¡autonomía pa'l que lee! 1a edición

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Primer semestre 2014 ¡Cambiemos la Universidad, Transformemos la Sociedad!

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En esta edición: Proyecciones del Movimiento Estudiantil, Estado de la Educación Superior, Compilación de entrevistas a Gabriel Boric y más.

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Primer semestre 2014

¡Cambiemos�la�Universidad,�

Transformemos�la�Sociedad!

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Izquierda Autónoma Valparaíso

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Quiénes Somos

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Somos estudiantes que nos proponemos re-significar la izquierda en Chile desde los movimientos sociales, especialmente siendo parte de la amplitud que hoy constituye al movimiento estudiantil. Esta invitación a re-imaginar la izquierda implica el supuesto de que la izquierda actual está agotada. Re-imaginar la izquierda implica el desafío de pensar más allá de los convencidos. Implica pensar una alternativa para amplios sectores que no se definen de izquierda, pero que como muchos, anhelan superar las injusticias y desigualdades en nuestro país. Implica pensar el país -no sólo una parte de éste- y forjar una vocación de disputa de conciencias ante la actual hegemónica.

Es necesaria, por tanto, una izquierda que pueda ir generando

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las condiciones para ir transformando la realidad de acuerdo a lo que, colectivamente, podamos ir soñando como necesario, superando los límites de lo posible. Abrazamos el concepto de autonomía en cuanto no podemos delegar nuestro poder transformador, sino que debemos ser capaces de ser actores políticos, pues sólo mediante la acción colectiva podremos cambiar la realidad. Autonomía no es apoliticismo ni rechazo a priori a participar del sistema político. De hecho, hicimos una apuesta electoral y logramos sacar un diputado.1. No negamos el rol de conducción de las organizaciones políticas –de hecho, somos una-, pero creemos que conducción no implica suplantación.

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Autonomía, entonces, es reconocer que la fuerza de los cambios, y, por lo tanto, la fuerza política de la gente, -del pueblo, de las mayorías, de nosotros mismos-, está centralmente dada por su capacidad de acción, autodeterminación y organización.

De este modo, como Izquierda Autónoma creemos que hay que socializar lo político y politizar lo social, es hora de refundar la política, de enfrentar el pasado mezquino que no quiere retirarse impidiendo este presente de alegría y convicción. Sabemos que esto no empieza ni termina en nosotros, somos parte de esta generación que llegó para quedarse, la invitación que hacemos es a tomar en nuestras propias manos el futuro de Chile.

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Proyecciones para el

Movimiento Estudiantil.

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La temporalidad nos aleja del 2011, aquel año en donde estudiantes con nuestras familias colmamos las calles de todo Chile exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad con alegría y convicción no vistas desde que caía la dictadura. Pero si bien el tiempo pasa, nuestras demandas, nuestros anhelos y el respaldo social siguen vigentes. Es la vida de sus negocios, o la vida de nuestros derechos. El movimiento estudiantil recobró pilares democráticos como lo es el sentido de organizarse y utilizar el espacio público como lugar de encuentro y expresión del malestar ciudadano. Utilizó la política en su forma más genuina, como una herramienta efectiva para transformar la realidad. No conforme a ello, ha sido el movimiento que más ha golpeado en los últimos 25 años, el que más asedió el actual modelo de dominación reflejando a cabalidad la pugna entre mercado-derechos en nuestras necesidades básicas, por tanto consideramos que el año que recién inicia la

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centralidad para el movimiento estudiantil debe estar en avanzar en la resolución de las demandas que florecieron el 2011, ya que en la medida que se avance en dicha dirección se podrán generar otros focos de conflicto en donde la expresión social pueda incidir políticamente, es decir, socializar la política.

Con la llegada del nuevo Gobierno comienza un nuevo ciclo para el movimiento estudiantil, un Gobierno en cuyo programa en lo referido a educación posee ambigüedades aún no resueltas, con titulares que buscan satisfacer a los estudiantes pero que en la bajada sigue satisfaciendo al empresariado. En esa línea no deja de sorprender la designación de Eyzaguirre al frente del MINEDUC, una persona que no solo desconocemos su posición en educación –solo por su complicidad en la creación del CAE siendo Ministro de Hacienda y escribir una columna previa a su designación que no constituye una postura clara- sino porque llega directamente desde la presidencia del directorio de Canal 13 –propiedad grupo Luksic-, es decir, el empresariado llega con su rostro más amable y con diálogo directo –sin intermediarios- a una cartera clave en el próximo ciclo de reformas.

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Y justamente ante la ofensiva de reformas que bien podría solo corregir excesos en el actual modelo educacional, el movimiento estudiantil debe recuperar la incidencia, abrir un flanco independiente con el Ejecutivo a la hora de levantar las propuestas y plantear inquietudes. Si bien, y como era de esperar, con las designaciones del nuevo Gobierno se da una señal adversa para el movimiento social, creemos que las movilizaciones pueden determinar la orientación y profundidad en las reformas en la medida que se tenga un rol participativo. Y la incidencia y/o participación estará determinada por la fuerza que tengamos en las calles, en nuestras asambleas, en la discusión que tengamos en los distintos puntos de encuentro para lograr el anhelo de que la educación deje de ser un bien de consumo y pase a convertirse en un derecho social.

La denuncia tocó techo en lo estudiantil, por eso consideramos que hay que avanzar en la resolución pero sin tranzar los principios por los que nos levantamos. Avanzar en reformas que apunten a una gratuidad financiando a las instituciones que tengan un verdadero carácter público y que la oportunidad al ingreso y la calidad no esté determinada por la capacidad de pago, la prohibición del lucro en

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cualquier institución de carácter educativo, avanzar en democracia eliminando las restricciones que impiden que miembros de la comunidad educativa participen en los procesos de toma de decisiones.

Pero para el movimiento estudiantil debiera ser clave no solamente lo que finalmente quede en el papel (gratuidad con financiamiento a las instituciones y no a la demanda, prohibición al lucro en todo nivel y no solo con fondos públicos) sino en los términos en que se resuelva el conflicto, esto es: ¿Se resolverá entre cuatro paredes con los mismos de siempre, o habrá participación del movimiento social por la educación en la generación, deliberación y resolución de la reforma? Por tanto, lo que nos jugamos este 2014 va más allá del conflicto educacional, lo que está en juego es el carácter de nuestra democracia.

Quienes damos vida a los movimientos sociales debemos convencernos de su potencialidad, de su capacidad para convocar a miles al sueño de un país más justo y alcanzar para el pueblo chileno el derecho a la educación que merece.

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De la Demanda a la Disputa.

El despertar de la ciudadanía durante el año 2011, expresado en las numerosas y convocantes marchas que tuvieron lugar a lo largo y ancho de nuestro país, obedece principalmente al agotamiento del modelo neoliberal de sociedad consagrado en nuestra actual Constitución Política, que fue instaurado fraudulentamente por la dictadura de Pinochet y que ha sido profundizado en las últimas décadas por los gobiernos concertacionistas, bajo el alero de los procesos de democratización.

Dicho modelo de sociedad neoliberal, encuentra su máxima expresión en el rol subsidiario que asume el Estado en materia de derechos sociales, en donde la satisfacción de necesidades elementales del ser humano, como son por ejemplo, la educación, salud y vivienda, al no ser consagrados como derechos, quedan entregadas al tamaño del bolsillo y a la mayor o menor suerte de cada individuo y su familia, siendo aquello la principal causa de la agobiante desigualdad social existente en nuestro país.

De esta manera, y en el caso particular de la educación, lo que debiera concebirse como un derecho garantizado para todos, se termina entendiendo por la clase hegemónica como un simple bien de consumo, apto para ser transado en la economía en base a las escrupulosas reglas del mercado. Como consecuencia de lo anterior, se excluye el carácter social y político que le cabe

a la educación, y se comprende meramente como un instrumento que permite al individuo cumplir con sus aspiraciones materiales y de ascenso social, creadas por el propio sistema neoliberal en que se encuentra inmerso.

Es en este contexto político institucional en que se desarrolla el actual sistema educacional chileno, cuyas características principales son consecuencia del rol subsidiario asumido por el Estado en dicha materia.

En este sentido, el rol subsidiario del Estado en la educación superior, se ve reflejado en diversas aristas, entre las principales se encuentran: el elevado costo de la educación universitaria, el precario autofinanciamiento de las universidades tradicionales, el exceso de oferta de determinadas carreras, y la transformación de la educación universitaria en un negocio a través del lucro y sus consecuencias perversas en la calidad de la educación.

A modo de ejemplificar dichas problemáticas hoy en día cuando la cantidad de estudiantes en la educación superior creció prácticamente un 100%, los aportes del Estado sólo se mantuvieron, oscilando entre el 16 y el 17% del presupuesto global de educación, el que a su vez ha oscilado alrededor del 3% del PIB, es decir, un 0,5-0,6%, sin experimentar crecimiento real. A nivel mundial y según informes de la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), Chile se encuentra en el

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último lugar en gasto por estudiante en Latinoamérica, con un 15%, por debajo de países con un PIB menor como lo es Bolivia.

Chile debe utilizar la educación como una herramienta de desarrollo, que permita terminar con las desigualdades hoy existentes, que se reflejan de manera clara en el día a día, y también en los informes desarrollados por organismos internacionales, como el redactado por Banco Mundial que nos sitúan entre los países más desiguales del mundo.

Respecto al costo de la educación superior, el estado financia menos del 25% de su costo total siendo el restante 75% aportado directamente por cada alumno que se matricula en alguna carrera dentro de las instituciones que componen el actual sistema.

En términos de aranceles, el costo promedio de una carrera en Chile, es mayor en 3 veces con respecto a Italia, 4 veces con respecto a España, y 19 veces mayor a una carrera en Francia, según estudios entregados por la misma OCDE.

El actual sistema de educación superior se compone de la siguiente forma:  

Tipo IES   Cantidad   % Entidad   Matrículas   % Matrículas  

Ues. Estatales  

16   9%   175.586   15,5%  

Ues. Tradic. No Estat.  

9   5%   136.189   12,1%  

Ues. Privadas  

35   20%   374.202   33,1%  

Instit. Prof. (IP)  

44   25%   301.156   26,7%  

C. Form.Técnica  

71   41%   140.048   12,6%  

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Esta composición podemos observar que las universidades privadas mantienen el mayor número de matrículas del sistema llegando a un 33,1 %. Según antecedentes entregados por la propia Contraloría de la República el financiamiento fiscal se distribuye en un 69,9% de los fondos hacia los estudiantes y en un 30,1% hacia las instituciones. El financiamiento hacia los estudiantes en un gran porcentaje se realiza a través del Crédito con Aval del Estado (creado el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que contó con la complicidad del entonces Ministro de Hacienda y futuro Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre) que es fuertemente capturado por las Ues. Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, en el cual la banca privada sigue siendo una poderosa financista del Estado, convirtiéndolo de esta forma en la principal herramienta que utiliza el mercado para el endeudamiento de los estudiantes.

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La creación del gran número de Instituciones Privadas, y el alto costo de los aranceles fue permitido en gran medida a la promulgación en tiempos de dictadura de la LOCE y la Ley General de Universidades que eliminó el arancel diferenciado existente en la época por un arancel fijo para todos los estudiantes, y que permitió a la vez el ingreso de grandes empresarios para convertir de la Educación en el negocio que actualmente .

En la actualidad se cuentan al menos una docena de Instituciones Privadas que se encuentran en proceso de investigación por lucro, dado principalmente por el actuar de consorcios internacionales de la educación, que vieron en Chile un nicho importante para el negocio educativo. Un caso que se encuentra en pleno desarrollo es el que involucra por Lucro al Grupo Laurate con la adquisición que realizó de la Universidad Andrés Bello. Como antecedente se puede agregar que este grupo económico posee el

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control de 3 Universidades Privadas (UVM, UDLA,UNAB) y otros dos Institutos Profesionales (AIEP y EIDE) teniendo una matrícula cercana a los 125.500 alumnos, es decir, el 11,4% del global del sistema.

Debemos tener absoluta certeza de que no será posible construir un país distinto con un nuevo sistema educacional a partir de las mismas reglas neoliberales consagradas en la actual Constitución Política. Es por esto que hoy más que nunca, debemos refundar nuestro país desde sus cimientos, y para que aquello ocurra, será necesario luchar junto a las genuinas fuerzas transformadoras de nuestra sociedad, en el objetivo primordial de dar a nuestro pueblo, por primera vez en su historia, una verdadera constitución democrática que reemplace el rol subsidiario del Estado por uno que asegure la universalización de los derechos sociales básicos, de manera de poder resguardar la dignidad y desarrollo íntegro que le cabe a todo ser humano en sociedad.

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Para el sistema educativo

como para el sector privado Universidad Pública del Siglo XXI: Universidad Comunitaria v/s Universidad de Mercado

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Sin importar si la universidad es de régimen patrimonial público o privado, transversalmente nos encontramos inmersos en una universidad neoliberal, es decir, mercado dependiente, que se relaciona como una empresa educativa, de organización vertical, obligada al autofinanciamiento y a competir por fondos escasos, en la cual, prácticamente no existen los conceptos de autonomía, democracia participativa, libertad de cátedra, elección de autoridades, entre otros. Estas lógicas son una suerte de neoliberalismo ideológico, que cercena las posibilidades de que la universidad pueda ser accesible a la diversidad de proyectos culturales socio políticos de las sociedades latinoamericanas, al contrario suprime contenidos democratizantes. Por lo cuál, esta universidad sea estatal o privada se ordena en torno al mercado y se orienta al “cliente estudiantil” constituyendo una relación mercantil o clientelar que impregna el sentido común, legitimando esta mal llamada educación superior. Durante la transición, liderada por la Concertación, la matriz neoliberal se administra y se profundiza, penetrando profundamente el rol del mercado en las casas de estudios, constituyéndose como un pilar institucional. De esta manera aparece la universidad tecnocrática, supuestamente neutra, orientada a las necesidades del mercado, vinculada a las empresas y globalizada. Comenzando a perfilarse un sujeto demandante de esta universidad como un comprador de diplomas o títulos. La autonomía universitaria será sustituida por alianzas con empresas, con o sin fines de lucro, proveedoras de servicios educacionales; la investigación mayormente desaparecerá y el mérito de las becas estará asociado a los rendimientos demostrables dependiendo de la formación educacional recibida previamente y del capital social de origen familiar. Entonces debemos entender que la universidad es el punto crucial de la disputa cultural del siglo XXI,

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donde se enfrentará el desafío de disputar todos los lugares de reproducción y creación simbólica de la cultura. Asumiendo este desafío, nos vamos a encontrar con dos tipos de universidad: la neoliberal versus la universidad democratizada en resistencia, que se parte definiendo por lo que no quiere ser, y haciéndose partícipe de los procesos que están siendo percibidos en la sociedad. Es decir, se convierte en una institucionalidad universitaria que pretende marchar al margen de las racionalidades dominantes del neoliberalismo, buscando reinterpretar de manera colectiva por sus estamentos la función educativa, organizando mancomunadamente su derecho a construir su proyecto educacional. Por lo cúal, bajo el paradigma de la educación como un derecho, debemos entender que debe existir una hegemonía del sector público, no de universidades tradicionales ni privadas, sino que de universidades que materialicen la función pública de la educación, para eso debemos redefinir lo “público” que no se acota al régimen patrimonial. Debemos recuperar la educación pública con gratuidad universal y un Estado garante, por lo tanto: PROPUESTA: Nuestras instituciones deben ser parte de un programa nacional de educación superior, con una política de reducción de aranceles, eliminación del lucro efectivo, generación de universidades complejas con mecanismos que busquen corregir las brechas sociales con las cuales ingresan sus estudiantes y no simples aparatos ideológicos del sistema dominante y como tal reproductoras del sistema de clases. Esto se hace con una universidad democrática, es decir comunitaria, constituida por sus estamentos y movimientos sociales interesados en construir proyectos culturales humanizantes sosteniéndose en el propio movimiento social, contribuyendo al cambio por medio de la transformación de la política universitaria que a la vez contribuya al desarrollo cultural necesario para un cambio social. Esto se debe, a que la universidad es uno de los pilares de la sociedad que aporta al depositario del conocimiento colectivo y a la

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reproducción de nuestra cultura. Por lo mismo, esto constituye una universidad pública, la que no debe tener vinculación con el medio, sino que debe estar inserta en la comunidad para que pueda ser una herramienta de la transformación. Esto supera el fetichismo de exclusivamente lo estatal y reivindica la democratización, de pensar que sólo con el cambio de dominio las lógicas de la educación de mercado se acaban, puesto que bajo un Estado Subsidiario, la mayoría de las universidades actuales del Estado, se encuentran abandonadas, obligadas al autofinanciamiento y a las lógicas de mercado. A este programa nacional de educación superior y a la Universidad comunitaria, les denominamos “Nacionalización de las universidades”, esto es, que desde un punto de vista económico, financiero-administrativo el Estado —garante de derechos— se ocupe de otorgar a las universidades un propósito mediante su incorporación a un Plan Nacional de Educación de cargo de un Servicio Nacional de Educación que, someta a las instituciones a un sistema integrado de educación. Ahora bien, nacionalizar no implica necesariamente estatizar, esa respuesta no puede ser totalitaria sino que debe atender el caso a caso. La administración, es decir el gobierno y la gestión académica de cada universidad no se encontrará sometida al Estado, por el contrario, se debe reivindicar la plena autonomía de la comunidad universitaria, involucrando democráticamente en su dirección a todos los estamentos e inclusive a organizaciones sociales, científicas, culturales, etc. Será el pueblo chileno que con su conciencia actual y vocación de poder corregirá los vicios existentes y tolerados por la codicia y desidia. Esta propuesta significa gratuidad y la recuperación del necesario vínculo con la sociedad. De esta forma, se resguarda a los estudiantes y sus familias que se endeudan por poder educarnos en función de la última promesa que hizo este modelo de desarrollo, el de educarse y la movilidad social. Hay que vencer la idea de que el empresario pueda entrar en la educación, y hacerlo bien, ya que le hace daño a la generación y extensión de nuestra cultura, en la medida en que parámetros mercantiles no son propios de la esfera universitaria y en último término afectan porque atenta contra la excelencia académica. En este orden de ideas, la superintendencia que propone el Gobierno, no es más que burocracia estatal, puesto que no prohíbe a las universidades mantener vínculos comerciales con empresas relacionadas, en definitiva, no termina con el lucro, sino que busca “regular” esos nexos, permitiéndolos

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bajo ciertas condiciones. Este aparente y estéril intento regulatorio conlleva a la vez que la ley orgánica constitucional que establece que las universidades son “corporaciones sin fines de lucro” siga siendo letra muerta. En esta dirección, una superintendencia tiene sentido sólo para aquellos devotos del mercado, sus falsos criterios y mitos asociados, quienes a ultranza defienden o consideran un avance la “supervigilancia” de la industria de la Educación. Esto es criminal y da origen a la inmoralidad y a la corrupción. Todo lo anterior, es en términos globales, mirando al sistema actual de educación superior, pero yendo a casos como los de la Universidad del Mar, a pesar de lo inviable que suene, lo más correcto es pedir su estatización o en términos más reales un interventor estatal, puesto que más allá que los criminales sean sus dueños y autoridades, el responsable de la educación es el Estado, y es el que debe hoy en día garantizarla. De esta manera, permite aumentar la matrícula pública, con una universidad más del Estado y resguardar su comunidad universitaria, que no puede ser reubicada en su totalidad en las universidades estatales existentes, a lo más un porcentaje de los mismos y quien sabe en qué condiciones, pero si podemos tener la certeza que deberán seguir cargando su endeudamiento y quizás más, es así como se destruye una comunidad de estamentos, funcionarios, estudiantes, académicos, que son los llamados ahora a hacerse cargo del proyecto educativo como una universidad del Estado con vocación país. Sin embargo se debe ser muy tajante en avanzar en la demanda de gratuidad, primeramente en el sector estatal, hasta que no se elimine el lucro efectivo en el sector privado y estas universidades se democraticen siendo universidades comunitarias que velan por el bien colectivo, saliendo los mercaderes de la educación, y avanzando hacia un programa nacional de educación con universidades comunitarias, ya que es necesario que si entendemos que la educación es un derecho, la universidades públicas no pueden seguir estando a la deriva del mercado y obligadas al autofinanciamiento y al abandono estatal, por ejemplo la UTEM, es hora de que es el Estado se haga responsable. En este orden de ideas, tiene plena lógica los aumentos de los aportes basales en el sector del Cruch de la mano de la Triestamentalidad, y en el sector privado, regulación de aranceles en miras a los aranceles de referencia, prohibición de la publicidad, democratización, eliminación del lucro efectivo, es decir entrar al marco regulatorio que denominamos programa nacional de educación, antes de hablar de gratuidad.

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Recop ilac ión de entrevistas a

Gabr iel Bor i c , d iputado por

Magallanes .  

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El pasado 17 de noviembre fuimos testigos del primero diputado electo de Izquierda Autónoma, sin arrodillarse frente al binominal, fue capaz de doblegarlo obteniendo la primera mayoria en la región de Magallanes. Esta candidatura se sumó a la de Daniela López (Presidenta Feucen 2011-2012) por las comunas de Juan Fernández, Isla de Pascua y Valparaíso y Francisco Figueroa (Vicepresidente Fech 2010-2011) por las comunas Ñuñoa y Providencia, todas inscritas de manera independiente, recolectando firmas y compitiendo por fuera de los grandes pactos.

“Tenemos mucha satisfacción, nosotros en Izquierda Autónoma tomamos la decisión de competir por fuera de los grandes pactos, buscando la señal de que es posible construir una alternativa de izquierda, por fuera de la Concertación. Levantamos tres candidaturas, y si bien yo resulté electo, tanto Francisco como Daniela sacaron una muy buena votación. Estamos muy contentos porque realizamos una campaña donde le ganamos a representantes de la Concertación, de la derecha, del PRI, a independientes y obtuvimos la primera mayoría regional. Sentimos que no le debemos nada a nadie, pero tenemos una tremenda responsabilidad con la gente que apoyó nuestro proyecto, que tiene que ver con seguir potenciándonos a nivel regional y nacional y mantener esta autonomía que hemos ido forjando con grandes costos”, dijo Boric.  

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Esa responsabilidad de la que hablas, ¿cómo se verá reflejada en tus votaciones a partir de marzo?  

“La política es el arte de ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente, pero eso tiene como margen el que los principios no se transan, ese va a ser el lema que va a guiar mi conducta. Yo entiendo que para hacer grandes cambios no se necesitan llaneros solitarios o aventuras personales y que, por lo tanto, se requiere sumar convergencias. En ese sentido uno tiene que tener la humildad para saber que más allá de las diferencias que se tengan con alguna gente, hay muchas más cosas que se tienen en común. Hoy día voy a cumplir una labor de representación de carácter nacional y regional que hay que asumirla con la altura de miras que corresponde, estoy disponible para dialogar cuando sea necesario, pero manteniendo siempre mis principios y la autonomía que nos ha caracterizado en la Izquierda Autónoma.”

Y en ese diálogo, ¿dónde podemos ubicar tus semejanzas o diferencias con el pacto de la Nueva Mayoría?  

“Ahí conviven dos mundos que desde mi perspectiva son irreconciliables y eso se va a expresar en el próximo gobierno. En la Nueva Mayoría hay gente como René Cortázar que es representante del grupo Luksic, hay gente como José de Gregorio que declaró estar en contra de la gratuidad en la educación. Hay gente como Camilo Escalona que declaró estar en contra de una Asamblea Constituyente u Hosain Sabag y Daniel Farcas que tienen serios conflictos de interés en diversas materias de ley. Por un lado están esos poderes fácticos y por otro, gente como Fernando Atria que ha abogado por la Asamblea Constituyente, Claudio Sanhueza que ha defendido la educación gratuita, Carlos Montes que ha realizado un trabajo muy serio en la Cámara de Diputados y gente como Camila y Karol, que no me cabe duda van a estar por defender lo mismo que defendieron cuando eran dirigentes estudiantiles.”  

“Nosotros vamos a tener que ser capaces de tener un

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diálogo con ese mundo, presionar para que las ambigüedades se resuelvan en favor de lo que hemos planteado desde los movimientos sociales. Eso lo vamos a hacer desde una posición de autonomía, pero siempre con una perspectiva constructiva que creo que es lo que corresponde al rol que tengo hoy día.”  

¿Dónde explicas tus diferencias o semejanzas con los otros ex representantes del mundo estudiantil que llegaron al Congreso?  

“Las diferencias tienen que mantenerse en el ámbito de lo político, por lo tanto, yo no voy a entrar en calificativos morales o en apreciaciones personales. Me parece que tanto Camila, Karol, Giorgio o yo respondemos a proyectos colectivos y no a aventuras personales, así voy a entender las diferencias que tengamos. Dicho esto, ellos han tomado una decisión que en lo personal y en lo colectivo como Izquierda Autónoma no compartimos, pero entendemos que es una alternativa legítima y por ende, pretendemos discutir con ella políticamente.”  

“Nuestra opción va a ser que mientras el gobierno de la Nueva Mayoría no corrija las ambigüedades que ha presentado respecto a temas, por ejemplo, fin al lucro sin apellido, la necesidad de una Asamblea Constituyente o una reforma tributaria en serio, nosotros creemos que no existen las condiciones para prestar un apoyo que sea como un cheque en blanco, nuestro mayor aporte de parte de la izquierda es poder mantener una postura crítica, estando dispuestos a dialogar.”  

¿Crees que con un eventual gobierno de la Nueva Mayoría se coopten las demandas del movimiento estudiantil ?  

“Por el hecho de haber llegado a la Cámara de Diputados no cambio ni mis actitudes, ni mis posturas políticas, por tanto, voy a seguir participando de todas las movilizaciones que

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me parezcan justas. Y cuando tuve la posibilidad de ser representante del movimiento estudiantil, siempre compartí como necesario que se mantuviera la autonomía. Yo no me siento representante del movimiento estudiantil, creo que atribuirse la representación del movimiento sería tremendamente arrogante. Espero poder ponerme al servicio del movimiento, pero en ningún caso atribuirme su representación.”  

“No me cabe la menor duda que las nuevas presidentas de las dirigencias, Naschla Aburman en la Feuc, Melissa Sepúlveda en la Fech, junto a Sebastián Aylwin que ganó la vicepresidencia, van a buscar un rol de incidir políticamente en los cambios que vengan. Nosotros como Izquierda Autónoma, uno de los compromisos que asumimos previo a la elección, fue que en la eventualidad de ser electos no legislar ninguna reforma educacional que no cuente con la participación y deliberación del movimiento social por la educación, esto es: estudiantes, trabajadores y profesores, y en esa línea yo me voy a mantener.”  

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Contradicciones y Dificultades  

“Hay una contradicción en torno a los principios que inspiran la reforma educacional y mi rol va a ser tratar de que todas esas contradicciones, todas las ambigüedades que existen en el programa de la Nueva Mayoría se definan en función de lo que ha planteado el movimiento social por la educación. Las nuevas autoridades “tienen que entender que han hecho una jugada que dificulta el proceso de reforma educacional para el cual se requiere generar las condiciones para que esta sea posible"  

“La pregunta que nos hacemos es: ¿con quién se va a hacer la reforma educacional?, con los sectores empresariales de la Concertación, con los que gobernaron 20 años o se va a hacer con el movimiento social que puso este tema sobre la mesa.  

 

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