Cuestionan norma que generaría ConfliCtos soCiales, mientras petroleras y mineras siguen Cometiendo infraCCiones Contra el medioambiente

¿buenas práCtiCas ambientales?

Los lamentables sucesos acontecidos en Pichanaki hace un par de

semanas han significado una alerta por parte de la población sobre las faltas ambientales de la petrolera

argentina Pluspetrol y otras en el país. A esto hay que sumarle

la aparición de un nuevo decreto donde se aprueban disposiciones para acelerar los procedimientos mineros y debilitar aún más los derechos de las comunidades.

De agitadores han sido calificados los dirigentes y algunos pobladores de Pichanaki, por parte del Gobierno, debido a las manifestaciones rea-lizadas hace dos semanas con un

desenlace fatal. De igual forma, han manifestado que todas estas protestas son un armatoste, una parafernalia, para que el señor Carlos Chavarría, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, y unos cuantos más puedan conseguir un empujón político.

Todo esto en un último contexto donde el diálogo de ambas partes se vio frustrado por di-vergencias de dónde debía realizarse esta. Pero lo que no expresa el régimen del presidente Humala son las responsabilidades ambientales de las em-presas.

El año pasado en el rubro minero se contabi-lizaron nada menos que 129 sanciones adminis-trativas a las empresas a lo largo de todo el terri-torio nacional y 85 a las que se dedican al sector de los hidrocarburos. En el 2013, las cifras arroja-ban 190 sanciones para las mineras y 98 para las empresas petroleras en el país, según los propios registros del Organismo de Evaluación y Fiscali-zación Ambiental (OEFA).

Entonces, comencemos a detallar a las prin-cipales infractoras medioambientales para com-prender los diversos conflictos que se han venido dando desde el comienzo de este 2015 en nuestro país.

Empecemos por la empresa belga Nyrstar An-cash S.A. Sí, esa misma a la que se le responsabi-lizó el año pasado, en un programa periodístico, de no reubicar varias de sus relaveras que están muy cerca de la vía y la cabecera del Río Rímac, amenazando con contaminar el agua que va a la capital de producirse un desastre natural.

ESCRIBE: PABLO PRADO REYESpablo.prado@revistavelaverde.pe

daños irreparables

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con instrumentos de gestión ambiental y/o estudio am-biental. Todo un ejemplo.

Pero, como en el caso del Cusco, en cuatro de estas sanciones no figuran medidas correctivas y las demás son pedidos para capacitar al personal responsable de mante-nimiento. Al final, solo tres de estas tienen sanciones con-sentidas; pero las restantes no, porque han sido apeladas y están pendientes para que se resuelvan de la mejor manera.

Ya en el 2013 Loreto figuraba con 17 sanciones a dife-rentes empresas, de las cuales siete eran –¿pues de quién creen?– de Pluspetrol Norte S.A.

Ahora en Piura también se cuecen habas y la empresa In-teroil Perú S.A. –una conocida también, pero no por muy buenos motivos– contó con cuatro san-ciones de las 12 que hay en total en el departamento norteño. De estas san-ciones registradas, ninguna tuvo multa, solo una amonestación no pecuniaria.

El nuEvo dEcrEto suprEmoPor si no lo sabía, en enero del presen-te año el Estado aprobó un polémico decreto supremo donde se aprueban una serie de disposiciones para ace-lerar los procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversión. En otras palabras, hacerles el camino más fácil a las compañías extractivas, gene-rando –sin dudas– una serie de posi-ciones encontradas al respecto.

“El petróleo y la minería son in-dispensables para que el Perú conti-

núe su senda de desarrollo y crecimiento. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Clausuramos todas las actividades económicas mineras, petroleras y las hidroeléctricas? Mientras tanto, tenemos un déficit cada vez mayor en la balanza comercial. Entonces, la repercusión va a ser mayor cuando la gente no tenga petróleo, no tenga comida o no pueda simplemente llevar a cabo sus actividades normales”, explica el congre-sista de Solidaridad Nacional, Martín Belaunde Moreyra, quien apoya estas disposiciones.

“Esta situación de Pichanaki se debe, fundamentalmen-te, a grupos políticos que no quieren que se haga nada, mientras que yo creo que las comunidades que están alre-dedor piensan que el petróleo podría ser quizás una forma

que los ayude”.Y añade: “No sé cuántas sanciones

administrativas ha tenido Pluspetrol, pero lo que le digo es que el 45% de electricidad que consumimos es de Ca-misea. Y, si no tuviéramos Camisea, la situación del Perú en el aspecto energé-tico sería crítica. Entonces, tendríamos una población en penumbras”.

otrAs vocEsUna opinión totalmente distinta con respecto a este decreto supremo es la de la congresista de Acción Popular- Frente Amplio, Verónika Mendoza.

“Es inconstitucional por donde se le mire, porque con este decreto supremo se ha pretendido derogar, por lo me-nos, dos leyes: la Ley de Comunidades

Pues esa misma empresa tuvo cuatro sanciones al igual que la Compañía Minera Antamina S.A., en el departa-mento de Ancash, siendo impuestas, en el caso de Nyrs-tar, por incumplir normas de protección ambiental, límites máximos permisibles en efluentes, no brindar información y presentar información inexacta o fuera de plazo en dos oportunidades. De estas cuatro sanciones, solo una tuvo medida correctiva.

En el caso de Antamina, su jalón de orejas fue por el incumplimiento del instrumento de gestión ambiental y es-tudio ambiental, incumplir las normas de residuos sólidos y no brindar información o presentar información inexacta o fuera de plazo en dos ocasiones.

Ayacucho no se ha salvado de las malas prácticas, porque la minera Ares S.A.C. ha tenido tres sanciones el año pasado, aparte de otras en distintos departamentos. Y Cajamarca ha sido víctima de la minera Yanacocha S.R.L. y sus cinco faltas ambientales, con in-cumplimientos de normas de residuos sólidos en dos ocasiones, normas de protección ambiental también en dos y el incumplimiento del instrumento de gestión ambiental.

pEtrolErAsPero el rubro de hidrocarburos es el que ha estado en boca de todos en los últimos días. El Cusco presentó a empresas con seis sanciones adminis-trativas y casi todas en la localidad de

Echarate. Pero la compañía que cuenta con cuatro de estas seis sanciones es ya una conocida por nosotros: la argenti-na Pluspetrol Perú Corporation S.A.

Sus sanciones en tierras incas han sido por el incumpli-miento del instrumento de gestión ambiental en dos oca-siones, el de normas de protección ambiental y de normas de residuos sólidos, no llegando a aceptar las sanciones en tres casos y una que todavía figura como pendiente. En-tonces, tenemos que a una de esas sanciones se le declaró fundada la apelación, en otra se revocó la sanción y en otra se redujo la multa en un 50%. Es decir, ahí no pasó nada de nada. Todo bien, todo tranquilo.

En el 2013, el Cusco contaba con nueve sanciones a las compañías y cinco de estas le perte-necían a Pluspetrol Perú Corporation S.A., donde se declaró la nulidad de las faltas. Mientras que en Ica esta em-presa petrolera también dejó su rastro, por incumplir normas de protección ambiental.

Pero la petrolera argentina no po-día estar exenta de culpa en el departa-mento de Loreto, donde se registraron 15 sanciones, de las cuales Pluspetrol Norte S.A. es la orgullosa poseedora de ocho de ellas, que se dieron por no brindar información, presentar infor-mación inexacta o fuera del plazo en cuatro ocasiones, incumplir normas de protección ambiental dos veces, incumplimiento de límites máximos permisibles en efluentes y no contar

en el 2014, en el rubro minero se contabilizaron 129 sanciones administrativas a las empresas a lo largo de todo el territorio nacional y 85 a las que se dedican al sector de los hidrocarburos”.

la defensoría del pueblo ha señalado que el 70% de los conflictos sociales en nuestro país tienen que ver con el tema ambiental y territorial”.

Verónika mendoza, congresista de acción popular-frente amplio

La congresista Verónika Mendoza está en contra de la nueva norma aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. Insiste en que esta perjudica a las comunidades del país.

Martín Belaunde considera que la inversión petrolera y minera debe tener todas las facilidades.

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Campesinas y la Ley de Tierras, que son las que establecen que las decisiones sobre el territorio de la comunidad cam-pesina se deben tomar en asamblea comunal y contar con las votaciones de los dos tercios de los comuneros calificados. En esos alcances, el decreto 001 está pretendiendo derogar estas dos leyes”, sostiene la congresista.

Para la legisladora, este decreto vulnera y pretende modi-ficar la propia Constitución en los artículos 88 y 89, donde se garantiza el derecho de propiedad comunal sobre la tierra y se reconoce la autonomía organizativa de las comunidades campesinas.

Según la congresista, esto pone en una situación de vulnerabilidad a las comunidades, porque la decisión so-bre el uso de la tierra va a quedar en manos de un grupo reducido, o sea, una pequeña junta directiva que es más vulnerable al chantaje, al ame-drentamiento o, incluso, a la corrup-ción, tal y como lo han señalado algu-nas personas al acusar a empresas de comprar a directivos de la comunidad y no esperar a que la asamblea comu-nal tome decisiones.

“Si es que tratamos una norma que afecta la autonomía administrativa de las comunidades indígenas campesi-nas, debió haber sido sometida a con-

sulta previa. Si es que su intención es modificar la estructura de las comunidades, debió ser consultado. Este decreto su-premo también debe haber establecido en qué momento, en qué plazos se hace la consulta previa, cosa que no se lleva a cabo”, indica.

Para la legisladora, este tipo de normas generan una re-acción inmediata de las comunidades al enterarse de que se han vulnerado sus derechos al territorio, tal y como se ha visto en el caso de Pichanaki.

Con respecto a las sanciones ad-ministrativas que apelan las empresas como Pluspetrol, dice: “Lo que la em-presa ha hecho es judicializar las resolu-ciones de la OEFA, con lo cual bloquea que la sanción se haga efectiva, y uno de los casos que me parece más grave es que ha interpuesto una medida cautelar igual para bloquear la aplicación de la sanción”.

Y agrega: “El mensaje que dan este tipo de empresas es no respetar la ins-titucionalidad ambiental. No dan ga-rantías a las comunidades y se deberían someter a la fiscalización en materia ambiental; pero en el caso de Pluspe-trol, así como en el caso de otras em-presas, lamentablemente no es lo que está ocurriendo”.

conFlIctosPara la congresista Mendoza, el Gobierno debe respaldar tres aspectos importantes que evitarían toda clase de conflictos. “Debería haber un ordenamiento territorial participativo con las comunidades, las autoridades locales y con el propio sector empresarial para empezar. O sea, no se pueden dar concesio-nes a diestra y siniestra de manera arbitraria, superponiendo a áreas naturales protegidas y zonas ar-queológicas”.

“En segundo lugar, en el caso de co-munidades campesinas y nativas debe haber consulta previa. El Estado, garante neutral de derechos, debe primero dialo-gar con la comunidad para ver si acepta o no y bajo qué condiciones, en un clima de confianza y transparencia”, acota.

“Por último, está el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Fortalecer el Ministerio del Ambiente y los mecanis-mos de fiscalización ambiental para que puedan garantizarnos a todos que se va a resguardar el ambiente y la salud”, conclu-ye la legisladora.

Lo cierto es que las comunidades ya se cansaron de esperar un diálogo que nunca llegará por parte de este Gobier-no y que buscan defender aquellos de-

rechos que el propio Estado debería proteger, pero que termina desamparando. El fin no justifica los medios.

Por su parte, el exviceministro del Ambiente, José de Echave, afirma que el 2015 se ha iniciado con un incre-mento bastante notorio en el número de conflictos y en la intensidad de estos. “En la Amazonía hemos tenido lo

del Lote 1D, hemos tenido Pichana-ki; en el caso de las zonas andinas hemos tenido el conflicto Las Bam-bas y lo de Tía María, que sigue la-tente al igual que lo de Cajamarca. Y creo que este número de decisio-nes y decretos ya son manejados y conocidos por las poblaciones que generan una mayor preocupación y provocan mayores tensiones”.

Para el exfuncionario del actual Gobierno, este tipo de decretos res-ponden a las presiones que siguen habiendo por parte de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería, donde acaban de elegirse nuevos presidentes para ambos gremios, y lo han dicho públicamente, para que tengan un nivel de presión, ac-tuación e infidencia.

en el 2013, el Cusco contaba con nueve sanciones a las compañías y cinco de estas le pertenecían a pluspetrol perú Corporation s.a., donde se declaró la nulidad de las faltas. mientras que en ica esta empresa petrolera también dejó su rastro, por incumplir normas de protección ambiental”.

este tipo de decretos responden a las presiones que siguen habiendo por parte de la Confiep y la sociedad nacional de minería, donde acaban de elegirse nuevos presidentes, para que tengan un nivel de presión, actuación e infidencia”.

José de echave, exviceministro

del ambiente

Las empresas petroleras han sido acusadas de dañar el territorio de diversas comunidades de la selva.

El conflicto en Pichanaki ha despertado cuestionamientos acerca de las prácticas ambientalistas por parte de las empresas extractivas.

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