alerta venezuela #20: disidencia al banquillo (informe, ago 2013)

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Por elecciones libres, justas y competitivas

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El incremento de la criminalización de la protesta pública es un hecho innegable en Venezuela. Desafortunadamente no es un hecho asilado. Luchadores sociales, defensores de Derechos Humanos, sindicalistas, etc afrontan procesos judiciales por reclamar públicamente mejoras a los servicios públicos, abastecimiento de productos o simplemente denunciar situaciones irregulares en el desempeño del Estado.

La disidencia al banquillo de los acusados

EDITORIAL

Juicios y demandas

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Según el informe sobre la situación de los De-rechos Humanos en el contexto pos electoral, realizado por Cofavic “en Venezuela los críme-nes contra los derechos humanos, como las eje-cuciones extrajudiciales y las torturas presen-tan un aumento significativo y sostenido que puede visibilizarse a través de las cifras de las organizaciones no-gubernamentales. Desde el 2009 se ha agudizado la opacidad institucional que impide un efectivo acceso a la información pública de órganos claves para estos temas, como lo son el Ministerio Público, la Defenso-ría del Pueblo y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), por ello no se disponen de cifras oficiales sobre la comisión de estos crímenes en los últimos años”.Entre 2005 y 2009 se contabilizan casos de 2.500 personas que fueron detenidas y some-tidas a procesos que derivaron en investigacio-nes o juicios por participar en reclamos públi-cos contra decisiones del Estado.En Venezuela paulatinamente estamos asistien-do al debilitamiento sostenido de las garantías judiciales y a su vez a la judicialización como método para criminalizar a los adversarios po-

líticos y sociales del Estado. Las recientes decisiones en materia judicial, in-habilitaciones de diputados y criminalización de la disidencia desafortunadamente indican que no existe voluntad para dialogar y para resolver los conflictos según los estándares de-mocráticos que deben guiar el accionar de los Estados en su relación con los ciudadanos.Cuando no existe separación en el funciona-miento de los poderes públicos, los Derechos Humanos corren un grave riesgo; especialmen-te cuando la ausencia de control propicia que se use a la justicia para perseguir, amedrentar o simplemente lograr la autocensura de quienes disienten de los Estados. En un reciente comunicado el Foro por La Vida (Alianza de ONG de DDHH) lo resumía de la siguiente forma: La aplicación de la justicia no puede ser asumida como una instrumentaliza-ción de la venganza política (…) “no sólo favo-rece la impunidad sino que resquebraja prin-cipios básicos de la democracia y produce una muy grave fractura social y política de resulta-dos impredecibles”.

1 El Informe situación de Derechos Humanos en Venezuela en el contexto post electoral de abril de 2013 puede consultarse en http://issuu.com/ddhhcofavic/docs/resumen_ejecutivo_informe_ddhh_abri resquebraja principios básicos de la democracia y produce una muy grave fractura social y política de resultados impredecibles”.

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Control Ciudadano // http://www.controlciudadano.org/ @rociosanmiguel

Los representantes de las ONG de Derechos Humanos des-de hace tiempo están siendo criminalizados en Venezuela de manera generalizada, sin embargo en las últimas se-mana, se ha profundizado esta situación, como se eviden-cia en entrevista concedida al canal del Estado (Venezola-na de Televisión) por el Ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres (http://is.gd/EchDeD) donde se refirió a la Defensora de DDHH y presidente de la Organi-zación Control Ciudadano como agente de la CIA explican-do que adelanta una “campaña psicológica” para restar mérito al plan de seguridad ciudadana que implementa el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

La reacción inmediata de importantes organizaciones de derechos humanos, expresadas en un comunicado explica contundentemente la situación. A continuación el comu-nicado:

Se profundiza la criminalización

contra defensores de DDHH en

Venezuela

Las organizaciones no gubernamentales de derechos hu-manos abajo firmantes, ante las acusaciones del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en con-tra de la defensora de derechos humanos y Presidenta de la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel queremos ex-presar lo siguiente:

1.-Rechazamos de manera categórica lo dicho en entrevista concedida al canal del Estado por el Ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres donde se refirió a la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocía San Miguel acusándola de ser operadora del servicio secreto estadounidense. “Personas como Rocío San Miguel que en estos días la escuchaba yo hablando de derechos humanos y Fuerza Armada. De ella te puedo decir que es una operadora de la CIA en Venezuela, lo puedo comprobar”, aseguró. Sostuvo que San Miguel realiza una “campaña psicológica” para restar mérito al plan de seguridad que implementa el gobierno.

foto: http://www.bing.com/images/search?q=Miguel+Rodriguez+torres&FORM=HDRSC2#view=detail&id=57F399C8B7D1D88AEB079D34110EE87E4A39EB29&selectedIndex=62

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2.- La Dra. Rocío San Miguel es una respetable defensora de derechos humanos venezolana que ha dedicado una buena parte de su vida a lograr que en nuestro país se res-peten los derechos y la dignidad de los ciudadanos y ciu-dadanas aún en contra de amenazas y persecuciones por parte de funcionarios del Estado Venezolano.

3.- La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel es beneficiaria desde el 18 de enero de 2012 de Medidas Cau-telares de Protección otorgadas por la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos mediante la cual el Estado venezolano debe garantizar la integridad física, moral y si-cológica de la Dra. San Miguel cuestión con las cuales ante este tipo de acusaciones sin fundamento están muy dis-tantes de ser cumplidas por los personeros del gobierno.

4.- Por estas razones solicitamos al Presidente de la Repu-blica así como al Ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres que cesen los descalificativos y amenazas en contra de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel por el trabajo que realiza y de cumplimiento a las Medidas Cautelares de Protección otorgadas por la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos y que igual-mente se respete su trabajo de defensa a los derechos humanos así como el de todos los defensores de derechos

humanos del país cumpliendo de esta manera con conve-nios que han sido suscritos y ratificados por Venezuela en esta materia.

5.- Las organizaciones aquí firmantes se declaran veedo-ras del respeto a la vida e integridad física, moral y sico-lógica de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y en el caso que sea necesario ejerceremos las acciones legales tanto nacionales como internacionales que diera lugar.

Organizaciones firmantes:

• Asociación Civil Fundeci

• Asociación Civil Kape

• Consorcio Desarrollo Y Justicia

• Diversidad E Igualdad Sexual Ante La Ley (Diverlex)

• Espacio Público

• Foro Penal Venezolano

• Fundación Para El Debido Proceso (Fundepro)

• Idell

• Instituto Prensa Y Sociedad Venezuela (Ipys)

• Liderazgo Y Visión

• Monitoreo Ciudadano

• Nueva Conciencia Nacional

• ONG Justicia Y Proceso Venezuela

• Operación Libertad

• Por La Conciencia

• Transparencia Venezuela

• Una Ventana A La Libertad

• Un Estado De Derecho

• Un Mundo Sin Mordaza

foto:www.derechos.org.ve

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Espacio Público // www.espaciopublico.org // @espaciopublico

Voces criminalizadas y niegan la informaciónLos delitos de opinión que fueron ampliados en las reformas legales de los últimos años se aplican para castigar las opiniones de quienes critican a funcionarios en ejercicio. Ejemplo de esto lo constituyen los recientes casos de los periodistas Leonardo León, Héctor Contreras, Francisco Pérez y Nelson Urbina. Los dos primeros fueron acusados por el Gobernador del estado de Mérida de difamación por haber difundido información sobre los hechos de violencia postelectoral del 16 de abril de 2013.

Francisco Pérez fue acusado por el Secretario General de la Gober-nación de Carabobo, de la misma manera por el delito de difama-ción. Nelson Urbina, por su parte, concejal del Estado Falcón, fue condenado a tres años de prisión por difamación contra el Alcalde Alcides Goitía, por publicar de-nuncias en su columna semanal del Diario La Mañana. De la misma manera se usan los mecanismos judiciales, en un contexto de recu-rrentes declaraciones acusatorias de funcionarios, para intimidar a periodistas. Un claro ejemplo de este caso son las acciones em-prendidas por el Ministerio Pú-blico contra el periodista Nelson Bocaranda, quien fue citado a la Fiscalía “en carácter de testigo”, luego de que funcionarios públi-cos señalaron que había incitado al odio con un tweet en el cual in-formó de algunas irregularidades postelectorales.

En relación al acceso a la información pública, las sentencias de los tribuna-les venezolanos abundan en los ar-gumentos para que los funcionarios nieguen las peticiones. Aumentan los requisitos para las solicitudes y de hecho construyen un aparato para negar la participación consciente e informada de la sociedad. Organiza-ciones de la sociedad civil venezolana han solicitado formalmente a varias instancias venezolanas tales como el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el CICPC y CONATEL, sólo por mencionar algunas, información referente a las irregularidades en la importación de medicinas de Cuba,

fotowww.periodico24.com

Leonardo León

Héctor Contreras

Francisco Pérez

Nelson Urbina

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estadísticas de criminalidad en Venezuela y datos relacio-nados con las frecuencias del espectro radioeléctrico. Toda esta información ha sido negada, no sólo en estos entes, sino también al acudir a tribunales para exigir el derecho, quienes se han amparado en excusas técnicas para deses-timar los casos.

La preocupaciones por el impacto de la difusión en inter-net y la redes sociales se traducen en recurrentes prohi-biciones o censuras expresas de contenidos. Se le prohíbe el uso a personas como María Afiuni, se investigan a los responsables de difundir informaciones que documen-tan casos graves de violaciones de derechos humanos y se omite regularmente la investigación de las recurrentes amenazas que se producen en la red o las vulneraciones a la privacidad de periodistas, blogueros y activistas de de-rechos humanos.

La aplicación de mecanismos de censura para la difusión de información también incluye la relativa a casos de co-rrupción o los procesos judiciales. Las acciones judiciales incluyen una limitación absoluta para que los medios pue-dan difundir información u opiniones sobre determinados casos, como el reciente caso de David Natera, director del Correo del Caroní, a quien se le prohibió judicialmente difundir información sobre hechos de corrupción que re-lacionen al empresario Yamal Mustafá y la Ferrominera Orinoco.

En otras oportunidades también incluyen prohibiciones genéricas sobre determinados temas. En el año 2009 la Corte de apelaciones de Venezuela prohibió la difusión en medios impresos de una propaganda del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE), que alertaba sobre lo que consideraban una amenaza a la propiedad privada por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. La Fiscalía pidió a un tribunal caraqueño la suspensión o regulación de esa propaganda de Cedice, con el argumento de que “buscaría generar desinformación”. La difusión de esa misma campaña de Cedice y de otra si-milar, del grupo Asoesfuerzo, fue prohibida el 3 de julio de 2009 en medios de radio y televisión por orden de la es-tatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El poder judicial venezolano ha desarrollado un cuerpo de sentencias claramente regresivas que desmontan lo explí-citamente consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y reducen el alcance del conteni-do del derecho a la libertad de expresión. La función que desempeñan es claramente restrictiva de los derechos y desperdician la oportunidad de desarrollar avances pro-gresivos que fortalezcan a la sociedad y por tanto su rol es reaccionario a las demandas de participación social que anidan en la sociedad venezolana.

foto:amnistia.me

foto:cnpcaracas.org

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Un Estado de Derecho

Persecución judicial y los fatídicos viernes

Foto: www.noticias24.com

Hace poco más de un año, el otrora magistrado de la Sala Penal del TSJ, Eladio Aponte Aponte, ante la persecución que sufrió de varias instituciones del Estado venezolano huyó a Costa Rica y luego, pareciera, llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense y la DEA (Agencia Anti-droga) para testimoniar sobre delitos de lesa humanidad, crímines políticos, narcotráfico y terrorismo cometidos en Venezuela los últimos años, y del cual tuvo conocimiento por haber participado directamente cuando era hombre de confianza de Hugo Chávez y colaboraba con la revolu-ción bolivariana

(http://www.lanacion.com.ve/nacional/el-nuevo-herald-aponte-aponte-

vincula-a-militares-y-funcionarios-venezolanos-con-el-narcotrafico/).

En unas declaraciones ofrecida al canal SOi-TV, reprodu-cida por medios de comunicación venezolanos, Aponte Aponte dejó claro que la justicia venezolana estaba al ser-vicio de la Revolución chavista. Dijo expresamente que el gobierno dictaba las líneas que debían seguir el TSJ y los jueces de la República, dando cuenta de varios casos de evidente persecución judicial con fines políticos. Declaró que los viernes en la mañana se realizaban estas reunio-nes en el despacho del VicePresidente Ejecutivo de la Re-pública, a muchas de las cuales él supuestamente asistió.

Textualmente: “Todos los fines de semana principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicePresi-dencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela con la Pre-sidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal General de la República, con el Presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contadora General de la República, y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela”

(http://www.reporteconfidencial.info/noticia/3169021/eladio-aponte-aponte-entrevista-exclusiva-soitv-completa/).

Todo apunta que estas reuniones de los viernes en la ma-ñana para dictar las líneas políticas a los jueces venezo-lanos siguen ocurriendo y que, con mucha eficacia, sirven para la persecución judicial de disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Ello, a juzgar por una serie de decisiones dictadas por los Hace poco dábamos cuenta como una jueza revolucionaria en el Estado Falcón ordenó el 8 de julio de 2013 al Diario La Mañana, con la excusa de pro-teger a los niños y adolescentes, a no publicar fotos de los innumerables y sangrientos crímines ocurridos en esa zona (http://www.alertavenezuela.net/el-poder-judicial-al-servicio-de-

la-revolucion/).

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Pues, no fue un caso aislado, sino que algo similar ocu-rrió luego en el Estado Portuguesa, donde el Periódico de Occidente fue multado por otro juez de menores con el pago del 2% de sus ingresos brutos de 2012 con la excusa, también, de haber afectado a los niños y adolescentes por la publicación de fotos de crímenes ocurridos en la zona. Además, ese mismo juez ordenó al Ministerio Público ac-cionar penalmente contra el editor, en virtud de que “no acató una orden judicial y esto acarrea sanción de nueve a 15 meses de prisión”. (http://www.correodelorinoco.gob.ve/regio-

nes/multan-a-diario-portuguesa-por-publicacion-reiterada-imagenes-

sangrientas/).

Pero además, el diario Correo del Caroní, del Estado Bolí-var al sur del país, también ha visto como se han iniciado en tribunales penales acciones contra David Natera, en su condición de editor, y Clavel Rangel, periodista, por haber publicado con lujo de detalles reportajes y denuncias de la generalizada corrupción de varias empresas públicas de la región, concretamente Ferrominera del Orinoco. Si bien aún no se han dictado sentencias en contra del diario, su editor o periodistas, la amenaza está latente (http://www.

eluniversal.com/nacional-y-politica/130717/de-grazia-denuncio-persecu-

ciones-por-parte-de-rangel-gomez-en-bolivar).

El pasado 22 de julio de 2013, el Tribunal 30° de Control Penal de Caracas, por solicitud de la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, ordenó la congelación de las cuentas y todos los activos del Grupo Sexto Poder y su editor, Leocenis García, de modo que fueron cerra-dos desde entonces los medios de comunicación: Revista Sexto Poder, Sexto Poder Radio, Diario El comercio, 6to-PoderWeb, entre otros, cuya línea editorial ha sido crítica con el gobierno nacional y en donde constantemente se denuncian casos de corrupción, terrorismo y narcotráfico. (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/182442/en-vivo-leocenis-

garcia-se-pronuncia-desde-la-sede-del-periodico-sexto-poder/).

La última noticia que ha aparecido del Poder Judicial ata-cando a la prensa libre ha sido apenas de este 26 de ju-lio de 2013, cuando la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que a solicitud del Ministerio Público un tribunal penal dictó prohibición de enajenar, gravar y congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero, quien es director del diario El Nacional, a la vez que se ordenó el congelamiento de todos los bienes de las empresas en que sea propietario o accionista (http://www.elnuevoherald.

com/2013/07/27/1531905/tribunal-venezolano-congela-cuentas.html).

Se trata de al menos de 5 casos en el último mes en los que el Poder Judicial venezolano, actuando en concordancia con el gobierno y para satisfacer sus intereses, persigue a periodistas, editores, directivos y medios de comunicación críticos al gobierno, censurándolos, cerrándolos o simple-mente amenazándolos ¿Coincidencia? ¿O tendrá todo esto alguna relación con las supuestas reuniones “donde salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela” de los viernes en la mañana, como denunciaba Aponte Aponte?

foto:www.lanacion.com.ve

foto:informe21.com

foto:noticias24.com

foto:eluniversal.com

alerta venezuela #20: disidencia al banquillo (informe, ago 2013)

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