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Rodrigo Pantoja Vera Particular
2006-2008
Informe de gestión Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense Período 2006 - 2008 Reseña de las principales actividades y resultados obtenidos en los ámbitos del desarrollo institucional, intercambio científico y profesional, asesoría técnica especializada, posicionamiento y difusión de la Psicología Jurídica y Forense como especialidad.
Abril 2009
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Informe de gestión Asociación Chilena de Psicología
Jurídica y Forense
Período 2006 – 2008
El presente documento reseña las principales actividades y resultados obtenidos en los ámbitos
del desarrollo institucional, el intercambio científico y profesional, la asesoría técnica
especializada, el posicionamiento y la difusión de la Psicología Jurídica y Forense como
especialidad, durante el período de gestión 2006 – 2008.
El camino recorrido durante los dos últimos años ha significado aprendizaje, esfuerzo y logro para
todos quienes participan de la Asociación. Las largas horas compartidas con múltiples
colaboradores no sólo nos han premiado con la concreción de importantes actividades de
intercambio profesional, sino que además han cimentado vínculos de cooperación y amistad entre
personas e instituciones.
Destacan en este reporte las iniciativas que se han ejecutado para avanzar hacia la obtención de
personalidad jurídica para la Asociación, la apertura para una mayor participación de personas no
asociadas en nuestras actividades mediante la convocatoria abierta para presentar trabajos en
instancias de difusión e intercambio, y el incremento del trabajo coordinado con otras
instituciones, tales como el Colegio de Psicólogos de Chile A. G. y diversas Universidades.
Esperamos que la publicación de este informe sea recibida, tanto por nuestros/as asociados/as
como por otras personas no asociadas, como una nueva señal de apertura y transparencia,
elementos que consideramos indispensables para avanzar en el trabajo colectivo y desinteresado
que requieren los fines de nuestra institución.
Por último, deseamos aprovechar este espacio para agradecer el apoyo de todas las personas que
hicieron posible el logro de los resultados que aquí se presentan, en especial a los/as colegas que
nos aportaron su trabajo y concurrieron a las actividades que realizamos durante este período. Su
contribución ha sido la base sobre la cual se construye la validación que hoy tiene la Asociación
Chilena de Psicología Jurídica y Forense.
El Directorio
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Directorio período 2006 - 2008
Presidente Rodrigo Pantoja Vera
Psicólogo Mención Psicología Clínica
Universidad de Santiago de Chile
Profesor Programa de Postítulo “Familia e Infancia”
Universidad Tecnológica Metropolitana
Consultor especialista en temáticas de Violencia y Jóvenes
División de Seguridad Ciudadana - Ministerio del Interior.
Teléfono: 09 – 997 37 74
Email: pantoja.rodrigo@gmail.com
Vice Presidente Carlos Alberto Madariaga Dallez
Psicólogo Universidad Central
Diplomado en Criminología Pontificia Universidad Católica de Chile
Postítulo en Psicología Jurídica y Forense Universidad Diego Portales
Psicólogo Área Diagnóstico Presentencial CRS Oriente Gendarmería de
Chile.
Teléfono: 08 – 452 39 61
Email: carlos.madariaga@gendarmeria.cl
Tesorero Luis Alberto Cárcamo Montero
Doctorado en Psicología Clínica Legal y Forense ©
Master en Psicología Clínica Legal y Forense, Universidad Complutense de
Madrid (España)
Docente Escuela de Psicología Universidad Santo Tomás y
Universidad Pedro de Valdivia.
Teléfono: 09 – 910 17 99
E-mail: lkarkamo@gmail.com
Secretaria Giovanna Patricia Catalayud Villarreal
Psicóloga Universidad de Tarapacá
Diplomada en Psicología Jurídica y Forense, Universidad Diego Portales
Delegada de Libertad Vigilada Centro de Reinserción Social Santiago Sur,
Gendarmería de Chile.
Teléfono: 08-3710033
E-mail: giovannacalatayud@gmail.com
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Desarrollo institucional
Tramitación de personalidad jurídica para la Asociación
La primera actividad que asumió el Directorio cuando asumió la gestión, fue preparar las
condiciones necesarias para formalizar los estatutos de la Asociación para requerir posteriormente
su personalidad jurídica.
Revisada la documentación pre existente y los avances obtenidos en la materia por los Directorios
anteriores, se determinó contratar los servicios profesionales de un Estudio Jurídico1 para analizar
el procedimiento a seguir para el logro del objetivo.
Considerando los objetivos y las actividades de la Asociación, se acordó que la forma jurídica que
le mejor expresa el funcionamiento de la institución es la de Corporación sin fines de lucro. Tras
esta decisión, se solicitó al estudio jurídico la redacción de nuevos estatutos acordes a las
exigencias para la constitución de la Corporación y la obtención de personalidad jurídica.
Los estatutos redactados fueron presentados como propuesta a la Asamblea General de socios
celebrada el 11 de abril de 2007. Tras su discusión se incorporaron modificaciones que resultaron
en el texto final, aprobado por unanimidad. Este texto fue escriturado y presentado ante el
Ministerio de Justicia. Actualmente se trabaja en la corrección de observaciones presentadas por
el Ministerio.
Los estatutos vigentes a contar de la Asamblea General del 11 de abril se encuentran disponibles
en www.achpsiju.cl/estatuto/default.asp.htm
1 La asesoría jurídica fue prestada por Cárdenas, Rojas, Salinas y Tapia, Estudio Jurídico.
Fotografía de los asistentes a la
Asamblea General de Socios del
11 de abril de 2007. Abajo,
Gabriela Wladdimiro, Giovanna
Calatayud, Francisco Maffioletti,
Ma. Paz Rutte, Carlos Madariaga.
Arriba, Luis Cárcamo, Rodrigo
Pantoja e Isaías Hernández.
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Intercambio científico y profesional
VII Congreso Nacional de Psicología
El Colegio de Psicólogos de Chile A. G. organizó el VII Congreso Nacional de Psicología, el cual se
llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2007 en dependencias del Centro de Extensión de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Para el desarrollo de esta actividad, la Directiva del Colegio se contactó con el Directorio de la
Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, convocándonos a participar de la organización
de la actividad. En el marco de esta invitación, el Directorio colaboró con el Colegio Profesional
mediante la difusión del Congreso e invitando a colegas connotados a postular sus ponencias.
Las gestiones realizadas permitieron contar con diversas ponencias, cuales fueron revisadas por el
Directorio de nuestra Asociación que, de hecho, actuó como parte del comité científico del
Congreso, toda vez que el Colegio de Psicólogos de Chile A. G. acogió la propuesta de programa en
el ámbito de Psicología Jurídica y Forense.
La calidad y cantidad de los trabajos permitió incluir en el programa, por primera vez, una sala
temática dedicada exclusivamente a la Psicología Jurídica y Forense. Además, las ponencias no
sólo fueron presentadas por profesionales de la psicología, sino también por Fiscales y Jueces.
En el marco del mismo Congreso, el Directorio de la Asociación tuvo la oportunidad de
entrevistarse con Santiago Redondo Illescas, destacado profesional con quien se discutió sobre las
principales tendencias actuales de la Psicología Penitenciaria en Chile y España.
Fotografías de ponencias. Sala temática en
Psicología Jurídica y Forense. VII Congreso
Nacional de Psicología (Noviembre 2007).
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III Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense
El día sábado 15 de noviembre de 2008, se realizó el III Congreso Nacional de Psicología Jurídica y
Forense, principal actividad de intercambio científico y profesional organizada por la Asociación.
En esta versión, se contó con la participación de la Escuela de Psicología de la Universidad de
Valparaíso, como sede del Congreso y entidad co – organizadora.
Por primera vez, la postulación de trabajos
para el Congreso se realizó a través de una
convocatoria totalmente abierta y pública,
puesta en conocimiento de la comunidad
profesional a través de la página Web de la
Asociación www.achpsiju.cl. Además, la
realización de la actividad se realizó por este
mismo medio, así como a través de insertos
informativos en los boletines del Colegio de
Psicólogos de Chile A. G.
Otra importante innovación implementada en la organización del evento fue la consideración la
opinión de revisores externos al Directorio de la Asociación en el proceso de evaluación de las
ponencias. Aunque el Directorio sigue siendo responsable de la confección del programa,
miembros del equipo docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso
especialistas en Psicología Jurídica y Forense, revisaron y comentaron sobre la pertinencia de
incorporar las ponencias en el programa; opinión que en general fue acogida por el Directorio.
La realización del Congreso en la sede escogida
respondió a la demanda de muchos colegas, quienes
manifestaron la necesidad de contar con actividades
de intercambio profesional fuera de la Región
Metropolitana, y al especial interés del Directorio en
ejercicio de llevar el Congreso a una universidad, por
considerar que éste es el contexto institucional que
debe albergar el desarrollo científico de nuestra
especialidad.
El programa del Congreso tuvo un total de 15
presentaciones, en una intensa agenda de trabajo que
incluyó conferencias, mesas redondas y ponencias en
salas paralelas.
Logo del III Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense
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Distribución del Tercer Cuaderno de Psicología Jurídica
Como parte de las acciones de intercambio científico y profesional de la Asociación, se
distribuyeron 100 copias del Tercer Cuaderno de Psicología Jurídica a múltiples organismos e
instituciones que, por su quehacer e intereses, han mantenido o mantienen un contacto
permanente con nuestra organización. Entre estas instituciones podemos destacar al Poder
Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio de Justicia, Policías y
Universidades.
Publicación del Cuarto Cuaderno de Psicología Jurídica y Forense
Se concretó la publicación del Cuarto Cuaderno de Psicología Jurídica y Forense, correspondiente
al año 2007, en una edición que incluye 6 artículos en los ámbitos de la Psicología Jurídica, la
Psicología Forense y la Victimología.
A continuación se consignan los títulos de los artículos disponibles en esta edición, con sus
respectivos autores:
Autores Nombre del artículo
Ps. Paulina Rasso Masías Ps. Carolina Videla Mallea
Diseño y aplicación de un programa de habilidades prosociales en menores infractores de ley del CERECO Antuhué
Ps. Rodrigo Vidal González Percepción de magistrados de la Región de Valparaíso sobre el trabajo y la relevancia de los psicólogos forenses en el ámbito judicial
Ps. Diego Quijada Sapiaín Ps. Cristóbal Muñoz Tapia
Estudio descriptivo de las características de personalidad en sujetos inculpados por delitos económicos
Ps. Francisco Maffioletti Celedón Ps. Ma. Paz Rutte Barrera
Perfil de personalidad de agresores sexuales
Ps. Elena Agulló Bonet (España) Impacto en la salud de las víctimas de malos tratos desde una perspectiva forense
Ps. Jennifer Miranda Ps. Viviana Sanza Ps. Juan Vera
Estudio descriptivo del test HTP entre niños/as agredidos sexualmente y niños/as sin sospecha de agresión sexual
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Asesoría técnica especializada
Presentación ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la
Cámara de Diputados
La Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, representada por sus Directores Rodrigo
Pantoja Vera y Luis Cárcamo Montero, participó el día 11 de julio de 2007 en la sesión celebrada
por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara de Diputados, en el
marco de la tramitación del proyecto de ley que “Modifica el Código Procesal Penal y otros
cuerpos legales en lo relativo al procedimiento y ejecución de medidas de seguridad”.
En la ocasión, se presentó un informe de carácter técnico en que se destacaron los principales
aportes que la Psicología puede hacer en materia de asesoría a los magistrados para la valoración
de distintos elementos relacionados con el proyecto de ley, tales la apreciación de trastornos
mentales, simulación y peligrosidad asociada a trastornos mentales.
El informe presentado se incluye en forma íntegra en el Anexo Nº 1 de este documento, para
conocimiento de nuestros asociados y asociadas.
Informe al Colegio de Psicólogos de Chile sobre Metodología de Peritaje
Psicológico en materia de Cuidado Personal
La Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense redactó un informe de carácter técnico
sobre Metodología de Peritaje Psicológico en materia de Cuidado Personal, a solicitud de la
Directiva del Colegio de Psicólogos de Chile A. G.
El mencionado informe fue recibido por nuestro Colegio Profesional y utilizado para dar respuesta
a un requerimiento sobre la materia, formulado por la Magistrado Rommy Müller Ugarte, Juez
Titular del 3º Juzgado de Familia de Santiago (Oficio 545/3/2008).
El informe se incluye en forma íntegra en el Anexo Nº 2 de este documento, para conocimiento de
nuestros asociados y asociadas.
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Participación en el Primer Seminario Nacional de Formación en
Psicología
Por invitación de la Asociación Chilena de Formación en Psicología (ACHIFAPS), nuestra Asociación
participó del Primer Seminario Nacional de Formación en Psicología, realizado el día 03 de octubre
de 2008 en dependencias de la Escuela de Psicología de la Universidad Central.
El propósito del encuentro fue establecer criterios consensuados para la formación profesional de
psicólogos y psicólogas. Para estos efectos, se invitó a las distintas Asociaciones de colegas a
efectuar un pronunciamiento sobre el estado actual y los desafíos en materia de formación, desde
el punto de vista de cada ámbito de especialización.
En general, el pronunciamiento de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense,
declarado por el Presidente de la Asociación en el Seminario, consistió en apoyar los once criterios
propuestos como estándares internacionales para la formación en psicología, desarrollados por la
Interamerican Society of Psychology y la Federación Iberoamericana de Psicología.
En particular, se realizó una presentación en la que se planteó ante la audiencia la amplitud del
campo de la Psicología Jurídica y Forense, la multiplicidad de contextos de aplicación y roles
posibles de asumir por los especialistas en este ámbito, y los desafíos que tensionan la práctica
profesional por su alto grado de exposición pública, el hecho de que la revisión de la calidad de
nuestro trabajo suele estar a cargo de autoridades o profesionales no – psicólogos, y la
consideración del reporte profesional en la toma de decisiones relevantes para el público y para
actores particulares, entre otros aspectos.
Presentación sobre competencias profesionales ante estudiantes y equipo
docente del Magister en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de
la Frontera
En virtud de una invitación formulada por la Dirección del Magister en Psicología Jurídica y Forense
de la Universidad de la Frontera, el Presidente de la Asociación concurrió a compartir una jornada
de trabajo con los estudiantes y equipo docente de dicho programa académico.
La invitación se planteó en el contexto del curso “Competencias y habilidades del psicólogo
jurídico -– forense", por lo cual se realizaron una presentación y un posterior debate en relación
con la materia. Además, la instancia de trabajo permitió difundir las actividades de la Asociación,
así como responder a las múltiples inquietudes de estudiantes y docentes sobre el desarrollo de la
especialidad en nuestro país.
En la visita se adoptaron acuerdos preliminares para definir en el transcurso del primer semestre
de 2009 un vínculo de colaboración más cercano entre ambas instituciones, con productos
específicos y una programación de actividades.
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Posicionamiento y difusión de la Psicología Jurídica y Forense como
especialidad
Nueva página Web
Una de las primeras acciones realizadas por el Directorio fue el cambio de la página Web de la
Asociación, la cual incorpora nueva y mayor información en un formato que facilita la búsqueda de
contenidos, disponiendo de una nueva organización temática y proyectando la progresiva
incorporación de servicios y utilidades.
El Directorio espera que la Web se constituya en uno de los principales instrumentos de
comunicación y difusión con nuestros asociados/as y con el resto de la comunidad profesional. La
dirección de la página es www.achpsiju.cl
Participación en la celebración Día del Psicólogo/a en la Universidad
Santo Tomás
Miembros del Directorio tuvieron ocasión de realizar exposiciones sobre las principales áreas de
trabajo de la Psicología Jurídica y Forense en el país, invitados por la Escuela de Psicología de la
Universidad Santo Tomás, con motivo de la celebración del Día del Psicólogo 2007. Estas
exposiciones permitieron un fructífero intercambio de opiniones con representantes de la
comunidad académica y estudiantil de la Escuela.
Celebración de los 10 años Centro de Atención Psicológica de la
Universidad de Santiago de Chile
Los Directores Rodrigo Pantoja y Giovanna
Calatayud asistieron el día 17 de octubre de 2007 a
la celebración de los 10 años de servicio del Centro
de Atención Psicológica de la Universidad de
Santiago de Chile.
La vinculación entre la Asociación y el referido
Centro está dada por una serie de actividades de
cooperación, entre las que destaca el
funcionamiento en el CAP del grupo de estudio en
Psicología Jurídica de la USACH.
En la foto: Rodrigo Pantoja, Ma. Inés Winkler (Directora
Centro de Atención Psicológica USACH), Giovanna
Calatayud.
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Anexo Nº 1
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Simulación de trastornos mentales en el marco del procedimiento
penal y comentarios al proyecto de ley contenido en mensaje
presidencial N° 5078-072
Relación entre enfermedad mental y simulación
Definición de simulación
En diferentes contextos, los sujetos pueden exagerar o directamente simular síntomas de
trastornos mentales. La detección de estos casos se presenta como una necesidad de evaluación
psicológica, sobre todo en el marco de evaluaciones de tipo forense en las que existen claros
incentivos externos que pueden motivar a los sujetos a situar un trastorno mental.
La simulación es definida por el DSM - IV TR como “la producción intencionada de síntomas físicos
o psicológicos desproporcionados o falsos, motivados por incentivos externos como no realizar el
servicio militar, evitar un trabajo, obtener una compensación económica, escapar de una condena
criminal u obtener drogas. Bajo algunas circunstancias la simulación puede representar un
comportamiento adaptativo: por ejemplo, fingir una enfermedad mientras se está cautivo del
enemigo en tiempos de guerra” (American Psychiatric Association, 1995).
Pérdidas asociadas a la simulación
Sólo en Estados Unidos las pérdidas potenciales producidas por la simulación se estiman en USD$
5.36 billones (Gouvier, Less-Haley y Hammer, en prensa). Rogers (1997) informó de una
prevalencia de 4,5% de simulación y un 20% de sospecha de simulación entre personas
demandadas criminalmente, que habían sido diagnosticadas con demencia.
En un examen de 320 expertos forenses altamente calificados (Rogers, Sewell y Goldstein, 1994)
se detectó que el 15,7% de las evaluaciones en el ámbito forense fueron clasificadas como
simulaciones, y un examen posterior de 221 expertos forenses arrojó una estimación similar del
17,4%.
2 Informe elaborado por Ps. Rodrigo Pantoja Vera y Ps. Luis Cárcamo Montero, miembros del Directorio de la
Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense.
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Detección de la simulación
El DSM – IV TR recomienda sospechar de simulación si existe alguna de las siguientes
combinaciones de situaciones:
1. Presentación en un contexto médico – legal; 2. Discrepancia acusada entre el estrés o la alteración explicados por la persona y los datos
objetivos de la exploración médica; 3. Falta de cooperación durante la valoración diagnóstica e incumplimiento del régimen de
tratamiento prescrito; y, 4. Presentación de un trastorno antisocial de la personalidad.
Dada la amplitud de la categorización señalada, se han propuesto otros factores más específicos
que ayuden a precisar la definición de simulación, entre los que se destacan la incompatibilidad
entre los resultados de las pruebas y el perfil de los síntomas propios de las lesiones neurológicas;
muy pobre rendimiento en tareas motoras y sensoriales, y actuación normal en tareas que valoran
capacidades específicas como la memoria; inconsistencia entre las respuestas del sujeto, de forma
que falla en tareas fáciles y contesta bien a preguntas que implican los mismos proceso cognitivos
o habilidades, entre otros.
Pertinencia de la evaluación neuropsicológica en la detección de la
evaluación
Una de las propuestas más minuciosas en la evaluación de la simulación de trastornos mentales, y
que se presenta a continuación a modo de ejemplo, es el esquema propuesto por Slick, Sherman e
Iverson (1999), que describen tres categorías de simulación: posible, probable y evidente, siendo
necesaria cierta combinación de cuatro criterios propuestos, para que un sujeto sea clasificado en
alguna de esta tres categorías.
Los criterios son los siguientes:
A. Presencia de al menos un incentivo externo identificable al momento del examen. B. Evidencia de exageración o invención de síntomas en las pruebas neuropsicológicas,
reflejadas en: a. Curva de respuestas evidente: desempeño por debajo del azar (p<0.05) en una o
más medidas de elección forzada. b. Curva de respuestas probable: desempeño congruente con la exageración o
invención de síntomas en una prueba validada. c. Discrepancia entre los datos de las pruebas y los patrones conocidos del
funcionamiento cerebral. d. Discrepancia entre los datos de la prueba y el comportamiento observado. e. Discrepancia entre los datos de la prueba y los informes colaterales confiables.
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f. Discrepancia entre los datos de la prueba y la historia de formación documentada.
C. Evidencias de autoinforme, inconsistencias o discrepancias significativas en el paciente en los síntomas informados, que sugieren la simulación o exageración, que se evidencia en:
a. Autoinforme es discrepante con la historia documentada. b. Los síntomas informados discrepan con los patrones conocidos del
funcionamiento cerebral. c. Los síntomas informados discrepan con las observaciones de la conducta. d. Los síntomas informados discrepan con la información obtenida de informadores
colaterales. e. Evidencia de disfunción psicológica exagerada o simulada, apreciable en los
índices de validez de escalas validadas.
D. Las conductas que cumplen los criterios necesarios para los grupos A y B, no se explican mejor por factores psiquiátricos neurológicos o del desarrollo. Los comportamientos son producto de un esfuerzo racional y voluntario, motivado al menos en parte por incentivos externos.
Como ya se ha señalado, el esquema anterior constituye sólo una de las múltiples alternativas de
procedimientos de evaluación orientados a la detección de posibles casos de simulación de
trastornos mentales o de déficit en funciones neurológicas.
Respecto de este tipo de fenómenos, la evaluación psicológica mediante la entrevista y la
aplicación de test neuropsicológicos se cita en la literatura especializada de manera recurrente, en
la medida que constituye un aporte a la detección de simulación.
El diagnóstico psicológico y psiquiátrico en la valoración de la
imputabilidad
Tanto la simulación de trastornos mentales como la evaluación de condiciones y características del
sujeto y su entorno que influyan sobre su nivel de peligrosidad criminal, son dos ámbitos de
aplicación preferente para los procedimientos de evaluación psicológica.
En cuanto a la imputabilidad, cabe señalar una distinción importante acerca del modo en que este
aspecto se valora en el marco del proceso penal.
De acuerdo a nuestro Código Penal, existen condiciones que inciden sobre la imputabilidad del
sujeto, en los sentidos de eximir, atenuar o agravar la responsabilidad criminal.
El establecimiento de algunas de estas condiciones, como las que establece el número 1° del
artículo 10 del Código Penal, puede verificarse por medio de procedimientos de diagnóstico
psicológico y/o psiquiátrico.
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Sin perjuicio de ello, corresponderá al magistrado la valoración de los medios de prueba que se
sometan a su conocimiento, tal como lo señala el artículo 462 del proyecto de ley en comento.
Es de gran importancia tener en consideración la diferenciación establecida, en el sentido de que
la imputabilidad es una valoración jurídica, y por tanto de competencia exclusiva de los
Magistrados; en tanto, la valoración que se realiza en el ámbito de la salud mental se aplica sobre
eventuales fenómenos cuya concurrencia puede tener por consecuencia la valoración jurídica de
imputabilidad.
De esta forma, cabe reiterar que la evaluación de imputabilidad no es un acto médico, sino
jurídico; mientras que la evaluación de condiciones de salud mental en que se encuentren las
personas imputadas es un campo de confluencia de las disciplinas que tienen competencia en la
materia, es decir, de la psicología y la psiquiatría.
Sobre este último punto, cabe destacar la relación de complementariedad que se establece entre
la psiquiatría y la psicología, toda vez que ambas disciplinas tienen la capacidad de establecer
calificaciones diagnósticas sobre los fenómenos que se presentan a su evaluación, lo que no resta
mérito a las diferencias de enfoque que cada disciplina asume para el desarrollo del
procedimiento de evaluación, la selección de técnicas a utilizar y la forma en que se establecen las
conclusiones.
Con esto se espera clarificar que no existe una relación de subordinación, en que la psicología
haga las veces de disciplina auxiliar de la medicina, o de la psiquiatría, lo que responde a la ya
mencionada capacidad de ambas ramas de la ciencia para establecer calificaciones diagnósticas de
manera autónoma.
A modo de complemento, cabe señalar que la psicología se nutre y desarrolla a partir de la
construcción y permanente renovación de marcos teóricos y referenciales que superan los
alcances del modelo biomédico de compresión de fenómenos como los trastornos mentales.
La mencionada independencia teórico referencial de la psicología le permite el desarrollo de
técnicas propias para la valoración de los fenómenos que estudia, entre las que destacan la
producción de instrumental psicométrico y el diseño de estrategias terapéuticas, cuya aplicación
se ha validado en la práctica mediante la probada utilidad que han prestado estos desarrollos a la
salud mental y a la administración de justicia, entre otros ámbitos significativos para la población.
Se deriva de lo señalado, que tanto psiquiatras como psicólogos pueden, indistintamente,
establecer calificaciones diagnósticas de condiciones de salud mental relacionadas con la
valoración de la imputabilidad. Esta afirmación no pretende negar las ya reconocidas diferencias
de enfoques entre ambas profesiones, sino rescatar la ausencia de cualquier relación jerárquica
entre ambas disciplinas, así como las ventajas de su mutua complementación en la asistencia a
la administración de justicia.
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Observaciones al proyecto de ley planteado en el mensaje Nª 5078-07
A continuación se presentan los artículos del proyecto de ley que ameritan comentario de parte de
la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense, en virtud de los antecedentes previamente
consignados:
Artículo 455
Artículo 455.- Procedencia de la aplicación de medidas de seguridad.
Procederá la aplicación de las medidas de seguridad, de conformidad
con el procedimiento regulado en el presente Título, al enfermo
mental que hubiere realizado un hecho típico y antijurídico, que
fuere declarado inimputable como consecuencia de una enfermedad
mental, y siempre que existieren antecedentes calificados que
permitan presumir la probabilidad de comisión de nuevos delitos.
Al evaluar la probabilidad de comisión de nuevos
delitos, el juez deberá considerar, entre otros antecedentes, un
informe médico de un especialista en psiquiatría, sin que esta
presunción pueda sustentarse exclusivamente en la gravedad y
naturaleza del hecho típico y antijurídico realizado por el
imputado.
Comentario:
La “probabilidad de comisión de nuevos delitos” es homologable al concepto técnico de
“peligrosidad criminal”.
La evaluación de la peligrosidad criminal requiere necesariamente de la consideración de aspectos
dinámicos y prospectivos, tales como circunstancias personales y familiares que limitan
capacidades de autocontrol, o que constituyen factores que motivan o desencadenan actos
delictuales.
En tal sentido, la valoración de la “peligrosidad criminal” (en el proyecto “probabilidad de
comisión de nuevos delitos”) es materia de competencia de profesionales psicólogos y psicólogas
con formación y/o capacitación específica en procedimientos de evaluación pericial forense.
Dada esta situación, se recomienda eliminar la alusión al “informe médico de un especialista en
psiquiatría” incorporada en el segundo párrafo del artículo 455 del proyecto de ley, y en su lugar
especificar claramente la necesidad de considerar necesariamente, en la determinación de la
“probabilidad de comisión de nuevos delitos”, un informe psicológico forense de peligrosidad
criminal.
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Artículo 458:
Artículo 458.- Imputado con indicios de enfermedad mental. Si al
momento de practicar la detención o dentro del plazo establecido en
el inciso segundo del artículo 131, los agentes policiales o el
defensor que hubiere tomado contacto con el imputado, percibieren
indicios que permitieren suponer la existencia de algún tipo de
enfermedad mental que impida al detenido comprender su situación o
que pueda significar un riesgo para la integridad de terceros, se
comunicará en el plazo señalado en el citado artículo y por la vía
más expedita con el Ministerio Público, para que, si lo estimare
procedente, disponga que de manera previa a la audiencia de control
de detención, se practiquen en forma ambulatoria exámenes mentales
preliminares al detenido.
Los exámenes señalados en el inciso precedente
tendrán por objeto determinar la necesidad de realizar un informe
pericial psiquiátrico al imputado, respecto del cual existan
indicios que pudiese padecer de una enfermedad mental que afecte su
imputabilidad. Dichos exámenes deberán ser practicados por médicos
psiquiatras o médicos cirujanos debidamente certificados por el
Ministerio de Salud y no podrán tener mérito probatorio alguno.
Si no pudieren ser practicados los exámenes
mentales preliminares con antelación a la audiencia de control de
detención, el Fiscal podrá solicitar la ampliación de la detención
conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 132, para el
solo efecto de que se practiquen los exámenes preliminares al
detenido, no pudiendo extenderse su duración más allá del tiempo
necesario para su realización y del plazo previsto en el mismo
artículo. Dicha ampliación deberá cumplirse en los recintos penales
correspondientes, sin perjuicio del traslado ambulatorio al lugar en
que deba realizarse el examen.
Comentario:
Como se ha consignado previamente, la evaluación de condiciones de salud mental que afecten la
imputabilidad de una persona es un campo de confluencia de las disciplinas que tienen
competencia en la materia, es decir, de la psicología y la psiquiatría.
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No existiendo, a juicio de la organización que suscribe, causales que justifiquen la exclusión de
profesionales psicólogos y psicólogas de la participación en los procedimientos de evaluación
señalados en el segundo párrafo del artículo; a saber, exámenes mentales preliminares y
evaluación pericial forense, se recomienda a la Comisión incluir la mención a “psicólogos” entre
los profesionales facultados para la práctica de los exámenes señalados.
Se aprecia como un aspecto de suma importancia la certificación del Ministerio de Salud como
medida que permite establecer un estándar de calidad en la aplicación de exámenes mentales,
garantizando la idoneidad de los profesionales que ejecuten esta función.
Artículo 458 bis:
Art.458 bis.- Solicitud de realización de informe pericial
psiquiátrico. En cualquier etapa del procedimiento, cualquiera de
los intervinientes podrá solicitar al juez de garantía que disponga
la práctica del informe pericial psiquiátrico al imputado respecto
del cual existan indicios de enfermedad mental que pudiere afectar
su imputabilidad.
Los informes periciales psiquiátricos serán
practicados en las Unidades de Psiquiatría Forense Transitoria, o en
el Servicio Médico Legal o establecimientos de salud, según
corresponda.
El juez ordenará la suspensión del procedimiento
hasta tanto no se remitiere el informe requerido, sin perjuicio de
continuarse respecto de los demás coimputados, si los hubiere. Una
vez remitido dicho informe al juez de garantía, éste citará a una
audiencia para reiniciar el procedimiento.
Comentario:
Se reitera la mención a “informe pericial psiquiátrico”, como denominación del producto del
proceso de evaluación técnica de “indicios de enfermedad mental que pudiere afectar su
imputabilidad”, refiriéndose al imputado. Tal denominación obvia la competencia del profesional
psicólogo para practicar evaluaciones respecto de las mismas condiciones de salud mental.
No existiendo, a juicio de la organización que suscribe, causales que justifiquen la exclusión de
profesionales psicólogos y psicólogas de la participación en los procedimientos de evaluación
pericial forense de condiciones de salud mental que incidan sobre la imputabilidad de una
persona, se recomienda a la Comisión tener en consideración la pertinencia de aludir
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explícitamente a “informes periciales psicológicos” como alternativa y/o complemento del
“informe pericial psiquiátrico”.
Artículo 458 ter (no se reproduce completo):
Artículo 458 ter.- Internación provisional del imputado. Durante el
procedimiento, el tribunal podrá ordenar, a petición de alguno de
los intervinientes, la internación provisional del imputado, cuando
concurrieren los requisitos señalados la letra a) y b) del artículo
140 y 141, existan antecedentes calificados que permitan considerar
que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la
sociedad o del ofendido, y los exámenes mentales preliminares
practicados al imputado determinaren la necesidad de realizar un
informe pericial psiquiátrico.
En caso de no contar con los exámenes señalados en
el inciso anterior, podrá invocarse la información relativa a la
historia clínica psiquiátrica disponible del imputado, en cuanto
esta ilustre acerca de los aspectos señalados en el inciso segundo
del artículo 458.
Si se decretare la internación provisional, en la
misma resolución que la disponga, el tribunal fijará la fecha para
la realización de la próxima audiencia de revisión de dicha medida,
la que en caso alguno podrá ser fijada en un término que exceda de
quince días.
Para la realización del mencionado informe
pericial, la internación provisional se llevará a cabo en las
Unidades de Psiquiatría Forense Transitoria, donde el imputado será
sometido a evaluación, con el objeto de determinar su imputabilidad.
Además, podrá iniciarse el tratamiento médico del imputado si lo
requiriere.
Comentario:
Respecto del contenido del primer párrafo del artículo 458 ter, conviene reiterar que la evaluación
de la peligrosidad criminal es un ámbito específico de especial competencia del profesional
psicólogo/a, toda vez que la correcta evaluación de este aspecto debe recoger una amplia serie de
variables dinámicas, estableciendo análisis funcionales con valor prospectivo, es decir, analizar
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diversas condiciones de la situación personal y familiar actual en virtud del riesgo o protección que
aportan en relación con la probabilidad de cometer nuevos actos ilícitos.
En consecuencia, la necesidad del magistrado u otros actores del sistema de administración de
justicia, en el sentido de contar con información sobre el grado peligrosidad que reviste la libertad
del sujeto, debe responderse necesariamente por medio de un informe pericial psicológico que se
pronuncie sobre la peligrosidad criminal.
Respecto del último párrafo del artículo 458 ter, cabe señalar que las evaluaciones realizadas por
los profesionales del área salud mental (psicólogos y psiquiatras) se practican respecto de
condiciones de salud mental que pueden eventualmente incidir sobre la imputabilidad del sujeto.
No corresponde a la evaluación psicológica o psiquiátrica “determinar su imputabilidad”, como
señala el artículo, debido a que la imputabilidad es una calificación jurídica, y no psicológica ni
médica.
En tal sentido, sólo el magistrado podría pronunciarse respecto de la imputabilidad de una
persona, como lo explicita el artículo 462 del mismo proyecto: “corresponderá al Juez de Garantía
declarar que el sujeto requerido se encuentra en la situación prevista en el artículo 10, número 1°,
del Código Penal”.
También es del caso mencionar respecto del último párrafo del artículo 458 ter, que en el caso de
que las “Unidades de Psiquiatría Forense Transitorias” asuman funciones de evaluación pericial y
tratamiento, ambas tareas no pueden ser cumplidas por un mismo profesional respecto de un
sujeto beneficiario. Es decir, la evaluación pericial, por un lado, y el tratamiento médico o
psicológico, por otro, que procedan respecto de un mismo sujeto, no pueden ser desarrollados en
paralelo por el mismo profesional.
La consideración anterior responde a que contextos de evaluación pericial y de tratamiento
médico y/o psicológico establecen tipos de relación entre profesional y usuario distintos y, de
hecho, incompatibles, en función de los objetivos de cada instancia.
Los procesos de evaluación pericial forense, particularmente en el ámbito de la psicología, se
orientan a apreciar el estado en que se hallare la persona sometida al procedimiento, en términos
de diversas condiciones de salud mental y de capacidades funcionales particulares que resultan de
interés para la autoridad judicial.
Para estos efectos, el perito debe asumir el máximo de neutralidad posible en su relación con el
sujeto evaluado, evitando el compromiso con éste en el cumplimiento de los objetivos que se
proponga.
En cambio, los procesos de intervención terapéutica en psicología se caracterizan, entre otros
aspectos, por la activa construcción y desarrollo de un vínculo de colaboración entre profesional y
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paciente, en aras de generar un trabajo conjunto orientado al cumplimiento de las metas que éste
se ha propuesto y que han sido discutidas y consensuadas con el profesional tratante.
Artículo 460:
Artículo 460.- Actuación del Ministerio Público. Si el fiscal
hallare mérito para sobreseer temporal o definitivamente la causa,
efectuará la solicitud respectiva en la oportunidad señalada en el
artículo 248, caso en el cual procederá de acuerdo a las reglas
generales, debiendo presentar en dichas audiencias los informes
periciales psiquiátricos practicados al imputado.
En el evento que se decretare el sobreseimiento
definitivo o temporal en virtud de la enfermedad mental del
imputado, el Juez de Garantía podrá informar a la Autoridad
Sanitaria correspondiente.
Con todo, si al concluir su investigación, el
fiscal estimare concurrente la causal de extinción de
responsabilidad criminal prevista en el número 1 del artículo 10 del
Código Penal y, además, considerare aplicable una medida de
seguridad, deberá solicitar que se proceda conforme a las reglas
previstas en este Título.
Comentario:
Se reiteran las observaciones anteriores respecto de la mención a informes periciales
psiquiátricos.
Artículo 483:
Artículo 4°.- Las Unidades de Psiquiatría Forense Transitoria
serán establecimientos de carácter asistencial que dependerán del
Servicio de Salud respectivo y que se encontrarán ubicadas al
interior de los recintos penitenciarios, para el solo efecto de
contar con la custodia y resguardo perimetral a cargo de Gendarmería
de Chile.
Serán funciones de las Unidades de Psiquiatría
Forense Transitoria:
a) Realizar las evaluaciones y emitir los
informes periciales psiquiátricos que les ordene el juez de
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garantía, tanto respecto de imputados internados provisionalmente,
como de condenados, respecto de los cuales, conforme al artículo
482, pueda reemplazarse el cumplimiento de la sanción privativa o
restrictiva de la libertad por una medida de seguridad. Asimismo,
podrá iniciarse el tratamiento médico de aquellos que lo
requirieren.
b) Prestar atención médica de carácter
psiquiátrica y psicológica, en general, a la población penal que se
encuentre privada de libertad en el recinto penitenciario
respectivo.
En aquellos casos en que la atención comprenda la
hospitalización del interno, y previa indicación médica, éste será
trasladado, a los establecimientos de salud de la red asistencial
para la atención y tratamiento que corresponda.
Comentario:
Se reiteran observaciones señaladas respecto de la denominación “Informe pericial psiquiátrico”,
así como lo señalado respecto de la imposibilidad de que el mismo profesional desarrolle en
paralelo con un mismo usuario actividades de evaluación pericial forense y tratamiento.
Respecto de la letra b), se sugiere adecuar la redacción a fin de consignar que la psicología no
puede aparecer junto a la psiquiatría como una especialidad de aplicación de la medicina, sino que
consiste en una disciplina distinta de la medicina afín a ésta, y con la cual puede establecer
vínculos de complementariedad.
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Anexo Nº 2
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Metodología a aplicar en la elaboración de un peritaje psicológico en
materia de cuidado personal3
Antecedentes
El cuidado personal en el ámbito de la Justicia de Familia se refiere al “derecho y deber que tienen
los padres de cuidar, criar y educar personalmente a los hijos e hijas”4, cuyo ejercicio debe
realizarse en armonía con el bien superior del niño/a como principio rector, el cual apunta en
términos generales a la adecuada satisfacción de necesidades y la generación de contextos
favorables para el óptimo desarrollo de los niños y las niñas.
En virtud de lo anterior, el peritaje en materia de cuidado personal se orienta técnicamente al
análisis de las condiciones que ofrece la familia, o bien los ex – integrantes de una familia en
proceso de separación o divorcio, para ejercer el derecho y el deber de cuidar, criar y educar
personalmente a sus hijos, en un contexto promotor del desarrollo de éstos últimos y en beneficio
de su bien superior.
Aspectos centrales del proceso de evaluación
Para los efectos señalados, el proceso de evaluación pericial se concentra en los siguientes
elementos:
Establecer el nivel de desarrollo y ejercicio de las competencias parentales de los padres. Estas competencias incluyen diversas capacidades individuales de los padres para facilitar el desarrollo físico, afectivo, intelectual y social de sus hijos. Entre tales competencias destacan la capacidad para generar un vínculo de apego seguro con los hijos; la capacidad y el interés por estimular el desarrollo psicológico y social a través de la conversación y el juego, entre otras actividades; la capacidad para ofrecer medios adecuados y oportunos para la satisfacción de necesidades de los hijos; la capacidad para supervisar y controlar el comportamiento de los hijos mediante la imposición de normas claras y consistentes orientadas a su protección; etc.
Establecer el grado en que las condiciones contextuales y relacionales de la familia responden a las necesidades de adaptación de los niños y niñas, particularmente cuando la discusión sobre el cuidado personal se produce en el marco de un proceso de desarticulación de la familia. Más allá de las competencias y habilidades de los padres para ejercer adecuadamente el cuidado personal, la contingencia específica que significa la desarticulación de la familia (dada por un divorcio, por ejemplo), opera como un “cambio
3 Informe elaborado por la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense para el Colegio de Psicólogos
de Chile A. G. 4 http://www.minjusticia.cl/familia/materias_fam.php
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de escenario” relacional y afectivo que exige al niño o niña un proceso de adaptación. En beneficio del bien superior del niño, la decisión judicial respecto al cuidado personal debería tener en consideración la necesidad de facilitar la adaptación o “ajuste post-ruptura” en el niño o niña.
Evidentemente, la evaluación de los dos elementos mencionados supone un trabajo profesional
que debe realizarse tanto con el niño o niña, como con los adultos que forman parte de su
contexto relacional familiar más relevante. Es importante que, cuando existan ambos padres, el
proceso de evaluación recoja información de ambos para contrastar versiones eventualmente
contrapuestas que los padres podrían aportar respecto al panorama relacional de la familia.
Dado que la provisión de condiciones idóneas para el desarrollo de los hijos supone la disposición
de recursos tanto materiales como psicológicos, resulta indispensable que la evaluación pericial
integre la valoración de la dimensión social – material, como la psicológico – relacional, para lo
cual se requiere que la intervención diagnóstica de un profesional psicólogo (a) se complemente
con otra realizada por un (a) trabajador (a) social.
Metodología de evaluación
A continuación se reseñan los aspectos específicos que se consideran más relevantes dentro del
proceso de evaluación pericial en materia de cuidado personal. Estos aspectos aluden tanto a la
valoración de competencias parentales como a los aspectos relacionales y contextuales necesarios
de valorar para asesorar adecuadamente la decisión judicial.
a. Aspectos a evaluar en el ámbito personal
Relativos a la adaptación de los padres o A nivel psicológico: desajuste asociado a crisis marital, estrategias de
afrontamiento de problemas. o Adaptación social: estabilidad laboral, competencia social general, apoyo social
percibido (auxiliares en la atención de los hijos).
Relativos a la adaptación de los hijos o A nivel psicológico: trastornos emocionales y/o de conducta. o A nivel socio escolar: competencia social general, apoyo social percibido,
adaptación escolar. o A nivel familiar: percepción de las figuras parentales, comprensión de la
separación, preferencias motivadas respecto a la custodia y las visitas con el progenitor no custodio.
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b. Aspectos a evaluar en el ámbito familiar
Historia familiar Implicación parental relativa en la atención prerruptura de los hijos (ejercicio de
competencias parentales). Hábitos de crianza/educación (ejercicios de competencias parentales) y actitudes
educativas de los progenitores: Discrepancia interparental y Coherencia actitudes/hábitos Estabilidad intrafamiliar previsible con cada alternativa de custodia (cambios en el sistema
o figuras de cuidado diario, incorporación de parejas o parientes al escenario familiar, cambios de horarios y rutinas diarias, cambios percibidos en los patrones de autoridad y comunicación)
Pautas de relaciones familiares postrruptura: o relaciones interparentales en el continuo hostilidad-cooperación o relaciones parento-filiales: marco de relaciones de los hijos con el progenitor
provisionalmente no custodio, actitud de cada progenitor respecto a ese marco de relaciones e incidencia en las motivaciones filiales al respecto.
c. Aspectos a evaluar en el ámbito contextual
Sistema ambiental previsible con cada alternativa de custodia o Cambios (de residencia, colegio, etc.) efectuados/previstos o Incidencia previsible en función de: capacidad parental de afrontamiento de
problemas, soporte social percibido y edad y ajuste socioescolar de los hijos.
En cuanto a las técnicas aplicables para recolectar la información señalada, cabe señalar la
pertinencia de las entrevistas individuales con el niño o niña, las entrevistas individuales con los
padres, entrevistas conjuntas niña(a) – padre (o madre), para percibir la interacción y la calidad del
vínculo entre ambos en el contexto de entrevista, entrevistas a otros adultos relevantes por
cumplir funciones de cuidado de los hijos, y la aplicación eventualmente complementaria de
pruebas psicológicas coherentes con el objetivo de la evaluación.
Cabe destacar que las técnicas de evaluación pueden variar en función de la edad de los niños o
niñas que son objeto de pericia.
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Informe pericial
El informe pericial que se evacúa al Tribunal para dar cuenta del trabajo realizado por el psicólogo
(a) o por la dupla psicosocial, debe incluir como parte de su estructura los siguientes elementos:
a. Encabezamiento: Sección dedicada a identificar al perito, a las personas que son objeto de la pericia, y datos sobre la causa judicial en la cual se instruye la aplicación del procedimiento.
b. Objetivo: Declaración relativa al propósito de la evaluación como respuesta al requerimiento del Tribunal (o de parte, eventualmente), consignando en forma específica este requerimiento mediante la transcripción de la(s) pregunta(s) pericial(es).
c. Metodología: Relación breve de las técnicas, instrumentos y procedimientos aplicados para recabar la información.
d. Antecedentes: Descripción breve del estado en que se encuentra a las personas que son objeto de la evaluación al inicio de este procedimiento.
e. Resultados: Descripción de la información recogida en el proceso de evaluación. f. Conclusión: Análisis e integración de los resultados en términos sintéticos y orientados
aportar observaciones técnicas que serán de utilidad para el proceso de resolución judicial. Considera un pronóstico a partir del análisis realizado. Termina con la respuesta a la(s) pregunta(s) pericial(es).
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