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Amnistía Internacional

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LA PENA DE MUERTE EN GEORGIA: RACISTA, ARBITRARIA E INJUSTA

JUNIO DE 1996RESUMENÍNDICE AI: AMR 51/25/96/s

DISTR: SC/CC/GR (21/96)

La aplicación de la pena de muerte ha aumentado en Estados Unidos desde 1977. Hasta el 30 de abril de 1996, el número de reclusos ejecutados ascendía a trescientos veintiocho y el del reos de muerte a más de tres mil en treinta y cuatro estados. Se han llevado a cabo ejecuciones en veintiséis estados. En 1995 se ejecutó a cincuenta y seis presos; una cifra superior a la de cualquier otro año desde la reanudación, en 1977, de la aplicación de la pena de muerte.

La pena de muerte en Georgia continúa utilizándose de forma racista, arbitraria e injusta. Las investigaciones han mostrado que en muchos casos el origen étnico de la víctima o del acusado fue un factor clave para que el fiscal tomara la decisión de pedir la pena de muerte. Muchos de los acusados condenados a muerte contaron con una defensa deficiente. La aplicación racista de la pena de muerte continúa a pesar del dictamen de 1972 de la Corte Suprema en la causa de Furman contra Georgia indicando que la aplicación «arbitraria y caprichosa» de la pena de muerte era inconstitucional según las Enmiendas 8 y 14 (veáse infra).

El gobierno federal ha continuado negándose a intervenir en la aplicación de la pena de muerte en los estados. En enero de 1994, Amnistía Internacional escribió una carta abierta al presidente Clinton pidiendo la creación de una comisión presidencial que examinara la aplicación de la pena de muerte. En la carta se exponían doce áreas de preocupación con relación a la aplicación de la pena de muerte y concluía que «las garantías procesales no están funcionando y se siguen produciendo las mismas injusticias que hicieron que la Corte Suprema, en la causa de Furman contra Georgia, anulara todas las leyes estatales sobre pena de muerte por ser inconstitucionales». En 1995, Amnistía Internacional reiteró su petición en favor de una comisión presidencial. Hasta la fecha, la organización no ha recibido ninguna respuesta significativa de las autoridades federales.

El propio gobierno federal puede ser culpable de prejuicios raciales al aplicar la pena de muerte. Con fecha del 31 de enero de 1996, el número de reos de muerte condenados en aplicación de la legislación federal ascendía a ocho, de los cuales seis pertenecían a minorías étnicas.

A Amnistía Internacional le horroriza que el gobierno federal esté dispuesto a hacer caso omiso de la realidad que rodea la aplicación de la pena de muerte.

Georgia es el quinto estado en el que más ejecuciones se llevan a cabo de los Estados Unidos desde 1977. Hasta el 30 de abril de 1996 se había ejecutado a veinte presos y ciento tres continúan condenados a muerte. El método de ejecución es mediante electrocución.

Georgia cuenta con un amplio historial de violencia racista contra las minorías étnicas. Entre 1880 y 1930, en los estados del sur de Estados Unidos se linchó a tres mil doscientas veinte personas de raza negra, cuatrocientas sesenta de ellas en Georgia; esta cifra contrasta con las setecientas veintitrés personas de raza blanca linchadas en el mismo periodo (cuarenta y nueve de ellas en Georgia).

A principios de este siglo, la aplicación de la pena de muerte se relacionó estrechamente con la cuestión del linchamiento. Conforme los linchamientos se iban haciendo socialmente inaceptables para las autoridades de Georgia, la exigencia pública de ejecutar a los presuntos culpables se satisfacía garantizando la aplicación de la pena capital.

Amnistía Internacional cree que la aplicación racista actual de la pena de muerte en Georgia se deriva de su historial de violencia contra sus minorías étnicas. La idea de que los prejuicios raciales terminaron con el dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la causa de Furman contra Georgia se ve claramente refutada por las pruebas estadísticas y particulares sobre la aplicación de la pena capital.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente por constituir una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante, según proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.

PALABRAS CLAVE: PENA DE MUERTE1 / DISCRIMINACIÓN RACIAL1 / MINORÍAS / JUICIOS / MENORES / SALUD MENTAL / MILITARES COMO VÍCTIMAS / EXCARCELACIÓN / COMPENSACIÓN / HÁBEAS CORPUS / LEGISLACIÓN / TESTIMONIOS DE PRESOS / AI Y LOS GOBIERNOS / FOTOGRAFÍAS

Este informe resume un documento titulado Estados Unidos: La pena de muerte en Georgia: Racista, arbitraria e injusta (Índice AI: AMR 51/25/96/s), publicado por Amnistía Internacional en junio de 1996. Quien desee más información o actuar al respecto debe consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOS

LA PENA DE MUERTE EN GEORGIA: RACISTA, ARBITRARIA E INJUSTA

Junio de 1996Índice AI: AMR 51/25/96/s

Distr: SC/CC/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Índice AI: AMR 51/25/96/sAmnistía Internacional, junio de 1996

La pena de muerte en Georgia: Racista, arbitraria e injusta

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: La noche en que Warren McCleskey fue ejecutado, el 25 de septiembre de 1991, un miembro del Klu Klux Klan se manifestaba en favor de la pena de muerte ante el Centro de Diagnóstico y de Clasificación de Georgia, cárcel que alberga a los reos de muerte del estado. © Bill Clark

Amnistía Internacional, junio de 1996Índice AI: AMR 51/25/96/s


ÍNDICE

Introducción 1

Perspectiva histórica 3

Dictámenes de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la pena de muerte en Georgia 4

Racismo y pena de muerte 6El caso de Wilburn Dobbs 6Prejuicios raciales en la selección de jurados 8Discriminación racial al solicitar la pena de muerte 9

Asistencia letrada inadecuada de los acusados de delitos punibles con la muerte 10El caso de John Young 12

Intentos legales de agilizar el proceso de apelación para los reos de muerte 14

Ejecución de delincuentes menores de edad 14El caso de Christopher Burger 15

Ejecución de retrasados mentales 17El caso de Jerome Bowden 17

Hombres inocentes condenados a muerte 18El caso de Jerry Banks 19

El empleo de la clemencia 21El caso de William Hance 22

La aplicación por motivos políticos de la pena de muerte 23

Declaraciones sobre la repercusión para las víctimas 25

El coste de la pena de muerte 26

La crueldad de las ejecuciones 27

Conclusiones 28



LA PENA DE MUERTE EN GEORGIA:RACISTA, ARBITRARIA E INJUSTA

IntroducciónLa aplicación de la pena de muerte ha aumentado en Estados Unidos desde 1977. Hasta el 30 de abril de 1996, el número de reclusos ejecutados ascendía a trescientos veintiocho y el del reos de muerte a más de tres mil en treinta y cuatro estados. Se han llevado a cabo ejecuciones en veintiséis estados. En 1995 se ejecutó a cincuenta y seis presos; una cifra superior a la de cualquier otro año desde la reanudación, en 1977, de la aplicación de la pena de muerte.

Georgia es el quinto estado en el que más ejecuciones se han llevado a cabo en los Estados Unidos desde 1977. Hasta el 31 de enero de 1996 se había ejecutado a veinte presos y ciento tres continúan condenados a muerte. El método de ejecución es mediante electrocución.

La pena de muerte en Georgia continúa utilizándose de forma racista, arbitraria e injusta. Las investigaciones han mostrado que en muchos casos el origen étnico de la víctima o del acusado fue un factor clave para que el fiscal tomara la decisión de pedir la pena de muerte. Muchos de los acusados condenados a muerte contaron con una defensa deficiente. La aplicación racista de la pena de muerte continúa a pesar del dictamen de 1972 de la Corte Suprema, en la causa de Furman contra Georgia, indicando que la aplicación «arbitraria y caprichosa» de la pena de muerte era inconstitucional de conformidad con las Enmiendas 8 y 14.

El gobierno federal ha continuado negándose a intervenir en la aplicación de la pena de muerte en los estados. En enero de 1994, Amnistía Internacional escribió una carta abierta al presidente Clinton1

pidiendo la creación de una comisión presidencial que examinara la aplicación de la pena de muerte. En la carta se exponían doce áreas de preocupación en relación con la aplicación de la pena de muerte y concluía que «salvaguardias procesales no están funcionando y hoy en día continúan las mismas injusticias que llevaron a que la Corte Suprema, en la causa de Furman contra Georgia, anulara todas las leyes estatales sobre pena de muerte por considerarlas inconstitucionales». En 1995, Amnistía Internacional reiteró su petición en favor de una comisión presidencial2.

Hasta la fecha, la organización no ha recibido ninguna respuesta significativa de las autoridades federales. En una respuesta de la oficina del fiscal general de Estados Unidos, el gobierno se negó a intervenir en la administración de la pena de muerte por los estados, manifestando simplemente que:

El gobierno y este Departamento están a favor de la pena de muerte en los casos en que convenga. De igual modo, nos oponemos de forma irrevocable a su aplicación de manera forma injusta, especialmente si esta injusticia radica en la discriminación racial o de otro tipo. (la negrilla es añadida)

Los comentarios de las autoridades federales indican que creen que la pena de muerte actualmente no se utiliza de «forma injusta». Sin embargo, esto contradice directamente las investigaciones federales anteriores sobre la

1Estados Unidos: Carta abierta al presidente sobre la pena de muerte (Índice AI: AMR 51/01/94/s)2Estados Unidos: Continuación de la carta abierta de Amnistía Internacional al presidente sobre la pena de muerte (índice AI: AMR 51/07/95/s)



aplicación de la pena de muerte. El análisis del Departamento General de Controlaría (General Accounting Office3) de veintiocho estudios de casos de pena de muerte encontró que en el «ochenta y dos por ciento de los estudios, se encontró que la raza de la víctima había influido en la posibilidad de ser acusado de asesinato o de que se dictase la pena de muerte, es decir, era más probable que las personas que hubieran asesinado a un blanco fueran condenadas a muerte que las que hubieran asesinado a un negro. Esta conclusión se mantenía firmemente a lo largo de los conjuntos de datos, de los estados, de los métodos de recopilación de datos y de las técnicas de análisis».

El propio gobierno federal puede ser culpable de discriminación racial al aplicar la pena de muerte. Con fecha del 31 de enero de 1996, el número de reos de muerte condenados en aplicación de la legislación federal ascendía a ocho, de los cuales seis pertenecían a minorías étnicas.

A Amnistía Internacional le horroriza que el gobierno federal esté dispuesto a hacer caso omiso de la realidad que rodea la aplicación de la pena de muerte. Existen numerosos ejemplos de intervención de la autoridad federal en asuntos de los estados. De haber adoptado la misma postura los gobiernos de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon Johnson, quizá no se hubiera aprobado la legislación que prohibió la discriminación racial en el registro de votantes ─Ley de Derechos del Votante4─. En el pasado, las autoridades federales han estado dispuestas a redactar leyes para garantizar que no se negara el derecho al voto a un ciudadano por motivos raciales, sin embargo, en la actualidad están dispuestas a hacer caso omiso de la aplicación racialmente discriminatoria de la pena capital.

Aunque el gobierno federal no realiza una labor directa a la hora de hacer cumplir las leyes estatales, Amnistía Internacional cree que conserva la responsabilidad de garantizar que todas las leyes dentro de su jurisdicción territorial se atienen a las normas internacionales mínimas establecidas en los instrumentos internacionales y de promover el respeto a los derechos humanos.

Según la Sección 5 de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, al Congreso se le concede la facultad expresa de «hacer cumplir, mediante la legislación apropiada» el derecho de todos los ciudadanos a contar con un proceso legal correcto y a la igualdad en la protección de las leyes. Hay indicios de que esta facultad no ha sido ejercida realmente en relación con la aplicación de la pena de muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente por constituir una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante, según proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Perspectiva históricaAntes de la guerra civil en los Estados Unidos, la legislación del estado de Georgia establecía diferentes penas para determinados delitos basándose en la raza del acusado o de la víctima. Por ejemplo, la violación de una

3El Departamento General de Contraloría es un organismo independiente del gobierno federal. El informe, Death Penalty Sentencing: Research Indicates Pattern of Racial Disparities, se publicó en febrero de 1990.4La Ley de Derechos del Votante, aprobada en agosto de 1965, suspendió las pruebas de alfabetización y otros pruebas a los votantes y autorizó el control federal del registro de votantes en los estados y distritos electorales individuales en los que se hubieran utilizado las pruebas y en los que menos de la mitad de los votantes con edad de votar se hubieran registrado o votado. La ley aumentó espectacularmente el sufragio negro en las elecciones. En 1964 votaron 687.000 (28,6%) personas de raza negra en las elecciones, mientras que en 1966 aumentó a 1.150.000 (47,5%).



mujer blanca por un hombre de raza negra era un delito punible con la muerte, mientras que si lo cometía un hombre de raza blanca implicaba una pena de entre dos y veinte años. La violación de una mujer de raza negra se penaba con «multa y reclusión, según la decisión del tribunal».

Georgia cuenta con un amplio historial de violencia racista contra las minorías étnicas. Entre 1880 y 1930, en los estados del sur de Estados Unidos se linchó a tres mil doscientas veinte personas de raza negra, cuatrocientas sesenta de ellas en Georgia; esta cifra contrasta con las setecientas veintitrés personas de raza blanca linchadas en el mismo periodo (cuarenta y nueve de ellas en Georgia)5. En Georgia, el linchamiento de personas de raza negra, sin investigación judicial del presunto delito, era socialmente aceptable. En 1897, Rebecca Felton, periodista del Atlanta Constitution, manifestó al dirigirse a la Sociedad Agrícola Estatal de Georgia: «Si hacer falta linchar para proteger la posesión más valiosa de una mujer [una referencia al temor de las mujeres blancas a ser violadas por hombres de raza negra]... entonces yo digo que se linche a miles todas las semanas si es necesario». Muchas veces, los grupos de linchamiento iban dirigidos por los «ciudadano notables» de la comunidad. El grupo que linchó a un hombre negro en Macon, Georgia, en 1922 siguió la iniciativa del director de un hotel local, del presidente de una compañía de seguros y de un comerciante local.

La aplicación de la pena de muerte a principios de este siglo se relacionó estrechamente con la cuestión del linchamiento. Conforme los linchamientos se iban haciendo socialmente inaceptables para las autoridades de Georgia, la exigencia pública de ejecutar a los presuntos culpables se satisfacía garantizando la aplicación de la pena capital. Por ejemplo, en 1909, un funcionario que se dirigió a un grupo de linchamiento manifestó: «No movería un dedo por salvar a este negro, pero sería una vergüenza enorme para este país y un gran retroceso para la ley y el orden ... que permitiéramos que se linchara a este sujeto... Les doy mi palabra de honor... que si algún abogado picapleitos consigue librarle ... yo mismo dirigiré al grupo de linchamiento y colgaremos al negro y al picapleitos de la misma rama del árbol.»

Entre 1924 y 1972, en Georgia se ejecutó a trescientos treinta y siete negros y a setenta y ocho blancos. Sesenta y seis hombres fueron ejecutados por violación (ya no es un delito punible con la muerte), de los cuales sesenta y tres eran negros. Según el censo de Georgia de 1990, las personas de raza negra constituyen el veintisiete por ciento de la población. De los veinte reclusos ejecutados en Georgia desde 1983, diecinueve fueron condenados por asesinar a una persona blanca.

Amnistía Internacional cree que la aplicación racista actual de la pena de muerte en Georgia se deriva del historial de violencia del estado contra sus minorías étnicas. La idea de que los prejuicios raciales terminaron con el dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la causa de Furman contra Georgia se ve claramente refutada por las pruebas estadísticas y particulares sobre la aplicación de la pena capital.

Dictámenes de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la pena de muerte en GeorgiaLos tres dictámenes más importantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la pena de muerte han estado relacionados con causas del estado de Georgia. En 1972, en Furman contra Georgia, la Corte declaró inconstitucional la pena de muerte. En 1976, en Gregg contra Georgia se declararon constitucionales las leyes estatales revisadas sobre la pena de muerte, permitiendo, por tanto, la reanudación de las ejecuciones. En 1987, en McClesky contra Kemp, la Corte rechazó un estudio estadístico exhaustivo que mostraba la discriminación racial en la aplicación de la pena capital en Georgia.

5Fuente: Lynching in the New South, W. Fitzhugh Brundage.Amnistía Internacional, junio de 1996Índice AI: AMR 51/25/96/s


En Furman contra Georgia, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló por cinco votos contra cuatro que la pena de muerte, según se aplicaba con las leyes existentes en el país, constituía una «pena cruel y excepcional» que violaba las Enmiendas 8 y 14 de la Constitución. La Enmienda 8 prohíbe infligir «penas crueles y excepcionales». Según la Enmienda 14, el Estado no puede privar a una persona de «la vida, la libertad o la propiedad, sin los debidos procesos legales, ni negar a una persona que se encuentre en su jurisdicción la misma protección de la ley». Furman, de raza negra, fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de un hombre blanco mientras intentaba irrumpir en la casa de éste.

El fallo respondió fundamentalmente a lo que los jueces consideraron la aplicación «arbitraria y caprichosa» de la pena de muerte, debido a las facultades ilimitadas concedidas a las autoridades encargadas de dictar sentencia (jurados o jueces) en los juicios por delitos punibles con la muerte. De los nueve jueces de la Corte Suprema, sólo dos de los cinco que respaldaron la apelación dictaminaron que la pena de muerte era «cruel y excepcional» intrínsecamente. Los otros tres basaron sus opiniones en la forma parcial en que se aplicaba, junto con la poca frecuencia con que entonces se dictaba. Varios también encontraron que la pena de muerte se aplicaba discriminatoriamente. El juez Douglas manifestó:

... la potestad de los jurados y de los jueces para dictar la pena de muerte permite que se aplique selectivamente, alimentando los prejuicios contra el acusado si es pobre y despreciado y carece de influencia política, o si es miembro de una minoría sospechosa o impopular, y salvando a los que, por su posición social, están más protegidos.

Aunque la decisión se refería específicamente a Furman y a otras dos causas que la acompañaban, en la práctica, invalidaba todas las leyes existentes sobre la pena de muerte, la mayoría de las cuales contenían disposiciones parecidas a las leyes de Georgia. El dictamen llevó a que se conmutara la pena capital a más de seiscientos reos de muerte en los diferentes estados del país. Después del dictamen de Furman, los estados comenzaron a revisar sus leyes y a modificar las facultades otorgadas a los jueces y jurados en los juicios por delitos punibles con la muerte. Hacia 1975, treinta y tres estados habían aprobado leyes revisadas de pena de muerte. Sin embargo, cómo el dictamen de Furman no había establecido que la pena de muerte fuera inconstitucional per se, y cada uno de los jueces tenía diferentes opiniones, la situación permaneció incierta hasta que las nuevas leyes fueron analizadas en la Corte Suprema.

La primera prueba importante afectó a las apelaciones de los reos condenados a muerte en aplicación de las nuevas leyes redactadas en Georgia, Texas y Florida; el primer caso fue el de Gregg contra Georgia. Troy Gregg fue condenado a muerte por el asesinato y robo en 1973 de Fred Simmons y Bob Moore. La Corte Suprema de los Estados Unidos estableció por siete votos contra dos que la pena de muerte era constitucional según se aplicaba con las nuevas leyes revisadas en los tres estados. Las leyes establecían que en los juicios por delitos en los que se podía dictar la pena de muerte se debía decidir por separado la determinación de culpabilidad o inocencia de la sentencia; si un acusado era declarado culpable de un delito punible con la muerte, el tribunal debía celebrar una vista separada para determinar si el acusado debía ser condenado a muerte o a cadena perpetua. Al decidir la sentencia adecuada, el tribunal debía examinar las circunstancias agravantes y atenuantes en relación con el delito y el delincuente.

Las leyes también establecían una revisión automática de las condenas a muerte por el tribunal de apelación de mayor instancia de los estados para garantizar que la pena de muerte se aplicaba en proporción con la gravedad del delito y de forma ecuánime según la ley del estado.

En una decisión clave tomada en 1987, la Corte Suprema rechazó por cinco votos cuatro la apelación del reo de muerte Warren McClesky (McClesky contra Kemp). McClesky había argumentado que la pena de muerte en



Georgia era inconstitucional porque se aplicaba de forma discriminatoria por motivos raciales. La afirmación se basaba en un exhaustivo estudio universitario del profesor David Baldus, de la Universidad del estado de Iowa. El estudio examinaba todas las declaraciones de culpabilidad por asesinato dictadas en Georgia entre 1973 y 1978 ─más de seiscientos casos─. Demostraba que los acusados negros y los acusados de matar a víctimas blancas tenían entre cuatro y once veces más posibilidades de ser condenados a muerte que otros acusados. El estudio también descubrió que esta diferencia se debía más a la decisión de las fiscalías de solicitar la pena de muerte mediante la celebración de un juicio por un delito punible con la muerte que a la decisión del jurado, una vez que disponía de la posibilidad, de dictar la pena capital. McClesky, de raza negra, había sido declarado culpable del asesinato de un agente de policía blanco. La Corte aceptó la mayoría de las conclusiones del estudio pero afirmó que «como mucho, el estudio de Baldus muestra que existían unas diferencias que parecían estar relacionadas con la raza. Las aparentes disparidades entre las condenas constituyen algo inevitable en nuestro sistema judicial". La apelación de McClesky se rechazó porque la Corte afirmó que no había demostrado que los responsables de la decisión tomada en su caso concreto hubieran actuado discriminatoriamente contra él (una carga de la prueba casi imposible).

En el caso de que la Corte se hubiera pronunciado en favor de McClesky y su conclusión hubiera sido que la pena de muerte estaba contaminada de racismo, podría haber echado abajo todas las leyes de pena de muerte en los Estados Unidos, como ocurrió en 1972 con el dictamen sobre Furman .

Los cuatro jueces que votaron en favor de la apelación se manifestaron enérgicamente contra la mayoría en su voto particular. El juez suplente William Brennan escribió: «Las pruebas estadísticas en este caso ... muestran irrefutablemente el riesgo de que la sentencia contra McClesky estuviera influenciada por motivos raciales. El modo en que elegimos quién va a morir revela la profundidad del compromiso moral de los vivos».

En una biografía publicada en 1994, se preguntó a Lewis Powell, ex juez de la Corte Suprema que votó en contra de la apelación de McClesky y el que redactó la opinión de la mayoría, si había alguna causa en que desearía haber votado de otra forma. El juez Powell contestó «Sí, McClesky contra Kemp». Reconoció que no supo interpretar las conclusiones estadísticas del estudio de Baldus: «Mis conocimientos de análisis estadístico son limitados o inexistentes». El juez Powell también opinó que la pena de muerte debía ser abolida y que, en caso de que siguiera formando parte de la Corte, siempre votaría en contra de esta pena.

Warren McClesky fue ejecutado el 25 de septiembre de 1991. Sin embargo, las ramificaciones del dictamen de su causa continúan. En 1995, la Corte Suprema de Georgia estableció que a primera vista parecía que había fundamentos en que basar la existencia de graves diferencias por motivos raciales en las sentencias por delitos de narcotráfico. Al principio, la Corte defendió por cuatro votos contra tres que los fundamentos en favor de la existencia de discriminación racial venían determinadas por las pruebas de que el 98,4% de los reos que cumplían cadena perpetua por delitos de tráfico de droga eran negros. La decisión de pedir cadena perpetua recaía íntegramente en los fiscales de distrito. Como consecuencia del dictamen de la Corte, el fiscal general de Georgia, apoyado por los cuarenta y seis fiscales de distrito ─todos blancos─ presentaron ante la Corte una petición para se volviera a celebrar la vista argumentado que la decisión de la Corte supuso «un importante paso hacia la invalidación» de la ley de pena de muerte del estado y que «paralizaría el sistema de justicia penal». Como respuesta, un miembro de la Corte cambió su voto y la Corte aprobó que la norma reguladora adecuada era McClesky contra Kemp y que, por tanto, no se había demostrado que hubiera motivos para mantener la primera postura.

Racismo y pena de muerte



Con fecha del 31 de enero de 1996, de los ciento tres reos de muerte que había en Georgia cuarenta y cuatro eran negros. Los tres rasgos principales de racismo en la pena de muerte son: la eliminación de los posibles jurados negros durante la selección del jurado; la posibilidad mucho mayor de que se pida la pena de muerte para los homicidios con víctima blanca, y la posibilidad mucho mayor de que se pida la pena capital contra los acusados negros.

En Georgia no se ha ejecutado a ninguna persona blanca por el asesinato de una víctima negra.

El caso de Wilburn Dobbs

Wilburn Dobbs, de raza negra, fue condenado a muerte en 1974 en un juicio afectado de racismo. Fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Roy Sizemore, blanco, durante un robo en diciembre de 1973. El delito se cometió en la pequeña comunidad segregada racialmente del condado de Walker, Georgia, cuya población era en un 96% blanca. El juicio comenzó doce días después de que se acusase a Dobbs y sólo tres días después de que el estado anunciase que iba a solicitar la pena capital. En el juicio, Dobbs, contó con un abogado de oficio, el cual, la mañana del juicio, solicitó un aplazamiento porque «no estaba preparado para ir a juicio» y «estaba mejor preparado para servir de acusación que de defensa». La moción se rechazó y el juicio prosiguió.

Durante el juicio, el juez y el abogado defensor se refirieron a Dobbs como «moreno» y «morenito» y el fiscal le llamó por su nombre de pila. Dos de los jurados que condenaron a Dobbs a muerte admitieron después del juicio que utilizaban el insulto racista «negro». Dos mujeres del jurado manifestaron que temían a las personas negras y que les «infundían más miedo que los blancos». Otra mujer del jurado afirmó: «Tendría miedo de un [hombre negro] en la calle ... creo que todas las mujeres blancas lo tendrían».

El juez del tribunal, juez Coker, fue miembro de la Cámara de Representantes y del Senado de Georgia de 1953 a 1963. Durante este periodo participó con otros miembros de las cámaras legislativas en los intentos para evitar la integración racial. El juez Coker presidió cuatro causas en los que se pidió la pena capital. Todas las víctimas eran blancas, con dos casos en los que los acusados eran negros y dos en que eran blancos. Las causas de los acusados blancos concluyeron con penas de cadena perpetua y en las dos causas de los acusados negros se dictaron penas de muerte.

El abogado defensor no presentó circunstancias atenuantes en la audiencia de determinación de la sentencia 6 sobre el motivo por el que no se debía dictar la pena capital contra Dobbs. Su único argumento fue indicar indirectamente que la pena capital no se llevaría a efecto. En ningún momento se refirió a Dobbs por su nombre y ni siquiera pidió que el jurado dictara cadena perpetua. Sus últimas palabras al jurado fueron «Sólo puedo pedir que al considerar la pena, inflijan una con la que crean que puedan vivir en paz». Se dejó al jurado sin conocer numerosos factores atenuantes que incurrían en la vida de Dobbs. Por ejemplo, la madre de Dobbs tenía doce años cuando le dio a luz y Dobbs nunca conoció a su padre, que murió poco después. La vida de Dobbs se inició en un entorno familiar que incluía el consumo de alcohol, la prostitución y la asociación con elementos delictivos. Finalmente, la abuela de Dobbs le sacó de su casa y le llevó con un familiar. Al no investigar el abogado defensor las posibles circunstancias atenuantes se negó a los miembros de la comunidad negra con los que Dobbs creció la posibilidad de pronunciarse en favor de la cadena perpetua.

Después de veinticinco minutos de deliberación sobre la sentencia, el jurado preguntó al juez en relación con la posibilidad que Dobbs tenía de disfrutar de la libertad condicional. El juez se negó a contestar. El jurado le condenó a muerte en menos de una hora.

6Los juicios por delitos punibles con la pena capital se dividen en dos fases. En caso de que el acusado sea declarado culpable, el juicio continúa con la «audiencia de determinación de la sentencia». Durante esta audiencia, el abogado defensor puede presentar circunstancias atenuantes para que el jurado no recomiende al juez la pena de muerte.



Al describir la actitud del abogado defensor hacia los negros, el Tribunal de Distrito Federal manifestó:

El abogado de Dobbs expresó con claridad sus opiniones. Dijo que muchos negros carecían de educación y que no serían buenos profesores, pero que sí era buenos jugadores de baloncesto. Opinó que los negros eran menos educados e inteligentes que los blancos por su naturaleza o porque «mi abuelo tenía esclavos». Manifestó que la integración había deteriorado los barrios y las escuelas y se refirió a la comunidad negra de Chattanooga como «selva negra». Dio a entender a las claras que el nivel moral de los negros era inferior al contar una historia sobre sexo en un aula...

El abogado manifestó que había empleado la palabra «negro» de broma.

La Corte Federal decidió que los prejuicios raciales del juez, el fiscal, el abogado defensor y el jurado de la causa no exigían la anulación de la sentencia. La Corte de Apelaciones encontró que aunque «algunas declaraciones de los jurados revelaban prejuicios raciales, ninguno de los jurados manifestó que consideraba a las personas de raza negra más predispuestas a la violencia que las blancas». Dado que ni el juez ni el abogado defensor decidían la pena, la Corte mantuvo que «aparte de las referencias del juez y del abogado defensor a Dobbs como "moreno" o "morenito", no puede decirse que la actitud racial del juez o del abogado influyeran en la decisión del jurado respecto a la sentencia». Después de una reprimenda de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte de Distrito Federal volvió a mantener que Dobbs no dispuso de una asistencia letrada incompetente a pesar del racismo de su abogado.

Wilburn Dobbs continúa condenado a muerte. En al menos cinco causas por delitos punibles con la muerte en Georgia, los propios abogados defensores se refirieron a los acusados con insultos racistas en algún momento del procedimiento judicial. La única referencia de un abogado de oficio a su cliente durante la audiencia de determinación de la sentencia de una causa por delito punible con la muerte en Georgia fue: «Tienen aquí a este pobre viejo negro que no pesa ni 135 libras. Es pobre y está arruinado. Tiene un abogado de oficio ... es un ignorante. Me atrevería a decir que su coeficiente de inteligencia no sobrepasa los ochenta». El acusado fue condenado a muerte.

Eddie Lee Ross, de raza negra, fue defendido por un racista confeso. El abogado de Ross, un anciano blanco, ocupó un cargo de responsabilidad en el Klu Klux Klan durante más de cincuenta años. El abogado no realizó ninguna petición presumarial, se durmió durante parte del proceso y faltó algunos días del juicio. Durante años, este abogado ha pronunciado discursos y ha publicado folletos instando a que la América blanca «se levante porque los negros son responsables de la mayoría de las violaciones y asesinatos de blancos y están quedando impunes en los tribunales».

Prejuicios raciales en la selección de jurados

En Georgia, el proceso de selección del jurado, conocido como voir dire, normalmente se utiliza de forma racialmente discriminatoria. En 1986, en la causa de Batson contra Kentucky7, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que era inconstitucional que los fiscales eliminaran a los posibles jurados por motivos raciales. Sin embargo, en numerosas ocasiones, los acusados de delitos punibles con la muerte no han sido juzgados por jurados integrados por una muestra representativa de la comunidad.

Seis de las doce personas negras ejecutadas en Georgia desde 1983 fueron declaradas culpables y condenadas por jurados íntegramente blancos debido a que los fiscales eliminaron a todos los posibles jurados negros. 7La Corte estableció que los fiscales no estaban autorizados a realizar recusaciones sin causa para tachar a los negros del jurado por su raza. Las recusaciones sin causa debe utilizarse por motivos «racialmente neutrales».



Un abogado que estaba investigando un caso no relacionada por infracción del Código Civil, se encontró con un memorando del entonces fiscal del distrito judicial de Ocmulgee, Joseph Briley, en el que preguntaba a los comisionados del jurado del condado de Putnam exactamente cuántos negros y mujeres debían añadir a la lista de posibles jurados. El objetivo del memorando parecía ser hacer la lista de jurados suficientemente representativa para evitar las recusaciones de los abogados de la defensa pero no completamente representativa de la población. Briley admitió que proporcionó a los comisionados del jurado el número de nombres necesarios para hacer la lista aceptable pero negó toda intención de discriminar. En las causas por delitos punibles con la muerte juzgados por Briley en los que el acusado era negro y la víctima blanca, Briley utilizó el noventa y cuatro por ciento ─96 de 103─ de sus recusaciones para eliminar a los jurados negros. El 13 de julio de 1995, el Macon Telegraph citaba la siguiente afirmación de Briley: «Reconozco que [la pena de muerte] no puede aplicarse equitativamente en nuestro sistema. Eso no quiere decir que sea injusta».



Discriminación racial al solicitar la pena de muerte

Las leyes sobre la pena de muerte del estado de Georgia volvieron a redactarse como consecuencia del dictamen de la Corte Suprema en la causa de Furman. Para que la pena capital fuese constitucional, los estados debían especificar los criterios para que los fiscales de distrito la solicitasen. La ley sobre la pena capital de Georgia especifica diez factores agravantes que permiten a los fiscales de distrito clasificar un asesinato como punible con la muerte. Los diez factores agravantes incluidos en la ley permiten que la mayoría de los asesinatos sean clasificados como punibles con la muerte. Por ejemplo, si el asesinato puede describirse como «deliberadamente vil, horrible o inhumano» o si el asesinato se cometió «con el fin de recibir dinero». Esto concede al fiscal de distrito una capacidad casi ilimitada para decidir si hace esta clasificación. Existen grandes diferencias numéricas entre la frecuencia con la que los circuitos judiciales solicitan la pena capital. El mayor número de sentencias de muerte fue solicitada por el circuito judicial de Stone Mountain ─ochenta y seis entre 1973 y 1995─. En ese mismo periodo, el circuito judicial de Apalaches sólo solicitó la pena capital en dos ocasiones.

El modo arbitrario en que las penas de muerte se solicitaban y dictaban provocó que un miembro de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia comentara en 1987 que si se mezclaban los expedientes de cien casos de asesinato penados con la muerte y otros cien penados con cadena perpetua, sería imposible clasificarlos por las sentencias teniendo en cuenta la información que contenían sobre el delito y el delincuente.

En Georgia, la pena de muerte se solicita fundamentalmente contra las personas acusadas de asesinar a las personas consideradas más valiosas por la sociedad; esto puede deberse a su condición social y económica o a su raza. Un estudio sobre las causas por delitos punibles con la muerte llevadas ante los tribunales del distrito judicial de Chattahoochee, Georgia, entre 1973 y 1990 mostró que en el ochenta y cinco por ciento de los casos los cargos contra los acusados eran el asesinato de un blanco. En el mismo distrito, durante el mismo periodo, el sesenta y cinco por ciento de las víctimas de asesinato fueron negras. El seis por ciento de los juicios de delitos punibles con la muerte fue por asesinatos de negros a manos de negros. En los veintisiete años que abarcó el estudio, nunca se pidió la pena de muerte por el asesinato de un negro a manos de un blanco.

Un estudio estadístico sobre la aplicación de la pena de muerte en el distrito judicial de Flint, Georgia 8, demostró que la pena de muerte se solicita seis veces más si la víctima es blanca. La pena de muerte se solicitó en seis de los trece casos de asesinato de mujeres blancas, pero nunca se solicitó en los once casos de asesinato de mujeres negras.

Las autoridades legales continúan negando que la pena de muerte se aplique de forma discriminatoria racialmente en Georgia. En julio de 1995, un fiscal general adjunto manifestó: «No creo que tengamos un problema racista en el estado. Todos somos humanos. Las personas no son perfectas, pero tenemos demasiados controles y mecanismos compensatorios en el sistema que ayudan a disminuir la discriminación»9 (la negrilla es añadida).

En algunas ocasiones, los funcionarios judiciales se han negado a reconocer que la discriminación racial pudiera interferir en el proceso judicial. Durante una vista judicial celebrada en 1990 en relación con William Brooks, de raza negra, respecto a si la discriminación racial había influido en su primer juicio, los abogados de la defensa preguntaron al fiscal de distrito sobre la falta de participación de las minorías étnicas en el proceso judicial: «... estos cinco hombres negros fueron juzgados por jurados íntegramente blancos y defendidos por abogados blancos, acusados por fiscales blancos y juzgados por jueces blancos. ¿No molesta su sentido de la justicia?» Después de debatirse la cuestión, el juez preguntó «¿Qué tiene que ver su sentido de la justicia con esto?» (la

8Recopilado por el profesor Mike Radelet, de la Universidad de Florida, para ser utilizado en el recurso del reo de muerte Carzell Moore. 9Citado en The Macon Telegraph, 13 de julio de 1995.



negrilla es añadida).10

Los fiscales de distrito muchas veces tienen en cuenta las opiniones de los familiares de las víctimas blancas respecto a si deben pedir la pena de muerte contra los acusados. Los familiares de las víctimas negras pueden no ser tan privilegiadas. No se consultó a los familiares de las víctimas de William Hance respecto a las posibles sentencias existentes. El fiscal de distrito que acusó a Hance declaró: «En la mayoría de las causas [por delitos punibles con la muerte] habló con las familias de las víctimas ... Estoy seguro de que hablé con todas ... excepto con Hance ... En realidad, no había familia con la que hablar ...» El expediente sobre las víctimas del abogado defensor daba otra versión; contenía el número de teléfono y la dirección de la madre de una de las víctimas. De haberse puesto en contacto con los familiares de las víctimas, habría descubierto que eran contrarias a la ejecución de William Hance. Varios familiares de las víctimas enviaron declaraciones juradas a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia solicitando que Hance no fuera ejecutado.

El fiscal de distrito responsable de solicitar la pena de muerte contra William Hance participó en otras siete causas por delitos punibles con la muerte durante su mandato. La causa de Hance fue la única en la que las víctimas fueron negras. También fue la única en la que no se solicitó la opinión de los familiares de la víctima.

La familia de la víctima de Brooks fue consultada e informada sobre los procedimientos legales. Al ordenar una corte de apelación un nuevo juicio, el fiscal de distrito convocó una rueda de prensa en la que anunció que, después de consultar con los familiares de la víctima, volvería a pedir la pena de muerte. En 1982, el padre de Brooks fue asesinado; el fiscal de distrito no se puso en contacto con la familia. En una vista judicial celebrada antes del nuevo juicio de Brooks, los familiares de tres víctimas negras de asesinatos (esposa, esposo y padre) declararon sobre sus experiencias con la oficina del fiscal del distrito después del asesinato de sus seres queridos. Ninguno de los tres había sido consultado por el fiscal del distrito ni había sido informado sobre los progresos de la causa seguida contra los acusados del asesinato de sus familiares.

Asistencia letrada inadecuada de los acusados de delitos punibles con la muerteAl igual que muchos otros estados que aplican la pena de muerte, en Georgia muchas veces no se facilitan abogados defensores versados en las leyes de pena de muerte. El vicepresidente de la Asociación de Abogados Procesalistas de Georgia describió el modo en que el estado fijaba si el acusado había contado con una asistencia letrada adecuada como la «prueba del espejo. Pones un espejo debajo de la nariz de un abogado de oficio, y si el espejo se empaña, la asistencia es adecuada».

El conocimiento que un abogado de la defensa tenga de las leyes sobre pena de muerte puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. John Eldon Smith y Rebecca Machetti ─ coacusados juzgados con unas pocas semanas de diferencia en el condado de Bibb, Georgia─fueron condenados a muerte por unos jurados cuya constitución parecía inconstitucional debido a que prevalecía el elemento masculino. Los abogados de Machetti recusaron la composición del jurado de la corte del estado debido a que era inconstitucional a tenor de un dictamen de la Corte Suprema de los Estados Unidos que prohibía la discriminación por sexos en los jurados. Los abogados de Smith no recusaron la composición del jurado porque no conocían este dictamen. La Corte Federal de Apelaciones ordenó un nuevo juicio para Machetti, en el que un nuevo jurado, que representaba equitativamente a la comunidad, dictó cadena perpetua. La corte federal se negó a examinar la misma cuestión

10Fuente: traducción de la transcripción de las vistas presumariales en State v. William Anthony Brooks.Índice AI: AMR 51/25/96/sAmnistía Internacional, junio de 1996


en el caso de Smith porque sus abogados no la habían preservado11. El 15 de diciembre de 1983, Smith se convirtió en el primer preso ejecutado en Georgia después del dictamen Furman. De haber contado Machetti con los abogados de Smith en la corte del estado y Smith los abogados de Machetti, Machetti habría sido ejecutado y Smith habría logrado el recurso federal de hábeas corpus.

James Messer estuvo representado en el juicio por un abogado que, durante el juicio oral, no realizó declaración inaugural, no presentó defensa, realizó interrogatorios precipitados de la parte contraria, no presentó objeciones judiciales y después, en sus breves observaciones de cierre, hizo hincapié en el horror del delito. Aunque tanto en el juicio oral como en la audiencia de determinación de sentencia el hecho de su grave retraso mental era importante, el abogado no logró presentar ninguna prueba de ello porque no consiguió demostrar al juez que necesitaba un experto en salud mental. Tampoco logró presentar el historial laboral y militar de Messer, ni sus antecedentes de asistencia a la iglesia y de cooperación con la policía. En sus conclusiones finales, el abogado insinúo repetidas veces que la muerte era el castigo más adecuado para su cliente. James Messer fue ejecutado el 28 de julio de 1988.

Las autoridades procesales se han opuesto enérgicamente a los intentos de mejorar la calidad de la asistencia letrada de las personas acusadas de delitos punibles con la muerte. En 1993, un proyecto de ley12 presentado en el Congreso sólo exigía una autoridad «certificatoria» para designar a los abogados encargados de la defensa en las causas punibles con la muerte, estableciendo sólo unos criterios mínimos en términos de años de práctica y número de casos, sin ninguna investigación sobre la calidad de su trabajo. Una carta distribuida entre los senadores criticó las «disposiciones amplias y costosas respecto a la designación de abogados» y citaba una presunta declaración del fiscal general de Georgia en la que manifestaba que, en caso de promulgarse, el proyecto de ley «derogaría en la práctica la pena de muerte».

Las apelaciones judiciales de los reos de muerte son redactadas muchas veces por abogados inexpertos. Sin embargo, en los tribunales se enfrentan con abogados que pueden llevar trabajando muchos años en causas por delitos punibles con la muerte. La jefe de la unidad que lleva los litigios de estas causas para el fiscal general de Georgia realiza este trabajo desde 1976. Goza de una gran experiencia reunida durante un largo periodo de tiempo en todos los tribunales estatales y federales de Georgia. Ella y su personal son muchas veces llamados por fiscales de distrito de todo el estado para consultarlos respecto a informes pendientes y, en algunos casos, colaboran en el proceso.

El bajo nivel de la asistencia letrada de los acusados de delitos punibles con la muerte se incrementa por la baja retribución económica ofrecida a los abogados defensores de estas causas. En Georgia, una causa por delito punible con la muerte se resolvió con una declaración de culpabilidad una vez que, como parte del acuerdo por el que el estado retiró la solicitud de pena capital, los abogados defensores aceptaron no pedir sus honorarios.

En 1990, los honorarios de los abogados experimentados en el trabajo en favor de los derechos civiles relacionados con las condiciones penitenciarias estaban entre 90 y 150 dólares por hora. Los abogados designados para las causas por delitos punibles con la muerte en los tribunales estatales no pueden esperar estos honorarios.

Una abogada en su quinto día de profesión en Columbus, Georgia, se sorprendió al ser designada para llevar una causa por un delito punible con la muerte. Dos días antes había conocido al juez que la designó al acompañar a su patrono a una vista judicial por un caso de divorcio. Tuvo que pedir ayuda para que se introdujera un segundo

11Para preservar una cuestión judicial para apelaciones futuras, la defensa debe formular una objeción.12Ley de Reforma del Hábeas Corpus de 1993. El proyecto de ley también contenía un estatuto de limitaciones y otras restricciones al hábeas corpus. El proyecto no se convirtió en ley.



abogado en la causa. Otro abogado nombrado para una causa punible con la muerte en el mismo tribunal envió su primera factura para que la aprobara el juez. Sin embargo, le dijeron que estaba tardando demasiado en el caso. Fue sustituido por un procedimiento sumario por otro abogado y el acusado acabó siendo condenado a muerte.

En 1993, en su discurso anual sobre el estado de la judicatura, el presidente de la Corte Suprema de Georgia, Harold Clarke, describió la respuesta de Georgia a la necesidad de dotar de una asistencia letrada adecuada a los acusados pobres: «Nos proponemos el objetivo embarazoso de la mediocridad. Me imagino que eso significa un punto intermedio. Y eso hace que surja la pregunta. ¿Estamos dispuestos a consentir una justicia a medias? A mi entender, una justicia a medias significa una injusticia a medias, y una injusticia a medias no es justicia en absoluto».

El caso de John Young

John Young, negro, fue ejecutado en Georgia el 20 de marzo de 1985 por el asesinato de tres ancianos blancos durante un robo en su casa el 7 de diciembre de 1974, cuando Young tenía 18 años.

Su defensa en Macon, Georgia, en enero de 1976, se asignó un abogado de oficio, Charles Marchmann Jr., que admitió (en una declaración jurada con fecha del 16 de marzo de 1985) «no haber dedicado prácticamente nada de tiempo a preparar la defensa de John Young». También admite que «en ningún momento obtuvo el historial social de [John Young] para averiguar algo de sus antecedentes ni entrevistó a ningún familiar o amigo del señor Young».

Marchmann además afirmó en su declaración jurada que durante el juicio de Young estaba agotado emocional y físicamente porque su matrimonio se había roto, estaba manteniendo una relación amorosa homosexual, y la enfermedad de su padre le había obligado a ocuparse del negocio familiar además de ejercer su propia profesión. Para aliviar la tensión provocada por este «cúmulo de problemas», tomó drogas (marihuana y anfetaminas) antes y durante el juicio de Young.

Sólo se llamó a un testigo de descargo durante el juicio. El doctor Miguel Bosch, psicólogo que examinó a Young y llevó a Marchmann a creer que iba a declarar que Young era extremadamente inestable y antisocial, con antecedentes de consumo de drogas, pero que podría ser rehabilitado. Al final, Bosch declaró que Young no podía ser rehabilitado bajo ninguna circunstancia. El jurado condenó a Young a muerte. Posteriormente, el presidente del jurado le dijo al señor Marchman que la declaración del doctor Bosch había sido decisiva para convencer al jurado de que dictara la pena capital, y que «si no les hubieran presentado ese testimonio, con toda seguridad, habrían dictado cadena perpetua».

En realidad, había importantes circunstancias atenuantes, que podrían haber persuadido al jurado para que no condenaran a Young a muerte. El amante de la madre de John Young la mató a tiros cuando John, de tres años, y su hermano, estaban en la cama con ella. Después, John quedó bajo el cuidado de un pariente alcohólico, el cual le sacó a la calle y se vio implicado en delitos menores, prostitución infantil y consumo de drogas. Marchman admite que no presentó estas circunstancias atenuantes: «No sabía como manejar ese hecho en concreto, por lo que prácticamente no hice nada, no adopté más medidas y simplemente no utilicé las pruebas en aquel momento».

Marchman fue arrestado el 2 de febrero de 1976, al poco del juicio de Young, y declarado culpable de posesión de marihuana con intención de distribuirla. Fue condenado a treinta días de cárcel y a cinco años de libertad probatoria. También le prohibieron ejercer la práctica legal. Al salir de la cárcel, Marchman se trasladó a Atlanta y evitó cualquier contacto con los abogados y colegas de Macon. Sólo se avino a tratar su manejo del caso de



Young y a ofrecer su declaración jurada cuatro días antes de la fecha prevista para la ejecución de Young, afirmando que no tenía conocimiento de que la ejecución estuviera a punto de tener lugar.

John Young pidió clemencia a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia. La petición de clemencia ofrecía información sobre el carácter y los antecedentes de Young que no habían sido comunicados al jurado que le condenó a muerte. Esto incluía una declaración de un psicólogo infantil en la que describía la respuesta traumática que probablemente provocaba en un niño de tres años el presenciar el brutal homicidio de su madre. La petición de clemencia se basaba en tres puntos principales: primero, que el jurado sabía muy poco de Young cuando tomó su decisión y en lugar de oír a los amigos y conocidos antiguos de Young sólo escucharon a un psiquiatra del estado que se reunió brevemente con Young y que dispuso de información errónea e incompleta en la que basar su testimonio. Segundo, aunque el jurado sabía que la madre de Young había muerto cuando éste era un niño pequeño; no conocían las circunstancias. Tercero, el jurado nunca supo que el abogado de Young tenía graves problemas de drogodependencia que, junto con otros problemas traumáticos en su vida privada, le impedían representar adecuadamente a Young. Los recursos judiciales posteriores no trataron el problema de la inadecuada defensa con la que contó Young. La Junta de Indultos y Libertad Provisional de Georgia rechazó la petición de clemencia

Amnistía Internacional cree que la falta de asistencia letrada adecuada en muchos casos contraviene las Salvaguardias del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para Garantizar los Derechos de los Condenados a Muerte13. La salvaguardia 5 establece que la pena capital sólo puede llevarse a efecto después de un proceso judicial que ofrezca todas las garantías para garantizar un juicio justo, al menos equivalentes a las contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 14, incluido el derecho de los acusados a contar con la asistencia letrada apropiada en todas las fases de las actuaciones.

13Aprobadas el 25 de mayo de 1984.14Ratificado por el gobierno de Estados Unidos el 8 de junio de 1992.



Intentos legales de agilizar el proceso de apelación para los reos de muerteEl 10 de abril de 1995, el gobernador Zell Miller firmó la Ley de Reforma del Recurso de Hábeas Corpus para los Condenados a la Pena de Muerte de 1995. La ley pretende agilizar los procesos de apelación para que puedan llevarse a efecto más ejecuciones. La Asamblea General de Georgia decidió que los procedimientos de hábeas corpus no debían ser empleados por los condenados a muerte «sólo como táctica dilatoria con la disculpa de garantizar sus derechos» y que el cumplimiento estricto de los procedimientos de hábeas corpus «evitará que se desperdicien los limitados recursos disponibles y eliminará las demoras innecesarias a la hora de llevar a cabo las sentencias ...»

La ley establece plazos para presentar y tramitar las apelaciones. Aunque los partidarios de la pena de muerte lograron que se aprobara esta ley en la Asamblea General con el fin de agilizar las ejecuciones, es dudoso que este compleja ley tenga esa consecuencia, dado que será objeto de recursos judiciales.

El intento de limitar los plazos de los recursos de hábeas corpus sucede a la supresión por el Congreso de los Estados Unidos15 de los fondos destinados al Centro de Recursos contra la Pena de Muerte de Georgia. Este centro contaba con varios abogados especializados en la legislación sobre la pena capital y proporcionaba asistencia letrada a muchos de los reos de muerte del estado. En la actualidad, el centro sólo cuenta en plantilla con dos de los ocho abogados que tenía.

La imposición de procedimientos de apelación más rápidos y la eliminación de un grupo de abogados especializados en la legislación sobre la pena de muerte aumenta el riesgo de que se ejecute a una persona inocente ─un problema reconocido por los defensores de la pena capital─. Michel Bowers, fiscal general de Georgia, declaró: «Le digo a la gente que si queremos que las apelaciones se limiten a dos o tres al año, en algún momento vamos a ejecutar a la persona equivocada. Desde luego que lo haremos. Somos humanos. Pero es una cuestión de voluntad»16. Sin embargo, en una entrevista diferente concedida a un periódico de Georgia, se citaron unas declaraciones suyas en las que afirmaba que dos o tres años para el proceso de apelación era «un plazo sobrado»17. En un estudio citado en el mismo periódico se informaba de que el sesenta y siete por ciento de la población de Georgia consideraba que dos años o menos era suficiente tiempo para el proceso de apelación.

Ejecución de delincuentes menores de edadActualmente, hay dos delincuentes menores de edad en Georgia. José Martínez High, negro, condenado en 1978, y Alexander Edmund Williams, negro, condenado en 1986. Ambos tenían diecisiete años en el momento del delito.

En febrero de 1996, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Georgia aprobó un proyecto de ley que rebajaba a dieciséis años la edad en la que los acusados podían ser condenados a muerte. Es improbable que las dos cámaras legislativas del estado aprueben este proyecto de ley.

Actualmente, las leyes de Georgia permiten condenar a la pena capital a cualquier persona mayor de diecisiete

15Para más información véase el documento de AI Noticias sobre la pena de muerte en Estados Unidos en 1995 (Índice AI: AMR 51/01/96/s).16Citado en Newsweek, 7 de agosto de 1995.17Citado en Macon Telegraph, 16 de julio de 1995.


años en el momento de la comisión del delito punible con la muerte.

Desde 1990 sólo se ha informado de cuatro países en todo el mundo en los que se ha ejecutado a delincuentes menores de edad: uno fue ejecutado en Arabia Saudí y otro en Paquistán en 1992; uno en Yemen en 1993, y seis en los Estados Unidos. En total, desde 1985, en los Estados Unidos se ha ejecutado a nueve delincuentes juveniles y más de treinta y cinco continúan condenados a muerte.

El caso de Christopher Burger

Christopher Burger fue ejecutado el 7 de diciembre de 1993. Fue el primer delincuente juvenil en ser ejecutado en Georgia desde 1957 y es, hasta la fecha, el único ejecutado en aplicación de las leyes sobre la pena de muerte vigentes actualmente en el estado. Christopher Burger, blanco, tenía diecisiete años en el momento del delito y era soldado del ejército estadounidense. Fue condenado a muerte primero el 25 de enero de 1978 por el asesinato en 1977 de un de soldado compañero suyo, y taxista con dedicación parcial, Roger Honeycutt, también blanco. Su sentencia fue anulada en la apelación, pero volvieron a condenarlo a muerte en julio de 1979. El otro acusado, Thomas Stevens, también fue ejecutado el 29 de junio de 1993. En el juicio, Burger estuvo representado por un abogado de oficio que no investigó los antecedentes de su cliente ni presentó circunstancias atenuantes en la audiencia de determinación de la sentencia. Al jurado no se le dijo que el coeficiente de inteligencia de Burger era bajo, muy por debajo del normal; que padecía una enfermedad mental y que sufría daños cerebrales como resultado de los malos tratos físicos padecidos de niño; que tuvo una educación perturbada e inestable, y que intentó suicidarse a los quince años.

En junio de 1987, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el recurso de Burger por cinco votos contra cuatro. Respecto al no haber presentado circunstancias atenuantes, la opinión mayoritaria reconocía que las nuevas circunstancias «habrían revelado que el recurrente tuvo una infancia excepcionalmente infeliz» y que «el registro de la vista del recurso de hábeas corpus no indica que [el abogado defensor] pudo haber realizado una investigación más exhaustiva de la que llevó a cabo». Se manifestaron dos opiniones fuertemente discrepantes, las de cuatro jueces para los que el abogado de la defensa se equivocó al no presentar ninguna prueba en la audiencia de determinación de la sentencia. El registro indicaba que la reunión del abogado con el acusado fue breve, y que era improbable que Burger revelara voluntariamente muchos de los datos sobre su infancia. La madre de Burger declaró que sólo habló con el abogado después de que ella se puso en contacto con él y que no le explicó el significado de la audiencia de determinación de la sentencia, ni la necesidad de las circunstancias atenuantes. Los jueces encontraron que las circunstancias reales de la infancia del acusado podrían haber venido muy al caso en esta audiencia.

Christopher Burger sufrió privaciones, inestabilidad y malos tratos en su infancia. Su madre, que a su vez padecía una enfermedad mental crónica, le golpeaba frecuentemente. Según su declaración en la audiencia de determinación de la sentencia, alguna vez había encerrado a su hijo en un cuarto para evitar hacerle daño. Los padres de Burger se divorciaron cuando tenía nueve años y quedó bajo la custodia de su padre que solía propinarle puñetazos y golpes. No era querido por la nueva familia de su padre que a veces le dejaba fuera de casa. Pasaba de unos padres a otros y solía suplicar poderse quedar con su madre. En una ocasión quedó bajo el cuidado de un novio de su madre durante varios meses, en ese periodo fue gravemente maltratado. Uno de sus dos padrastros también le golpeó. A los once o doce años comenzó a inhalar disolventes orgánicos y a fumar marihuana. En mitad de la adolescencia presentaba claras señales y síntomas de padecer graves desórdenes psiquiátricos. Intentó suicidarse a los quince años.

La condena a muerte y la ejecución de los delincuentes juveniles vulnera el artículo 6 (5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 37 (a) de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño18 y las Salvaguardias del ECOSOC de las Naciones Unidas para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptada por la Resolución 1984/50, el 25 de mayo de 1984.

Aunque los Estados Unidos han introducido una reserva al artículo 6 basándose en las leyes de los estados que

18Firmado por el gobierno de los Estados Unidos en 1995.

permiten la ejecución de los delincuentes juveniles, Amnistía Internacional cree que esta reserva a un derecho no derogable debería considerarse nulo. Ningún otro gobierno ha introducido una reserva similar al artículo 6 del PIDCP. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su Comentario General 24 del 2 de noviembre de 1994 manifestó que no se pueden introducir reservas a la prohibición establecida en el artículo 6 de privar arbitrariamente de la vida y que, en particular, los Estados no se pueden reservar el derecho de ejecutar a menores19. Al examinar el informe inicial sobre los Estados Unidos en su 53 periodo de sesiones, celebrado en abril de 1995, el Comité comentó que estaba especialmente preocupado por las reservas al artículo 6, párrafo 5, y al artículo 7 del Pacto, que consideraba incompatibles con el objetivo y el fin del Pacto20 y solicitó al gobierno de los Estados Unidos que las suprimiera.

19Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/21/Rev/add.6.20Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.50.

Ejecución de retrasados mentales

El caso de Jerome Bowden

Jerome Bowden, de treinta y tres años, de raza negra y retrasado mental, fue ejecutado en Georgia el 24 de junio de 1986 por el asesinato de una mujer blanca diez años antes durante un robo.

Su ejecución se produjo un día después de la realización por un psicólogo contratado por el estado de una prueba de inteligencia de tres horas de duración que reveló que su coeficiente de inteligencia de sesenta y cinco no era lo suficientemente bajo para librarle de ser electrocutado. Los abogados defensores no tuvieron la posibilidad de contradecir las conclusiones del psicólogo.

Jerome Bowden fue condenado en parte por su presunta declaración de que había participado en el delito y en parte por el testimonio de otro acusado. No se averiguo cuál de los dos fue el homicida. El otro acusado fue condenado a cadena perpetua en otro juicio.

El juez del proceso negó una petición de Jerome Bowden para que se probara su aptitud mental para ser juzgado. Su abogado retiró la reclamación de demencia en su favor. Esto significó no sólo que nunca se dijo al jurado que Jerome Bowden era retrasado mental sino que renunció al derecho a plantear la cuestión posteriormente. En caso contrario, su caso habría sido revisado teniendo en cuenta el dictamen de febrero de 1985 de la Corte Suprema, en el que se estableció que los estados deben proporcionar ayuda psiquiátrica a los acusados indigentes para preparar la defensa por demencia si demuestran que su estado mental en el momento del delito es un factor significativo para el juicio.

Según los informes, Jerome Bowden tenía la edad mental de un niño de doce años. Sus abogados en la apelación dijeron que no comprendía su condena ni la muerte como castigo. Uno de ellos dijo: «No puede imaginar su no existencia. Llevar a cabo una sentencia de ejecución contra una persona así sería un acto de venganza carente de sentido».

La ejecución de Jerome Bowden fue fijada originalmente para el 18 de junio de 1986 pero, ocho horas antes, la Junta de Indultos y Libertad Provisional de Georgia le concedió un aplazamiento de noventa días pendiente de la evaluación de su capacidad mental. El aplazamiento se levantó seis días más tarde ─al día siguiente de recibir la Junta el informe del psicólogo que examinó al preso por encargo suyo─. El psicólogo estableció que su coeficiente de inteligencia era de 65. Se ha informado que un miembro de la Junta indicó posteriormente que Jerome Bowden habría sido internado en una institución mental si su coeficiente llega a ser inferior a cuarenta y cinco.

Los observadores han cuestionado la validez de la evaluación psicológica de la Junta, basada en una sola prueba.

Una portavoz de la sección local de la Unión Americana para las Libertades Civiles dijo que el coeficiente de sesenta y cinco del reo le habría hecho acreedor de una pensión por incapacidad total de la Seguridad Social de los Estados Unidos. «Si tu coeficiente de inteligencia es sesenta y cinco o inferior eres un inútil para la sociedad del siglo XX, pero lo suficientemente listo como para que te maten».

Las protestas desatadas después de la ejecución de Jerome Bowden hicieron que se aprobara una ley en el estado de Georgia que prohibía la aplicación de la pena de muerte a los acusados declarados «culpables pero retrasados mentales». La ley entró en vigor el 1 de julio de 1988. Antes de permitirse a un acusado declararse «culpable pero retrasado mental», se le exigiría someterse a un examen psicológico y convencer al tribunal de que era retrasado. La decisión de si el acusado es retrasado mental se deja al jurado, o al juez en los casos en que se ha renunciado al juicio con jurado. Los reos declarados «culpables pero retrasados mentales» pueden ser condenados a cadena perpetua.

A pesar de la aprobación de esta ley, el fiscal de distrito responsable del procesamiento de Jerome Bowden manifestó en 1991, en una vista de apelación relacionada con una cuestión de salud mental, que volvería a pedir la pena de muerte para Jerome Bowden si se cometiera hoy el mismo delito. En el estado de Georgia se continúa ejecutando a presos retrasados mentales. A William Hance, ejecutado el 31 de marzo de 1994, le diagnosticaron que padecía daños cerebrales orgánicos y retraso mental. Factores sociales y ambientales fueron claves para que el desarrollo intelectual de Hance fuera limitado. Entre ellos, el haber sufrido malos tratos físicos y psíquicos durante su infancia.

En junio de 1989, en una entrevista en el programa News Nightline de la ABC, el fiscal general de Georgia, declaró: «En Georgia hemos prohibido la aplicación de la pena de muerte en el caso de las personas con un nivel de inteligencia inferior al normal ... El simple hecho de que Georgia disponga de una ley que prohíba la ejecución de los retrasados mentales es una buena prueba de que los órganos legislativos pueden actuar responsablemente». La ejecución de Hance fue la prueba de que la aprobación de una ley prohibiendo la ejecución de los retrasados mentales no ha cumplido sus objetivos.

La ejecución de presos retrasados mentales es contraria a las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el ECOSOC en mayo de 1989 (Resolución 1989/64), que recomienda abolir «la pena de muerte en el caso de las personas aquejadas de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada, bien fuere en el momento de imposición de las sentencias o de la ejecución». La resolución 1984/50, aprobada en mayo de 1995, también afirma «...ni se ejecutará la sentencia ... cuando se trate de personas que hayan perdido la razón».

Hombres inocentes condenados a muerteEn Georgia se ha liberado a cuatro reos de muerte después de demostrarse que eran inocentes.

Earl Charles fue acusado de dos cargos de asesinato y condenado a muerte en 1975. Charles fue liberado en 1980 cuando se encontraron pruebas que avalaron su coartada. Después de la investigación, el fiscal de distrito anunció que no pediría un nuevo juicio. Charles logró un importante acuerdo con los responsables de la ciudad por conducta irregular en la investigación original.

Henry Drake fue condenado a muerte en 1977. En la apelación se anuló su condena original y fue sentenciado a cadena perpetua en un segundo juicio. Seis meses más tarde, en 1987, la Junta de Indultos y Libertad Provisional ordenó su liberación, convencida de que había sido exonerado por su presunto cómplice y por el testimonio del encargado de realizar el examen médico del estado.

Gary Nelson fue condenado a muerte en 1980. Le liberaron en 1991 debido a que al revisarse los ficheros del fiscal se descubrió que se había ocultado información indebidamente a los abogados defensores. El fiscal de distrito reconoció: «No existe ningún elemento material de la acusación del estado utilizada en el juicio original que no haya sido posteriormente impugnada o contradicha».

El caso de Jerry Banks

El caso más llamativo de un negro inocente condenado a muerte en Georgia es el de Jerry Banks. El caso de Banks ilustra muchos de los factores que contribuyen al frecuentemente horrible nivel de la jurisprudencia en las causas por delitos punibles con la muerte. Le representó un abogado que investigó poco el caso y es posible que le acusaran inicialmente del delito por ser negro.

El 7 de noviembre de 1974, Jerry Banks, de 23 años en aquel entonces, estaba cazando conejos cuando descubrió los cadáveres de Marvin King y Melanie Hartsfield. Ambas víctimas habían sido abatidas con una escopeta y la policía encontró dos cartuchos rojos de escopeta en el lugar del crimen; Banks estaba cazando con una escopeta. Banks se precipitó a la carretera principal y avisó a un motorista que pasaba, que a su vez avisó a la policía.

La policía pidió a Banks que entregara su arma. La policía también se enteró de que en 1970 Banks fue declarado culpable de homicidio y comenzó a convertirse en un sospechoso del caso. Un mes después la policía volvió a obtener la escopeta de Banks y realizó pruebas con ella. Aunque las pruebas no pudieron demostrar que esa escopeta era el arma homicida, se estableció que los cartuchos rojos encontrados cerca de los cadáveres procedían sin lugar a dudas de la escopeta de Banks. Al ser interrogado por la policía, Banks insistió en que el día de los asesinatos no había disparado la escopeta y que no había arrojado ningún cartucho en la zona. Por tanto, su presencia en el lugar del crimen eran un misterio salvo que Banks estuviera mintiendo. Al encontrarse un tercer cartucho de la escopeta de Banks en el lugar del asesinato unas fechas después y no poder confirmar un amigo que él tenía la escopeta el día en cuestión, Banks admitió que había mentido a la policía para «librarse de los agentes». El 10 de diciembre de 1974, le detuvieron por asesinato. Seis semanas y media más tarde, Banks fue condenado a muerte por asesinato. Nunca se encontró ningún motivo para el asesinato.

En el juicio, el jurado se negó a creer la declaración de Banks de que había estado utilizando la escopeta en esa zona una semana antes o el testimonio del patrono de Banks de que estaba trabajando en el momento en que se cometieron los asesinatos. No se llamó a declarar en el juicio al motorista al que Banks paró y la policía declaró que no sabía el nombre de esa persona. La acusación sugirió que el propio Banks informó de los asesinatos y que se había inventado la historia del motorista. Poco después del juicio, el motorista, Andrew Eberhardt, se puso en contacto con el juez e insistió en que se había identificado ante la policía. De ser esto cierto, esta información se tendría que haber transmitido al abogado defensor. En consecuencia, se solicitó un nuevo juicio, pero el juez se negó. Sin embargo, en septiembre de 1975, la Corte Suprema de Georgia ordenó por unanimidad un nuevo juicio.

El fiscal del distrito ofreció a Banks una condena a cadena perpetua a cambio de que se declarara culpable, pero Banks se negó, insistiendo en su inocencia. En el segundo juicio, el abogado defensor no realizó ni siquiera la defensa mínima que ofreció en el primero. No se llamó al hermano y al patrono de Banks como testigos; el único testigo de la defensa fue Andrew Eberhardt, el motorista que pasó por la zona. El juicio duró dos días y Banks fue condenado a muerte. El jurado declaró que el asesinato fue «infame y deliberadamente vil, horrible e inhumano porque supuso la tortura de [una de] de las víctimas». Esta opinión se basaba en el hecho de que la escopeta de Banks era de un solo cañón y tuvo que volver a ser cargada después de cada disparo. Por tanto, la segunda víctima del asesinato fue torturada al saber que su muerte era inminente. La Corte Suprema de Georgia confirmó la sentencia.

A través de un encuentro fortuito, Banks tuvo la suerte de conseguir un nuevo equipo judicial que aceptó representarlo gratis. A su primer abogado le prohibieron ejercer la abogacía a causa de su tratamiento de otro caso. A pesar de que se había fallado que su primer abogado no era apto para comparecer ante ellas, las cortes de Georgia dictaminaron que Banks había tenido una asistencia letrada efectiva.

Los nuevos abogados de Banks comenzaron a tener conocimiento de otros testigos que no habían sido citados en ninguno de los dos juicios. Un jefe de policía local y su hijo (también agente de policía) estuvieron cerca del lugar del crimen y oyeron los disparos a las dos y media de la tarde, momento en el que Banks contaba con un testigo que decía que estaba en el trabajo. El jefe de policía también visitó el lugar del crimen con el alcalde local y encontró dos cartuchos verdes que no podían haber sido disparados por la escopeta de Banks, por tratarse de otro tipo.

Los abogados también encontraron a un ex detective que había entrevistado a cuatro trabajadores que estaban cerca del lugar el día de los asesinatos. Los cuatro habían oído los disparos y corroboraron la declaración del jefe de policía y de su hijo: los cuatro disparos se sucedieron rápidamente en una secuencia no superior a cinco segundos. La escopeta de Banks era de un solo cañón y tendría que haber cargado el arma después de cada disparo, lo que le habría llevado al menos cinco segundos cada vez. Entre los detectives que trabajaron en el caso se distribuyó un memorando resumiendo esta información, pero había desaparecido del archivo.

Los abogados localizaron a otra persona que oyó los disparos. Este hombre, un granjero, había visto a un hombre

blanco con una escopeta automática inclinado sobre una furgoneta. El granjero dijo que había informado al sheriff pero que no había vuelto a tener noticias. Se localizó a otro testigo que afirmó que vio un vehículo similar al de King empujado a la cuneta el día de los asesinatos. Dentro había una mujer blanca y fuera dos hombres discutiendo acaloradamente. En los artículos publicados en los periódicos poco después de los asesinatos se informó de que la policía estaba buscando a dos hombres blancos como presuntos responsables de los homicidios.

Contando con estas nuevas pruebas, los abogados de Banks pidieron un nuevo juicio al juez del primer juicio, pero se negó. Sin embargo, la Corte Suprema de Georgia ordenó la celebración de un tercer juicio para Banks.

En este punto, el fiscal del distrito podría haber retirado los cargos pero en lugar de eso decidió prepararse para el juicio. Banks continuaba en el pabellón de los condenados a muerte. Durante la preparación del juicio, los abogados de la defensa descubrieron que el ex detective del sheriff, principal responsable de la investigación del caso, había manejado mal las pruebas en otras causas. Los abogados encontraron discrepancias entre la versión ofrecida por el detective y la versión ofrecida por un ex comisionado del condado en relación con las pruebas realizadas a la escopeta de Banks .

El 16 de diciembre de 1980, justo después de que el fiscal de distrito anunció que iba a solicitar la pena de muerte por tercera vez, los abogados de la defensa revelaron lo que sabían del detective del sheriff. A los tres días, el fiscal de distrito anunció que no iniciaría de nuevo el proceso el caso, y admitió que las pruebas de los cartuchos de la escopeta ─las únicas pruebas reales contra Banks─ «carecían de la suficiente credibilidad judicial para ser creídas». El 22 de diciembre, Banks quedó en libertad.

En mayo de 1981. la Asociación de Abogados Defensores Criminalistas de Georgia concedió a los tres abogados el «Premio de Defensa a los Indigentes». No recibieron remuneración por la defensa en la causa de Banks.

Jerry Banks fue incapaz de volver a su vida anterior. Poco después de quedar en libertad, su esposa solicitó el divorcio. El 29 de marzo de 1981, tres días antes de que el divorcio se hiciera oficial, y al no haber conseguido que su esposa cambiara de opinión, Banks la mató y se suicidó. La nota que dejó escrita decía simplemente «me han quitado todo lo que tenía en este mundo». Los tutores de los tres hijos de la pareja, el mayor de los cuales tenía once años, presentaron una demanda por doce millones de dólares estadounidenses contra el ex sheriff del condado de Henry y cinco de sus ayudantes, haciendo referencia a su tratamiento injusto del caso por «prejuicios raciales». En marzo de 1983, los tutores aceptaron un acuerdo al margen de los tribunales por 150.000 dólares.

Algunos miembros de las autoridades judiciales de Georgia parecen dispuestos a aceptar la ejecución de acusados inocentes. Se ha citado que Ed Lukemire, fiscal de distrito del condado de Houston, hizo la siguiente declaración: «De vez en cuando, puede que se penalice [con la ejecución] a una persona inocente». En ese caso, será una tragedia, pero no es motivo para descartar la pena de muerte. Ningún sistema [judicial] se administrará a la perfección...»21.

El empleo de la clemenciaSólo la Junta de Indultos y Libertad Condicional está facultada para conceder clemencia a los reos de muerte que van a ser ejecutados. La Junta está formada por cinco miembros designados por el gobernador y aprobados por el Senado de Georgia. Para que una pena de muerte se conmute por cadena perpetua, la votación en la Junta tiene que ser mayoritaria. Se exige que la Junta reúna toda la información pertinente respecto a la petición del solicitante. Las vistas se celebran en público.

Después del caso Furman, la Junta de Indultos y Libertad Provisional de Georgia ha conmutado cuatro penas de muerte. Se trata de:

21Citado en The Macon Telegraph, 16 de julio de 1995.

Charles Hill, 1977. Es el primer caso sobre el que se pronunció la Junta después del dictamen sobre Furman. La conmutación se concedió para rectificar la disparidad entre su sentencia y la cadena perpetua dictada contra el otro acusado, que disparó contra la víctima.

Fred Davis, 1988. El otro acusado declaró contra Davis. Inicialmente, ambos fueron condenados a muerte. Sin embargo, en la apelación el otro acusado fue condenado a cadena perpetua, a pesar de que había admitido la responsabilidad plena del homicidio. En su decisión de conceder clemencia, la Junta citó la disparidad existente entre las sentencias de los dos acusados.

William Moore, 1991. La Junta citó el ejemplar comportamiento carcelario de Moore, su arrepentimiento, su conversión religiosa y las peticiones de clemencia de los familiares de la víctima como justificación para conceder clemencia.

Harold Glenn Williams, 1991. La Junta manifestó que el motivo para conceder clemencia fue la desproporción existente entre las sentencias dictadas contra Williams y el otro acusado, condenado a cadena perpetua y que posteriormente asumió la responsabilidad íntegra del asesinato.

La concesión de clemencia a los presos que van a ser ejecutados de forma inminente es extremadamente aleatoria. Aunque la Junta citó las discrepancias entre las sentencias de los otros encausados en tres de los casos citados anteriormente, a tres reclusos, Ivon Stanley, Roosevelt Green y Van Solomon, no les concedieron clemencia a pesar de que sólo fueron cómplices del asesinato y no los autores materiales. Los tres fueron ejecutados. A John Young lo ejecutaron a pesar de las pruebas de que no contó con una defensa adecuada y otras circunstancias atenuantes importantes (véase supra). A Alpha Stephens no le concedieron clemencia a pesar de que ante la corte de apelaciones había pendientes algunos recursos por discriminación racial en otras causas que podían influir directamente en la suya. Su petición a los tribunales para que se aplazara la ejecución fue denegada por motivos técnicos; había enviado la petición demasiado tarde. La Junta podía haber solventado esto ordenando un aplazamiento como alternativa a la conmutación pero se negó. Fue ejecutado el 12 de diciembre de 1984 (véase infra).

En una decisión extraña y macabra, la Junta decidió entrevistar a Nicholas Ingram en vísperas de su ejecución. Al presentar los abogados de Ingram circunstancias atenuantes en la vista para considerar la concesión de clemencia, los miembros de la Junta insistieron en que necesitaban reunirse con él «frente a frente» y acudieron al pabellón de los condenados a muerte de Georgia. La Junta citó el apoyo internacional en favor de Ingram como la causa para que consideraran de nuevo el caso. El presidente de la Junta, Wayne Garner, declaró: «Antes de que esta Junta tome una decisión, tengo que hacerle algunas preguntas a ese joven». Después de realizar una entrevista en la que le iba la vida, la Junta no le concedió clemencia. Ingram fue ejecutado el 7 de abril de 1995 (véase infra).

El caso de William Hance

William Hance, negro, fue condenado a muerte en 1984 por el asesinato de una prostituta negra. A Hance le permitieron representarse como adjunto del abogado durante el juicio a pesar de la opinión de un psicólogo de que no estaba capacitado para «colaborar de modo apropiado y racional» en su propia defensa. Durante la selección del jurado, la acusación utilizo nueve de sus diez recusaciones sin causa (el derecho a excluir jurados sin alegar motivos) contra personas de raza negra, dejando sólo un componente negro. Una corte de apelación rechazó la primera condena de muerte dictada contra Hance por conducta indebida de la acusación. La corte de apelación describió los comentarios del fiscal al jurado durante la audiencia de determinación de la sentencia del juicio como un «llamamiento dramático a las emociones instintivas» que «no procede en un tribunal».

En la nueva audiencia de determinación de la sentencia, el jurado se inclinaba por dictar cadena perpetua. A algunos jurados les preocupaba que esto pudiera llevar a que en el futuro Hance pudiera ser elegido para la libertad condicional. Se remitió una nota al juez preguntándole que significaba «cadena perpetua». El juez se

negó a contestar. Temiendo la posible liberación de Hance, el jurado comenzó a inclinarse por la pena de muerte. Al final, el jurado votó por once contra uno en favor de la pena de muerte. El único voto en favor de la cadena perpetua fue el de la señora Daniels, el jurado negro. Los once jurados intentaron presionar a la señora Daniels para que votara en favor de la pena de muerte (en Georgia, la votación en favor de la pena de muerte debe ser por unanimidad); uno de los jurados manifestó que: «tenemos que terminar porque mañana es el día de la madre». Otros miembros del jurado comentaron que la señora Daniels era de la misma raza que el acusado. Los jurados blancos hicieron reiterados comentarios racistas sobre Hance, entre ellos «el negro admitió que lo hizo, deberían freirle»22. La señora Daniels continúa apoyando la cadena perpetua afirmando: «Cada uno hace lo que debe hacer, pero no votaré en favor de la pena de muerte». Después se negó a participar en más votaciones.

Según la declaración jurada de la señora Daniels, los jurados después decidieron decirle al juez que habían votado en favor de la pena de muerte. La señora Daniels, temerosa de que la acusasen de perjurio por haber dicho durante la elección del jurado que podía votar en favor de la pena de muerte, aceptó que había votado en favor de la pena capital cuando sondearon al jurado.

A pesar de la declaración jurada de la señora Daniels manifestando que se oponía a la ejecución de Hance, la Junta de Indultos y Libertad Condicional se negó a conceder clemencia. Hance fue ejecutado el 31 de marzo de 1994 (véase supra).

La aplicación por motivos políticos de la pena de muerteEn el estado de Georgia, al igual que en muchos otros estados del país, se elige a muchas de las figuras judiciales clave. El setenta y uno por ciento de la población del estado es favorable a la aplicación de la pena de muerte 23. Por tanto, la pena de muerte continúa siendo popular electoralmente y sigue siendo utilizada de modo partidista políticamente. Muchos de los jueces del estado fueron anteriormente fiscales de distrito. No es extraño que, al intentar ser reelegidos como fiscales de distrito, declaren el número de juicios en el lograron que se dictara la pena capital.

Los jueces elegidos por sufragio están sometidos a grandes presiones políticas en algunas de las muchas decisiones que toman. Por ejemplo, los votantes eligen a dos jueces superiores del circuito judicial de Flint, que incluye cuatro condados rurales. El Centro de Diagnóstico y de Clasificación de Georgia, la cárcel que alberga a los reos de muerte del estado, emplea a muchas personas del circuito. Los recursos judiciales estatales posteriores a la sentencia deben realizarse en el condado de la cárcel donde esté recluido el interno, por tanto, los jueces locales presiden un buen número de estos recursos. En los últimos diez años, ninguno de los dos jueces locales ─ambos ex fiscales─ ha concedido un recurso de hábeas corpus a un recluso condenado a muerte. Al revisar las causas, las cortes federales han encontrado violaciones constitucionales que han requerido la anulación de las declaraciones de culpabilidad o de las sentencias en al menos dos terceras partes de los casos.

En 1993, un juez de la Corte Suprema de Georgia reconoció que los jueces elegidos por sufragio de esa corte quizá hubieran pasado por alto algunos errores, dejando la reparación en manos de las cortes federales a través del recurso de hábeas corpus, porque [los jueces federales] son vitalicios. Qué tomen ellos las decisiones difíciles»24. Con anterioridad, el fiscal general de Georgia había criticado a la Corte Suprema del estado asegurando que era «la más liberal del país». Continuó afirmando que la corte, que por primera vez tenía un presidente negro, estaba en camino de abolir la pena de muerte en el estado.

El principal contribuyente del fondo electoral del entonces fiscal de distrito del circuito judicial de Chattahoochec, Bill Smith, era el padre de una víctima de asesinato. En 1985, John Davis fue condenado a

22Fuente: declaración jurada de la miembro del jurado Patricia LeMay. 23Fuente: encuesta de opinión publicada en Macon Telegraph, 13 de julio de 1995.24Citado en Fulton Daily Reporter, 25 de enero de 1993.

muerte por el asesinato de Susan Isham. Antes del juicio, Bill Smith se puso en contacto con el padre de la víctima y le preguntó si quería la pena de muerte para Davis. Cuando el padre contestó afirmativamente, Smith contestó «eso es todo lo que necesito saber». En 1988, el padre contribuyó con cinco mil dólares al fondo para la elección como juez de Smith y con tres mil para el fondo para la elección como nuevo fiscal del distrito del fiscal adjunto, Doug Pullen. Se ha citado que el padre declaró respecto a los dos hombres «me echaron una mano y acudieron en mi ayuda, ahora les estoy echando una mano yo»25. Ambos resultaron victoriosos en su campaña electoral.

Muchos de los jueces de Georgia son ex fiscales de distrito. Tres de los cuatro jueces de la corte superior del circuito judicial de Chattahoochee son ex fiscales. Mullins Whisnant, que ahora es el presidente de la corte superior se hizo juez después de haber sido fiscal de distrito elegido por sufragio. Su última causa como fiscal en un delito punible con la muerte fue el de la violación, robo, secuestro y asesinato de una organista blanca de la iglesia metodista a manos de un negro. Ese caso suscitó mucha publicidad. El juicio fue uno de los primeros televisados en la región. Whisnant dirigió un alegato muy emocional al jurado para que se unieran a la «guerra contra el delito» y «enviaran un mensaje» condenando a muerte al acusado. Posteriormente, se anuló la declaración de culpabilidad porque la publicidad perjudicial previa al juicio quizá privó al acusado del derecho a un juicio justo.

El ex fiscal de distrito Doug Pullen reconoció la práctica de asignar casos a los jueces de Columbus, una función que por ley corresponde al secretario de la Corte Superior. La oficina de Pullen asignó las causas por delitos punibles con la muerte y las causas de tráfico de drogas más graves a los dos jueces que habían sido fiscales y superiores suyos. Cuando se le preguntó por esta práctica, Pullen dijo que no era «una cuestión judicial importante. Es una minucia en la vida judicial»26. En 1995, Doug Pullen fue elegido juez.

El distrito judicial de Chattahoochee es más responsable de penas de muerte que ningún otro circuito judicial de Georgia.

El desprecio de las autoridades procesales no se limita a los abogados de la defensa, sino que abarca a las cortes de apelación. Cuando una corte de apelación anuló una sentencia de muerte a causa del llamamiento con «reminiscencias de turba de linchamiento» en favor de la pena capital que realizó el fiscal de distrito, que en opinión de la corte no «tenía cabida en un tribunal», el fiscal de distrito convocó una rueda de prensa en la que afirmó que no había hecho nada malo y anunció que volvería a pedir la pena de muerte. Cuando una corte federal anuló la pena capital por un motivo similar, el fiscal de distrito convocó otra rueda de prensa y acusó a la corte que examinó el recurso de «sensacionalismo» y «sentimentalismo» y sugirió que los jueces «estaban personalmente en contra de la pena de muerte». También se comprometió a pedir la pena de muerte por tercer vez.

Declaraciones sobre la repercusión para las víctimas

En 1991, en su dictamen en la causa de Payne contra Tennessee, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que la Constitución de la nación permitía que en la audiencia de determinación de la sentencia de una causa por un delito punible con la muerte se introdujeran testimonios sobre la víctima y sobre las repercusiones de su muerte. El juez Rehnquist escribió en el dictamen: «El estado puede llegar legítimamente a la conclusión de que los testimonios sobre la víctima y sobre la repercusión del asesinato para la familia de la víctima son pertinentes de cara a la decisión del jurado respecto a si debe dictarse la pena de muerte».

En 1993, en Georgia se promulgó una ley que permitía las declaraciones sobre las repercusiones para la víctima. La Ley sobre Repercusiones para la Víctima de Georgia permite «el testimonio de los familiares de la víctima, o de otros testigos que conocieran las características personales de la víctima y el testimonio sobre las

25Fuente: Columbus Ledger-Enquirer, 14 de diciembre de 1989.26Citado en Fulton County Daily Report, 18 de agosto de 1995.

consecuencias emocionales del delito en la víctima, sus familiares o la comunidad. Este tipo de testimonios deben realizarse en presencia del acusado y del jurado... Sólo el juez estará facultado para decidir respecto a la admisibilidad de estos testimonios ...»

Una de las primeras veces que se empleó en Georgia la declaración sobre la repercusión para la víctima fue en noviembre de 1994 en el juicio de George Henry, negro. Durante la audiencia de determinación de la sentencia, la esposa de la víctima declaró que la muerte de su esposo había dejado un vacío en su vida y que «se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse normal». El padre de la víctima declaró que un año después de la muerte de su hijo «Veo las fotos de Robbie en la pared de mi casa ... y todo lo que puedo hacer es llorar». El jurado recomendó la pena de muerte y George Henry continúa en el pabellón de los condenados a la pena capital.

Amnistía Internacional teme que el uso de las declaraciones sobre la repercusión para la víctima resulte en que la pena capital se aplique de modo todavía más arbitrario. Al permitir las declaraciones sobre «las características personales de la víctima», el sistema de justicia penal está asignando diferentes valores a las vidas de las víctimas. Una víctima de una familia que sepa expresarse bien y con una buena educación es más fácil que convenza al jurado (en caso de que lo desee hacer) de que dicte la pena capital. Amnistía Internacional se solidariza con las víctimas de crímenes violentos pero cree que la naturaleza emotiva de las declaraciones sobre la repercusión para la víctima aumenta la posibilidad de que la pena de muerte se aplique de modo arbitrario.

Algunos funcionarios judiciales de los Estados Unidos han admitido que valoran de modo diferente la vida de las víctimas de delitos violentos. Un juez de distrito del estado de Texas condenó al autor del asesinato de dos homosexuales a treinta años de cárcel. Como explicación de la sentencia declaró: « Coloco a las prostitutas y a los homosexuales aproximadamente en el mismo nivel. Y tendrían que presionarme mucho para que condenara a alguien a cadena perpetua por matar a una prostituta».

El coste de la pena de muerteEn comparación con las penas contra los asesinos a los que no se condena a la pena capital, la aplicación de la pena de muerte es muy cara. Los juicios por delitos punibles con la muerte duran mucho más que los juicios por delitos que no acarrean la pena capital debido a la complicación añadida en la selección de los miembros del jurado, los cuales deben estar capacitados para dictar la pena de muerte27, y, en caso de que se declare culpable al acusado, a la audiencia de determinación de sentencia.

Según el Departamento de Prisiones de Georgia, el coste de mantener a un reo de muerte es de 29.000 dólares al año, frente a los 18.000 que cuesta un interno de máxima seguridad de la población reclusa general. El mayor coste refleja las mayores medidas de seguridad de un reo de muerte.

Según los estudios llevados a cabo en Florida, Carolina del Norte y Texas, se calcula que el coste de ejecutar a un interno, incluidos los costes del juicio, de los recursos y de su reclusión durante un periodo prolongado, es de 2,5 millones de dólares.

Muchos condados tuvieron que incrementar los impuestos para pagar los juicios por delitos punibles con la muerte. Los residentes del condado de Dawson, en el noroeste de Georgia, tuvieron que comenzar a pagar más contribución territorial en 1994 para sufragar los juicios por delitos punibles con la muerte. Tendrán que pagar dinero extra hasta que se hayan resuelto los recursos por esas causas. El condado de Seminola necesitó ayuda económica del estado de Georgia cuando las cortes de apelación ordenaron nuevos juicios para tres reos de muerte. En el condado de Dougherty, Georgia, el coste de la pena de muerte se ha incrementado de 8.643 dólares en 1992 a 293.926 en 1995. A comienzos de 1996, el condado tenía pendientes siete juicios por delitos punibles con la muerte, la segunda cifra más elevada en Georgia.

27Durante el proceso de selección del jurado, a los jurados se les interroga sobre su postura respecto a la pena capital. En caso de que un posible jurado indique que votará automáticamente contra la pena de muerte o que su postura ante esta pena le impedirá tomar una postura imparcial sobre la culpabilidad del acusado, el fiscal le puede apartar del jurado.

El número de causas por delitos punibles con la muerte varía de un estado a otro. La decisión de pedir la pena capital depende del fiscal de distrito (véase supra). Joe Briley, ex fiscal, manifestó: «Creo que es inmoral que se considere el coste. Es eludir la cuestión, que consiste en si debemos aplicar la pena de muerte o no. Si debemos aplicarla, no se debe tener en cuenta el coste». Briley intervino en treinta y siete causas por delitos punibles con la muerte en veinte años. Cinco de los condenados a muerte continúan en el pabellón de los condenados a muerte y ninguno ha sido ejecutado. Algunos acusados fueron juzgados varias veces. La corte de apelación rechazó tres veces la condena a muerte de Andrew Legare, hasta que el último jurado que le juzgó le condenó a cadena perpetua.

La crueldad de las ejecucionesNicholas Ingram, ejecutado en Georgia el 7 de abril de 1995, fue uno de los muchos reos de muerte que padeció la tensión de los aplazamientos en el último minuto. El 6 de abril, la ejecución de Ingram se aplazó sesenta y cinco minutos antes de la hora prevista. Sin embargo, según una declaración jurada, los preparativos de la ejecución continuaron durante más de treinta y cinco minutos después del aplazamiento. Ingram describió los preparativos en la declaración jurada.

Ayer, aproximadamente a las cinco y media de la tarde me sacaron de mi celda en la sección hospitalaria y me llevaron a la celda H-5, junto a la silla. Tuve que pasar junto a la silla, que está cubierta por una sábana. Estaba sudando, porque pasar junto a ella me impresionó de veras.

Aparentemente, me concedieron el aplazamiento a las 5.55 de la tarde, pero nadie me avisó. Lo cierto es que a las 6.20 de la tarde ─sé que era esa hora porque los guardias me lo dijeron─comenzaron a prepararme en serio para la ejecución. No había un ápice de humanidad, un grupo de personas enfermas que, al parecer, se ofrecieron voluntarias para el trabajo, y actuaban como si yo fuera un cordero al que se iba a sacrificar.

Me afeitaron la cabeza con una maquinilla eléctrica... Me trataron como a un animal, y dijeron que era su trabajo. Me pusieron unos pantalones con una pierna cortada por donde conectarían los electrodos.

Me preguntaron que quería como última comida. Dije que no quería comida, pero que sí quería unos cigarrillos. Dijeron que las nuevas normas prohibían fumar. Los capellanes estuvieron casi todo el tiempo ─incluso antes, cuando me introdujeron un dedo por el ano al hacerme el registro corporal sin ropa... Me han dicho que todo se reanuda hoy a las cuatro de la tarde con el reconocimiento físico otra vez, y que moriré esta noche».

El aplazamiento era por tres días. Sin embargo, el fiscal logró que se anulara en el recurso que interpuso y la ejecución de Ingram continuó la tarde siguiente.

Warren McClesky, ejecutado el 25 de septiembre de 1991 (véase supra), también padeció la agonía de un proceso de ejecución prolongado. A continuación ofrecemos una cronología de las últimas doce horas de McClesky:

TARDE

4.00McClesky es trasladado a una celda de espera junto a la cámara de ejecución4.30Le someten a un reconocimiento médico completo, incluido una comprobación de su historial dental para confirmar que se trata de Warren McClesky5.00Un guardia penitenciario le lleva la «ultima comida» pero se niega a comer6.00Los abogados defensores presentan un recurso de última hora ante una corte federal7.00La ejecución se aplaza de 7.00 a 7.30 (la ejecución estaba fijada para las 7.00)7.20La ejecución vuelve a aplazarse y se vuelve a fijar para las 10.009.30Otro aplazamiento, hasta las 12.0011.20El juez federal rechaza la apelación pero ordena otro aplazamiento hasta las 2.00 de la mañana para permitir que un tribunal superior celebre una vista sobre cuestiones jurídicas

MAÑANA

1.50La corte de apelaciones levanta el aplazamiento. Los responsables de la penitenciaria fijan la ejecución para las 2.152.19Se ata a McClesky a la silla eléctrica. Lleva tres minutos de su declaración final cuando un guardia le interrumpe y anuncia otro aplazamiento ordenado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Le llevan de nuevo a la celda de espera. 2.42 La Corte Suprema de los Estados Unidos amplía el aplazamiento diez minutos más

2.52La Corte Suprema rechaza la apelación de McClesky, le vuelven a llevar a la cámara de ejecución y le atan a la silla eléctrica2.54McClesky repite su declaración final. El capellán reza su última oración3.02Un guardia lee la orden de ejecución3.03Los guardias colocan los electrodos en la cabeza y una pierna de McClesky y le cubren el rostro con una máscara 3.06Tres funcionarios sin identificar pulsan tres botones rojos, uno de los cuales envía la corriente eléctrica al cuerpo de McClesky3.13Los médicos certifican la muerte de Warren McClesky

Alpha Otis Stephens fue ejecutado en Georgia el 12 de diciembre de 1984. La primera carga de 2.080 voltios se la aplicaron a las 12.18 del mediodía durante dos minutos. Sin embargo, aunque el cuerpo de Stephens mostraba señales de vida, los médicos no pudieron examinarlo porque estaba demasiado caliente para tocarlo. Los testigos describieron que vieron sus dedos moverse y la cabeza girar. Un periodista informó: «Parecía casi como si estuviera intentando despertarse, como se hace cuando uno está mareado».

A los seis minutos los médicos le examinaron e informaron al guardia de que continuaba vivo. El guardia ordenó otra descarga de dos minutos. Finalmente, los médicos le declararon muerto a las 12.37 horas.

El proceso ha cambiado desde la ejecución de Stephens. Se aplican tres descargas eléctricas: 2.000 voltios durante cuatro segundos, 1.000 voltios durante siete segundos y 208 voltios durante dos minutos. Tres funcionarios de prisiones pulsan los botones para comenzar la ejecución. Sólo un botón está conectado realmente a la red eléctrica.

ConclusionesEn 1995, la Corte Suprema de Georgia elaboró un informe sobre el sistema judicial del estado titulado Let Justice be Done: Equally, Fairly and Impartially. El informe abordaba la discriminación racial y étnica del sistema judicial y realizaba recomendaciones para solucionar las diferencias. Sin embargo, en relación con la pena de muerte, la corte estableció que «el gran número de factores que intervienen en la decisión sobre la pena capital ... sobrepasan los recursos de la Comisión para que pueda realizar una valoración correcta» y continuó afirmando que «las otras recomendaciones contenidas en este informe deben ayudar a conseguir esta meta [de reducir la discriminación]».

Amnistía Internacional cree que la naturaleza política de la pena de muerte significa, en muchos casos, que se encuentra al margen de la práctica normal del sistema judicial estadounidense. Por tanto, las propuestas de la Corte Suprema de Georgia pueden fracasar a la hora de solucionar la aplicación racista y arbitraria de la pena de muerte. El pasado racista de Georgia y la violencia infligida contra sus minorías étnicas continúan presentes en la aplicación de la pena capital en el estado. Amnistía Internacional se opone a la pena capital incondicionalmente, pero la organización considera que se debe afrotar la aplicación arbitraria y racista de la pena de muerte en los Estados Unidos debe abordarse.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Georgia que examinen exhaustiva e imparcialmente todas las fases de la aplicación de la pena capital en el estado y que pongan en práctica una moratoria para las nuevas penas de muerte y las ejecuciones hasta que el examen haya finalizado. Además de abordar el racismo inherente y la naturaleza arbitraria de su aplicación, las recomendaciones del examen también deberían tratar la naturaleza política de la aplicación de la pena capital y garantizar que el proceso de apelación está exento de intromisiones políticas.

Atlanta, capital del estado, se ofreció y obtuvo la organización de los Juegos Olímpicos de 1996 y las autoridades de Georgia afirmaron que dicha ciudad, «encarna los valores de libertad e igualdad humanas, tan bien como cualquier otra ciudad del mundo». Como cuna del Movimiento por los Derechos Civiles y, para

muchos, la capital moderna de los derechos humanos, Atlanta refleja los elevados ideales del movimiento olímpico»28. Estas afirmaciones se contradicen con el apoyo que la población y las autoridades de Georgia brindan a la pena capital y a su aplicación.

Las autoridades federales también deben abordar la deficiente jurisprudencia respecto a la aplicación de la pena capital. No se puede permitir que el gobierno federal se lave las manos respecto de las obligaciones que ha contraído en virtud de la legislación internacional y que afirme que la pena de muerte es una cuestión que concierne a los estados individuales afectados.

Amnistía Internacional siente preocupación debido a que las autoridades federales han tomado medidas que van a empeorar la situación. En 1995, suprimieron la ayuda económica a las Organizaciones para la Defensa de los Condenados a Muerte29. Estas organizaciones, conocidas normalmente como Centros de Recursos, eran centros con financiación federal que ofrecían asistencia letrada en la apelación a casi la mitad de los reos de muerte de los Estados Unidos. Los centros también asesoraban y colaboraban con los abogados defensores en las causas punibles con la muerte tanto en la fase previa a la declaración de culpabilidad como en los recursos.

El Congreso de los Estados Unidos también aprobó algunas leyes que limitan el número de recursos federales permitidos a los reos de muerte. En la actualidad, estos reos pueden recurrir sus condenas basándose en su inconstitucionalidad. Muchos políticos han presentado al público estas apelaciones como recursos frívolos que sólo sirven para demorar la ejecución del recluso. Sin embargo, las cortes federales ratifican hasta el cuarenta por ciento de las apelaciones. Amnistía Internacional cree que limitar el proceso de apelaciones llevará a la ejecución de más presos cuyas condenas o sentencias obedecieron a motivos raciales, cuya defensa fue deficiente o cuya afirmación de inocencia sea creíble. En lugar de esto, el Congreso de los Estados Unidos debería aprobar leyes para que los condenados a muerte no lo sean por su raza o por la raza de su presunta víctima y para que su defensa sea adecuada.

En 1972, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que la pena de muerte era inconstitucional debido a su aplicación «arbitraria y caprichosa». Veinticuatro años después, en el momento en que más ejecuciones se están llevando a cabo desde este dictamen, la aplicación de la pena capital continúa siendo racista, arbitraria e injusta.

28Cita del Comité de Atlanta para los Juegos Olímpicos - 5 Volumen Application to the International Olympic Committe for the 1996 Olympic Games. 29Véase Noticias sobre la pena de muerte en los Estados Unidos en 1995 (Índice AI: AMR 51/01/96/s).

INTERNO (Sólo miembros de AI)Índice AI: AMR 51/25/96/sDistr: SC/CC/GR (21/96)-------------------------Amnistía InternacionalSecretariado Internacional1 Easton StreetLondres WC1X 8DJReino Unido

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ESTADOS UNIDOSLA PENA DE MUERTE EN GEORGIA: RACISTA, ARBITRARIA E INJUSTA

ACCIONES RECOMENDADAS

Por favor, asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento, y de que se archiva debidamente para futuras consultas. Además, les rogamos que lleven a cabo el mayor posible de acciones recomendadas.

Para las acciones recomendadas, véase La pena de muerte en Georgia: Racista, arbitraria e injusta, Circular de Acción (AMR 51/35/96/s)

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

El SI ha enviado este documento directamente a las Secciones, a los Grupos de Coordinación y a los Grupos con expedientes de acción sobre pena de muerte.

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