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EL EXCEPCION (AL) GOBIERNO PROVIDENCIA DE ÁLVARO URIBE, 2006 –
2010.
CAROLINA KOSZTURA RINCÓN
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE
MAESTRIA EN ESTUDIOS POLÍTICOS
Director:
Dr. Miguel Ángel Herrera Zgaib
Profesor de la maestría en estudios políticos PUJ.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS
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Nota de aceptación:
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Firma del presidente del jurado
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Firma del jurado
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Firma del jurado
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DEDICATORIA
Me gustaría dedicar esta Tesis a toda mi familia. Para mi madre por su
comprensión y ayuda en momentos malos y menos malos. Me ha enseñado a
encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.
Para Juan Carlos. Por su fuerza, por su amor, por ser tal y como es.
Para mi hijo, Juan Mateo. Él es lo mejor que nunca me ha pasado. Es sin duda mi
polo en esta tierra para el presente y para el futuro.
A todos.
Muchas gracias
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AGRADECIMIENTOS
Primero quiero agradecer sinceramente a mi director de tesis, Doctor Miguel Ángel
Herrera Zgaib, por su esfuerzo y dedicación. Por sus conocimientos y su
orientación. Por su paciencia y constante motivación. Fundamentales para concluir
esta investigación. Para él mi gran admiración.
También me gustaría agradecer a los profesores de la maestría por sus
conocimientos y sus aportes a mi formación.
Y por último quiero agradecer a mi compañero Juan B. Villarraga; porque sin sus
palabras de apoyo hubiese sido imposible terminar este camino.
Para todos ellos.
Muchas Gracias
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CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 7
CAPITULO I 10
1.1. Las elecciones del 2006 y la reelección 10
1.2. Legalidad o legitimidad 12
1.3. La legitimidad de Álvaro Uribe Vélez 14
CAPITULO II. LA PROVIDENCIA 17
2.1. El aspecto providencial 17
2.2. El poder, la gloria y la aclamación 20
2.3. La providencia de los modernos 23
CAPITULO III. ÁLVARO URIBE Y SU MÁQUINA PROVIDENCIAL. 24
3.1. La máquina providencial: el Estado comunitario. 24
3.2. Representación y participación. 26
3.3. Los Consejos Comunales 27
3.4. Las libertades públicas y el Estado comunitario 28
3.5. El fallido Estatuto antiterrorista 31
14
3.6. La construcción del discurso político de la seguridad 32
3.7. Los firmantes del Pacto de Ralito para refundar la patria. 35
3.8. Los partidos políticos representados 37
3.9. La Seguridad Democrática y la Aclamación. 39
3.10. La liturgia de los Consejos Comunales. 44
3.11. Purga histórica en el Ejército, y la destorcida de las desapariciones 50
3.12. El síntoma de la opinión pública medida en 2009 54
3.13. El estado de opinión y la escatología uribista 58
CAPITULO IV. UN GOBIERNO EXCEPCIONAL 65
4.1. Soberanía y Estado de excepción 65
4.2. Democracia y fuerza de la Ley. 69
4.3. La excepcionalidad como forma de gobernabilidad. 73
4.4. U rey sin Gloria 78
CONCLUSIONES 82
BIBLIOGRAFIA 84
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INTRODUCCIÓN
Álvaro Uribe Vélez es un presidente que despierta muchos interrogantes, desde su
llegada al poder. Su carisma es indiscutible, ha sido un fenómeno político en
Colombia. Como el portador de un liderazgo “natural” desencadenó entusiasmos
que le generaron un apoyo popular sin igual en la historia reciente del país.
Mi interés es investigar de manera integral su segundo periodo presidencial, 2006
– 2010. Esto es, partir desde la reelección, pasando por las decisiones y
acontecimientos más trascendentales en la política del país, como a nivel
internacional durante aquel cuatrenio definitivo. Quiero al respecto resaltar, en el
enfoque de los estudios políticos, el cambio en la correlación de autoridad y
potestad que experimentamos, cuando el expresidente hizo uso legal e ilegal del
poder decisional, que yo defino como el Reino del gobierno y la gloria,
centrándome en las contribuciones hechas por el filósofo y teórico de la política
Giorgio Agamben.
Examinando el gobierno de Uribe Vélez, parto de advertir intuiciones
características de su quehacer original, al que denominó “estado de opinión”, que
en su conjunción son ilustrativas y relevantes de estudiar, valiéndome de lo
investigado y propuesto por Giorgio Agamben, a propósito de sus reflexiones
sobre la excepcionalidad, y, específicamente, en relación con su obra El reino y la
gloria, en apariencia descentrada de nuestro tiempo histórico.
Teniendo en cuenta que la amenaza del terrorismo1 es la constante, del tiempo
global, al inicio del tercer milenio, la seguridad democrática fue la columna
vertebral de la política de gobierno del expresidente Uribe Vélez, y el pueblo,
1 Concepto construido desde el gobierno, para referirse al conflicto interno, y a las tensiones internacionales con los vecinos
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como comunidad política abstracta, estuvo a su favor, seducido por su imagen
redentora, a pesar que los tropiezos constantes con los poderes públicos fueran el
contexto político social de Colombia en ese entonces.
Él ha construido su poder extraordinario bajo su doctrina de seguridad y su
influencia en los colombianos obró como legitimadora de formas de violencia y
autoridad de excepción que encuentran justificación en la "necesidad2". Él sostuvo
en tono coloquial, y a través de los medios de comunicación puestos a sus
servicio, que él era el único que podía “salvar3” a Colombia de la hecatombe
política en la que estaba inmersa en razón de la errónea conducción de su
inmediato conductor, el expresidente Andrés Pastrana, quien había cometido
errores de política garrafales frente a un actor narco-terrorista, las Farc, con
quienes había pactado unas improcedentes negociaciones de paz construyendo
un espacio político de impunidad en la llamada “zona de distensión” en San
Vicente del Caguán, durante un desastroso periodo de 18 meses, en los cuales el
gobierno nacional anudó fracaso tras fracaso.
El primer capítulo de esta tesis lo constituye un análisis de los acontecimientos
que enmarcaron la reelección presidencial. En este punto se examina lo concebido
por Uribe sobre legalidad y legitimidad como su puerta de entrada a la
excepcionalidad. Ya en el segundo capítulo se trabaja lo relativo a la que tomando
en cuenta lo que Giorgio Agamben define como Máquina Providencial, en
particular, las categorías del Poder, Aclamación y Gloria planteadas como
parámetros conceptuales para el estudio del segundo periodo presidencial de
Uribe Vélez.
Así, posteriormente, opero estas categorías en el análisis de la administración de
Álvaro Uribe, su política pública como un continuado acto de guerra civil no
2 Esta reflexión se basa en una lectura reciente de la obra de Giorgio Agamben, Estado de excepción (Homo sacer II, 1).
3 En relación al paradigma teológico – político.
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declarada. Tal es el propósito fundamental de los capítulos tercero y cuarto de
esta tesis.
Debe insistir que el objetivo de este estudio es tomar algunos puntos de conexión
de la gestión de Álvaro Uribe Vélez en su segundo periodo, para poner en
situaciones las categorías principales planteadas por Agamben en su obra
histórico interpretativa el Reino y la Gloria, cuyo sustrato histórico no es
coincidente con la coyuntura nacional colombiana, y sin descuidar otros aportes
ancilares en la perspectiva teórico - práctica de la excepción, que provienen de
otros teóricos, que el propio Agamben ha evaluado y estudiado en trabajos
previos, en particular, la serie Homo Sacer, y el libro Estado de excepción..
Finalmente, espero que esta investigación abra la puerta para otros estudios de
fenómenos políticos actuales, retomando el paradigma teológico – político, un
tanto dejado de lado en la explicación de los Estado de Excepción modernos y
contemporáneos, en el marco de la transición política que experimenta el
subcontinente latinoamericano, pero no con exclusividad, tal y como se percibe en
las transiciones vividas en el reciente marco de la “primavera árabe”.
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CAPITULO I
1.1. LAS ELECCIONES DEL 2006 Y LA REELECCIÓN
En el año 2006 Colombia se alistaba para otra cita con la democracia, esta tenía la
responsabilidad de decidir el caótico futuro político del país, heredado del fracaso
de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc-ep. El presidente en
funciones, Álvaro Uribe Vélez, participó como candidato para las elecciones del
mismo año, las cuales ganó con un 62,23% de los votos declarándose su
reelección inmediata, luego de emplear a fondo todos los medios a su alcance,
legales e ilegales, para conseguir una reforma constitucional que lo habilitó en
provecho propio para reelegirse.
Ese domingo de elecciones los colombianos practicaron la reelección presidencial,
que había proscrito la Constitución de 1991. Solo Simón Bolívar y Rafael Núñez
habían conseguido este cometido en el siglo XIX. Posteriormente Alfonso López
Pumarejo en los periodos (1934 – 1938 y 1942 – 1945) logró la reelección, que no
pudo completar, después de la intentona de golpe de estado contra él, orquestada
en la ciudad de Pasto..
Uribe Vélez argüía, que se trataba de seguir con la misión de trabajar por la patria,
acotaba en sus discursos “democráticos” hacia los partidos competidores. Acatar
la Constitución y las leyes fueron los estandartes de su discurso de posesión:
"Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las
Leyes de Colombia", es lo que dijo Uribe ante la presidenta del Congreso,
Dilian Francisca Toro.
La conciliación también fue llamada en el discurso reiterando la necesidad de que
los grupos armados oigan el llamado del gobierno a la paz. "Nunca permitiremos la
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paz engañosa", advirtió el mandatario durante su discurso de posesión para el
segundo mandato, que se inició el 7 de agosto de 2006.
"Hemos insistido sin temor en nuestras acciones en procura de la
seguridad. No nos frena el miedo para negociar la paz. Confieso que me
preocupa algo diferente: el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en
seguridad", sustentó el presidente en funciones, para concluir: “Por eso los
hechos irreversibles de reconciliación deben ser el enlace entre seguridad y
paz".
En el mismo sentido, él declaró:
"En medio de la violencia, el diálogo se desgasta y la búsqueda de la paz
desmotiva la tarea de la institución armada legítima, la generosidad oficial
en negociaciones con los violentos, que muchas veces es injusta, es
entendida por la comunidad cuando los hechos demuestran buena fe y
honestidad de los beneficiarios".
Ahora bien, con este panorama es indudable que los procesos de reelección en
países presidencialistas no necesariamente fortalecen la democracia de aquellos
que la practican ya que, se ve seriamente minada la contienda en términos de
igualdad ante las elecciones de candidatos con un presidente en ejercicio que
detenta un sitio privilegiado no solo de manejo de información primaria que le
ayude a focalizar la problemática político social.
A su vez y gracias a esta focalización, él construye y administra nuevos conceptos
políticos de urgencia y necesidad de “salvar” al pueblo colombiano de una
hecatombe; como lo acotado por el asesor José Obdulio Gaviria que le dio
significación a la hecatombe política a propósito con la ausencia de Álvaro Uribe
de la presidencia de la República.
Por otro lado, el control de los centros de poder, y el manejo de la opinión pública
han sido determinantes en la aprobación del referendo, entre poniendo sus
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intereses ante la constitucionalidad y legalidad de sus pretensiones, teniendo
como resultado que en dicha reelección participó el 45.05% (12.041.737 personas)
del censo electoral (Registraduria Nacional del Estado Civil, Informe votacional
2006). La votación, visiblemente a su favor, superó el número de votos
conseguidos en el primer periodo, convirtiéndose el mandatario con mayor número
de votos obtenidos en la historia electoral del país.
1.2. LEGALIDAD O LEGITIMIDAD
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de
Colombia, tenemos que:
"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general".
El Estado Social de Derecho es un Estado de tipo democrático, que se caracteriza
por el reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivista
(económicos, sociales, culturales), con una idea de propiedad privada, pero
sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interventora
del Estado en todos los niveles.
Cuando se habla de Estado de derecho, se habla del gobierno de las leyes. En
este sentido no gobiernan los individuos, sino que se está bajo la directriz de las
normas de ese Estado. El Estado de derecho se sujeta a la propia normatividad
que emite, en tanto las autoridades, los gobernantes lo hacen supeditados a esas
mismas normas. El Estado se sujeta al Derecho.
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Cuando se habla de lo social, se refiere a los intereses colectivos y a las acciones
que, en los distintos campos de la vida, se dirigen desde allí (Uruburu, 1997, pág.
323).
Con ello la constitución de 1991 en el terreno práctico y por la naturaleza de
“Norma de Normas”, implica para el operador jurídico, que ante un caso concreto,
debe acudir primero a la Constitución para encontrar en ella la regla que sirva a la
solución del asunto, o al menos un principio orientador e inspirador para su
resolución (Uruburu, 1997, pág. 323).
De tal suerte, que el control constitucional es una consecuencia del principio de
supremacía. Es evidente que una ley o acto de gobierno que riña con los cánones
de la Constitución implica una alteración de facto del texto constitucional. La
institución del control constitucional busca pues conservar en lo que Uruburu anota
cómo la intangibilidad de la Constitución como marco legal superior de la acción
de los gobernantes, es decir, como instrumento de limitación al ejercicio del poder
político.
Sin abandonar lo anterior, la legitimidad indiscutiblemente debe abordarse desde
Max Weber, entendiendo por “dominación” la probabilidad de encontrar obediencia
dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de
mandatos), esta dominación entendida como sinónimo de autoridad. La creencia
en la legitimidad de que habla Weber asegura la capacidad del gobierno para
hacer cumplir las decisiones. Es uno de los tres tipos de legitimidad junto con la
legitimación carismática (los subordinados aceptan el poder basándose en la
santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) y la legitimación racional
(los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e
impersonales); convirtiéndola prácticamente en sinónimo de legalidad (Molina,
2001, pág. 234).
Por lo tanto y tomando a Agamben en consideración, es de fácil configuración que
desde la legitimación se pueda llegar a la excepción, ya que se vislumbra la
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necesidad de las actuales formas de gobierno de la excepcionalidad en tiempo de
la globalización capitalista y sus recurrentes crisis. Comenzando desde un
componente constitucional, inconstitucional, comisarial, el dispositivo soberano
como bien lo anota Schmitt, que caracteriza al estado moderno. Me interesa
ahondar en el trato de la cuestión de la excepcionalidad, la doble estructura de la
máquina gubernamental, que en "Estado de excepción".
1.3. LA LEGITIMIDAD DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El 28 de mayo de 2006, luego de que el Congreso de la República aprobara una
reforma constitucional que permite la reelección mediata o inmediata del
Presidente de la República, Álvaro Uribe es reelegido con el voto de 7.397.835
personas, el 62.35%. Nuevamente triunfó en primera vuelta, enfrentado a su
profesor en la universidad, Carlos Gaviria Díaz, Horacio Serpa y Antanas Mockus.
La victoria de Álvaro Uribe en el 2006 se explica en parte por varios triunfos de su
primer gobierno, tales como los resultados positivos de la seguridad democrática
en términos del control militar en ciertas regiones del país afectadas
tradicionalmente por la guerrilla, un mayor control en las vías más concurridas
recuperando así la confianza de los habitantes de las grandes ciudades quienes
no podían circular libremente.
Las desmovilizaciones de guerrilleros, la lucha contrainsurgente; y la reactivación
económica contribuyeron a incrementar la percepción de seguridad. Así, Uribe
Vélez logró la simpatía de los dirigentes de los gremios los cuales ayudaron a dar
vía a los acuerdos económicos y comerciales sin mayores trabas. Por otro lado la
comunicación que manejo dentro de los consejos comunales reforzando el
sentimiento de cercanía entre el ex presidente y la comunidad.
Es entonces con este su liderazgo sin igual ha consolidado por los éxitos
anteriores que Álvaro Uribe desarrolla un repertorio de símbolos políticos que
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facilitan la aceptación de su doctrina de seguridad. Al respecto el resultados se
refleja en un número considerable de colombianos que lo aceptan como
legitimador de formas de violencia ejercidas en virtud de la autoridad de
excepción, ya las que se refiere como Estado de opinión.
Dicho lo cual podemos ver que en el segundo gobierno de Uribe, hay un cambio
en la correlación de autoridad y potestad. Entendiendo al poder como el Reino del
gobierno y la Gloria, como lo postula Giorgio Agamben. Para repensar de este
modo el componente excepcional desde el paradigma teológico – político
weberiano de la dominación contemporánea. En el caso específico de la segunda
presidencia de Uribe el trato del tema se ha hecho desde un elemento racional
carismático de autoritarismo.
Es evidente la influencia de Uribe, es determinante en lo político, pero él también
es un gobernante investido de poderes presidencialistas. Sin embargo la opinión
pública está de por medio, y aquí se trata de indagar cómo se la torna activa bajo
la forma de Estado de opinión siendo el centro de esta investigación, para así ir
sustituyendo al Estado de derecho.
Lo interesante es que mostrando toda su excepcionalidad, el 20 de julio de 2009
durante la instalación del Congreso, el Primer Mandatario fue más allá y declaró
textualmente: “Colombia goza de un Estado de opinión que es la fase superior y
característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso
histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo”. Identificándose en la
figura de Estado de Excepción Moderno.
Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la geopolítica y el orden
mundial dieron un giro inesperado. Se configuro la figura del terrorismo dentro de
las agendas políticas internas e internacionales dando comienzo a una era
antiterrorista más activa que nunca, ampliando su espectro ya no solo al uso
sistemático del terror para coaccionar a sociedades y gobiernos por
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corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas,
revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder.
Es por eso que la seguridad democrática es decisiva en el gobierno de Uribe ya
que, sigue con los lineamientos del entorno internacional occidental;
reconfigurando la amenaza latente del terrorismo a escala internacional y su
homólogo según el gobierno colombiano al interior del país conllevando que cierto
sector del pueblo colombiano se ponga a favor de esta doctrina de seguridad
nacional seducido por la imagen redentora de Uribe Vélez.
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CAPITULO II. LA PROVIDENCIA
2.1. EL ASPECTO PROVIDENCIAL
La Maquinaria Providencial, se trata en un comienzo citando el curso que dicto
Michel Foucault en el Collége de France en 1977 – 1978, titulado “Seguridad,
territorio y población.” Él hacía alusión a la genealogía de la “gubernamentalidad”
moderna. Es como Foucault comienza diferenciando en la historia las relaciones
de poder: sistema legal, que corresponde al modelo institucional de Estado
territorial de soberanía y se define a través de un código normativo que opone lo
que está permitido a lo que está prohibido a la vez que establece en consecuencia
un sistema de penas; los mecanismos disciplinarios que corresponden a las
modernas sociedades de disciplina y ponen en funcionamiento, junto a la ley, una
serie de técnicas policiales, médicas y penitenciarias, para ordenar, corregir y
modular los cuerpos de los súbditos; finalmente, los dispositivos de seguridad que
corresponden al estado de población contemporáneo y a la nueva practica que lo
define, que él llama “el gobierno de los hombres” (Agamben G. , El Reino y la
Gloria, 2008, pág. 19).
Foucault identifica el origen de las técnicas gubernamentales en el pastorado
cristiano, aquel “gobierno de las almas” que, como “técnicas de las técnicas”,
define la actividad de la iglesia hasta el siglo XVIII, cuando se convierte en el
“modelo” y la “matriz” (Foucault p. 180).
Mientras que el teorema de la secularización enaltecido por Carl Schmitt, para
quien “todos los conceptos sobresalientes de la moderna teoría del Estado son
conceptos teológicos secularizados” (Schmitt 1941, 72).
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Ahora bien, centrandose en lo analizado por Agamben sobre la maquina
providencial es como se llega a una tesis inicial; y es la configuración de la
ontologia de los actos de gobierno, ejemplo de ello es:
La providencia entendida como el gobierno, donde según Agamben la teología y la
filosofía hacen frente a la escisión de la ontología clásica en dos realidades
separadas, pero a su vez haciéndose presente como una máquina para volver a
articularlos dos fragmentos en la gubernatio Dei, en el gobierno divino del mundo.
En ese mismo sentido Agamben alerta que el intento de conciliar la escisión
gnóstica entre un Dios extraño al mundo y un Dios que gobierna, que la teología
cristiana había heredado a través de la articulación “económica” del padre y del
hijo. Haciendo develar una figura paradójica del gobierno inmanente de un mundo
que es y debe permanecer extraño. Siendo así, el paradigma de gobierno del
mundo de las grandes potencias de occidente como lo anota Agamben, que hoy
tratan de realizarlo a escala tanto local como global.
Por tal razón, ya se trate de una disgregación de formas constitucionales
preexistentes o de la imposición militar de modelos constitucionales llamados
democráticos a pueblos a los que esos modelos resultan impracticables lo
esencial en todo caso es que gobierna un país y, llevado al límite la tierra entera
permaneciendo completamente extraños a él (Agamben G. , El Reino y la Gloria,
2008).
Dicho lo cual, el peregrino4 en la tierra cuyo significado “político” es consustancial
al paradigma gubernamental dominante correspondiente al paradigma
providencial.
Entre tanto, la máquina providencial sí bien es unitaria, se articula en dos planos o
niveles distintos: trascendencia / inmanencia, providencia general / providencia
especial (o destino), causas primeras / causas segundas, eternidad / temporalidad,
4 También llamado el Turista, es la figura planetaria de esta irreducible ajenidad, con respecto al
mundo. El peregrino en la tierra.
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conocimiento intelectual / praxis (Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008). Todos
los anteriores se correlacionan teniendo claro que el primero legitima el segundo.
Donde el gobierno del mundo es el resultado de esta correlación.
En el caso específico del paradigma de los actos de gobierno el efecto es
colateral. Agamben lo describe como que los actos de gobierno representan una
zona de indecidibilidad. Entre lo general y lo particular entre lo calculado y lo no
querido.
Al respecto, la trascendencia no se da nunca sola y separada del mundo. Así lo
anota Agamben, sino que está siempre en relación con la inmanencia como
imagen o reflejo del orden trascendente. Correlativamente el segundo nivel se
presenta como ejecución de lo que fue dispuesto y ordenado en el primero. La
división de los poderes es consustancial a la máquina.
Es por tal razón, que la ontología de los actos de gobierno es una ontología
vicaria, (Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008). Dando como resultado el
dispositivo providencial, siendo en él mismo es una reformulación y un desarrollo
de la oikonomía5 teológica conteniendo un paradigma epistemológico del gobierno
moderno.
La providencia y el destino, Reino y gobierno; gobierno inmediato y gobierno
mediato; acto primario / efecto colaterales no son solamente conceptos teológicos
– filosóficos, sino categorías del derecho y de la política. Siendo acá, donde el
Estado moderno hereda ambos aspectos de la máquina teológica del gobierno del
mundo y se presenta tanto bajo la forma de: Estado – Destino, como Estado –
Providencia.
5 Hace referencia al gobierno de los hombres. Michelle Foucault lo define como gobernabilidad y/ o
gubernamentalidad. Razones por las cuales el Estado no se llegó a completar. Situar el gobierno en su locus teológico, en la oikonomía trinitaria no significa tratar de explicarlo a través de una jerarquía de las cusas. Sino, más bien, oikonomía trinitaria puede constituir un laboratorio privilegiado para observar el funcionamiento y la articulación tanto interna como externa de la máquina gubernamental (Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008).
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A través de la distinción entre el poder legislativo o soberano y poder ejecutivo y
gobierno. Es entonces cómo el Estado moderno se encarga de la doble estructura
de lo que llamamos máquina gubernamental.
Así es cómo el Estado ejerce funciones de providencia donde legisla de modo
trascendente y universal, pero dejando libres a las criaturas de las que se ocupa, y
otras veces cumple las funciones ciegas y ministeriales del destino que ejecuta
con detalle, los dictámenes de la providencia y sujeta a los individuos reacios a la
conexión implacable de las causas inmanentes y los efectos que su propia
naturaleza han contribuido a determinar (Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008).
Dicho lo cual, ya el paradigma económico – providencial en este sentido el
paradigma del gobierno democrático. Así como el teológico – Político es el
paradigma del Absolutismo.
El Estado moderno hereda como lo alerta Agamben, que gobernar significa dejar
que se produzcan los efectos concomitantes particulares de una “economía”
general, completamente ineficaz, pero sin la cual ningún gobierno sería posible.
No es tanto que los efectos (el gobierno) dependan del ser (del Reino) sino que el
ser consiste sobre todo en sus efectos: vicarial y efectiva que define los actos de
gobierno.
Y cuando el paradigma providencial, al menos en su aspecto trascendental
comienza a declinar, el Estado Providencia y el Estado Destino tienden
progresivamente, a identificarse en la figura de Estado de Derecho Moderno.
Por último y como lo anota Agamben. El gobierno de los hombres y de las cosas,
con la vocación económico – gubernamental de las democracias contemporáneas
no es un incidente que se cruzó. Sino parte integrante de la herencia teológica.
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2.2. EL PODER, LA GLORIA Y LA ACLAMACIÓN
Como se ha planteado anteriormente, de la necesidad de abordar algunas
categorizaciones planteadas por Giorgio Agamben para analizar el
comportamiento contemporáneo de los gobiernos desde una visión teológico –
política.
Para ello se analizara el aspecto ceremonial del poder. La relación entre el poder a
la aclamación y a la gloria. Siendo así, el tratamiento de la gloria, se basa desde
una sugerencia de Agamben lo verdadero, bueno y bello. Abordando directamente
la gloria en conexión con la estética, articulado con la esfera del dominio y poder.
Dentro del análisis de la transformación de la traducción bíblica está el antiguo y
nuevo testamento, para dar significación al monoteísmo desde la gloria de Dios.
Para dar explicación de la economía de la gloria desde la economía trinitaria
siendo corresponsal en la glorificación entre los hombres y Dios.
En relación a lo anterior y desde la Aclamación Giorgio Agamben (El Reino y la
Gloria) en el tema de Gloria atañe como se ha desarrollado en niveles diferentes el
orden inmanente de providencia general y providencia especial la máquina del
gobierno divino del mundo. Mostrando que la opinión pública es la forma moderna
de la aclamación.
Es necesario analizar el tema del Reino, para la investigación donde Agamben lo
relaciona con “Autoridad legal”: entre soberanía indivisible del ejercicio y una
realeza constitutivamente divisible y separada del gobierno. También desde una
potencia Absoluta y Potencia ordenada: Para el dispositivo gubernamental
identificándose plenamente con él.
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En el Poder, se vuelve en el tratado de la teología desde el estudio de la
aclamación analiza el ceremonial político y liturgia eclesiástica. Como primeros
pasos en la dedicación de estudios sobre los aspectos ceremoniales del poder y
del derecho en lo Agamben dice: como una suerte de arqueología política de la
liturgia y el protocolo. En el mismo sentido Carl Schmitt en Referéndum y
propuesta de ley por iniciativa popular, donde establece que la aclamación es la
expresión pura e inmediata del pueblo como poder democrático constituyente
aseverando que “la aclamación es un fenómeno eterno de toda comunidad
política. Ningún Estado sin pueblo ningún pueblo sin aclamación” (Agamben G. ,
El Reino y la Gloria, 2008 p. 177).
2.3. LA PROVIDENCIA DE LOS MODERNOS
Al mismo tiempo, Agamben menciona el interés de analizar la ley y el milagro. Y
es con Pascal durante la Francia del siglo XVII, que menciona: “Con el aumento
del interés en los ámbitos por prácticas gubernamentales y por la teoría del poder.
Siendo los modos a través de los cuales la providencia ejerce su gobierno”, en
relación entre el gobierno y los gobernados. Siendo el elemento usual del gobierno
providencial como la gracia. En el gobierno providencial del mundo es un
compilado entre la acción del gobernante y el libre albedrio de los individuos
gobernados (Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008 p.245 ).
En cambio, Melebranche 6 en 1680 le da una nueva cara a la doctrina de la
providencia general y providencia especial, de las causas primeras y de las
causas segundas que se mencionó en el capítulo anterior. Resumiéndolas en una
6 Nicolás Malebranche nació en París en 1638 y cursó estudios de filosofía durante dos años (1654-1656) en el Colegio de La Marche, dirigidos por un aristotélico.
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absolutización del gobierno divino. Donde el sujeto de la acción providencial es la
voluntad divina.
En tanto, que según Melebranche la sabiduría divina de actuar por vías simples y
generales que a través de una multiplicidad de voluntades particulares. En este
sentido la relación del milagro en los gobiernos providencial, es la ley. No la
voluntad particular sino la general. Dando como resultado que el paradigma del
gobierno providencial no es el milagro sino la LEY (Agamben G. , El Reino y la
Gloria, 2008). Es por eso, que se juega con la definición del mejor gobierno
posible. En relación al gobierno del mundo.
Dicho lo cual, la influencia ejercida por Melebranche ha sido significativa en los
ilustrados como Rousseau. Quien remitiéndose a los debates teológicos sobre la
política, en cuestión a la gracia, seculariza lo propuesto por Melebranche; sobre
todo en relación al trato de la “voluntad general”. Por lo anterior Agamben anota
que Foucault en el curso 1977 – 1978, sobre seguridad, territorio y población habla
del proyecto rousseauniano (Foucault, 1978 p. 110 – 111).
32
CAPITULO III. ÁLVARO URIBE Y SU MÁQUINA PROVIDENCIAL.
3.1. La máquina providencial: el Estado comunitario.
Cuando se habla de Estado comunitario, hay que indudablemente remitirse al Plan
Nacional de Desarrollo del 2006 al 2010. Allí se plantean los ideales de la
construcción de un país mejor. El Plan examina en primera medida un crecimiento
económico con una mayor participación de la empresa privada para así generar
riqueza. Es evidente en este primer comienzo el ahínco puesto por el gobierno de
Uribe Vélez de enfocar sus políticas nacionales a un específico grupo económico,
desde una posición poco disimulada, de clara raigambre neoliberal que también lo
acompañaré en su segundo periodo presidencial.
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 ha sido denominado Estado
Comunitario: Desarrollo para Todos. Este título significa que, de acuerdo con las
propuestas que el presidente Álvaro Uribe presentó al país, y que fueron
ampliamente acogidas de manera democrática por los colombianos, el Estado
Comunitario se concibe como el instrumento para lograr un desarrollo sostenible
que beneficie a todos y a nuestras generaciones futuras (Plan Nacional de
Desarrollo 2006 - 2010, pág. 17).
Es así como se llega a los ideales de un Estado Comunitario expresado en el
enunciado: desarrollo para todos. Al analizarlo concienzudamente el Plan nos
devela por orden de aparición, entendiendo la posible priorización de temas, un
primer escenario económico que reconoce las relaciones sociales de Estado –
33
Mercado; registrando que pueden ser de dos tipos. La primera, destinada a
promover intereses privados. Y la segunda para promover intereses colectivos.
En general, es mejor que las interacciones del primer tipo sean coordinadas por
los mercados, aunque el Estado bien puede tener una participación muy
importante en ellas, por ejemplo a través de la definición del marco normativo que
las regula, o por medio de una actividad de promoción. Las segundas, por su
parte, requieren una participación activa del Estado futuras (ibid).
En ambos casos la segunda relación oficia como legitimadora de la primera,
siendo el Estado el que intervenga en la respectiva regulación.
Ahora bien, analizando los principios del Plan Nacional de desarrollo, se puede
detallar una carga de símbolos que para el desarrollo del mismo deben tener un
contenido sagrado desde el quehacer del Estado para llegar a su aplicación dentro
del periodo mencionado. Por ejemplo, algunos de esos símbolos en los siguientes
enunciados:
a. el Estado debe promover un ambiente favorable para el crecimiento económico
y un crecimiento sostenible, b. el Estado debe ser promotor y tomar la iniciativa de
la integración del sector privado a la dinámica económica del país. Más aún, con
ellos lo que se pretende es que el Estado sea garante del Estado Social de
Derecho, mediada ahora por la concepción del Estado Comunitario.
Para lograr el cometido de la reforma económica y social se debe resaltar la
presencia de la Seguridad Democrática, que es concebida como la esencia o
centro articulador para el logro de las principales metas propuestas por el Plan;
ejemplo algunos de esos contenidos principales son: que el Estado debe promover
un ambiente favorable para el crecimiento económico y un crecimiento sostenible,
donde el Estado debe ser promotor y tomar la iniciativa de la integración del sector
privado a la dinámica económica del país. Con ello lo que se pretende es que el
Estado sea garante del Estado Social de Derecho, por medio de la concepción del
Estado Comunitario.
34
3.2. Representación y participación.
Como eje fundamental de la consolidación de la democracia colombiana, en
palabras del asesor político principal del ex presidente Uribe, José Obdulio
Gaviria, es un reto asegurar el orden político democrático dotando de instituciones
cada vez más representativas y de mejor calidad al Estado, que garanticen la
creciente participación ciudadanía en los procesos decisorios.
Claro está, el interlocutor y mediador principal sería siempre el gobierno nacional,
haciendo el presidente el papel de intérprete fundamental de las necesidades de
los ciudadanos y afianzando las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
Construyendo la versión personalista de una supuesta práctica de una
democracia directa y abierta.
En ese mismo escenario de desmonte del Estado social de 1991, resaltemos
ahora que Uribe Vélez sintió y experimentó lo que podemos llamar una
corazonada democrática, que expresó así: “vale más una participación directa con
el pueblo, que una representación limitada en el congreso” (Dicho en la ponencia
central del Encuentro Iberoamericano de comunitarismo, Paipa, Colombia 26 – 28
de julio 2006).
Para entonces, el presidente Uribe Vélez entendió e interpretó la importancia de
asumir la representación como doliente de un pueblo incomprendido hasta ahora;
uno que no ha sido escuchado por los anteriores gobiernos, y menos por los
políticos tradicionales. Sobre todo, Uribe Vélez señala a estos últimos, haciéndolos
35
a un lado, quienes en la primera presidencia hacían parte del que su ministro de
gobierno, Fernando Londoño calificara de congreso admirable, para tener ahora
una interacción directa, más que necesaria entre el ejecutivo y el pueblo
colombiano.
3.3. Los Consejos Comunales
Esta institución recreada por él, invirtiendo la experiencia realizada en la zona de
distensión de San Vicente del Caguán, es llevada a cabo, planificada por el
gobierno con una periodicidad de cada ocho días. Para él es el eje de la que él y
su equipo de gobierno asumen como la realización de la democracia participativa.
En estos consejos, de forma pública, se dan una suerte de soluciones a temáticas
cotidianas con la interpelación directa a las administraciones locales en
específicos asuntos públicos de los que están excluidos los que tengan que ver
con el orden público.
El espacio para la deliberación se dispone con interacción directa y dinámica de la
población objetivo del consejo, pero con la intervención inicial de los funcionarios
locales que rinden cuentas y enumeran sus exigencias para con el ejecutivo
central, con el fin de lograr un mejor desarrollo mediante la solución de los
problemas que se dan en las distintas regiones del país, como dice Federico
Echavarría Olarte:
“En los Consejos Comunales de Gobierno se puede ver la dignidad que el
Presidente quiere dales, porque son ocasiones para oír lo que la gente local
desea contar, para que los funcionarios de Bogotá queden comprometidos
en ayudar a solucionar los problemas. Lo corriente en el país ha sido que,
terminada la reunión, y después de las recepciones de rigor ofrecidas por la
gobernación y la alcaldía de la capital departamental, se olvide el problema
36
o se llegue como siempre a la conclusión de que fueron muy buenas las
intenciones, pero los funcionarios en Bogotá tienen poco tiempo para los
departamentos.” (Echavarría Olarte; Dic 19 de 20027)
Para José Obdulio Gaviria en el encuentro iberoamericano comunitarismo dijo: “los
consejos comunales son una herramienta de gobierno, intrínsecamente unida al
estilo de administración de la cosa pública por parte del presidente Uribe”.
Están a su vez, incluidas dentro del Plan de Desarrollo y promueven la
credibilidad del pueblo en sus instituciones. Aludiendo por último que, “el periodo
gubernamental del presidente Uribe ha sido, tal vez, el que menos ha tenido que
atender manifestaciones y reivindicaciones masivas y reclamaciones por vías de
hecho de las comunidades. El diálogo permanente con ellas en los Consejos
Comunitarios y el trato directo del presidente con los líderes populares, le ha dado
salida oportuna a las reivindicaciones populares”.
No me voy a detener más en esta cuestión ya que, la bordaré más adelante.
3.4. Las libertades públicas y el Estado comunitario
Las libertades públicas son derechos constitucionales, con vinculación directa a la
garantía de la dignidad humana en una democracia representativa que se
proclama pluralista. Tales libertades están consagradas y enmarcadas en la
constitución política de 1991. Hacen parte de un específico bloque de
constitucionalidad
7 En: http://sigob.presidencia.gov.co/Consejoscomunales/informacion/fechavarriao marzo 2008).
37
El Estado Comunitario está basado en transparencia, abierto a los ciudadanos y
sobre todo, se proclama inscrito en el respeto liberal constitucional de la
separación de poderes y la independencia de las instituciones del Estado.
En definitiva el Estado Comunitario, es un conjunto de instituciones, definiciones y
discursos que se enmarcan en lo que Foucault define como dispositivo. En el caso
del segundo gobierno de Uribe Vélez se puede perfectamente identificar en la
construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Siendo así, como pone en
funcionamiento su función estratégica de poder; como lo descrito por Foucault
siendo el conjunto de discursos, leyes, medidas administrativas, proposiciones
filosóficas, morales y filantrópicas. Para ser usadas en función del poder.
En materia jurídica se evidencia, por ejemplo, que es durante el año 2006 que se
sancionaron la mayoría de leyes en el aspecto de procedimiento especial y nuevas
disposiciones en el Código Penal Militar, en particular, la adquisición de para la
Policía Nacional, Régimen de Carrera de las Fuerza Pública y beneficios a las
familias de los veteranos o reservistas de honor de estos organismos.
Como la Ley 1015 del 07/ 02/2006 en donde se expide el Régimen disciplinario
para la Policía Nacional.
La Ley 1058 del 26/07/2006, por medio del cual establece un procedimiento
especial en el Código Penal Militar, se adicionó un artículo y se modifica el artículo
367 del mismo Código; Delitos que se juzgan: Los delitos de desobediencia,
abandono del puesto, abandono del servicio, abandono del servicio de soldados
voluntarios o profesionales, deserción, del centinela, violación de habitación ajena,
ataque al centinela, peculado por demora en entrega de armas, municiones y
explosivos, abuso de autoridad especial.
Ley 1072 del 31/07/2006, donde se aprueba la enmienda al artículo 1º de la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
38
indiscriminados, adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados
Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001) en
Ginebra, Suiza.
Ley 1073 del 31/07/2006, Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la
notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales
en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Ley 1077 del 31/07/2006, donde se aprueba el Convenio sobre la Marcación de
Explosivos Plásticos para los fines de detección, hecho en Montreal, el primero
(1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).
Ley 1081 del 31/07/2006, por medio de la cual se otorgan beneficios a las familias
de los héroes de la Nación y a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1089 del 01/09/2006, por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y
servicios destinados a la defensa y seguridad nacional.
Ley 1092 del 13/09/2006, por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo
19 del Decreto 1791 de 2000 que regula las normas de Carrera del Personal de
Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional y se dictan
otras disposiciones.
Ley 1104 del 13/12/2006, por medio de la cual se modifican artículos del Decreto
1790/00, en la carrera de los integrantes de las Fuerzas Militares.
Ley 1108 del 27/12/2006, por medio de la cual se aprueba la "Convención
Interamericana contra el Terrorismo", suscrita en la ciudad de Bridgetown,
Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos.
39
Ley 1121 del 30/12/2006, por la cual se dictan normas para la prevención,
detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras
disposiciones.
Ley 1151 del 24/07/2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010.
Ley 1184 de 2008, por la cual se regula la cuota de compensación militar y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1234 de 2008 - Por medio de la cual se modifica el artículo 4° del Decreto-ley
2272 de 1991, "por el cual se adoptan como legislación permanente unas
disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del estado de sitio".
Ley 1249 de 2008 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
Administrador Policial y se dictan otras disposiciones.
Ley 1279 de enero 05 de 2009, por medio de la cual se modifican algunos
artículos sobre ascensos en cautiverio del personal de oficiales, suboficiales y del
nivel ejecutivo de la fuerza pública, contemplados en los decretos 1211,1212,
1213 y 1214 de 1990; 1091 de 1995; 1790,1791, 1793 de 2000; y se dictan otras
disposiciones.
En el año 2009, se modifican de nuevo los Decretos mediante los cuales se
asciende a los oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares que hayan sido
víctimas del delito de secuestro.
Como se puede ver en el listado anterior, Uribe Vélez presenta dos iniciativas en
torno al tema de ascensos a Generales de la República y el Código Penal Militar.
Adicionalmente, durante los ocho años de Álvaro Uribe en la presidencia,
se reglamentan convenios, acuerdos de cooperación y protocolos internacionales
como es el caso de la Ley 1108 de 2006 por el cual se aprueba la Convención
Interamericana contra el Terrorismo.
40
3.5. El fallido Estatuto antiterrorista
Así mismo, el gobierno nacional a su cargo sancionó las leyes en materia de
reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley y normas
para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación al
terrorismo. Lo anterior sin olvidar el empeño que puso el gobierno en la expedición
del Acto Legislativo 2 de 2003 más conocido como el Estatuto Antiterrorista. Éste
logró surtir los ocho debates necesarios para su aprobación en el Congreso de la
República, pero que a la postre fue declarado inexequible por vicios de trámite por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C 818 de 2004.
Lo anterior hace que Uribe Vélez posibilite su robustecimiento en varios aspectos
relativos a su labor, elemento que como se enuncio anteriormente era necesario
para tener una base legal sólida para implementar la política de Seguridad
Democrática y por supuesto para lograr la recuperación del monopolio legítimo de
la violencia física en manos del Estado.
Por otro lado, el sentido tecnológico y militar, siendo para Foucault: el primero la
manera en que se disponen las piezas de una máquina o de un mecanismo y, por
extensión, el mecanismo mismo. Y en el segundo caso el conjunto de los medios
dispuestos conformemente a un plan.
“La única arma que portaré será un celular. Desarmemos los fusiles y armemos la
creatividad.” Álvaro Uribe Vélez.
3.6. La construcción del discurso político de la seguridad
De acuerdo a los antecedentes citados y analizados, Uribe construyó se discurso
político desde una significación propia de seguridad y democracia. Todo lo demás
tenía que orbitar desde el valor agregado de la seguridad sobre todo como
componente único para acabar con la violencia y lograr la paz. Es importante,
41
cómo en el discurso de reelección del 2006 habla de lo logrado en el cuatrienio
anterior en materia de seguridad y defensa con un alto sentido moral a las
incursiones militares.
Deteniéndose ya, en lo concerniente del Estado Comunitario como su oikonomía,
su paradigma, su trascendencia; la providencia y el destino.
Un ejemplo de es lo dicho en su discurso de posesión donde Uribe Vélez, dijo: “El
Estado Comunitario es el medio para que la actividad pública beneficie a los
gobernados, no a los funcionarios, los grupos de poder, la politiquería, las
burocracias laborales.
El Estado Comunitario es participación ciudadana en la toma de decisiones
públicas, su ejecución y supervisión. Es garantía de transparencia, eficiencia y
equidad en el resultado de la acción oficial. La exigencia ciudadana permanente
demanda sincero afán de los funcionarios, prudencia en el compromiso, diligencia
en la acción, imaginación para explorar opciones y superar obstáculos. La
presencia continua del funcionario, de cara a la comunidad, facilita acceso a la
información, conocimiento de cifras, conciencia sobre posibilidades y limitaciones,
reflexión sobre obligaciones y confianza en las instituciones.8”
Colombia no puede ser ajeno a la tendencia occidental de cómo gobernar, Álvaro
Uribe entendió el cometido y se alineo a las demandas actuales de la Máquina
Providencial. Entendiendo su sentido unitario, Uribe es proclive a traspasar la
línea de separación de los poderes en Colombia, por un sentido único
providencial.
La providencia y el destino se conjugan como lo advierte Agamben; en el gobierno
inmediato y gobierno mediato. Es por eso que en algún momento del gobierno no
se identifican de manera clara las acciones del ejecutivo traspasando las
8http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_presidente_les_metera_el_acelerador_a_las_reformas/el_president
e_les_metera_el_acelerador_a_las_reformas.asp
42
capacidades del poder legislativo y judicial; moviéndose al unísono entre las
significaciones de ser soberano o de ser ejecutivo y gobierno.
Por tales acontecimientos la oikonomía de Uribe Vélez en marco de su segundo
gobierno y en sentido del paradigma de gobierno democrático, se le añade el
componente teológico para su análisis encontrando cada vez más la
tendencia del Absolutismo. Llevado a la realidad por la misma circunstancia
político social de Colombia que sin mayores avisos retroalimenta la motivación de
Uribe de permanecer en el poder.
El Plan Nacional de Desarrollo es todo un plan de acción democrático, con exceso
de democracia. En donde se concentran la mayor parte del gobierno dando un sin
número de libertades, el Estado Comunitario se forja como los actos de gobierno
en el sentido del accionar del poder Ejecutivo en la toma de decisiones de los
elegidos por el pueblo para gobernar a los hombres; desde un sentido vicarial
reconocido pero no aceptado por en este caso Álvaro Uribe Vélez. Encuadrándose
cada vez más como excepcional desde el efecto colateral, en el uso de su
máquina gubernamental acorde con el Estado de Derecho Moderno.
El año 2006 en Colombia es determinante en esta construcción por ejemplo y
acompañado a la reelección presidencial, los contundentes logros en materia de
seguridad. El diario Nuevo Herald le dedico un artículo el domingo 26 de octubre
del 2008 a los Golpes a las FARC, de manera cronológica. Mencionando el diario
que siendo el 17 de febrero: Giovanny David Santamaría, alias "Rubén'' o
"Popeye'', que participó en el secuestro y muerte del gobernador de Antioquia,
Juan Guillermo Gaviria, y del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, murió en
un enfrentamiento con el Ejército.
En ese mismo año comienza el escándalo por la parapolítica; donde según la
Corte Suprema, los políticos de Sucre crearon los grupos paramilitares de la
región. En el computador de 'Jorge 40' hay nuevas evidencias de la confabulación
43
criminal para apropiarse del departamento (Las pruebas hablan por sí solas.
Semana. 2006-11-11).
La Corte Constitucional adiciona la Ley de Justicia y Paz en julio del 2006, como
fin la desmovilización de paramilitares. En donde la Corte establece de manera
clara:
"hacer una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de
los “desaparecidos” y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con
sus bienes legales y no sólo con los bienes ilícitos que ellos
voluntariamente elijan entregar", estableciendo que quienes no cumplan
con estas condiciones y vuelvan a delinquir perderían los beneficios de
dicha ley. (Colombia: Al Corregir Ley de Desmovilización, Corte Evita
Abusos Futuros». HRW. 19 de julio de 2006.)
El asunto de Salvador Arana en ese entonces gobernador de Sucre, quien
después de ordenar el asesinato de Eudaldo Tito Díaz, alcalde de ese momento
de El Roble, en un consejo comunitario había advertido al presidente Uribe que lo
querían matar e incluso señaló los nombres de quienes serían sus asesinos; todo
se llevó a cabo en el Consejo Comunitario número 17, en Corozal Sucre el 1 de
febrero 2003. Ya en el 2006 se le da orden de captura después de renunciar a su
labor como embajador de Colombia en Chile.
Ya en el 2007 se ordenan las primeras capturas de los integrantes del “Pacto de
Ralito”. El Pacto constaba en un documento llamado “Refundar la Patria”, entre
funcionarios públicos y las AUC9.
9 http://www.semana.com/on-line/computador-jorge-40-puede-inicio-nuevo-proceso-8000/97456-
3.aspx
44
3.7. Los firmantes del Pacto de Ralito para refundar la patria.
El 14 de mayo de 2007, se ordenó la captura de la mayoría de los políticos
firmantes imputándoseles el delito de Concierto para delinquir agravado.
LIDERES PARAMILITARES
1. Salvatore Mancuso alias "Santander Lozada".
2. Diego Fernando Murillo alias "Don Berna" o "Adolfo Paz".
3. Edward Cobos Téllez alias "Diego Vecino".
4. Rodrigo Tovar Pupo alias "Jorge 40".
LIDERES POLÍTICOS10
1. José María López Gomez "Mono López (Gobernador de Córdoba).
2. Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre).
3. Reginaldo Montes (Representante a la Cámara por Córdoba).
4. Luis Alvarez (Suplente Cámara de Representantes por Córdoba de
Reginaldo Montes).
5. Jaime García (Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y
San Jorge).
6. Álvaro Cabrales (ex Diputado conservador de Córdoba).
7. Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba).
8. Alfonso Campo Escobar (Representante a la Cámara por el Magdalena del
partido Conservador).
9. José María Imbeth (Representante a la Cámara por el partido
Conservador).
10. William Montes (Senador por el Bolívar. Conservador).
11. Rodrigo Antonio Burgos de La Espriella (Senador Conservador)
12. José Pepe Gnecco (Senador Bolivar).
10
Ibid,
45
13. Luis Carlos Ordosgoita (Representante a la Cámara por Córdoba).
14. Fredy Sánchez (Representante a la Cámaras por Córdoba).
15. Miguel de La Espriella (Representante a la Cámara por Córdoba).
16. Eleonora Pineda (Concejal de Tierralta).
17. Marciano Argel (Secretario de Planeación de Córdoba).
18. Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero).
19. José de los Santos Negrete (Gerente del Partido Conservador).
20. German Ortiz (Asesor Alcaldía de San Antero).
21. Remberto Montes (Representante a la Cámara por Córdoba) - Anulada la
firma.
22. Juan Manuel López Cabrales (Senador Liberal).
23. Luis Saleman (Ex alcalde de San Onofre Sucre).
24. Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre).
25. Edwin Mussy (Alcalde de Ovejas, Sucre).
26. Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas, Sucre).
3.8. Los partidos políticos representados.11
Partido político Senadores Representantes Total
Partido Cambio Radical 5 3 8
Partido Liberal Colombiano 3 5 8
Partido Conservador Colombiano 3* 4* 7
Partido de la U 4* 2 6
Convergencia Ciudadana 3 2 5
Partido Colombia Democrática 4 1 5
11
Ibid,.
46
Movimiento Colombia Viva 3 0 3
Alas Equipo Colombia 1 0 1
Apertura liberal 0 1 1
Total 26 17 44
*El representante José de los Santos Negrete del Partido Conservador fue
absuelto por la Corte Suprema de Justicia.
*El senador Jairo Enrique Merlano del Partido de la U fue absuelto en
primera instancia por la justicia ordinaria.
*El senador Luis Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador fue
dejado en libertad al no encontrarse pruebas en su contra según la Fiscalía.
Al respecto de los evidentes nexos de la política con los paramilitares el congreso
se enfrenta a un proceso de ilegitimidad hacia los ojos de los colombianos; con un
ingrediente adicional en el maremágnum político y es el escándalo del DAS.
En el entendido de seguridad y como llevarla a cabo se puede identificar una
suerte de monopolio en adquisición y manejo de información. Ya sea con ayuda
de informantes o como en este caso particular con interceptaciones telefónicas a
periodistas y oponentes políticos. Es entonces que asaltan varias inquietudes al
respecto de, ¿Cómo está concibiendo Uribe al país?, ¿Qué concepto tiene del
conflicto interno?, y sobre todo ¿Quiénes son sus enemigos?
El razonamiento de estas inquietudes, se origina desde la base del manejo de los
mecanismos del soberano para mantener el orden del Estado si en algún caso se
ve reflejado en la incertidumbre de su estabilidad. Está acorde aún más con las
47
dictaduras de los regímenes políticos en Europa de mediados del siglo XX, como
bien lo anota Agamben en su obra de Estado Excepción. Alertando a su vez, la
teoría Schmittiana de la transformación de los regímenes democráticos como
consecuencia de la progresiva expansión de los poderes del ejecutivo (Agamben,
2004, págs. 16-17). En caso especial de las dos guerras mundiales.
En el asunto de Uribe no es importante la definición en sí misma de conflicto
interno, sino la necesidad de uso de herramientas naturales a su poder para
mantener el orden y la consecuencia de su definición de Nacion colombiana.
Siendo que, desde su posición privilegiada de Ejecutivo puede hacer o no para el
bien del país y en definitiva del mantenimiento de la Seguridad Democrática.
Contando con la legitimación del pueblo colombiano; y abstrayendose dadas las
circunstancias de los escandálos políticos y judiciales del momento.
3.9. La Seguridad Democrática y la Aclamación.
La Seguridad Democrática es una política gubernamental en Colombia
encabezada por Uribe, donde se traslada el tema de la lucha contra insurgente y
de inseguridad a la sociedad desde significaciones y valores democráticos, para
mantener la estabilidad militar en el territorio nacional tan añorado.
En donde, el PND lo allana como: La seguridad es un valor democrático y la paz
depende de su preservación. La política de seguridad democrática es:
• Una política de recuperación de las libertades públicas, conculcadas por la
acción terrorista de grupos armados por fuera de la ley, cuyo avance no ha sido
debidamente confrontado por el Estado.
• Un compromiso de derrota de los violentos por parte del Estado.
• El ejercicio del legítimo derecho a la defensa propia que toda democracia tiene
cuando se ve amenazada por la violencia terrorista.
48
En consecuencia, al interiorizar la seguridad como un valor social acompañado
por varios logros según lo publicado en la página oficial de Álvaro Uribe Vélez,
Primero Colombia, como:
• El regreso del Ejército de manera permanente a las carreteras del país.
• Presencia de la Fuerza Pública en los 1102 municipios del país.
• Desmovilización de 31.670 miembros de las autodefensas ilegales.
• La extradición de los 14 jefes máximos de las autodefensas, procesados
por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos.
• En 2002, hubo 680 muertos en masacres. Esa cifra se redujo a 72 en el
primer semestre de 2010.
• El número de colombianos secuestrados pasó de 2882 en 2002 a 123 en el
primer semestre de 2010.
• Los indígenas asesinados en 2002 fueron 195, cifra que en el primer
semestre de 2010 se redujo a 25.
• 97 maestros fueron asesinados en 2002. Gracias a la Seguridad
Democrática, entre enero y junio de 2010, el número bajó 18.
• El sindicalismo, blanco de grupos ilegales fue objeto de especial atención
durante el Gobierno. En 2002, fueron asesinados 99, cifra que se redujo a 10 entre
enero y junio de 2010.
• El número de periodistas asesinados pasó de 10 en 2002 a 1 en el primer
semestre de 2010.
• Se redujo el número de retenes ilegales en las carreteras nacionales,
llamados “pescas milagrosas”.
49
• 15 ciudadanos secuestrados por las Farc: 3 norteamericanos, la ex
candidata presidencial Ingrid Betancourt y 11 miembros de la Fuerza pública,
fueron rescatados el 2 de julio de 2008, como resultado de la Operación Jaque,
adelantada por el Ejército de Colombia.
• El 13 de junio de 2010, en el departamento del Guaviare, una vez más el
Ejército de Colombia logró la liberación del general Luis Herlindo Mendieta (11
años y medio secuestrado por las Farc); el coronel Enrique Murillo (11 años y
medio secuestrado por las Farc); el coronel William Donato (12 años secuestrado
por las Farc) y el sargento Arbey Delgado (12 años secuestrado por las Farc).
Está operación fue bautizada con el nombre de Camaleón.
• Reducción de los cultivos ilícitos en un 33%.
• Reducción de la producción de cocaína en un 39%.
Hicieron de la Seguridad Democrática una doctrina que identificaba directamente a
Uribe en la mente de las personas como un “Top of Mind”. Reconociéndolo como
sinónimo de poder gubernamental fuerte, eficaz y eficiente, no visto en los
gobiernos anteriores.
La mayoría de las críticas del gobierno de Uribe, es en este tema de la seguridad
democrática puesto que aunque, como se había mencionado hace parte del Plan
de Desarrollo Nacional, y se enviste de muchos valores sociales. No es suficiente
para solucionar los problemas de los colombianos; lo que su vez hace sospechar
por su espectro de operancia, el cuestionarse sí es diseñada solamente para la
protección de un sector determinado de la sociedad colombiana, de ciertos
territorios de la nación. Pero con la participación de gran parte de la población
como protectores de la seguridad lo que hace inconveniente la aplicación de esta
doctrina en un país tan violento, que goza de conflicto interno.
50
El apoyo popular ha sido definitivo para la consolidación de la seguridad
democrática de manera casi inmediata; teniendo en cuenta los fracasos políticos
como el Caguán, y generando resultados a corto plazo, dejan a un lado una
política sostenible de seguridad.
Así es como lo menciona Álvaro Uribe en su discurso presidencial de investidura
el 7 de agosto de 2006.
“Hace 4 años propusimos un concepto de seguridad: la seguridad democrática. Era un
enunciado para explicar la seguridad como valor democrático. Era un propósito para
diferenciar nuestra idea de doctrinas que en el continente acallaron la crítica, eliminaron el
disenso, conculcaron las libertades. Todavía nos falta seguridad, pero el avance y la
naturaleza de su práctica confirman su identidad democrática.
La seguridad nos ha permitido ganar confianza en la democracia y perder temor a la
violencia.
A pesar del camino por recorrer y dificultades que subsisten, la seguridad democrática
acredita progresos en la garantía eficaz de libertad de prensa, la protección del pluralismo,
la defensa de las autoridades locales, los líderes sindicales”.
… “Con hechos de paz los ciudadanos apoyan el diálogo y la fuerza pública siente
retribuida su misión de proteger al universo ciudadano sin excepción alguna. En medio de
la violencia, el diálogo se desgasta y la búsqueda de la paz desmotiva la tarea de la
institución armada legítima.
Hemos vinculado todas nuestras energías, con severidad, al rescate de la seguridad. No
dudaremos en entregarlas, todas nuestras energías, con generosidad, a la paz. Hemos
insistido sin temor en nuestras acciones en procura de la seguridad. No nos frena el miedo
para negociar la paz. Confieso que me preocupa algo diferente: el riesgo de no llegar a la
paz y retroceder en seguridad. La paz necesita sinceridad. Por eso los hechos irreversibles
de reconciliación deben ser el enlace entre seguridad y paz”.
Es sencillamente elocuente el discurso sobre la seguridad democrática, lleno de
una sinceridad poco vista en los gobiernos anteriores y con una vehemencia
ceremonial sin igual. De eso se trata cuando se pretende identificar una suerte de
Aclamación en estos fenómenos discursivos y políticos. Ya que, se trata de una
51
puesta en escena para producir en los súbditos temor, reverencia y sobre todo
obediencia.
Poniéndose en el centro de la discusión política, no tomando partido político sino
más bien siendo un interlocutor del pueblo y de cómo debería ser la patria soñada,
es la clave del análisis. Al identificar esto, el pueblo lo reverencia en la escuchada.
En términos de eficacia los resultados que ha tenido la seguridad democrática, no
están lejos de las significaciones antiguas; en el tema específico del trato de la
gloria se veía en decaimiento en la política contemporánea, pero no se encuentra
inexistente hay que leer con cautela la necesidad de la política de mantener el
poder para darse cuenta que no ha muerto.
Es latente el emocionalismo como lo anota Kantorowicz de los regímenes
fascistas, las aclamaciones desarrollaban una función decisiva en la vida política
de algunos grandes Estados europeos (Agamben, 2008, pág. 442).
Ya en 1928, con la Teoría de la Constitución, el tema del ensayo Referendo y
Propuesta de ley por iniciativa popular, Schmitt precisa el significado constitutivo
de las aclamaciones en el derecho público y lo hace precisamente en el capítulo
dedicado al análisis de “la doctrina de la democracia” (Agamben, 2008, pág. 442).
Es entonces una indiscutible relación entre aclamación y democracia. Es en las
democracias contemporáneas donde más se muestran las aclamaciones en lo que
Schmitt sugiere como opinión pública en relación a Pueblo – Aclamación – Opinión
Pública, inherente a las sociedades modernas.
Con este panorama es más fácil identificar el papel de la seguridad democrática
en la dinámica de la política de Uribe Vélez. Ya que teniendo la exclusiva de su
significado discursivo y de la esencia de lo realmente sentido en la única dirección
ideológica de lo pretendido en manos de él.
52
Hago referencia a la pretensiosa hipótesis de que la seguridad democrática en
sentido estricto de resultados militares no era necesaria. Sino su construcción en
el imaginario social de recordación por medio de percepción de lo que en algún
lugar y para ciertos individuos si era real. Pero que no se podía llevar a cabo sin el
apoyo del pueblo.
Ha sido determinante la seguridad democrática en la manifestación de la
aclamación, con la construcción de un gobierno por consentimiento o democracia
consensual como lo ha llamado Agamben en las transformaciones de las
instituciones democráticas.
3.10. La liturgia de los Consejos Comunales.
Como se había mencionado anteriormente los Consejos Comunitarios fueron
fundamentales en la armazón de la maquinaria del ex presidente Uribe Vélez, para
así poder llegar a una versión colombiana de Estado Comunitario.
El manejo de los Consejos Comunitarios es determinante para la aceptación de
esta nueva mecánica de gobierno. Los temas a tratar, el dialogo directo entre
gobierno y comunidad abren un nuevo camino en el hacer política en Colombia.
La Liturgia hace parte de la signatura de la Gloria planteada por Agamben, y es
primordial en la construcción de la pretensión de Uribe de mantenerse en el poder,
y por ende de glorificarse en la política de Colombia.
Para ello es necesaria la Aclamación y sobre todo las aclamaciones populares
como legitimadoras de poder desde una justificación político – democrático
(Agamben 2008, 187 y 206).
Varios son los puntos de partida dentro del análisis del papel del Pueblo en dicha
legitimación; Schmitt insiste en que el pueblo solo existe en la esfera de la
53
publicidad que produce con se esencia en la aclamación, siendo en las
democracias contemporáneas lo homologable a la opinión pública (Schmitt 1952,
285).
Otro punto en este caso es el pertinente al trato del carisma desde una visión
weberiana. Pero es entonces en forma de consenso donde se evidencia la
aclamación multiplicada y diseminada por los media, además de manipulada por el
poder espectacular. En las democracias actuales, gloria y gobierno son
indiscernibles (Agamben 2008, 14s y 276).
El pueblo es esencialmente gloria, aclamación. Todo ello significa que tanto lo
político como el poder (el poder de lo político y lo político en cuanto poder) son
esencialmente una nada recubierta de gloria; un índice y un factor de la inacción e
insustancialidad de lo humano (Galindo, 2010, págs. 66-77).
Siendo así el panorama los Consejos Comunales eran el escenario político más
apetecido por Uribe ya que en ellos él recorrió el país durante sus ocho años de
gobierno, tratando de cambiar la cultura política de Colombia.
El presidente en ese entonces, en entrevista que concedió a Caracol Radio, la
naturaleza de los consejos comunales de Gobierno, los cuales -dijo- son un
“diálogo sin demagogia donde muchas veces toca decir no, porque no podemos”.
Bogotá, 4 jun 2008. (SP). El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez,
hizo este miércoles una férrea defensa de los consejos comunales de
Gobierno que realiza semanalmente su administración y explicó que no son
unas reuniones de demagogia, sino de trabajo.
“Si alguna cosa buena hemos hecho son los consejos comunitarios. Y,
además, serios. Eso no es de auxilio ni de demagogia. Eso es de trabajo. Y
ha producido un gran impacto”, afirmó el Presidente Uribe durante una
entrevista que concedió a Caracol Radio.
54
Así mismo, manifestó que el éxito de las jornadas de los sábados se debe a que el
Gobierno utiliza el escenario para rendir cuentas y la comunidad, para recibir
información sobre las posibilidades y las limitaciones que hay para dar solución a
sus necesidades prioritarias.
Señalando:
“El Gobierno siente la obligación de rendir cuentas periódicamente. Entonces, el Gobierno
tiene que mantener una gran dirigencia en el cumplimiento de sus tareas y la comunidad
ha aprendido a priorizar y, también, ha recibido más información sobre las posibilidades y
limitaciones. Y siempre se buscan opciones de cara al público colombiano”12
.
El Jefe de Estado también destacó el trabajo de su Gobierno en un país con tanta
pobreza y con tantas dificultades y recalcó el diálogo sincero con el pueblo
colombiano, a través de los consejos comunitarios.
“Yo creo que se ha hecho por algunos medios de comunicación, primero, una
interpretación equivocada de los consejos comunitarios y por algún político que no los
conoce. No saben cómo opera nuestro diálogo sentido, lleno de afecto y de compromiso
con el pueblo colombiano, que es un diálogo sin demagogia, donde muchas veces toca
decir no, porque no podemos”, aseveró Uribe.
Durante la entrevista, reiteró que su Gobierno no da auxilios parlamentarios, al
tiempo que explicó la figura de las audiencias públicas que rige en la actualidad, a
través de la cual, por ejemplo, el dinero aprobado en el Plan de Desarrollo, “se
gasta todo con una matriz que da igualdad a todo el país para los planes
departamentales de agua”.
“Este Gobierno ha suprimido los auxilios parlamentarios. Este Gobierno no práctica aquello
de encerrarse con un parlamentario a decirle: „Camine yo le doy este auxilio parlamentario
y usted me da este voto‟. Todo ese ejercicio de los consejos comunitarios es público”13
,
sostuvo.
12
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/junio/04/07042008.html 13
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/junio/04/07042008.html
55
Además, el Presidente Uribe aseguró que si en estos seis años que se van a
cumplir en el mes de agosto de consejos comunales el Gobierno no hubiese sido
serio, el pueblo colombiano ya le habría perdido total credibilidad y no iría. “Se
reiría de eso y la gente que participa en eso lo respeta mucho, porque sabe que
hay seriedad y compromiso con el país14”.
Por ello, el Mandatario agregó que “seguiremos con toda la intensidad con
los consejos comunitarios”15.
Esta declaración es interesante por el tiempo que se dio. El año 2008 fue un año
convulsionado por escándalos tanto a nivel nacional como internacional. Como la
crisis diplomática con Ecuador y Venezuela, luego de que fuerzas militares y
policiales de la República de Colombia ejecutaran la Operación Fénix, una
incursión en territorio ecuatoriano en una misión contra la guerrilla, realizando un
bombardeo donde murieron Raúl Reyes, otros 17 guerrilleros miembros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 4 estudiantes mexicanos
y un ciudadano ecuatoriano, quienes se encontraban pernoctando en un
campamento fronterizo dentro de este país en la madrugada del 1 de marzo de
2008 (Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de Colombia, 1° de
marzo de 2008).
Por otro lado otro escándalo estaba en la cosa política. La intervención de D.M.G.
Grupo Holding S.A., conocida usualmente por sus siglas DMG (David Murcia
Guzmán), es una empresa de inversiones con presencia en varios países de
Latinoamérica.
Con participación activa en la política del país. Como se puede analizar en un
primer escenario en las publicaciones periodísticas especializadas en política,
donde se evidencia la participación de esta empresa en política.
14
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/junio/04/07042008.html 15
http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/junio/04/07042008.html
56
Viernes 21 Noviembre 2008:
La revelación de una de las interceptaciones que hizo ayer la Fiscalía sobre el pago de 760
millones de pesos que ordenó David Murcia para hacer „lobby‟ ante el Congreso a cambio
de beneficios, coincidió con una denuncia que hizo esta semana el Partido Liberal. Según
el partido de oposición el “gobierno tenía una doble moral” porque al tiempo que intervino a
DMG mediante los decretos que expidió, en el Congreso continuaba un proyecto de ley de
Reforma Financiera que el mismo ejecutivo presentó en el primer semestre de este año y
que hubiera beneficiado el negocio de Murcia.
En Caracol Radio, Gabriel Zapata Correa, coordinador de ponentes en el Senado, explicó
cómo se incluyó un artículo que legislaba sobre la venta de productos y servicios a través
de tarjetas prepago. Como DMG vendió este tipo de tarjetas para captar miles de millones
de pesos del público, pudo verse beneficiada.
…En La FM, el senador Óscar Darío Pérez, de la comisión tercera de Asuntos
Económicos, negó que hubiera recibido dinero de DMG para favorecerlos. Cuando él entró
a reemplazar al senador José Darío Salazar en la comisión tercera, en agosto de este año,
ya se habían dado los dos debates de la Reforma Financiera que hasta el momento se han
hecho.
En La W otro senador (Samuel Arrieta) de Convergencia Ciudadana, negó tajantemente
sus posibles vínculos con DMG, a pesar de estar referenciado en las investigaciones de la
Fiscalía.
Pero la „DMG-política‟ parece que sí comienza. En esta misma emisora, el fiscal Mario
Iguarán dijo que sí existen referencias concretas a congresistas vinculados a DMG. “Sí
teníamos esa información, ya es conocida, y creo que lo que nos corresponde es
compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia”. Además dijo que apenas ha
destapado parte de sus cartas, pues necesita el resto para el proceso de acusación.
En cuanto a la devolución del dinero de DMG, el Fiscal hizo dos aclaraciones importantes y
tranquilizadoras para los miles de clientes y funcionarios del grupo de empresas. (Semana
(21-11-08). «¿Comienza la 'DMG-política'?).
57
No solo se trataba de una empresa que lavaba activos, sino que podía estará más
allá en decisiones cruciales para el destino del país, como otra reelección
presidencial.
Como lo denunciado por el representante Germán Navas Talero reveló hoy que
empresas transportadoras de valores, filiales de DMG, llevaron las firmas del
Referendo hasta la sede de la Registraduría en Bogotá (El Tiempo, 18-11-08).
El Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo Germán Navas Talero,
denunció hoy en el Congreso que la empresa DMG, intervenida este fin de semana por
supuesta captación ilegal de dineros de los colombianos, habría coadyuvado en la
recolección de las firmas con las que el Partido de la U pretende reelegir por segunda
ocasión, al presidente Álvaro Uribe Vélez.
… Para el congresista Navas tampoco se ha aclarado una petición que distintos sectores
del país le han hecho en repetidas ocasiones al abanderado de la iniciativa, el ex
embajador Luis Guillermo Giraldo Hurtado, para que revele las fuentes de financiación y los
montos de quienes patrocinaron la recolección de las 5.021.873 firmas con que inscribieron
y radicaron el proyecto en la Registraduría.
En especial, piden que se aclare el origen de 1.900 millones de pesos que no fueron
'soportados' ni por Giraldo ni por ningún miembro del Comité Promotor del Referendo.
… Las contribuciones individuales, según la Resolución 067 del Consejo Nacional Electoral
de enero de 2008, establece que éstas no pueden superar los 3 millones 400 mil pesos.
Giraldo ha manifestado que se hicieron unos préstamos por lo cual el Representante
Navas lo instó hoy de nuevo para que manifieste públicamente quién prestó esos dineros.
"Giraldo no ha dicho de dónde salió ese dinero. Preguntamos de dónde salieron los 2 mil
millones de pesos que costó recolectar las firmas", dijo.
El Comité Promotor del Referendo los reportó como "otros créditos" sin ofrecer más
detalles (ibid).
Otro estrépito que sacudía la estabilidad política del país, es el tema de los “falsos
positivos”; la Procuraduría investiga más de 900 casos ocurridos entre 2007 y
2008, mientras que la Fiscalía averigua por otras 716 denuncias. Así avanza la
58
justicia para establecer la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales (Semana,
martes 27 de enero 2009).
… el tema ha sonado fuertemente desde septiembre para acá, cuando se
descubrió el extraño caso de once jóvenes de Soacha que aparecieron
muertos en Ocaña, Norte de Santander, en una lista de dados de baja por
el Ejército. De ahí en adelante, se han denunciado casos en Antioquia,
Sucre y Boyacá, sólo por nombrar algunos.
… Hasta el pasado 26 de enero, la Procuraduría General tenía por su lado 943
investigaciones, la mayoría por presuntos delitos cometidos en Antioquia y Caquetá. Y ha
reabierto 42 casos que la justicia había cerrado, 17 de ellos ejecutados en el departamento
de Antioquia. Los frutos de estas investigaciones se están dando lentamente. La semana
pasada el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, destituyó a 10 militares que habían
pasado por el polémico batallón La popa, en Valledupar. Y se espera que en los próximos
días se conozcan más decisiones en esta cartera y en la Fiscalía (ibid).
En otro medio de comunicación Uribe Vélez dijo: “que no se puede confundir la eficacia
en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la
eficacia, asesinando a inocentes”16.
Fue una clara referencia del jefe del Estado a los llamados “falsos positivos”
realizados por miembros de las fuerzas militares.
El presidente Uribe advirtió que algunos mandos del Ejército se confabularon con
delincuentes y que la Fiscalía y la Procuraduría están asumiendo las
investigaciones del caso.
El ministro de defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que la decisión de
retirar del servicio activo a varios oficiales y suboficiales, se adoptó dentro
de la política de “cero tolerancia contra la violación de los derechos
humanos y la corrupción” (Radio Santafé, 29/10/2008).
16
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/29/internacional/1225286553.html
59
3.11. Purga histórica en el Ejército, y la destorcida de las desapariciones
Así se tituló un artículo en el diario del Espectador, “Purga histórica” resumiendo
lo vivido en ese momento en las fuerzas militares, donde el presidente Álvaro
Uribe anunció el retiro de las fuerzas armadas de 27 militares, incluyendo a tres
generales del Ejército, por “confabularse con delincuentes” para cometer delitos
como homicidios.
“Estos hallazgos muestran que en algunas instancias ha habido negligencia, falta de
cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas
personas puedan estar implicados en crímenes resultado de la confabulación entre
delincuentes e integrantes del ejército”, dijo Uribe.
“Crímenes que algunas regiones tienen por interés...asesinar inocentes para dar la
sensación de que se está enfrentado a los criminales en esas regiones, cuando son los
verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos
crímenes, para desorientar y para mantener esos criminales intacto el teatro de acción de
su actividad delictiva”, agregó el mandatario.
El gobierno “tiene que ser totalmente riguroso en su insistencia, en su exigencia, de que
esta política de seguridad les devuelva a los colombianos plenamente la tranquilidad”17.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, leyó la
lista de los oficiales destituidos por su presunta responsabilidad en los
desaparecidos de Soacha:
Mayor General Pico Hernández Roberto, Comandante de la VII División.
Brigadier General Cortes Franco José Joaquín, Comandante de la II
División.
Brigadier General Coronado Gámez Paulino, Comandante de la Brigada
XXX.
Coronel Herrera Fajardo Santiago, Ex -Comandante de la Brigada móvil XV.
17
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo86671-purga-historica-el-ejercito-desapariciones
60
Coronel Barrera Jurado Juan Carlos, Comandante de la Brigada XIV.
Coronel Castro Gómez Rubén Darío, Comandante de la Brigada móvil XV.
Coronel Bohórquez Botero Carlos, Jefe de estado mayor de la Brigada XIV.
Teniente Coronel Tamayo Hoyos Diego, Comandante del Batallón de
infantería No 15 Santander.
Teniente Coronel, Camelo Piñeros Nestor, Excomandante del Batallón de
Ingenieros ¨Batalla de Calìbio.¨
Teniente Coronel, Ramírez Cedeño Wilson, Comandante del Batallón de
Ingenieros ¨Batalla de Calìbio.¨
Teniente Coronel, Castro Pinto Wilson, Ex comandante del Batallón de
Infantería ¨General Rafael Reyes.¨
Teniente Coronel, Varón Rubio Milton, Ex comandante del Batallón de
Infantería ¨Batalla de Bombona.¨
Teniente Coronel, Rincón Amado Gabriel, oficial de operaciones de la
Brigada móvil XIV.
Teniente Coronel, Acosta Vargas Ángel Alberto, Comandante del Batallón
de servicios No 14.
Mayor Rodríguez M Carlos Gilberto, oficial de inteligencia de la Brigada
móvil XIV.
Mayor Baquero Ramos José, Comandante del Batallón de contraguerrilla
No 96 de la Brigada móvil XIV.
Mayor Peralta Ramírez, ex.oficial de operaciones del Batallón de infantería
¨General Rafael Reyes¨.
Mayor López Díaz Nemesio, oficial de inteligencia de la Brigada XIV
Capitán Alarcón Ávila Javier, oficial de inteligencia del Batallón de
ingenieros ¨Batalla de Calibio.
Teniente, Villany Realpe Eduar, oficial de inteligencia del Batallón de
infantería ¨Rafael Reyes¨.
61
Sargento Viceprimero, Sotelo John Fredy, ex ayudante de la sección de
inteligencia del Batallón de ingenieros ¨Batalla de Calibio¨.
Sargento Viceprimero, Ñiampira Benavides Jesús, ayudante de la sección
de inteligencia del Batallón de infantería ¨ Rafael Reyes.¨
Sargento Viceprimero, Perdomo Bonilla Fredy, almacenista del Batallón de
Infantería Santander.
Sargento Segundo, Castro Ojeda Cristian, almacenista de armamento del
Batallón de ingenieros ¨Batalla de Calibio.¨
Sargento Segundo, Pérez Contreras Sandro, suboficial de inteligencia del
Batallón de infantería Santander.
Sargento Segundo, Cano Gómez Fernando, remplazante de pelotón del
Batallón de infantería ¨ Batalla de Bomboná.¨
Cabo Tercero, Perdomo Polanìa Felipe, comandante de escuadra del
Batallón de ingenieros ¨Batalla de Calibio".
En la lista no aparece el nombre del General Mario Montoya, ya que, este renunció
en medio del escándalo, sin motivación y solo acoto decir en una entrevista en
Caracol radio el día 4 de noviembre del 2008: ““Han pasado 39 años al servicio de mi
patria, hoy considero haber llegado al final de la jornada. Todas mis ilusiones y mis sueños que de
niño forjé, me impulsaron al lucir el uniforme de mi amado ejército y se hicieron realidad”, señaló en
general.
…“Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación para lograr
para los colombianos la paz que por años hemos anhelado, en esta tarea enfrentamos
grandes retos y dificultades, pero también momentos de inmensa felicidad y victorias como
nunca antes, que hoy hacen de nuestro ejército uno de los mejores del mundo””.
Estas declaraciones las realizó resaltando la importancia de la Seguridad
Democrática y sobre todo de sus resultados. Como parte del anhelo de los
colombianos, y como una suerte de justificación sobre los desmanes de las
fuerzas armadas en alcanzar esos logros.
62
El 2008 estuvo cargado de varios acontecimientos políticos y sociales, además de
lo anterior también hubo lugar a machas por las victimas del paramilitarismo, la
parapolítica y las victimas de Estado llevada a cabo el 6 de marzo del 2008.
Revista Semana:
“La marcha tenía todo en contra. La crisis con Ecuador y Venezuela distrajo la
atención de los medios que no pudieron convocar con la misma dedicación que en la
marcha anterior. También creó nerviosismo entre muchos ciudadanos que creyeron que
con semejante tensión, el ambiente no estaba para salir a marchar. A diferencia de la
marcha del 4 de febrero, el gobierno no la auspició, e incluso algunas de sus figuras
trataron de deslegitimarla. Además, muchas de las víctimas del paramilitarismo son
campesinos que no tienen los medios para viajar a la ciudad a protestar. Y, para completar,
era la segunda marcha en menos de un mes y no es fácil movilizar a un país en tan corto
tiempo, y después de una manifestación tan contundente como la de febrero”. (Jueves 6
Marzo 2008).
3.12. El síntoma de la opinión pública medida en 2009
El segundo periodo presidencial de Uribe Vélez ha sido el más sonado tanto a
nivel nacional como internacional. Pero él ha sabido mantenerse en las encuestas
de popularidad con porcentajes positivos no solo dentro del país sino como lo
demuestra la firma mexicana Mitofsky llevada a cabo en enero del 2008, diciendo
en una encuesta que el presidente Uribe es el gobernante de América con más
popularidad, con un 78%.
En otra encuesta realizada en marzo del 2008 por la empresa Gallup, El manejo
de la crisis con Ecuador fue clave para la imagen de Uribe.
La última encuesta de Gallup revela que la aprobación a la gestión del presidente
Álvaro Uribe llegó al 84 por ciento. La más alta desde que asumió el poder.
El sondeo revela que la imagen de Uribe subió tres puntos en relación con la
medición de enero pasado. La desaprobación al mandatario está en el 13 por
63
ciento, la más baja que ha tenido desde septiembre del 2002, cuando tuvo esa
cifra.
Por el contrario en lo corrido del 2009 Popularidad de Álvaro Uribe, en mayo
presenta las siguientes cifras:
Los temas encuestados, son de manejo presidencial en campo de los consejos
comunales, en donde la percepción es amplia por la publicidad del mero trato del
tema en marco de la Seguridad Democrática.
64
En consecuencia el país se mantiene en una suerte de imaginario social sostenido
por la permanencia de los Consejos Comunales.
65
La grafica muestra la popularidad del gobierno en términos de percepción.
66
3.13. El estado de opinión y la escatología uribista.
A la mitad del segundo mandato de Uribe la opinión se convirtió en el centro de su
estrategia política para la toma de decisiones.
Es evidente la influencia de Uribe, es determinante en lo político, pero él es un
gobernante investido de poderes presidencialistas. La pregunta es cómo se revela
su despotismo, y por qué cada vez resulta más evidente el recurrir a la aclamación
como estrategia política. La opinión pública está de por medio, y cómo se la torna
activa bajo una determinada forma consensual que aquí exploraré.
Configurándose cada vez más el fenómeno en progreso, induciendo “un Estado de
Opinión”18, para ir sustituyendo al Estado de Derecho.
Lo interesante es que mostrando toda su excepcionalidad19, el 20 de julio de 2009
durante la instalación del Congreso, el Primer Mandatario fue más allá y declaró
textualmente: “Colombia goza de un Estado de opinión que es la fase superior y
característica por excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso
histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo”, identificándose en la
figura de Estado de Excepción Moderno (Agamben 2008, pág. 249).
Para Habermas, el significado de la opinión pública es distinto según como se
contemple ya sea, como una instancia critica en relación a la notoriedad pública
18
Mayo 27 2008., Palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez durante la cena ofrecida en honor de los príncipes de
Asturias. “Diría que Colombia está en la fase superior del Estado de Derecho, que es el Estado de Opinión. Aquí las leyes no las determina el presidente de turno. Difícilmente las mayorías del Congreso. Todas son sometidas a un riguroso escrutinio popular”. Febrero 23 de2008 también se pronuncia en una Declaración del Presidente Álvaro Uribe, al instalar la quinta rendición de cuentas sobre Derechos Humanos: “Nosotros creemos que en un Estado de opinión, donde no prevalece el capricho del gobernante, sino el imperio de la ley, y más allá que de la misma interpretación de los jueces, lo superiormente importante es la opinión pública”. 19
En términos de Agamben se traslada a Ockham acerca de que la potencia absoluta ( Reino) precede y excede a la
potencia ordenada (Gobierno), y de este modo conserva amplios poderes de prerrogativa; ofreciendo múltiples extensiones en el análisis en un estado de excepción. La primera, todavía dominada por el viejo modelo de la soberanía territorial, que reduce la doble articulación de la máquina gubernamental a un momento puramente formal; la segunda más cercana al nuevo paradigma económico – providencial, en que los dos elementos mantienen, incluso en su correlación, su identidad, y a la contingencia de los actos de gobierno corresponden la libertad de la decisión soberana., Agamben Giorgio. El Reino y la Gloria, pgs. 190- 191.
67
normativamente licitada del ejercicio del poder político y social, o como una
instancia receptiva en relación a la notoriedad pública, <representativa> o
manipulativamente divulgada, de personas e instituciones. (Habermas, 1981, pág.
261).
El discurso presidencial del 20 de julio del 2009 reune varias pautas para esta
indagación. El manejo de algunas palabras cargadas de simbolos en la
significación propia de Uribe, para el entendimiento de su intelocutor.
Confianza
“Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático.
Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como
soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social”.(Discurso
presidencial 2009).
El mecanismo desarrollado por Uribe con la ayuda de los Consejos Comunales, no
es suficiente en la carrera hacia la segunda reelección, con notoriedad pública de
significaciones que para Habermas:
…determinan una parte importante de los procedimientos a los que están facticamente
obligados en el ejercicio y la compensación del poder. Eso proporciona a la notoriedad
pública algo así como un destinatario que colma las espectativas de conducta que ella
conlleva –no es, por cierto, este destinatario el público globalmente considerado, sino un
subdito funcionalmente capaz. (Habermas, 1981, pág. 262).
Seguridad
“La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido
seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios
para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra “paramilitar” se utilizó
para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El
paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las
68
bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el
botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda
determinación.
… La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo
a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción
delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la
actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas
acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad”. (Discurso
presidencial 2009).
La seguridad es el centro de atención del discurso le dedica tanto un tiempo
dentro de él, como es transversal en todos los temas consecuentes al mismo. Lo
integra no como eslabón, sino como escencia del plan. Otorgandole la impotancia
de adminstrar la suerte social y polpitica de Colombia, y la ausencia de ella seria
apocaliptica a los designios de la democracia colombiana.
Los siguientes temas como la reinserción, los desplazados, son tomados desde
una posición externa a la solución. Con un sentido casi derrotista y humano en el
trato del tema, pero resalta la importancia de las incursiones armadas en las
distintas regiones del país, sigue el tema militar latente en los asuntos de agenda.
“El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la
reinserción. Más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como
desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia.
El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11 mil que estudian
primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de
7 mil acudieron a formarse en el SENA. Al adicionar las familias el total de beneficiarios
promedia en 120 mil”. (Discurso presidencial 2009).
en cuanto a los desplazados:
“No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones
militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de
69
un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera
idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Éstos se
mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros,
al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el
Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado
ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los
desplazamientos”. (Discurso presidencial 2009).
Es evidente la diferencia entre el tema de seguridad con respecto a temas de
mayor sensibilidad social. No es prioritaria la solución de esos rublos, sino, el
entendimiento de la necesidad de continuar con la Seguridad Democrática, a costa
de cualquier sacrificio así sea social, a fin de continuar y ser participes de la causa
salvadora de Colombia.
Al entender que los colombianos son responsables del destino político del país, se
le traslada esa responsabilidad a la sociedad desde una construcción que el
mismo Uribe llama Estado de Opinión y sobre todo lo ubica en la fase superior del
Estado Social de Derecho.
“Colombia goza de un Estado de Opinión que es la fase superior y característica por
excelencia del Estado de Derecho. Es el resultado del proceso histórico de cesión de
derechos de la autocracia al pueblo, que empezara hace un milenio en Inglaterra con la
Carta Magna de Juan Sin Tierra.
Sin Estado de Opinión se desdibujan las virtudes democráticas que reposan en la
independencia de las ramas del poder y en la existencia de organismos de control.
Estado de Opinión no es democracia plebiscitaria pero sí es equilibrio entre la participación
y la representación; no es manipulación pero sí es coraje para orientar sobre temas de
gran controversia; es respeto a la opinión expresada y derecho para que la opinión
silenciosa se exprese; no es imposición por la fuerza ni claudicación ante la fuerza
contraria; es garantía de la libertad de prensa y de su contrapeso, que es la libertad del
ciudadano y del Gobierno frente a los medios de comunicación; es el seguro de la
descentralización, que en Colombia impide su suplantación.
70
Estado de Opinión es la muralla que ataja el desbordamiento de cualquier poder; el
equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de
controvertirlas; y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin
penalizarlas.
El derecho de la participación conlleva el debate a la decisión del legislador y el derecho de
la representación protege sus decisiones contra la tipificación como delito.
Sobre las bases del Estado de Opinión nuestro País cuenta con una sólida institucionalidad
democrática: elegimos 32 gobernadores y mil 102 alcaldes, concejales y diputados, de los
más diversos orígenes políticos, y con la práctica diaria del Estado de Opinión, construimos
con ellos esa concertación que denominan gobernabilidad, que es la mínima unidad de
Patria.
La justicia es independiente y autónoma. El ejecutivo no participa en la integración de la
Corte Suprema de Justicia ni del Consejo de Estado. Es respetuoso de los órganos de
control originados en el Congreso y de su misión imparcial. Envía ternas para elegir tres
de los nueve magistrados de la Corte Constitucional e interviene en la formación de una de
las salas del Consejo de la Judicatura”. (Discurso Presidencial 2009).
El Estado de Opinión es una construcción política, y siendo así, es llevar a la
opinión publica a terminos racionales de representación, desde criterios
institucionales.
Haciendole llegar al Gobierno sus deseos y a su vez el Gobierno pone a la opinión
pública en conocimiento de su política -la opinion pública domina pero no gobierna
-, (Habermas, 1981, pág. 263). Pero hasta donde podría llegar la articulación de la
opinión pública y Uribe. Seria un interrogante innegable en la discusión de la
instrumentalización de la figura. Pero no. Es bien sabido que la cimentación de
Uribe Vélez de la opinión tiene una meta que cumplir, y esa meta indiscutible es el
llegar a reelegirse por mandato del pueblo así fuere por encima de la Constitución
Nacional.
71
Al momento que Uribe, plantea la posible existencia de un Estado de Opinión en
Colombia legitima cualquier acción o reclamo del pueblo. Donde a él solo lo que
da el remedio de darle cumplimiento a lo demandado por los colombianos. Y si
fuese necesario para reemplazar las leyes así lo hiciere.
Una cosa es querer referirse al pueblo como interlocutor de las masas populares.
Pero otra cose muy distinta es investirse de poderes de interpretacion de la
voluntad popular, y de su destino manifiesto a cumplirla.
…No obstante, llama la atención que el mandatario haya utilizado esa expresión en más de
100 intervenciones durante los últimos 10 meses. Y con mayor ímpetu en el último mes. No
en vano el 20 de julio inició un período de sesiones que, de antemano, comenzó
enfrascado en el letargo reeleccionista. "El Estado de Opinión es una forma superior del
Estado de Derecho", dijo el Presidente ese día al inaugurar la legislatura. (Revista
Semana, 15 de agosto 2009).
…"La tesis del Estado de opinión como nirvana de la democracia tiene un gran significado
político, así carezca de aceptación en el mundo y sea un vehículo argumentativo para la
reelección", señaló el experto en opinión pública Álvaro Forero Tascón. Es cada vez más
claro que detrás de la defensa del Estado de Opinión hay un interés presidencial por darle
más peso a la voluntad de los ciudadanos reeleccionistas que al criterio judicial de los
magistrados que consideran que el trámite del referendo pudo haber tenido vicios”. (ibid).
… “Más allá del debate teórico, poner en práctica el Estado de Opinión y defender a capa
y espada la voluntad de las mayorías uribistas puede aumentar la polarización que ya
existe en el país. Más aun cuando se promueven, desde el poder, movilizaciones
ciudadanas y discursos que pueden bordear el fundamentalismo, terminar banalizando la
democracia y reduciéndola simplemente a que la voz del pueblo es la voz de Dios”. (ibid).
La realidad política de Colombia, es tan evolutiva que el pueblo hace conciencia
de las necesidades y derechos de la sociedad, dando cuenta de la necesidad de
mantener en el poder al presidente; en un país desinformado y analfabeta. En
donde los pocos medios de comunicación que se atrevieron a prender los
ventiladores de los escándalos sobre violaciones de derechos humanos y
72
corrupción, fueron cerrados como el caso de la Revista Cambio especializada en
periodismo de denuncia.
“El Estado de Opinión absolvió a Barrabás y condenó a Jesús”, fueron las palabras del
rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza, en el debate llevado a
cabo en las instalaciones del mismo nombre en febrero 2010.
Es entonces que el Estado de Opinión de Uribe, orbitaba en ciertos partidos
politicos como el de la U y con ciertos personajes privados de la sociedad
colombiana. Y es ahí donde, como lo anota Habermas: Una minoria de personas
privadas y partidos políticos, y a las asociaciones públicas con calidad de
miembros, existirá una correspondencia recíproca entre las opiniones políticas
casi privadas y aquella opinión casi pública.
73
CAPITULO IV. UN GOBIERNO EXCEPCIONAL
4.1. Soberanía y Estado de excepción
La soberanía según Jean Bodin es el “poder absoluto y perpetuo de una
República”. Esto analizado desde el caso colombiano se encuentra una estrecha
relación entre la concepción de Uribe de la soberanía desde su poder de decisión,
en relación a la legitimación de actos de gobierno.
Es indiscutible no pensar que dentro de la administración de un país es necesario
hacer uso de la fuerza. Pero como bien lo anota Schmitt, el soberano como “el que
decide sobre el estado de excepción” (Agamben, 2003, pg 9).
En el caso colombiano ha sido recurrente el uso de los estados de excepción, se
ha configurado como estrategia para poder gobernar o por lo menos como
sinónimo de gobernar bien. Así, con la pretexto de preservar el Estado de
derecho, el Ejecutivo lo ha silenciado. Este fenómeno puede ser interpretado como
una manifestación contemporánea de la razón de Estado. La seguridad, se ha
convertido en la necesidad de recurrir a esta figura cada vez que sea necesario
para el presidente.
No es una suerte que gozando de conflicto interno sea aún más difícil distinguir
cual es la razón de Estado para hacer uso de esta figura. Es entonces cuando se
borra la frontera entre lo político y lo jurídico, en el que hacer de la administración
pública.
Álvaro Uribe insistió hasta el cansancio de ser él el presidente más democrático
que ha tenido Colombia. Sin embargo, es interesante ver cómo el uso la
excepcionalidad fue impecable en este mandatario y como se fue configurando
convertido en herramienta para poder gobernar.
La doctrina de Seguridad Democrática facilitó del uso de este instrumento; sin
embargo hubo desmanes de autoridad, tales como ejecuciones extrajudiciales,
74
desapariciones forzadas, los “falsos positivos”, todo bajo el concepto de
necesidad. Lo anterior ocurría bajo el argumento de la necesidad del Ejecutivo,
dándole un uso discrecional de acuerdo con lo permitido constitucionalmente.
Siendo este ampliado a la conveniencia del mandatario. Es él, quien le da
significación, estando absolutamente subjetiva; una de las estrategias es el
mantener a la sociedad en alerta amarilla. Siendo esto más fácil con el conflicto
interno, la presencia de la FARC, el terrorismo, la presencia de las bacrim en
ciertas regiones de país. Y por otro lado la tensión entre los poderes en donde los
medios de comunicación lo registraron como el “choque de trenes”; entre el poder
ejecutivo y las altas cortes. Hasta la Corte Penal Internacional comunicó su
intención de intervenir para que cesara el enfrentamiento de los poderes en
Colombia.
Entre tanto, la figura presidencial se valía de la propia concepción que tenía sobre
la soberanía, sacando provecho de esta con el pretexto de conseguir la salvación
de Colombia, es más, el ex presidente amenazaba que sí él no se encontraba en
el poder el país se iría hacia una hecatombe.
Al mismo tiempo, Uribe Vélez denunció penalmente al presidente de la Corte
Suprema de Justicia por injuria, mostrando su interés en cuando menos neutralizar
el control de la rama jurisdiccional del poder público sobre los actos del ejecutivo.
A conveniencia la necesidad de acabar con la participación de los distintos
poderes del Estado desde una pericia de deslegitimación de las altas cortes. Al
respecto de la nueva situación que afectaba en forma grave el equilibrio de los
poderes. Varios fueron los pronunciamientos al respecto del tema, siendo uno de
ellos el de la Federación Internacional de Derechos Humanos, refiriéndose así:
75
Jueves 20 de marzo 2008.
“La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) está
indignada por la decisión del Presidente Uribe de presentar una denuncia
penal contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el
Dr. César Julio Valencia Copete, por delitos de injuria y calumnia. La FIDH
considera que esta actitud, unido a los ataques precedentes contra la Sala
Penal de la Corte, constituye un grave atentado contra la independencia del
poder judicial.”20.
En dicha situación política, paradójicamente, la popularidad del presidente
aumentaba, sacando provecho de los éxitos militares en el combate contra la
guerrilla de las FARC.
Profundizando en la política de seguridad, Uribe Vélez proponía la recuperación
del control militar del territorio, el endurecimiento de la guerra contra las drogas y
la guerrilla, el restablecimiento de la seguridad en las carreteras y la
deslegitimación del carácter político de los grupos subversivos. Estos últimos
fueron caracterizados por Uribe como “narcoterroristas” que combatían a un
Estado plenamente legítimo. Esta estrategia reforzó el imaginario colectivo popular
de que respaldaba la gestión de la excepcionalidad.
Entre tanto, a nivel del manejo de las relaciones internacionales, el tema de la
soberanía fue más allá. Se violaron los principios del derecho internacional que
rigen las relaciones entre naciones.
Violar la soberanía de Ecuador para dar de baja a Raúl Reyes, tuvo repercusiones
internacionales como la convocada en la Cumbre de Rio; donde el presidente de
Ecuador se pronunció diciendo:
20
http://www.colectivodeabogados.org/Denuncia-del-Presidente-Uribe
76
"En nombre de los soldados caídos, de los campesinos muertos en un
conflicto que no es nuestro, rechazo este informe de que el gobierno de
Rafael Correa colabora con las FARC". 21
Entre tanto, Álvaro Uribe no bajo la guardia y anoto que no iba a dejar su actitud
guerrerista si su objetivo es eliminar la guerrilla, y volvería a actuar de la misma
manera si fuese necesario. Eso arrojo como consecuencia que nos quedáramos
solos en la región. Uribe solo contaba con el apoyo de presidente de los Estados
Unidos George W. Bush.
La soberanía se proyectaba más allá de las fronteras nacionales, y se
configuraban regionalmente. Otro aspecto relevante de la excepcionalidad de
Uribe son los acuerdos con Estados Unidos sobre cooperación militar; tal política
recibió tanto detractores, como países que adujeron el principio de la soberanía
nacional para apoyarlo, o para no condenarlo. Al respecto se pronunció en los
casos de la iniciativa y la interpretaban como un acto de soberanía de Colombia,
como el apoyo que le brindaron los homólogos de Chile y Paraguay.
“La presidenta ha reiterado que Chile respeta la soberanía, el interés
nacional y las decisiones políticas de cada país en este continente y en este
caso particularmente de Colombia”, dijo el canciller del país austral, Mariano
Fernández, al término del encuentro Uribe-Bachelet. Fernández agregó que
los países tienen distintos acuerdos militares “y nosotros somos partidarios
de respetar todos estos acuerdos y en todo caso tenemos distintos foros y
tribunas donde conversar de manera civilizada, democrática y adecuada”.
El Espectador 5 de agosto 2009.
La constante presencia militar, los acuerdos de cooperación internacional en el
mismo tema son ingredientes fundamentales en el mantenimiento de la soberanía
colombiana, según Uribe Vélez tanto dentro como fuera del país.
21
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7284000/7284382.stm
77
En ambos casos bajo el concepto de necesidad para poder materializar el estado
de excepción. Donde la necesidad no tiene ley, entendiéndose en dos sentidos
opuestos: “la necesidad no reconoce ley alguna” y la “necesidad crea su propia
ley”. (Agamben G. , Estado de Excepción, 2004 pg. 40)
Por su parte los actos de gobierno, se distinguen en las intenciones de Uribe de
hacer ver que las decisiones tomadas son para el bien de la estabilidad política de
Colombia y de la región en general.
En el caso internacional el paradigma del gobierno del mundo, dirigido por la
potencia, que apropósito es la más grande del hemisferio occidental encontró su
aliado más fiel en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Colombia reforzó en este periodo presidencial la presencia militar desde una
legitimación de necesidad de seguridad del pueblo, haciéndola ver como una
decisión democrática típica de la presencia de la maquina providencial, como lo
alerta Agamben.
Debo agregar que, el carácter vicarial, de los actos de gobierno que se explicó en
el capítulo 2; hace confusa la percepción de Colombia en la región, dado que por
la alianza de políticas internacionales de seguridad, los países de la región ven
como amenaza a Colombia en la seguridad de sus soberanías.
4.2. Democracia y fuerza de la Ley.
Detrás de la “necesidad” se encuentra la condición de “urgencia”. Los decretos ley
están contemplados en el ordenamiento jurídico de Colombia. Siendo el ejecutivo
el que toma unilateralmente decisiones importantes en materia legislativa por
medio de decretos con fuerza de ley. La pregunta es si eso es compatible en
sistemas democráticos o por el contrario lo que hace es evidenciar el objetivo del
Ejecutivo de concentrar el poder en sus manos.
78
La garantia de la aplicación de leyes sobre derechos personales y reales no son
problema para la dinámica de un sociedad democratica. pero es en cumplimiento
de los derechos impresindibles donde hasta las democracias se ven en apuros.
Desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, hasta
declaraciones de las Naciones Unidas donde su principio fundamental es que “la
libertad, la justicia, y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana”. Los Derechos humanos han sido el baluarte de los
discursos políticos en los paises democraticos.
Álvaro Uribe fue reiterativo en la importancia de proteger y garantizar estos
derechos. Paradojicamente no pudo cumplir su cometido de protegerlos.
El no garantizar una salida negociada al conflicto interno colombiano hace que se
amplie el autoritarismo del gobierno con aliados de grupos armados ilegales.
Según datos conservadores de la policía, los grupos suman rápidamente nuevas
zonas de operación y, en julio de 2009, tenían presencia en al menos 173
municipios de 24 de los 32 departamentos de Colombia. La policía identifica a
ocho grupos principales: los Urabeños, los Rastrojos, el ERPAC, los Paisas, los
Machos, Nueva Generación, el grupo de Magdalena Medio y Renacer. Human
Rights Watch también recibió denuncias creíbles sobre la existencia de otros
grupos, como los Águilas Negras en Nariño, que la policía no incluye en su lista.
(Human Rights Watch | Febrero de 2010)
Luis Jorge Garay, expone la gestión política y legislativa de los Congresistas
elegidos con el aopoyo de narcoparamilitares, beneficiando intereses de dicho
actor ilegal; el estudio se puede leer en el libro “Y refundaron la patria…” de
autoria de Claudia Lopez y la Corporación Arco Iris.
Un ejemplo dramático de la influencia de los grupos ilegales en la dinámica política
del país, son las confesiones de cabecillas paramilitares como las hechas por
Salvatore Mancuso y Ernesto Báez ante la justicia, del papel del Pacto de Ralito,
79
como proyecto político de las AUC; de cómo figurar dentro del Congreso.
Resultado de esto, es la aprobación de la Ley de Justicia, Paz y Reparación;
iniciativa que beneficiaba a los grupos paramilitares.
Alrededor de esto, se da el despojo de tierras por parte de estos grupos ilegales,
reconfigura la productividad del país. Vicente Castaño confeso poseer cultivos de
palma africana y haber sido él mismo quuien consiguió a los inversioneistas de
estos proyectos (Revista Semana, 2005) Lo mismo hizo “HH”, jefe del bloque
Bananero y Tolima de las AUC. Alias “El Alemán”, se dedico a la industria
maderera, según denuncias de Revista Semana del 2006.
Para el cuatrenio del 2006 al 2010, eran 66 parlamentarios investigados por nexos
con grupos armados ilegales. Los proyectos de ley ordianaria, en comparación con
actos legislativo, y los de alcance nacional en contraste con los locales, ocuparon
la mayor parte de la agenda de los congresistas investigados. (Y Refundaron la
Patria, Arco Iris, 2010, p. 293)
En este pariodo del 2006 al 2010, 37 proyectos de ley y de acto legislativo fueron
radicados en el Congreso aliados con los grupos armado ilegales según la justicia
colombana.
Cabe señalar la modificación de la Ley que regula el uso de las frecuencias y
equipos de comunicaciones por parte de la fuerza pública (ley 782 de 2002).
Llevandose a su punto maximo de usufructo en los años 2008 al 2009, por parte
del DAS para beneficio del gobierno.
Entre tanto la Ley de Justicia y Paz, analizada por Rodrigo Uprimny Yepes, en su
investigación en el libro “Y Refundaron la Patria”, como la Ley que garantizaria la
desmovilización de los paramiliares sin desconocer los derechos de las victimas.
Uprimny destaca los vacios de fondo que presenta dicha ley desde su condición
transicional, reiterando el uso manipulador democratico de la significación de
Justicia y paz. Como el impacto que tiene la Ley de Justicia y Paz en el regimen
80
político colombiano, siendo precarios sus resultados al momento de una posible
evaluación del la eficacia de la Ley con respecto a las espectativas sociales
colombianas en cuanto a justicia.
Mientras se diseñaba un marco juridico que en teoria garantizaba los derechos
fundamentales de los colombianos teniendo como base la finalización del conflicto
y la llegada de la paz para colombia. Lo que sí fue cierto fue como se desvió las
institiciones públicas al servicio de grupos armados ilegales. Al mismo tiempo que
se daban las denuncias de organismos internacionales como Human Rigths
Watch, sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país,
acompañados de la indiferencia del gobierno de Uribe Velez.
El informe se basa en casi dos años de investigaciones de campo en Colombia.
Human Rights Watch visitó y entrevistó a decenas de víctimas, paramilitares
desmovilizados, autoridades de aplicación de la ley y organismos del estado
locales y nacionales, miembros de las fuerzas de seguridad pública y
organizaciones no gubernamentales de Sincelejo (Sucre); Barranquilla (Atlántico);
Pasto, Tumaco y El Diviso (Nariño); Cúcuta (Norte de Santander);
Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander); Medellín (Antioquia); Villavicencio,
Granada, Vistahermosa, y Puerto Rico (Meta); las zonas humanitarias de
Curvaradó y Andalucía (Chocó); y la capital, Bogotá.
Según el Informe HRW:
“Salvo algunas excepciones, el gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar,
investigar y sancionar a funcionarios públicos que toleran a los grupos sucesores. En
ocasiones, ante las denuncias de que existe esta tolerancia por parte de sus miembros, las
fuerzas de seguridad pública parecen responder mediante el traslado de sus miembros a otras
regiones. La respuesta correcta sería informar a los fiscales sobre las denuncias y suspender a
los miembros señalados mientras se realiza una investigación penal”22
.
22
Human Rights Watch | Febrero de 2010
81
4.3. La excepcionalidad como forma de gobernabilidad.
...al organizar un gobierno que ha de ser administrado por
hombres para los hombres. La gran dificultad estriba en esto:
primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre
los gobernados: y luego obligarlo a que se regule a sí mismo.
El Federalista, LI (1788)23
Varios autores coinciden sobre lo desafiante que es para un gobernante el
mantener y en algunos casos llegar a tener un equilibrio sobre el tema de la
gobernabilidad, sin importar las distintas definiciones y divisiones que cada uno
haga sobre el concepto.
Lo claro acá es la distancia y cercanía que pueda tener los mandatarios sobre su
propia significación de cómo deberían gobernar; y sobre todo de como seria
gobernar bien.
En el caso particular de esta investigación la gobernabilidad de Álvaro Uribe, se le
podría llamar instintiva, de corazonadas; como las que puedan tener los padres de
familia cuando aparecen situaciones inesperadas, donde en primera medida
quieren desde el cariño de un padre a un hijo explicar con argumentos
convincentes el entendido que ellos comprenden sobre el funcionamiento de la
vida, explica cómo logró abstraerse de la realidad misma para poder ver desde
arriba, el panorama que él bien conoce. Lo cual lo inviste de poderes sobre las
decisiones, las cuales no se deben cuestionar y mucho menos desacatar.
En efecto, lo anterior no es compatible con la administración de un país. Pero en el
caso del estilo de gobernar de Álvaro Uribe con rasgos de paternalismo autoritario
en su mandato. Ahora voy a tratar más puntualmente el asunto de la
gobernabilidad No cabe duda, del histórico debate que se ha construido alrededor
de la gobernabilidad; donde en una manera acertada se ha definido como: Un
estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la
23
Tomado de “los desafíos de la gobernabilidad”. Camou Antonio. FLACSO Mexico, 2001 - 338 páginas
82
capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz.
(Camou, 2001, pg 10)
Colombia en la región latinoamericana es un país encuadrado dentro de los
lineamientos de la globalización y en la política de securitización internacional.
Esta última afianzada aún más en el gobierno de Uribe Vélez; es después de los
atentados del 11 de septiembre del 2001, que la securitización se insertó en los
distintos temas de agenda pública. Al respecto conviene decir que el término de
securitización era común escucharlo en escenarios económicos y de comercio
exterior para afianzar la certidumbre financiera de las inversiones de las
empresas. Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar el tipo de
gobernabilidad ejercida por Uribe sin salirse de la lógica económica.
Basándonos en las estrategias que tuvo el gobierno, nos encontramos que ese
tema era prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo: se sabe que el
principal síntoma del aumento de la pobreza es el incremento de la tasa de
desempleo y la caída en los ingresos laborales de los hogares.
Durante la última crisis se presentaron varios efectos nocivos para la economía en donde
resultaron muy golpeados los hogares más pobres; (1) la tasa de desempleo en Colombia
aumentó a niveles superiores del 20%; (2) las mujeres y los hombres vieron reducir su
ingreso en un 4,6% y en un 12,7%, respectivamente; (3) aumentó la tasa de participación
en el mercado laboral de los jóvenes y niños en edad escolar, y esto tuvo como
consecuencia una disminución en el número de años promedio de educación de la
población –en el período 1996-2000 este número aumentó en 7,2%, mientras que en el
período siguiente, 2000-2004, sólo creció 3%. (PND, 2006 - 2010).
Cierto es que la disminución de la pobreza ayuda considerablemente a la
economía del país; pero también es cierto que no ayuda profundamente en la
solidez económica de cada familia que deja el desempleo.
Cabe señalar, el aumento de micro créditos a familias menos favorecidas hace
obligatoriamente insertarlas en la dinámica financiera, sin una política pública seria
de empleo y continuidad en el mismo.
83
En el marco del concepto de gobernabilidad La pérdida de la conducta política24 es
evidente en el ejercicio presidencial de Uribe Vélez. Basando su discurso en la
transformación de la política colombiana; crea nuevos códices de conducta
institucional que no se habían hecho anteriormente en la historia del país. Recrea
espacios de participación popular, de horas interminables para dar cuenta de las
necesidades locales de las regiones y administrar políticamente y sobre todo
democráticamente a la Colombia que en sus propias palabras ha estado olvidada
por el gobierno central.
Es por eso que los consejos comunales traspasan la línea invisible de la realidad y
el imaginario social. Antonio Camou lo resuelve de la siguiente manera:
“La reestructuración del espacio provoca un desperfilamiento del ámbito político. Resulta
difícil precisar el lugar que ocupa la política, los límites que distinguen la esfera política de
la no política, el campo de competencia propio al quehacer político, en fin, el sentido de
hacer política. Tal indeterminación afecta por igual a los políticos, cada día más inseguros
acerca de su rol y función, como a los ciudadanos que ya no saben dónde y cómo ejercer
sus derechos. En tales condiciones, no sorprende que la gente tenga dudas acerca del
valor de la política”. (Camou, 2001, p. 91).
Traer desarrollo a las regiones se introduce, en la esencia de la democracia
latinoamericana de modelo keynesiano de economía, donde le intervencionismo
del Estado es determinante en la regulación del comercio. Convirtiéndose el
interés general el bienestar económico de la industrias más grandes o
prometedoras del país.
El gobierno de Álvaro Uribe fue autor y coautor de tres leyes económicas. 1.
Biocombustibles, 2. Forestal y 3. Estatuto Rural.
24
Para Antonio Camou: No es lo mismo tener democracia a gobernar democráticamente. Una vez conquistado un "nivel
mínimo" de democracia de cara al autoritarismo, se vuelve preocupación prioritaria la gobernabilidad, o sea las condiciones de posibilidad de gobernar en el marco de las instituciones y procedimientos democráticos. La gobernabilidad democrática es problemática no tanto por un supuesto exceso de demandas sociales. Los Desafíos de la gobernabilidad, pg 92.
84
Reconfigurando así la administración en temas territoriales en poco tiempo, los
tres proyectos se radicaron en tan solo 39 meses, desde el 10 de abril 2004 hasta
el 25 de julio 2007. (Arco Iris, 2010 p. 362)
Entonces tenemos:
Ley General Forestal (LEY 1021 DE 2006): Concebida como ley integral
para los asuntos forestales. Pero parecía más a un régimen de
aprovechamiento forestal que a uno de conservación. (Foro Nacional
Ambiental, 2005. En “Y refundaron la patria”)
Posteriormente por medio de sentencia constitucional (C-030), el 23 de
enero de 2008 la corte declaró inconstitucional, en su totalidad la ley
forestal.
Ley de Saneamiento de Propiedad (LEY 1182 DE 2008): Villegas, Revelo
y Uprimny de Dejusticia en la investigación realizada en el libro “Y
refundaron la patria” destacan: Con el Plan Nacional de Desarrollo 2006 –
2010, se construyó un plan de reforma institucional que redefinió el
campo en Colombia. La ley también modifico el Incoder, y otras
instituciones; el tema de reubicación de población en zona de desastres
seria asumida por la Dirección de Atención y Prevención de Desastres. La
asignación de tierras a los reinsertados a cargo de la Alta Consejería para
la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en
Armas. La atención a minorías étnicas, asumida por la Dirección de
Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia. La administración de bienes
baldíos adjudicables, a cargo de las Corporaciones Autónomas
Regionales y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales. Asignación de tierras a la población desplazada, asumida por
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación
Internacional. Y el saneamiento jurídico y Fiscal de bienes extinguidos e
incautados en procesos judiciales de extinción de dominio, estaba a cargo
de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
85
La Corte constitucional por medio de sentencia C- 175 de 2009, M.P. Luis
Ernesto Vargas, declaró inconstitucional la totalidad del Estatuto.
Lo cierto es que se desvanece lo que al inicio de este tema se planteaba como
significado de gobernabilidad, y es más claro aún es la intención del gobierno
Uribe de beneficiar a unos pocos a costa de la propiedad de todos los
colombianos.
Siendo evidente la importancia agrícola para el empuje económico, por medio del
AIS (Agro Ingreso Seguro) se materializó la intención de la reforma agraria
colombiana por medio de subsidios a agricultores colombianos. La denuncia fue
hecha por la Revista Cambio en el 2009:
“Acceder a un subsidio del programa Agro Ingreso Seguro es como ganarse la lotería, pero
durante la gestión de Andrés Felipe Arias, hoy precandidato conservador, buen número de
los que recibieron subsidios no reembolsables son grandes empresarios del campo y
familias millonarias con gran influencia política regional”.
Siendo que 45 financiadores de la reelección recibieron subsidios. Además de la
familia Dávila y de Valerie Domínguez, otros beneficiados fueron: Familia Tribín,
zona bananera, 2.140 millones. Familia Riveros Páez, Meta, 2.000 millones.
Familia Vives, zona bananera, 1.610 millones. Familia Fernández de Castro, zona
bananera, 1.413 millones. Familia Posada Grillo, Valle, 1.037 millones. Familia
Cuello, La Guajira, 629 millones.
Mientras tanto el desplazamiento de los campesinos, iba en aumento, con ayuda
del clientelismo armado para tales fines, que deterioran la estabilidad social de
Colombia. Siendo definitivo el efecto colateral de la Providencia en la presidencia
de Uribe Vélez; ya que, llegado a este punto y con las pretensiones al inicio de su
primera campaña presidencial, el segundo mandato del presidente Uribe Vélez se
puede analizar como el daño colateral del primero.
86
La explicación radica en lo expuesto en el segundo capítulo de esta investigación
planteado por Agamben, de cómo el acto de gobierno representa una zona de
indecibilidad. Entre lo general y lo particular. Entre lo calculado y lo no querido.
El segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe demuestra una vez más la línea
excepcional de su mandato configurándose su carácter despótico traspasando las
libertades de todos los colombianos; como lo explica Agamben en el capítulo de
Maquina Providencial. Traducido por Uribe, donde el bien general reposa en los
intereses económicos de los gremios, representaría el interés particular que en
este caso es la sociedad colombiana campesina y obrera.
Siendo evidente la base de la gobernabilidad de Uribe Vélez, basándose en dos
temas primordiales. Por un lado el manejo de la seguridad, enfocándola al servicio
de los tradicionales industriales, y de los nuevos dueños de los medios de
producción; reconfigurando el agro del país para así devolver los favores recibidos
en la campaña presidencial. Arrollando el clientelismo a los intereses sociales del
país.
4.4. Un Rey sin Gloria
Álvaro Uribe es un líder carismático en toda la línea, conservador de talante
trabajador, religioso y muy antioqueño. Cualidades que el mismo Weber se
encargaría de enumerar para dar una caracterización de un mandatario en
tiempos de crisis. Un presidente así era lo que necesitaba Colombia, en su
desespero de devolverle al pueblo la esperanza que había perdido de un líder
comprometido con el país.
Envestido de poder gubernamental se fue desdibujando la cuestión social, por la
cual llego al poder. Avanzando cada día en su estilo de gobernar bajo los consejos
comunales, se aclaraba aún más el panorama de su Reino: Ministros,
Gobernadores, Alcaldes, Fuerzas Armadas y por ultimo sociedad.
87
Absolutamente centralizada la administración política del país. Por los consejos
han pasado más de 150.000 personas, en 108 municipios de 32 departamentos,
según estimados de la Consejería Presidencial para las Regiones 25 . Eso
demuestra, su intención de mantener el control de todos los temas nacionales,
estos deben llegar a sus manos dejando en un segundo plano las decisiones de
los gobiernos locales.
Manifestaciones como la anterior, demuestra el manejo de lo que Agamben llama
como Potencia Absoluta, enmarcado dentro del ordenamiento del dispositivo
gubernamental, en estrecha relación con el manejo del Reino identificándose
plenamente con el gobierno. Resaltando que el “Reino siempre excede y precede
al gobierno” (Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008, p. 189).
A diferencia de anteriores mandatarios, Álvaro Uribe es el presidente en la historia
de Colombia más cercano al paradigma providencial, manteniendo el albur de “los
actos de gobierno correspondiendo la libertad de la decisión soberana” (Agamben
G. , El Reino y la Gloria, 2008 p. 190).
Uribe expresó que para él la esencia de gobernar es el obrar conforme a las leyes,
principio providencial explicado por Agamben como el principio de la ejecución de
algo de acuerdo a las rectas leyes. Por consiguiente la información dada a la
sociedad es que por ese principio solo él puede ir más allá de la misma ley y si es
necesario en contra de ellas. Esto último se evidenció en su segundo periodo en
donde los voceros de los partidos Liberal y Conservador le piden respeto hacia los
fallos de la justicia colombiana:
El representante a la Cámara, Orlando Velandia, vocero del Partido Liberal en el
Congreso de la República, dijo que:
25
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4232292
88
“la corrupción en distintos sectores del país es clara, y sostuvo que posiciones
como la del ex mandatario ponen en entredicho el trabajo de las autoridades
colombianas. Queremos que se castiguen todas las manifestaciones de corrupción.
No podemos dejar que mensajes como los del ex presidente Uribe busquen
sensaciones de fracaso en el trabajo de la justicia colombiana”26
.
El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Heriberto Sanabria, fue
enfático en manifestar:
“que se debe respetar la justicia. Conservadores y liberales criticaron la posición de Uribe,
al tiempo que resaltaron las actividades que cumple actualmente la justicia colombiana”27
.
Se puede afirmar, que en la mitad de su segundo mandato se mostró La Máquina
Providencial, en sus dos planos sobreponiéndose el segundo sobre el primero.
Correlativamente el segundo nivel se presenta como ejecución de lo que fue
dispuesto y ordenado en el primero. La división de los poderes es consustancial a
la máquina (Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008 p. 230). Por lo tanto se
impuso su manejo político de contradiciones, sobre la gobernabilidad volviendose
en su contra. El mismo apoyo que logro en su reelección se voltea y le da la
espalda para una segunda reeelcción.
Álvaro Uribe realizó las funciones de legislar, juzgar y ejecutar que le permitian su
logica providencial del Estado Moderno, siendo exponente en este sentido en lo
que denomina Agamben El Paradigma Economico Providencial en relación a los
gobiernos democráticos. Homologandolo desde el Paradigma teologico – político
como Absolutismo.
El periodo 2006 – 2010, es interesante también resaltar la perdida de sintonización
con su primer periodo, sobre una suerte de autonomia del Gobierno y su Reino.
Volviendose absolutamente dependiente al Reino.
26
http://www.rcnradio.com/noticias/liberales-y-conservadores-le-piden-uribe-respetar-los-fallos-de-la-justicia/03-08-11#ixzz1yNNxO5Od (08-03-2011) 27
http://www.rcnradio.com/noticias/liberales-y-conservadores-le-piden-uribe-respetar-los-fallos-de-la-justicia/03-08-11#ixzz1yNNxO5Od (08-03-2011)
89
En el primer periodo Uribe se describe como traductor directo de las necesidades
del pueblo colombiano, poniendo de manifiesto su destino de salvarlo. Para
posteriormente en su segundo mandato evidenciar, su necesidad de mantenerse
en el poder con el favor de los colombianos. Ahora bien de todos los colombianos;
el colombiano común, de las fuerzas armadas, obrero, campesino, indigena y
sobre todo el colombiano de las cortes.
El panorama es interesante siendo que Agamben en este punto plantea que:
Cuando el paradigma providencial, al menos en su aspecto trascendente
comienza a declinar, El Estado Providencia y el Estado Destino tienden
progresivamente, a identificarse en la figura del Estado de Derecho Moderno
(Agamben G. , El Reino y la Gloria, 2008 p. 250).
El poder Ejecutivo acompañado de las Fuerzas Armadas facilta el control y
dominación común de los Estados de Excepción. Empero, Álvaro Uribe no solo
hizo uso legitimo de la fuerza armada; sino que diseño y construyo un mapa
político y económico de Colombia sin descuidar flanco posible para así concluir
sus intenciones develadas de perpetuarse en el poder; en el entendido del país
democratico como su Reino.
90
CONCLUSIONES
Ya no bastan las medidas tradicionales de excepcionalidad para la búsqueda de
un proyecto político. Cada vez se vislumbran con mayor intensidad que los
gobiernos llamados democráticos como el de Álvaro Uribe Vélez se valen de
estrategias también democráticas como la reelección para dar continuidad a su
mandato el tiempo que crea necesario para encausar al país; desde principios y
valores que enmarcan una ideología política basada en libertad y respeto a la
división de los poderes. Insinuando su capacidad de centralizar el poder si es
necesario para cumplirle al pueblo. Basado en radicalismos con el beneplácito de
la legitimación social, sobre la legalidad institucional.
Puede afirmarse que desde el paradigma teológico político, la función política de la
Gloria siguen siendo las aclamaciones como legitimadoras de decisiones
particulares de los gobiernos modernos como el de Uribe Vélez. Las
connotaciones de ceremonias, liturgias y protocolos no se quedaron en loe
tiempos monárquicos. Es necesario retomar estas categorías para completar los
análisis de comportamiento político contemporáneo; con lo que ello supone al
interés comunicacional de este tiempo.
La ideología de Álvaro Uribe basada en valores democráticos, le sirvieron para
abstraer cada uno de los temas sociales como autónomos, configurando un solo
punto de comprensión social sobre los mismos, basado en seguridad; como un
visor de las necesidades fundamentales de los colombianos. Percibiendo al
conflicto interno como legitimador de su política excepcional orientada a ampliar su
fuerza armada, complementada con el imperio de la ley, diseñada por él, para
garantizar los derechos fundamentales de los colombianos.
De forma similar la investigación ayudó a acercarse al modo de administración
política de Uribe Vélez desde los problemas de gobernabilidad no exclusivos de
Colombia, pero interesantes en tiempos donde se ha perdido en gran medida el
91
sentido social de las políticas de gobierno. Siendo que no hay ninguna democracia
y ningún Estado sin opinión pública, como no hay ningún Estado sin aclamación.
Finamente este estudio ayudo a determinar la forma de gobernar de Álvaro Uribe
Vélez, destacando su segundo periodo presidencial donde se vio potencializada
su Maquina Providencial, innegable en su acción política, bajo sus actos de
gobierno, generando un cambio fundamental, bajo su liderazgo demostrando su
presidencialismo de excepción.
92
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