
sociales y con capacidad para desarrollar un tipo de gestión pública que se enriquece de una
gestión social". La nueva función y técnica administrativa debe estar en estricto apego al marco
legal y desarrollar habilidades para enfrentar circunstancias imprevistas y el procesamiento de
las prioridades sociales con un mayor conocimiento de la gestión pública para tomar decisiones
racionales.
Es necesario reconocer la utilidad de la gerencia social como una nueva forma de conseguir el
funcionamiento de la administración pública, es decir como parte de la tecnología
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administrativa. Al hacerlo, se reconocen también sus limitaciones conceptuales porque no
impacta a la ciencia de la administración, tampoco es una teoría que revolucione la ciencia
política o el Estado en su conjunto.
El cambio planificado es un método para mejorar el desempeño empresarial público que se
inscribe en el marco de la estrategia internacional trazada por las Naciones Unidas desde la
década de los setenta, para que los países perfeccionaran sus administraciones públicas, con
un sentido de urgencia y una acción audaz, a fin de lograr sus objetivos económicos y sociales.
Gildardo Campero24, al realizar su tesis doctoral sobre este tema, mencionó entre las
necesidades que se estimaron más apremiantes para promover esta estrategia:
- La elaboración y empleo de métodos mejores de evaluación del desempeño y de la
productividad.
- El mejoramiento en la organización, en los sistemas y en las prácticas de gestión.
- La búsqueda de medios eficaces de participación del personal en la adopción de decisiones.
La implantación del cambio planificado reconoce que esencialmente el problema es de retos y
respuestas de índole humana. Es un proceso continuo de programación para el mejoramiento
del desempeño, integrado mediante líneas de reforma. Su método de acción comprende las
etapas de:
1. Medición del Desempeño, en términos de resultados.
2. Análisis de Deficiencias.
3. Intervención para Mejorar el Comportamiento.
Campero señala su acuerdo con Mayo-Smith y Abramson, en el sentido de que este método ha
probado su éxito a lo largo del mundo y bajo una amplia variedad de ambientes culturales.
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La segunda parte del mejoramiento del desempeño en forma planificada es el Desarrollo
Organizacional, al que define como un esfuerzo de cambio de todo el sistema, que involucra a
la alta dirección o gerencia con el propósito de incrementar la eficacia y la salud general de la
organización mediante intervenciones planeadas en la estructura y procesos organizativos.
Además ayuda al logro de la misión, objetivos y metas organizacionales, para lo que emplea las
ciencias del comportamiento y la gestión. Una idea complementaria acerca de lo que significa el
enfoque de la Planificación para Mejorar el Desempeño, es la de la Organización de las
Naciones Unidas cuando la describe como un método por el cual un equipo de directivos
haciendo uso de sus conocimientos y experiencias acumulados pueden aplicar a sus problemas
en una forma estructurada, una amalgama de conocimientos y técnicas modernas de gestión,
con objeto de generar soluciones a sus necesidades particulares.
El cambio planificado y la investigación-acción de Campero, coinciden con el enfoque lógico y
sistémico que reconoce los cambios del entorno y el aspecto subjetivo que le da la presencia
del factor humano a la administración pública, Ruezga25 identificó tal interrelación señalando
que: "los sistemas administrativos tienen las características de complejidad, dinamicidad, y
probabilidad y fundamentan su funcionamiento en el principio de retroalimentación. Todo lo
anterior, porque el elemento básico y su funcionamiento es el hombre actuando en
colectividad". Pese a que la tesis de Campero fue presentada en 1991, su propuesta parece
haber tenido poco impacto en el medio académico y menos todavía en el de la práctica de la
administración pública, los teóricos parecen haberse inclinado por las otras dos vertientes de la
moda actual: la gerencia social y las políticas públicas.
El cambio planificado es una herramienta para mejorar el funcionamiento interno de las
dependencias públicas, sus planteamientos pueden y deben ser retomados por los directivos de
las instituciones, ya que si continúa el reconocimiento de la calidad como característica de los
servicios públicos, ésta es una técnica para lograrla de una manera lógica, congruente y
profesional. Es una tecnología administrativa en la que se puede combinar la eficacia, eficiencia
y legalidad, es decir, es una estrategia para que la administración pública recupere su
legitimidad y aumente la calidad e impacto de sus acciones.
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La tercera modalidad de la tecnología administrativa son las políticas públicas. Una de las
exposiciones más claras de lo que es el significado de esta moda estadounidense, es posible
obtenerla de Galván Escobedo26, quien las identifica como una disciplina de la ciencia social
aplicada, que utiliza el razonamiento y la evidencia para clarificar, apreciar y abocar soluciones
a problemas públicos. Se nutre de varias disciplinas, produce información y argumentos sobre
valores, hechos y acciones. Puede tener tres enfoques: empírico, evaluativo y normativo.
El mismo autor, señala que las políticas tienen como sustento un método analítico, y el análisis
es un proceso cognoscitivo, por lo que se debe diferenciar ambas etapas ya que elaborar
políticas es un proceso político. Los sistemas de políticas son dialécticos por naturaleza.
Utilizan como sus procedimientos de trabajo, la descripción, predicción, evaluación y
prescripción. Sus procesos analíticos son: monitoreo, pronóstico, evaluación y recomendación,
los cuales están jerárquicamente relacionados y son interdependientes. Los analistas buscan
producir información y transformarla en argumentos. Los elementos de un argumento son:
información relevante, reclamo, garantía, respaldo, rechazo y calificador.
Omar Guerrero27 menciona que las políticas públicas, por lo general, han sido destacadas
como un campo del saber que denota un significado pluridisciplinario. En muchos aspectos, la
convergencia en su seno del análisis de sistemas, la investigación de operaciones, la
cibernética y las ciencias sociales aplicadas, otorgan a las políticas públicas un significado de
articulación, cobertura y congruencia ciertamente difícil. La política pública debe entrañar un
objeto, campo o estudio definido, o al menos relativamente definido. Este objeto o materia es,
según muchos de sus tratadistas, el gobierno y más en concreto, un aspecto del gobierno: su
acción, pues el espíritu vital de las políticas públicas es perfeccionar esta acción, hacerla más
racional.
Myriam Cardoso Brum28 señala que las políticas constituyen productos de los procesos de toma
de posición del Estado, frente a determinadas problemáticas y se componen de decisiones,
acciones y omisiones. Gonzalo Robles29 Tapia señala que existe una corriente de pensamiento
para el análisis de políticas públicas que se centra en sus productos o efectos. Una segunda
corriente para el análisis de políticas públicas, la llamada exploración mixta (mixed scanning)
consiste en un monitoreo general del sistema para localizar áreas críticas y un análisis
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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detallado de las mismas. El objetivo es que quien toma decisiones en el sector público sea más
efectivo en su gestión, es decir, que los impactos o consecuencias de los cursos de acción que
seleccione logren aliviar en su implantación los problemas públicos. Los pasos a seguir en el
proceso de análisis de las políticas públicas son: definir el problema, especificar los criterios de
evaluación, eliminar posibilidades no viables de acción, evaluar políticas alternativas y
seleccionar otras. Para la evaluación de alternativas el autor propone cuatro categorías
complementarias de criterios: viabilidad técnica, factibilidad financiera y económica, viabilidad
política y operabilidad administrativa.
Martínez Reyes30 reconoce que la política pública comparte el principal problema de muchos
otros campos dentro de las ciencias sociales: la ausencia de un paradigma único que pueda ser
verificado empíricamente, su objeto de estudio en términos generales, es el análisis de la
acción del gobierno y la evaluación de sus efectos, por lo que deberá ponerse atención a los
problemas de dominación, poder y equidad e impulsar una nueva configuración estatal. Será
esencial sustituir el clientelismo populista y el corporativismo por un nuevo tipo de relaciones
basadas en un gobierno responsable y legítimo y una sociedad civil activa, participativa y
organizada. Esto obliga a repensar la nueva relación entre el Estado, el gobierno y la sociedad
civil.
El auge en el análisis sobre las políticas públicas por los estudiosos de la administración pública
mexicana, parece obedecer más a una moda que a un avance significativo de las ciencias
administrativas, llegando incluso a ser una burda copia de técnicas utilizadas en el vecino país
del norte, lo que ha provocado incluso confusión e imprecisiones en su estudio: "En un mundo
cada vez más complejo y difícil de descifrar también lo son las políticas públicas y las
concepciones para abordarlas, algunas, como lo advierten quienes se acercan a ellas,
sofisticadas, intraducibles al español, plagadas de neologismos y barbarismos, carentes de
rigor y sencillez".31
El estudio de la administración pública y la salud pública, podría vincularse a las políticas
públicas en la medida que se considere a éstas como un proceso racional de acción
administrativa, con base en el marco legal que les diera legitimidad y con un sustento
democrático que permita el consenso.
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El escenario ideal para llevar a la práctica las políticas públicas en el campo que nos ocupa,
tendría como elementos básicos un proceso de participación directa de la sociedad en el
análisis de los problemas que le afectan, en el establecimiento de prioridades y en el
cumplimiento de compromisos para sus resolución. También requiere la disponibilidad de
recursos financieros, la voluntad política de las autoridades para respetar la opinión de los
ciudadanos y la capacidad administrativa para una gestión pública eficiente y de calidad.
En otra vertiente, dentro de la Administración Funcional, la producción se reconoce como una de
las áreas funcionales de la administración en general, es considerada un subsistema dentro de la
organización, encargado de la manufactura, es decir transformar la materia prima en un nuevo
producto. Los bienes y los servicios se producen de manera diferente. En la administración
pública la diferencia es más acentuada.
Producir servicios de salud pública es una obligación del gobierno, que lo hace por medio de la
administración pública y regula a su vez los servicios en la materia que producen los particulares.
Estas acciones corresponden al gobierno por la obligatoriedad legal que será revisada en el
marco jurídico, pero ¿cómo deben producirse estos servicios de la administración pública?... La
respuesta también la da el análisis jurídico señalado, entre sus disposiciones más importantes se
identifican; la obligación de ser con base en un plan integrado a una estrategia nacional de
desarrollo y con eficacia, eficiencia, calidad y oportunidad.
López y Pacheco32 han señalado que, mientras que el criterio de la empresa privada es el de
maximización de la ganancia particular, la empresa pública ha de tratar de maximizar en cantidad
y calidad su función social con base en un uso racional de los recursos. Ellos mismos identifican
tres diferencias básicas entre los procesos manufactureros y los de servicios:
- Relación entre la producción y el consumo: en el primer caso no ocurren simultáneamente, en
el segundo si.
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- Relación entre el productor y el consumidor: en el primer caso no existe esta relación directa
entre trabajadores y consumidores, en las empresas de servicio si hay relación directa entre el
trabajadores (prestador de servicio) y los usuarios.
- Resultados, en general en el primer caso son objetivos y tangibles en el caso de los servicios
son subjetivados por el usuario.
Miryam Cardoso33 señala que entre los criterios más comúnmente utilizados para medir la
productividad figuran: eficiencia, eficacia y efectividad. Especifica que se considera eficiente en el
sector público el logro del conjunto de objetivos con los menores costos económicos, sociales y
políticos. Se califican de eficaces las acciones que logran los objetivos sin medir los costos. Una
medida efectiva es aquella cuyo impacto global produce un resultado positivo,
independientemente de que éste forme parte o no de las finalidades perseguidas. Destaca que en
nuestro medio, "se debe reconceptualizar el criterio de eficiencia", porque se puede hablar de
este concepto en su dimensión económico-financiera, así como en su dimensión social y política.
Para mejorar la prestación de servicios de salud se precisa profundizar en la modernización de las
entidades estratégicas y prioritarias, estableciendo criterios precisos para no confundir a las
empresas públicas propiamente dichas con las entidades de servicio institucional, útiles para la
prestación de servicios públicos o para realizar las actividades promocionales y de investigación, y
cuya eficiencia y productividad no son siempre medibles en términos de rentabiidad financiera.
Específicamente en cuanto a las entidades de servicio institucional, son aquellas útiles para la
prestación de servicios públicos o para la realización de actividades promocionales y de
investigación, por lo que no deben ser juzgadas sólo con criterios de costo/utilidad, sino por su
capacidad de respuesta efectiva a las demandas sociales de su competencia y de mayor
profesionalización del personal a ellas adscrito. Su actuación debe seguir bajo criterios de
eficiencia y productividad, evitar desviaciones y asegurar el manejo transparente de los recursos
fiscales que se les asignen, de acuerdo con la naturaleza, características de operación y el papel
que específicamente desempeñan en el contexto del desarrollo económico y social del país.
En 1990 el Programa de Modernización de la Administración Pública34 en México, sugirió en
materia de productividad, en el documento se consigna que deberá ponerse especial atención a:
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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El mejoramiento constante de la calidad y eficiencia de los servicios, promoviendo la
especialización y capacitación del personal, así como la plena identificación de los servidores
públicos con los objetivos institucionales. La ampliación de la cobertura de servicios, a partir de
criterios de racionalidad que consideren, dentro del presupuesto, la asignación de mayores
recursos a las áreas sustantivas de la entidad. La promoción de transparencia en su caso, en el
uso y destino de los recursos fiscales. El otorgamiento de subsidios con base en un criterio de
selectividad que considere su justificación real. La simplificación de trámites y descentralización
de servicios. El fortalecimiento de la imagen de los servicios al público y de los encargados de
prestarlos. La utilización óptima de la infraestructura.
También en materia de administración funcional es preciso atender el área de personal para evitar
que los encargados de brindar servicios de salud, se conviertan en “burócratas” en el sentido
peyorativo del término.
Lucio Mendieta35 señaló ya desde hace más de treinta años algunas características de los
empleados en la burocracia, entre las que se cuentan: su naturaleza intelectual (lo que
frecuentemente lleva una connotación de improductividad); el desprecio absoluto por el tiempo del
público; la falta de interés personal en el trabajo, falta de entusiasmo en las tareas que desarrolla,
lo que se traduce en rutina, lentitud, baja calidad -a veces pésima- de los servicios públicos, lo
que para él se debe a la colocación casi siempre errónea de las personas en los puestos y a la
falta de estímulos.
El aspecto financiero de la salud que otorga la administración pública tiene características
singulares. Los recursos económicos son generados por el grueso de la población por vía de los
impuestos, se asignan -mediante la elaboración presupuestal y el establecimiento de prioridades
nacionales-, a otro sector de la población del país que por diversos motivos se encuentra en
desventaja.
El punto clave para saber de dónde provienen los recursos para financiar los programas de salud
pública (y todos los gastos gubernamentales) es el presupuesto, por lo que puede considerarse
también como una herramienta administrativa indispensable de la administración pública.
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Los encargados de planear, dirigir y evaluar las entidades públicas que otorgan servicios de salud
deben reconocer, que el propósito principal de éstas no es la rentabilidad financiera, pero deben
ser administrados de la manera más eficiente los recursos financieros que se les asignen. En tal
virtud, deben diseñarse indicadores para medir su eficacia, eficiencia, productividad y situación
financiera, para atender a los propósitos de su creación y sus características específicas.
La mercadotecnia, identificada en la administración privada como el área funcional encargada de
presentar la imagen de los productos para hacerlos atractivos y lograr que las personas los
consuman, se puede equiparar en el caso de la administración pública, a las funciones de
"comunicación social".
En épocas anteriores sólo eran modestas oficinas de prensa y en algunas ocasiones, encargadas
también de las funciones de relaciones públicas. En la actualidad, la "comunicación social", ha
tomado una gran importancia para proyectar la imagen del funcionario en turno de las
dependencias públicas o en algunos casos -como el de la salud afortunadamente- para difundir
una imagen institucional y sus funciones de apoyo a la sociedad.
La mercadotecnia no debe alcanzar los extremos en la administración pública: su desaparición
por ser una función de la administración privada, ni su exageración o imitación de los objetivos
que persigue ésta; sí puede cambiarse por los conceptos de difusión, veracidad e imagen y
dedicar sus esfuerzos al fortalecimiento de la legitimidad, y aceptación de la población hacia las
funciones de la dependencia de que se trate. En otro orden de cosas, considero que el fenómeno de la calidad se constituye en una exigencia
administrativa global. Al respecto conviene mencionar la importancia en el mundo empresarial de
la actualidad, ha cobrado importancia un sistema mediante el que un grupo de empresas analiza y
certifica la calidad en los procesos productivos de las organizaciones. Se conoce como ISO
900036. Es un conjunto de normas de garantía de la calidad propuesta por una organización
privada internacional con sede en Europa. A pesar de no ser una norma gubernamental, la
certificación por parte de la Organización Internacional de Estándares (ISO) y sus filiales en varios
países, se ha convertido en una regla no escrita para una mayor aceptación de los productos que
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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se importan en la Comunidad Económica Europea. En 1987 la International Standard
Organization publicó las primeras cinco normas internacionales sobre garantía de calidad,
conocidas como las Normas ISO 9000. En sus anuncios de ese tiempo describían las nuevas
normas como el "refinamiento de todos los principios de sistemas de calidad" y "la culminación de
acuerdos entre las más avanzadas autoridades en estas normas como la base de una nueva era
en la administración de la calidad".
ISO 9000 es un sistema general para el uso interno de la gerencia, que sirve también para decidir
cuál de las tres siguientes normas es la más apropiada: La norma de servicios dentro de la serie
ISO 9000, es la ISO 9004 (parte 2) y se titula Gestión de la calidad y elementos del sistema de
calidad-guía para servicios. Es una importante extensión de la norma a un sector hasta ahora
no acostumbrado al uso de norma formal alguna, y representa una trascendente evolución de
actitudes internacionales hacia la medición de la calidad en el sector de servicios. Tiene también
profundas implicaciones sociales, si la norma llega a ser una realidad, implicará no menos que
una sociedad de dos clases, en donde habrá "servicios de calidad asegurada" y servicios que
serán descritos en otros términos.
La importancia de la efectividad de los sistemas que miden y controlan la calidad están recibiendo
la atención mundial. Precisamente la nueva norma internacional para servicios es una respuesta a
esta creciente concientización, y es un intento para motivar al sector de servicios a adoptar
procedimientos de calidad formales. Si se pregunta "¿Cómo puede medirse la calidad de los
servicios?", se puede encontrar por respuesta que son los clientes quienes han declarado o
planteado necesidades que pueden ser entendidas y satisfechas. La norma se sigue para
suministrar los elementos y aspectos requeridos para estructurar un sistema de calidad que sea
relevante para una organización de servicios, es aplicable a todos estos, incluyendo tanto los que
son exclusivamente servicios como los que involucran la fabricación y suministro de productos. Lo
anterior hace que la norma sea ideal para un amplio espectro de actividades, desde máquinas
vendedoras hasta consultorías, bancos, servicios a sistemas instalados de computadoras,
servicios educativos y de atención a la salud.
En el análisis del vínculo entre globalización y salud y sus principales tendencias reconocemos
con Frenk y Gómez37 que el surgimiento de un nuevo orden global plantea dos escenarios
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futuros. Uno de ellos, el desintegrador contempla la acción de fuerzas supranacionales que
tienden a una asimilación que uniforma valores y estilos de vida con poca sensibilidad a las
condiciones históricas y culturales de cada nación. Por su parte las fuerzas subnacionales,
promueven el surgimiento de fundamentalismos excluyentes basados en la intolerancia y el
rechazo a lo diferente. El otro, llamado integrador representa una globalización que reconoce y
atiende la riqueza multicultural de la humanidad y cuya capacidad integradora estriba en el
rescate de los valores universales y derechos humanos, bajo el criterio de pluralismo incluyente
basado en el respeto a la diversidad. Dentro de los valores que todas las sociedades
comparten se encuentran la vida, la preservación del medio ambiente y la protección de la
salud. Ante los riesgos de que el escenario desintegrador termine por imponerse, la salud
puede jugar un papel crucial en la formación de una globalización integradora. Para ello, es
necesario desarrollar un nuevo concepto de salud global.
El carácter global de la salud se expresa en dos dimensiones fundamentales: por un lado las
condiciones de salud de las poblaciones y por el otro, la respuesta social a tales condiciones,
organizada a través de los sistemas de salud. En cuanto a la primera, el concepto clave es la
transferencia internacional de riesgos y beneficios para la salud (transferencia de bienes; de
tecnologías médicas, ambientales e industriales; y de infecciones entre otros). La segunda, se
refiere a los sistemas de atención donde el concepto clave es la reforma.
1. Para los mismos autores la reforma de los sistemas de salud es un tema de importancia
actual tan relevante como los programas de ajuste económico y los procesos de integración
comercial. Aunque las razones del cambio pueden ser distintas según los países, hay puntos
de convergencia, de modo que las medidas adoptadas se pueden clasificar en cinco grupos:
Separar el financiamiento de la prestación de servicios. Instituir mecanismos permanentes
de evaluación del costo y la efectividad. Hacer uso más racional de la tecnología. Mejorar la
calidad de la atención. Fomentar la participación ciudadana.
Los cambios originados por la transición demográfica, la transición epidemiológica y el
desarrollo tecnológico, han determinado también cambios en la respuesta que los sistemas de
salud dan a la nueva realidad.
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De acuerdo con Sotelo38 algunos de los elementos que caracterizan a el proceso de Reformas
a los sistemas de salud son los siguientes:
- Los actuales sistemas de salud se ubican en una posición intermedia entre el modelo
financiado por el Estado y el modelo privado.
- Se ha reducido el financiamiento público y han surgido nuevas formas de organización como
los sistemas privados de prepago, las combinaciones de prestaciones en la seguridad social
y las formas privadas de prestación de servicios financiados con cotizaciones obligatorias
establecidas por el Estado.
- En la provisión de bienes y servicios de salud los especialistas han desplazado a los
médicos jóvenes y a los que ejercen en el medio rural; se acrecienta la competencia entre
los médicos con base en la complejidad tecnológica; el mercado de servicios hospitalarios va
quedando en manos de profesionales destacados y se ha disparado el precio de
medicamentos como resultado de la creciente desregulación.
El mismo autor enlaza la reforma del sector salud, como componente de la reforma del Estado,
y anticipa entre sus características:
- La reforma estará condicionada por las características del sistema actual y los perfiles
demográfico, social y epidemiológico proyectados al escenario nacional. Tendrán relevancia
particular los roles que asuman las fuerzas políticas, sindicales y gremiales. El avance que
se logre en saneamiento fiscal, inversión y crecimiento económico. Las condiciones
relacionadas con la salud, pero que no son propias del sector (agua potable, educación entre
otros). La eficiencia que se pueda derivar de un equilibrio razonable entre la regulación
estatal y el libre mercado.
Paulatinamente el Estado reduce su función de proveedor de servicios o financiador, se
diversificará la oferta y habrá competencia de nuevas entidades dentro de un adecuado
régimen normativo y regulatorio. La reforma de los sistemas de salud se deberá sustentar en la
voluntad política y en el conocimiento técnico. Si no existe la primera no hay posibilidad alguna
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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de emprender la reforma, el conocimiento técnico requerirá destinar esfuerzos y recursos a la
investigación orientada al fortalecimiento de la eficacia y la eficiencia de las acciones de salud.
Para garantizar la viabilidad de la reforma se deberán identificar las fortalezas y las debilidades
de cada sistema, así como las oportunidades y amenazas de los diversos escenarios en que se
desenvolverá el esfuerzo reformista.
De acuerdo con lo anterior parece estar surgiendo un nuevo paradigma para la organización de
los sistemas de salud. La búsqueda casi universal de la eficiencia, la equidad y la calidad ha
hecho que la salud sea un factor de confluencia y consenso. La salud jugará por ello un papel
vital como puente para la concordia, la paz y el desarrollo sustentable en el nuevo orden global.
Un punto adicional de intersección entre la actualidad administrativa y de los sistemas de salud,
es la calidad. Lo mismo en Estados Unidos que en otras partes del mundo, desde hace tiempo ha
existido la preocupación por evaluar y mejorar la calidad de la atención a la salud.
Tradicionalmente se ha optado por la reglamentación como método para asegurar la calidad, que
incluye el otorgamiento de licencias para las instalaciones e instituciones, y la inspección del
grado en que éstas se apegan a los requerimientos de estructura y de proceso.
Schroeden39 dentro de este tema también otros problemas específicos de la medicina,
particularmente los relacionados con la comunicación entre el proveedor y el paciente y, la sobre y
subutilización de los servicios. La sobreutilización generalmente es detectada por agencias
dedicadas a controlar los costos médicos y como la mayor parte de los esfuerzos relacionados
con la calidad se enfocan hacia los hospitales y las mayores dificultades de subutilización afectan
a pacientes que nunca logran llegar al hospital, se ha tendido a subestimar este problema. Ante el
espectáculo de la enorme revolución del mercado que se está dando en el campo de la atención
a la salud en Estados Unidos, especialmente la estampida en dirección a la "competencia
administrada", el enfoque hacia la comprobación de la calidad se moverá de las instancias
individuales (hospitales y casos) hacia el desempeño de la población de la cual cada plan es
responsable. Esto tiene la virtud de extender las mediciones más allá de las personas que son
hospitalizadas y da una base teórica para medir los tres componentes de la calidad: la calidad
técnica, la sobreutilización y la subutilización. La "competencia administrada" se define como un
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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sistema organizado de atención, a menudo con pago por cada persona y un médico general
como coordinador.
Al respecto de la competencia, el mismo autor comenta que se ha teorizado mucho respecto a
que en un mercado competitivo, los planes competirán de acuerdo con su calidad y precio. A la
fecha, los usuarios sólo se han interesado por la competencia relativa al precio.
En la búsqueda de respuesta a la interrogante de un modelo de atención a la salud más efectivo y
humano que moderno y gerencial, se encontró que hay una perspectiva internacional diferente a
los afanes globalizadores que privilegian la ostentación modernista en los procesos de reforma y
reconocen la importancia de acciones más modestas, locales y tradicionales de los servicios de
salud. Por ejemplo en 1996, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, la Conferencia Regional
de Autoridades de la Salud de las Américas, cuyo tema central fue la Medicina Familiar y la
Reforma de los Servicios de Salud. El antecedente de esta reunión fue la conferencia conjunta de
la OMS-WONCA (Organización Mundial de Médicos de Familia, por sus siglas en inglés) en
London, Ontario Canadá, en noviembre de 1994, en donde se elaboró un documento de trabajo
titulado "Hacer que la práctica médica y la educación médica sean más adecuadas a las
necesidades de la gente: la contribución del médico de familia". Su principal postulado fue
identificar la forma en que los países puedan responder mejor a las necesidades de la gente; y
como pueden obtener el mayor beneficio posible de los recursos asignados al campo de la salud.
Los participantes en dicha conferencia propusieron un Programa de Acción Preparatoria, y
determinaron, entre otras tareas, realizar conferencias regionales para llevar adelante sus
recomendaciones. De ahí la Conferencia Regional de Autoridades de Salud de las Américas, en
donde se emitió la Declaración de Buenos Aires39 que propuso que los países de las Américas
respondan satisfactoriamente a las necesidades integrales de salud de la población con una
cobertura universal, para lo que deben otorgar servicios médicos personales y de salud pública; y
que éstos deben ser provistos por una fuerza de trabajo adecuadamente entrenada y
geográficamente bien distribuida. De sus resolutivos es conveniente transcribir los siguientes:
1. La conferencia reconoce que en la región de las Américas está en marcha una Reforma de los
Sistemas de Salud y considera que en ella, la voluntad política de los gobiernos debe ir
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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aparejada a la acción ejecutiva, para asegurar una alta calidad en la atención que se brinda a
los individuos y a las familias.
2. Por la importancia y trascendencia que tiene la reforma para alcanzar el grado máximo de
salud de las personas, ésta debe cumplir objetivos de universalidad, equidad, accesibilidad,
eficiencia, calidad, solidaridad y participación social, con criterios de descentralización e
intersectorialidad.
3. La Reforma de los Sistemas de Salud no puede basarse solamente en cambios estructurales,
administrativos y financieros, sino que debe también considerar a los recursos humanos que
mejor respondan a los propósitos de la misma.
4. Por las características particulares de la práctica de la Medicina Familiar, los países deben
utilizarla como estrategia básica para responder integralmente a los propósitos de la Reforma
de los Sistemas de Salud y en particular a las necesidades de la gente.
5. En atención al importante papel que juegan los organismos de cooperación técnicos,
científicos y académicos, tanto nacionales como internacionales, deben continuar brindando
apoyo al proceso de inserción de la Medicina Familiar en la Reforma de los Sistemas de Salud.
6. Con base en sus características particulares, cada país debe desarrollar modelos integrales de
atención a la salud, que permitan utilizar de manera óptima los principios y las ventajas de la
práctica de la Medicina Familiar, convirtiéndola en la vía de entrada a los servicios de salud.
En el mismo sentido Oratai40 describe que con más acción que modernidad la experiencia de
Tailandia para disminuir el costo social de la mortalidad materna.
El programa se ha centrado en el fomento de la participación comunitaria con objeto de mejorar
la accesibilidad y la aceptación de los servicios. La estrategia básica consiste en formar
parteras auxiliares para incorporarlas a la plantilla de los centros obstétricos, a fin de que éstos
puedan ampliar sus actividades en los distritos.
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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El otro ejemplo que describe formas de administración con rescate de valores tradicionales y
acciones sencillas pero eficaces en programas de salud es la inserción de la medicina familiar en
Cuba.
Uno de los problemas más complejos es el desarrollo de la atención primaria de la salud. Esta se
concibe como un conjunto de procesos científicos, técnicos, clínicos, epidemiológicos, sociales y
metodológicos que requieren para su desarrollo, decisión política e infraestructura.
Ordóñez41 en Cuba, el Sistema Nacional de Salud ha determinado que el tipo de médico que
necesita es un especialista de medicina general integral que resuelva los problemas de salud del
individuo, de la familia y de la comunidad, ejerciendo la medicina familiar, la medicina comunitaria
y la medicina social. Por esto se implementó a fines de 1983 el Plan del Médico y de la Enfermera
de la Familia, conocido por la población como el Médico de las 120 familias para formar un nuevo
especialista, el Médico General Integral. Cada equipo de trabajo (médico y enfermera de la
familia) tiene como base de trabajo un consultorio-vivienda, ubicado en el territorio donde reside la
población por ellos atendida. El consultorio está en la planta baja y la vivienda en la planta alta y
atiende a una población de 600 a 800 habitantes, aproximadamente 120 ó 140 familias.
El médico no se limita a la atención de los enfermos, sino que se ocupa también de los sanos y
pone especial énfasis en la promoción de salud y la prevención. El equipo trabaja 44 horas a la
semana atendiendo a la población que demanda el servicio en el consultorio por la mañana y
visitando el hogar de sus familias por la tarde. También realizan visitas domiciliarias en la comu-
nidad, actividad fundamental para el desarrollo de la promoción de salud y la prevención y para la
búsqueda permanente de la participación activa de la comunidad en la solución de sus problemas
de salud.
Los principios de la atención médica plan del médico de familia y la enfermera son: atención
médica integral (biopsicosocial), continuada, dispensarizada, en equipo, orientada a la comunidad,
con el enfoque clínico, epidemiológico y social en la solución de los problemas de salud del
individuo, la familia y la comunidad y con enfoque científico y humano en la solución de los proble-
mas.
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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La participación activa de la comunidad se ha logrado mediante los intercambios permanentes
con los delegados de los consejos populares, los líderes de la comunidad y las reuniones
periódicas de rendición de resultados con la comunidad, lo que ha generado un alto grado de
satisfacción en la comunidad por los servicios de salud recibidos.
Otras ventajas del plan son: el enfoque práctico privilegiado sobre el teórico; el desarrollo de la
educación médica orientada a la comunidad y de la investigación en la atención primaria de la
salud; la consolidación gradual de la fase académica de la medicina familiar, elevando el status y
los valores profesionales del médico de familia, y en la disminución gradual de los costos hospita-
larios por la solución de más de 90% de los problemas de salud en la comunidad.
Las debilidades identificadas hasta ahora en el funcionamiento del programa refuerzan la idea de
mejorar a la par de la salud, los sistemas administrativos, Ordóñez señala entre estas: indisciplina
laboral y docente en algunos equipos de salud; deficiencias en los instrumentos de trabajo de
algunos equipos; algunas deficiencias en las actividades de promoción de salud y prevención y en
el cumplimiento de algunos programas como el del control de la tuberculosis y el de las
enfermedades de transmisión sexual, deficiencias de algunos profesores integrantes de los
Grupos Básicos de Trabajo (GBT) en el cumplimiento de sus responsabilidades y fallas en la
interrelación policlínico-hospital (referencia y contrarreferencia).
Globalización, modernización y Reforma del Estado significan seguramente muchas ventajas para
varios sectores sociales, pero sus insuficiencias en materia de administración y salud pública
obligan a reflexionar sobre el verdadero impacto y avance en ambos campos. Frente a las voces
que festinan un mundo más feliz, más saludable y mejor administrado, también existen rezagos y
críticas de los riesgos de exclusión social.
José Chanes42 señala que no es suficiente el cambio de la administración pública, "para reformar
al Estado habría que transformar las opciones políticas fundamentales, modificar sus elementos
constitutivos. Seguramente con esta expresión sólo se pretende señalar la necesidad de adecuar
a la administración pública con las exigencias del momento o, lo que es más probable, favorecer
más ampliamente los intereses hegemónicos. Hasta hoy, al menos abiertamente, nadie aspira a
reformar nuestro territorio o al pueblo mexicano". Igualmente precisa que cuando se alude al
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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tamaño del Estado, se piensa sólo en la administración pública, por lo que el debate político y
académico se ha centrado en tratar de definir su tamaño adecuado, situación que no se ha
logrado precisar. Para él, "la dimensión óptima de la administración es aquella que le permite
cumplir eficazmente las atribuciones que le han sido conferidas para alcanzar los fines a su
cargo".
La moda modernizadora parece haber llegado sólo a la teoría, los viejos vicios parecen
permanecer inmutables. En 1964, Rodríguez Reyes43 en su diagnóstico sobre la administración
pública mexicana establecía lo siguiente: En materia de su régimen funcional; excesiva
centralización de funciones en los niveles superiores de la jerarquía administrativa, duplicación de
funciones, imprecisión en sus esferas de competencia, indiferenciación entre las funciones de
línea y staff, incongruencia de las atribuciones asignadas a algunas dependencias según su
ámbito de acción. La estructura orgánica observaba; crecimiento sin obediencia a un plan,
excesiva cantidad de acuerdos directos de la Presidencia y la multiplicación de dependencias así
como falta de uniformidad en su estructura interna, ausencia de oficinas de planeación,
organización y métodos en un nivel jerárquico adecuado, y pulverización de la estructura
gubernamental.
Al señalar el comportamiento de las últimas décadas (para ese tiempo el periodo de 1940 a
1960), indicó que se hacía costumbre introducir cambios en la estructura orgánica del poder
ejecutivo al iniciar su respectivo periodo de gobierno.
Como problemas relativos a adquisiciones, se marcó la ausencia de una política central en
materia de compras del sector público, los elevados precios en las adquisiciones del gobierno,
ausencia de catálogos actualizados y, falta de estandarización de los bienes adquiridos.
La principal característica señalada en cuanto a procedimientos administrativos, fue su
anacronismo, además de carencia de oficinas de organización y métodos, trámites
burocratizados, complicados, escasa asesoría técnica en la materia, desatención a las iniciativas
y sugerencias de los empleados y, falta de continuidad en el esfuerzo para simplificar los trámites.
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En cuanto a la administración de personal, las fallas detectadas fueron: Ausencia de una
política de personal de acuerdo con normas aplicables a todas las dependencias, formas
anacrónicas de selección, capacitación insuficiente, estrangulamiento escalafonario, deficiente
remuneración y baja eficiencia del servidor público. En el rubro que el autor identificó como
coordinación administrativa del ejecutivo federal, señaló como deficiencias, la multiplicidad de
instituciones que atienden programas especiales, métodos deficientes de comunicación
intersecretarial, formas débiles de colaboración en el régimen interno de las dependencias y en
igual medida de los organismos descentralizados con su coordinadora central y, falta de
coordinación en los procesos operativos. Estableció con base en lo anterior, que era urgente y
necesaria una tarea de integración armónica de la acción gubernamental. El vínculo entre
administración pública y asistencia social en México parece continuar con las mismas
características de hace 30 años que señalaba Rodríguez Reyes, y la única modernización parece
ser el aumento en el gasto, las computadoras y los aparatos detectores de armas a la entrada de
los edificios públicos.
El doctor Paulo R. Motta44 describió en un estudio realizado hace 10 años, un panorama
desolador -que no menos realista-, de la situación que priva en la administración de las
instituciones de salud pública de América Latina. Se destacan los problemas de papeleo, extrema
burocracia y la excesiva importancia que se atribuye en los organismos públicos a normas,
reglamentos y tradiciones internos en perjuicio de los objetivos que se desean alcanzar. Existe
deficiencia estructural en la que se vive un estilo de administración por rutina y crisis, en donde
todos se sumergen en la rutina hasta que surge un problema.
Hay carencia de un mercado de referencia para la adopción de decisiones en base a objetivos y
se adquiere como objetivo central la supervivencia, comenzando a separar las actividades
esenciales de las de apoyo logístico, planteando un divorcio, una lucha de poder que menoscaba
los intentos de reforma administrativa: "los dirigentes de los cuatro primeros planos jerárquicos
emplean más del 50% de su tiempo en pequeñas batallas para sobrevivir. Compiten por
conseguir más y mejor personal, más locales, mejores instalaciones y equipos... la administración
en materia de salud pública comienza a percibirse más como administración que como pública. La
propia modalidad de gestión de la administración pública fomenta esa actitud de pasar por alto al
público y los asuntos públicos".
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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Los viejos vicios persisten a pesar de los discursos modernizadores, recientemente Chanes
Nieto45 al hablar de democracia administrativa, señaló que "la administración pocas veces es la
casa del ciudadano, ante ella casi siempre es un extraño, inoportuno y sospechoso... Los
habitantes dudan que los servidores públicos lo sean del público... Si (los funcionarios) se
condujeran como ciudadanos, serían los primeros en mejorar la administración pública". Para
tratar de cambiar esta situación propone el establecimiento y reconocimiento de los "derechos
humanos administrativos", entre los que se destaca el primero: "A una administración cercana,
expedita, simple: oportuna, eficaz, considerada, razonable, justa, honrada, humana, de calidad y
bajo costo".
Dentro del proceso de modernización del país, uno de los términos más en boga junto a la
eficiencia y eficacia, es el de la calidad. Anteriormente el término parecía sólo del campo de la
empresa privada. En la actualidad ambos tipos de empresas (pública y privada) lo han adoptado.
Para Yoshida46 la calidad es el conjunto de características de servicio y consumo que satisfacen
las necesidades del consumidor... "la calidad es hacer que los clientes se sientan bien". También
se observa una tendencia que considera que la calidad de la administración pública es una de las
cuestiones centrales de su razón de ser, de su presente y futuro inmediato y, que debe cambiar
los criterios utilitaristas para asumir una manifestación social, humana y pública. En opinión de
Uvalle47, la calidad debe atender a la complejidad de lo que debe ser un Estado social necesario y
una administración pública reestructurada y transformada por imperativos de una vida social
orientada hacia la autonomía y fortalecimiento de las organizaciones públicas. Los factores que
debe considerar esta nueva connotación son: revalorar el espacio público, estimular la iniciativa
individual y, considerar el mercado político. La administración pública no debe decidir a espaldas
de la sociedad, consultarla es una tarea que la primera no puede ni debe eludir. La administración
por capricho se vuelve ilegal y cuando además se cree intocable, infalible, autosuficiente y
dispensadora de favores, se convierte en una administración deshumanizada.
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MÉXICO Y SU MODERNIZACIÓN.
En materia de Reforma del Estado, México llega al presente con una larga tradición de lucha
entre federalismo y centralización del poder político.
La historia nacional tiene un elemento centralista muy arraigado producto de sus antecedentes
prehispánicos, pero sobre todo como resultado de 300 años de administración colonial. Las
decisiones políticas y económicas más importantes en la época del virreinato se tomaban en
España, esta característica centralizadora resultaba difícil de cambiar repentinamente, incluso se
ha reconocido que el federalismo tuvo en México momentos difíciles desde su nacimiento y hubo
de superar el antecedente de un imperio y dos regencias.
Si se ha dicho que federalismo y Estado mexicano son parte de un continuo en la historia
nacional, se debe reconocer la necesaria vinculación entre la reforma del Estado que ha
emprendido el gobierno con el fortalecimiento en la práctica del modelo federalista de nación. El
Presidente Zedillo48 ha dicho que la hora de un nuevo federalismo, reconoce que para construirlo,
es necesaria la redistribución de autoridad, responsabilidad y recursos. El nuevo federalismo es
parte integral de la Reforma del Estado, una reforma que Ortega Lomelín49 ha identificado con
nuevas prácticas públicas, adecuación de instituciones políticas y nuevas relaciones entre la
autoridad y la sociedad. Es tanto una descentralización entre los niveles de gobierno como entre
éstos y la sociedad.
El federalismo es una síntesis histórica y elemento esencial del Estado mexicano, tiene varios
pendientes para lograr convertirse en una realidad vida de la nación. Esta transformación requiere
el compromiso, la responsabilidad y participación de todos los sectores del país. El nuevo
federalismo económico, político, administrativo y social es un reto y una tarea que debe
emprender la generación del presente para orgullo y bienestar de los mexicanos del siglo XXI.
El derecho constitucional mexicano es el primer punto de referencia para el análisis jurídico del
vínculo entre administración pública y salud pública en México, en razón de que la Constitución es
el documento que contiene el proyecto nacional vigente hasta nuestros días.
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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La relación entre la salud pública y las garantías individuales como derechos de los mexicanos, se
identifica mediante el análisis de los siguientes artículos50:
Artículo 1: En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella misma establece.
Artículo 3: La educación...
II...
a) Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo;...
Artículo 4: La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas... El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia... Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... Es deber
de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la
salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de
las instituciones.
Al relacionar lo transcrito de los tres artículos anteriores, encontramos que los mexicanos
tenemos derecho a vivir en un régimen democrático con permanente mejoría económica, social y
cultural. También se reconoce la igualdad ante la ley, así como el derecho a proteger la salud,
según lo preceptuado por el artículo 4º.
Jorge Madrazo y Santiago Barajas51 consideran que la inclusión del derecho a la protección de la
salud en el texto constitucional se hizo con el propósito de "lograr el bienestar físico y mental de
los mexicanos, prolongar y mejorar la calidad de vida, crear y extender en lo posible actitudes
solidarias y responsables de la población, el disfrute de servicios de salud y asistencia social que
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades sociales".
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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En concordancia con la reforma constitucional, se creó el Sistema Nacional de Salud como un
organismo del que forman parte varias dependencias y entidades de la administración pública
federal y local, así como personas físicas y morales. La planeación, regulación, organización y
funcionamiento del sistema se rige por la Ley General de Salud del 7 de febrero de 1984. Los
propósitos del sistema son semejantes a los que impulsaron la reforma constitucional. Para
identificar la necesidad de que la salud pública que otorga la administración pública se realice
conforme a las normas jurídicas vigentes, se revisa el artículo 26, constitucional que a la letra
dice: "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía... Los fines del
proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación...
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la
Administración Pública Federal". Esta norma constitucional plantea una doble obligación al poder
ejecutivo (y por ende a la administración pública), hacer la planeación del desarrollo nacional, y
realizarla con un método democrático que permita la participación de los mexicanos en los planes
de gobierno.
Las funciones del poder legislativo que pueden relacionarse más directamente con la salud
pública, se encuentran básicamente en los artículos : 73.- Facultades del Congreso..., fracción XI.
Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus
dotaciones..., fracción XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo
económico y social..., fracción XVI. Para dictar leyes sobre materia de salubridad general; y 74.- Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. fracción IV. Examinar, discutir y aprobar
anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.... Los anteriores artículos
complementan las disposiciones en materia de planeación y rectoría del Estado en el desarrollo
equitativo del país y, específicamente mencionan la facultad del Congreso para autorizar o no el
presupuesto de egresos de la federación, lo que determina el gasto público que puede destinarse
a la salud pública. Además consignan las funciones legislativas del Congreso de la Unión en
materia de planeación y salubridad general.
Las reglas jurídicas que sirven de base para vincular la salud pública como función de la
administración pública, se revisan a partir de los artículos: 80: Se deposita el ejercicio del
Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un sólo individuo que se denominará "Presidente de los
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
41
Estados Unidos Mexicanos" y, 90: La Administración Pública Federal será centralizada y
paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del
orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y
Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Los funcionarios y
empleados del sector salud adquieren los derechos y obligaciones que se marcan en lo general
para los servidores públicos los artículos: 108, 109, 110 y 134. Los anteriores artículos tienen una
relación indirecta con la salud pública en la medida que hacen referencia a las obligaciones de los
servidores públicos y las responsabilidades en que incurren en caso de incumplimiento.
El artículo 134 incluye a las dependencias de la administración pública dentro de la obligación de
administrar con honradez los recursos a ellas destinados, al respecto, Eduardo Andrade
Sánchez52 -al comentar que el presente ordenamiento es una modificación constitucional
promovida por el presidente De la Madrid, para lograr la renovación moral, que desde la
perspectiva del Estado debería prevenir la corrupción con una administración pública honesta,
profesional y eficaz- sintetiza las cualidades con que se deben administrar los recursos, con la
siguiente explicación:
Eficiencia: tiene una connotación técnica de cumplimiento de metas y en otro sentido se entiende
como una virtud administrativa consistente en alcanzar los fines propuestos con el uso más
racional posible de los medios existentes.
Eficacia: es la obtención del resultado práctico deseado y se considera un principio distinto a la
eficiencia porque no todas las acciones gubernamentales pueden estar regidas por un cálculo de
costo-beneficio.
Honradez: el término hace alusión no sólo al aspecto económico de no apoderarse de los bienes
ajenos o aprovechar la posición para obtener ventajas indebidas sino, en general, al
comportamiento responsable del administrador público que consiste en el cumplimiento puntual
de sus obligaciones, así como el servicio oportuno y debido a sus administrados.
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
42
El análisis de la legislación en materia de salud pública se hace con base en el mismo orden de
los comentarios a las disposiciones constitucionales, para revisar de manera simultánea, sus
vínculos con la administración pública.
La Ley a la que hace referencia el artículo 4º constitucional para garantizar el ejercicio del
directivo a la protección de la salud es la Ley General de Salud53, misma de la que se transcriben
las siguientes:
artículo 4: Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública
y de asistencia social.
Posteriormente, en el artículo 5º, la Ley define al Sistema Nacional de Salud como aquel
constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como
local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de
salud. Incluye también como parte del sistema, los mecanismos de coordinación de acciones. Su
objeto es dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud. En el artículo 7 se establece que
la coordinación del Sistema estará a cargo de la Secretaría de Salud.
La Ley de Planeación54 es reglamentaria del artículo 26 de la constitución y como su nombre lo
dice, señala la obligación del gobierno federal de conducir la política gubernamental con base en
un Sistema Nacional de Planeación Democrática. En su artículo 2º, la ley define la planeación
como un medio para el eficaz desempeño de las funciones estatales, por lo que deberá basarse
en principios como el fortalecimiento de la independencia y soberanía, perfeccionamiento del
régimen democrático, igualdad de derechos, respeto a las garantías individuales y derechos
sociales, fortalecimiento del federalismo y equilibrio de los factores productivos.
En el artículo 4º señala la obligación del poder ejecutivo como conductor de la planeación del
desarrollo nacional y su responsabilidad para que en ésta se garantice la participación de los
grupos sociales, mismo tema que posteriormente se amplía en el capítulo tercero, artículo 20 de
la ley. En el artículo 9º se indica que la planeación y conducción de las actividades de la
administración pública deberá sujetarse a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
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La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal55 reglamenta el artículo 90 de la
constitución, define el vínculo más directo entre el tema de estudio: administración pública y
servicios de salud pública. El artículo 9º de esta ley pretende evitar la improvisación de acciones
en la administración pública al señalar que deben conducirse en forma programada y con base en
la planeación nacional del desarrollo. En los artículos 18 y 19 se establecen medidas en materia
de organización administrativa cuya responsabilidad corresponde al titular de cada secretaría.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos56 entró en vigor en los primeros
días de 1983, su vinculación con el tema de estudio es en la medida que los funcionarios de las
instituciones gubernamentales de salud son también servidores públicos, por lo que deben acatar
esta ley. Sus disposiciones se relacionan con los artículos 108 a 113 y 134 constitucionales.
Rodríguez Reyes57 cuando habla de moral administrativa en su diagnóstico del gobierno federal
(realizada en 1964), se pregunta "si basta la perspectiva de aplicar con rigor la Ley de
Responsabilidades contra funcionarios y empleados públicos, sin llevar a cabo la modificación a
fondo de la administración pública por lo que atañe a su estructura a su funcionamiento y a sus
métodos de operación", cuestionamiento que sigue vigente en esta nueva modernización de la
administración pública, a 30 años de haberse planteado.
La Ley del Seguro Social58 fue promulgada en 1943, expedida una nueva en 1973, con reformas
en 1992 para incluir en sus disposiciones el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y
recientemente entró en vigor (1997) todo un conjunto de ordenamientos a partir de una reforma
completa al ordenamiento citado. Para el caso que nos ocupa, la ley faculta al Instituto para
proporcionar servicios sociales de beneficio colectivo, adicionales a los servicios obligatorios,
mismos que se clasifican en dos categorías: prestaciones sociales y servicios de solidaridad
social.
Hacer un recuento de lo encontrado en la revisión y análisis del marco jurídico del fenómeno salud
pública en su vínculo con la administración pública mexicana, obliga a reflexionar sobre la
necesidad del fortalecimiento del Estado de derecho mediante la construcción de categorías que
vinculen la protección en circunstancias objetivas y tomen en cuenta los intereses colectivos para
lograr la legitimación de las acciones sanitarias. De lo contrario establecer la aparición de leyes
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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creadas por y para intereses de pequeños grupos, se corre el riesgo de privatizar el derecho
público.
En materia de salud pública el titular del poder ejecutivo federal se ha convertido en causa de la
dispersión normativa por la multitud de iniciativas que ha propuesto. Ejerce un poder hegemónico
por vía de la administración pública y la regulación de las acciones de las instituciones privadas.
Carlos del Cabo59 -profesor de la Universidad Complutense de Madrid- ha señalado que "al
aparecer una multiplicidad de leyes y, además particulares y concretas, resulta que se ha
desvirtuado su justificación en aras del intervencionismo social y ha terminado sirviendo a
intereses y grupos dominantes; aparte de que las dificultades de manejo y conocimiento junto a
las de control que produce la fragmentación y caos de Ordenamiento Jurídico, potencian esos
efectos". Por lo que plantea que se debe recuperar el papel central de la Ley y sus características,
lo que supone "recuperar la prevalencia democrática de lo público y de lo general frente al
autoritarismo de lo privado y particular". El derecho parece haber sido rebasado por los hechos:
las leyes, decretos y acuerdos parecen ser insuficientes para lograr un cambio en el Estado. La
transformación del territorio nacional no es deseable como reforma del Estado. El cambio social
(hacia actitudes de mayor responsabilidad y participación) todavía no es posible, por lo que se
hacen normas jurídicas que sólo consideran al gobierno -en la administración pública- como
susceptible de reforma, modernización o desarrollo. Aun así los efectos de la administración
pública y asistencia social marcados en la normatividad, parecen no haber rebasado la
declaración de buenas intenciones.
El marco jurídico que vincula dos fenómenos socio-organizativos -servicios de salud y
administración pública- presenta un excesivo número de normas, en algunas de sus partes
incongruentes, favorece la imprecisión, duplicidad y en ocasiones multiplicidad de instituciones
con injerencia en el mismo asunto, diluye la posibilidad de exigir responsabilidades. Federico
Reyes Heroles60 señaló que "la racionalidad de la decisión en el Estado puede ser entendida por
el encuentro con su faz formal: la normatividad..." Que en este caso pareciera una cara deforme.
Al hacer una comparación de las leyes y otros ordenamientos jurídicos con la realidad se podría
concluir que pese a sus deficiencias, es necesario adecuarlo, porque en las actuales
circunstancias parece que administración pública y salud pública -en la visión de la ley- son una
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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isla de la fantasía (donde todos cumplen con diligencia y oportunidad sus funciones) cada vez
más alejada del litoral de la realidad.
Al respecto de la vertiente política y administrativa de la reforma del Estado en México, Lorenzo
Meyer61 describe la transición del Estado en términos de establecer límites al neoliberalismo
considerando al grupo, comunidad básica del sistema: "el control de las organizaciones políticas y
sociales es vertical, y el control político trata de evitar la existencia de relaciones horizontales. Los
liderazgos intermedios tienen la función de moldear y controlar las demandas de su membresía
según los intereses y proyectos de la cúpula de la pirámide del poder. Es en esas circunstancias,
que el ejercicio del poder es básicamente clientelar y patrimonial".
Existe una clara tendencia al entendimiento con grupos, a terminar con cacicazgos -para construir
a su vez otros más omnipotentes- e imperios de poder a excepción del económico que se ha
convertido en el aliado del programa neoliberal. Camacho Solís62 afirma al respecto que "el
mundo debe ir creando los instrumentos institucionales y locales para abordar los problemas más
agudos con la urgencia y efectividad necesarias... lo importante no es por dónde se empieza; lo
importante es que las tres reformas --la reforma política, la reforma económica, la
consolidación de sociedades abiertas-- se acompasen para que no se rompan las naciones y
no se dividan profundamente las sociedades".
En el vínculo entre la reforma del Estado y la administración pública, conviene mencionar la
opinión de Luis Ángeles63 en el sentido de que "en México, además, no es la administración
pública la que tiene hoy mayor capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes... La
reforma económica que ha sido el pivote de la reforma del Estado y de la modernización de la
sociedad... no se circunscribe hoy a su aspecto gerencial y administrativo, aunque pasa por él...
La verdadera discusión estriba en sí la función productiva está en la naturaleza y lógica del
Estado; o si el Estado que tenemos debe ocuparse preponderantemente de la actividad que sólo
él como entidad puede y debe desempeñar bien: gobernar, nada más pero nada menos".
En el contexto del cambio de la vertiente política, económica y social debe insertarse una opinión
objetiva, realista y modernizadora de la administración pública, que en opinión de Omar
Guerrero64 debe tener como ingredientes y orientación: "la recuperación de su pasado, la
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exaltación de su origen político, el reconocimiento de su filiación económica y la acentuación de
su hermandad con la economía... dejar de cultivar sólo una ciencia de la organización
administrativa para desarrollar una más fructífera ciencia de la administración de la sociedad, más
a tono con las preocupaciones de las ciencias sociales, más interesada por el destino de las
sociedades humanas que por las rutinas de la burocracia".
Un panorama de poco optimismo respecto de la reforma del Estado en el ámbito político, es el
que vislumbran López Arellano y Blanco Gil65. En su opinión existe una transición política paralela
a la económica en la que se redefinen los espacios políticos como consecuencia de varios
factores, entre ellos: una creciente hegemonía de la fracción financiera de la burguesía mexicana
y el desplazamiento de otras fracciones dominantes; el debilitamiento del sistema de dominación
corporativa y la marginación que le es consecuencia de las cúpulas obreras al momento de definir
la política económica y social; y la conformación de un nuevo sector al interior de la llamada "clase
política", la tecnoburocracia, que se ha impuesto al conjunto de la sociedad por medio de cinco
factores, que ellos han identificado como: "a) El reforzamiento del poder ejecutivo; b) La
institucionalización de la crisis; c) La despolitización de las demandas sociales y políticas
convirtiéndolas en actos administrativos; d) La subordinación de las acciones de gobierno a una
modernización que abarca a las instituciones y al conjunto de la sociedad (empresas, sindicatos,
universidades, etcétera); y e) Un particular manejo del lenguaje y la comunicación".
La reforma del Estado se ha ligado comúnmente al tamaño de la administración pública con una
orientación que ha variado en los tres últimos sexenios, pasando por una defensa y plena
justificación del tamaño y número de empresas públicas, una mesurada opinión de tendencia
hacia su disminución, hasta llegar en el sexenio 1988-1994 a un franco desmantelamiento,
curiosamente, también justificado. En el sexenio que gobernó José López Portillo66 se dijo que "el
desarrollo de las empresas públicas ha tenido una significativa y creciente aportación en la
elevación de la capacidad de manejo y conducción de la economía por parte del Estado y, por
ende ha determinado en buena medida el desenvolvimiento económico y social del país".
En el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid67 se argumentó "la necesidad de establecer en
las empresas públicas de cada sector, programas de modernización y reestructuración...
ajustándose a dos líneas de acción; en lo relativo a la reordenación económica se racionalizará el
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uso de divisas a través de una estricta presupuestación... y en el cambio estructural, la empresa
pública dará prioridad a la superación de las necesidades en sectores de la más alta
importancia social...".
En el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari68 se afirmó categóricamente que "un
Estado que no atienda al pueblo por estar ocupado administrando empresas, no es justo ni
revolucionario; pierde el sentido fundador que le dio el artículo 27 constitucional. Un Estado
extenso, abrumado, termina siendo un Estado débil, no sólo ante los obreros, campesinos,
empresarios y clases populares y medias, sino ante el mundo. La desincorporación de
empresas públicas, no estratégicas responde hoy a un principio de fidelidad con el
carácter social y nacionalista del Estado...".
Coincidimos con Castrejón Díez69 en el sentido de que en tan sólo una década hemos sufrido
una mutación cultural y hemos tenido que replantear la política y reorientar las estructuras
sociales. Para entenderlo a fondo debemos partir de la comprensión de la dinámica de los
cambios y analizar el proceso de transición paso a paso, con sumo cuidado, sin olvidar que
todo este reacomodo político-ideológico es parte de un proceso cultural.
La idea de una evolución social tranquila y automática hacia una nueva estadía es siempre
deseable, pero sólo en raras ocasiones sucede. Vivimos un periodo de recuperación de la
iniciativa popular, de evolución de los métodos de gobierno, de transformación de nuestras
instituciones. La búsqueda es por un modelo de mayor equidad económica y políticamente
democrático. Estas concepciones abstractas se orientan a una mayor participación en la toma
de decisiones y a corregir el modelo de acumulación desigual establecido desde el siglo
pasado. La pluralidad que caracteriza a esta etapa es reflejo de la heterogeneidad de la
nación.
El mismo autor reconoce que en la transición de la sociedad tradicional existen dos posibles
hipótesis, porque una parte importante de esta civilización responde ya a los valores del
individualismo. La primera hipótesis señalaría un ruta de transición hacia el autoritarismo-
individualismo y posteriormente a la democracia-individualista. La segunda hipótesis
favorecería una transición no hacia el individualismo sino directamente a la democracia; esto
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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significaría una transición sin transformaciones culturales, que empujarían a esta civilización
hacia el cuadrante holístico-democrático, a nivel regional, ya que la transición nacional no es
tan importante para ellos. Por lo tanto, a las raíces de la cultura política nacional ya han sido
tocadas y buscan un nuevo rumbo. Pero diversos obstáculos lo han impedido hasta hoy. Entre
éstos, quizá el más difícil de vencer sea la heterogeneidad cultural, la coexistencia de diversas
civilizaciones o estadías superpuestas.
Por todas estas razones, el proceso de transición que ya está en puerta no puede dejarse a la
deriva ni a la especulación teórica. Exige un análisis profundo que permita planear y diseñar
políticas adecuadas para el momento y, obviamente, para el futuro.
Al cuestionar sobre la magnitud de los fenómenos modernización, Reforma del Estado,
tendencias actuales en Administración Pública y en materia de servicios de salud como parte
de la política social encontramos que los mismos efectos poco favorables de la experiencia
internacional se observan en México.
Para el caso de México, López Arellano y Blanco Gil70 consideran que en el marco del proyecto
neoliberal "el Estado de bienestar se desmantela, se abandona paulatinamente el quehacer
estatal para garantizar los derechos sociales asentados en la Constitución Mexicana y se transita
hacia una política de neo-beneficencia, caracterizada por: a) la drástica disminución del gasto
social, b) el combate a la pobreza extrema, c) la focalización de los recursos en zonas de
importancia económica y/o política, d) la descentralización autoritaria, la reorganización
institucional con el fin de conservar un mínimo de servicios baratos para los grupos más
depauperados y, f) el fomento de las formas rentables de producción de servicios". Su crítica
sube de tono, cuando argumentan que el tránsito de una política social de bienestar hacia una
política social de neo-beneficencia, redefine las características de las instituciones de bienestar
social pero no las desmantela. En esta redefinición se fortalecen las formas autoritarias y
clientelistas de prestación de servicios, se favorece la exclusión de grandes grupos sociales y se
profundiza la desigualdad ya existente.
En México, para lograr el bienestar social existe un régimen de economía mixta (que permite la
participación privada y oficial en actividades económicas) consagrado en los artículos 25 y 28
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constitucionales, con estas disposiciones se busca conciliar derechos sociales y libertades, a la
vez que se promueve la economía del bienestar por medio de la rectoría del Estado. Al respecto,
Cesáreo Morales71 señala que "...los gobiernos, precisamente para poder gobernar, tienen que
diseñar una política económica que permita el funcionamiento del mercado y una política social
que corresponda a derechos sociales protegidos... Para vincular ambas no hay modelos teóricos
disponibles: hay que construir por tanto, modelos prácticos". La economía del bienestar debe
medirse en términos de eficiencia macroeconómica, pero también en términos de eficiencia
social.
En el México actual no parecen darse las condiciones para el ejercicio de gobierno mediante
políticas públicas porque la sociedad no da muestras de estar dispuesta a participar en la
medida que realmente se necesita para un proyecto de planeación y administración
democrática (por ejemplo las reuniones de padres de familia en las escuelas, las asambleas
sindicales, juntas de vecinos y colegios de profesionistas tienen que realizarse cada vez con
menos personas en algunos casos con menos del quórum legal que sus mismas normas
prescriben), el compromiso y la participación de la sociedad parecen ser una buena intención
en este país.
La implantación de las políticas públicas requiere la presencia y voluntad de dos elementos
básicos: la sociedad y el gobierno. Para aplicarlo al caso de México se puede observar la mayor
presencia de la sociedad en forma de marchas, invasión de predios, bloqueos de vías de
comunicación, toma de edificios gubernamentales, lo que obedece a la carencia de políticas
públicas adecuadas que no planearon ni resolvieron las demandas que los grupos sociales
plantean en forma espontánea. Esta presencia sólo reafirma que la administración pública se
caracteriza por su divorcio con la sociedad, pero es una manifestación provisional que se
desvanece tal como apareció: espontáneamente. La sociedad en México después de muchos
años de paternalismo estatal no acepta que de pronto se le asignen responsabilidades y
compromisos duraderos. El otro elemento, el gobierno, requiere la voluntad política de los
funcionarios para el consenso en el proceso de políticas públicas, lo que tampoco parece
realizable en nuestro medio cuando el ejercicio del poder administrativo se caracteriza por el
autoritarismo y la irracionalidad. Los planes no parecen surgir de la voluntad ciudadana ni en su
beneficio, por el contrario nacen del cerebro de "expertos" de las dependencias públicas y
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tienen por objetivo justificar el presupuesto y promocionar la imagen política del funcionario de
mayor rango en la dependencia de que se trate.
Las políticas públicas de México en materia de salud parecen ser la improvisación en las
acciones, la irracionalidad en la administración y la ilegalidad de su funcionamiento. Han dejado
de lado a la población necesitada de salud porque no tiene tiempo de ir a decidir en asambleas
democráticas cómo quiere ser asistida. Han relegado la planeación concertada porque tampoco
los funcionarios tienen tiempo de ir a escuchar las necesidades de los que serán asistidos. Se
podría decir que contrariamente a sus fundamentos teóricos, las políticas públicas hacen
prevalecer intereses privados con recursos públicos.
Específicamente en un medio publi-administrativo como el que se observa actualmente en
México, la gerencia social enfrenta una incongruencia entre teoría y práctica, porque en la
primera se exige un gerente social que tenga conocimiento de las comunidades, el
funcionamiento de las organizaciones, la estructura de los programas de gobierno y
sensibilidad para entender y solucionar los problemas; sin embargo, la llamada nueva
generación se caracteriza por un tipo de funcionario con las características contrarias a las
deseables para el gerente social. Las vías de acceso a los cargos importantes dentro de la
administración pública son: el prestigio de las universidades privadas, los estudios en el
extranjero, los apellidos de abolengo político-económico, lo que da como resultado un gerente
que nunca se ha comportado como ciudadano común ni experimentado lo que esto representa
al momento de relacionarse con los servicios de la administración pública, un directivo que
conoce la pobreza sólo en los documentos estadísticos de Harvard y el Banco Mundial y del
que, en consecuencia no sería lógico creer que tenga sensibilidad social para tomar decisiones
administrativas en favor de los ciudadanos. Creo necesario para finalizar este apartado, que
ninguna de las tres vertientes analizadas del entorno administrativo general podrá por sí sola
solucionar los problemas y atender la demanda -y sus causas- de servicios de salud pública. Es
un error pensar que sólo alguna de las nuevas modalidades de tecnología administrativa pueda
ser la panacea para los añejos vicios de una administración pública que se resiste al cambio. Sí
por el contrario, es aconsejable tomar de la vertiente científica, estatal, y tecnológica de la
administración, aquellos aspectos susceptibles de incorporarse a la nueva estructura
XII Concurso de Ensayos del CLAD “Hacia la Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública”. Caracas, 1998
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gubernamental que surja del consenso entre pueblo y gobierno en lo general y de manera
particular, en materia de salud pública.
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SALUD PARA LOS POBRES.
En este apartado se relata la experiencia actual de México en el sentido de la coexistencia de
métodos administrativos gerenciales en salud que apuntan a la modernidad y por otro lado,
formas tradicionales de gestión sanitaria que recuperan valores ancestrales como la solidaridad
comunitaria.
El Secretario de Salud de México, Juan Ramón de la Fuente72 considera en una sola vía los
trabajos sobre el federalismo y la descentralización de los servicios de salud, el compromiso
político es fortalecer la estrategia social del Gobierno de la República, para lo que se ha
emprendido la reforma del Sistema Nacional de Salud. Relata que la Secretaría de Salud ha
iniciado la descentralización de los servicios, con el fin de transferir decisiones y acciones al lugar
de los hechos y de los actores. En consecuencia, se han fortalecido las instancias para una
adecuada coordinación del sistema: el Gabinete de Salud y el Consejo Nacional de Salud.
En el proceso de Reforma, el Consejo Nacional de Salud ha sido el órgano coordinador y
concertador entre las autoridades centrales y las autoridades estatales. Para cumplir con su labor
creó cinco comisiones de trabajo: de ampliación de la cobertura, de mejoría de la calidad de
la atención, de vinculación entre la jurisdicción sanitaria y los municipios, de
fortalecimiento de los recursos humanos, y de fortalecimiento de los recursos financieros
y materiales. Asimismo, elaboró un diagnóstico nacional de la capacidad instalada y actualizó 32
estudios de regionalización operativa.
Sus principales acciones se han concentrado en las siguientes estrategias:
1. Descentralización de los servicios de salud a población abierta, con la finalidad de que todos
los estados y el Distrito Federal asuman las facultades, las decisiones, las responsabilidades y
el control sobre la asignación y el uso de los recursos.
2. Ampliación de la cobertura a través de un paquete básico de servicios de salud, dirigido a una
población aproximada de diez millones de mexicanos que no recibe servicios de salud en
forma regular .
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3. Programa emergente en atención a los grupos más vulnerables, enlazado con el rezago en
materia de atención a la salud, sobre todo en poblaciones campesinas e indígenas.
4. Programa municipio saludable. En el nuevo federalismo, la integración nacional depende de la
participación de ayuntamientos fuertes como base de gobiernos estatales sólidos.
El impacto a mediano plazo de la reforma otorgará mayores responsabilidades y recursos a las
autoridades locales, concediendo al Gobierno Federal mayor amplitud en el desempeño de sus
funciones rectoras. Esta serie de acciones fortalecerá las habilidades administrativas y de gestión
de los estados.
El otro caso es el de los servicios de solidaridad social, son la segunda vertiente de que habla
el título cuarto de la Ley del Seguro Social73, comprenden asistencia médica, farmacéutica e
incluso hospitalaria.
Para ello el Instituto organizará, establecerá y operará unidades médicas destinadas a los
servicios de solidaridad social, los que serán proporcionados exclusivamente en favor de los
núcleos de población que por el propio estadío de desarrollo del país, constituyan polos de
profunda marginación rural, suburbana y urbana, y que el poder ejecutivo federal determine
como sujetos de solidaridad social. Los servicios deberán proporcionarse en coordinación con
las demás instituciones de salud y si perjuicio del eficaz otorgamiento de las prestaciones a que
tienen derecho los trabajadores y demás beneficiarios del régimen de seguridad social. Por lo
que serán financiados por la federación, por el Instituto y por los propios beneficiarios.
La Ley señala claramente que los beneficiarios por estos servicios contribuirán con
aportaciones en efectivo o con la realización de trabajos personales de beneficio para las
comunidades en que habiten y que propicien que alcancen el nivel de desarrollo económico
necesario para llegar a ser sujetos de aseguramiento en los términos de esta ley".
En concordancia con lo anterior, surgió el programa IMSS-Coplamar que posteriormente
cambió su denominación por IMSS-Solidaridad. En 1979 el gobierno federal inició el
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otorgamiento de servicios de salud a diez millones de campesinos sin capacidad contributiva y
firmó, a través del organismo Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas
Deprimidas y Grupos Marginados) de la Presidencia de la República que agrupaba a once
organizaciones de desarrollo rural, un convenio con el IMSS en el que este último adquirió la
responsabilidad de organizar y administrar dichos servicios.
Coplamar tomó el compromiso de promover la realización de trabajos comunitarios con el
apoyo de dependencias federales y estatales en materia de programación, aportación de
materiales y financiamiento, además de celebrar convenios para la prestación de servicios a las
comunidades (educación, empleo, abasto alimentario, vivienda, agua, caminos, electrificación,
agroindustria, y comercialización entre otros) a la vez que debía acreditar ante el IMSS la
participación de la población en obras de saneamiento ambiental y beneficio comunal, mediante
jornadas de trabajo o acciones que traten de mejorar la salud, como contraprestación aportada
por los núcleos familiares para recibir atención médica en las unidades. Entre 1983 y 1988 los
servicios con que el programa atendía a un poco más de cuatro millones de habitantes fueron
traspasados a los gobiernos de catorce estados, lo anterior como parte de la estrategia de
descentralización de la vida nacional y específicamente del sector salud. En 1990 la
denominación del programa cambió de IMSS-Coplamar a IMSS-Solidaridad, para dar
congruencia a la filosofía que le dio origen, con los objetivos del Programa Nacional de
Solidaridad.
La operación del programa se da en los estados en que vive el 64.9% de la población rural,
68.8% de grupos catalogados como productores de subsistencia e infrasubsistencia y, el 85.7%
de los cincuenta y seis grupos étnicos de la República.
La estrategia de acción del programa continúa observando sus características iniciales de
participación y compromiso de la comunidad, para crear nuevos servicios éstos tienen que ser
a solicitud expresa de la población y con el aval de estudios que determinen la necesidad de los
mismos, su utilidad y funcionalidad. Se forma un comité de salud y solidaridad que gestiona la
cesión del terreno por parte de la comunidad e involucra voluntarios para que sean capacitados
y participen en el diagnóstico de salud local y en las acciones posteriores de mejoramiento
colectivo. Se busca que la construcción de una unidad médica sea el detonador para otras
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acciones de cambio como la introducción del agua potable, electrificación, mejoría de la
escuela, etcétera.
La estructura del Programa IMSS-Solidaridad74 está formada por cuatro niveles: central
(nacional), delegacional (estatal), zonal y operativo. El primer nivel es la Coordinación General
que depende de la Dirección General del Instituto; tiene funciones normativas y de control en el
ámbito interno, y de coordinación y concertación en el externo. Concentra sólo el 2% del total
de personal (10 990 trabajadores a diciembre de 1991). El nivel operativo, formado por el
personal de las unidades médicas rurales y de los hospitales descritos, representa el 83% del
total de trabajadores.
En el mismo sentido de la distribución del personal, se da la distribución porcentual del
presupuesto destinado los servicios de salud por niveles (4 en el nivel central, 20.3 en el
delegacional y zonal, y 75.5 a la operación). La organización descrita es apoyada mediante los
comités operativos en cada zona, y comités municipales, estatales y nacional, que actúan
como órganos de concertación intersectorial porque en ellos están representados los diferentes
sectores de la administración pública que realizan acciones de desarrollo rural. Tal esquema
tiene el apoyo de la organización y estructura desconcentrada del IMSS, lo que permite operar
a un costo factible para el país.
Además de la filosofía solidaria, el programa ha tomado como estrategia específica de sus
acciones el modelo de atención integral a la salud, sustentado en la visión del proceso salud-
enfermedad como un fenómeno multicausal que debe atenderse de manera integral. Los
servicios básicos de salud están escalonados por niveles y tienen como antecedente
necesariamente un diagnóstico de salud que identifica las condiciones de vida y las principales
causas de enfermedad y muerte de cada comunidad.
El modelo se caracteriza por la participación de personal multidisciplinario en todos los niveles
de la organización, personal en formación y personal comunitario capacitado; el uso de
tecnología simplificada que se adecua al medio; la coordinación con otros sectores de la
administración pública y organizaciones campesinas e indígenas y, como elementos básicos: el
respeto a la cultura, la organización social, las condiciones locales y las prácticas tradicionales
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de atención para la salud. Está concebido para que la comunidad tenga una participación
preponderante pero en forma organizada mediante asambleas y comités de salud y solidaridad
que analizan y jerarquizan los riesgos y problemas locales de salud. Estas mismas instancias
realizan la planeación de las acciones en función de las expectativas, posibilidades y recursos
locales, para posteriormente actuar sobre las causas y consecuencias de los daños a la salud,
además de participar en la evaluación periódica de los procedimientos, los compromisos y los
resultados.
En 199475 la población amparada por el programa era de 10 935 290. Los servicios llegaron a
un mayor número de comunidades dispersas con 428 unidades médicas rurales. El programa
operaba 57 hospitales rurales ubicados en comunidades con población dispersa menor de 1
000 habitantes. Su presencia abarcó 12 718 localidades ubicadas en 1 231 municipios de 17
estados y se atiende al 40% de la población sin seguridad social. En 13 de los 17 estados en
donde opera el programa habitan más de 3.5 millones de indígenas, de los cuales el programa
brinda atención al 82.9%.
Mediante la coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
y Leche Industrializada Conasupo, S.A. (LICONSA) para apoyo alimentario, rehabilitación física
y atención médica, se trabaja en la mejoría del estado nutricional de la población más
necesitada. Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se opera un programa de becas
consistente en pago del salario mínimo a parteras y asistentes rurales de salud durante su
formación por personal del programa. Con el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (INEA) hay un convenio para que el proceso de alfabetización de adultos se apoye en
contenidos de educación para la salud en la comunidad, lo que facilita la educación de las
mujeres en edad fértil y es factor coadyuvante en el descenso de la mortalidad materna.
En materia de costos se ha calculado que para 1994 el promedio anual por solidariohabiente
fue de 114 nuevos pesos (34 dólares). El programa dispone de cuadros básicos de
medicamentos y equipo similar en sus unidades que está acorde con las necesidades reales y
demandas de la población. El costo promedio anual de operación en 1994 por unidad médica
rural fue de 226 mil nuevos pesos y el de un hospital de 8 millones 990 mil nuevos pesos.
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La organización comunitaria para la salud creció y se fortaleció con un 62% de nuevos comités
de salud y solidaridad con 13 717 personas capacitadas. Los promotores sociales voluntarios
(miembros elegidos por la comunidad que han aceptado la responsabilidad de cuidar la salud
de un grupo de familias, incluida la propia) aumentaron en 114%, por lo que en 1994 había 101
157 personas capacitadas y activas que participan en las acciones de salud del programa. Los
asistentes rurales de salud (voluntarios de la comunidad formalmente capacitados en técnicas
de promoción de la salud, diagnóstico y tratamiento de padecimientos frecuentes de baja
complejidad) aumentaron en 84% llegando a 6 711 en ése año. El número de parteras rurales
se elevó en 56% (7 951) que atendieron 61 770 partos, es decir el 35% del total de los
atendidos en el sistema.
Dentro de las acciones ha tenido prioridad la atención materno infantil, vacunación universal y
nutrición. Durante el sexenio 89-94 se logró que 84.6% de las familias participen en el manejo
adecuado del agua para consumo humano; 68% en la disposición sanitaria de excreta humana
y 84.7% en el manejo adecuado de la basura, situación que ha permitido una reducción
significativa en los casos de enfermedades gastrointestinales. En el informe de 1994 se hizo
hincapié en que "los logros enunciados fueron posibles en virtud de que se contó con la
suficiencia y oportunidad de recursos financieros, el reforzamiento de la estructura propia del
programa con el crecimiento de equipos zonales, multidisciplinarios y de gestoría y
seguimiento, contar con una plantilla vehicular en las mejores condiciones para la operación y
la sustitución de mobiliario, equipo e instrumental en nuestras unidades médicas. Cabe
destacar la relevancia que el programa concede a la capacitación y desarrollo permanente del
personal institucional y comunitario".
Por otra parte, en la Memoria Institucional del IMSS76 se mencionan los resultados del
programa, de los cuales (adicionalmente a lo ya expresado) me han parecido más relevantes
los siguientes: La distribución de sus unidades médicas (69.6% atienden estados de muy
alta y alta marginación, 27.9% de media y 2.5% de baja); la distribución del gasto en 1994
(68% al primer y segundo nivel de atención, 27% a administración de zonas y delegaciones y
sólo 3.8% del gasto a nivel central); las aportaciones de la comunidad y la simplificación
normativa (reducción de 127 a 71 normas en el periodo); la concertación y coordinación
interinstitucional con dependencias públicas y organismos privados (Secretarías de: Salud,
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Educación, Desarrollo Social, Gobernación, Contraloría, DIF, gobiernos de los estados,
municipios y organizaciones civiles y educativas) y; la efectividad de los programas operativos y de capacitación (de 971 939 enfermos atendidos en su propia casa o en local de la
comunidad por asistentes rurales, sólo el 20% requirió acudir a la unidad médica). Ángel Flores77 ahonda en el análisis del Programa IMSS-Solidaridad: En este modelo, la
participación comunitaria se considera un medio y no un fin. Se consideró pertinente que el
personal de las unidades médicas estableciera vínculos con las comunidades a su cuidado,
interactuando con ellas en condiciones de igualdad y de respeto a sus creencias y valores
culturales y de esta manera lograr el reconocimiento de la comunidad a los servicios del
programa, intercambiar conocimientos con dicha organización comunitaria y extender al resto de
la población el resultado de la reflexión y los compromisos factibles de ser asumidos para que
cada familia los adoptara como propios.
La asamblea comunitaria se constituye con los solidariohabientes que tienen facultad de intervenir
en reuniones comunales donde se tornan decisiones, es el foro más importante donde se
analizan las causas y los efectos de los daños locales a la salud. De ahí se derivan comités de
salud, que son órganos de gestoría de la localidad, están constituidos por un presidente y vocales
de saneamiento, salud y nutrición, posteriormente se les agregó un vocal de educación y uno de
control y vigilancia. Una labor importante del comité es actuar como gestor ante instancias
municipales y estatales para obtener apoyos financieros, materiales y técnicos en favor de su
comunidad, asimismo organiza brigadas de trabajo para obras comunales, promueve los servicios
de la unidad y está al pendiente de que la atención proporcionada en ella sea cálida y oportuna.
Los habitantes rurales tienen especial preferencia por los médicos tradicionales y sus recursos
terapéuticos, por lo que se decidió tender un puente entre dos prácticas médicas que servían a la
nueva población. Desde el inicio del programa se definió el universo de trabajo, integrado para la
comunidad, donde está ubicada la unidad y un promedio de cuatro unidades vecinas
denominadas de acción intensiva. Ante la imposibilidad de establecer equipos de salud en estas
comunidades se capacitó a los Asistentes Rurales de Salud a quienes se les proporcionará un
equipo básico, material de curación y un botiquín de catorce medicamentos y asesoría periódica;
la comunidad se encarga de acondicionar un lugar donde pueden actuar y guardar su equipo. En
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la atención primaria de la salud toda acción emprendida adopta una dirección privilegiada hacia la
comunidad. Las auxiliares del área médica bilingües facilitan la labor de promoción en las
localidades indígenas. Las comunidades establecen sus propios medios de comunicación
utilizando el lenguaje oral, tendiendo una red de comunicación que va de persona a persona.
El mensaje es claro en la paradoja de un Programa de Reforma del Sector Salud que aparece
con un discurso modernizador y demagógico que rescata la descentralización como elemento de
la reforma del Estado, con mejoría de la calidad, privatización encubierta y formas discursivas de
gerencia orientada a la productividad. Un programa a cargo de un funcionario que difícilmente
pudiera calificarse de “gerente social”, pero que sí tiene a su disposición todo el poder, los lujos y
la ineficiencia con los que se acostumbra vestir la modernidad administrativa. Por otro lado un
programa que gasta menos de un punto porcentual del presupuesto total del Instituto Mexicano
del Seguro Social, pero que rescata valores tradicionales de la acción comunitaria y hace un
esfuerzo para mejorar la calidad de vida de comunidades indígenas y grupos marginados. Con
menos modernidad gerencial los resultados parecen ser más alentadores.
En conclusión y con base en el análisis realizado en este y los capítulos previos, es posible
afirmar que la hipótesis planteada resultó cierta: El modelo de administración gerencial en salud
pública, tal y como lo concibe la teoría actual promotora de la globalización, la reforma de
Estado y la modernización, carece de resultados favorables para la salud de la población en
situación de pobreza. Por contra, se plantea que un modelo promotor del rescate y promoción
de más acciones locales tradiciones positivas y sentido común puede aumentar la eficiencia,
calidad y humanismo de los servicios de salud a la población marginada.
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HOMEOSTASIS ADMINISTRATIVA.
El título de este capítulo trata de significar el eje conductor de la propuesta que se hace como
resultado del diagnóstico al respecto de la reforma del Estado en su vínculo con la administración
y la salud públicas: el equilibrio.
Se propone un sistema celular de salud cuya finalidad es la mejoría de las condiciones de vida
de la población, el desarrollo humano integral que contribuya a la materialización del proyecto
democrático nacional que postula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las bases conceptuales del sistema celular de salud son:
EL EQUILIBRIO - Entre modernidad y tradición.
- Entre centralismo y descentralización.
- Entre pobreza y riqueza.
- Entre democracia y autoritarismo.
- Entre eficacia y humanismo.
LA ÉTICA
LA LEGALIDAD.
Al respecto de las bases conceptuales conviene rescatar los elementos positivos de cada factor
para garantizar el pleno goce de las libertades y la salud con el respeto al marco jurídico vigente y
la dignidad del ser humano. Esto se justifica, si se reconoce que en la actualidad el municipio
tiene dos concepciones administrativas equidistantes: la de los teóricos y "expertos" que
reinventan la administración pública municipal con estudios en los que presentan las más
avanzadas técnicas de la gerencia social, las políticas públicas, la gerencia posmoderna, el
paradigma postburocrático, la reinvención del gobierno y el redescubrimiento del Estado, entre
otras. Sin embargo, en gran parte de los dos mil cuatrocientos municipios del país se administra
con los modelos clásicos de la premodernidad o el arcaísmo, sólo se obedecen órdenes del
gobernador, falta libertad, creatividad y recursos financieros humanos y técnicos. Predomina el
estilo del bombero que sólo atiende donde hay fuego, se improvisa, se buscan ventajas
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individuales y se propicia la complicidad de los miembros del ayuntamiento, hay autoritarismo,
corrupción y baja resolución.
La democracia administrativa municipal como forma de homeostasis es un concepto que parte
de la filosofía política contenida en el artículo tercero constitucional, por lo que toca a sus
características de forma de vida, nacionalismo y convivencia humana.
El presente trabajo parte del supuesto de que el municipio no ha desarrollado sus facultades
constitucionales, sus potencialidades económicas, políticas y sociales, además de que sus
derechos y obligaciones en materia de alimentación, salud y educación han sido deficientemente
ejercidos. Por lo anterior, resulta indispensable la participación de especialistas en salud,
maestros, alumnos, padres de familia y autoridades para que la modernización educativa, del
sistema de salud y, la modernización del país sean una realidad en beneficio de todos los
mexicanos.
Para efecto del presente trabajo, se considera al ser humano como un átomo, a la familia como
una molécula y al municipio como una célula; mismos que funcionan en base a una serie de
interrelaciones internas y externas. La educación que define el artículo tercero constitucional se
debe enfocar en estas tres dimensiones.
Entendida la molécula como la unión de dos ó más átomos, se puede asemejar con la estructura
familiar, en dónde existe una serie de intercambios de valores y características de manera
dinámica y permanente, evolucionando dentro de una comunidad. Al conjunto de varias moléculas
se le ha llamado célula, que para los biólogos significa la mínima parte organizativa autosuficiente
de un ecosistema. Bertalanfy77 amplía el tema cuando introduce el concepto de teoría de
sistemas.
A continuación se presenta un planteamiento bajo el enfoque sistémico tendente al
aprovechamiento de las ventajas que tiene el municipio en México como célula de democracia
administrativa, ya que hasta el momento es célula política y económica de nuestra vida
institucional.
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La fisiología establece que los seres nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Las funciones
intermedias entre el nacimiento y la muerte son objeto de especial atención en este estudio, por la
amplia gama de procesos que en ellas se llevan a cabo. La supervivencia celular observa un
patrón semejante en un tejido interno del cuerpo humano, que en un familia y en una comunidad
social, política y económicamente organizada, es decir; la homeostasis, el mantenimiento del
equilibrio entre las necesidades básicas de alimentación, reproducción, excreción y descanso
para la obtención de un pleno desarrollo. El municipio se compone de un determinado grupo de
familias y comunidades, su nacimiento obedece a la voluntad y participación de los ciudadanos y
las autoridades, su alimento es la actividad productiva generadora de recursos, misma que a su
vez produce deshechos que es necesario desintegrar para su retorno al ambiente sin provocar
desequilibrio ecológico. Así como en la célula cada parte de la misma cumple una función
específica, en el municipio cada familia y cada ciudadano debe responsabilizarse de las tareas
que le corresponden para lograr no sólo crecimiento, sino también desarrollo.
La base de la fisiología celular son los intercambios y las relaciones. El municipio debe tener
ambas; hacia el interior con sus ciudadanos, familias, comunidades y grupos sociales; hacia el
exterior con otros municipios y con los niveles de gobierno estatal y federal.
Económicamente el municipio es la base de generación de recursos y la actividad productiva. Se
debe propiciar el interés de los ciudadanos por lograr la autosuficiencia alimentaria de su muni-
cipio, solicitar los apoyos federal y estatal para el cultivo de alimentos básicos, créditos y asesoría
técnica. Conjuntamente la educación puede intervenir propiciando un cambio de hábitos
alimenticios entre la población (principalmente infantil) que le permita ingerir alimentos de alto
valor nutritivo y de bajo costo, (avena, soya, lentejas, habas, garbanzo, espinacas, acelgas,
etcétera). El resultado esperado será una población sana.
Es urgente la multidisciplinariedad en el proceso administrativo municipal. Es necesario
dejar que todo lo resuelva el gobierno federal. El trabajo debe ser conjunto, los expertos de la
Secretaría de Agricultura y los centros estatales de investigación deberán desarrollar proyectos
que permitan el uso óptimo del recurso "agua" y fertilizantes para la obtención de productos de
consumo popular con alto valor nutricional y a costo accesible.
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La estrategia (alimentación-salud-educación), deberá ser complementada con las condiciones
básicas de saneamiento comunitario como drenaje, alcantarillado, disposición de basura, agua
potable, etcétera. La educación es un proceso integral que aplicado conjuntamente con la salud
nos dará la manera de prevenir enfermedades, obtener una dieta equilibrada, formación de
hábitos positivos de vida, disminución de riesgos y, ser personas útiles en lo individual, familiar y
social.
El desarrollo municipal en México, debe construirse desde el interior de cada municipio, no es una
mercancía o un paquete de consumo que deba se importado, es un estrategia de democracia
administrativa integral que se dará con acciones y no con decretos. Debe ser parte de la
organización social y tener la capacidad para generar sus propios recursos y repartir
equitativamente sus beneficios.
En materia económica Levy78, propone complementar los programas de nutrición y salud física
para la población en pobreza extrema con intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones del
mercado laboral rural. Un programa gubernamental de empleo rural (PGER) que induce a que los
pobres se autoseleccionen para que participen en él, al pagar una tasa salarial por jornada de
trabajo en obras públicas en el sector rural por debajo de la línea de pobreza, utilizando mano de
obra para llevar a cabo obras socialmente rentables de infraestructura rural. El PGER no sería un
programa permanente de subsidios sino un programa transitorio de apoyo a los pobres rurales
hasta que mejoren las condiciones del mercado laboral, daría trabajo durante los 3 ó 4 meses de
baja de la actividad agropecuaria, y no distorsionaría el mercado laboral rural durante las épocas
de siembra y cosecha.
En México existe un amplio grupo de trabajadores que reciben salarios bajos y no tienen acceso a
los servicios de salud dentro de la seguridad social, lo que se agrava porque la población en edad
de trabajar sigue creciendo, la participación de la mujer aumenta y la apertura comercial reduce la
demanda de trabajo rural y es poco probable que el sector formal absorba a los trabajadores
informales del sector rural.
Adicional a lo anterior, pero también en materia económica hay que rescatar la propuesta de
Mansell79 en el sentido de llevar servicios financieros a la gente de escasos recursos. Toda vez
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que las políticas crediticias en el sector rural, de los años sesenta y setenta, fueron ejemplos
clásicos de lo que no se debe hacer porque incorporaron casi todos los elementos del método
antiguo y, desafortunadamente, una gran cantidad de corrupción, Mansell reconoce que los
pobres del medio rural no sólo tienen un espíritu más empresarial de lo que por lo general se
supone sino que en realidad representan un mercado importante para los servicios financieros.
La homeostasis social del sistema celular de salud, reconoce con Luis González y González80,
que los mexicanos son habitantes de tres círculos concéntricos: la familia, el terruño y la nación
mexicana. Por lo general se sienten muy a gusto dentro de la cápsula de la familia tradicional,
pero lo que realmente hace que México sobreviva y avance es el matriotismo: el apego a veces
morboso a la patria chica, la matria. Comparativamente, el patriotismo de los mexicanos, es flojo
y se manifiesta como una actividad nacionalista cautelosa. El nacionalismo mexicano es un tanto
aguado y tibio, pero el matriotismo goza de cabal salud. Por lo tanto, socialmente, la organización
municipal adquiere una relevancia fundamental porque se convierte en catalizador de energías,
actitudes y esfuerzos. Es una célula social por sus características de integración, de espacio y
convivencia entre familias y comunidades. Significa una delimitación geográfica y un primer nivel
de autoridad gubernamental que identifica a un determinado grupo de individuos. Como célula
social debe iniciar con individuos responsables, que sean capaces de desarrollar su capacidad
para enfrentar sus problemas y los de su familia, darles solución, decidir su destino. Los
individuos y las familias deberán promover sus intereses y conciliarlos con los de su comunidad; a
la vez que asuman plenamente su condición de ciudadanos, con el ejercicio de una ética de la
libertad y la justicia.
La necesidad de confianza en las sociedades modernas debe considerarse como un punto de
partida correcto para la derivación de reglas en una conducta apropiada, así como para otorgar
racionalidad y reducir la complejidad en estructuras sociales cada vez más organizadas. Las
instituciones pueden mediar la confianza política al obligar o imponer a aquellos involucrados con
las mismas, un conjunto específico de valores y su eficacia decrece si éstos son traicionados, o
no son suficientemente impuestos por los agentes que actúan en nombre de y por la institución.
Es un punto de equilibrio entre modernidad y tradición por lo que es preciso recuperar la idea de
la confianza como un elemento central para el desarrollo municipal ya que en material social es
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uno de los factores que marcan la diferencia entre los pueblos que logran establecer relaciones
sociales y políticas ancladas en la cooperación y los que no lo lograrán.
En el ámbito político, el sistema celular de salud parte de que la legislación vigente reconoce la
importancia política de los municipios, inclusive, en la Constitución de 1917 que actualmente nos
rige, se les ha dotado de facultades políticas, administrativas, económicas y sociales para
garantizar un gobierno legítimo, eficiente y humano. Desafortunadamente la realidad los ha privado de tales oportunidades y responsabilidades mediante el establecimiento de prácticas
políticas viciadas, administraciones ineficientes, rezagos económicos y sociales y, todo con la
complicidad de un cuerpo de gobierno integrado con autoridades que dicen representar los
intereses de la comunidad.
Entre el pasado y el futuro, el gobierno municipal parece abandonar el escenario y dejar su
responsabilidad en grupos de la iniciativa privada. El gobierno municipal pierde su legitimidad por
una doble vía en la medida que privatiza los servicios: no cumple con la obligación constitucional
de proporcionarlos y, los cede a intereses privados aún contra la opinión de la población. Al
alimentar la voracidad de grupos empresariales se han concesionado servicios de transporte
público, agua potable, panteones, seguridad pública, mercados y rastros, entre otros, en los cien
municipios más prósperos del país, la autoridad ha perdido legitimidad porque se vendieron
activos de la comunidad y no se mejoraron los servicios, sólo se encarecieron. Las restantes
dos mil trescientas comunas sufren una discriminación municipal económica y racial, han
sido privados de oportunidades de desarrollo por gobiernos caciquiles y centralismo estatal y
federal. No representan focos de atención para la iniciativa privada porque su potencial
económico, básicamente industrial y comercial es muy reducido, no son negocios rentables, para
ellos no vale la pena invertir en la pobreza. La discriminación municipal racial es evidente cuando
se puede apreciar en el mapa de la República Mexicana (que realizó el Consejo Nacional de
Población en 1992 para representar el índice de marginación municipal) que los espacios
marcados con el color rojo representan los municipios con la más alta marginación del país y,
coincidentemente corresponden a comunidades indígenas.
En el ámbito político, para lograr el equilibrio se ha planteado la descentralización de salud
como una política pública de la reforma del Estado Mexicano, es una oportunidad de mejorar la
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vida de las comunidades y los ciudadanos, es a la vez un reto de cambio para la democracia
administrativa, que exige ser llevada hasta sus últimas consecuencias. Actualmente salud y
educación sólo se quedaron en desconcentración.
Es tiempo de democratizar la administración municipal, sus decisiones, triunfos, fracasos y
responsabilidades. Existe una obligación constitucional de que los municipios trabajen para dar
justicia, libertad e igualdad a los ciudadanos mediante la administración . Urge instrumentar la
democracia administrativa municipal. Para ello se precisa hacer efectivos los postulados del
nuevo federalismo que Carlos Rojas81 señaló recientemente al reconocer que el impulso a un
federalismo renovado constituye un aspecto central de la reforma del Estado. El gobierno de la
República, así como los gobiernos de los estados y los municipios han refrendado su firme
decisión política, que es a la vez exigencia de la sociedad, de impulsar la descentralización de
recursos y responsabilidades como un paso esencial para fortalecer el pacto federal. Se trata de
una tarea de la mayor importancia para la nación, pero también de un proceso complejo que
requiere de claridad en la estrategia, de acuerdo político entre los tres órdenes de gobierno, de
rigor jurídico y de pulcritud en los procedimientos.
Para el ahora ex funcionario, la descentralización se ha guiado bajo los siguientes criterios
rectores: Primero, garantizar que la función redistributiva del Estado nacional permita compensar
las disparidades regionales que aún prevalecen entre entidades federativas y entre regiones al
interior de los propios estados. Segundo, impulsar un proceso gradual y ordenado que reconozca
las peculiaridades de cada entidad, así como los ritmos y modalidades propuestos por los
gobiernos locales. Tercero, promover, respetando la opinión y el orden interno de los estados, el
fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales, como las instancias
más cercanas a las demandas de la ciudadanía. Cuarto, establecer procedimientos flexibles y al
mismo tiempo rigurosos para precisar las responsabilidades de cada orden de gobierno y la
adecuada supervisión y transparencia en el ejercicio de los recursos.
Otros tres aspectos que propuso analizar profundizar la descentralización son: la definición
específica de las funciones exclusivas, coordinadas y concurrentes de los tres órdenes de
gobierno, la redistribución del ingreso y del gasto, y el fortalecimiento de los gobiernos
municipales para hacer frente a los enormes retos implícitos en el crecimiento urbano.
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La estrategia para la superación de la pobreza, como parte de la política de desarrollo social, tiene
un carácter nacional integral, federalista, incluyente y corresponsable. Se despliega por medio de
tres vertientes: acciones integrales en materia de alimentación, educación y salud, creación de
oportunidades de empleo e ingreso mediante acciones y proyectos de empleo temporal y
productivo, ampliación y mejoramiento de la infraestructura social municipal.
Toda vez que reconoce la fórmula de una política equilibrada de atención a los pobres, se
requiere que los municipios exijan el cumplimiento de la oferta del nivel federal para mejorar la
salud y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
Finalmente, el sistema celular de salud, en su vertiente administrativa y propiamente de salud
considera que el municipio debe explotar su potencial, mediante el aprovechamiento integral de
las facultades que la constitución le otorga y las oportunidades que la realidad le presenta.
Convertir al municipio en célula administrativa, significa la definición de una estrategia integral
de desarrollo que tenga como base un diagnóstico situacional, planeación adecuada, ejecución de
calidad, evaluación y control y, un auténtico compromiso de honradez y progreso comunitario.
La democracia administrativa -como participación comunitaria en las decisiones y acciones, en
la generación de recursos y su utilización- a nivel general y específicamente en el nivel municipal
se ve rebasada por la autocracia de los ayuntamientos, que por ignorancia, negligencia o mala
fe, autorizan presupuestos de egresos que sólo benefician a un reducido grupo de autoridades y
funcionarios en perjuicio de los servicios públicos que requiere la mayoría de los ciudadanos.
Otra posible causa de la situación descrita puede encontrarse en el centralismo excesivo que se
reproduce desde nivel federal y estatal, mismo que se refleja en que el gasto por lo regular es
para la cabecera municipal, con el consecuente descuido a las comunidades integrantes del
municipio.
Al construir un posible escenario, se puede distinguir el esfuerzo del presidente municipal para
establecer su plan municipal de desarrollo, para lo que solicita la participación del personal del
sector salud y de la Secretaría de Educación; en el caso de una respuesta afirmativa, los
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profesores hablarán de la necesidad de que los niños vayan a la escuela limpios, sanos y bien
alimentados; el personal de salud por su parte estará de acuerdo en dar pláticas sobre higiene y
nutrición, pero si la comunidad carece de servicios básicos de saneamiento ambiental y de
alimentos, todo el plan se quedará en teoría.
Existe como requisito básico, una interacción entre la educación, la disponibilidad de alimentos y
el sector salud. Una de las condiciones esenciales para el proceso enseñanza-aprendizaje es
tener buena salud, ésta su vez se logra con un alimentación adecuada y, esta última está
condicionada a la disponibilidad de la producción agrícola.
La planeación del sistema de salud deberá considerar la epidemiología, en especial un
instrumento propuesto por la OPS82, los SIG-Epi, ya que una de sus principales aplicaciones es
facilitar la identificación de áreas geográficas y grupos de población que presentan mayor riesgo
de enfermar o de morir prematuramente y que requieren de mayor atención. Un sistema de
información geográfica se define como el conjunto de herramientas integradas en un sistema
automatizado capaz de colectar, almacenar, manejar, analizar y visualizar información
referenciada geográficamente.
El reconocimiento de estos grupos supone la selección de intervenciones sociales y sanitarias ad
hoc para disminuir o eliminar los factores específicos de riesgo. Implica una reorganización de los
servicios de salud y la evolución del impacto de las medidas en los niveles de salud de la
población. Este proceso diagnóstico-acción-evaluación-adecuación forma parte de la metodología
que se conoce como estratificación epidemiológica.
La limitación de recursos y descentralización de los servicios de salud, exigen programas más
efectivos que requieren de un sistema de información ágil para identificar área y/o poblaciones
con mayores necesidades insatisfechas y focalizar sus intervenciones.
Los SIG-Epi representan una poderosa herramienta que apoya el análisis de situación de salud, la
investigación operacional y la vigilancia para la prevención y el control de problemas de salud.
Proveen el apoyo analítico para la planeación, programación y evaluación de actividades e
intervenciones del sector salud.
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De particular importancia en el aspecto administrativo y de salud de un sistema celular, es el
reconocimiento de las consecuencias organizacionales de la cultura y las acciones de adaptación
que se deban tomar en consecuencia. Esto ayudará al equilibrio entre modernidad y tradición
administrativa. Arias Galicia83 refiere que un análisis de las dimensiones de la cultura y su impacto
en las organizaciones encontró que la cultura nacional influía más que la posición jerárquica, la
profesión, la edad o el sexo para explicar las actitudes y los valores relativos al trabajo. Las
variables que estudió son las siguientes: el individualismo, que implica relaciones interpersonales
lejanas, dando prioridad a cada individuo, quien se ocupa sólo de sí mismo y de sus familiares
inmediatos. El colectivismo, en cambio, se caracteriza por redes sociales compactas, por la vida
en grupos, especialmente la familia, en donde se espera apoyo y lealtad mutua como valor
preponderante.
Durante décadas se trataron de implantar en México modelos organizacionales generados en
Estados Unidos, los cuales eran apropiados para una cultura individualista. En cambio,
últimamente se han tratado de copiar los modelos japoneses, en donde imperan los valores
altamente colectivistas. México parece no estar en ninguno de los dos extremos, aunque parece
más inclinado hacia el polo colectivista.
Cualquier directivo mostrará mayor efectividad en sus acciones si analiza y se compenetra de la
cultura existente en su empresa u organización. Una organización puede decidir cambiar su
cultura y dar los pasos necesarios al respecto, pero si éstos no van en conformidad con las
premisas socio-culturales su implantación será más difícil y lenta, en el caso de lograrse.
La eficiencia es una cualidad administrativa identificada en el quehacer gubernamental por sus
características de solucionar demandas y necesidades con el menor costo, en el menor tiempo y
con la mayor calidad posible. La administración pública en general y en especial la municipal
están urgidas de esta cualidad, lo que requiere una mayor y mejor preparación en esta materia
de las autoridades y funcionarios. La administración pública municipal debe implantar una
estrategia de capacitación integral para que los funcionarios identifiquen y lleven a la práctica la
eficiencia política, económica y social de manera equilibrada en los planes y acciones
gubernamentales.
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Para verificar la eficiencia se deben implantar estrategias de control que relacionan la
administración pública en general y la salud. Al efecto, un grupo de trabajo convocado por la
OPS84 elaboró una lista básica de indicadores para uso en el nivel municipal, que pueden ser
utilizados por cada municipio en el marco de su realidad local. Los indicadores propuestos para
uso en el nivel municipal son los índices de: compromiso de los líderes locales, de áreas
verdes y recreación, número de mensajes de radio sobre promoción de la salud, de
cobertura de agua potable, de cobertura de disposición de excretas, de cobertura de
disposición de basura, de calles pavimentadas, electrificación de viviendas, calidad de la
vivienda, maternidad precoz, retención escolar, violencia contra las personas, violencia
relacionada con el consumo excesivo de alcohol, instalaciones deportivas,
inmunizaciones. Además de la tasa de mortalidad infantil y en menores de cinco años, entre
otros. El control deberá complementarse con un mecanismo político y administrativo derivado de
la concepción de un gobierno municipal legítimo, eficiente y humano que acepte someterse a la
soberanía que corresponde al pueblo, a una contraloría social y en su caso, a un referéndum
anual para garantizar una democracia administrativa.
Un gobierno municipal humano es aquel que se preocupa y se ocupa de las personas, sus
necesidades, expectativas y opiniones, aquel que toma decisiones buscando el desarrollo integral
de los ciudadanos, familias y comunidades. Gobierna de cara a su pueblo y con su pueblo, al que
conoce, escucha y atiende. Democratizar el gobierno municipal en el sentido de considerar este
concepto como una forma de vida basada en el respeto, participación y mejora constante de las
condiciones personales y sociales, es un imperativo para humanizar la administración pública
municipal.
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