el conflicto político militar
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Tema 3. El conflicto Político-Militar y los
Acuerdos de Paz en El Salvador
El siguiente tema trata sobre una breve descripción del
proceso político salvadoreño durante las décadas de 1970 y 1980
del siglo pasado; especialmente se menciona algunos elementos
determinantes que provocaron la guerra civil en el período de
1980-1992, como por ejemplo, la permanencia de la dictadura
militar como forma de dominación política desde 1932. La
exclusión del poder político de amplios sectores de la población, la
crisis económica y social, la organización de los grupos de
oposición armada, y la represión van a dar como resultado una
guerra civil durante 12 años. La destrucción de la infraestructura
económica, el agotamiento de la sociedad por la guerra y el fin del
conflicto Este-Oeste, entre otros factores, posibilitarían la firma
de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y el FMLN. Finalmente
se presentan algunas reflexiones del estado actual de dichos
acuerdos.
3.1. La Crisis política y Social de los años 70
Para entender el proceso político de El Salvador (esencialmente violento) de
los años 70 y 80 del siglo pasado (siglo XX) es necesario caracterizar brevemente
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la historia de El Salvador durante el período 1932-1979, a la luz de algunos
conceptos como los de democracia, régimen político y dictadura. La democracia
como sistema político surge en el siglo XVIII posterior a las revoluciones
inglesas, norteamericana y francesa. Se ha mencionado el concepto de sistema
político; este no es más que un modelo persistente de relaciones humanas que
implica, en una extensión significativa: poder, mando y autoridad. Así, la
democracia es un sistema político en el cual la oportunidad de participar en las
decisiones es ampliamente compartida por todos los ciudadanos. Por el contrario
una dictadura es un sistema político en el cual la oportunidad de participar en
las decisiones está limitada en unos pocos.
Visto de esa manera la historia política y social de nuestro país no ha sido
más que la historia de exclusión y marginación de la participación del poder
político de la mayoría de la población, especialmente los sectores del campo, es
decir que estamos hablando de la persistencia de una dictadura, cuyo sistema
político desde 1930 se ha caracterizado por:
La presencia militar en el manejo del aparato de gobierno,
La constante agitación popular,
El uso de la violencia para solucionar los conflictos sociales y políticos,
La falta de una institucionalidad democrática,
Por la exclusión y marginación de la mayoría de la población en las
decisiones políticas, al cual solo han tenido acceso los grupos de
poder dominantes y por consiguiente,
La vigencia de una dictadura.
Este sistema de dictadura hace crisis a finales de 1970, pero que en realidad
su caída comienza a conformarse a principios de esa década, periodo en el
cual
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ingresó en un acelerado deterioro cuyos signos más importantes serán los
siguientes:
La pérdida de confianza por parte de la mayoría de la población y de la
comunidad internacional del sistema electoral, principalmente por los
fraudes y la imposición del partido oficial (Partido de Conciliación
Nacional, PCN) sobre los demás partidos políticos. Es de destacar los
escandalosos fraudes en las elecciones para presidente de 1972 y 1977
en los cuales prácticamente le fue arrebatado el triunfo a la oposición,
representada en la Unión Nacional Opositora (UNO).
Por consiguiente el agotamiento del sistema de partidos, porque interna
e internacionalmente no se confiaba en el sistema electoral controlado
por el gobierno y los militares.
Desarrollo en el país de un movimiento político armado, paralelo a un
crecimiento del movimiento de masas.
Aumento de la represión por parte del gobierno en contra del
movimiento popular.
La caída de los precios de los productos de exportación: café, algodón y
azúcar, lo cual vino a agravar la crisis de acumulación de capital de los
sectores dominantes y agudizar la situación de pobreza del pueblo.
La caída de la inversión nacional y extranjera, debido principalmente al
clima de inestabilidad social y política que se va configurando en los
últimos años de la década de los 70.
De los aspectos anteriores se mencionan los más importantes. En primer
lugar, el papel preponderante que jugó el Ejército desde 1932 como única
institución presente en el sistema político, cuyo poder provenía de un modelo
económico fundamentado en la centralización del poder económico y político en
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un sector de la sociedad: la oligarquía. Así, durante la década de los 70, el
gobierno manejado por los militares y el PCN logra la mayoría de la Asamblea y
de los Concejos Municipales de 1972, 1974 y 1977, pero a un costo muy alto:
significó la violación de todas sus propias reglas del juego y la destrucción del
sistema electoral.
La crisis del modelo de dominación basado en los militares y en el partido
oficial comienza a configurarse a partir de los 70, coincidiendo con el desarrollo
del movimiento insurgente armado, por un lado, y de un movimiento de masas
muy activo y con nuevas formas de lucha, por otro lado. Los principales grupos
armados fueron las Fuerzas Populares de Liberación (FPL); el Ejercito
Revolucionario del Pueblo (ERP); las Fuerzas Armadas de la Resistencia
Nacional (FARN), surgidas en 1975 como producto de la división del ERP luego
del asesinato de Roque Dalton perpetrado por la cúpula de este grupo; el Partido
Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) en 1979 y por
último las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL). Todos estos grupos
constituyeron en al década de los 80 el Frente de Liberación Nacional “Agustín
Farabundo Martí” (FMLN).
Respecto al movimiento de masas, los principales fueron el Frente de Acción
Unificado (FAPU) en 1974, el Bloque Popular Revolucionario (BPR) en 1975 y las
Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) en 1977.
A partir de 1975, la represión en contra del movimiento popular fue
acentuándose, la vía de las elecciones cerrada, la crisis social y económica se
agudizaba cada vez más y para una gran parte de los sectores de la sociedad la
única opción que quedaba era la lucha armada para la toma del poder político.
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3.2. El Golpe de Estado del 15 de Octubre de 1979
El Golpe de Estado de 1979 fue un intento por superar la crisis profunda en la
que había entrado la estructura política y social del país, que no encontraba
salida con el esquema de dominación establecido desde 1932
El poder político fue ocupado por la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG)
integrada por civiles y militares, entre ellos jóvenes militares, representantes de
la empresa privada e izquierda moderada sin incluir los sectores radicalizados
como la oligarquía y revolucionarios de izquierda popular. Los objetivos
explícitos de la Proclama de la JRG, denotaban buenas intenciones de superar la
crisis económico-social a través de reformas estructurales, garantizar el
respeto de los derechos humanos y el derecho del pueblo a elegir libremente
a sus gobernantes, sanear al Estado de la corrupción e instauración de una
política exterior independiente. Sin embargo, también tenía un objetivo
implícito: evitar la toma directa del poder político por las fuerzas revolucionarias
radicalizadas.
El elemento principal de las reformas eran las de carácter económico-social y
consistían en la reforma agraria; la nacionalización del comercio
exterior, especialmente de los principales productos de exportación del sector
dominante del país como el café, el azúcar y el algodón y la nacionalización de
los bancos, necesario para canalizar el crédito para el sector reformado.
Pese a las buenas intenciones, pronto se vio la debilidad del movimiento
golpista al no contar con la aprobación de los sectores oligárquicos, quienes en
un primer momento se replegaron, y luego, comenzaron a boicotear las reformas
especialmente las reformas económico-sociales porque afectaba la base de su
poder económico. Además presionó a los militares de mayor graduación y
antigüedad, propiciando la represión en contra de los campesinos y técnicos
del sector reformado y del movimiento popular en general. Sus intenciones
dieron sus frutos con la renuncia de los civiles que integraron la 1ª JRG,
logrando
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recomponer la 2ª JRG con el pacto entre el Ejército, el Partido Demócrata
Cristiano (PDC) y los EE. UU.
Por su parte, los grupos político militares de izquierda también rechazaron el
golpe, porque valoraban apresuradamente que podían tomar el poder con sus
propias fuerzas en un tiempo relativamente corto; y por otro lado, vieron una
amenaza en las reformas para su triunfo, pues les restaba apoyo popular. La
verdad es que las organizaciones de izquierda tenían la razón, las reformas
fueron introducidas como medidas de contrainsurgencia, porque al final
no fueron de beneficio de los campesinos.
Un elemento importante en este proceso fue el aumento de la intervención
norteamericana en el conflicto. Los Estados Unidos a principios de la década de
los 80 iniciaban una contraofensiva a nivel mundial en contra del expansionismo
soviético en Afganistán y del movimiento popular en Nicaragua con el triunfo del
Frente Sandinista de Liberación Nacional, que significaba una amenaza a su
hegemonía mundial y continental. De esta manera el conflicto interno
salvadoreño se enmarca dentro de la confrontación Este-Oeste3. A partir del
triunfo de Ronald Reagan en 1980 en la presidencia de los EE. UU., se intensifica
la ayuda militar y financiera al Ejército salvadoreño, con el fin de derrotar a la
guerrilla, al grado que en 1981 el monto total de la ayuda sumaba 1,150 millones de
dólares, casi 3.15 millones diarios, incrementándose en los siguientes años4
El desplazamiento de las fuerzas progresistas y la recuperación del poder por
parte de la oligarquía desplazada en la 1ª. JRG, el aumento de la represión en
contra del movimiento de masas, la intervención norteamericana y la
agudización de la crisis económica, dieron como resultado la militarización del
conflicto interno salvadoreño.
3 El conflicto Este-Oeste fue el resultado del orden de poder establecido después de la 2ª. Guerra
Mundial entre los dos grandes potencias los Estados Unidos, por un lado, y la ex Unión
Soviética, por el otro.4 D. Hernández. El Salvador un modelo para armar. Historia analítica de la
literatura salvadoreña. Pag. 67.
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Los grupos armados de izquierda aglutinados en el FMLN, convencidos de
lograr un triunfo a corto plazo, iniciaron una guerra revolucionaria que duraría
doce años hasta la firma de los acuerdos de paz en 1992. De igual manera, los
EE.UU., el Ejército y la oligarquía estaban seguros de derrotar al FMLN, hasta
que llegó el estancamiento producido por la llamada “ofensiva hasta el tope” en
noviembre de 1989 y que demostró la imposibilidad de una victoria militar de
cualquiera de los dos bandos.
3.3. Los acuerdos de Paz de 1992.
Al final de la década de los 80, la imposibilidad de una salida militar al
conflicto, el cansancio generalizado en la población y la finalización del la
confrontación Este-Oeste generó la posibilidad de una salida político negociada
entre el FMLN y el Gobierno salvadoreño para instaurar una sociedad
verdaderamente democrática. Los acuerdos de paz fueron firmados en
Chapultepec, México en enero de 1992.
Para la mayoría de los sectores de la sociedad salvadoreña ya no tenía sentido
seguir con una guerra sin una destrucción total del país. Para el FMLN, el
objetivo inmediato ya no era la conquista del poder por la vía de las armas, sino
la lucha por una democratización política del país que generara condiciones para
la participación de todos los sectores. También es necesario mencionar la
influencia que ejerció el derrumbe del Muro de Berlín (simbolismo para expresar
la caída del socialismo de la antigua Unión Soviética y sus aliados) en la actitud
del FMLN, sobre todo le restaba apoyo ideológico en su lucha por el poder.
Para el sector empresarial y el Gobierno, no tenía sentido continuar con una
guerra en la cual se destruyera totalmente la infraestructura económica
haciendo más costosa la recuperación.
Para los EE.UU., que había tenido un papel importante en la intensificación
del conflicto, tampoco tenía sentido sostener una guerra dentro del esquema
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Este-Oeste, porque la desintegración del bloque socialista dejaba sin efecto su
preocupación de la amenaza comunista en la región centroamericana a la que
consideraba su patio trasero.
De alguna manera, el elemento internacional forzó la salida político negociada
a la guerra. Pero esta vez hay que destacar el papel fundamental de la
Organización de la Naciones Unidas, ONU en la mediación de las partes.
El contenido de los acuerdos se centró fundamentalmente en un cambio en la
estructura jurídico política a fin de no excluir a las fuerzas políticas
representante de todos los sectores del país. Para ello era necesario reformar
la constitución en la cual se crearan las bases para un nuevo país. Las
reformas mas importantes son las siguientes:
Acuerdo sobre los derechos humanos, en el que se propone la creación
de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
Reformas constitucionales para permitir la legalización del FMLN como
partido político y su participación en las elecciones.
Reforma constitucional donde se define el papel de la Fuerza Armada en
un Estado democrático: la Fuerza Armada es una institución obediente,
profesional, apolítica y no deliberante; su actuación se enmarcará
dentro de los principios del Estado de Derecho; la subordinación de la
Fuerza Armada a las autoridades constitucionales y su papel queda
limitado a la defensa de la soberanía e integridad del territorio,
quedando fuera de la misión del mantenimiento de la paz interna, de la
tranquilidad, del orden y de la seguridad publica.
La seguridad pública queda a cargo de una nueva institución: Policía
Nacional Civil.
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En el sistema judicial se propone la Creación del Consejo Nacional de la
Judicatura.
En el aspecto económico, lo mas destacado fue la creación del Foro de
Concertación Económico y Social con la participación igualitaria de los
sectores gubernamental, laboral y empresarial, con el objeto de lograr
acuerdos en conjunto tendientes al desarrollo económico del país
3.4. ¿Qué ha pasado en estos últimos años con los
acuerdos de paz?
Los Acuerdos de Paz en su espíritu y letra dejaron la idea de construir por la
vía del consenso, una sociedad nueva, justa y democrática. Después de casi 15
años es lógico preguntar ¿se ha logrado construir esa democracia? En el menor
de los casos ¿estamos en un período de transición de la construcción de la
democracia?
No podemos comparar el actual sistema político con las dictaduras militares
del pasado que reprimieron a los sectores explotados y marginados de la
sociedad. Ha habido cambios importantes, para citar un ejemplo, los fraudes
masivos en el sistema electoral, igualmente se ha ampliado el espectro
ideológico de los partidos dentro del proceso electoral, un nuevo marco
institucional y otros cambios. Sin embargo, la democracia no puede reducirse a
la celebración periódica de elecciones.
Existen una serie de situaciones en el sistema político actual, que hacen
reflexionar a muchos sobre un retroceso en los acuerdos pactados en 1992. La
corrupción estructural, la toma de decisiones sin la participación del pueblo, la
centralización del poder en manos del ejecutivo, la imposición de un modelo
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económico por encima de la pobreza, la mentira y la propaganda sucia, el
autoritarismo, etc.
La democracia se ha reducido a la elección periódica de representantes a la
presidencia y a la Asamblea Legislativa, sin embargo, los contenidos sustantivos
de la democracia efectiva son ignorados y sustituidos por prácticas autoritarias e
impopulares como las decisiones sobre la “dolarización”; la firma del Tratado de
libre Comercio con los EE. UU.; el aumento de la concentración económica y
política, imponiéndose de nuevo al amparo de la globalización económica
capitalista; frente a la inestabilidad generada por el empobrecimiento y la
marginación de la sociedad, se justifican y aprueban leyes como la “mano dura” y
la “supermano dura” que le transfieren poder a la PNC, desnaturalizando las
funciones constitucionales pactadas en los acuerdos de paz y sobre todo, la
ausencia de capacidad del Estado para respetar, proteger y promover
adecuadamente los derechos elementales, como el derecho a la vida y a la no
pobreza, hacen que cuestionemos el avance de la democracia en El Salvador,
base de los acuerdos de paz.
Se necesita de un nuevo debate que lleve a consensos reales entre todas las
fuerzas políticas y sociales del país. Se necesita despolarizar el debate
centralizado entre el FMLN y ARENA. Pero sobre todo debe haber un mayor
compromiso de parte de los sectores dominantes en el país para que exista
justicia social; si no ceden un poco, tal vez no lleguemos a otra guerra, pero
habrá más polarización, más violencia y protestas.
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