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Cartas Otorgadas y
Constituciones en EspañaÁngel Sánchez Blanco
La Carta de Bayona de 1808
La Carta de Bayona o Estatuto de Bayona tiene el
carácter de Carta Otorgada, inspirada en el modelo
de estado constitucional bonapartista, fue aprobada
por Napoleón Bonaparte en la ciudad francesa de
Bayona el 7 de julio de 1808 y jurada por José I de
España.
Es producto de la crisis del Antiguo Régimen
que tiene expresión en el Motín de Aranjuez contra
el valido Godoy y el propio rey Carlos IV, en con-
fl uencia con una secuencia de hechos: la renuncia de
Carlos IV a la corona de España en favor de Napo-
león, la abdicación de Fernando VII en favor de su
Biblioteca Nacional. España
padre Carlos IV desconociendo la previa renuncia a
la Corona, y la renuncia del hermano de Carlos IV y
sus hijos a la Corona, secuencia de hechos que confl u-
yen en la designación por Napoleón de su hermano
José como rey de España y la orden de Napoleón al
lugarteniente del Reino, Duque de Berg, para que
convocara en Bayona una Asamblea de 65 notables
españoles, a los que presentó como texto constitucio-
nal La Carta de Bayona o Estatuto de Bayona, per-
mitiéndoles solo deliberar sobre su contenido, y que
fue promulgada el 8 de julio de 1808.
Articulaba España como una monarquía here-
ditaria en la que el monarca ocupaba el centro del
poder político, pero con la obligación de respetar
los derechos ciudadanos proclamados en su texto.
Cartas Otorgadas y Constituciones en España / Ángel Sánchez Blanco / p. 8-37
Bandera de las Cortes de Cádiz (1812). Regalada por Muñoz Torrero. De la obra “Banderas de España”, de Luis Grávalos y José Luis Calvo. Sílex, Vitoria, 1983.
Biblioteca del Congreso de Diputados.
Biblioteca del Congreso de Diputados.
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La estructura institucional se componía de:
– Un Poder Legislativo estamental (alto clero,
nobleza y pueblo), cuyas leyes se concebían
como iniciativa real, y que eran promulgadas
con mediación del trámite “oídas las Cortes”,
y con la colaboración del Consejo de Estado,
que tenía la facultad de examinar y extender
los proyectos de leyes civiles y criminales y los
reglamentos generales de la Administración.
– Un Poder Ejecutivo, formado por el Rey que
ordenaba, y sus ministros como responsables
de su ejecución.
– Un Poder Judicial cuyos jueces eran nombra-
dos por el Rey, articulados en distintas instan-
cias , con el reconocimiento de la publicidad
del proceso criminal, con la previsión de estar
regidos por un solo código de leyes civiles y
criminales y otro de comercio para España y
las Indias, con la fi nalidad de racionalizar el
sistema normativo.
El Reino se defi ne como confesional y la reli-
gión Católica, Apostólica y Romana, se considera, en
España y en todas las posesiones españolas, como la
religión del Rey y de la Nación y sin permitir ninguna
otra confesional. Las atribuciones del Rey eran omni-
comprensivas y las Cortes se estructuraban con repre-
sentación estamental y carecían de fuerza para obligar.
La infl uencia de los principios de los revolucio-
narios franceses era signifi cativa e incorporaba la
regulación de los derechos de los inicios del libera-
lismo burgués: la supresión de aduanas interiores, la
inviolabilidad del domicilio, la libertad personal, los
derechos del detenido y preso, la integridad física y
moral y la consecuente abolición del tormento. El
Tesoro público se separa del de la Corona y se con-
fi gura un Tribunal de Contaduría para el examen y
aprobación de las cuentas
La Constitución Española de 1812
En el contexto de una España ocupada y un pue-
blo en guerra con los invasores, las Cortes se cons-
tituyeron el 24 de septiembre de 1810 en el teatro de
la Isla de León, para, posteriormente, trasladarse al
oratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz
Los debates constitucionales comenzaron en agosto
de 1811 y terminaron a fi nales de enero de 1812, fue
promulgada el 19 de marzo de 1812. Las discusiones
se desarrollaron en pleno asedio de Cádiz por las tro-
pas francesas e incorporaron a los diputados electos
por el decreto de febrero de 1810, que convocó elec-
ciones en la península y en los territorios americanos
y asiáticos, a los que se unieron los suplentes elegi-
dos en el mismo Cádiz para cubrir la representación
de aquellas provincias de la monarquía ocupadas por
las tropas franceses o por los movimientos insurgen-
tes americanos. Las Cortes tuvieron la referencia
numérica de un máximo de trescientos ocho Dipu-
tados, de los cuales sesenta fueron representantes de
los territorios americanos. Abolió el entramado colo-
nial y estableció las bases de un mercado con dimen-
siones interoceánicas, con reducción de aranceles y
apertura de puertos para el comercio
Es el hito democrático de la primera mitad el
siglo XIX, infl uyó en el constitucionalismo euro-
peo y en los orígenes constitucionales y parlamen-
tarios de los Estados iberoamericanos. Transformó
los territorios del imperio colonial español en pro-
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vincias de un nuevo Reino, y convirtió en ciudadanos a los antiguos
súbditos del absolutismo, y que incluía en su defi nición de ciudadanos
a los indígenas de los territorios de América.
Los representantes americanos incorporaron a la Constitución de
1812 una estructura institucional que se identifi caba con un proyecto
integrador del conjunto de la hispanidad. La redacción del artículo pri-
mero es el ejemplo de la importancia que tuvo América para España:
“La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisfe-
rios”. Transcendía las referencias peninsulares e incorporaba dimensio-
nes geográfi cas que comprendían la España americana, la España asiática
y la España peninsular. Sus contenidos tenían el respaldo de la burgue-
sía criolla americana propulsora de cambios que no estaban orientados ni
por la independencia, la Constitución de 1812 fue jurada en América, y su
Anne S.K. Brown. Military Collection. Brown University Library
Bandera de los Voluntarios de Ciudad Rodrigo (1808). De la obra “Banderas de España” de Luis Grávalos y José Luis Calvo. Sílex, Vitoria, 1983
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proyección ha sido sensible en la conformación de las
Repúblicas que, como consecuencia del fracaso cons-
titucional de 1812, se independizaron a partir de 1820.
La Constitución de 1812, en el ámbito de los
derechos subjetivos, reconoció: el sufragio univer-
sal masculino indirecto, la soberanía nacional, la
monarquía constitucional, la separación de poderes,
la libertad de imprenta, acordó el reparto de tierras
y la libertad de industria.
El cambio institucional propiciado por la Consti-
tución de 1812 provocó la contrarrevolución: El 4 de
mayo de 1814 el recién restaurado rey Fernando VII
decretó la disolución de las Cortes, la derogación de
la Constitución y la detención de los diputados libe-
rales e iniciaba el retorno del absolutismo. El día 10
de mayo el general Eguía tomó militarmente Madrid
y proclamó a Fernando VII como Rey Absoluto.
El Rey Fernando VII se opuso a la Constitución
de 1812 porque implicaba el paso de unas institucio-
nes absolutistas a constitucionales. En los decretos
de igualdad de derechos y de representación, y en el
diseño de una instituciones en las que los territorios
americanos se integraban como provincias, el Rey
perdía sus privilegios sobre las personas y perdía las
rentas del continente americano que pasaban a poder
del aparato administrativa del Reino y no del Rey, al
diferenciar la Constitución la Hacienda de la Nación y
la Hacienda Real y, en paralelo, la representación polí-
tica y la igualdad de derechos de los americanos coli-
sionaban con la estructura centralista de la monarquía.
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La Constitución de 1812 estuvo vigente dos
años, desde su promulgación en marzo de 1812
hasta mayo de 1814, con la vuelta a España de Fer-
nando VII. Con posterioridad tuvo vigencia durante
el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un
breve período en 1836-1837, bajo el gobierno pro-
gresista que preparaba la Constitución de 1837. Sin
embargo, apenas si tuvo proyección operativa; en
su elaboración la mayor parte de España se encon-
traba en manos del gobierno afrancesado de José
I de España y la parte restante en mano de Juntas
preocupadas en organizar su oposición a José I, y
el resto de los territorios de la corona española, los
Virreinatos, estaban afectados por el vacío de poder
provocado por la invasión napoleónica.
El Estatuto Real de 1834
Fernando VII muere en 1833 y su esposa, María
Cristina de Borbón-Dos Sicilias ante la minoría
de edad de la futura reina Isabel II, accede al trono
en calidad de Regente. El hermano del Rey falle-
cido, Carlos María Isidro de Borbón, no reconoció
la derogación de la Ley Sálica, hecha por Carlos IV
y ratifi cada y promulgada por el propio Fernando
VII, que impedía a las mujeres acceder al trono de
España, y generó el enfrentamiento entre los pre-
tendientes a la Corona provocando la Primera Gue-
rra Carlista.
Los liberales, defensores de la Regente, propo-
nen que se restablezca la vigencia de la Constitu-
ción de 1812, pero ésta, con la voluntad de buscar
la equidistancia entre liberales y moderados, en un
momentos convulsos que aconsejaban el acuerdo
entre las distintas facciones políticas, encarga a
Francisco Martínez de la Rosa, Presidente del Con-
sejo de Ministros, la elaboración de una nueva
Francisco Martínez de la Rosa
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norma y con la contribución de Javier de Burgos
se promulga el Estatuto Real el 10 de abril de 1834
como carta otorgada.
El Estatuto Real se remonta a la Nueva Recopi-
lación como referente institucional, elude mencionar
la Constitución de 1812, y efectúa una convocatoria
de las Cortes formadas por Próceres de la Nación y
Procuradores del Reino, como expresión de la sín-
tesis entre absolutistas y liberales.
El Estatuto Real previó que la Corona, como
poder absoluto, delegara funciones en las Cortes y
el Gobierno, pero la coexistencia entre el Rey y las
Cortes estaba predeterminada por la atribución al
Rey de su convocatoria y disolución sin que pudieran
deliberar sobre asunto alguno que el Rey no les haya
sometido a juicio, y la aprobación de las leyes siem-
pre requerirá la sanción real, sin que el Rey tuviera
necesidad de justifi car las razones para no hacerlo.
La elección de los Procuradores del Reino mediante
sufragio censitario limitó a dieciséis mil varones
(0,15% de la población) la capacidad de ser elector.
El Gobierno se confi gura como función dele-
gada por el monarca en el Presidente del Consejo
de Ministros, cuya formación requería la doble con-
fi anza, del Rey y las Cortes, para gobernar.
La sublevación de los Sargentos en el Palacio de
la Granja de San Ildefonso, el 13 de agosto de 1836,
provoca la derogación del Estatuto Real y restaura-
ción de la vigencia de la Constitución de 1812.
La Constitución de 1837
El pronunciamiento progresista de los Sargentos de
la Guardia Real en La Granja de San Ildefonso de
1836, obligó a la regente María Cristina a procla-
mar la Constitución de 1812 y a nombrar un nuevo
Gobierno, con el encargo de convocar elecciones a
Cortes Constituyentes para reformar el texto cons-
titucional de Cádiz.
La composición de las nuevas Cortes incorporó
una mayoría integrada por progresistas, que podían
haber elaborado un texto constitucional acorde con
sus ideales. No obstante, el texto aprobado estaba
equidistante de la Constitución de Cádiz de 1812 y
del Estatuto Real de 1834, con la voluntad de que la
nueva Constitución fuera aceptada por ambas ten-
dencia, moderados y progresistas.
Biblioteca del Congreso de Diputados
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La Constitución de 1837 incorporo
los principios progresistas de soberanía
nacional, un catalogo de derechos ciu-
dadanos, la división de poderes, el sis-
tema parlamentario y la consecuente
limitación del poder real, e incorporó
los principios moderados de la divi-
sión bicameral de las Cortes formadas
por el Senado, cuyos miembros serían
designados por el Rey, y el Congreso
de los Diputados, formado por miem-
bros electos. La ley electoral operó con
sufragio censitario muy restrictivo,
que condicionó el ejercicio de voto a
los españoles que pagaran impuestos
a Hacienda por valor de 200 reales, lo
que reducía el censo electoral al 5% de
la población española.
La Constitución de 1837 se man-
tuvo hasta 1845 y permitió Incorporar
a los españoles el sentimiento de dispo-
ner de una Constitución que establecía
el sistema político del Reino, la preten-
sión de su reforma se trasformó en la
nueva Constitución de 1845.
Biblioteca del Congreso de Diputados
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La Constitución de 1845
La mayoría de edad de Isabel II coincide con el trán-
sito de los moderados al poder, dimite el General
Espartero como regente, y ante la imposibilidad de
formar un gobierno de “unidad liberal”, el General
Narváez fue designado presidente del Consejo de
Ministros y en su primer gobierno, que se aproximó
a los dos años de duración, confi guró la base polí-
tica de la década moderada.
Las Cortes ordinarias, elegidas en 1844, con
la pretensión de reformar la Constitución de 1837,
dieron lugar a un texto nuevo. La nueva Constitu-
ción la elaboraron los moderados que pertenecían
a la Comisión encargada de estudiar el texto con la
activa participación de los miembros del Gobierno,
no hubo, en consecuencia, un proceso formal cons-
tituyente.
La Constitución de 1845 opera con el principio
de soberanía compartida; establece que la potestad
de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
El monarca aumenta considerablemente su poder y
se limita el sufragio, limitación que se hace efectiva
con la ley electoral de 1846.
En materia religiosa se intentó seguir una línea
de aproximación a la Iglesia Católica que se concre-
tará en el concordato de 1851. La Constitución de
1845 declara que la Religión Católica es la religión
de la nación y que el Reino está obligado a sufragar
el mantenimiento del culto, aunque no prohíbe el
resto de religiones.
En 1854 el pronunciamiento militar de
O’Donnell determina que el gobierno progresista
convoque Cortes Constituyentes para derogar la
Constitución de 1845. En diciembre de 1855, las
Cortes terminan de discutir la nueva Constitución
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El general Narváez. Biblioteca Nacional. España
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que no llega a aprobarse en las Cortes ni a promul-
garse y, en julio de 1856, O’Donnell restablece el
régimen moderado mediante un golpe militar, con
la Disolución de las Cortes Constituyente y el resta-
blecimiento, por Real Decreto de 15 de septiembre
de 1856, de la Constitución de 1845, con un “acta
adicional” de reforma cuya vigencia fue tan breve
que se dejó sin efecto por otro Real decreto de 14
de Octubre del mismo año, dinámica de modifi -
cación y posterior anulación, a la que se agrega la
reforma, por Ley de 17 de julio de 1857, del régimen
del Senado, derogada por otra de 20 de Abril de
1864, que estableció nuevas precisiones sobre edad,
condición y renta de los Senadores.
La Constitución de 1845 estuvo vigente hasta la
proclamación de la Constitución Española de 1869.
La Constitución española de 1869 y el fallido proyecto constitucional federal de 1873
La Constitución de 1869 puede ser considerada
como la primera Constitución democrática del
Reino de España. Las fuerzas navales con base en
Cádiz, al mando del General Topete, se amotinaron
contra el gobierno de Isabel II. Con los militares,
que se manifestaban monárquicos y sólo preten-
dían sustituir la Constitución y el monarca, con-
vergían: las Juntas, más radicales, que expresaban
la intención de conseguir una verdadera revolu-
ción burguesa, basada en el principio de la sobera-
nía nacional, y grupos campesinos andaluces, que
aspiraban a una revolución social, movimiento que
se extendió a otros lugares del país, sin que las tro-
pas del gobierno hicieran frente seriamente a las
de los pronunciados. A pesar de la demostración
de fuerza de la reina en la Batalla de Alcolea, los
lealistas de Pavía fueron derrotados por el general
Serrano. La Reina Isabel II se vio entonces abo-
cada al exilio.
El derrocamiento de Isabel II por la Gloriosa
Revolución permitió un nuevo régimen institu-
cional para España, el triunfo de la Revolución de
1868 tuvo secuencia en la convocatoria de elec-
ciones para Cortes constituyentes, celebradas el
15 de enero de 1869, en las que dominaron los
partidos vencedores en la revolución: los progre-
sistas obtuvieron 160 escaños, la Unión Liberal
80, los demócratas 40, los republicanos 80, y los
carlistas, 36.
La Constitución de 1869 proclamó la sobera-
nía nacional, todos los poderes del Estado surgían
de la Nación española, cuya forma de gobierno
Biblioteca Nacional. España
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era la monarquía constitucional. Entre sus caracte-
rísticas principales destacan: la declaración de los
derechos individuales de todos los ciudadanos, el
derecho de todos los ciudadanos a la participación
política, el sufragio universal masculino, la liber-
tad de imprenta, la libertad de culto y el derecho de
reunión y asociación. Las Cortes se confi guraban
como el máximo órgano de representación de la
nación, legislaban, controlaban al gobierno y limi-
taban el poder del monarca.
La Constitución española de 1869 se proyectó
en leyes sectoriales muy signifi cativas: la Ley Elec-
toral, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código
Penal, aprobados en 1870, y la Ley de Enjuicia-
miento Criminal aprobadas en 1872.
El marco institucional de la Constitución de
1869 no se consolido por la incidencia de diver-
sos factores: el inicio de la Guerra de Cuba y
la pervivencia de la confrontación bélica Car-
lista, conflictos que convergieron con las desave-
nencias entre los partidos que apoyaron el nuevo
sistema
La Constitución de 1869 incorporaba una
contradicción interna, había sido generada en un
proceso revolucionario contra la monarquía, pero
mantuvo esta fórmula institucional, y el general
Prim, en su condición de Regente del Reino, se
vio obligado a encontrar un Rey que se acomo-
dara a los propósitos del nuevo sistema político,
objetivo que, en apariencia, logró con la llegada
a España de Amadeo de Saboya, pero su reinado
no se consolidó; no pudo conseguir el éxito en sus
objetivos de integrar a los representantes políti-
cos en el nuevo sistema institucional, abdicó el 10
febrero de 1873, y Las Cortes, Congreso y Senado
en sesión conjunta, proclamaron la Primera Repú-
blica Española de la que fue elegido Presidente
Estanislao Figueras.
La confrontación entre unitarios y federalistas
se manifestó desde los inicios de la Primera Repú-
blica, se produjo una tentativa de golpe de estado
durante el gobierno de Figueras, que original-
mente estaba apoyado por republicanos de orien-
tación unitaria, destinado a forzar una república
unitaria y, ante esta intervención, el presidente
decidió depositar su confi anza en los republicanos
federalistas, especialmente en Pi y Margall y, en
secuencia con varios intentos de golpe de estado,
son convocadas elecciones a Cortes Constituyen-
tes. Los insatisfactorios resultados electorales, con
una reducida participación, generan un anómalo
proceso constituyente, que se cierra con la salida
del Presidente Figueras a Francia y el acuerdo para
el nuevo Estado de una forma de organización de
carácter federal.
La Cámara constituyente eligió un nuevo pre-
sidente: el federalista Francisco Pi y Margall, y una
comisión de 25 miembros a la que encargó elaborar
la nueva Constitución republicana y federal.
El proyecto de Constitución Federal de la
República Española preveía su integración por
diecisiete Estados, de conformidad con la división
territorial de España de 1833, con dos modifi cacio-
nes: las provincias leonesas son incluidas en Casti-
lla la Vieja, y Andalucía se divide en dos regiones:
Alta Andalucía y Baja Andalucía, con la voluntad
de recuperar los referentes históricos de los terri-
torios bajo la infl uencia de Sevilla y los territo-
rio bajo infl uencia del antiguo Reino de Granada.
Cada uno de los Estados podría legislar a través
de su propia Constitución y constituir sus pro-
pios órganos legislativos, ejecutivos y judiciales,
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siempre que se respetara un sistema de división
de competencias entre la Federación y los Estados
miembros y la inspiración democrática que sus-
tentaba a esta Constitución.
Las difi cultades políticas para asimilar el nuevo
sistema institucional y aunar las fuerzas necesarias
para su defensa, y los excesos cantonalistas, invali-
daron la viabilidad del proyecto federal y de la pro-
pia República. El fi n del proyecto federal se produjo
en diciembre de 1874, con el golpe de estado del
general Pavía.
La Constitución española de 1876
La Constitución de 1876 es indisociable de la res-
tauración borbónica, como periodo institucio-
nal comprendido entre fi nales de 1874, momento
del pronunciamiento del que dio fi n al periodo de
la Primera República Española y el 14 de abril de
1931 con la proclamación de la Segunda República,
intersticio protagonizado por la restauración en el
trono de la Casa de Borbón y que se caracterizó por
una cierta estabilidad institucional, la construcción
de un modelo liberal del Estado y la incorporación
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de los movimientos sociales y políticos surgidos de
la revolución industrial
Cánovas del Castillo tras el fracaso de la Primera
República asume el encargo del Partido Liberal-Con-
servador de gestionar con Alfonso XII en su exilio de
Gran Bretaña, la restauración del orden monárquico
en España. Cánovas y el Partido Liberal-Conserva-
dor operan ante la clase política con la premisa de
que se tratará de la superación de la República, pero
también de los modos y maneras del reinado de Isa-
bel II. El futuro Rey, en el Manifi esto de Sandhurst,
el 1 de diciembre de 1874, comunica que son muchos
los que se han puesto en contacto con él para el esta-
blecimiento de una monarquía constitucional, con-
sidera huérfana a la nación y se considera legítimo
heredero del trono por abdicación de su madre, Isa-
bel II, poniéndose a disposición de los españoles.
El sistema político de la restauración incorporó
la metodología del bipartidismo con la previsión
de alternancia entre el Partido Liberal-Conserva-
dor, liderado por Antonio Cánovas del Castillo, y
el Partido Liberal-Fusionista, que encabezó Práxe-
des Mateo Sagasta, y en cuya creación tuvo mucho
ascendiente Cánovas del Castillo.
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Óleo de Madrazo. Palacio del Senado. Madrid
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La elaboración de la Constitución se inició con
un borrador que contribuyeron a redactar seis-
cientos notables, antiguos senadores y diputados
de anteriores legislaturas, designados por Cánovas.
De ellos resultó una comisión de treinta y nueve
miembros, presidida por Manuel Alonso Martínez,
a quien se encargó la redacción del proyecto, cuyo
texto fue aprobado, sin cambios signifi cativos, por
unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio
universal conforme a la regulación de la Constitu-
ción de 1869. La Constitución fue promulgada el 30
de junio de 1876 y puede considerarse la gran obra
de Cánovas del Castillo.
La estructura institucional se articuló conforme
a los siguientes criterios: la soberanía es compar-
tida entre el Rey y las Cortes; el poder legislativo
es compartido entre las cortes y el Rey pudiendo
este vetar leyes y disolver las cámaras; Las cor-
tes incorporan dos Cámaras, con un Senado for-
mado por designación real y un Congreso elegido
por sufragio directo; La Corona nombraba al jefe
de gobierno y a los ministros; el Poder Judicial tenía
atribuida la potestad de aplicar las leyes en los jui-
cios y los jueces se designaban mediando previo
procedimiento de superación de oposición. El sis-
tema electoral opero con la regulación del sistema
de sufragio de la Constitución de 1869, hasta el año
1890 en que se regula el sistema de sufragio univer-
sal masculino. Los derechos y deberes de los ciu-
dadanos están delimitados por las leyes ordinarias;
establece también un estado confesional católico, si
bien se toleran otras religiones; los ayuntamientos y
diputaciones están bajo control del gobierno.
El nuevo esquema político agregó una mayor
estabilidad, pero la alternancia política fi cticia, no
estuvo exenta de derivaciones patológicas.
Las instituciones de la restauración fueron
debilitándose —a lo que no fue ajena la prematura
muerte de su mentor Cánovas de Castillo, asesinado
en Mondragón, Guipúzcoa, el 8 de agosto de 1897—
y generaron una progresiva inestabilidad, que diluyó
las propuestas regeneracionistas de Silvela, las ini-
ciativas de Maura de creación de autonomías, que
acusó los efectos de la Semana Trágica de Barcelona
en 1909, y que neutralizó los programas reformistas
de Canalejas. Los partidos de la Restauración fue-
ron debilitándose mientras los partidos republicanos
y los movimientos obreros (CNT, PSOE-UGT) se
consolidaban en menoscabo del sistema. La Primera
Guerra Mundial y la neutralidad española propició
un periodo de bonanza económica por directo efecto
del incremento de las exportaciones a los países en
litigio, pero, en paralelo, propició desabastecimiento
interno e incremento de precios con generación de
un malestar social que tenía como referente el éxito
de la Revolución rusa. La fi nalización de la guerra
cerro el corto ciclo de parcial bienestar económico al
tiempo que la dinámica nacionalista propiciada por
el Tratado de Versalles inducía el protagonismo de
los nacionalismos interiores.
La guerra en Marruecos agregó la impopula-
ridad de las levas a los costes económicos del con-
fl icto complementado con la impopularidad del
ejército en la represión de confl ictos como la huelga
general de 1917. La derrota de Annual en 1921 se
transformó en una contundente crítica al régimen
político y al Rey, y estuvo en la causa del golpe de
estado del general Primo de Rivera en 1923, que no
solo tuvo escasa oposición sino que fue apreciado
como inevitable e hizo que la burguesía lo acogiera
como garante del orden y que las promesas de reno-
vación política fueran bien acogidas.
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Una coyuntura internacional favorable permi-
tió en el inicio a la Dictadura fortalecer el creci-
miento industrial. Como motor económico se utilizó
la construcción de infraestructuras y la política
hidráulica con la programación de embalses para
aumentar el regadío, evitar problemas por crecidas
y generar electricidad hidroeléctrica; se crearon las
confederaciones hidrográfi cas, para racionalizar la
gestión del agua y se trató de combatir la confl icti-
vidad laboral mediante la atracción de los sindicatos
más moderados.
Los logros económicos no paliaron la pérdida
de popularidad del régimen. Los partidos republi-
canos crearon la Alianza Republicana, que atrajo a
los monárquicos desencantados por el apoyo de la
Corona a la Dictadura; la dura represión sobre los
obreros fue distanciando a la UGT y el PSOE que
abandonaron el proyecto del dictador; en las Uni-
versidades el régimen era impopular; la burguesía
catalana vio frustrados sus intentos descentrali-
zadores y cobraron impulso los nacionalismos de
izquierdas y el sindicalismo radical, y el descontento
afectó a sectores del ejército, con pronunciamientos
republicanos.
La economía se mostró incapaz de asumir la
crisis mundial de 1929 al no ser competitiva por
no haber seguido el camino de la expansión real y
sufrir una importante fuga de capitales. En enero de
1930, Primo de Rivera es obligado por Alfonso XIII
a dimitir, por el temor del Rey a que el desprestigio
de la Dictadura afectara a la monarquía.
El 17 de agosto de 1930 se reúnen en San Sebas-
tián los representantes de diversos grupos políti-
cos, constitucionalistas y republicanos contrarios al
entonces gobierno del General Berenguer y también
a la monarquía, reunión conocida como Pacto de
San Sebastián, que se materializa en el compromiso
de formar el llamado Comité Revolucionario Nacio-
nal, que llegado el momento, de acuerdo con milita-
res adeptos, promovieron un pronunciamiento para
el derrocamiento de la Monarquía y posterior forma-
ción del Gobierno republicano. El pronunciamiento
se conoce como la Sublevación de Jaca.
Los gobiernos de Dámaso Berenguer, denomi-
nado la “dictablanda”, y de Juan Bautista Aznar-
Cabañas no harán otra cosa que alargar la decadencia.
Tras las elecciones municipales de 1931, donde los
partidos republicanos triunfan en las zonas urbanas,
el 14 de abril se proclama en Éibar la Segunda Repú-
blica, dando así fi n a la restauración borbónica en
España.
Primo de Rivera. Biblioteca Nacional. España
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Constitución española de 1931
La proclamación de la II República, el 14 de abril
de 1931, tiene secuencia en la convocatoria de Cor-
tes Constituyentes el 28 de junio; la formación del
Gobierno provisional, con la presidencia de Niceto
Alcalá Zamora, y la creación, por Decreto de 6 de
mayo de 1931, de la Comisión Jurídica Asesora con
el encargo de elaborar un anteproyecto de Constitu-
ción. La Constitución fue aprobada el 9 de diciem-
bre de 1931 por las Cortes Constituyentes.
El texto constitucional de 1931 prestó especial
atención a los Derechos y deberes de los españoles,
sistematizados en:garantías individuales y políticas,
y sociales: familia, economía y cultura. Reconocía la
libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación
y petición, de libre residencia, de circulación, de
elección de profesión, la inviolabilidad del domicilio
y de la correspondencia, la igualdad ante la justicia,
la protección a la familia, el derecho al divorcio, el
derecho al trabajo, a la cultura y la enseñanza, esta-
bleció el sufragio universal para hombres y mujeres
mayores de 23 años; reconoció el procedimiento de
referéndum popular, que requería ser formalizado
por el 15% del censo electoral y no podía referirse
a tratados internacionales, leyes tributarias o esta-
tutos regionales, y suprimió el privilegio de clase
social y de riqueza, que implicó anular el estatuto
jurídico de la nobleza, e incorporó previsiones rela-
tivas a la socialización de la propiedad y de los ser-
vicios públicos.
España era defi nida como “una República demo-
crática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
régimen de Libertad y Justicia”, confi guró una organi-
zación estatal descentralizada que reconoce la autono-
mía de los municipios y de las regiones y que, como
sujeto de relaciones internacionales, renuncia al uso
de la guerra como instrumento político. El Estado se
organiza en municipios, agrupados en provincias y las
provincias se podían organizar en regiones autóno-
mas. Para constituir una región autónoma se reque-
ría la propuesta de la mayoría de sus municipios o que
representaran dos tercios del censo electoral, con la
posterior aprobación por dos tercios de los electores
de la región y la posterior aprobación del Congreso
de los Diputados. Conforme a este procedimiento se
constituyeron como regiones autónomas: Cataluña,
en 1932 y el País Vasco, en 1936. En Galicia fue acep-
tada la propuesta por plebiscito, en 1936, pero su rati-
fi cación por las Cortes quedó interrumpida por el
comienzo de la Guerra Civil, que también interrum-
pió los procedimientos autonómicos de Andalucía,
Aragón y la Comunidad Valenciana.
La función legislativa se residenció en el Con-
greso de los Diputados concebido como asam-
blea unicameral, cuyos miembros electos, ostentan
mandato de cuatro años pudiendo ser reelegidos.
Se le reconoce iniciativa de las leyes junto con el
Gobierno, en el que puede delegar la competencia
para legislar por decreto. A la Diputación Perma-
nente del Congreso de los Diputados, formada por
veintiún miembros representantes de los partidos
políticos políticas en proporción a su representación
parlamentaria, se le atribuyeron las competencias
relativas a la suspensión de las garantías constitu-
cionales, dictar decretos-leyes, autorizar la deten-
ción y procesamiento de los diputados.
El Presidente de la República requería para su
nominación el respaldo del Congreso de los Dipu-
tados, su mandato era de seis años, impidiéndose su
reelección inmediata, con el posible desempeño pos-
terior del cargo pasado un periodo de seis años desde
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Biblioteca del Congreso de Diputados
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Biblioteca del Congreso de Diputados
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el fi nal del mandato. Nombraba y separaba al Pre-
sidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los
ministros. Se le atribuye veto suspensivo que puede
ser revocado por dos tercios de las Cortes y podía
disolver el Congreso de los Diputados hasta dos
veces como máximo durante su mandato y éste podía
destituir al Presidente con tres quintos de los votos.
El Gobierno estaba formado por el Presidente
del Consejo de Ministros y los Ministros y tenía
atribuida la dirección superior de la Administración
del Estado y los servicios públicos, la elaboración de
proyectos de ley, dictar los decretos y el ejercicio de
la potestad reglamentaria.
En el ámbito jurisdiccional el Tribunal Supremo
coexiste con el Tribunal de Garantías Constituciona-
les al que se le atribuyeron la competencia de resolver
sobre constitucionalidad de las leyes, los confl ictos
de competencia legislativa y los recursos de amparo.
La Constitución podía ser reformada a pro-
puesta del Gobierno o de una cuarta parte del Con-
greso de los Diputados. Aprobada la reforma, por
mayoría absoluta y para los cuatro primeros años
de vigencia de la Constitución por dos tercios de los
diputados, se requería proceder a la elección de una
Asamblea Constituyente que debía resolver sobre
la propuesta y que con posterioridad actuaba en el
ejercicio de las funciones legislativas ordinarias.
La vigencia de la Constitución de 1931, en los
territorios en los que el Gobierno de la República
pudo ejercer sus competencias, se proyecto hasta el
fi nal de la Guerra Civil, en 1939. Los representantes
de la República española en el exilio consideraron la
vigencia formal de la Constitución desde 1931 hasta
1977, referente temporal en el que, los responsables
del proceso de la transición política, asumieron la
redacción de una nueva Constitución democrática.
Las Leyes Fundamentales del Reino 1939-1977
Las Leyes Fundamentales del Reino fueron el con-
junto de siete leyes que organizaron los poderes del
Estado durante el Régimen Orgánico del General
Franco, en quien convergían todos los poderes del
Estado.
El Fuero del Trabajo, promulgada en 1938,
reguló la jornada laboral, las vacaciones, los
salarios mínimos y los precios, declaraba que el
trabajo no podía reducirse a mercancía ni a tran-
sacciones contra la dignidad del asalariado y
sentó las bases de la Seguridad Social, articuló el
Sindicato Vertical que agrupo a empresarios y los
asalariados: técnicos y obreros, y creó la Magis-
tratura de Trabajo.
La Ley Constitutiva de las Cortes, promulgada
en 1942, las concibió como un órgano de colabo-
ración con la Jefatura del Estado y, con la deno-
minación de Procuradores, en similitud con las
Cortes históricas de la Corona de Castilla, incor-
poraba: la representación de los municipios, de la
Organización Sindical Española, de Colegios Pro-
fesionales, y de los padres de familia (electos por
los varones con esa condición en aplicación de la
reforma de 1967 por la Ley Orgánica del Estado).
Representaciones que coexistían con procura-
dores natos: ministros, presidentes de las institu-
ciones del Estado (Consejo de Estado, Tribunal
Supremo, Consejo Supremo de Justicia Militar),
Consejeros Nacionales de Falange Española Tra-
dicionalista y de las Juntas de Ofensivas Nacional
Sindicalistas, Rectores de Universidad, Presiden-
tes de Reales Academias, y con los Procuradores
designados, por el propio General Franco como
29
Jefe del Estado. La estructura política de la Secre-
taría General del Movimiento, referencia institu-
cional del partido único FET y de la JONS tenía
en el Consejo Nacional del Movimiento su Cámara
deliberativa presidida por el Jefe del Estado y, en
simultáneo, Presidente del Gobierno y Jefe Nacio-
nal del Movimiento.
El Fuero de los Españoles, promulgada en 1945,
establece los derechos y deberes de los españoles,
en cuya defensa y protección articuló un recurso,
califi cada como de Contrafuero.
La Ley del Referéndum Nacional, promulgada
en 1945, establece el uso del referéndum para asun-
tos de especial trascendencia. La ley de Sucesión
en la Jefatura del Estado predetermina este procedi-
miento en el caso de modifi cación de las leyes fun-
damentales.
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, pro-
mulgada en 1947, confi gura España como un Reino,
del que el General Franco era el Jefe del Estado vita-
licio y regula su sucesión, con la regulación de las dos
instituciones que podían intervenir en el proceso:
– El Consejo del Reino, Presidido por el Pre-
sidente de las Cortes y formado por repre-
sentantes natos del Ejercito, Iglesia, Justicia,
Consejo de Estado, Instituto de España y
por representantes electivos de los cuerpos
representativos que articulaban las Cortes
orgánicas.
– El Consejo de Regencia, formado por el Pre-
sidente de las Cortes, el Prelado de Mayor
Jerarquía y antigüedad con la condición de
Consejero del Reino y el Capitán General o
el Teniente General de Mayor antigüedad en
los Ejércitos.
La Ley de Principios del Movimiento Nacio-
nal, promulgada en 1958, estableció los principios
que el ordenamiento jurídico e institucional de
Régimen Orgánico, confi gurados desde la Secre-
taría General del Movimiento como partido único,
fue modifi cada por la Ley Orgánica del Movi-
miento y de su Consejo Nacional de 1967, que
diluyó las siglas FET y de las JONS en la nueva
estructura del Estado.
La Ley Orgánica del Estado, promulgada en
1967, precisa la estructura organizativa, los fi nes del
Estado, los poderes del Jefe del Estado mediante la
modifi cación de las Leyes precedentes adecuándolas
a los cambios socioeconómicos producidos y con la
voluntad de homologación con los sistemas políticos
occidentales y de integración española en las Comu-
Torcuato Fernández Miranda. Óleo de Félix Ravello de Toro. Congreso de Diputados
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PE N D V L O X X I I I
nidades Europeas, cuyos requerimientos
democráticos solo permitían al Estado
Español el estatuto de país asociado
La Ley para la Reforma Política,
aprobada en 1976, estableció las con-
diciones para elegir a los miembros
de las Cortes, Congreso y Senado,
por sufragio universal y para arbitrar
la reforma constitucional de las Leyes
Fundamentales. Se confi guró como
el instrumento jurídico y político que
permitió materializar la transición
política hacia la democracia. La Ley
para la Reforma Política fue some-
tida a referéndum el 15 de diciembre
de 1976., publicada como Ley 1/1977,
para la Reforma Política, el 5 de enero
de 1977 y, sin quebrar la previa estruc-
tura del Estado, en cuya Administra-
ción Civil se integraron los cargos y
empleados de la Secretaría General
del Movimiento y de la Organización
Sindical Española, aplicó las deter-
minaciones legales vigentes para la
modifi cación del sistema político y la
creación de una Monarquía parlamen-
taria. El Real Decreto Ley 20/1977,
de 18 de mayo, reguló el procedi-
miento para la elección de las Cortes
y la fi nanciación estatal de los partidos
políticos, y las elecciones generales se
celebraron el 15 de junio de 1977.
31
La Constitución de 1978
La elaboración y promulgación de la Constitu-
ción de 1978 expresa la ordenada transformación
del Régimen Orgánico, iniciada por el fallecimiento
del Jefe del Estado, General Francisco Franco en
1975, y que ha implicado la mutación de un sistema
político de partido único, sindicato único y régimen
personalizado del ejercicio del poder, expresado en
el principio de “unidad de poder y coordinación de
funciones”, enunciado en la Ley de Cortes de 1942,
por la libre formación de partidos políticos y sin-
dicatos, y la articulación de los poderes del Estado
con la voluntad de llegar a alcanzar la división de
poderes.
La elaboración de la Constitución se inició en
fase de anteproyecto por una comisión parlamen-
taria de siete miembros, con sucesiva tramitación
como proyecto por el Congreso y el Senado, rati-
fi cada en referéndum, sancionada por el Rey Juan
Carlos I y publicada en el Boletín Ofi cial del Estado
el 29 de diciembre de 1978.
Su título preliminar proclama un “Estado social
y democrático de Derecho que propugna como
valores superiores del ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo polí-
tico”. Opera con el principio de soberanía popu-
lar, y la monarquía parlamentaria como forma de
gobierno y reconoce a los ciudadanos derechos
fundamentales y derechos sociales vinculados a los
principios rectores de la política social y económica
que vinculan la actividad de los poderes públicos.
La Constitución establece una organización
territorial basada en la autonomía de Municipios,
Provincias y Comunidades Autónomas, articulada
por el principio de solidaridad. Las Comunidades
Autónomas asumen una autonomía de naturaleza
política que permite califi car a España como un
Estado regional. Las Entidades Locales, Munici-
pios y Provincias, gozan de una autonomía de natu-
raleza administrativa en el marco legal fi jado por el
Estado y las Comunidades Autónomas.
El Rey como Jefe del Estado ejerce sus compe-
tencias regladas y sus actos tienen que ser objeto de
refrendo por el Presidente de las Cortes, el Presi-
dente del Gobierno o los Ministros.
El Congreso de los Diputados y el Senado
elegidos por sufragio universal de los ciudadanos
mayores de 18 años, comparten las competencias
legislativas, con preponderancia del Congreso de
los Diputados, responsable exclusivo de la investi-
dura del Presidente del Gobierno, de su eventual
cese por moción de censura o cuestión de con-
Biblioteca del Congreso de Diputados
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Biblioteca del Congreso de Diputados
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fi anza y que resuelve las eventuales discrepancias
entre Congreso y Senado en las enmiendas de los
proyectos de Ley. Ambas Cámaras ejercen control
político sobre el Gobierno mediante comparecen-
cias, preguntas e interpelaciones parlamentarias.
Controvertida es en el diseño de la Cámaras legis-
lativas de la Constitución de 1978, el sistema elec-
toral del Congreso de los Diputados, que relativiza
la proporcionalidad del voto y polariza la represen-
tación política en los partidos mayoritarios y en los
partidos nacionalistas.
El Presidente del Gobierno es investido por el
Congreso de los Diputados, nombra a los miem-
bros del Gobierno que con él, componen el Consejo
de Ministros, órgano colegiado que dirige la polí-
tica interior, exterior y la Administración pública.
El Gobierno responde solidariamente de su actua-
ción política ante el Congreso de los Diputados, que
puede destituirlo mediante moción de censura, que
como requisito debe incluir un candidato alternativo.
Controvertido es, en el diseño de la Constitución
de 1978, el determinismo de la mayoría parlamen-
taria que formaliza la investidura del Presidente
del Gobierno, que predetermina los componentes
de los órganos del Estado (Tribunal Constitucio-
nal, Consejo General del Poder Judicial y órganos
reguladores: Banco de España, Comisión Nacional
de la Energía, Comisión Nacional de la Competen-
cia, Comisión Nacional del mercado de Valores…)
metodología que compromete la efectiva materiali-
zación del Principio de División de Poderes y, por
efecto inducido, la esencia del sistema democrático.
El Consejo General del Poder Judicial es el
órgano de gobierno de los Juzgados y Tribunales,
y El Tribunal Constitucional controla que las leyes
y disposiciones normativas con fuerza de ley se
ajusten a los enunciados de la Constitución, garan-
tiza el respeto a los derechos y libertades ciuda-
danos mediante el recurso de amparo, arbitra los
confl ictos de competencia entre las Administracio-
nes territoriales autónomas. Controvertida es, en el
esquema institucional de la Constitución de 1978,
la articulación del Tribunal Supremo y del Tribu-
nal Constitucional y, en particular, la preocupante
mediatización de éste por la mediatización polí-
tica que obtiene la mayoría parlamentaria, media-
tización a la que no se sustrae el procedimiento de
designación de los miembros del Consejo General
del Poder Judicial, cuya composición y cuyos pre-
supuestos económicos, como órgano de gobierno
del Poder Judicial, están condicionados por la diná-
mica política, con sensible relativización del axioma
democrático de la División de Poderes y la efectiva
conformación del Estado de Derecho.
La incorporación del Estado Español o Reino
de España a la Unión Europea en 1986 en cumpli-
miento de la genérica previsión del artículo 93 de
la Constitución, al prever la celebración de Trata-
dos que atribuyan a una organización o institución
internacional el ejercicio de competencias deriva-
das de la Constitución, incorpora el Tratado de la
Unión Europea al bloque constitucional del Estado
Español.
La incorporación de España a la Unión Euro-
pea ha provocado que la dinámica comunitaria
europea haya generado las dos únicas reformas de
la Constitución de 1978:
– La modifi cación, en 1992, del artículo 13, con
la fi nalidad de reconocer a los ciudadanos
comunitarios europeos residentes en España
el sufragio pasivo en las elecciones municipa-
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PE N D V L O X X I I I
les, modifi cación inducida desde el Tratado
de la Unión pero con mediación de iniciativa
española, como consecuencia de la propuesta
española al Tratado de Maastricht de la ciu-
dadanía europea.
– La modifi cación del artículo 135, en 2011,
tramitada en apresuradas sesiones parlamen-
tarias del Congreso de los Diputados durante
el mes de agosto, con la fi nalidad de obligar,
al Estado Español o Reino de España, a cum-
plir su incumplida previsión constitucional de
no incurrir en défi cit presupuestario y respe-
tar el principio de estabilidad presupuestaria,
previsión ya contenida en el artículo 40 de la
Constitución, ignorada, de modo manifi esto,
por las instituciones pública centrales ,auto-
nómicas y municipales, y que ha obligado a
reescribir, por imperativo de las instituciones
comunitarias (Eurogrupo-Presidencia Euro-
pea-Banco Central Europeo), en una suerte
de Protectorado Económico del Estado
Español, la obligación constitucional de esta-
bilidad presupuestaria y de control del défi -
cit en estricta coherencia a su vinculación a la
moneda única europea.
Las modifi caciones inducidas por la Unión
Europea del texto constitucional español permiten
recordar que, en contraste con la injustifi cada cosi-
fi cación de las Constitución de 1978, están pendien-
Guión del Rey Don Juan Carlos I (1975)
35
tes las propuestas de Manuel Fraga Iribarne, en su
presidencia autonómica de Galicia, con ocasión de
su intervención en el Debate sobre la Situación del
Estado de las Autonomías de 1994,
Fraga Iribarne proponía como referencias bási-
cas para la reforma constitucional: la Administra-
ción Única como propuesta de racionalización del
Estado de las Autonomías; el Senado como Cámara
de Representación territorial; la regulación del
Consejo Económico y Social y el cumplimiento
del artículo 131 de la Constitución; El Principio de
Cooperación y la Conferencia de Presidentes, y las
Comunidades Autónomas en la Unión Europea.
Avaló sus propuestas con las siguientes refl exiones:
“Hay determinados momentos históricos en los
que se necesita apostar por el futuro, en los que es
necesario dar un paso adelante. Son aquellos en
los que la inhibición o la pasividad, motivadas por
la comodidad, por la conveniencia o por el miedo
no impiden a medio plazo que los acontecimien-
tos acaben por desbordarnos.
Creo sinceramente que estamos en una tesitura
de esta índole; el sistema no acaba de funcionar
ni para el ciudadano concreto ni para las colec-
tividades; es confuso, no deslinda de una forma
clara las responsabilidades, carece de unas
reglas de juego sufi cientemente estructuradas,
sufi cientemente respetadas y sufi cientemente
transparentes. Al fi nal, sufren el autogobierno,
la participación autonómica y el principio de
solidaridad.
Para los que temen tocar el sistema por miedo a
que se les venga abajo hay que decir que es más
peligroso esperar a que la desconfi anza, el des-
equilibrio y las disfunciones lo deterioren que
afrontar riesgos calculados de cara a su desa-
rrollo, perfección y consolidación. Si en la tran-
sición política fuimos capaces juntos de edifi car
todo un sistema constitucional, ahora seremos
capaces, reavivando aquel consenso, de avanzar
en ese sistema dotándolo de coherencia y esta-
bilidad.
Sólo así todos los ciudadanos y todas las Comu-
nidades Autónomas podrán sentirse cómodos
y a gusto, responsables y solidarios en esa casa
común y en ese proyecto histórico y de futuro que
es España y podrán también plantearse con segu-
ridad y garantía su propia confi guración interna
cara al nuevo siglo”.
(Xunta de Galicia, Intervención del Presidente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, Debate sobre la
situación del Estado de las Autonomías. Comisión
General de las Comunidades Autónomas, 26 de
Septiembre de 1994, págs. 37-39. El contenido de
las propuestas está incorporado en cuatro volúme-
nes diferenciados).
Miembros de la familia Cánovas del Castillo entregando a D. Manuel Fraga Iribarne el busto de D. Antonio
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PE N D V L O X X I I I
Las propuestas de reforma de Manuel Fraga
Iribarne fueron parcialmente retomadas, pero no
materializadas, por Rodríguez Zapatero en su dis-
curso de investidura como Presidente del Gobierno
de 2004: Reforma del Senado, por la necesidad de
reforzar la cohesión y la vertebración de España y en
defender la identidad de las Comunidades; las nor-
mas que regulan el orden de sucesión en la Corona,
con el fi n de adaptarlas al principio de no discrimi-
nación de la mujer que con carácter general consa-
gra la propia Constitución; consagrar, con la fuerza
simbólica que proporciona la Constitución, la deno-
minación ofi cial de las diecisiete Comunidades y las
dos Ciudades Autónomas y su consideración defi -
nitiva como parte esencial del Estado, e incorpora-
ción de una referencia a la próxima Constitución
Europea, que consideró como signo solemne del
compromiso defi nitivo con Europa y del valor real
a nuestra condición de ciudadanos europeos. (Dia-
rio de Sesiones del Congreso de los Diputados, 15
de abril de 2004, VIII Legislatura Núm. 2). La pro-
puesta de Conferencia de Presidentes, realizada por
Fraga Iribarne en 1994, tuvo que esperar a su mate-
rialización por el Presidente Rodríguez Zapatero en
octubre de 2004.
Deseable sería que las Cortes elegidas el 20 de
noviembre de 2011 y el Gobierno de la Nación for-
mado con el contundente apoyo ciudadano de una
mayoría absoluta, asumiera la revisión del texto
1er centenario de la Constitución de Cádiz. Ayuntamiento de San Fernando
37
de la Carta Magna de 1978, con asunción de la
metodología de los Estados constitucionalmente
consolidados, en los que la lectura de su suprema
Ley tiene la inicial referencia de sus enmiendas
constitucionales, como metodología de inevita-
ble perfectibilidad del originario texto. Con ello,
el Estado Español podría empezar a corregir su
lamentable historia institucional de Cartas otorga-
das y Constituciones fallidas, para iniciar la senda
de una Constitución, respetada y respetable, por la
identifi cación de la sociedad española en el cum-
plimiento de sus preceptos con la previa ejempla-
ridad de la estricta vinculación de las instituciones
públicas al cumplimiento de sus valores, princi-
pios y procedimientos. Requisito de previa ejem-
plaridad de las instituciones que tiene pendiente
incorporar un prerrequisito ineludible para la pre-
via coherencia democrática de cualquier estruc-
tura política estatal: el principio de División de
Poderes, que permita a los ciudadanos españoles
apreciar la distinción entre la partitocracia que sus-
tituyó al partido único, y la Democracia, capaz de
controlar, mediante los contrapesos de la División
de Poderes y la efectiva acción del Poder Judicial,
las preocupantes desviaciones institucionales que
aproximan la fenomenología del treinta aniversa-
rio de la Constitución de 1978 con las patologías
que determinaron el fi n del sistema institucional
diseñado en la Constitución de 1876.
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Agradecemos la importante colaboración
recibida del personal de la
Biblioteca del Congreso de los Diputados.