“anÁlisis jurÍdico de los efectos del cese de...
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Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Quetzaltenango
“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS EFECTOS DEL CESE DE LAS
MEDIDAS DE COERCIÓN AL OTORGARSE CLAUSURA
PROVISIONAL”
TESIS
Erwin Salome Pérez Gómez
Carné 25-90
Quetzaltenango, marzo de 2012
Campus de Quetzaltenango
2
Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus de Quetzaltenango
“ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS EFECTOS DEL CESE DE LAS
MEDIDAS DE COERCIÓN AL OTORGARSE CLAUSURA
PROVISIONAL”
TESIS
Presentada a Coordinación de Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Por:
Erwin Salome Pérez Gómez
Previo a conferirle en el grado académico de:
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Los títulos de
Abogado y Notario
Quetzaltenango, marzo de 2012
3
Autoridades de la Universidad Rafael Landívar
del Campus Central
Rector
Vicerrectora Académica
Vicerrector de Investigación
y Proyección Social
Vicerrector de Integración Universitaria
Vicerrector Administrativo
Secretaria General
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Padre Carlos Cabarrús Pellecer S. J.
Padre Eduardo Valdés Barría S.J.
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Autoridades de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales
Decano
Vicedecano
Secretario
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Directora de Área Privada
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Directora de Postgrados
Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas
Directora del Bufete Popular
Directora de Proyectos y Servicios
Coordinadora Facultativa del
Campus de Quetzaltenango
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Lic. Raul Alfredo Pimentel Afre
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4
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Campus de Quetzaltenango
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Sub-Director de Campus y
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Asesora
Licenciada Aura Marina Gomez Hernández
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Doctor Josué Felipe Baquiax
5
6
7
Agradecimiento
A mis Centros Educativos:
Escuela Oficial Rural Mixta “Esther Marroquín Solórzano de Palacios”.
Colegio De la Salle.
Universidad Rafael Landívar, Facultades de Quetzaltenango.
A mis Maestros del Centro de Estudio, Investigación y de Acción Legal (CEIL) de
Quetzaltenango:
por la preparación que me brindaron previo a sustentar el Examen Técnico Profesional.
Al Organismo Judicial:
Por darme la oportunidad de trabajar y poder desenvolverme en el campo jurídico.
A mis Compañeros de Trabajo del Juzgado de Paz del Municipio de Aguacatán:
Licenciada Liliana Lorena López Chávez, Vilma Elizabeth de León de Hernández, Paulino
Leonel Mendoza Gómez y Hugo Lázaro Bulux Tzul, quienes se han convertido en parte
de mi familia.
A mis Padrinos de Graduación:
Licda. Aura Marina Gómez Hernández y Lic. Ulises Ixcot Xicará, por su amistad, consejos
y la ayuda que siempre me han brindado.
8
Dedicatoria
A Dios Creador:
Ni siquiera la Hoja de un árbol cae sin su voluntad.
A mis Padre:
Lucio René Pérez Hernández (+)
Marina Mercedes Gómez López (+)
Motivo de mi existencia terrenal, a quienes en la vida no tengo como agradecerles su
lucha constante hacia mi superación, por su amor, dedicación sacrificio, Dios les
recompensará todo ello, benditos sean por Siempre.
A mis Hermanos:
Carlos Efraín Pérez Gómez, Estuardo Pérez Gómez, Ingeniero Agrónomo Maynor René
Pérez Galindo, Ingeniero Forestal: Paulo Francisco Pérez Gómez con amor fraternal.
A mi Esposa:
Sheny Esmeralda Flores, por su incondicional apoyo cuando más lo necesité.
A mi Hijo:
Wesler Armando, por ser una parte fundamental en mi vida y que este logro sirva de
ejemplo para su vida.
A mis Abuelitos:
Salomé Gómez Martínez
Mercedes López
Trinidad Consuelo Hernández
Santos Pérez
Por el ejemplo que me brindaron de rectitud y honradez.
A mis Cuñadas:
Con aprecio.
A mis Sobrinos:
Por la ternura y alegría que han brindado a mi vida.
9
Índice
Pág.
INTRODUCCIÓN………………………………………………………........ 1
CAPITULO I.
1. PROCESO PENAL
1.1. Antecedentes………………………………………………………………… 3
1.1.1. El Sistema Acusatorio………………………………………………………… 3
1.1.2. Sistema Inquisitivo (o Inquisitorio)…………………………………………… 5
1.1. 3. El Sistema Procesal Mixto…………………………………………………… 7
1.2. Definición Proceso Penal……………………………………………………… 9
1.3. Regulación Guatemalteca……………………………………………………. 12
1.4. Finalidad………………………………………………………………………… 12
1.5. Principios del Proceso Penal Guatemalteco……………………………….. 15
1.5.1. Principio Acusatorio (Separación de funciones)…………………………... 16
1.5.2. Debido Proceso……………………………………………………………….... 16
1.5.3. Derecho a ser Juzgado por un Juez Natural……………………………….. 18
1.5.4. Derecho de Defensa…………………………………………………………… 19
1.5.5. Presunción de Inocencia……………………………………………………… 20
1.5.6. Exclusión de la Carga de la Prueba…………………………………………. 23
1.5.7. Favor Libertatis………………………………………………………………… 24
1.5.8. Favor Reí o Indubio Pro Reo………………………………………………… 25
1.5.9. Publicidad del Proceso………………………………………………………… 25
1.6. Etapas del Proceso Penal…………………………………………………… 30
1.6.1. Actos Introductorios…………………………………………………………… 30
1.6.2. Fase Preparatoria……………………………………………………………… 36
1.6.3. Fase Intermedia………………………………………………………………… 40
1.6.4. Fase del Juicio Oral y Público………………………………………………… 40
1.6.5. Recursos………………………………………………………………………… 41
10
CAPÍTULO II.
2. ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL
2.1. Antecedentes………………………………………………………………..... 42
2.2. Definición……………………………………………………………………….. 42
2.3. Principios………………………………………………………………………… 44
2.3.1. Oralidad…………………………………………………………………………. 44
2.3.2. Contradicción…………………………………………………………………… 44
2.3.3. Igualdad………………………………………………………………………… 45
2.3.4. Inmediación……………………………………………………………………. 46
2.3.5. Publicidad………………………………………………………………………. 46
2.4. Procedimiento………………………………………………………………….. 46
2.5. Sujetos Procesales……………………………………………………………. 47
2.5.1. Sindicado o Imputado…………………………………………………………. 48
2.5.2. El Ministerio Público…………………………………………………………… 49
2.5.3. Querellante Adhesivo………………………………………………………….. 52
2.5.4. Victima: Derecho a la Reparación Digna…………………………………… 53
2.5.5. Tercero Civilmente Demandado……………………………………………… 54
2.6. Objeto de la Etapa………………………………………............................... 55
2.7. Control Jurisdiccional de Plazos……………………………………………… 55
CAPÍTULO III.
3. ACTOS CONCLUSIVOS
3.1. Antecedentes………………………………………………………………... 57
3.2. Que se entiende por Actos Conclusivos………………………………….. 60
3.3. Clases de Actos Conclusivos………………………………………………. 62
3.3.1. Acusación y Apertura a Juicio………………………………………………… 62
3.3.2. Sobreseimiento………………………………………………………………… 62
3.3.3. Clausura Provisional………………………………………………………….. 63
3.3.4. Criterio de Oportunidad………………………………………………………… 63
3.3.5. Suspensión Condicional de la Persecución Penal………………………… 63
3.4. Actos Conclusivos Regulados en el Código Procesal Penal……………. 63
11
3.4.1. Acusación, Apertura a Juicio…………………………………………………. 65
3.4.2. Clausura Provisional…………………………………………………………… 66
3.4.3. Procedimiento Abreviado…………………………………………………….. 67
3.4.4. Suspensión Condicional de la Persecución Penal………………………… 68
3.4.5. Sobreseimiento………………………………………………………………… 69
3.4.6. Criterio de Oportunidad……………………………………………………….. 71
CAPÍTULO IV
4. CLAUSURA PROVISIONAL
4.1. Definición………………………………………………………………………. 73
4.2. Análisis Conforme al artículo 331 del código procesal penal…………… 73
4.3. Efectos…………………………………………………………………………… 78
4.4. Finalidad…………………………………………………………………………. 79
4.5. Situación del imputado………………………………………………………… 80
CAPITULO V
5. PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Conclusiones…………………………………………………………………… 96
Recomendaciones…………………………………………………………….. 97
Referencias Bibliográficas………………………………………………… 98
Anexos………………………………………………………………………. 102
12
Resumen
El presente trabajo de investigación, estudia lo relacionado a los efectos del cese
de las medidas de coerción al otorgarse la clausura provisional contenida en el
artículo 331 del Código Procesal Penal guatemalteco, y se busca establecer: ¿Es
necesario que se continué con las medidas de coerción decretadas contra el
imputado al momento de dictarse una clausura provisional y cómo garantizar la
presencia del imputado dentro del proceso penal que se le sigue?
Teniendo como objetivos, determinar si es positivo en el sistema de justicia
beneficiar al sindicado en un proceso penal con el cese de las medidas de coerción
al aplicarse la clausura provisional y establecer la necesidad de reforma del artículo
331 del Código Procesal Penal en cuanto a la vigencia de las medidas de coerción
y no el cese de estas al otorgarse la clausura provisional.
Al final en el presente trabajo de tesis, se concluyo que es necesario que exista una
reforma en la legislación procesal penal con el fin de que al momento procesal de
otorgarse una clausura provisional, las medidas de coerción no cesen, al contrario
continúen vigentes para evitar el peligro de fuga y obstaculización en la averiguación
de la verdad como fines supremos del proceso penal.
1
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se ha seleccionado el tema “Análisis Jurídico de los efectos del
cese de las medidas de coerción al otorgarse clausura provisional, como uno de los
actos conclusivos que se desarrollan en la etapa intermedia del Proceso Penal, la
importancia de esta etapa es muchas veces obviada por los sujetos procesales y por el
juzgador, los cuales consideran que se trata de un simple formalismo antes de elevar al
proceso para el juicio o debate. Sin embargo, el procedimiento intermedio es de una
importancia fundamental, en éste se decide si existen suficientes elementos para elevar
a juicio el proceso, y en segundo lugar, si el Ministerio Público estima que no existe
fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o
la clausura provisional por lo que es necesario determinar si es positivo en el sistema
de justicia beneficiar al sindicado en un proceso con el cese de las medidas de coerción
al aplicarse esta ultima y establecer la necesidad de reforma del artículo 331 del Código
Procesal Penal en cuanto a la vigencia de las medidas y no al cese de estas, para
garantizar el derecho de defensa tanto del sindicado como de la parte agraviada cuyo
bien o bienes jurídicos han sido violentados por la comisión de un delito. De lo antes
relacionado resulta la interrogante: ¿Es necesario que se continué con las medidas de
coerción decretadas contra el imputado al momento de dictarse una clausura
provisional y cómo garantizar la presencia del imputado dentro del proceso que se le
sigue? Para darle respuesta a esta pregunta, la investigación giro en torno a cuestionar
el artículo 331 del Código Procesal Penal actualmente vigente, determinando y
evaluando sus fallas y proponer los cambios o reformas al organismo en donde
legalmente corresponde realizarlos, resultado que se genero a través de consulta de
libros de diferentes autores nacionales y extranjeros, referencias electrónicas, análisis
de la legislación nacional aplicable, uso de la entrevista y encuesta como instrumentos
de recolección y registro de la investigación consistente en monografía de tipo jurídico
propositiva ya que se trata de cuestionar una ley vigente, para luego evaluar sus fallas
proponer cambios a las mismas o reformas legislativas en concreto. Por lo que se ha
hecho un estudio integral del Proceso Penal Guatemalteco abarcándose en el,
capítulo primero lo referente al Proceso Penal, definición, principios que lo integran,
2
etapas y su regulación legal, el capítulo segundo contiene lo referente a la etapa
intermedia, objeto, principios propios, control jurisdiccional de los plazos y los sujetos
procesales que intervienen, en el capítulo tres se desarrolla lo relativo a los actos
conclusivos del Proceso Penal regulados en el Código Procesal Penal, acusación,
solicitud de apertura de juicio, clausura provisional, procedimiento abreviado,
suspensión condicional de la persecución penal, sobreseimiento y criterio de
oportunidad y el capítulo cuarto que contiene el análisis especifico de la clausura
provisional, definición, efectos, finalidad y la situación en que se encuentra el imputado.
Actualmente en Guatemala existe una legislación procesal penal moderna derivado de
lo anterior se concluye que es necesario fortalecerla en el sentido que al momento de
otorgarse al imputado una clausura provisional dentro del proceso que se le sigue no
cesen las medidas de coerción que le han sido impuestas porque de esta manera no se
garantiza su presencia en la o las audiencias siguientes, siendo los efectos del artículo
331 del Código Procesal Penal Guatemalteco lo que esta creando una crisis en el
sistema de justicia porque de esta manera el proceso penal no esta respondiendo a las
legítimas pretensiones de la víctima o agraviado, poniéndolo en desigualdad de
condiciones con relación al imputado, por lo que se recomienda fortalecer al sistema
de justicia en forma integral y que el Estado de Guatemala dote al Organismo Judicial,
Ministerio Público como ente investigador y sus auxiliares como lo es la Policía
Nacional Civil de los recursos económicos para que estos entes realicen una
investigación completa, eficiente, recabando los medios de convicción necesarios y
útiles para el esclarecimiento de la verdad y que no por la falta de elementos de
convicción se vulneren los derechos de las víctimas y por otro lado para que estas
instituciones puedan proveerse de los medios y materiales científicos para procesar
escenas del crimen y levantamiento de cadáveres en lugares alejados, siendo también
importante mencionar que es fundamental que las víctimas, sus familiares y población
en general se involucren y participen de manera directa en el proceso penal y presten la
colaboración necesaria para que las autoridades puedan realizar una mejor
investigación y sus demandas se resuelvan con debida justicia.
3
CAPÍTULO I
1. PROCESO PENAL
1.1 Antecedentes
A lo largo de la historia, la humanidad ha conocido tres sistemas procesales: el
acusatorio, el inquisitivo y el mixto. Y la configuración de los principios, normas y
filosofía que cada uno de ellos comprende, se reflejan en dos etapas esenciales
comunes a cualquiera de estos tres modelos, la etapa preparatoria (investigación o
sumarial) y la del juicio (plenario o debate).1
Existen tres funciones fundamentales que se realizan en el proceso, éstas son: la
función de acusar, de defensa y de decisión. Si se imputa a una persona la comisión
de un delito, alguien tiene que hacer la imputación, es preciso concederle al
acusado la oportunidad de defenderse y rebatir la imputación que se le hace y,
resolverle su situación juzgándosele, e imponérsele una pena si es culpable, o
absolvérsele si es inocente.
1.1.1 El Sistema Acusatorio
Los antiguos pueblos germanos constituyen el ejemplo de un sistema acusatorio
ciento por ciento puros, un debate caracterizado por la prevalencia de la oralidad y
la publicidad.
La nota clásica del Derecho Germano antiguo lo constituye su sistema de
procedimiento acusatorio privado vinculado a un fuerte sentido subjetivo para el
control probatorio y a un procedimiento dirigido a encontrar la razón de alguna de las
partes en contienda por revelación de signos exteriores, es decir, en forma directa
antes que el fin de inquerir objetivamente la verdad histórica.
1 Jaurequi, Hugo Roberto. El debate en el Proceso Penal Guatemalteco. Maga Terra Editores. Guatemala 2003.Pág.
15.
4
El tribunal era una asamblea popular compuesta por personas capaces para la
guerra, el procedimiento era oral, público y contradictorio. Se invitaba al acusado a
dar respuesta al acusador quien tenía dos posibilidades. Admitir o negar. En el
primer caso venía pronto la condena, en el segundo se abría la causa a prueba por
acuerdo de las partes. El Derecho Germano no distinguió entre procedimiento civil y
el penal. Toda infracción se tomaba como quebrantamiento de la paz comunitaria.
El nacimiento y desarrollo del sistema procesal acusatorio se ha asociado con
regímenes políticos de orientación democrática, en los que la relación ciudadano-
estado marca el respeto a las libertades mínimas del individuo y el pueblo con su
participación e iniciativa asume función relevante en la discusión de las cuestiones
judiciales.
Este sistema se determinas de la siguiente forma:
a) El debate se caracterizó por la prevalencia de la oralidad y la publicidad.
Los tribunales se integraban por ciudadanos honorables y prominentes de la
localidad. (Esto instituye el sistema de jurados).
c) Se consideró que la mejor forma de juzgar consistía en la existencia de dos
partes: una que llevara la acusación y la otra que llevara la defensa.
d) El juez, asamblea o jurado popular, debía encontrarse como un sujeto supra-
ordenado con el máximo de imparcialidad para poder examinar las contrapuestas
posiciones de las partes.
e) Se busca la igualdad de las partes.
f) El juez no debe tener iniciativa en la investigación.
g) Debía de existir acusación en los delitos públicos; acción popular y en los delitos
privados debía de ser el perjudicado u ofendido.
5
h) En relación con los principios de procedimiento debía ser: proceso oral, público,
contradictorio y continuo.
i) La prueba se valoraba según la íntima convicción.
j) La sentencia produce eficacia de cosa juzgada.
k) Por último, en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado, es la
regla general.
1.1.2 Sistema Inquisitivo (o Inquisitorio)
El sistema inquisitivo de procedimiento penal computa seis largos siglos de vigencia en
Europa Continental. Siglo XIII a XVIII. El siglo XIX trae su desaparición total, al menos
en el Continente Europeo, pero su paso dejo una estela que aun se cobija en el
procedimiento actual.
El desarrollo del procedimiento inquisitivo es resultado del cambio político sustancial. La
pugna en las postrimerías de la edad media entre los señoríos locales (poder feudal)
con el poder del monarca. Este buscaba reunir las diferentes comarcas a su dominio y
con ello usufructuarlas bajo una única forma de organización política central. Triunfa el
rey y con ello se abre paso a la creación de los Estados nacionales que a la fecha
permanecen como idea cultural, y al sistema de organización política que se ha
denominado: Absolutismo o Monarquía Absoluta.
La base del sistema político fue la concentración de todos los atributos de la soberanía:
legislar, juzgar y administrar en un poder central el monarca consustanciado con el
mismo Estado.
Dentro de las características del sistema inquisitivo se encuentran las siguientes:
a) Es un sistema que nace con la caída del imperio Romano y el fortalecimiento de
la Iglesia Católica; (Derecho Canónico).
6
b) Se establece la búsqueda de la verdad como fin principal del proceso penal y
como medio para obtenerla, la confesión que se sitúa como la reina de las pruebas,
al lado de los documentos públicos que hacen plena prueba.
c) Se configuran reglas de apreciación obligatorias para todos los funcionarios
judiciales, señalándose qué hace y qué no hace prueba. Es decir, que la prueba se
valora conforme a un sistema legal y la ley da el valor que debe asignársele.
d) Se privilegia la fase de investigación o sumario y el debate queda relegado a un
mero acto formal, el pronunciamiento de la sentencia.
e) El juez debía de ser magistrado o juez permanente. Procedía de oficio a la
investigación de un delito y que este funcionario lleva a cabo la instrucción y
subsiguiente acusación.
f) Los principios del proceso son: secretividad, escrito, y no contradictorio.
g) Se considera al inculpado como la mejor fuente de conocimiento de los hechos, e
incluso se le puede obligar a declarar, aun usando medios coactivos.
h) Posteriormente el juez formulará la decisión definitiva, condenando o
absolviendo al inculpado.
i) Según el autor citado, se consideraría como una estructura no procesal, auto
tutelar del Estado.
j) En relación a la sentencia, no hay cosa juzgada.
k) Y en relación con las medidas cautelares, el estado de prisión es el criterio
general.
7
1.1.3 El sistema Procesal Mixto
Este sistema fue adoptado por los países hispanoamericanos, en el cual se combinan
las características del sistema acusatorio y del inquisitivo.
La Monarquía cuando estaba próxima a ser derrumbada (1,788), por el descontento
popular y la influencia de los filósofos del iluminismo, sometió a revisión y reforma el
sistema de la ordenanza francesa de 1,670. Resultado de esos cambios, es la abolición
de la tortura como medio para obtener la confesión y para descubrir a los cómplices; las
sentencias deben ser motivadas, se necesitará de tres votos para imponer pena de
muerte y el acusado declarado inocente será reparado en su honor mediante la
publicación de la sentencia. Para consumar esta tarea, los espíritus selectos de Francia
son llamados a colaborar en la reforma y sus recomendaciones significan para el
enjuiciamiento criminal puntal de progreso. Se propugna por la publicidad del juicio, la
implantación del juicio oral ante jurados como el ingles, igualdad de atribuciones entre
acusación y defensa, asistencia técnica al acusado desde el momento de su detención,
abolición de la tortura y juramento de los acusados, interrogatorio dentro de las
veinticuatro horas cuando el imputado se encuentre detenido, proponer prueba a su
favor, posibilidad de ser dejado en libertad bajo caución, abolición de la competencia de
la Justicia Escolástica.
En este estado encuentra la revolución francesa el procedimiento criminal y la
asamblea constituyente a prisa modifica la ordenanza de 1670 con intención transitoria
para evitar los abusos más graves. No existirá excusa para iniciar aunque sea
provisionalmente la reforma. La misma revolución, pictórica del contenido más profundo
que registra la historia universal incitaba a la reforma del proceso en su esencia, la
nueva concepción del hombre cuyos derechos proclamaba, así lo imponían.
La primera Reforma de octubre de 1789, modifica la ordenanza de 1670. Los actos
iniciales del proceso son secretos, trabajando el juez con adjuntos hasta que el
imputado haya asistido por defensor que debe ser nombrado de oficio por el juez bajo
pena de nulidad desde el interrogatorio, se prosigue el juramento del indagado; el
8
procedimiento extraordinario solo es dispuesto por tres jueces; se garantiza la defensa
aunque el procedimiento sigue siendo escrito. Después cuando la asamblea analiza a
profundidad, se encuentra frente a dos sistemas: el histórico acusatorio que rigió en
Grecia y en ese momento regía en Inglaterra y el inquisitivo en la ordenanza de 1670.
De modo que las primeras discusiones que se realizan en la Asamblea ponen frente a
frente a los partidarios del jurado, de las pruebas morales y del procedimiento oral y a
los defensores de los jueces permanentes, de las pruebas legales y del procedimiento
escrito. Sólo algunos sospecharon que éstos principios aunque diferentes, podían tener
recíprocos puntos de apoyo, y aun reducidos a ciertos límites prestarse fuerza mutua.
Esta la ultima forma de conciliación a la que finalmente se llego pero en poca medida.
En tanto el procedimiento ingles se desarrollaba frondoso en credibilidad porque se
nutria y satisfacía las demandas del recién surgido espíritu, la incorporación del jurado
de acusación y de juicio; el debate se realiza en forma oral, público y contradictorio. La
fase inquisitiva es reducida a una formación preliminar, escrita y relativamente secreta
que es tan solo antecedente para el pase a juicio porque no puede ser incorporada al
debate definitivo.
Las características mínimas que pueden señalarse con las siguientes:
a) Se tiene función dividida en cuanto a que existe una entidad que acusa, una que
defiende y una que juzga.
b) Se tiene una fase escrita en general (preparatoria).
c) Se tiene una fase oral (debate).
d) El sistema de valoración de la prueba, es la íntima convicción.
e) El juez tiene aún iniciativa en la investigación.
f) Existe acusación en los delitos públicos; y en los delitos privados debía de ser el
perjudicado u ofendido.
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g) En relación con los principios de procedimiento existe la oralidad, publicidad,
contradictorio.
h) La sentencia produce eficacia de cosa juzgada.
i) Por último en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado, es la regla
general.
j) El juez debe ser magistrado o juez permanente.
k) En cuanto a los principios del proceso, algunas partes se mantienen en secretividad,
y por escrito.
1.2. Definición Proceso Penal
Desde el punto de vista institucional, estudiando desde el ordenamiento jurídico penal y
la función judicial del estado, el proceso penal es un instrumento jurídico necesario
normado en la Constitución Política; “toda persona es inocente mientras no se haya
declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada”. Articulo
14 de la Constitución Política. “no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las
acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penados por ley
anterior a su perpetración “. Articulo 17 de la Constitución Política.
Esta disciplinado el proceso penal por el Código Procesal Penal que dicta el Congreso
de la Republica. Es consecuencia de un sistema que se compone de una construcción
especial predispuesta para administrar justicia en cuanto surja la sospecha de que se
ha infringido la ley penal; una estructura instrumental que crea el legislador para
descubrir la verdad sobre el supuesto hecho delictivo y para actuar en concreto la ley
penal.
El proceso penal es garantía de justicia para la sociedad y los individuos, es esta su
función política, no se concibe como instrumento de represión, ni medio de defensa
10
para que el individuo defienda su libertad y derechos o pruebe su inocencia, estas
creencias no son correctas, sin perjuicio que se reconoce su derecho de tutela de los
intereses colectivos y de los individuos.
El Derecho Penal Material o Sustantivo describe que acciones u omisiones son punibles
y señala también las penas. De la legalidad. Artículo 1 Código Procesal Penal
establece: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados,
como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas
que no sean las previamente establecidas en la ley. Por eso se establece en la teoría
del delito que, delito, pena y proceso, son rigurosamente complementarios; excluido
uno, no pueden subsistir las otras dos; no hay delito sin proceso, ni pena sin delito. Y es
por ello que atraves del proceso se determina la existencia del delito y por ende la
aplicación de la pena.
El proceso penal tiene como fin saber si ha habido delito y si corresponde una pena
para actuarla. La noticia criminis pone en movimiento al órgano jurisdiccional (actividad
judicial), y crea en los órganos correspondientes la obligación de proceder. El
procedimiento empieza siendo una obligación con la que puede confirmarse o
desvanecerse la apariencia de hecho criminal. En este momento nace el deber del
órgano estatal competente, el ministerio publico de ejercitar la acción penal, que tiene
plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los
delitos. Articulo 8 del Código Procesal Penal.
La definición del Derecho Procesal Penal ha sido una institución en constante evolución
pues va de la mano con los principios, teorías y normativas que inspiran la facultad de
castigar (ius Puniendi) que tiene el estado. Es por ello que a continuación se presentan
dos que han sido elaboradas por destacados procesalistas en materia penal.
“… rama del orden público interno de un Estado, cuyas normas instituyen y organizan
los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los
actos que integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o
11
medida de seguridad penal, regulando así el comportamiento de quienes intervienen en
el “ 2
“…el derecho procesal penal es la ciencia que estudia, sistemáticamente, el conjunto
de principios y normas referidos a la actividad judicial que se cumple a través del
proceso, dirigida fundamentalmente a la efectiva realización jurisdiccional del orden
jurídico penal, organizando la magistratura penal con especificación de las respectivas
Funciones y estableciendo los presupuestos, modos y formas del trámite procesal”. 3
Por lo anteriormente indicado el proceso penal: es el conjunto de normas jurídicas de
naturaleza pública realizadoras del Derecho Penal, que reglamentan las atribuciones y
la actividad que en general despliegan las tres fuerzas (juez – como autoridad decisoria,
acusador – Ministerio Publico y el imputado), que actúan para dar vida y equilibrio al
proceso, para la realización de la justicia, apoyándose en una misma base y
dirigiéndose a un mismo resultado como lo es producir una sentencia, cuya cuna es el
poder del estado dirigido a la aplicación de la ley penal de quien resulte penalmente
responsable. Por otro lado el proceso penal crea una multiplicidad de mecanismos para
la solución de conflictos penales tales como la conciliación, Criterio de oportunidad,
Juicio de faltas, Procedimiento abreviado, Juicio por delito de acción privada, Juicio
para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, Procedimiento
especial de averiguación etc. Atendiendo a factores tales como: la gravedad del delito,
características de la persona imputada, perjuicios causados, bienes jurídicos afectados,
entre otras circunstancias relevantes, siendo evidente que en estas circunstancias la
tarea esencial de sus factores, será buscar la mejor solución posible, eligiendo el
procedimiento mas adecuado para cada caso, permitiendo de esta manera que tanto
los derechos de las victimas como la de los agraviados e imputados queden
debidamente protegidos.
2 Programa de Justicia. Modulo Instruccional Procesal Penal I Guatemala. Marzo 2001. Pág. 31
3 Ibid, Pág. 31
12
1.3. Regulación Guatemalteca
El proceso Penal Guatemalteco se encuentra regulado esencialmente por las normas
contenidas en: a) La Constitución Política de la República de Guatemala; es
imprescindible partir de la norma Constitucional, por razones legales, teóricas y
metodológicas. Toda norma ordinaria- Código penal, Código Procesal Penal, se aplica
estableciéndose previamente que ésta es coherente con la norma Constitucional b)
Convención Americana Sobre Derechos Humanos: El artículo 46 Constitucional es en
esta vía que se trae al ámbito jurídico nacional la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, por razón que estas resoluciones en las que se
interpreta y aplica la Convención Americana sobre derechos humanos son vinculantes
para Guatemala. c) Declaraciones, convenios, pactos y otros sobre Derechos
Humanos: Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de
Derechos Humanos, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención
contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convenio
No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales. d) Código Procesal Penal: decreto número
51-92 del Congreso de la República de Guatemala en el se establecen procedimientos
ágiles y eficientes para que los operadores de la justicia realicen sus funciones con
oportunidad, en plazos razonables, de manera transparente y expedita. e) Leyes
penales especiales: Ley reguladora del procedimiento de extradición, Ley en materia
de Antejuicio, Ley de Armas y Municiones, Ley contra la Narcoactividad, Ley contra el
lavado de dinero y otros activos, Ley contra la delincuencia organizada, Ley para la
protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia
penal, Ley contra la defraudación y contrabando aduaneros, Ley para prevenir y
reprimir el financiamiento del terrorismo, Ley contra la violencia sexual, explotación y
trata de personas Ley de Amparo exhibición Personal y de constitucionalidad: decreto
número 1-86 del Congreso de la República de Guatemala.
1.4. Finalidad
Para que la pena pueda ser impuesta previa determinación de la culpabilidad y la
declaración como autor responsable, el estado acciona buscando investigar el delito,
estableciendo la persona del imputado y medir su responsabilidad. Esto es lo que
13
llamamos fines del proceso que tiene por objeto
a) La averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en
que pudo ser cometido.
b) El establecimiento de la posible participación del sindicado.
c) El pronunciamiento de la sentencia respectiva.
d) La ejecución de la misma. Este artículo fundamenta el fin del proceso penal.4
e) Conforme el artículo 1 del Decreto Número 7-2011 del Congreso de la República de
Guatemala que reforma el artículo 5 del Código Procesal Penal la Víctima o el
agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial
efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe
responder a las legítimas pretensiones de ambos.
Además los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los
procesos penales, decidir y ejecutar sus resoluciones.
El fin que institucionalmente prevalece para el proceso penal es el de la realización del
derecho penal material. La realización del tipo penal de que se trata en el caso concreto
produce la relación jurídica sustancial que da origen a la pretensión punitiva que llega al
proceso con el ejercicio de la acción penal.
Da así el proceso, la posibilidad jurídica que la sanción punitiva venga a ser o se
transforme en el derecho subjetivo del estado cuando la sentencia declare que el autor
responsable debe cumplir una pena. Tenemos entonces que los fines específicos del
proceso son medios que buscan la consecución del fin general inmediato, lo que vale
tanto como decir: para la aplicación de la ley penal al caso concreto.
4 Figueroa Sarti. Raúl. Código Procesal Penal Quinta edición. Guatemala, F y G editores. 1999
14
Los fines específicos pueden reducirse a los dos siguientes
a) investigación de la verdad efectiva, material e histórica.
El elevado interés público que inspira o mueve el proceso penal plantea una exigencia a
la satisfacción de la cual debe proveer este lo más eficazmente posible: la realidad de
los acontecimientos que son el contenido del hecho del proceso deben aparecer
integra, genuina y sinceramente, sin manipulaciones ni restricciones.
El esfuerzo por la verdad, la búsqueda de la verdad del hecho debe preocupar en el
proceso, debe dominarlo. También es de interés público el que los delincuentes sean
castigados y los inocentes absueltos sobre la base de lo que han cometido. De lo que
han tenido voluntad de hacer.
Este fin específico del proceso lo regulaba el artículo 38 del Código Procesal Penal
derogado y establecía “el juez promoverá de oficio como sujeto esencial de la
investigación. Comprobará y establecerá los hechos buscando la coincidencia entre la
verdad histórica y la formal o jurídica y resolverá conforme a constancias procesales.
El juez era, investigador y juzgador a la vez. Actualmente la obligación corresponde al
Ministerio Público quien entre sus funciones según el artículo 2 párrafo I. de la ley del
Ministerio Público. Debe investigar los delitos de acción pública y promover la
persecución penal ante los tribunales….la verdad de los hechos la declararan los jueces
de sentencia. Articulo 389 numeral 3 del Código Procesal Penal.
b) individualización de la personalidad del justiciable.
Este fin se resuelve en un método. El proceso penal obtiene su resultado final en la
declaración de inocencia o de peligrosidad para la imposición de una pena o una
medida de seguridad frente a un sujeto al que se le imputa un delito o falta. Articulo 389
numerales 3, 4, y 5. Para el caso son necesarias investigaciones tendientes al
15
descubrimiento de la personalidad del reo.
La personalidad del justiciable debe ser examinada por peritos (artículos 226 del
Código Procesal Penal) y de manera estricta en los puntos que señale el Ministerio
Público o el tribunal, es decir, con pleno respeto a los derechos humanos, recogidos en
la Constitución Política de la Republica, Articulo 16 del Código Procesal Penal. Articulo
2 numeral 4 de la ley del Ministerio Público.
1.5. Principios del Proceso Penal Guatemalteco
El desarrollo de la sociedad lleva en un momento a transferir al individuo a su grupo
parental más cercano a una instancia política central al Estado. Es decir, la venganza
privada que consistía en la realización física contra el autor de la agresión; o sea que
realizaba lo que hoy conocemos como acción procesal o lo que practica el Ministerio
Público: la persecución penal.
Esta acción la planteaba más en principio el ofendido o su pariente más cercano a
quienes correspondía la acción privada y cuando la ejercitaba el ciudadano era la
acción popular con ello, quedaba proscrita la venganza y la función penal viene a ser la
facultad y deber del estado de perseguir a la delincuencia ya sea previniendo o
deteniendo a los imputados para someterlos a proceso- la represión se convierte en
reacción estatal normada por el derecho o sea que viene a ser función esencial del
estado.
A partir del siglo XVIII se crea el estado de derecho el que declara varios derechos
dirigidos a la protección de los ciudadanos, tal como la protección contra el empleo
arbitrario del poder penal. El ordenamiento jurídico penal es el medio para proteger a la
sociedad y al individuo y los elementos básicos de la conducta represiva, razón por la
que son necesarios los principios básicos del ordenamiento jurídico penal prescritos en
la Constitución Política de la Republica de Guatemala.
16
Estos principios se convierten en valores que son el vértice de nuestro ordenamiento
jurídico cuyo centro es la persona que se cubre con la mano del orden jurídico nacional
que figuran con rango superior a la propia potestad del estado y en derecho penal a la
propia realización (persecución penal) del derecho penal y su eficacia.
En la Constitución Política de la República de Guatemala, se establecen los principios
básicos de un proceso penal, se configura un sistema procesal con tendencia
acusatoria.
1.5.1. Principio Acusatorio: (Separación de funciones)
Se fundamenta en la separación de funciones del órgano jurisdiccional y del Ministerio
Público, órganos básicos dentro del proceso penal correspondiéndole al Ministerio
Público, el ejercicio de la acción penal pública el acusado y su abogado defensor: les
corresponde ejercer el derecho de defensa y velar por el cumplimiento del debido
proceso legal al Juez o tribunal: les corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado. Este
último actúa como órgano suprapartes, debe resolver conforme la acción y pretensión
ejercitada con absoluta independencia e imparcialidad. A partir de la existencia de la
separación de funciones, desde el punto de vista constitucional se garantiza la no
intromisión del órgano Jurisdiccional en tareas propias de investigación y de
persecución penal y en consecuencia se reafirma y se garantiza su independencia e
imparcialidad.
1.5.2. Debido Proceso
Se integra por un conjunto de derechos, todos íntimamente ligados y complementarios,
cuya observancia absoluta implica la consideración de que el juicio realizado fue justo.
Estableciéndose en el articulo 4 del Código Procesal Penal que nadie podrá ser
condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia
firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de
este código y a las normas de la constitución, con observancia estricta de las garantías
17
previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado” 5
Quien resulta perseguido en el proceso penal como consecuencia del ejercicio de la
acción y aun de los actos que preparan su persecución, puede permanecer detenido de
tal manera que el artículo 259 del Código Procesal Penal establece: “Se podrá ordenar
la prisión preventiva, después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la
existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el
sindicado lo ha cometido o participado en él, la libertad no debe restringirse sino en los
límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el
proceso”
Siendo los presupuestos básicos para que se aplique la prisión preventiva: la existencia
de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo que
cometido o participado en él.
La prisión preventiva al igual que las medidas de coerción contenidas en el artículo 264
del Código Procesa Penal Guatemalteco las dicta el juez contralor de la investigación
en forma legítima haciendo uso de su independencia judicial y que se den los
presupuestos establecidos en el articulo 262 y 263 del código procesal penal tomando
la decisión el juzgador con base a las evidencias presentadas por el ministerio publico
que acrediten los presupuestos relacionados, caso contrario podría aplicarse cualquiera
de las medidas sustitutivas reguladas en el articulo 264 del código procesal penal, no
olvidando que la finalidad de la prisión preventiva en el Proceso Penal Guatemalteco
es fundamental ya que a través de ella se somete a proceso al imputado de manera
forzada y se tiene información de que, de no resolverla, el sindicado podría evadir el
proceso que se le sigue, fugándose u ocultantadose perjudicando el esclarecimiento de
la averiguación de la verdad, o destruyendo, modificando, ocultando, suprimiendo o
falsificando algún elemento de prueba, influyendo para que los coimputados, testigos o
peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente.
5 Calderón Paz, Carlos Abraham. Constitución Política y Derechos Humanos Aplicados Al Sistema Penal
Guatemalteco. Centro de Estudio, Investigación y de Acción Legal. Guatemala. 2009. Pág.119
18
Para el efecto deben observarse los siguientes principios básicos de aplicación no solo
de la prisión preventiva sino de cualquier otra medida de coerción.
Proporcionalidad: al delito y al riesgo o peligro que se trata de evitar.
Excepcionalidad: ya que implican restricciones a derechos fundamentales, no se podrá
aplicar en delitos menos graves, cuando los delitos no tengan prevista pena privativa de
libertad o cuando no se espera dicha pena.
Racionalidad: Se impone después de oír al imputado en su primera declaración
respecto del delito del que se le acusa, pues en el caso concreto existe la comisión de
un delito y motivos racionales suficientes para creer que la persona participó en su
comisión.
De lo anterior resulta que la prisión preventiva no es pena anticipada, se trata de una
de las medidas de coerción contenidas en el Código Procesal Penal Guatemalteco
que se le pueden imponer al imputado en su grado máximo y que tiene como finalidad
asegurar la presencia del imputado en el proceso que se le sigue y evitar el peligro de
fuga y obstaculización para la averiguación de la verdad.
Así mismo se encuentra regulado en el artículo 16 de la Ley del Organismo judicial el
principio del debido proceso, que se desarrolla como un derecho para el acusado,
empero, este derecho corresponde también a la víctima. Que significaría en este caso
especialmente, el derecho a una investigación inmediata de los hechos, así como a una
efectiva persecución penal para que se sancione a los victimarios.
1.5.3. Derecho a ser Juzgado por un Juez Natural
Este derecho se encuentra establecido en el artículo 12 constitucional; se vincula al
principio de legalidad penal que es bastante amplio; el cual se refiere al derecho que
tiene una persona a ser juzgado únicamente por un juez o tribunal competente
preestablecido legalmente. Esta garantía de ser juzgado ante juez natural, o sea ante
19
un juez existente con competencias jurisdiccionales conforme a la ley; en el caso del
proceso penal, las materias se han ido expandiendo puesto que dentro del Código
Procesal Penal se encuentran otras materias especializadas, entre ellas, Juzgados de
Narcoactividad, Juzgados de Delitos Contra el Ambiente, para conocer del juicio oral y
público en estos casos, Tribunales de Sentencia de las mismas materias. Esta división
de materia especializada se encuentra prevista en la ley desde la vigencia del actual
Código Procesal penal; sin embargo por razones de no tener el Organismo Judicial
presupuesto para implementarlos actualmente tenemos reunidas todas las
competencias, de tal cuenta que los casos se tramitan ante Juzgados de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y de Delitos Contra el Ambiente. Conforme al artículo 2
del Decreto Número 7-2011 que reforma el artículo 43 del Código Procesal Penal tienen
competencia en materia penal, jueces unipersonales de sentencia, Jueces de primera
instancia por procesos de mayor riesgo, Tribunales de sentencia por procesos de mayor
riesgo.
1.5.4. Derecho de Defensa
Este derecho se encuentra previsto en el artículo 12 Constitucional, constituye un pilar
básico del proceso penal, no existe un debido proceso si éste no garantiza una
adecuada defensa en juicio. De ahí que la Constitución Política de la República de
Guatemala señale que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Este
derecho, desde el punto de vista de la Defensa Técnica es una garantía irrenunciable,
puesto que en todo caso el juez está obligado a que se garantice. Si no puede pagar el
sindicado un abogado defensor de su confianza, el Estado debe proveer uno y para ello
está el Instituto de la Defensa Pública Penal. El derecho de defensa se divide en dos,
tenemos la defensa material que la realiza el propio sindicado si es que desea hacerlo,
en las oportunidades y en cualquiera de las fases del proceso, pudiendo intervenir
autónomamente y por otra parte tenemos la Defensa Técnica, que es la que realiza su
Abogado Defensor. Al respecto el Código Procesal Penal en el artículo 71 establece:
“Los derechos que la Constitución y este Código otorgan al imputado puede hacerlos
valer por si o por medio de su defensor; desde el primer acto del procedimiento dirigido
en su contra hasta su finalización. Se entenderá a una persona como posible autor de
20
un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución
penal que este código establece. Si el sindicado estuviere privado de su libertad, toda
autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca,
inmediatamente, los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este Código le
conceden”. En el mismo sentido, se regula en el artículo 8 Constitucional el derecho del
detenido al Abogado defensor en sede policial.
Por otra parte, en la ley se tiene claro que existen dos sujetos procesales, y que ambos
conforman el derecho de defensa.
El artículo 12 Constitucional establece que la defensa de la persona y sus derechos
son inviolables, al mismo tiempo refiere normativa en relación al debido proceso, esto
cuando indica que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido. De la relación de esta norma interpretamos que el derecho de defensa
es tan importante que forma parte esencial del debido proceso legal.
1.5.5. Presunción de Inocencia
La declaración de los derechos humanos del hombre y del ciudadano, como reacción
contra el sistema procesal, y el inquisitivo existente antes de la revolución francesa
estableció que: “presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado
culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para
asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley, (artículo 19). El
fundamento del contenido del artículo es evitar el rigor que no se justifica para
garantizar la ejecución y el sometimiento a detención. El imputado se considera
inocente, pero también por razones especiales es posible la detención. El artículo citado
es el antecedente de lo que luego se llamó “principio de presunción de inocencia”.
Este derecho se encuentra comprendido en el artículo 14 constitucional y puede verse
actualmente como una conquista de la defensa de los derechos humanos
fundamentales. El cual establece con claridad que se presume inocente a una persona
21
sujeta a procesal penal, mientras no se le haya declarado culpable en sentencia
debidamente ejecutoriada. Esta presunción obviamente constituye una ficción jurídica,
puesto que solamente le confiere un estado jurídico, lo que no significa que la persona
sujeta a proceso penal en verdad sea inocente, puesto que si esta siendo procesada
ésta ocurriendo todo lo contrario; existe en su contra sospecha razonable que justifica la
investigación y persecución penal, o al menos se considera sospechosa de participar en
el delito. Siendo que cuando a una persona se le haya condenado por un tribunal de
sentencia, mientras el fallo no este firme aún técnicamente ostenta su estado jurídico
de inocencia, porque dicha garantía, no mengua o decae en el transcurso del proceso
mientras éste avanza. Simplemente será culpable hasta que exista sentencia
condenatoria firme, entendiéndose por firmeza la descripción legal que al respecto se
encuentra prevista en el artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial.
De este principio surgen obligaciones para los órganos de investigación y persecución
penal, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, en todo caso para los órganos
jurisdiccionales de efectivamente tratar como inocente a una persona que se encuentre
sujeta a proceso penal, por lo que se entiende que aún cuando el Ministerio Público
tiene la obligación de intimarle, de acusarlo ante el juez correspondiente o Tribunal de
Sentencia y poner en crisis su estado jurídico de inocente debe observar en todo
momento un trato adecuado a su condición, tal como está previsto en la ley.
La determinación de la calidad de imputado tiene importancia para saber desde cuándo
y hasta cuándo el perseguido penalmente puede ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones que la ley le concede. Deja de serlo cuando concluye el proceso a través
de una sentencia condenatoria o absolutoria, aplicación de un criterio de oportunidad,
suspensión condicional de la persecución penal, sobreseimiento, o la sentencia de
mérito adquiere autoridad de cosa juzgada. Con ello desaparece la imputación, sea el
cierre del proceso, sea ante la liberación definitiva (absolución), sea por convertirse en
punición (condena).
22
Pero con relación a la clausura provisional la calidad de imputado no desaparece,
continúa vigente, porque en este caso no se esta terminando el proceso, los elementos
de prueba resultan insuficientes, por lo que el juez contralor indicará al Ministerio
Público los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que
deba realizarse la futura audiencia intermedia, es por ello que durante este lapso se
extiende la posibilidad de tener a la persona indicada como participe del hecho
delictuoso, porque la imputación existe como posible autor o participe de un delito en
cualquier acto de procedimiento dirigido a perseguirlo penalmente y perdura hasta la
sentencia firme, como consecuencia el imputado es un sujeto del proceso que tiene que
tener una participación activa desde el primer momento del proceso, hasta que exista
un acta de procedimiento dirigido en su contra esta a sido algo que se le ha reconocido
en el sistema acusatorio ya que cuando estuvo de auge el sistema inquisitivo, fue
considerado como un objeto de la persecución anulándose sus garantías.
El sistema procesal mixto actualmente vigente en Guatemala a través del proceso penal
a permitido mantener la custodia del interés social sin desmedro de la personalidad
humana, equilibrándolo con el interés del individuo.
Con estos alcances deben comprenderse la necesidad de intervención del imputado en
el proceso, si se quiere determinar con mas precisión la búsqueda de la verdad y la
justicia, siendo necesario que el imputado debe intervenir personalmente y soportar las
indispensables restricciones a su libertad, tanto personal como real, para impedirle que
entorpezca el normal desenvolvimiento jurisdiccional o de la actividad del órgano de la
acusación en la causa que se sigue en su contra es por ello que al dictarse una
clausura provisional, el imputado debe continuar ligado al proceso con alguna medida
de coerción contenidas en el articulo 264 del Código Procesal Penal Guatemalteco y no
necesariamente con prisión preventiva, pero si el juez considera que aun persisten el
peligro de fuga u obstaculización a la verdad pueda resolver que el imputado continúe
en prisión preventiva hasta que se lleve a cabo la audiencia señalada para el efecto y el
Ministerio Publico incorpore los nuevos elementos indicados por el juez contralor y no
quedar en absoluta libertad como actualmente ocurre que el sindicado al verse en esta
23
situación ya no comparece a la audiencia señalada como ha sucedido en casos como
por ejemplo de homicidios, evasión, violencia contra la mujer, ocurriendo que las
personas sindicadas burlen el sistema de justicia y por ende la desconfianza no solo de
los directamente afectados sino también de la sociedad en general.
La anterior propuesta se hace para que se cumpla con la finalidad del proceso penal de
la averiguación de un hecho señalado como delito, la participación del sindicado y que
la victima y el imputado tienen derecho a la tutela judicial efectiva.
1.5.6. Exclusión de la Carga de la Prueba
El primer beneficio que como consecuencia deriva del derecho a la presunción de
inocencia es crear una presunción legal iuris tantum, que actúa en su favor y por lo
tanto le excluye del deber de acreditar o probar su inocencia. La carga de la prueba
entonces se traslada a quien acusa. Le corresponde al Ministerio Público como órgano
de persecución penal probar la culpabilidad.
Sin embargo, tal presunción legal a su favor, admite prueba en contrario, que
efectivamente es uno de los objetivos esenciales del proceso penal. Probar que existe
delito y participación del procesado en el delito es la función esencial del órgano de
persecución penal. En la medida que éste no logra llevar certeza al juez o Tribunal de
Sentencia, la presunción de inocencia se mantiene incólume, pues por falta de certeza
positiva no sería posible imponerse una pena.
En el devenir histórico, ahora se encuentra incorporada la garantía de presunción de
inocencia a todas las constituciones nacionales y convenciones sobre derechos
humanos, pero esto no siempre fue así. En los sistemas inquisitivos sucedía todo lo
contrario, el acusado legalmente se presumía culpable, sin embargo se le daba
oportunidad para probar su inocencia. De tal cuenta que al comprenderla en su
verdadero sentido, debemos tener en claro que aún cuando a una persona se le haya
condenado por un Tribunal de Sentencia, mientras el fallo no este firme aún
técnicamente debemos cuidar que aún ostenta su estado jurídico de inocencia, porque
24
dicha garantía, no mengua o decae en el transcurso del proceso mientras éste avanza.
Simplemente será culpable hasta que tengamos una sentencia condenatoria firme,
entendiéndose por firmeza la descripción legal que al respecto se encuentra prevista en
la Ley del Organismo Judicial artículo 153 que establece: Se tendrán sentencias
ejecutoriadas:
a) Las sentencias consentidas expresamente por las partes;
b) Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado
por la ley;
c) Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado
improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono;
d) Las de segunda instancia, en asuntos que no admitan el recurso de casación;
e) Las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado o
declarado improcedente;
f) Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación;
g) Las demás que se declaren irrevocables por mandato de la ley y las que no
admiten más recurso que el de responsabilidad;
h) Los laudos, o decisiones de los árbitros, cuando en la escritura de compromiso
se hayan renunciado los recursos y no se hubiere interpuesto el de casación.
Las disposiciones de este artículo, rigen para los autos.
1.5.7. Favor Libertatis
Otra de las consecuencias de la presunción de inocencia es la utilización de la menor
coerción posible en contra del imputado, puesto que presumiéndose inocente, debe
tratarse como tal. Esto implica que toda medida cautelar tendiente a garantizar el
resultado del juicio debe aplicarse únicamente de manera excepcional, cuando sea
sumamente imprescindible para garantizar la efectividad del juicio: La utilización de la
coerción personal antes de la existencia de la sentencia firme de culpabilidad, afecta la
presunción de inocencia, la cual se agrava cuando ésta se excede más allá de un plazo
razonable. De manera que las medidas cautelares que impliquen restricción a la libertad
personal, tales como la detención y prisión preventiva, deben ser utilizadas de
conformidad a los principios de proporcionalidad, racionalidad y excepcionalidad.
25
1.5.8. Favor Reí o Indubio Pro Reo
Este derecho también surge en consecuencia del principio de presunción de inocencia,
de tal forma que para emitir una sentencia de condena el Ministerio Público debe llevar
al juez o Tribunal de Sentencia a la plena convicción de la existencia del delito y de la
culpabilidad del acusado. Esto significa que el órgano jurisdiccional debe tener certeza,
lo cual es el presupuesto jurídico para la sentencia condenatoria y por ende para la
imposición de la pena. De no existir certeza sobre el hecho y sobre la participación del
acusado en el delito, la sentencia debe ser absolutoria. Puesto que pudiera darse el
caso de certeza sobre la existencia del delito, pero solamente probabilidad de
participación del acusado en el hecho, este estado intelectivo no es suficiente para
imponer la pena. Una probabilidad positiva de participación implica también una
probabilidad negativa de participación, y si llego el momento de dictar sentencia y solo
se tiene esta probabilidad positiva, entonces genera una duda razonable a su favor y
conforme al principio de presunción de inocencia, en caso de duda, se debe favorecer
al acusado. Esta es la solución jurídica para resolver el caso cuando no se ha llegado al
punto de convicción denominado “certeza” que es lo único que legitima la imposición de
una pena. El artículo 14 del Código Procesal Penal, en su parte final expresamente
establece: “la duda favorece al imputado”.
1.5.9. Publicidad del Proceso
El segundo párrafo del artículo 14 constitucional, establece el derecho a la publicidad
de proceso, claramente indica que el detenido, el Ministerio Público y los abogados de
los interesados tienen el derecho a conocer personalmente en forma verbal y por
escrito de todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna
y en forma inmediata. Esta publicidad es la que en doctrina se denomina “publicidad
interna”, intrapartes, puesto que se refiere únicamente a las partes o propiamente a los
interesados dentro de un proceso, no así para ajenos o extraños al mismo. Según se
establece constitucionalmente el acceso es absoluto e ilimitado. Pero por otra parte
tenemos la publicidad externa del proceso, que se refiere a la necesidad de que no solo
las partes se enteren, sino de que la propia sociedad pueda conocer la manera en que
se resuelven los asuntos por los órganos oficiales del Estado. Esta participación social
26
se ha visto como parte de un sistema democrático de gobierno en donde se les permite
a los ciudadanos en general verificar el cumplimiento de la ley. El pueblo se constituye
en “juez de jueces”. Tiene el objetivo claro de transparentar la función de los órganos
que intervienen en la justicia.
1.5.a. Derecho al Silencio o Prohibición de Auto-Incriminación
Este derecho se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, constituye una
garantía para toda persona sujeta a proceso penal para guardar silencio si ese es su
deseo, porque también tiene el derecho de ejercer su defensa material y manifestarse
para ser oído, si también así lo considera. El acusado es quien debe decidir y para ello
hay que preguntarle y explicarle su derecho dentro del proceso penal. Esta norma
establece que en proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra
sí misma, ni contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus
parientes dentro de los grados de ley. Puede establecerse que esta norma protege la
intimidad de las personas y la cohesión familiar, la misma es ampliamente desarrollada
en el Código Procesal Penal cuando se establecen excepciones a la obligación de
declarar , según el artículo 212, no están obligados a prestar declaración:
1) Los parientes cuando sus declaraciones puedan perjudicar a sus familiares dentro
de los grados de ley; los adoptantes y adoptados, los tutores y pupilos recíprocamente,
en los mismos casos. Sin embargo podrán declarar, previa advertencia de la exención,
cuando lo desearen.
2) El defensor, el Abogado o el mandatario del inculpado respecto a los hechos que en
razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en reserva por secreto
profesional.
3) Quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de
confidencialidad legalmente prescrita.
4) Los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre lo que conozcan por razón de
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oficio, bajo secreto, salvo que hubieren sido autorizados por sus superiores.
1.5.b. Garantías Constitucionales Límites a la Búsqueda de Información
Son derechos constitucionales que funcionan como garantías limitantes de la
averiguación de la verdad, respecto a la investigación de delitos. Esta es una forma de
equilibrio y ponderación de los valores que el estado se ha propuesto darle protección.
Fijándose límites, pero en todo caso no son absolutos, sino son de aplicación relativa.
Así mismo se prevé la inadmisibilidad de la prueba obtenida de manera ilegal en
vulneración a estas reglas cuando se han excedido dichos límites en la búsqueda de la
información.6
1.5.c. Inviolabilidad de la Vivienda
En cuanto al artículo 23 constitucional que se refiere a la Inviolabilidad de la vivienda,
se establece como principio esencial, que la vivienda es inviolable; sin embargo puede
ingresarse a vivienda ajena sin permiso del propietario o de su mandatario con orden
de juez competente, regulándose que debe existir un motivo para la diligencia y debe
hacerse nunca antes de las seis ni después de las dieciocho horas. La protección de la
vivienda sigue desarrollándose en el Código Procesal Penal, que establece: Artículo
190. Allanamiento en dependencia cerrada. Cuando el registro se deba practicar en las
dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio, o en recinto
habitado, se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del
presidente si se tratare de un tribunal colegiado…”
La orden de allanamiento para la inspección o registro de una vivienda debe ser
fundada; en principio debe tenerse muy presente que la regla general es que la vivienda
es inviolable, o sea que solo excepcionalmente puede invadirse dicho ámbito
merecedor de protección. Podrá ordenarse, siempre que exista información suficiente
de la comisión de un delito, como presupuesto inicial y a continuación debe existir
información que razonablemente nos indique que en esa vivienda se encontrarán
6 Ibíd. Pág. 144
28
rastros, vestigios u objetos del delito, que nos lleven a su averiguación o a determinar a
sus partícipes, o porque en ese lugar se encuentra oculta una persona sujeta a proceso
penal rehuyendo una orden de detención.
1.5. d. Inviolabilidad de la Correspondencia, Documentos, Libros,
Comunicaciones Telefónicas, etcétera.
Se encuentra contenido en el artículo 24 Constitucional que establece a la inviolabilidad
de la correspondencia, documentos y libros, ocurre una situación muy parecida al de la
vivienda, puesto que en principio la correspondencia, documentos y libros de toda
persona es inviolable; empero, tal derecho no es absoluto; también puede invadirse
dicho ámbito mediante orden de juez competente y cumpliéndose con las formalidades
legales. Estas formalidades legales, en el caso de un proceso penal, tendría que ser
necesariamente la existencia de un delito y la necesidad racional de la obtención de la
correspondencia, documentos o libros para efectos de la averiguación del hecho o de
sus partícipes; pero también puede hacerse en el caso de existir otro tipo de obligación
legal, por lo que puede ordenarse una incautación dentro de un proceso administrativo,
civil, etc. El segundo párrafo del artículo en mención, indica que: “se garantiza el
secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas,
cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna”.
1.5.e. Registro de Personas y Vehículos
Contenido en el articulo 25 Constitucional, en el cual se establece: “Registro de
personas y de vehículos. El registro de las personas y de los vehículos, sólo podrá
efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa
justificada para ello. Para el efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán
presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados,
debiendo guardarse el respecto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas”.
En esta norma como en las anteriores, lo que se protege es el derecho a la intimidad,
además se busca evitar todo abuso de autoridad; en primer lugar se exige la existencia
de una causa justificada. Numerosas son las resoluciones judiciales que están de
29
acuerdo con que solamente podría ser utilizado este poder del Estado cuando se trate
de proteger bienes jurídicos de mayor entidad, tales como la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, puesto que la causa justificada debe consistir en un motivo de protección
o para salvaguardar un bien jurídico más importante; la existencia de un delito y la
persecución del delincuente ha sido considerada, de igual manera, causa justificada.
Fuera de estos casos mientras no exista una razón valedera referida a la protección de
un bien jurídico no habrá causa justificada.
1.5.f. Derecho de Petición
Este derecho se encuentra establecido en el artículo 28 constitucional, y se refiere al
derecho que tienen todas las personas de Guatemala de dirigir individual y
colectivamente peticiones a la autoridad; se refiere a cualquier tipo de autoridad, sean
del ejecutivo, legislativo y del Organismo Judicial especialmente este último ya que
Toda petición dirigida a los órganos jurisdiccionales debe ser atendida y resuelta de
conformidad a la ley; solamente pueden gestionar dentro de un proceso quienes se
encuentren legitimados, o sea solamente quienes manifiesten un interés directo en el
asunto. Especialmente en el proceso penal son sujetos procesales principales: El
Ministerio Público, el acusado y su defensor; además pueden existir sujetos
secundarios: querellante adhesivo, actor civil y tercero civilmente demandado. La Ley
del Organismo Judicial fija plazos para resolver la petición que al respecto se hace. El
derecho de petición obliga al juez o tribunal a responder dentro del plazo legal de
manera congruente a lo solicitado; siendo que el derecho de petición se fundamenta en
la libertad de acción, el juez esta obligado a resolver conforme a lo pedido, de
conformidad a la Constitución Política de la Republica de Guatemala.
1.5.g. Derecho a Recurrir el Fallo: (Doble Instancia)
Este derecho se encuentra establecido en el artículo 211 Constitucional- instancias en
todo proceso- no deben existir más de dos instancias; de manera que implícitamente se
está reconociendo el derecho a una segunda instancia, luego de que esta segunda
instancia sea resuelta aún cabe el recurso de casación. Constitucionalmente se tiene
claro que este último, no es considerado como una instancia. Sino como un recurso
30
extraordinario. El reconocimiento de este derecho guarda relación con lo establecido en
el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual refiere:
“Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.
1.6. Etapas del Proceso Penal
Generalmente todo Proceso Penal se estructura en cinco fases, a excepción de
procesos específicos; como el procedimiento abreviado, El procedimiento Especial de
Averiguación, El Procedimiento de Juicio por Delito de Acción Privada, y el
procedimiento de juicio por faltas, que por ser específicos tienen diferente estructura.
Siendo las fases del proceso penal guatemalteco:
1. Fase preparatoria
2. Fase intermedia
3. Fase del Juicio Oral y Público
4. Recursos
5. Ejecución de la sentencia.
1.6.1. Actos Introductorios
La serie de actividades que se aplican para establecer la existencia de un hecho
sancionable, la identidad de la o las personas que incurrieron en él, la deducción de su
responsabilidad y la imposición de una pena, en su caso, es lo que se considera como
proceso penal, con sus fases sobresalientes, correspondientes al procedimiento común
en el código procesal penal.
Así, los actos que componen el proceso penal se inicial con el conocimiento de una
acción u omisión que se estime punible. Es la noticia que se da sobre un hecho del que
hay obligación de investigar, de manera que se establece una relación entre sujetos
procesales, quienes han de probar sus afirmaciones y se concluya en una decisión de
mandato jurisdiccional.
Lo primero que debe de existir, es la comisión de un hecho que revista características
de delito, que éste sea conocido o puesto en conocimiento de la policía, del ente fiscal,
31
o del órgano jurisdiccional que puede ser un juez de paz o bien un juez de primera
instancia penal.
El proceso penal se inicia a través de los llamados Actos Introductorios (artículos 297 al
308 del Código Procesal Penal) tales como: la denuncia, la denuncia obligatoria, la
querella y la prevención policial. Ésta última puede contener la denuncia de un ilícito, la
aprehensión en flagrancia, o una aprehensión consecuencia de orden de juez
competente y pueden ser de acción pública, acción privada o acción pública de
instancia particular.
Los procesos por delitos de acción pública, en su mayoría se inician por denuncia o
prevención policial, donde se hace constar la aprehensión en flagrancia de conformidad
con el artículo 257 del Código Procesal Penal y muy pocas veces por querella o
denuncia obligatoria establecida en el artículo 298 del Código Procesal Penal.
1.6.1. a. Denuncia
Siendo un acto procesal unilateral, la denuncia consiste en que cualquier persona,
ofendida o no, hace uso del artículo 297 del Código Procesal Penal, en el cual se
establece que esta forma de comunicar un hecho criminal, puede ser de forma escrita u
oral, ante la Policía, ante el ente fiscal del Ministerio Público o ante un juzgado o
tribunal, pero es obligación identificar al denunciante. Se trata, pues, de la noticia
criminis que, en este caso, es el instrumento más adecuado para enterar a las
autoridades competentes de los delitos perseguibles oficialmente
Si se tratare de delitos de acción pública, pero que depende que inste el particular, el
segundo párrafo del artículo citado establece: “se procederá a recibir la instancia,
denuncia o autorización (los que requieren la autorización estatal) en los casos de los
delitos que así lo requieran”. También el artículo 31 del Código Procesal Penal,
preceptúa que cuando la acción pública dependa de gestión particular, el Ministerio
Público sólo podrá ejercitarla una vez, con respecto al hecho, se debe formular
denuncia o querella por quien tenga legitimación para hacerlo. (Salvo que cometan los
32
hechos en el ejercicio de su cargo, lo que convierte estos hechos en acción pública,
siempre y cuando el funcionario no goce de antejuicio.
La denuncia obligatoria, es un acto al que obliga el Código Procesal Penal a denunciar
cuando se conozcan actos que revistan las caracteres de delitos de acción pública y el
artículo 298 del Código Procesal Penal establece lo siguiente “denuncia obligatoria”:
Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con
excepción de los que requieran instancia, denuncia o autorización para su persecución,
y sin demora alguna:
1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de
sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar
secreto.
2) Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su
profesión y oficio, cuando se trate de delitos en contra la vida y la integridad
corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior;
3) Quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico
tuvieren a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes
o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos
cometidos en su perjuicio, o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto a su
cargo o control, siempre que conozcan el hecho como motivo del ejercicio de
sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la
persecución penal propia, del cónyuge, o de ascendientes, descendientes o hermanos
o del conviviente de hecho”.
Los estudiosos procesales han dividido la denuncia según la forma en que es legislada.
De acuerdo a la regulación del Código procesal penal, cabe la clasificación compuesta
33
de denuncia pública y denuncia privada. La pública, a su vez, admite subclasificación
en denuncia pública oficial y denuncia pública particular.
En general, la denuncia pública es la que comunica al órgano respectivo la comisión de
un delito y cuya finalidad es que se realice el debido proceso cuando el hecho sea
perseguible de oficio. Puede ser transmitida en forma verbal o por escrito y en tal
sentido va encaminado el artículo 297, ya que obliga a cualquier persona a poner en
conocimiento oficial los hechos ilícitos que presenciare o de los que de algún modo
conociere.
En cuanto a la denuncia pública oficial, o denuncia obligatoria que comprende el
artículo 298, es la utilizada por funcionario, autoridades o empleados públicos o
profesionales, en aquella clase de delitos, quedando exceptuados si el posible
denunciante va a ser perseguido o lo serían sus parientes consanguíneos, su cónyuge,
tal como lo indica el artículo mencionado. Se exceptúan los casos que necesiten
instancia, denuncia o autorización.
La denuncia pública particular, en la legislación comparada, se hace precisamente por
los particulares, pero también se refiere a los funcionarios públicos, como sucede en el
derecho Italiano, llamándose rapporto, siendo obligatoria, sobre todo cuando la
comisión del hecho se ha conocido en el ejercicio de un cargo, denuncia que encaja en
parte del mismo articulo 298, inciso 3), excepto si se trata de guardar secreto.
La denuncia privada es propia para ilícitos que se refieren a delitos que atenten contra
el honor, daños, etcétera, por ejemplo, acción que se conoce como privada, que, para
el artículo 474 del Código Procesal Penal, sólo procede mediante querella.
1.6.1. b. Querella
En planos históricos, la querella se llamó rancura, que significa rencor, siendo el
querellante un rancuroso, o sea quien tenía algún rencor que deseaba subsanar
judicialmente, y el término no era referido sólo a queja o querella, puesto que la rancura
34
era igualmente considerada como demanda en lo penal, y así pasó por varios cuerpos
legales españoles.
En efecto, en el fuero juzgo y en el fuero real, se encuentran, sin distinción, querella y
demanda en lo criminal. En el fuero viejo se tiene como demanda a la queja penal, de la
misma manera que la que contiene pretensiones civiles. Para las leyes de estilo, lo
mismo da querella que demanda, aunque se les llama también acusaciones. Algunas
otras leyes, como el fuero de Soria, sólo admiten el término querella y no fue sino con la
novísima recopilación que se llama demanda al ejercicio de la acción civil y querella al
de la acción penal, criterio diferenciador que ha prevalecido desde entonces.
La querella, como acto procesal unilateral por excelencia, consiste en, una declaración
de voluntad dirigida al titular del órgano jurisdiccional, por la que el sujeto, además de
poner en conocimiento la noticia de un hecho que reviste caracteres de delito o falta,
solicita la iniciación de un proceso frente a una o varias personas determinadas o
determinables y se constituye en parte acusadora en el mismo, proponiendo que se
realicen los actos encaminados al aseguramiento y comprobación de los elementos de
la futura pretensión punitiva y de resarcimiento en su caso, define fenech. 7
Es un acto de ejercicio de la acción penal, mediante el cual el querellante asume la
cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento.
Acto procesal de postulación, que le asiste al ofendido o a cualquier sujeto del derecho
con la capacidad necesaria, mediante la cual se solicita del órgano jurisdiccional
competente la iniciación del procedimiento y la adquisición del querellante de la
cualidad de parte acusadora.
Este es un acto que permite también la introducción de un proceso penal, y se
encuentra regulado en los artículos 302 y 303 del Código Procesal Penal, y en el
7 Fenech, Miguel. Derecho Procesal Penal. Editorial Laboral S.A. Barcelona, España. 1960. 3ª. Edición. Tomo I.
35
primero de éstos, establece que es un acto escrito, y con requisitos específicos
determinados en ocho numerales del mismo artículo. También establece que si se
presentará y falta algún requisito necesario, el juzgado o tribunal, no obstante debe
darle el trámite inmediato, también puede mandar o corregir los requisitos faltantes y si
el interponente de la misma no cumple con tales, puede archivarse el caso hasta que se
cumpla con lo requerido, salvo que se tratare de un caso de acción pública en el cual no
puede archivarse, sino debe conocerse.
Este acto introductorio, en general no se utiliza en los casos de acción penal pública,
caso contrario en el juicio de acción privada, donde si es obligatorio, según el artículo
474 del Código Procesal Penal que establece: “Quien pretenda perseguir por un delito
de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación, por si
o por medio mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente
para el juicio indicado (…)”.
1.6.1. c. Conocimiento de Oficio y La Prevención Policial
Cuando ocurre que los jueces de Paz o el Ministerio Público o la policía, sin
requerimiento de parte, tienen conocimiento personal o directo de la comisión de un
hecho sancionable, se dice que lo saben de oficio, obligándose a iniciar la averiguación,
practicando las diligencias que determinen el proceso.
El artículo 304 del Código Procesal penal establece. Los funcionarios y agentes
policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio, informarán
enseguida detalladamente al Ministerio público y practicarán una investigación
preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la
fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los Jueces de Paz en los
lugares donde no existan funcionarios del Ministerio público o agentes de la policía.
Esta forma de iniciación procesal penal, no debe confundirse con el principio de impulso
de oficio, que significa la prosecución procesal sin instancia de parte o a petición de
alguien. El inicio es distinto del trámite, de modo que sólo existe el acto originario del
36
proceso, en tanto que el impulso ex officio, ya desterrado en nuestro proceso penal,
implicaba sucesión de actos posteriores, que sólo podrá continuar el juez si para ello
fuera competente.
Prevención Policial: El artículo 305 del Código Procesal Penal, requiere que se haga un
acta en la que se establezcan las diligencias practicadas por el ente policial, día en que
se efectuaron circunstancias útiles para la investigación, constancia de las
informaciones recibidas en el momento de levantamiento de dicha prevención y firma
del oficial que dirige la investigación, así como por las personas que hubieren
intervenido en dichos actos o que hayan dado información sobre el mismo, si fuese
posible, lo cual aún no se cumple.
1.6.2. Fase preparatoria
Objeto: En relación al hecho
Esta etapa es la más larga del proceso, y muchas veces es la básica. Se define como
“un conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para
averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que
puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes asegurando sus
personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”.8 En Anteriores
legislaciones, el Ministerio Público como parte del proceso en el sistema inquisitivo, su
función era, inefectiva, puesto que la investigación y la actividad jurisdiccional
retrotraían el proceso a métodos de afrenta e irrespeto a los partícipes procesales, ya
que el juez investigaba, acusaba y decidía como un solo ente. Sin embargo, se ha
adoptado en el proceso penal moderno, la forma acusatoria, para que sea el Estado, en
representación de la sociedad y por medio de organismos específicos, quien ejerza las
acciones ante la jurisdicción penal, en persecución de hechos punibles, y ese
8 Levene (h) Ricardo. Manual de Derecho Procesal. Buenos Aires. 2da. Edición. Tomo II. Ediciones de Palam. 1993.
Pág. 509.
37
organismo específico, en nuestro medio, es el Ministerio Público.
La forma acusatoria en el proceso penal es de gran abono a la imparcialidad de los
jueces, puesto que denunciar o querellarse no es función de la jurisdicción en papel de
acusadora y ser al mismo tiempo investigadora de los elementos que conformarían el
hecho punible, de modo que la acusación debe ejercerse por persona y órgano ajeno a
aquella función; de otra manera se invalida el juicio, sin descartar, por supuesto, que los
juzgadores sostengan rectos criterios sobre la demostración o no de las consecuencias
dañosas de la imputación contenida en la recriminación planteada, criterios que se
derivarán de acuerdo a la probanza ofrecida y formalmente producida.
La forma acusatoria es, entonces, la facultad estatal de denunciar, inculpar o sindicar a
personas cuya conducta altera el orden social, ya sea por daño personal o colectivo. Y
esa inculpación, esa acusación, es atribución del Ministerio Público, que también tiene
obligación de probar los hechos y de permanecer en el proceso, bajo las disposiciones
instrumentales que lo informan.
El Ministerio público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para
determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la
ley penal. (Día, hora, lugar, modo o forma, grado de ejecución, etc.). Artículo 309 primer
párrafo del Código Procesal Penal y artículos del 10 al 122 del Código Penal.
El Código Procesal Penal en el artículo 309 da un concepto en el cual describe que la
finalidad de esta etapa consiste en: buscar, obtener, seleccionar material y reunir
elementos necesarios para acusar durante el juicio a la persona individualizada como
autor de un delito, porque de lo contrario se le pone término por sobreseimiento.
Desempeña también funciones asegurativas. Con respecto a las personas, los bienes y
las pruebas y facilita descartar con rapidez a los imputados inocentes evitando una
pena injusta.
38
Esta Etapa en el Proceso Penal se inicial con el conocimiento de la notitia criminis que
se compone de los actos de investigación compuestos por todas las evidencias que
puedan recolectarse con el fin que establece la ley, es decir, comprobar la existencia
del delito, la participación del imputado y garantizar las reparaciones, restituciones,
indemnizaciones, etcétera.
En relación con la participación en el hecho:
Deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el
conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su
responsabilidad o influyan en su punibilidad. (Autoría y participación, atenuantes,
agravantes, habitualidad o reincidencia, etc.) Artículos 309 del Código Procesal Penal,
primer párrafo y artículos 23 al 37, y 84 al 94 del Código Penal. En cuanto al daño
causado (responsabilidad civil): Verificar el daño causado por el delito, aun cuando se
haya ejercitado la acción civil.
Plazos:
A partir de que el juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente resuelve la situación del sindicado y dicte medidas de procesamiento y
coerción, da inicio a la llamada etapa preparatoria o de investigación fijando día para
presentación del acto conclusivo de la investigación de conformidad a la aplicación del
principio del plazo razonable en el caso concreto, señalando día y hora para la
audiencia de etapa intermedia, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo en un
plazo no mayor de 15 días ni meros de 10, (pues si se dicta la falta de mérito no se da
inicio a esta etapa, o no hay plazo para investigar).
El principio del plazo razonable se encuentra contenido en el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que se refiere a las garantías
judiciales y consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o “derecho de
defensa procesal” , que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial , establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
39
de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus
derechos .
El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. Este no es un
concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha
señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se
analizo este concepto, pues este artículo de la Convención Americana es equivalente
en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la protección de Derechos Humanos y
de las libertades fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en
cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se
desarrolla el proceso:
A) la complejidad del asunto
B) la actividad procesal del interesado; y
C) la conducta de las autoridades judiciales9
Respecto al plazo razonable también se refirió Cesare Beccaria al manifestar: “cuanto
la pena sea más pronta y más próxima al delito cometido, tanto más justa y más
provechosa será….he dicho que la prontitud de las penas es más útil, porque cuanto
menor sea el tiempo que medie entre el crimen y la pena, tanto mas fuerte y más
duradera será el ánimo del hombre, la asociación de estas dos ideas, delito y pena; al
punto de que insensiblemente se considerarán la una como la causa y la otra como
efecto necesario e indefectible. 10
9 Op. Cit, Calderón Paz. Pág. 132.
10
Op..Cit, Calderón Paz. Pág. 133
40
1.6.3. Fase Intermedia
Objeto:
La etapa intermedia tiene su inicio cuando el ente Fiscal del Ministerio Público presenta
alguno de los actos conclusivos de la etapa de investigación, luego de transcurrido el
plazo razonable fijado por el juez de primera instancia para la Investigación pudiendo
ser dicho plazo de tres meses si dictó prisión preventiva, o seis meses si dictó una
medida sustitutiva.
Esta audiencia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal
y que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral
y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o porque se
presentó acusación. En caso de formularse acusación se discutirá sobre los hechos
planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de
apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público.
En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez, indicará los medios
de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la
futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como
lo establece el artículo 82 del Código Procesal Penal. En los demás requerimientos se
considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos (Sobreseimiento, clausura
provisional, suspensión condicional de la persecución penal, procedimiento abreviado o
criterio de oportunidad). 11
1.6.4. Fase del Juicio Oral y Público
Es la etapa del proceso penal que tiene por fin establecer si se acreditan o no, total o
parcialmente, los extremos argumentados fáctica y jurídicamente en la acusación
(querella o auto de elevación a juicio, o en la querella exclusiva, en su caso), con
certeza positiva fundada en la prueba examinada y contra examinada por las partes y
recibida por el tribunal, que declara por sentencia la relación jurídica-sustantiva basada
11
Ibíd. Pág. 289
41
en el debate realizado en forma pública, oral, continua y contradictoria” 12
Audiencia de debate oral y publica que debe realizarse en un plazo no menor de 10
días ni mayor de 15 días tal como se establece en el articulo 346 del código procesal
penal.
1.6.5. Recursos
El principio básico del artículo 11 del Código Procesal Penal establece que las
resoluciones judiciales deben acatarse, y que si no se está de acuerdo con ellas,
pueden impugnarse a través de los recursos legalmente establecidos, por lo que al
observar el artículo 415 del Código Procesal Penal, se encuentra que el recurso que
procede en contra de la sentencia del Tribunal de Sentencia es el de la “apelación
especial” Tomando en cuenta el principio básico del artículo 11 del Código Procesal
penal, si no se está de acuerdo con la sentencia, puede impugnarse a través del
recurso de Casación el cual procede contra sentencias o autos definitivos provenientes
de las sala de apelaciones, el recurso de revisión que tiene por objeto la anulación de
la sentencias ejecutoriadas como lo establecen los artículos 437 y 453 del código
procesal penal.
Reposición: El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin
audiencia previa, y que no sea apelable, a fin de que el mismo tribunal que las dictó
examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Regulado en el
artículo 402 del Código Procesal Penal.
Apelación: regulado en el artículo 404 del código procesal penal.
Recurso de Queja: Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de
apelación, procediendo éste, regulado en el artículo 412 del Código Procesal Penal.
12
Poroj Subuyuj, Oscar Alfredo. El Proceso Penal Guatemalteco (Etapas de Debate, Ejecución y su vía recursiva). Guatemala. Magna Terra editores. 2009. Pág. 27
42
CAPITULO II
2. ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL
2.1. Antecedentes
Es la fase comprendida entre el procedimiento preparatorio y la preparación para el
debate, es decir, que es la etapa intermedia para llegar al debate, el juzgador en esta
fase puede admitir la acusación y la apertura del juicio o archivar o sobreseer el
proceso.
En el procedimiento intermedio el Ministerio Público formula su acusación y solicita la
apertura del juicio, esta es la iniciación del procedimiento intermedio, la solicitud la hace
el Ministerio Público al juez de Primera Instancia Penal que ha controlado la
investigación.
Al formular el Ministerio Público acusación y apertura del juicio es calificada por el juez,
por lo que el mismo puede tomar la decisión de abrir a juicio el proceso, sobreseer o
archivar el mismo; o sea, que en el procedimiento intermedio se prepara el juicio, previo
a notificar a las partes el resultado de la investigación realizada por el Ministerio
Público, por lo que las partes podrá señalar vicios formales en que incurre el escrito de
acusación, plantear excepciones u obstáculos a la persecución penal, formular
objeciones, pedir el sobreseimiento, clausura o archivo del proceso; o requerir al Juez
que practique los medios de investigación omitidos.
El conjunto de actuaciones e investigaciones efectuadas durante el procedimiento
preparatorio tiene por objeto demostrarle al juez que se encuentran suficientes medios
de investigación para creer que el imputado podrá resultar culpable del delito que se le
acusa.
2.2. Definición
“La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para
someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su partición en un
43
hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio
Público” 13
Estableciéndose que, vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal podrá
formular acusación y pedir la apertura a juicio o pedir el sobreseimiento, la clausura
Provisional, el procedimiento abreviado, la aplicación de un criterio de oportunidad o la
Suspensión condicional de la persecución penal.
Con la petición de Apertura a Juicio el fiscal formulara acusación la cual deberá
contener lo que para el efecto establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal
así mismo en la audiencia pueden participar todas las partes, regulando el articulo
336,337,338 del Código Procesal Penal la participación de cada uno. Expresamente se
prevé que el acusado pueda plantear obstáculos u excepciones a la persecución penal
y civil, instando el sobreseimiento de la causa. Incluso podrá objetarse la constitución
definitiva del querellante o partes civiles, pudiendo presentar prueba de la que intenten
valerse.
En el caso de que la petición del Ministerio Público haya sido la clausura provisional,
fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y
fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la
fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 numeral 6 del
Código Procesal Penal.
En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los
mismos.
El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio
oral y público.
Solo se evitará esta clausura provisional si el querellante se hubiere opuesto al archivo
13
Ibíd. Pág. 289
44
o sobreseimiento, y manifiesta su interés de proseguir el juicio, presentando acusación.
De la regulación del Código Procesal Penal guatemalteco se deduce que esta fase se
desarrolla ante el juez contralor, que comienza con el escrito del fiscal formulando
acusación, pidiendo la apertura de juicio, o pidiendo el sobreseimiento, el archivo o la
clausura provisional del procedimiento. Esta fase termina con la decisión del juez
contralor acerca de la apertura del juicio oral, el sobreseimiento, el archivo o la clausura
provisional del procedimiento o el criterio de oportunidad.
2.3. Principios
En cuanto a los principios que rigen la fase intermedia en el proceso penal
guatemalteco, se encuentran:
2.3.1 Oralidad
Tiene lugar la celebración de una audiencia con presencia e intervención de todas las
partes. Que permite la vinculación directa del juez con las partes y que la actividad
procesal se concentre en una audiencia escuchando el juez la argumentación de cada
una de las partes sobre el requerimiento realizado por el Ministerio Público
confrontándose los medios de investigación que existen en contra del sindicado, y
tomando la decisión en la misma audiencia sobre el requerimiento del Ministerio
Público.
2.3.2 Contradicción
El artículo 336 del Código Procesal Penal establece: En la audiencia que para el efecto
señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán, de palabra:
1) Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, requiriendo su
corrección.
2) .Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil previstas en
este Código. La excepción constituye la oposición que, sin negar el fundamento
45
de la demanda, trata de impedir la prosecución del juicio paralizándolo
momentáneamente o extinguiéndolo definitivamente.
Las excepciones contempladas en el ordenamiento procesal penal son las
siguientes: Incompetencia, Falta de acción Penal, Falta de acción civil ,Extinción de
la persecución penal y Extinción de la pretensión civil.
3) Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público,
instando, incluso, por esas razones, el sobreseimiento o la clausura.
4) Requerimiento para que se practiquen medios de investigación omitidos. En este
caso el procesado o su defensor podrá solicitar al señor Juez que practique los
medios de investigación omitidos, manifiestamente pertinentes y propuestos que
sean decisivos para rechazar el requerimiento de apertura del juicio o conduzcan
directamente al sobreseimiento.
2.3.3 Igualdad
Junto al imputado en el proceso penal, la víctima es otro de los sujetos importantes
dentro de la relación jurídica procesal. Anteriormente en Guatemala según la legislación
ordinaria la víctima solamente podía participar, si solicita su intervención formalmente
como un sujeto procesal denominado “Querellante adhesivo”, lo cual le facultaba ser
coadyuvante junto al Ministerio Público y si le interesa una reparación e indemnización
por las consecuencias producidas por el delito, debía solicitar adicionalmente que se le
dé participación como “Actor Civil”; de lo contrario durante el proceso, no tenia derecho
a intervenir en el proceso según sus respectivos intereses, en igualdad de condiciones
que el acusado; lo cual implicaba que si deseaba participar se le debía considerar como
sujeto procesal y podía intervenir dentro del proceso, buscando tutela judicial efectiva.
Actualmente con las reformas al Decreto número 51-92 del Congreso de la República,
Código Procesal Penal y que están contenidas en el Decreto número 7-2011 en el
artículo 1, se amplían los fines del proceso penal en cuanto a que la victima debe
acceder sin ningún obstáculo o limitación y debe ser tenido en cuenta dentro del
46
Proceso Penal como sujeto del mismo y tiene derecho a la tutela judicial efectiva. El
procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las
legítimas pretensiones de ambos, para mayor abundamiento legal en el artículo 7 del
mismo cuerpo legal se establece el derecho que tiene la victima a la restauración y
reparación del bien jurídico afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a
la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra
quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su
reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho
afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible
2.3.4 Inmediación
Permite al juzgador ponerse en contacto directo con las pruebas y con las partes y
captar aspectos y declaraciones imposibles de conseguir de otra manera, obteniendo
así las pruebas de las fuentes originarias. Se facilita de ese modo el mutuo control entre
el Juez y las partes, y se asegura la comprensión, evitándose que se altere o deforme
la realidad, lo que ocurre cuando ésta llega a conocimiento del Tribunal en forma
inmediata o indirecta por el procedimiento escrito, que de por si incita a la delegación de
funciones.
2.3.5 Publicidad
Asegura el control no sólo de las partes sino de los ciudadanos que asisten a las
audiencias sobre las formas de actuación y de las decisiones de los Tribunales de
justicia. Obliga al juez y a los demás actores procesales a superarse en su labor diaria,
estimulados por la opinión pública, acrecentándose también su responsabilidad, que de
esta manera podrá hacerse efectiva más fácilmente.
2.4. Procedimiento
El Artículo 82 numeral 6 del Código Procesal Penal establece: “El fiscal y el defensor
se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día
para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la
cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menos de diez (10) días ni mayor de quince
47
(15) días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto
conclusivo, se entregara copia del mismo a las partes que lo soliciten, y se dejará a
disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda
examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia.
La etapa intermedia tiene su inicio cuando el ente fiscal del Ministerio Público presenta
alguno de los actos conclusivos de la etapa de investigación, pudiendo transcurrir tres
meses si se dicto prisión preventiva, o seis meses si se dictó una medida sustitutiva,
dichos plazos no han sido derogados expresamente ni se contradicen.
El juez resuelve: Fijar día para presentación del acto conclusivo de la investigación de
conformidad a la aplicación del principio del plazo razonable en el caso concreto.
(Apertura del juicio, sobreseimiento o clausura provisional, procedimiento abreviado,
suspensión condicional de la persecución penal, criterio de oportunidad).
Se señala día y hora para la presentación del acto conclusivo y para la audiencia de
etapa intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni
mayor de 15 días de conformidad con los artículos 82 y 340 del Código Procesal Penal
Guatemalteco.
2.5. Sujetos Procesales
Variados y discutidos criterios se han propuesto en la designación de quienes, de una u
otra manera, intervienen en el proceso penal, aunque el sentido general coincide en
distinguirlos como elementos subjetivos, que consisten en las dos personas, o conjunto
de ellas, que interviene, de un modo u otro, en el desenvolvimiento del proceso, con las
atribuciones que la misma ley procesal les va señalando, ya sea en forma constante o
de manera eventual, deber o poder que han de ejercitarse con apego legal, de modo
que haya permisión o prohibición en las propuestas. En consecuencia, hay regulación
de los actos, individuales o colectivos, para satisfacer el objeto del proceso en
desarrollo normal y conseguir los fines que persigue.
48
Siendo el proceso penal la sucesión de determinada serie de actividades a cargo de
órganos oficiales, los particulares se ligan por interés propio o en forma indirecta, lo que
les da calidad de elementos subjetivos esenciales, accesorios o complementarios. Sin
embargo, al margen de las denominaciones y clasificaciones surgidas en cuanto al
carácter con que las personas intervienen, es necesario examinar esos elementos
subjetivos o sujetos procesales.
2.5.1. Sindicado o Imputado
El proceso penal tiene como fin la objetividad de la investigación , para que surja la
verdad, de manera que se aplique en su justa medida el derecho a decidir si ha sido o
no conculcado por quien es sindicado de un acto dañoso.
El sometimiento a un proceso de esta naturaleza significa seguridad en la protección de
intereses sociales o no en sentido personal del caso concreto, sino a favor colectivo que
descanse en la realización inobjetable de la justicia
Auxiliado por un abogado defensor de su confianza o un abogado de la Defensoría
Pública Penal. El artículo 70 del Código Procesal Penal le da diferentes
denominaciones: sindicado, imputado, (señalado como posible autor de un hecho
punible o de participar en él); procesado (sujeto a proceso penal por el auto de
procesamiento); acusado (el que lo ha sido a través del planteamiento respectivo del
Ministerio Público); condenado (sobre quien recayó ya una sentencia condenatoria
firme.
De todas maneras, para los efectos del proceso penal guatemalteco, debe
individualizarse al imputado para que responda judicialmente; señalársele un acto
penalmente censurable, aparte de que, eventualmente, deba responder por la
reparación civil. Naturalmente que tiene la potestad de resistir la incriminación, por
medio de la defensa y con base en su estado de inocencia. Tiene los derechos de todo
ser humano, en obediencia al principio de incoercibilidad que el proceso habrá de
dirimir, concediéndosele oportunidades para oponerse por los medios legales, y por ello
49
el artículo 71 del Código Procesal Penal, le reconoce derechos de base Constitucional y
otras leyes ordinarias.
Desde luego, la persona no debe ser inimputable, como son los menores de edad o
quienes padecen trastornos mentales, aun cuando sea temporal, pues al cobrar lucidez,
habrá de ser considerado imputable, según regulación del artículo 76 del Código
Procesal Penal. Tratándose de enfermos mentales, habrán de internarse
hospitalariamente, por orden judicial y sólo por un mes, de acuerdo al artículo 77 del
citado código. En caso de desobediencia ante citación o se fugare del lugar donde
estuviese detenido, se resista a la captura o haya cambiado de residencia sin orden
judicial, se le aplicarán las medidas contempladas en los artículos 79 y 80 del Código
Procesal Penal.
Es un sujeto esencial del proceso penal, quien ocupa una posición pasiva, es el
perseguido penalmente, a quien se le concede el poder de pretender con fundamento
opuesto a la incriminación del acusador, actúa frente al órgano jurisdiccional.
Eventualmente ocupará también una posición pasiva frente a la pretensión del
damnificado que ejerza en el proceso penal la acción civil para la reintegración
patrimonial.
2.5.2. El Ministerio Público
La actividad jurisdiccional es susceptible de ponerse en marcha ante requerimientos
formales derivados de una petición provocada por la comisión de hechos punibles,
requerimientos que se van produciendo hasta la finalización procesal, según las
facultades otorgadas a quienes participan legítimamente.
En ese sentido, hay un elemento subjetivo del proceso penal, conocido como acusador,
que puede ser público o particular, y, siendo público, constituye un órgano estatal u
oficial, como el Ministerio Público, instituido para la práctica de la persecución penal,
mediante el procedimiento preparatorio y dirigirá las investigaciones que realice por sí o
por la policía, de acuerdo al Artículo 107 del Código Procesal Penal, lo que trae como
50
consecuencia la promoción de la acción penal pública, ejercicio que se le ha otorgado
Constitucionalmente en el artículo 251 y que reitera el numeral 1 del artículo 2 de su
Ley Orgánica.
Esa promoción jurisdiccional que requiere el Ministerio Público ha significado el
abatimiento del procedimiento ex oficio, que por mucho tiempo informó legislaciones, de
manera que había un sistema agotador e inefectivo de parte de los tribunales, conocido
como inquisitivo, cuya sola denominación retrotrae la investigación y la actividad
jurisdiccional a épocas de ignominia y crueldad.
Se ha considerado por los tratadistas de la teoría general del proceso, que el Ministerio
Público es un órgano de justicia; pero no con poderes jurisdiccionales, que son propios
de las funciones del Organismo Judicial, ya que el poder de justicia del Ministerio
Público significa que su actividad procesal no sólo se refiere a enmendar el orden
público, perturbado por ilícitos, y conseguir la condena de los alteradores, sino también
impugnar en su favor, cuando así lo estime en facultad que le reconoce el Artículo 398
del Código Procesal Penal, de la misma manera en que puede pedir al órgano
jurisdiccional que el expediente de instrucción se archive, si considera que el hecho
denunciado no es susceptible de calificarse como delito o no hay condiciones
inherentes de procedibilidad como el artículo 319 del citado cuerpo legal.
Aun cuando en el curso del proceso el Ministerio público tiene funciones y atribuciones
especificas, se debe precisar que, aparte de resguardar el orden administrativo, la
eficacia jurisdiccional, el cumplimiento de las leyes para conservar el orden público,
también posee funciones primordiales que significan el mantenimiento de la justicia
social, lo que conlleva el deber de sobrepasar su facultad acusadora penal, de manera
que su cometido es de equidad cuando asume criterios que impedirán el inicio procesal,
si no existe razón para requerir el movimiento judicial. Por eso, el Ministerio Público y
sus fiscales no deben someterse a voluntades ajenas, pues, como ente oficial, actúa
con el poder que le delega el Estado cuyo objetivo es mantener el equilibrio social.
51
El Ministerio Público, como institución de un estado de derecho contemporáneo tiene
asignadas constitucionalmente las funciones de promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público
tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la
independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social;
tales funciones se ejercen por medio de órganos propios, conforme a los principios de
unidad de actuación y dependencia jerárquica, y con sujeción en todo caso a los de
legalidad e imparcialidad y es quien debe sindicar un hecho al imputado. Artículos: 251
Constitución Política de la República de Guatemala, 81, 107 al 111 del Código
Procesal Penal.
Es el órgano que tiene el poder de ejercitar la acción dentro del proceso penal,
haciendo valer la pretensión penal derivada de la afirmación de un delito, en el proceso
se ubica en posición de parte persecutoria en su concepción formal, en contradicción
con el imputado y frente al tribunal.
Es tradicional el nombre de acusador para este sujeto del proceso penal y toma su
origen en la acusatio romana y se conserva durante el régimen inquisitivo cuando el
proceso se iniciaba por accusationem. De allí se transmitió a los códigos modernos,
aunque se trata de un órgano oficial, también se le ha denominado como actor penal,
en Guatemala en la practica procesal penal se le denomina Ministerio Fiscal y es el que
en la actualidad se adecua con mayor precisión y es congruente con la tendencia
predominante hacia la acentuación del sistema acusatorio, siendo por consiguiente la
característica mas significativa del Ministerio Publico Fiscal la de ser el titular del
ejercicio del poder de acción como órgano de la acusación.
En conclusión podemos decir que el Ministerio Publico es una institución del estado
integrada por funcionarios y empleados públicos instituida y legalmente organizada para
la defensa de los intereses de la colectividad que deben ser o están sometidos para
decisión de los jueces. Cada funcionario representa a la institución en la integridad lo
52
que es manifestación publica del estado. Su intervención en los procesos es acordada
por la ley.
2.5.3. Querellante Adhesivo
En la doctrina procesal penal se considera al querellante como el acusador privado o
particular, sobre todo en aquellas legislaciones que permiten la formulación directa que
se mantiene en el proceso, de modo que tenga facultades de señalar, proponer prueba
y activar continuamente en la incriminación que ha hecho saber ante los órganos
oficiales designados para su conocimiento. En otras legislaciones, el querellante tiene
carácter subsidiario, o actúa a la par del Ministerio Público o con total exclusión de
éste.
La calidad de adhesivo permite al querellante pedir al fiscal la realización de prueba
anticipada o cualquier otra diligencia legal, petición que puede ser oral o por oficio, con
espíritu de ayuda en la clarificación de los hechos.
Aun cuando el querellante es el directamente ofendido por le hecho imputado, en
materia de derechos humanos, cuya vulneración o abuso de autoridad hayan sido
provocados por funcionario o empleado público, cualquier persona capaz tiene derecho
a querellarse. Sin embargo, el agraviado, por excelencia, es la víctima directamente
afectada por el ilícito, lo mismo que el Estado sólo puede victimar por medio del
Ministerio Público, excepción hecha de aquellos organismos que, siendo nacionales,
tengan personalidad jurídica propia y los propios de la administración tributaria.
En el proceso se le denomina al agraviado con capacidad civil o su representante o
guardador en caso de menores o incapaces; a la administración Tributaria en materia
de su competencia; a cualquier ciudadanos o asociación de ciudadanos contra
funcionarios o empleados públicos que violen derechos humanos en ejercicio de su
función o con ocasión de ella o por que abusen de su cargo; el Ministerio Público en
53
representación de los órganos del Estado salvo las entidades autónomas o la
Superintendencia de Administración Tributaria, quien puede provocar la persecución
penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. 117, 118, 121 Código
Procesal Penal.
En la legislación comparada se distinguen tres tipos de querellante, como son:
exclusivo, conjunto, subsidiario, y el adoptado por el Código Procesal Penal
guatemalteco como es el adhesivo, de modo que se proporciona al particular ofendido
la oportunidad, precisamente, de adherirse a la acusación y a lo que concluya y plantee
el Ministerio Público, haciendo papel de subsidiario del acusador oficial, al contrario del
acusador exclusivo del artículo 122 del Código Procesal Penal, respecto a la
persecución privada, siempre que sea el titular legítimo de la acción.
2.5.4 Victima: Derecho a la Reparación Digna
Tal como lo establece el Articulo 124 del código procesal penal lo constituye el derecho
que tiene la victima y comprende la restauración del derecho afectado por el hecho
delictivo, que inicia desde reconocer a la victima como persona con todas sus
circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta
las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso
lo mas pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea
humanamente posible y, en su caso la indemnización de los daños y perjuicios
derivados de la comisión del delito; para el ejercicio de este derecho deben observarse
las siguientes reglas:
1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez
dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de
condena, cuando exista victima determinada, en el relato de la sentencia se
convocara a los sujetos procesales y a la victima o agraviado a la audiencia de
reparación, la que se llevara a cabo al tercer día.
54
2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización,
la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas
probatorias y, pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia.
3. Con la decisión de reparación, y la previamente relatada responsabilidad penal y
pena, se integra la sentencia escrita.
4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o
agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente, la adopción de medidas
cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de
la reparación.
5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia
condenatoria quede firme.
Si la acción reparadora no se hubiere ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de
la victima o agraviado a ejercerla en la vía civil"
2.5.5. Tercero Civilmente Demandado
Parte acusada por la persona que ejerce la acción reparadora, que por previsión
directa de la ley debe responder por el daño que el imputado hubiere causado con el
hecho punible. También se le denomina responsable civil subsidiario, porque responde
de las consecuencias civiles del delito o falta; en defecto de la exigible con carácter
principal al responsable penal. (Ej. Propietarios o empresarios respecto de las personas
que de ellos dependan),
Un tercero, si se solicita por el actor, debe ser citado para responder por el daño y
tendrá carácter de demandado. El juez que controla la investigación admitirá o no la
solicitud y en caso afirmativo dará noticia al requerido y al Ministerio Público. No
obstante la falta de cumplimiento del citado o dejar de participar en el trámite, éste no
se suspende, aunque podrá actuar en cualquier otro paso del procesamiento o hacerlo
voluntariamente, para lo cual habrá de pedirlo oficialmente. Sin embargo, es obvio, que
ante desistimiento, abandono o exclusión del actor civil, la participación del tercero
civilmente demandado no se produce; pero cuando actúa en el procedimiento, goza de
55
toda garantía en la defensa de sus intereses.
2.6. Objeto de la Etapa
Discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal y tiene su inicio cuando el ente
Fiscal del Ministerio Público presenta alguno de los actos conclusivos de la etapa de
investigación, de conformidad con la aplicación del principio del plazo razonable en el
caso concreto o luego de transcurridos tres mes si se dictó prisión preventiva, o seis
meses si se dictó una medida sustitutiva en virtud de que estos plazos no han sido
derogados. Tiene por objeto:
1. Que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a
juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo
o porque se presentó acusación.
2. Verificar la fundamentación de otras solicitudes del Ministerio Público.
(Sobreseimiento, clausura provisional, suspensión condicional de la persecución
penal, procedimiento abreviado o criterio de oportunidad).
2.7 El Control Jurisdiccional de Plazos
El artículo 151 del Código Procesal Penal establece que “Los plazos fijados son
improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por
la Ley del Organismo Judicial. Los plazos que sólo tienen como fin regular la tarea de
los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento, serán observados
rigurosamente por ellos; su inobservancia implicaría mala conducta en el desempeño
de sus funciones, y la sanción disciplinaria procederá de oficio, previa audiencia del
interesado”.
Si llegado el plazo de concluir la etapa preparatoria no se presenta ningún acto
conclusivo, puede hacerse uso de la figura conocida como “solicitud de
emplazamiento” contenido en el artículo 324 Bis del Código Procesal Penal. Que
establece: Control Judicial “a los tres meses de dictado el auto de prisión preventiva, si
el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento
preparatorio, el juez bajo su responsabilidad dictará resolución concediéndole un plazo
56
máximo de tres días , para que el Ministerio Público formule la solicitud que en su
concepto corresponde. No presentar ningún acto conclusivo en el plazo fijado en la ley
procesal penal, significa que no se juzgue a una persona en un plazo que el legislador
ha considerado razonable para que se investigue Si el fiscal asignado al caso no
atendiere el emplazamiento de tres días que le ha dado el juez puede notificarle al fiscal
general e incluso al Consejo del Ministerio Público, y darle al fiscal una segunda
oportunidad de cinco días más, para que presente acto conclusivo de etapa
preparatoria. (Artículo 324 bis del Código Procesal Penal, penúltimo párrafo), y aun no
hay presentación de un acto conclusivo, el mismo artículo 324 bis dicta que si el fiscal
no llegara a presentar petición alguna para concluir la etapa de investigación, el juez
bajo su responsabilidad debe dictar la clausura provisional del proceso.
57
CAPITULO III
3. ACTOS CONCLUSIVOS
3.1. Antecedentes
Para que el juicio pueda desarrollarse de manera normal, debe existir en contra del
sindicado auto de procesamiento, es necesario que antes haya prestado declaración
ante el juez, respecto al hecho del que se le sindica, y se le haya impuesto prisión
preventiva o alguna medida sustitutiva de prisión preventiva. De esa manera quedará
formalmente ligado al proceso y en caso de fuga o ausencia, incurriría en rebeldía, lo
que daría lugar a la revocación de las medidas impuestas y permitiría ordenar su
inmediata detención. “Esto permite lograr, aún en contra su voluntad, su sujeción al
proceso. Dictado el auto de procesamiento por el juez de primera instancia penal el
ministerio publico cuenta con un plazo para presentar su acto conclusivo, derivado de
la investigación”.14
“La participación de las partes en el proceso es imprescindible, en cuanto al sindicado
su ausencia tiene como consecuencia que se paralice el procedimiento (Principio de
inviolabilidad de la defensa e intervención). Esto tiene como fin en primer lugar, que el
imputado tiene el derecho de conocer, en toda su magnitud, la existencia de un proceso
en su contra, para proveerse y tener la posibilidad de hacer valer su derecho de
defensa”15.
Es por eso que la audiencia de primera declaración del sindicado, reviste máxima
importancia y para que pueda desarrollarse es fundamental la comparecencia y
participación de las partes procesales, en cuanto al sindicado puede darle el caso que
fue aprehendido flagrantemente o en cuasi flagrancia, la autoridad lo pone a
disposición de juez competente en el plazo de 6 horas y esta debe realizar la audiencia
de primera declaración en el plazo de 24 horas que cuentan a partir de su aprehensión.
Puede darse la presentación espontánea del sindicado durante el procedimiento ante el
14
Calderón Paz, Carlos Abraham. El Encarcelamiento Preventivo en Guatemala. Guatemala. Editorial Oscar De León Palacios. 2006. Pagina 31 15
Loc. Cit.
58
Ministerio Público, en virtud de que es, a esta instancia, a donde puede acudir y pedir
que lo escuchen acerca del hecho delictivo que se le atribuye; esto ocurre cuando el
Ministerio Público tiene a su cargo el proceso, o sea en la etapa preparatoria del
proceso ordinario penal. En tal caso es necesario que sea asistido por un abogado
defensor de su elección, o por un defensor público, de conformidad con los artículos 6,9
y 12 de la Constitución Política De La República de Guatemala.
Debe entenderse que el derecho de la presentación espontánea puede ejercerse desde
el primer acto del procedimiento, o sea, desde que se señale a una persona como
posible autor de un hecho punible o como participante en él, ante algunas de las
autoridades de la persecución penal. Es decir, desde que existe una denuncia, una
querella o un acta de la prevención policial.
De esta manera se garantiza plenamente la defensa material del imputado en el
proceso penal.
A pesar de que la comparecencia espontánea del imputado ante juez competente, no
está regulada, en el medio forense ésta ha sido utilizada como una forma de
intervención (del imputado) en el proceso penal. Se utiliza para evitar que se haga
efectiva una orden de detención, así como para prevenir los efectos del
encarcelamiento forzado. Simplemente acompañado por el abogado defensor, el
sindicado se presenta ante el juez competente, con el objetivo de prestar su primera
declaración y para que luego el juez proceda a resolver su situación jurídica, es
determinar si lo vincula formalmente al proceso o no. Al decidir no vincularlo se estaría
dictando un auto de falta de mérito, pero al establecerse la necesidad de su vinculación
debe emitir auto de procesamiento y entonces determinar la existencia de peligros
procesales o no, para decidir sobre qué medidas de coerción personal debe imponer.
Se han establecido diferentes formas de asegurar la comparecencia del imputado en el
proceso penal; todas formas coactivas; entre las que se encuentran, en grado
ascendente de restricción de derechos, la citación, la conducción, la detención.
59
Todas las formas que pretenden lograr la comparecencia del imputado en el proceso,
son medidas de coerción que, con mayor o menor intensidad, implican un comparendo
forzado y una limitación a libertad ambulatoria.
Estas medias de coerción, enunciadas, la citación, la conducción y la detención, tienen
carácter provisional, porque sólo sirven para lograr la comparecencia del imputado en el
proceso penal, para recibir su declaración respecto de hechos delictivos que se le
imputan, y luego, resolver su vinculación formal o no al proceso penal. Sus efectos son
absolutamente limitados a la presentación del sindicado a su primera declaración esta
audiencia se desarrolla de conformidad con lo establecido en los artículos 81y 82 del
Código Procesal Penal establecen:
1. El Juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado,
con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica
provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de
convicción existentes.
2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga
libremente.
3. Después de declarar el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del
fiscal y del defensor.
4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y
argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma
inmediata.
5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor, para demuestren
y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción (Prisión Preventiva o
Medidas sustitutivas), debiendo el juez resolver en forma inmediata.
60
6. El Fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la
investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y
día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un
plazo de menor de diez (10) días ni mayor de quince (15) días a partir de la fecha
fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se
entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten, y se dejará a disposición
del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos
hasta la fecha fijada para la audiencia.
7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a
continuación del fiscal. Las partes no podrán oponerse a la presencia del
querellante en la misma.
3.2. Que se Entiende por Actos Conclusivos de la Investigación
Refiere el Diccionario de la Lengua Española. Que el término significa: “Acto. Del lat
actus. Hecho o acción. Hecho público o solemne. Disposición Legal, comparecencia de
las partes desavenidas ante el juez de paz o municipal, para ver si pueden avenirse o
excusar el litigio, hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de derecho
conforme a este. Conclusivo-va del lat, conclusius. 1. Que concluye o finaliza algo, o
sirve para terminarlo y concluirlo. 16
Aquellos actos de las partes y del juez que forman la situación procesal, es decir, que
constituyen, modifican o extinguen expectativas, posibilidades o cargas procesales o
dispensas de cargas.
Los actos conclusivos son, exclusivamente los realizados dentro del proceso, los
mismos son las manifestaciones de voluntad emitidas por los órganos personales de la
jurisdicción, por el Ministerio Público, por las partes y por quienes tienen en el proceso
alguna intervención legítima, son los que tienen importancia jurídica, respecto de la
16
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. España. Edición electrónica. Versión 21.1.0 Editorial Espasa Calpe S.A. 1995.
61
relación procesal, o sea, los actos que tienen por consecuencia inmediata la
constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición de una relación
procesal, es decir, de las partes o de los órganos jurisdiccionales. Es una especie de
acto jurídico, caracterizado por la naturaleza procesal de la modificación jurídica en que
consiste la juridicidad del hecho, esto es, por el efecto jurídico del hecho material;
teniendo en cuenta este criterio, para determinar la naturaleza procesal de un acto
jurídico es preciso determinar si es o no procesal la situación jurídica que queda por
aquel acto constituida, sustituida o modificada. 17
El Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala trae una elaboración sistematizada de los actos procesales, tomando en
cuenta los requisitos, lugar, tiempo y modo, como elemento objetivo de la actividad
procesal. En cuanto al tiempo, éste está regulado a través de plazos, los
procedimientos penales están diseñados para ser realizados en plazos razonables, de
carácter improrrogable, cuya inobservancia por las partes provoca la caducidad de las
facultades atribuidas. Los jueces deben pronunciar sus decisiones en los plazos y
formas establecidas. La renuncia o abreviación de los mismos y su fijación judicial, se
rigen en función de una justicia pronta y expedita. Toma también en cuenta el elemento
subjetivo del acto procesal, en esta sistematización al referirse a actos y resoluciones
jurisdiccionales, actos procesales realizados por el Ministerio Público y los producidos
por el ofendido y por terceros. Encontrando actos procesales penales y clasificándoles
en actos de iniciación, actos de desarrollo y actos de conclusión, ellos atendiendo a la
ubicación del acto en el proceso y a una combinación objetiva-subjetiva.
Los actos conclusivos: se ubican en la etapa intermedia es de naturaleza crítica, su
función es evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones planteadas por el
Ministerio Publico con motivo de la investigación preparatoria. No hay pase automático
del procedimiento preparatorio al debate, ya que para evitar abusos o la salida indebida
de casos del sistema penal se establece este procedimiento filtro. La fase intermedia no
es para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado, su objetivo es permitir al
17
De Pina Vara. Rafael. Diccionario de Derecho. Décima primera edición. Editorial Porrúa, S.A. México.1983. Pág. 54
62
juez evaluar si existe o no sospecha fundada para someter a una persona a juicio oral y
público por la posibilidad de su participación en un hecho delictivo; para verificar la
procedencia del procedimiento abreviado, sobreseimiento o clausura provisional,
suspensión condicional del proceso o del criterio de oportunidad (si no se hubieren
solicitado antes). La fase del Juicio tiene también sus actos de iniciación, actos de
desarrollo y los actos de terminación (sentencia o sobreseimiento). Existe también una
fase de impugnación de la sentencia y finalmente una fase de ejecución de la misma.
3.3. Clases de Actos Conclusivos
3.3.1. Acusación y apertura a juicio
La investigación proporciona al fiscal la probabilidad razonable de demostrar en el juicio
el delito y la participación del acusado.
3.3.2. Sobreseimiento
La investigación no proporciona los presupuestos para formular acusación
fundadamente, es decir el delito y la participación del acusado, a juicio del juez no
existe delito o aún existiendo no existe la probabilidad razonable de participación del
sindicado. Además el fiscal agotó la investigación.
Agotada la investigación, y no contando con la evidencia de alguna de las causales
previstas legalmente para dictar el sobreseimiento el Código Procesal Penal de
Cordoba determina que, vencidos todos los términos de la investigación penal
preparatoria y sus prórrogas y no fuere razonable preveer la incorporación de nuevas
pruebas, podrá dictarce el sobreseimiento por duda insuperable (articulo 350. Inciso 5).
“El proceso penal puede agotarse cognositivamente antes de llegar a la sentencia para
desincriminar al imputado. Así ocurre cuando se dicta el sobreseimiento por el órgano
jurisdiccional, el que procese en cualquier momento de la instrucción o investigación
penal, o sea como coronamiento de las investigaciones o de las críticas instructuorias,
por algunas causales, también durante el juicio, y por extinción de la pretensión penal
en cualquier estado y grado de todo el proceso. Este sobreseimiento es definitivo en su
63
eficacia sustancial, favoreciendo al imputado con el non bis in idem al igual que la
sentencia absolutoria; pero no se trata en realidad de una absolución sino de un
truncamiento del proceso que evita el juicio o su resultado… se trata de un
pronunciamiento jurisdiccional del tribunal instructorio o de control, que en el Código
Procesal Penal de Córdoba tiene la forma de sentencia, mientras que en el código
nacional y en el de la provincia de Buenos Aires de la república de Argentina es dictado
por auto. Debe fundarse en la evidencia de que existe una de las causales
expresamente previstas por la ley, todas de significación sustantiva en cuanto referidas
a la ausencia de responsabilidad penal o imposibilidad de aplicar pena, y a la extinción
de pretensión penal” (nota al pie de pagina Jorge A. Claría Olmedo. Derecho Procesal
Penal. Tomo III Rubinzal Culzoni Editores. Argentina. 1998. Pág. 12
3.3.3. Clausura Provisional
En el plazo previsto no concluyo la investigación. El ente fiscal debe hacer mención de
la investigación que se espera incorporar y fijar el plazo razonable para su reanudación.
3.3.4. Criterio de Oportunidad
Cuando el Ministerio público considere que el interés público o la seguridad ciudadana
no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y
autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal.
3.3.5. Suspensión Condicional de la Persecución Penal
En los delitos cuya pena máxima no exceda los cinco años de prisión y en los delitos
culposos, el Ministerio Público podrá proponer la suspensión de la persecución penal si
a su criterio el imputado no revela peligrosidad.
3.4. Actos Conclusivos Regulados en el Código Procesal Penal
Toda persona sometida a la justicia, tiene derecho a que su situación jurídica sea
definida lo más pronto posible y no encontrarse sub júdica en forma indefinida.
Únicamente cuando a la investigación no se ha vinculado ninguna persona ya sea
porque existe duda sobre la existencia del delito o no se ha logrado identificar o por lo
64
menos individualizar al imputado, la investigación previa puede ir hasta el término de la
prescripción de la responsabilidad penal. Lógicamente si la persona se encuentra
privada en forma cautelar o preventiva de la libertad, este término es más corto, pues
se encuentra en juego el derecho a la libertad de la persona. En este sentido, el artículo
7.5 de la convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en su articulo 9, señalan que toda persona tendrá derecho
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que
continúe el proceso.
El Juez debe tener un control estricto de los plazos de la investigación de cada proceso
que conoce y en ningún caso permitir que el plazo se venza sin requerir al Ministerio
Público la formulación del acto conclusivo. El Juez debe dictar su resolución en donde
confiere al Ministerio Público el plazo de tres días para que presente el ACTO
CONCLUSIVO, antes que termine el plazo del procedimiento preparatorio. Es
importante que el plazo fijado al Ministerio Público sea concedido con antelación al
vencimiento del plazo, para que Ministerio Público presente su solicitud antes o a lo
sumo el propio día del vencimiento del plazo. Si el fiscal no formula dicha solicitud, a
pesar de la resolución y el plazo fijado, el Juez al día siguiente de vencido el plazo de
tres días, debe comunicar de forma simultánea al Fiscal General de la República o al
fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias
correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo
comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que
proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal aún no hubiere
formulado petición alguna, el juez ordenará la Clausura provisional del procedimiento
con las consecuencias de la ley, es decir dictar libertad simple a favor del imputado que
se encuentre bajo una medida de coerción y levantar los embargos o medidas
cautelares que se dictaron en el procedimiento. La libertad debe otorgarse
inmediatamente después de la resolución del Juzgado. Cada uno de los plazos son
fatales e improrrogables y por lo tanto en ningún caso el juez puede permitir que
transcurran sin incurrir en responsabilidad penal.
65
3.4.1. Acusación; Apertura a Juicio
Toda vez que el Ministerio Público estime que la investigación le proporciona
fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, debe requerir por escrito
al juez, la decisión de apertura del juicio y formular acusación. También puede ser que
el ente fiscal estime que mejor sea una vía más rápida, como la del procedimiento
abreviado, para discutirse la responsabilidad penal de una persona, en el caso de que
el delito lo permita, y se llegue a acuerdo con el imputado.
La ley Procesal Penal contempla en el artículo 332 Bis los requisitos para presenta una
acusación y juntamente con el artículo 333 de la misma ley, la institución que puede ser
parte de este escrito y que es llamada “acusación alternativa”.
Requisitos y contenido para un memorial de acusación.
a. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de
su defensor y la indicación del lugar para notificarles;
b. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye
y su calificación jurídica;
c. Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de
investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado
cometió el delito por el cual se le acusa.
d. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de
los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las
circunstancias agravantes o atenuantes aplicables.
e. La indicación del tribunal competente para el juicio.
El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia, con la acusación, las
actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan
para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho
delictivo.
66
Acusación Alternativa: El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no
resultaren demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica
principal podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan
encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Si en un
momento determinado el Ministerio Público acusa por varios hechos que pueden
constituir también varios delitos, y al momento de plantear la acusación considera que
solamente tiene certeza de poder demostrar ante el Tribunal de Sentencia, uno de los
hechos o varios hechos, pero no todos los que se sindican al acusado, podrá, a través
de la Acusación alternativa, describir los hechos que sí considera factibles de probar, de
tal forma que en un primer plano quedan en el escrito de acusación todos los hechos
que se dice cometió el sindicado y en la acusación alternativa los hechos por los que
está segura la fiscalía que podrá demostrar sin dificultad y que encuadran en una figura
delictiva menor, todo esto con el propósito de no producir la toral impunidad de el o los
hechos investigados.
3.4.2. Clausura Provisional
El Código Procesal Penal preceptúa en el artículo 331: “Si no correspondiere
sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura a
juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá
mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar.
Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la
clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la
persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal a
pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la
investigación.
Este acto de finalización provisional del procedimiento provoca el cierre provisional del
procedimiento y no puede considerarse como cosa juzgada, ya que permite que el ente
fiscal incorpore elementos de prueba que queda autorizado recabar. Es decir, que
existen dos variables, la primera que una vez recabados los medios de prueba
autorizados, se plantearía la acusación a fin de abrir a juicio penal; y la segunda que el
67
fiscal considere que pueden aparecer nuevos elementos de prueba que tornen viable la
reapertura de la investigación.
El fiscal del Ministerio Público también podría solicitar el sobreseimiento definitivo del
proceso, si al recabar las pruebas pendientes, considera que no es posible abrir a juicio
penal en contra del sindicado.
3.4.3. Procedimiento abreviado
Si el Ministerio Público estima que la investigación proporciona fundamento serio para
el enjuiciamiento del imputado, pero dicho órgano estima suficiente que al acusado se
le imponga: como máximo una pena no mayor a cinco años de privación de libertad,
que se le imponga una pena no privativa de libertad, o ambas; puede llegarse a
acuerdos con el abogado defensor y el sindicado, a fin de que se acepte que la
acusación que se formule sea discutida a través de un procedimiento abreviado (sin
llegar a un juicio oral y público) de esa manera obtener una decisión final del proceso y
situación el sindicado, en la fase intermedia, regulándose en el articulo 464 los
requisitos para solicitar el procedimiento abreviado.
Requisitos para solicitar el procedimiento abreviado.
° Si el Ministerio Público estima suficiente la imposición de una pena no mayor a cinco
años de privación de libertad, o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma
conjunta.
° Debe de contarse con el acuerdo del imputado y de su defensor en la audiencia de
etapa intermedia de someterse a esta vía. Este acuerdo puede ser obtenido.
° El imputado y su defensor deben aceptar ante el juez contralor, en el momento de la
audiencia, el someterse a un procedimiento abreviado; y el acusado debe manifestar
que acepta el hecho descrito en la acusación y la forma en que aparece descrita su
participación en dicho hecho.
Según el artículo 465 del Código Procesal Penal, el juez oirá al imputado y éste deberá
expresar su acuerdo de la forma como está descrito el hecho en la acusación y como
68
se describe su participación en él, cuestión que no conlleva reconocerse como autor,
sino de que no se va a entrar a pedir que se reforme el mismo, ni se discutirá que se
cambie la forma en que se describe la participación.
3.4.4. Suspensión Condicional de la Persecución Penal
Definición doctrinaria: Institución considerada como medida desjudicializadora, y
cuyo contenido consiste en declarar la autorización al Ministerio Público, de no
perseguir al sindicado, bajo el control de cumplimiento de condiciones que le son
impuestas en la resolución y que tienen como objetivo buscar que el beneficiado (a)
mejore su condición moral, educacional y técnica, bajo el estricto control del juez de
ejecución.18
Definición Legal: El artículo 27 del Código Procesal Penal, establece: “ En los delitos
cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, en los delitos culposos, y en los
delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público a solicitud del interesado
en gozar de este beneficio, y previa comprobación del pago del valor de los impuestos
retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que
acreditarán mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria,
propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá
otorgarse a reincidentes, ni a quien se haya condenado anteriormente por delito
doloso”. El artículo 27 del Código Procesal Penal regula los supuestos y requisitos para
que pueda otorgarse la suspensión Condicional de la Persecución penal:
Supuestos en los que puede otorgarse: Artículo 27 del Código Procesal Penal:
° En los delitos cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión.
° En los delitos culposos.
° En los delitos contra el orden jurídico Tributario.
18
Ibíd. Pág. 357
69
Requisitos para otorgar la Suspensión Condicional de la Persecución penal
También de conformidad con el artículo citado, se consideran requisitos para este
beneficio los siguientes:
1) Debe de solicitarse al Ministerio Público por el interesado: Esto es necesario, porque
para concederse debe de obtenerse la aceptación del hecho y la participación por parte
de la persona que va a ser beneficiada.
2) Si se tratare de delitos de carácter tributario deberá se comprobarse el pago del valor
de los impuestos retenidos o defraudados, recargos, multas e intereses resarcitorios.
3) El o la beneficiada no debe haber sido condenado anteriormente por delito doloso.
4) No debe ser reincidente el sujeto a beneficiarse.
5) Debe haberse reparado el daño correspondiente al hecho delictivo, o afianzar
suficientemente la reparación, incluso por acuerdo con el agraviado, o asumir o
garantizar la obligación de repararlo, mediante hipoteca, prenda o fianza.
6) De no existir una persona directamente agraviada o afectada deberá atenderse al
artículo 25 bis del Código Procesal Penal., que establece: “siempre que el imputado
repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes
para su resarcimiento en el plazo máximo de un año. En caso de insolvencia, el
imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social a la
comunidad en la actividad que el tribunal designe en periodos de día a quince horas
semanales, durante el lapso de un año, en el que deberá observar, además, las normas
de conducta y abstenciones que el tribunal le señale.
3.4.5. Sobreseimiento
Doctrinariamente:
Esta institución es “una forma anormal de terminar el proceso”, puesto que no se llega a
70
la sentencia, sino es a través de un auto que se declara el cierre irrevocable del
proceso; llamado en otras legislaciones “sobreseimiento libre” o sentencia absolutoria
anticipada.
El código Procesal Penal en el artículo 325 regula: Si el Ministerio Público estima que
no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el
sobreseimiento (…). Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los
medios de prueba materiales que tenga en su poder.
El juez decretará el sobreseimiento cuando resultare con certeza que el hecho
imputado no existe o no está tipificado como delito, o que el imputado no ha participado
en él. También podrá decretarse cuando no fuere posible fundamentar una acusación o
no existiere posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, o se hubiere
extinguido la acción penal, o cuando luego de la clausura resulte evidente que no se
puede proceder.
El artículo 328 del Código Procesal Penal establece: “Sobreseimiento. Corresponderá
sobreseer a favor de un imputado:
1) Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición
de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir
exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección.
2) Cuando a pesar de la falta de certeza, no existiere razonablemente la posibilidad
de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir
fundadamente la apertura del juicio
“Si no existe el derecho de acusar y tampoco el derecho de penar, lo lógico sería evitar
la entrada en el juicio oral, propiciándose el sobreseimiento libre”.19 El trámite de esta
solicitud como acto conclusivo es el señalado de conformidad con los artículos 32, 82
numeral 6º. 325, 328, 340, del Código Procesal Penal.
19
Ibíd. Pág. 337
71
3.4.6. Criterio de Oportunidad
Doctrinariamente:
Es la facultad que tiene el Ministerio Público bajo el control del juez de dejar de ejercer
la acción penal por la escasa trascendencia social del hecho, la mínima afectación al
bien jurídico protegido a las circunstancias especiales en la responsabilidad del
sindicado o cuando el imputado sufre las consecuencias de un delito culposo.20
Un sistema procesal está regido por el principio de legalidad, por el contrario, un
ordenamiento procesal está informado por el principio de oportunidad cuando los
titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los presupuestos previstos
por la norma, a hacer o no uso de su ejercicio, dejando de ejercitar la acción que
ostentan en régimen de monopolio o provocando la iniciación del procedimiento e
incluso, una vez hincado éste, pueden las partes acusadoras con la autorización judicial
obtener un sobreseimiento por razones de política criminal y aún cuando concurran los
presupuestos de la apertura del juicio oral. A su vez el principio de Oportunidad puede
ser “puro” o “bajo condición”: la primera fórmula existe cuando las partes son
absolutamente dueñas de provocar la finalización anormal del procedimiento y la
segunda, si el sobreseimiento permanece bajo la suspensiva condición de que el
imputado cumpla determinadas prestaciones”21
En Guatemala se aplica el principio de oportunidad, a través del “Criterio de
Oportunidad” concedido “bajo condición” ya que deben llenarse ciertos requisitos en
cuanto al daño ocasionado por la comisión del delito, así como el cumplimiento de
reglas de conducta que se imponen. Regulado en el artículo 25 del Código Procesal
Penal estableciéndose los supuestos para otorgarlo:
° Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana
no están gravemente afectados o amenazados.
° Previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de
ejercitar la acción penal en los casos siguientes:
20
Moreno, Víctor y Otros, Introducción al Derecho Procesal. México. Editorial Colex. 1997. Segunda edición. Pág. 621 21
Ibíd. Pág. 344
72
1) Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión;
2) Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular,
3) En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior
a cinco años,
4) Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del
delito se mínima,
5) Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias
de un delito culposo y la pena resulte inapropiada,
6) El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera Instancia
obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten
declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud,
defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía
nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público,
contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así
como en los casos de plagio o secuestro.
En este caso, el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose
de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente.
73
CAPITULO IV
4. CLAUSURA PROVISIONAL
4.1 Definición
Es un acto de finalización provisional del procedimiento, por medio del cual permite
que el Ministerio Público, después de concluida la fase de investigación, solicite que
el proceso iniciado no sea cerrado irrevocablemente, sino que se mantenga abierto
en contra de la o las personas contra quienes se abrió, por no tener información
suficiente para poder sostener una acusación ante el órgano juzgador y contralor de
primera instancia penal ni llevar a debate el proceso, debido a que los elementos
con los que se cuenta, aunque aportan información sobre el hecho ilícito sucedido o
el daño causado son insuficientes para demostrar el hecho o la determinación de
culpabilidad del presunto autor o autores del delito.22
Al respecto el artículo 332 del Código Procesal Penal establece en el artículo 332
que vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la
acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el
sobreseimiento o la clausura provisional y la vía especial del procedimiento
abreviado cuando proceda conforme a este Código.
4.2. Análisis conforme al artículo 331 del Código Procesal Penal Guatemalteco
El Código Procesal preceptúa en el artículo 331: Clausura provisional. Si no
correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para
requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto
fundado, que deberá mencionar concretamente, los elementos de prueba que se
espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo
respecto se ordena la clausura.
Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución
penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal a pedido del
22
Ibíd. Pág. 64
74
Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la
investigación.
Para otorgar la clausura provisional es indispensable que el fiscal indique en su
totalidad los medios de investigación recabados hasta el momento y los medios de
investigación que pretende recabar y que permitirán fundamentar la acusación.
Este acto de finalización provisional del procedimiento provoca el cierre provisional
del procedimiento y no puede considerarse como cosa juzgada, ya que permite que
el Ministerio Público incorpore elementos de prueba que queda autorizado recabar.
Es decir, que existen dos variables, la primera, que una vez recabados los
elementos de prueba autorizados, se plantearía la acusación a fin de abrir a juicio
penal; y la segunda que el fiscal considere que pueden aparecer nuevos elementos
de prueba que tornen viable la reapertura de la investigación.
El Fiscal del Ministerio Público también podría solicitar el sobreseimiento definitivo
del proceso, si al recabar las pruebas pendientes considera que no es posible abrir a
juicio penal en contra del sindicado.
Dos formas por las que procede la clausura
En el Código Procesal Penal Guatemalteco se establecen dos formas de declararse
la clausura provisional:
Primera: la contemplada en los artículos 325 y 331 del Código Procesal , que es un
verdadero acto conclusivo de etapa preparatoria, y que se verá a continuación; y
Segunda la establecida en el artículo 324 Bis del Código Procesal Penal, como
consecuencia de la no acción del ente fiscal para concluir la etapa preparatoria.
Solicitud de Clausura Provisional (Artículos 325 y 331 del Código Procesal Penal).
“Si el Ministerio público estima que no existe fundamento para promover el juicio
público del imputado, solicitará (el sobreseimiento o) la clausura provisional. Con el
75
requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales
que tenga en su poder”. Y el 331 del Código Procesal Penal en el que se lee: “Si no
correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para
requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento, por auto
fundado, que deberá mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se
espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo
respecto se ordena la clausura (…)”.
Es el Ministerio Público quien la solicita al juez contralor de la investigación, en
virtud de lo siguiente:
° Se carece de base fáctica suficiente para acreditar la perpetración del delito.
° Se carece de base fáctica suficiente para acreditar la participación en el delito de
su presunto autor
El petitorio no quiere decir que existe una deficiente o negligente investigación, sino
todo lo contrario, significa que a pesar de investigar no se cuenta con elementos
suficientes que demuestren el hecho en forma clara o bien, no se cuenta con
suficientes elementos que demuestren la participación del sindicado.
En el memorial debe describirse o señalarse qué elementos, se consideran
indispensables o posibles de recabar, para poder arribar a una conclusión definitiva
y no solamente pedir la clausura para no cerrar el proceso.
El artículo 324 Bis del Código Procesal Penal, hace alusión a la segunda forma de
Clausurar un proceso, que se resuelve porque se da la inactividad del Ministerio
Fiscal, ( es decir aunque se le emplaza y se comunica a sus superiores el fiscal del
caso no presenta ningún acto conclusivo de etapa preparatoria, y por ende el juez
debe de decretar la clausura del proceso); estableciendo: “ A los tres meses de
dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado
76
solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su
responsabilidad dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días para
que formule la solicitud que en su concepto corresponda.
Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al Fiscal
General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que
tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la
petición procedente. El Juez lo comunicará, además, obligadamente al Consejo del
Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley.
Si en el plazo máximo de ocho días el fiscal aún no hubiere formulado petición
alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las
consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los
procedimientos establecidos en este Código.
En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del
procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procedimiento.
Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas
sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos (plazo razonable).
Recurso de Apelación en contra el Auto de Clausura Provisional
Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan:
(…) 8) Los que declaren (…) clausura del proceso (…). Ver artículo 404 del Código
Procesal Penal.
Trámite del recurso:
La apelación deberá presentarse por escrito, dentro de tercero día de notificada la
resolución ante el juez que dictó la resolución. (Artículos 406 y 407 del Código
Procesal Penal). El Juez de Primera instancia penal otorgará el recurso, y lo remitirá
a la Sala de Apelaciones, a más tardar a la primera hora laborable del día siguiente
77
de notificar a las partes de que hay un recurso interpuesto.
La Sala de Apelaciones conocerá del recurso (si considera que deben de llenarse
requisitos que faltan, puede otorgarse el plazo de tres días de conformidad con el
artículo 399 del Código Procesal Penal) resolverá, dentro del plazo de tres días,
confirmando, revocando, reformando o adicionando la resolución recurrida y, con
certificación de lo resuelto, devolverá las actuaciones al Juzgado de Primera
Instancia Penal.
¿Procede Casación contra el Auto de la Sala de Apelaciones que confirme la
clausura provisional?
Sí, procede plantear el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y
específicamente ante la Cámara Penal, ya que el artículo 437 del Código Procesal
Penal establece: “El recurso de Casación procede contra las sentencias o autos
definitivos dictados por las Salas de apelaciones que resuelvan: (…) 4) Los recursos
de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren
(…) la clausura del proceso; (…)”. Interposición y trámite del recurso de casación: El
recurso de casación debe interponerse ante la Corte Suprema de Justicia dentro del
plazo de quince días de notificada la resolución ( Artículo 443 del Código Procesal
Penal), también puede presentarse a la sala de Apelaciones con expresión de los
fundamentos legales que lo autorizan. Debe expresarse de manera clara y precisa
los artículos e incisos que autoricen el recurso, indicar si es por motivo de forma o
de fondo y señalar los artículos e incisos que se consideren violados de las leyes
respectivas.
Si se presenta ante la Sala de Apelaciones, ésta otorgará el recurso y lo remitirá a la
Corte Suprema de Justicia, (no está facultada legalmente para rechazar el recurso,
aunque a su criterio no llene los requisitos de ley).
Si el recurso llena los requisitos legales (o si se corrigió dentro del término de tres
días de conformidad con el artículo 399 del Código Procesal Penal. La Cámara
78
Penal fijará día y hora para la vista, del recurso planteado, dentro del plazo de
quince días (Según Ley del Organismo Judicial en el artículo 142).
La resolución de Casación se emitirá dentro de 15 días, según los artículos 446 del
Código Procesal Penal y 142 de la Ley del Organismo Judicial.
4.3. Efectos
a) Al ser declarada la Clausura Provisional, se enviará a archivar la causa, hasta en
tanto se recaben los elementos de prueba que se esperan incorporar
establecidos en el auto.
b) Se debe dejar sin efecto las medidas de coerción que existan en contra de la o
las personas procesas, con base en el artículo 331 del Código Procesal Penal,
párrafo final.
c) No deben hacerse cesar medidas de coerción, hasta que el auto de clausura,
“esté firme”, puesto que no es esto lo que establece la ley.
d) El juez debe fijar al Ministerio Público un plazo razonable para que diligencia los
medios de investigación debidamente individualizados pendientes de
recolección.
e) Si el Ministerio Público no diligencie los medios de investigación en el plazo
fijado, el abogado defensor puede solicitar el sobreseimiento o el juez, declararlo
de oficio.
f) El juez puede, a pesar de la solicitud de clausura, dictar sobreseimiento y
siempre y cuando los medios de investigación indiquen certeza de la inexistencia
del hecho o del delito, de la no participación del imputado, de la existencia de
una causal de justificación o de improcedibilidad.
g) En caso el querellante hubiere objetado la clausura provisional solicitada por el
79
Ministerio Público durante la audiencia del procedimiento intermedio, el Juez
puede facultarlo para que presente acusación, siempre que haya fundamentado
adecuadamente su objeción y manifieste su interés de proseguir el juicio hasta
sentencia.
h) El juez puede reanudar el proceso si el Ministerio Público o la defensa aportan
nueva evidencia al caso que dé lugar a una decisión de sobreseimiento, apertura
a juicio o si se solicita la aplicación de un criterio de oportunidad.
i) Si el Ministerio Público solicita reanudar el proceso y presenta acusación, el juez
fijará audiencia oral de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 y 340 del
Código Procesal Penal.
j) Esta Institución en el caso de ser otorgada, es susceptible de ser impugnada a
través de los recursos de Apelación y Casación.
4.4. Finalidad
a) A través de la Clausura provisional el proceso no es cerrado irrevocablemente.
b) Esta Institución permite que el proceso se mantenga abierto en contra de la o las
personas contra quienes se abrió o inició debido a que los elementos con los que se
cuenta, aunque aportan información sobre el hecho ilícito sucedido o el daño causado
son insuficientes para demostrar el hecho o la determinación de culpabilidad del
presunto autos o autores del delito
c) Posibilidad de incorporar nuevos medios de investigación que permitan fundamentar
la acusación.
d) Cuando los nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la
persecución penal el tribunal a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes,
permitirá la reanudación de la investigación.
80
e) El Fiscal del Ministerio Público también podría solicitar el sobreseimiento definitivo
del proceso, si al recabar las pruebas pendientes, considera que no es posible abrir a
juicio penal en contra del sindicado.
f) la resolución por medio de la cual se otorga la Clausura Provisional es susceptible de
ser impugnada a través de los recursos de Apelación y Casación, lo que permite la
participación activa en el procedimiento del querellante adhesivo para oponerse a la
misma.
g) Esta Institución permite que cualquiera de las partes y no solo el Ministerio público
solicite la reanudación de la investigación.
h) Para garantizar los fines generales del debido proceso la Clausura Provisional
permite el control judicial y administrativo en virtud de que si el Ministerio Público no ha
planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez bajo su
responsabilidad dictará resolución concediéndole un plazo máximo de tres días para
que formule la solicitud que en su concepto corresponda.
4.5. Situación del Imputado
De conformidad con el artículo 331 del Código Procesal Penal, si no correspondiere
sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura
del juicio, se ordenará la Clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá
mencionar, concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar.
Cesará toda medida de coerción para el o los imputados a cuyo respecto se ordena la
clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la
persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a
pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la
investigación.
Para el caso en que aún esté pendiente la incorporación de medios de prueba
indispensables para solicitar la apertura a juicio y formular la acusación, y en el caso de
81
que estos puedan ser razonablemente obtenidos en un futuro, el fiscal solicitará al Juez
la clausura provisional del caso. El juez decidirá en auto razonado en el cual se
ordenará el cese de todas las medidas de coerción aplicadas al imputado y se indicará
los elementos de investigación que se esperan incorporare al proceso.
La investigación podrá reanudarse cuando el fiscal o alguna de las partes presenten
medios de prueba que permitan solicitar la apertura a juicio o el sobreseimiento.
Como consecuencia de haberse dictado la clausura provisional del procedimiento se da
el cese de todas las medidas de coerción que se hubieren dictado contra el imputado, si
se hubiere dictado la prisión preventiva se ordenará su inmediata libertad y si se
hubieren dictado medidas sustitutivas se procederá a revocar las mismas, esto es con
relación a la libertad del imputado.
Pero esto no significa que se haya dictado el cierre definitivo del proceso, al contrario a
tenor del artículo 340 del Código Procesal Penal se establece que en caso de
solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de
investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deba realizarse la futura
audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación de requerimiento, como lo
establece el artículo 82 de este ley procesal.
En vista de lo anterior se establece que en cuanto a la situación del imputado la misma
se resume así:
° Cesará toda medida de coerción para el o los imputados a cuyo respecto se ordena la
clausura.
° Se ordenará por parte del Juez de Primera Instancia Penal la incorporación de
medios de prueba indispensables para solicitar la apertura a juicio y formular la
acusación, y en el caso de que estos puedan ser razonablemente obtenidos en un
futuro.
82
° El Juez fijara el día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia,
indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82
de la ley procesal penal vigente.
° El Proceso no se cierra puesto que la clausura provisional no significa Cosa Juzgada,
ya que es susceptible de los recursos de Apelación y Casación.
° Para el caso que el imputado se encuentre en Prisión Preventiva o gozando de una
Medida Sustitutiva de Prisión Preventiva, no debe quedar en libertad hasta en tanto el
auto de Clausura Provisional no este firme y se hayan resuelto los recursos de
Apelación y Casación.
83
CAPITULO V
PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente capitulo contiene el resultado y discusión obtenido de las entrevistas que
fueron realizadas a: El Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente, Fiscal Distrital del Ministerio Público, a uno de los defensores
públicos del Instituto de la Defensa Pública Penal, a la Magistrada Presidente y a la
Magistrada Vocal primera, de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, así
como a un Juez de Paz y cinco Abogados Defensores particulares, todos de la ciudad
de Huehuetenango, que han conocido casos relacionados a la Clausura Provisional y
sus efectos dentro del procesos penal.
Las entrevistas consistieron en una conversación abierta, sobre el tema objeto de la
investigación y de las preguntas formuladas se obtuvo la siguiente información:
A la pregunta número uno:
El 90.9% coincidió que son positivos los efectos que con conllevan el otorgamiento de
la clausura provisional al sindicado. El 9.1% considera que no.
En el caso Suárez Rosero. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de fecha 12 de noviembre de 1997; párrafo 78 con relación a la prisión
preventiva la corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró la responsabilidad
del estado demandado (Ecuador) por violación de la presunción de inocencia debido a
la prolongada detención preventiva de una persona, la que permaneció detenida mas
de tres años y la orden de libertad dictada a su favor no pudo se ejecutada hasta un
año después; en sus argumentos, la corte señalo: “(…) De lo dispuesto en el articulo
8.2 de la convención Americana de Derechos Humanos, se deriva la obligación estatal
de no restringir la libertad del detenido mas allá de los límites estrictamente necesarios
para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no
eludirá la acción de la justicia pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no
punitiva. Este concepto ésta expresado en múltiples instrumentos del derecho
84
internacional de los Derechos Humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que
hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (articulo 9.3). En caso contrario se
estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado
respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya
responsabilidad no ha sido establecida”.
Caso Suárez Rosero. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
fecha 12 de noviembre de 1997; párrafo 77. “En consecuencia la prolongación excesiva
de la detención preventiva además de lesionar el derecho a la libertad personal,
trasgrede también el derecho de presunción de inocencia, del cual goza toda persona
que se encuentre involucrada en un proceso de investigación penal. Su reconocimiento,
previsto en las normas internacionales sobre derechos humanos y los textos
constitucionales de la región, obliga al estado a tratar al imputado de forma tal que las
restricciones a sus derechos se reduzcan al mínimo necesario para el desarrollo de los
fines del proceso.
A la pregunta números dos:
El 81.8% de los entrevistados señalaron que para los ofendidos son Negativos los
efectos de la clausura provisional y agregaron que no deben cesar las medidas de
coerción al clausurar provisionalmente el proceso en virtud que el sindicado ya no
concurre posteriormente a la audiencia que fija el Juez, la misma se realiza únicamente
con su defensor que lo representa, así mismo se corre el riesgo que el sindicado,
quedando libre se fugue, se vaya del país, y también pueda obstaculizar la averiguación
de la verdad, presionando a la victima y sus familiares incluso al punto de
amenazarlos de muerte con lo que se revictimiza mas a la victima pues esta no obtuvo
ninguna indemnización por los daños ocasionados, una sentencia absolutoria o
condenatoria y por ello el Estado deja de cumplir con la obligación contenida en el
artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
85
El 19.2 % de los entrevistados indicaron que no son negativos para los ofendidos los
efectos de la clausura profesional argumentaron que por esta vía se les esta dando la
oportunidad de mejorar y aportar nuevos elementos de prueba y el proceso se continua
no se cierra definitivamente y el sustento de la acusación es mejor.
“Las medidas o proveimientos cautelares, llamados también precautorios, si bien para
algunos constituyen un tipo de proceso, en realidad se subordinan al proceso de
conocimiento y al de ejecución; cuyos fines tratan de asegurar, impidiendo que se
borren las huellas del delito o que desaparezca su autor o alguna prueba.
En el campo penal son mayoría las que se refieren a las personas (por ejemplo, la
detención, la prisión, la incomunicación, etc.) , si bien también hay medidas que se
refieren a las cosas ( por ejemplo, el secuestro, la intervención de la correspondencia,
etc.).
La detención es sin duda alguna una de las más importantes medidas precautorias del
proceso penal, pues se trata de evitar que el presunto autor desaparezca y dificulte la
acción judicial borrando los rastros del delito. Implica la restricción de la libertad de la
persona humana, posiblemente su atributo más valioso, razón por la cual los códigos
deben legislarla rodeándola de todas las garantías necesarias.
En el Derecho Procesal Penal la detención o arresto es el acto ejecutado por la
autoridad competente de aprehender a una persona de la cual se sospeche que haya
cometido un delito y retenerla detenida por un breve tiempo, hasta que intervenga el
juez que haya de entender en el asunto.
La doctrina ha dicho que la aprehensión no constituye un estado privativo de la libertad,
el cual sólo puede ser impuesto por mandato escrito de autoridad competente, sino que
representa el momento primario del estado de detención que sólo puede ordenar el
juez. (Vélez Mariconde), o el acto material y practico de privar preventivamente de la
libertad, sin orden previa con el imperativo de poner al afectado inmediatamente a
disposición de autoridad competente para resolver su detención (Jorge Clariá Olmedo)”.
86
Nota al pie de pagina Levene (h) Ricardo Op. Cit. Paginas 28 y 2923.
A la pregunta número tres:
El 72.7% de los entrevistados consideran que si es necesario reformar el artículo 331
del Código Procesal Penal, en el sentido que no deben cesar la medias de coerción al
clausurar provisionalmente el proceso, en la practica y en atención a sus
consecuencias, porque el sindicado posteriormente ya no acude a la audiencia que fija
el juez, por cuanto que es necesario asegurar la presencia del imputado en la
continuación del proceso.
El 27.3% indican que para no hacer uso de la clausura provisional es fundamental que
el Ministerio Público como ente investigador agote y realice bien la misma.
A la pregunta número cuatro:
El 63.6% de los entrevistados dicen que si se vulneran los derechos de las víctimas al
decretarse el cese de las medidas de coerción como consecuencia de dictarse una
clausura provisional, porque se corre el riesgo de peligro de fuga y de obstaculización
para la averiguación de la verdad. Y como consecuencia la victima no tubo
resarcimiento al daño que le fue ocasionado, ni se logro una sentencia dentro del
proceso.
El 36.4% indicaron que no se vulneran los derechos de la víctimas, porque el proceso
no se esta cerrando y el imputado sigue sujeto al mismo.
Es irrazonable que estando cerrado provisionalmente un proceso los sindicados
continúen con medida de coerción, de ahí que el Ministerio Público debe agotar sus
pesquisas para evitar injustificadamente o por negligencia fiscal se ordenen clausuras.
23
Levene H, Ricardo. Manual de Derecho Procesal. Buenos Aires. Segunda edición. Tomo II. Ediciones
de palam. 1993. Paginas 28 y 29
87
Al analizar los porcentajes obtenidos de la pregunta numero 3 y la pregunta numero 4 y
como consecuencia de dictarse una Clausura Provisional cesan las medidas de
coerción esto produce en estado de indefensión para la victima o agraviado, como lo
indicaron los entrevistados de esta manera se les esta vedando su derecho de acceso a
la jurisdicción contenido en el articulo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos
Humanos la cual establece: toda persona tiene la facultad de recurrir ante los órganos
jurisdiccionales del Estado, para obtener la protección de sus derechos o para hacer
valer cualquier otra pretensión. De esta manera se asegura la tranquilidad social, en
tanto las personas no realicen justicia por sus propias manos ya que cuentan con una
instancia y un proceso, previamente determinados por la ley, por medio del cual puedan
resolver sus controversias.
Al interpretar los alcances de este derecho con relación a los casos de violación a los
derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reconocido el
derecho de las victimas y sus familiares a acceder a la jurisdicción competente a fin de
que se investiguen los actos que lesionaron tales derechos, se determinen las
responsabilidades del caso y se establezcan las reparaciones correspondientes. En
este sentido la corte ha señalado en los casos: Villagrán Morales y otros, en la
sentencia de fecha 19 de noviembre de 1999, párrafo 227, caso Blake, sentencia del 24
de enero de 1998. Párrafos 96 y 97, caso Durand y Ugarte, sentencia del 16 de agosto
del año 2000 párrafo 129 ambos, relacionados con supuesto de desaparición forzada:
“(…) del articulo 8 de la convención se desprende que las victimas de las violaciones de
los Derechos humanos o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser
oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los
hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación”
A la pregunta número cinco 72.7% de los entrevistados indicaron:
Que las medidas de coerción deben continuar y las mismas deben cesar hasta en
sentencia, no antes. Para evitar los peligros procesales y que el sindicado pueda
contribuir en la investigación y defenderse tal y como lo es el espíritu de la ley.
88
El 27.3% consideran que el cese de las medidas de coerción son una consecuencia de
la clausura provisional.
Aquí debemos analizar el derecho al plazo razonable de duración de un proceso penal
y el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Genie Lacayo
vrs. Nicaragua. Sentencia de fecha 29 de Enero de 1997. El articulo 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene
derecho a ser oída con las debidas garantías “dentro un plazo razonable”, derecho
exigible en todo tipo de proceso;
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro que el concepto de
plazo razonable no resulta de sencilla definición. Para establecer un lapso preciso que
constituya el límite entre la duración razonable y la prolongación indebida de un
proceso, la corte ha señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares
de cada caso. En este sentido ha manifestado, compartiendo el criterio establecido por
la Corte Europea de Derechos Humanos, que para determinar la razonabilidad del
plazo en el cual se desarrolla un proceso se deben tener en cuenta: a. la complejidad
del asunto, b. la actividad procesal del interesado y c. la conducta de las autoridades
judiciales.
A si mismo la Corte Interamericana a considerado importante tomar otro criterio
desarrollado por la Corte Europea para determinar la razonabilidad del plazo de
duración de un proceso: el análisis global del procedimiento.
La Corte, en consecuencia, no opta por precisar un plazo determinado en días
calendario o naturales como el máximo de duración aplicable a un proceso sino que
brinda unos criterios a ser evaluados por la judicatura para precisar si se afecta o no el
derecho a la duración de un proceso en un plazo razonable, según las características
de cada caso.
89
Este tema a sido abordado en reiteradas oportunidades por el Tribunal Constitucional
del Perú, aunque orientado a exigir el debido cumplimiento de los plazos máximos
establecidos legalmente para mantener privada de libertad a una persona durante el
desarrollo de un proceso penal. En sus decisiones el Tribunal Constitucional a señalado
que una forma de detención arbitraria por parte de una autoridad o funcionario lo
constituye el hecho de omitir el cumplimiento de normas procesales que disponen la
libertad inmediata de un detenido, como el caso del beneficio procesal de excarcelación
por exceso de detención, previsto en el articulo 137 del Código Procesal Penal. En este
sentido el tribunal a precisado que en la medida cautelar de detención no debe durar
mas del tiempo que sea necesario para el logro de los fines de investigación. (Nota al
pie de pagina: Documento de trabajo de la comisión andina de juristas. Elaborado por
Luis Alberto Huerta Guerrero, investigador de la institución con la colaboración de Luis
Enrique Aguilar Cardoso).
A la Pregunta seis el 100% de los entrevistados coincidieron que son consecuencias
que genera el cese de las medidas de coerción al dictarse la clausura provisional las
siguientes:
° Impunidad
° Deficiencia de la investigación realizada por el Ministerio Público
° Fuga
° Obstaculización para la averiguación de la verdad
A la Pregunta siete: El 63.6% de los entrevistados manifestó que ha participado o
intervenido en algún caso en concreto en el cual se ha dictado una clausura provisional,
y el imputado aprovechando el cese de las medidas de coerción posteriormente ya no
se presenta al acto conclusivo, este se fuga, máxime cuando el Ministerio Acusa, si se
ha dado el hecho que al otorgarse, el imputado se esconde o sale del país, esperando
la prescripción. Dos de los entrevistados no recuerdan. El 36.4% no ha participado.
Con relación a las encuestas: a través de estas se recabo la opinión de hombres y
mujeres, y fueron administradas; a Abogados defensores particulares, Abogados de la
90
defensa publica Penal, Agentes y Auxiliares Fiscales del Ministerio Publico, Jueces de
Primera Instancia Penal, Magistrados de Sala de Apelaciones, todos ellos se
desenvuelven en el ámbito penal, y con conocimiento sobre el tema, utilizando la
metodología de encuesta directa con cada uno de los participantes en su respectivo
centro de trabajo o en situ donde se les encontró, siguiendo los lineamientos de un
cuestionario estructurado diseñado específicamente para este proyecto.
El trabajo de campo fue supervisado en un 100% y siendo la muestra de estudio de 100
casos, la información se recopilo entre las fechas comprendidas del 15 de Julio al 14
de Agosto de 2011 es la siguiente:
A la pregunta número uno: El 75% encuestados consideran que son positivos los
efectos que conllevan el otorgamiento de la clausura provisional al sindicado,
principalmente porque cesan todas las medidas de coerción y el proceso se paraliza,
dando como consecuencia que evada su responsabilidad penal y civil, mientras se
espera que se incorporen nuevos elementos de convicción y poderlo ligar a proceso,
por lo que es importante exigirle al Ministerio Público que realice una investigación
eficiente.
El 25% de los encuestados manifiestan que los efectos que conllevan el otorgamiento
de la clausura provisional al sindicado no son positivos porque no fortalecen el sistema
de justicia, no contribuye en el incremento de la credibilidad de las personas de la
justicia y además se vulneran el derecho de las victimas, ya que cesan las medidas de
coerción provocando la fuga del sindicado, escapando del poder de la justicia. A pesar
de que cesa toda medida de coerción el sindicado sigue ligado a proceso hasta que se
resuelva su situación jurídica.
A la pregunta numero dos: El 62.5% dijo que no son negativos para los ofendidos los
efectos de la clausura provisional ya que favorece la mejor aplicación de la ley para
conveniencia de la partes procesales ya que solamente están haciendo una pausa en el
proceso y concluyéndolo debidamente y permite al ofendido pronunciarse en el
91
proceso, pudiendo presentar medios de prueba. El 37.5% si cree que son negativos
para los ofendidos los efectos de la clausura provisional porque cesan las medidas de
coerción y la justicia se retarda, causando un daño extremo psicológico, físico,
sentimientos de injusticia y no credibilidad a los órganos jurisdiccionales
A la Pregunta numero tres: El 62.5% de los encuestados considera que si es necesario
reformar el Articulo 331 del código procesal penal para garantizar la presencia del
sindicado en el proceso El 37.5% opina que no es necesario reformar el Articulo 331
del Código procesal penal, porque ante la ley todos tienen los mismos derechos.
A la pregunta numero cuatro: El 57.5% dice que al decretarse el cese de las medidas
de coerción como consecuencia de dictarse una clausura provisional se están
vulnerando los derechos de las victimas o agraviados porque existe el peligro de fuga y
en consecuencia no habrá justicia y se esta exponiendo al ofendido y a sus parientes a
sufrir represarías o venganzas personales.
El 42.5% respondió que al decretarse el cese de las medidas de coerción como
consecuencia de dictarse una clausura provisional no se están vulnerando los derechos
de las victimas no se ha dado fin al proceso y la victima puede coadyuvar con la
investigación garantiza, mayor efectividad del proceso penal y los principios de igualdad
deben verse en toda su extensión.
A la pregunta numero cinco: El 62.5% de los encuestados creen que durante el tiempo
que le fija el juez al ministerio publico para presentar los nuevos medios de prueba, las
medidas de coerción deben continuar vigentes para evitar los peligros de fuga e
impunidad y le permita al ministerio publico probar los hechos ya que los fines de las
medidas de coerción es asegurar la presencia del sindicado dentro del proceso y evitar
que al quedar libre obstaculice la averiguación de la verdad. El 37.5% considera que las
medidas de coerción no deben continuar vigentes porque se están vulnerando el
derecho de defensa del sindicado perjudicándolo en su dignidad.
92
A la pregunta numero seis: Los encuestados coincidieron en un 100% que las
consecuencias que genera el cese de las medidas de coerción al dictarse la clausura
provisional es el peligro de fuga por parte del sindicado y obstaculización en la
averiguación de la verdad.
A la pregunta numero siete: El 100% respondió que no han intervenido en un caso
concreto en el cual se haya dictado una clausura provisional y el imputado
aprovechando el cese de las medidas de coerción se fugue o evada el proceso que se
le sigue.
La Clausura provisional como acto conclusivo de la investigación que se produce en la
etapa intermedia del Proceso Penal Guatemalteco ocasiona un momento critico en el
mismo por sus efectos y consecuencias para las partes procesales. Y en la doctrina se
analiza de la siguiente manera.24
“Una vez que el tribunal o fiscal de instrucción a concluido con la formación del sumario
en los dos aspectos que hemos considerado (investigación y situación del imputado),
corresponde entrar a la fase critica del primer periodo del proceso. En ella se analizará
todo lo actuado, con intervención de las partes penales (imputado, Ministerio Fiscal, en
su caso, el querellante), para concluir y decidir sobre el resultado de la investigación
penal. En el caso concreto será, en definitiva, el de elevar la causa a juicio o serrar el
proceso con un sobreseimiento; o esto sin perjuicio de que previamente pueda
ordenarse la ampliación de las investigaciones”
Lo anterior relacionado en la doctrina existe en la Legislación Procesal Penal
Guatemalteca en el articulo 340 el cual establece La audiencia intermedia tiene como
finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal.
24
Jorge A. Claría Olmedo. Derecho Procesal Penal. Tomo III Rubinzal – Culzoni – Editores. Argentina.
1998. Pág. 9.
93
En caso de formularse acusación se discutirá sobre los hechos planteados y la
probabilidad de que puedan ser demostrados en debate.
El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio
oral y público.
En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicara los medios
de investigación pendientes de realizar y fijara día y hora en que debe realizarse la
futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como
lo establece el articulo 82 de este código.
En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los
mismos.
Esto se explica ya que puede ocurrir que una vez agotada las investigaciones el tribunal
o fiscal de instrucción no obtenga certeza para dictar el sobreseimiento, ni tampoco
pueda obtener o mantener el mérito para provocar la elevación de la causa a juicio. El
merito para la elevación a juicio estará ausente cuando la falta de merito decretada a
favor del imputado, o su estado de duda se mantiene hasta el final no obstante la
investigación posterior practicada. Por otra parte, ese mérito no se mantiene cuando, la
investigación posterior destruye su fundamento en grado de desvirtuar lo que se
considera como elementos de convicción suficientes para concluir sobre la posibilidad
de condena en futuro juicio.
Se trata de una situación de duda en que se encuentra el instructor frente al resultado
de investigación. Los Códigos de Córdoba y de Tucuman, ambas provincias de la
República de Argentina disponen que “habiéndose vencido todos los términos de la
investigación penal preparatoria, no hubiere suficiente fundamento para elevar la causa
a juicio y no fuere razonable objetivamente proveer la incorporación de nuevas pruebas
deberá dictarse el sobreseimiento. Procede cuando al agotarse la investigación
instructoria no hay evidencia para sobreseer (definitivamente), ni convicción suficiente
94
para concluir con la causa que debe ser elevada a juicio.
Se establece la importancia de reformar el artículo 331 del Código Procesal penal en lo
referente a que las medidas de coerción no deben cesar en virtud de la existencia de un
eventual peligro de fuga y de obstaculización para la averiguación a la verdad y una
insatisfacción por parte de la victima hacia el sistema de justicia, lo que para la
sociedad representa impunidad y desconfianza hacia el sistema de justicia,
principalmente en la actualidad en la cual esta imperando un clima de inseguridad y
violencia hacia la sociedad, lo que no permite que la victima reciba por parte del Estado
la tutela judicial efectiva como uno de los fines supremos del proceso penal.
Haciendo una confrontación de los resultados ya descritos, obtenidos de entrevistas y
encuestas realizadas, marco teórico y de acuerdo al tipo de investigación realizado se
establece que el proceso penal es el mecanismo idóneo para lograr la justicia lo que da
como consecuencia la paz social, lo que ha quedado evidenciado en la presente
investigación a la cual se le da respuesta a la interrogante planteada”¿Si es necesario
que se continúen con las medidas de coerción decretadas contra el imputado al
momento de dictarse una clausura provisional y como garantizar la presencia del
imputado dentro del proceso que se le sigue?, y es a través de los antecedentes,
marco teórico e investigación de campo realizado, donde se establece que se ha
cumplido con los objetivos trazados, que sustentan la presente monografía, ya que se
establece la necesidad imperante que el imputado continúe sujeto a las medidas de
coerción que le fueron impuestas al inicio del proceso, que tienen por objeto asegurar
su presencia al proceso garantizándose esta a través de la reforma del artículo 331 del
Código Procesal Penal, tal y como lo indique anteriormente en el sentido que continúen
vigentes las medidas de coerción impuestas lo que garantizaría la presencia del
imputado al proceso penal que se le sigue y que estas solamente cesen cuando este
haya finalizado ya sea a través de una sentencia absolutoria, sobreseimiento,
aplicación de un criterio oportunidad, procedimiento abreviado o suspensión condicional
de la persecución penal.
95
“El auto de prórroga extraordinaria produce la clausura del sumario con un mérito
provisional dubitativo que mantiene abierto el período instructorio a la espera de nuevas
pruebas de cargo o de descargo. Es una paralización del procedimiento por un plazo
determinado en la tensión en la que pueden obtenerse elementos de convicción que
conduzcan a una definición legal sobre el mérito. Si esta posibilidad no se da,
corresponderá sobreseer una ves vencido el plazo. El límite temporal a que nos hemos
referido es variable en los distintos códigos que prevén este instituto. Cuando es parcial
por referirse a alguno de los hechos investigados o de los imputados, deben separarse
los procesos por los hechos o imputados, respecto de los cuales la causa a de
continuar incriminadoramente.
A pesar que la situación de duda implica modificar el grado de convicción en que se
fundamento el procesamiento, conforme a una interpretación literal de la ley éste no
queda revocado en sus efectos por el auto de prórroga extraordinaria. Tanto el
procesamiento como la prisión preventiva se mantendrán, por lo cual no deberá dictarse
nuevamente si la causa debe continuar hacia el juicio. Pero una interpretación lógica
llevaría a una situación contraria que impondría, en su caso, un nuevo procesamiento y
prisión preventiva.
Durante la prórroga extraordinaria no puede regir la reserva de las actuaciones porque
se ha superado ya la investigación sumaria. No obstante, el régimen de las actuaciones
debe ser el mismo de la investigación. El instructor conserva iguales atribuciones que
las propias del sumario, debiendo impulsar la búsqueda de las pruebas eficaces para
superar la duda, cuando esto ocurre, se determinará por el sobreseimiento o por la
provocación del acto acusatorio”. 25
25
Ibid. Pág. 19 y 20
96
Conclusiones
1. La clausura provisional permite que el Ministerio Público, después de concluida la
Fase de investigación, solicite que el proceso iniciado no sea cerrado irrevocablemente.
2. Los efectos de la clausura provisional lo constituye el cese de las medidas de
coerción.
3. Al darse el cese de las medidas de coerción en la aplicación de la clausura
provisional se da la rebeldía del sindicado, que ya no comparece a la audiencia de
etapa intermedia lo que genera acumulación y atraso en los procesos.
4. Con el cese de las medidas de coerción en la aplicación de la clausura provisional
se favorece al imputado para que este no se presente a resolver su situación jurídica en
forma definitiva dentro del proceso que se le instruye.
5.Si es necesario la reforma del artículo 331 del código procesal penal guatemalteco en
cuanto que se continué con la medida de coerción impuesta por el juez que controla la
investigación no siendo necesariamente la prisión preventiva para garantizar la
presencia del imputado dentro del proceso penal que se le instruye.
6. El proceso penal, por aplicación Constitucional y siendo el deber del estado
garantizar la justicia, debe responder a las legítimas pretensiones tanto de la víctima o
agraviado y el imputado en igualdad de condiciones ya que ambos tienen derecho a la
tutela judicial efectiva.
7. Que las tendencias actuales de reforma del procedimiento penal están encaminadas
básicamente a la realización de procesos con mayores garantías para todas las partes
intervinientes (agraviado – acusado).
97
Recomendaciones
Se recomienda que:
1. Existiendo antecedentes de causas penales en las cuales los sindicados de delitos
que han sido ligados al proceso penal y posteriormente el Ministerio Publico siento el
ente encargado de la investigación penal ha solicitado la clausura provisional
aprovechando esta situación el sindicado ya no comparece al órgano jurisdiccional
competente a resolver su situación jurídica lo que genera un atraso en las causas
penales y retardo en la administración de justicia penal por lo que el Estado de
Guatemala a través del Organismo Legislativo, reforme el artículo 331 del Código
Procesal Penal, en el sentido que al dictarse una clausura provisional, las medidas de
coerción no deben cesar y que el sindicado continué ligado a proceso con la aplicación
de alguna medida sustitutiva mientras no se cierre definitivamente el proceso iniciado
en su contra.
2. Capacitar a todo el personal del Ministerio Público a fin de que puedan desempeñar
su función de investigación de una manera más eficiente, recabando los medios de
convicción necesarios y útiles para el esclarecimiento de la verdad y que no por falta
de elementos probatorios se vulneren los derechos de las víctimas a quienes por
mandato legal representan.
3. Que el Ministerio Público realice una investigación completa y al llegar a la etapa
intermedia del proceso y presentación de acto conclusivo de la investigación, se evite
la clausura provisional, porque con sus efectos, se esta perjudicando a la víctima y se
favorece la impunidad.
4. Fortalecer al sistema de justicia dotándoseles del presupuesto y medios necesarios
para el mejor cumplimiento de sus funciones.
5. Se recomienda que las victimas o agraviados y las instituciones involucradas en la
administración de justicia penal presten la colaboración necesaria, al Ministerio Publico
para que este pueda realizar una mejor investigación como pilar fundamental del
proceso penal
98
Referencias Bibliográficas
a) Bibliográficas:
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Guatemala. Editorial Oscar De León Palacios. 2006.
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13. Valenzuela O. Wilfredo. El Nuevo Proceso Penal. Guatemala. Editorial Oscar De
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3. Programa de Justicia. Modulo Instruccional Procesal Penal II. Guatemala. 2001.
Diccionarios:
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Editorial Heliasta S.R.L. 1981.
3. Diccionario de la Lengua Española. Edición Electrónica. España. Editorial Espasa
Calpe S.A. 1995.
100
b) Normativas:
1. Constitución Política de la República de Guatemala de 1,985.
2. Código Procesal Penal. Decreto Número 51-92 del Congreso de la República de
Guatemala.
3. Ley contra el femicidio y otras formas de Violencia contra la mujer. Decreto Número
22-2008 del Congreso de la República de Guatemala.
4. Ley contra la delincuencia organizada. Decreto Número 21-2006 del Congreso de la
República de Guatemala.
5. Ley contra la narcoactividad y sus reformas. Decreto Número 48-92 del Congreso de
la República de Guatemala.
6. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Decreto Número 9-
2009 del Congreso de la República de Guatemala.
7. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Decreto Número 1-86.
8. Ley de armas y Municiones. Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República
de Guatemala.
9. Ley de la Carrera Judicial.41-99 del Congreso de la República de Guatemala.
10. Ley de Orden Público. Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la
República de Guatemala.
11. Ley de Protección integral de la niñez y adolescencia. Decreto Número 27-2003 del
Congreso de la República de Guatemala.
12. Ley del Organismo Judicial. Decreto Número 2-89 del Congreso de la República de
Guatemala y sus reformas.
13. Ley del Servicio Público de la Defensa Penal. Decreto Número 129-97 del Congreso
de la República de Guatemala.
14. Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la
administración de justicia penal. Decreto Número 70-96 del Congreso de la República
de Guatemala.
15. Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Decreto Número 58-
2005 del Congreso de la República de Guatemala.
16. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Decreto Número
101
97-96 del Congreso de la República de Guatemala.
17. Ley Orgánica del Ministerio Público. Decreto Número 40-95 del Congreso de la
República de Guatemala.
Normativa Internacional de Derechos Humanos
1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Decreto Número 6-78 del
Congreso de la República de Guatemala.
2. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 39/46, de 1 de Diciembre de 1984, entró en vigor el 26 de
Junio de 1987 de conformidad al artículo 27. Guatemala accedió a la Convención el 5
de enero de 1990.
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El honorable Congreso de la
República, en Decreto número 9-92, emitido el 19 de Febrero de 1992, dio su
aprobación, abierto a firma en Nueva York, el 19 de Diciembre de 1966.
4. Declaración Universal de Derechos humanos. Entrada en vigor el 18 de Julio de
1978.
5. Declaración Americana de Derechos Humanos.
c) Electrónicas.
d) Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. España. Edición
electrónica. Versión 21.1.0. Editorial Espasa Calpe S.A. 1995.
102
ANEXOS
Se incluyen el modelo de entrevista y de encuesta utilizada, así como los resultados en
forma gráfica con su respectiva tabulación.
103
a. Modelo de entrevista.
CAMPUS DE QUETZALTENANGO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO
GUIA DE 10 ENTREVISTAS DIRIGIDAS A JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
PENAL, ABOGADOS DEFENSORES, Y FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO.
NOMBRE: _____________________________________________________________
CARGO: _____________________________________________________________
INSTITUCION:_________________________________________________________
OBJETIVO: determinar si es positivo en el sistema de justicia beneficiar al sindicado en
un proceso penal con el cese de las medidas de coerción al aplicarse la clausura
provisional.
OBJETO DE ESTUDIO: “análisis jurídico de los efectos del cese de las medidas de
Coerción al otorgarse la clausura provisional contenida en el articulo 331 del Código
Procesal Penal Guatemalteco”.
1. Son positivos los efectos que conllevan el otorgamiento de la clausura provisional al
sindicado.
2. Cree usted que son negativos para los ofendidos los efectos de la clausura
provisional.
3. Si cree usted que son negativos los efectos de la Clausura Provisional para los
ofendidos es necesario reformarse el artículo 331 del Código Procesal Penal.
4. Cree usted que al decretarse el cese de las medidas de Coerción como
consecuencia de dictarse una Clausura Provisional se están vulnerando los derechos
de las víctimas o agraviados.
5. Cree usted que durante el tiempo que le fija el juez al Ministerio Público para
presentar los nuevos medios de prueba, las medidas de Coerción deben continuar
vigentes.
104
6. Cuales cree usted, que son las consecuencias que genera el cese de las medidas de
coerción al dictarse la clausura provisional.
7. Algún caso en concreto en el cual usted haya intervenido y se haya dictado una
Clausura Provisional y el imputado aprovechando el cese de las medidas de coerción
posteriormente se fugue o evada el proceso que se le sigue.
b. Resultados de las entrevistas en forma grafica
Pregunta numero uno
¿Son positivos los efectos que conllevan el otorgamiento de la
clausura provisional al sindicado ?
90,9% Si
9,1 % No
Si
No
105
Pregunta número dos
¿Cree usted que son negativos para los ofendidos los efectos de
la clausura provisional ?
18,2% No
81,8% Si
Si
No
Pregunta número tres
¿ Si cree usted que son negativos los efectos de la clausura
provisional para los ofendidos, es necesario reformarse el Articulo
331 del Codigo Procesal Penal ?
27,3% No
72,7% Si
Si
No
106
Pregunta número cuatro
¿ Cree usted que al decretarse el cese de las medidas de
coerción como consecuencia de dictarse una clausura provisional
se están vulnerando los derechos de las victimas o agraviados ?
63,6% Si
36,4% No
Si
No
Pregunta número cinco
¿ Cree usted que durante el tiempo que le fija el juez al Ministerio
Publico para presentar los nuevos medios de prueba las medidas
de coerción deben continuar vigentes ?
72,7% Si
27,3% No
Si
No
107
Pregunta número seis
¿Cuales cree, que son las concecuencias que genera el cese de
las medidas de coerción al dictarse la clausura provicional ?
100% Considera
que son el peligro
de fuga,
obstaculización en
la averiguación de
la verdad lo que
genera impunidad.
Pregunta número siete
¿ Algun caso en concreto en el cual usted halla intervenido y se
haya dictado una clausura provisional y el imputado aprovechando
el cese de las medidas de coerción posteriormente se fugue o
evada el proceso que se le sigue ?
63,6% Si
36,4% NoSi
No
108
c. Modelo de encuesta:
CAMPUS DE QUETZALTENANGO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO
MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A JUECES OPERADORES
DE JUSTICIA, DEFENSORES, FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO.
NOMBRE:
______________________________________________________________
INSTITUCION:
______________________________________________________________________
CARGO:
______________________________________________________________________
INSTRUCCIONES:
Marque con una X en el lado de su respuesta y a continuación indique el porque de la
misma.
OBJETIVO: determinar si es positivo en el sistema de justicia beneficiar al sindicado en
un proceso penal con el cese de las medidas de coerción al aplicarse la clausura
provisional.
OBJETO DE ESTUDIO: “análisis jurídico de los efectos del cese de las medidas de
coerción al otorgarse la clausura provisional contenido en el articulo 331 del código
procesal penal Guatemalteco”.
1. Son positivos los efectos que conllevan el otorgamiento de la clausura provisional al
sindicado.
SI ___________________________ NO__________________________________
PORQUE______________________________________________________________
109
2. Cree usted que son negativos para los ofendidos los efectos de la clausura
provisional SI ____________________ NO___________________________________
PORQUE______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Cree usted que es necesario reformar el artículo 331 del código procesal penal
SI______________________________NO____________________________________
PORQUE______________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Cree usted que al decretarse el cese de las medidas de coerción como consecuencia
de dictarse una clausura provisional se están vulnerando los derechos de las victimas o
agraviados.
SI ____________________________NO___________________________________
PORQUE______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Cree usted que durante el tiempo que le fija el juez al ministerio publico para
presentar los nuevos medios de prueba, las medidas de coerción deben continuar
vigentes.
SI __________________________ NO______________________________________
PORQUE______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Cuales cree usted, que son las consecuencias que genera el cese de las medidas de
coerción al dictarse la clausura provisional.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
110
7. Algún caso en concreto en el cual usted haya intervenido y se haya dictado una
clausura provisional y el imputado aprovechando el cese de las medidas de coerción
posteriormente se fugue o evada el proceso que se le sigue.
SI ___________________________ NO_____________________________________
PORQUE______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d. Resultados de las encuestas en forma grafica
Pregunta numero uno
¿ Son positivos los efectos que conllevan el otorgamiento de la
clausura provisional al sindicado ?
75% Si
25% No
Si
No
111
Pregunta número dos
¿ Cree usted que son negativos para los ofendidos los efectos
de la clausura provisional ?
37,5% Si
62,5% No
No Si
Pregunta número tres
¿ Cree usted que es necesario reformar el Articulo 331 del codigo
procesal penal ?
62.5% Si
37.5% No
Si
No
112
Pregunta número cuatro
¿Cree usted que al decretarse el cese de las medidas de
coerción como consecuancia de dictarse una clausura provisional
se están vulnerando los derechos de las victimas o agraviados ?
42,5% No
57,5% Si
No
Si
Pregunta número cinco
¿ Cree usted que durante el tiempo que le fija el juez al Ministerio
Público para presentar los nuevos medios de prueba, las medidas
de coerción deben continuar vigentes ?
62,5% Si
37,5% No
Si
No
113
Pregunta número seis
¿ Cuales cree usted, que son las concecuencias que genera el
cese de las medidas de coerción al dictarse la clausura
provicional ?
100% peligro de
fuga y
obstaculización en
la averiguación de
la verdad.
Pregunta número siete
¿ Algun caso en concreto en el cual usted haya intervenido y se
haya dictado una clausura provisional y el imputado aprovechando
el cese de las medidas de coerción porteriormente se fugue o
evada el proceso que se el sigue ?
100% No