alerta de género version final
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Estudio comparativo de la alerta de género entre
México y otros países de distintos
Continentes
Elaboró: Cynthia Galicia Mendoza
18 horas
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CONTENIDO PÁGINA
Antecedentes 3
I. Marco jurídico internacional 5
II. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
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1. Alertas de violencia de género 17
III. Las legislaciones sobre femicidio 21
IV. Políticas internacionales similares a las alertas de
violencia de género
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Bibliografía 35
2
Antecedentes
Con fecha 2 de febrero del año 2006, las diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo,
Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, Presidentas de las
Comisiones de Equidad de Género, Especial de Feminicidios en la República
Mexicana y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias respectivamente,
presentaron la iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia1.
En la exposición de motivos de dicha Ley se estableció entre otros propósitos, la
creación de disposiciones jurídicas que permitirían a las mujeres acceder a sus
derechos fundamentales y sancionar a quienes los trasgredieran.
De esta manera se trató de dar cumplimiento a los instrumentos internacionales
en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres con el fin de
erradicar en todo el territorio nacional prácticas jurídicas que respaldaran la
persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres.
En la misma exposición de motivos las diputadas señalaron que la aportación más
novedosa en la Ley, era sin duda la implementación del concepto de “alerta de
género”, cuyo objetivo se centró, en ubicar las zonas del territorio nacional con
mayor índice de violencia contra las mujeres, con el fin de revisar o detectar en
primer término, que se diera cumplimiento a la Ley en todos los órdenes de
gobierno, y en su caso sancionar a quienes fueran omisos a ella y en segundo
término emprender acciones en todos los niveles de gobierno, para proteger a las
mujeres de ese territorio. Estas acciones se realizarían con el fin de desalentar la
violencia en un territorio determinado y tendrían el carácter de temporales, quien
determinaría la necesidad de llevarlas a cabo sería un consejo2 de integración
1 Gaceta Parlamentaria, número 1904-V, miércoles 14 de diciembre de 2005. (2539).2 El consejo quedó en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como Sistema nacional de Prevención, Atención, sanción y erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
3
nacional, que asumiría la responsabilidad de erradicar la violencia de género en
ese territorio.
Por otra parte a este consejo también se le atribuía la labor de estar atento a los
agravios que mediante las legislaciones se pudiera causar a las mujeres,
convirtiendo al agravio comparado en una herramienta para eliminar la
discriminación, que se pudiera generar en virtud de una ley o norma en particular y
que se constituyera en un trato jurídico diferenciado a las mujeres, por el simple
hecho de serlo, a partir de vivir en una entidad federativa. A través del agravio
comparado se quiso garantizar el igual trato legal a las mujeres en el territorio
nacional, siguiendo el principio de aplicación espacial de ley, para un mismo
supuesto, circunstancias o delitos iguales.
Por otra parte en el dictamen de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LGAMVLV), las Comisiones Unidas de Equidad y Género de
Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, se
señaló que el objetivo de la alerta de género, era ubicar las zonas con mayor
índice de violencia hacia las mujeres para detectar a las autoridades que no
cumplieran con la Ley y sancionarlas.
Ahora bien la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia
es la primera legislación que contiene una figura jurídica como las alertas de
violencia de género, ninguna otra legislación en el mundo contiene disposiciones
similares.
El concepto de “alerta de violencia de género” según las legisladoras se basó en
un sistema creado en los Estados Unidos de Norte América denominado Alerta
Amber3, que consiste en una asociación voluntaria entre las agencias policíacas,
3 La Alerta Amber se creó en 1996 como un poderoso legado a Amber Hagerman, una niña de nueve años que fue secuestrada mientras montaba en bicicleta en Arlington, Texas. El horrendo homicidio de la niña causó una gran conmoción e indignación en toda la comunidad. Los residentes llamaron a las estaciones radiales en el área de Dallas y sugirieron que se emitieran alertas especiales a través de dichos medios para ayudar a prevenir incidentes como éste en el futuro. Revisado en línea el 15 de abril del 2011, en la página web. www.AMBERALERT.gov.
4
las emisoras de radio y televisión, y las agencias de transportación que en
conjunto emiten un boletín informativo, con el fin de obtener ayuda del público
para encontrar a una niña o niño secuestrado y detener al responsable del acto, el
objetivo es lograr que toda la comunidad participe, y lograr recupera a las niñas o
niños secuestrados antes de que sufran un daño físico4.
I. Marco jurídico internacional
En virtud de que las alertas de violencia de género son un sistema novedoso de
protección a los derechos humanos de las mujeres que no tiene precedentes, al
realizar un estudio comparativo el resultado a simple vista sería que no existe en
otra legislación alguna norma comparable, sin embargo debemos de considerar
que todas las legislaciones de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
en el mundo, en sus procesos de creación se basaron en las obligaciones
adquiridas en virtud de la firma y ratificación de instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos de las mujeres, por lo que debemos buscar algún
punto de coincidencia entre estas normas y otras establecidas en legislaciones de
otros países.
Como lo señala la jurista María Isabel Garrido (2003) el derecho comparado
cumple una multifuncionalidad: favorece un mejor conocimiento, interpretación y
aplicación del derecho propio; sirve para propugnar reformas legislativas; es una
vía de perfeccionamiento, unificación y armonización sistémica; vehículo para
comprender a los pueblos extranjeros, y sustento para el establecimiento de
relaciones internacionales de cooperación e integración (Garrido M, 2003)
El ejercicio comparativo sin embargo deberá partir de la generalidad, y será
dependiente de la información disponible, por lo que en este sentido estará
limitado, a continuación se revisarán algunas normas internacionales y regionales
en materia de derechos humanos de las mujeres.
4 www.AMBERALERT.gov.
5
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW)5, considerada uno de los instrumentos de derechos de las
mujeres más importantes, estableció la obligación de las y los legisladores de
tipificar y sancionar las conductas discriminatorias contra las mujeres, entre las
que se considera la violencia en su contra, los Estados Partes en la Convención
tiene la obligación legal de implementar medidas, para su erradicación.
El Estado mexicano ha recibido recomendaciones del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW)6 encargado de dar seguimiento
al cumplimiento de la CEDAW, relativas a la necesidad de tomar medidas
necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra las mujeres por
cualquier persona, organización o empresa, así como a la cometida por agentes
estatales o derivada de sus acciones u omisiones en todos los niveles, de hecho
México es el único país del mundo a quien el COCEDAW, ha recomendado la
aprobación de la enmienda al Código Penal para tipificar el feminicidio como
delito7.
Para dar seguimiento al cumplimiento de la CEDAW, se han creado una serie de
indicadores con el fin de establecer niveles de cumplimiento comparables en los
estados, respecto a la obligación derivada de las Recomendaciones Generales 12
y 19 del COCEDAW referentes al vínculo entre la violencia contra las mujeres y la
discriminación como expresión máxima de la desigualdad de las relaciones de
poder entre hombres y mujeres la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) ha planteado una serie de indicadores para dar seguimiento al
cumplimiento de estas recomendaciones (Zapata D, 2007) ninguno de estos hace
referencia a la violencia feminicida o a las alertas de violencia de género.
5La CEDAW, se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 en Nueva York y el Decreto de promulgación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1981. Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 en México, conforme a su artículo 27.6 Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención, se estableció en su artículo 17º la creación de un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.7 El Comité examinó el Sexto Informe periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/2006, en sus sesiones 751 y 752, celebradas el 17 de agosto de 2006.
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Indicadores CEPAL, Derecho a vivir una vida libre de violencia (Zapata D, 2007)
1. El país ratificó la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujer;
2. El país cuenta con una Ley reglamentaria que proteja a las mujeres contra la violencia doméstica e intrafamiliar;
3. Existe armonía entre las leyes nacionales y estatales para luchar contra la violencia contra la mujer;
4. La violencia contra la mujer está tipificada como delito en el Código Penal del país.5. El país cuenta con una política para erradicar la violencia contra la mujer;6. La política para erradicar la violencia contra la mujer incluye programas de educación
específicos dirigidos a niños y hombres.7. Los servicios médicos y de asistencia jurídica son gratuitos para las mujeres víctimas de
violencia.8. El país cuenta con una política orientada a eliminar el tráfico y la explotación de mujeres
adultas y niñas;9. El país cuenta con legislación que sancione el acoso sexual10. El país cuenta con un sistema de registro y estadísticas sobre los casos de violencia
contra la mujer;11. Es posible obtener órdenes de protección judicial en situaciones de violencia doméstica
en la relación e pareja, independientemente del estado civil de la persona agredida.12. Las leyes de familia no obligan a utilizar el mecanismo de conciliación o mediación en los
casos de violencia doméstica.
Como se puede observar ninguno de estos indicadores es útil para conocer si
algún estado cuenta con políticas similares a las establecidas en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respecto a las alertas de
violencia de género.
En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer8 de la que derivaron la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing-1995, las y los asistentes determinaron que una
de las esferas de especial preocupación a nivel mundial es, la violencia contra las
mujeres “Objetivo estratégico D. La violencia contra la mujer”. Señalando que la
misma impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y viola y
menoscaba o impide a las mujeres el disfrute de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, reconociendo la obligación del Estado de proteger y
promover esos derechos y todas las otras libertades de las mujeres.
8 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.96.IV.13) cap. I, resolución I, anexos I y II.
7
En el año 2010 en la sesión referente al examen periódico de la aplicación de la
Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer año 2010 (Beijing+15), respecto al objetivo D. La violencia contra la
mujer, se estableció que además de adoptar disposiciones para tipificar la
violencia como delito y castigar a sus autores, los marcos legislativos relativos a la
violencia contra la mujer debían ordenar que se preste apoyo y se dé protección a
las víctimas o sobrevivientes, la prevención, la capacitación de los funcionarios
competentes, la financiación y la creación de mecanismos para supervisar la
aplicación de lo establecido en la Plataforma.
En este mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas encargada de dar
seguimiento a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, manifestó su
preocupación por la intensificación de la violencia de género y contra las mujeres
en su resolución 63/155.
En esta resolución reafirmó la obligación de los Estados de promover y proteger
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las
niñas y reconoció que la violencia contra la mujer tenía sus raíces en las
relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer además
de que todas las formas de violencia contra la mujer limitaban seriamente su
capacidad para aprovechar sus aptitudes.
La Asamblea General pidió al Secretario General que le presentara, en su
sexagésimo quinto período de sesiones, un informe que contuviera información
proporcionada por los Estados sobre las actividades de seguimiento realizadas en
cumplimiento de la resolución. Dicho informe está contenido en el documento,
A765/208 del 2 de agosto del año 2010, en él se destacaron las actividades por
país en relación a la atención de la problemática de la violencia de género.
Además se estableció que muchos Estados han fortalecido sus marcos jurídicos
nacionales para prevenir y encarar dicha violencia. Sin embargo, el hecho de que
8
la legislación no se aplique plena y eficazmente sigue siendo un problema (ONU,
A765/208, 2010)
A continuación se elaboró un resumen por considerarlo el documento más actual
elaborado por un organismo internacional, en materia de información sobre
legislación en materia de violencia, del informe Secretario General denominado
“Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra
la mujer” (ONU, A765/208, 2010), del mismo se deriva la siguiente información:
Cada vez son más los marcos jurídicos que reconocen la violencia contra la
mujer como una forma de discriminación por razón de género y una violación
de los derechos humanos de la mujer.
El derecho a una vida sin violencia, se ha incorporado en algunas
constituciones, como la Constitución del Ecuador (artículo 66, sección 3), que
se revisó en 2008.
Una tendencia digna de mención ha sido la promulgación cada vez más
frecuente de leyes integrales, que no sólo tipifican como delito la violencia
contra la mujer y prevén el enjuiciamiento y el castigo de los autores, sino que
incluye también medidas relacionadas con la prevención de la violencia, el
apoyo y la protección de las víctimas y los sobrevivientes y la aplicación de la
ley (Argentina, Colombia, España, Georgia, Paraguay, Portugal y Venezuela
(República Bolivariana de). Otros Estados tienen leyes o disposiciones
jurídicas separadas para proteger y asistir a las víctimas, que incluyen, por
ejemplo, la indemnización por daños (Austria y Suiza) y el apoyo y los servicios
(Bulgaria, Eslovaquia, Filipinas, Japón, Noruega y Suecia), así como la
obligación de adoptar medidas preventivas, como programas escolares sobre
la prevención de la violencia contra las mujeres y programas de
concientización de la población con respecto a la violencia doméstica
(República de Corea y Serbia). Algunas de estas leyes abordan múltiples
formas de violencia, mientras que otras se centran en una sola modalidad,
como la violencia doméstica.
9
Los Estados Miembros de la Asamblea General han modificado sus códigos
penales y han promulgado otras leyes para hacer frente a la violencia contra la
mujer.
También se han ampliado, las definiciones de violencia. Por ejemplo, en
muchas leyes, la definición de violencia doméstica incluye la violencia física,
sexual, psicológica y de otro tipo, y amplía el espectro para abarcar la violencia
cometida en el marco de relaciones distintas del matrimonio (Bulgaria, Bosnia y
Herzegovina, Chile, Georgia, Paraguay, Portugal y Suiza).
En varios países se ha ampliado la definición de lo que constituye una violación
con el fin de incluir una mayor gama de actos constitutivos, centrándose
además en el consentimiento en lugar de en la fuerza física; y se han
aumentado las penas aplicables (Bulgaria, Chile, Mauricio, Portugal y
Senegal). Un número creciente de Estados tipifican como delito la violación en
el matrimonio (Bosnia y Herzegovina, Chile y Chipre).
Han aumentado las sentencias y multas relacionadas con la violencia
doméstica (Chipre, Mauricio, Noruega y Túnez) y se han incorporado
circunstancias agravantes, como el hecho de que los actos de violencia se
cometan en presencia de menores (Noruega) y la edad de la víctima y los
actos de violencia que causen la muerte de la víctima (Portugal).
Se han promulgado cada vez más leyes o disposiciones especiales sobre el
acoso sexual (Bulgaria, Chile, China, Ecuador, Finlandia, Georgia, Mauricio,
Portugal y Túnez), algunas de las cuales lo prohíben no solo en el lugar de
trabajo sino también en las instituciones educativas y otros ámbitos de
actividad pública. Una nueva tendencia es la promulgación de leyes que
criminalizan específicamente el acecho (Italia) (ONU, A765/208, 2010)
Varios Estados han modificado o están modificando las disposiciones
discriminatorias de los códigos penales o las leyes sobre la condición jurídica
de la persona en lo relativo al adulterio, la violación y la poligamia (Iraq, Líbano
y Túnez).
Algunos Estados han incorporado disposiciones para proteger a la mujer contra
la violencia en las leyes sobre la igualdad entre los géneros o la igualdad de
10
derechos (Bosnia y Herzegovina y Filipinas), la protección de las mujeres en
general (China) y la prevención de delitos (Belarús).
Algunas leyes nuevas o modificadas se centran en la protección de los niños
contra la violencia y los abusos sexuales (China, Portugal y Suecia).
En varios Estados hay iniciativas en marcha para formular o promulgar leyes
encaminadas a combatir la violencia contra la mujer (Azerbaiyán, Bahrein,
Belice, Camerún, Federación de Rusia, Iraq, Italia, Kenya, Líbano, Lituania y
Paraguay) o proteger a los menores contra los actos de violencia (República
Árabe Siria) (ONU, A765/208, 2010).
Algunos Estados han reforzado los efectos de las órdenes de protección, por
ejemplo ampliando el plazo que abarca la orden (Austria); ampliando la
aplicación a casos distintos de las parejas casadas (Francia) y casos de abuso
de menores (Países Bajos) y acecho (Austria e Italia); y extendiendo el
derecho de pedir órdenes de protección a otras personas distintas de la víctima
o el sobreviviente (Austria y Bulgaria).
Los Países Bajos informaron que en 2009 se impusieron unas 2.100 órdenes
de alejamiento temporales contra los culpables de violencia doméstica. En
Chile se estableció un centro especial para registrar las órdenes de protección
y en Finlandia se formularon instrucciones para fortalecer los procedimientos
policiales relacionados con las órdenes de protección)
Una tendencia digna de mención ha sido la promulgación de leyes relativas a
las prácticas nocivas. Varios Estados han promulgado este tipo de legislación,
o están en proceso de hacerlo, que incluye medidas contra la mutilación y
ablación genital de la mujer (Camerún, Djibouti, Islandia y Noruega), el
matrimonio prematuro y forzado (Bulgaria y Noruega) y la exigencia de aportar
dote (Camerún), (ONU, A765/208, 2010).
La República Árabe Siria derogó las causas de justificación de los
denominados “delitos de honor” de su código penal, mientras que Islandia
aumentó las penas por circunstancias agravantes en casos de mutilación y
ablación genital femenina. La legislación sobre prácticas nocivas,
particularmente en lo relativo a la mutilación y ablación genital de la mujer,
11
puede crear una jurisdicción extraterritorial, dado que es factible cometer estas
formas de violencia en otro país (ONU, A765/208, 2010).
Algunos Estados han promulgado o reformado sus códigos de procedimiento
penal o las leyes conexas con el fin de proteger y asistir mejor a las víctimas y
sobrevivientes de actos de violencia durante los procedimientos judiciales.
Estas medidas incluyen la posibilidad de ser escuchadas por un funcionario de
su mismo sexo en todas las etapas de los procedimientos judiciales (Suiza); la
prestación de asistencia letrada y psicológica (Austria, España, Kenya,
Mauricio, Noruega, Portugal, República de Corea, República Dominicana y
Suecia); la disponibilidad de información para las víctimas y sobrevivientes
sobre el progreso de sus casos y su derecho a obtener reparación así como
una orden de protección (Islandia, Georgia, Noruega y Suecia); la remoción del
perpetrador de la sala del tribunal cuando la víctima rinda testimonio y la
exclusión del público de la sala (Islandia); procedimientos judiciales rápidos
(Portugal); medidas especiales para prestar apoyo a las víctimas en la
presentación de pruebas (Canadá, Chipre, Suecia y Suiza), y la participación
de organizaciones no gubernamentales en los procedimientos judiciales como
parte civil (Djibouti) (ONU, A765/208, 2010).
Finalmente el informe refiere entre otras cuestiones que se han establecido
mecanismos nacionales específicos para hacer frente a la violencia contra la mujer
en general o una forma particular de violencia, como la doméstica (Finlandia,
Georgia, Lituania, Mauricio y Portugal) o la mutilación y ablación genital femenina
(Djibouti, Kenya y Noruega), y para mejorar la coordinación entre las diferentes
partes interesadas (Argentina, Chile, Colombia, Eslovaquia, España, México,
Paraguay, República de Corea, República Dominicana y Túnez) (ONU, A765/208,
2010).
Estos mecanismos suelen incluir equipos de tareas y comisiones multisectoriales,
dependencias especializadas en los ministerios o grupos de expertos (como el
caso de las alertas de violencia de género), y en muchos casos cuentan con
12
representantes de organismos gubernamentales, parlamentarios y organizaciones
no gubernamentales.
Las iniciativas encaminadas a mejorar la colaboración y la coordinación entre los
diferentes interesados también incluyen arreglos de cooperación entre distintas
autoridades gubernamentales, conferencias nacionales y regionales, programas
de capacitación y grupos de trabajo y redes nacionales (Bélgica, Bolivia, Bulgaria,
Canadá, Colombia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Islandia, Italia,
Kenya, Líbano, Lituania, Mauricio, México, Noruega, Paraguay, Polonia, República
Dominicana, Serbia, Sudán, Suecia, Suiza y Yemen). Varios Estados destacaron
la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, en particular las
organizaciones no gubernamentales de mujeres (Canadá, España, Finlandia,
Lituania, Samoa y Suecia). Algunos Estados comunicaron que había aumentado la
financiación para aplicar los planes de acción y las políticas nacionales, y que se
había fortalecido la colaboración entre las diferentes autoridades gubernamentales
(Australia, Islandia, Italia, Noruega, República de Corea, Samoa y Suecia) (ONU,
A765/208, 2010)
En lo que refiere al sistema regional de protección de los derechos humanos de
las mujeres es de destacarse el hecho de que la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer9 en adelante la
"Convención de Belém do Pará" sea el instrumento más ratificado del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos refleja el consenso regional de que la
violencia contra las mujeres constituye un problema público y prevalente, meritorio
de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y
reparación (CIDH, 2007).
En los artículos 7º y 8º la Convención de Belém do Pará señala las obligaciones y
medidas que los Estados Partes deben tomar para garantizar el respeto del
9Adoptada en: Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994. Firmada por México el 4 junio de 1995. Aprobada por el Senado el 26 de noviembre de 1996. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 enero de 1999.
13
derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y en el artículo 9º establece
que los Estados Partes deberán tener en cuenta la situación de vulnerabilidad a la
violencia que pueden sufrir las mujeres en razón entre otras de su raza o de su
condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, por razones de embarazo,
por ser discapacitada, por su edad, por ser anciana, o ser pobre, o por haber sido
afectada por situaciones de conflictos armados o privación de la libertad.
Artículo 7º
Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo
siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten
de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean
del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la
mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del
daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
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h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva esta Convención.
Indicador: Existencia de legislación nacional que tenga por objetivo dar una respuesta a las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres10.
INDICADORES DEFINICIÓN DEL INDICADOR
a) La legislación de violencia contra las mujeres incorpora el concepto de violencia basada en género, de acuerdo a la definición de la Convención.
Legislación promulgada que define violencia contra las mujeres como una conducta basada en su género.
b) La legislación de violencia contra las mujeres incorpora la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y otras.
Legislación promulgada que explicita la sanción de la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y otras contra las mujeres en el ámbito público o privado, perpetrada por particulares o por el Estado.
c) Existencia de legislación sobre trata de personas.
Legislación promulgada que sancione la trata de personas.
d) Existencia de legislación sobre acoso sexual en el trabajo así como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
Legislación promulgada que sancione como figura legal específica el acoso sexual en el trabajo así como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
e) La legislación incorpora la violación y otros abusos sexuales en el matrimonio o unión de hecho.
Ley promulgada que sancione la violación y otros abusos sexuales en el matrimonio o unión de hecho.
f) Existencia de legislación sobre medidas de protección a solicitud de la víctima, de terceras/os o de oficio, antes y durante el proceso judicial.
Existencia de medidas de protección tales como cuando hay riesgo para la víctima, cuando hay antecedentes de situaciones previas de violencia, evitar careo con el agresor, disponibilidad de lugares adecuados de protección durante la realización del juicio, protección en la vivienda, protección de la policía, orden de alejamiento para el agresor, etc.
g) Existencia explícita en la legislación de la prohibición de emplear medios alternativos de solución de conflictos al proceso judicial por violencia contra las mujeres.
Existencia en la legislación de normas que sancionen o excluyan explícitamente prácticas que pueden implicar grados de tolerancia con la violencia, o impunidad, como las siguientes: permitir la mediación en el proceso judicial, la aplicación del criterio de oportunidad y la conciliación o avenencia, o bien el perdón de la ofendida permitir el matrimonio con la víctima como una forma de retirar la denuncia por violencia sexual, entre otras.
Como podemos observar los indicadores de seguimiento de los principales
instrumentos internacionales no contienen información sobre violencia feminícida, 10 Mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI), Comité de Expertas/os, en violencia (CEVI), 13-15 agosto, documento, OEA/SER.I./II.7/10. MESECVI/CEVI/DOC.86.Rev. 3. 18 agosto de 2008-
15
contra las mujeres, o sobre alertas de violencia de género, esta es la principal
dificultad de emprender un esfuerzo comparativo.
II. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El 1º de febrero de 2007 se publicó y entró en vigor la Ley General de Acceso de
la Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que tiene entre sus
principales objetivos, eliminar la violencia de género.
En esta legislación, se aportan definiciones sobre violencia contra las mujeres,
derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y violencia feminicida.
Además de establecer los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres y
estableció disposiciones sobre la violencia feminicida.
En términos del artículo 5º de la LGAMVLV, se entiende por violencia contra las
mujeres “cualquier acción u omisión, basada en su género que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como en el público”.
Los tipos de violencia en términos del artículo 6º de esta Ley son, psicológica,
física, patrimonial, económica, sexual, psicológica o cualquier otra forma análoga
que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres.
La Ley señala que la violencia contra las mujeres se puede desarrollar en el
ámbito familiar, laboral o docente, de la comunidad y ámbito institucional.
La LGAMVLV, cuando la violencia se presenta en forma extrema, es producida por
un conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres y se caracteriza por desarrollarse en
contextos de impunidad social y del Estado, se trata de violencia feminicida.
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La violencia feminicida se encuentra definida en la LGAMVLV, en el Capitulo V,
artículo 21, denominado De la violencia feminicida y de la alerta de violencia de
género y contra las mujeres:
Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público
y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte
violenta de mujeres.
1. Alertas de violencia de género
Toda vez que se establece que en un territorio determinado existe violencia
feminicida el Estado deberá realizar un conjunto de acciones de emergencia para
enfrentarla y erradicarla.
Al conjunto de estas acciones se las denomina alertas de violencia de género y
tienen por objeto garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en
su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia
sus derechos humanos.
Artículo 22 (LGMVLV).- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
La alerta de violencia de género plantea como su primer objetivo construir una
política pública, en la que se implementen un conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia que logren erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado, el segundo es que se eliminen de la legislación nacional
preceptos que violen derechos humanos de las mujeres.
17
El cumplimiento de ambos objetivos es fundamental para garantizar el derecho de
las mujeres a vivir sin violencia dentro del territorio nacional, a pesar de ello su
implementación es sumamente complicada y se sustenta en un procedimiento
cuasi jurisdiccional.
En el ámbito federal, el Reglamento de la LGAMVLV11, establece el procedimiento
de la alerta de violencia de género en su artículo 30: “procede la declaratoria de
alerta de violencia de género cuando se demuestre que en un territorio
determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio
comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres”.
Se considera que existe un agravio comparado cuando en una legislación
subsisten preceptos legales que agravian los derechos humanos de las mujeres,
es decir normas cuyo contenido impide el pleno ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres.
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2008.
18
Alertas de violencia de géneroConjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea
ejercida por individios o por la propia comunidad
Agravio ComparadoEn una legislación subsisten
preceptos legales que agravian los derechos humanos de las mujeres
Violencia FeminicidaEn un territorio determinado existe violencia
sistemática contra las mujeres, que se traduce en delitos contra las mujeres, en un
contexto de impunidad o permisibilidad social,
En términos del artículo 31 del Reglamento de la LGAMVLV, existe agravio
comparado en caso de que un cuerpo normativo contenga alguno de los
siguientes supuestos:
I. Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una
misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa
entidad federativa o municipio
II. No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de
circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio,
o
III. Se genere una aplicación inequitativa de la ley, lesionándose los
derechos de las mujeres
El procedimiento para la investigación de la procedencia de la declaratoria de
alerta de violencia de género inicia a través de una solicitud para que se investigue
su procedencia, dicha solicitud puede referir como ya se señaló a dos supuestos:
1. que se trate de violencia feminicida cometida en un territorio nacional o, 2. que
refiera a legislación que agravia los derechos humanos de las mujeres.
Se debe señalar que la acción del Estado está condicionada a que se presente la
solicitud y que en la misma los solicitantes, logren demostrar que se perturba la
paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad y la seguridad de las
mujeres en un territorio determinado o que subsisten en la legislación preceptos
que violan derechos humanos de las mujeres
Los actores sociales que pueden presentar solicitud de investigación de
procedencia de la declaratoria de alerta de violencia de género ante la federación
son:
Los organismos de derechos humanos a nivel nacional, o de las entidades
federativas (Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Comisiones de
las entidades federativas en materia de derechos humanos)
19
Las organizaciones de la sociedad civil
Los organismos internacionales
Los actores sociales facultados para realizar una solicitud de investigación sobre
la procedencia de la declaratoria de alerta de violencia de género deberán
presentar elaborarla por escrito y presentarla ante la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres12 es decir ante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ya
sea directamente acudiendo a las oficinas del mismo o bien a través del servicio
postal mexicano.
El artículo 33 del Reglamento del LGAMVLV, establece la forma en que deberá
presentarse la solicitud sobre la procedencia de declaratoria de alerta de violencia
de género para ser admitida misma que deberá cumplir con los siguientes
requisitos de forma:
I. Nombre del solicitante
II. Carácter con el que actúa el solicitante
III. Domicilio para oír y recibir notificaciones
IV. Lugar o lugares donde se presenta dicha violencia de género
V. Descripción de los hechos violatorios de los derechos humanos de
las mujeres
VI. Grupo de mujeres afectadas y número aproximado, y
VII. Periodo de reiteración de las conductas.
Además de estos requisitos en la solicitud deberá acreditarse que en un territorio
determinado (delimitación territorial) existe violencia sistemática contra las
mujeres; que dicha violencia se traduce en delitos del orden común contra la vida,
la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres y que existe un
contexto de impunidad o permisibilidad social, o por otro lado que existe un
12 LGAMVLV, Artículo 35. La Federación, las entidades federativas y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
20
agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
mujeres y que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas que
perturban la paz social.
III. Las legislaciones sobre femicidio
Como quedó establecido en el apartado II de este estudio, en términos de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), las
“alertas de violencia de género” son un conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar la violencia feminicida, considerada ésta como la forma
extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación a sus
derechos humanos.
Al respecto es necesario señalar que los términos feminicidio o femicidio13 están
establecidos únicamente en las legislaciones de Guatemala, Chile y Costa Rica.
El término feminicidio, ha adquirido una gran importancia para la significación de la
violencia de género en el mundo por referir al, “asesinato misógino de mujeres
cometido por hombres; es una forma de violencia sexual como cualquier acto
físico, visual, verbal o sexual experimentado por una mujer o niña que en ese
momento o posterior sea como amenaza, invasión o asalto, tenga el efecto de
dañarla o degradarla y/o arrebatarle la capacidad de controlar el contacto intimo”
(Russel D y Radford J, 2006). Sin embargo esta relevancia aún no se refleja en las
legislaciones.
Como lo señalan Nelson Arteaga y Jimena Valdés (2010) la violencia asesina o
femicidio, contra las mujeres está suscrita por su condición genérica, autoras
como Marcela Lagarde han preferido hablar de feminicidios, definiéndolos como
“crímenes perpetrados contra las mujeres por el simple hecho de serlo”, en donde
13La antropóloga y experta en género Marcela Lagarde y de los Ríos sostiene que, en castellano, femicidio es una voz
homóloga a homicidio y sólo significa “asesinato de mujeres”. El común denominador del feminicidio es el género por referir a niñas y mujeres que son violentadas con crueldad, sometidas a tratos indignos y tortura, por el sólo hecho de serlo.
21
las condiciones de dominación han servido como telón de fondo para perpetrar
actos de violencia contra las mujeres, este tipo de acontecimientos son resultado
de los reacomodos originados por una mayor participación femenina en espacios
de poder que anteriormente eran exclusivamente masculinos.
El término femicidio sin embargo tiene una relación insuperable con el género
pues se caracteriza por la supremacía masculina en relación con la opresión,
discriminación, explotación y sobre todo exclusión social de niñas y mujeres, todo
ello legitimado por una percepción social que las desvaloriza y que es hostil hacia
ellas (IIDH, 2006).
Legislación de la República de Guatemala Femicidio
Decreto Número 22-2008(7 de mayo de 2008)
“Ley Contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer”
El objetivo de la Ley es garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, particularmente cuando por su condición de género en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado, quien agreda o cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológico o económica, o de monosprecio de sus derechos.
Con el fin de promover disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia de cualquier tipo en contra de las mujeres, garantizando una vida libre de violencia.
Femicidio: Muerte violenta de una mujer asesinada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y en el ejercicio del poder de género contra las mujeres.
Artículo 6º. Femicidio. Comete el delito de femicidio. Quien , en el marco de las realciones desiguales de poder, entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer , por su condición de mujer valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima.
b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido
22
con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de Intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.
c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.
e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.
f. Por misoginia.g. Cuando el hecho se cometa en
presencia de las hijas o hijos de la víctima.
h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal.
La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.
Obligaciones a cargo del Estado En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, el Estado será solidariamente responsable por la acción u omisión en que incurran las funcionarias o funcionarios públicos que obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo ejercer contra éstas o éstos la acción de repetición si resultare condenado, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o civiles (Artículo, 12)
Además en términos de la ley el Estado deberá garantizar:
-Los Derechos de la víctima.
-El Fortalecimiento de las dependencias encargadas de la investigación criminal.
23
-La Creación de los órganos jurisdiccionales especializados.
- Contar con Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia.
- El Fortalecimiento institucional. Capacitación a funcionarios del Estado. Asistencia legal a la víctima.
-La creación del Sistema nacional de información sobre violencia en contra de la mujer.
-Deberá realizar las correspondientes asignaciones presupuestarias, para que se pueda dar cumplimiento a la Ley.
El Decreto Número 22-2008, del gobierno de la República de Guatemala contiene
la “Ley contra el femicidio y otros formas de violencia contra la mujer”, en términos
de ésta legislación el femicidio es un delito, y el inculpado tiene la obligación de
reparar el daño causado.
Legislación de la República de Chile Femicidio
Ley 20 480, Fecha de Publicación 18-12-2010Fecha de Promulgación, 14-12-2010Ministerio de justicia.Título: Modifica el Código Penal y la Ley No 20, 066, sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma normas sobre parricidio.
Código Penal de la República de ChileArt. 390 El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos o ilegítimos, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte.
Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio.
En el caso de la República de Chile, se introduce un párrafo al delito de violencia
familiar, señalando que el delito se nombrará como femicidio cuando la víctima es
o ha sido su cónyuge o conviviente del agresor.
Finalmente el femicidio también se considera como un delito en la República de
Costa Rica, en este caso el tipo penal forma parte de la Ley para la Penalización
de la Violencia contra las Mujeres.
24
Legislación de la República de Costa Rica Femicidio
Ley para la Penalización de la Violencia contra las Mujeres.Expediente No. 13, 874Informe afirmativo, Unánime12 de junio de 2006
ARTÍCULO 21.-FemicidioSe le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.
Para efectos comparativos partir de los términos violencia feminicida, femicidio, o
alertas de violencia de género, estas tres legislaciones serían las únicas que
tendrían contenidos en la materia.
IV. Políticas internacionales similares a las alertas de violencia de género
En este apartado se retomarán tres informes elaborados por el Centro Reina Sofía
de España desde el año 2003, estos son relativos a las legislaciones en materia
de protección de las mujeres que viven situaciones de violencia, y son útiles para
ampliar el panorama sobre el tema en otros continentes.
En los tres informes se presentan datos sobre todo estadísticos sobre el femicidio.
En el prefacio del primer informe internacional año 2003, se presentan la razones,
se establece en el mismo que después de tomar en cuenta la opinión de 200
instituciones, incluyendo organizaciones de la sociedad civil y policías, se decidió
restringir la investigación a la variable que les parecía más sencilla, los femicidios.
Esto en virtud de que existían una gran variedad de posiciones respecto al
maltrato, sobre todo diferencias culturales, y respecto al femicidio consideraron
que una muerte violenta de mujeres, estaría registrada en cualquier país, sin
embargo señalan que esta consideración fue equivocada, pues en las estadísticas
no existía distinción por sexos de las muertes violentas de mujeres y hombres, fue
sorprendente descubrir que estaban todas en el rubro del homicidio, y esto ocurría
no sólo en países sin experiencia estadística sino en la misma Unión Europea
(Informe Internacional, Centro Reina Sofía, 2003).
25
En el Informe internacional 2003, Violencia contra la mujer en las relaciones de
pareja del Centro Reina Sofía, se analizó la situación de 117 países, sobre el
tratamiento que se da a la violencia contra la mujer, se señaló que el 41% de los
países investigados dispone de leyes específicas que regulan la violencia familiar
o en las relaciones de pareja y el 59% restante no. La aprobación de leyes
específicas suele ser la solución adoptada de forma mayoritaria en los países
(Informe Internacional, Centro Reina Sofía, 2003).
En el caso de las leyes de los países latinoamericanos, no sólo se tipifica el
maltrato físico, sino también el psíquico, e incluso los atentados contra la libertad
sexual (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y México) (Informe Internacional,
Centro Reina Sofía, 2003).
Respecto a los datos estadísticos en términos del Informe Internacional, Centro
Reina Sofía, 2003, la prevalencia media de femicidios en los países analizados en
el informe 2003, es de 18 mujeres por millón. Podemos extrapolar, con todas las
reservas, esta prevalencia al total de la población mundial de mujeres, cifrada en
el año 2000 en 3.004.599.000 mujeres. Eso significa que aproximadamente
55.000 mujeres mueren al año de forma violenta en el mundo según estadísticas
oficiales. Esta cifra es, claramente, conservadora (Informe Internacional, Centro
Reina Sofía, 2003).
En el II Informe Internacional, sobre violencia contra la mujer, en las relaciones de
pareja (II Informe Internacional, Centro Reina Sofía, 2007), se realizó una segunda
revisión de las leyes relativas a la violencia de género hasta el año 2003, entre las
novedades legislativas que se derivaron de este informe se puede señalar:
En Rumanía, la Ley para prevenir y luchar contra la violencia doméstica arbitra
medidas de intervención estatal en los casos de violencia doméstica, con
independencia de los deseos o peticiones de las víctimas. En este sentido, su
artículo 13 establece que los trabajadores sociales que identifiquen casos de
26
violencia doméstica tienen que realizar un seguimiento de las familias en
cuestión, manteniendo el contacto con las personas implicadas.
En Alemania, tras la entrada en vigor de la Ley para la protección frente a la
violencia en 2001, los juzgados de familia han dictado 5.563 medidas de
protección jurídico-civil en caso de violencia y persecución, y 2.848 medidas de
cesión del domicilio común.
En Austria, en aplicación de la Ley de protección contra la violencia en el seno
de la familia, la policía ha expulsado del hogar familiar a 8.123 agresores en
2002 y 2003.
Respecto a las estadísticas en materia de femicidios, el Segundo Informe del año
2007, establece que lo habitual sigue siendo que las estadísticas no estén
desglosadas por sexo. En este informe se analizan 40 países, estableciendo que
la tasa de mujeres asesinadas (por millón de mujeres) en los cuarenta países
analizados fue de, 20,94. Los países que presentan las mayores tasas de
feminicidios por millón de mujeres son iberoamericanos: Guatemala (122,80
femicidios por millón de mujeres), Colombia (70,20), El Salvador (66,38), Bolivia
(43,42), República Dominicana (37,25), Puerto Rico (29,72), México (24,50) (II
Informe Internacional, Centro Reina Sofía, 2007).
La prevalencia media (es decir, la tasa media de femicidios por millón de mujeres)
en los países iberoamericanos ha sido de 41,02, por encima de la prevalencia
media en toda América (37,41 femicidios por millón de mujeres) (II, Informe
Internacional, Centro Reina Sofía, 2007).
El ranking de países europeos es el que sigue: los países con mayor tasa de
femicidios por millón de mujeres son las antiguas repúblicas comunistas: Estonia
(56,90), Hungría (25,69), Rumanía (17,77), Eslovaquia (15,43), (II, Informe
Internacional, Centro Reina Sofía, 2007).
27
Destaca el caso de Bélgica (29,30), que es segunda en el ranking. La mayoría de
los países nórdicos siguen estando por encima de los mediterráneos. España, con
7,75 mujeres asesinadas por millón, ocupa el lugar 32 de los 40 países analizados
y el lugar 16 de los 24 países europeos analizados. La prevalencia de femicidios
en España está muy por debajo de la prevalencia media europea (12,29 por millón
de mujeres) que, a su vez, es tres veces menor que la prevalencia media de
femicidios en Iberoamérica El período de edad en el que se produce el mayor
número de femicidios es el comprendido entre los 30 y los 34 años (ambos
inclusive), (II, Informe Internacional, Centro Reina Sofía, 2007).
El III, Informe Internacional, Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja,
estadísticas y legislación (2010) establece que del año 2003 al 2006, se habían
impulsado 28 leyes en materia de violencia de las cuáles cinco siguen siendo
proyectos, para combatir la violencia en la pareja. De estas legislaciones África ha
promulgado dos leyes y desarrollado tres proyectos de Ley, América ha
promulgado tres leyes, Asia ha promulgado siete leyes y desarrollado un proyecto
de ley, Europa ha promulgado once leyes y desarrollado un proyecto de ley, A
continuación se desarrollan brevemente las principales novedades de algunas
leyes de protección de la mujer:
España: Con la aprobación de la Ley orgánica 1/2004, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, España pasa a ser el primer
país que cuenta con una ley de estas características en Europa. Es decir, una
ley sobre la violencia de género (no sobre la violencia domestica o familiar) que
de modo integral y multidisciplinar, junto con aspectos educativos, preventivos,
civiles, penales y sociales. La mayor innovación en el ámbito judicial es, sin
duda, la creación de juzgados de violencia contra la mujer. Estos juzgados
conocen tanto de asuntos civiles como penales, de forma que ambos son
objeto de tratamiento procesal ante la misma sede.
28
Brasil: En 2006 entro en vigor en Brasil la Ley para combatir la violencia
familiar y domestica contra la mujer. Esta norma tiene la siguiente definición de
violencia contra la mujer: “Cualquier acción u omisión basada en el género que
le cause la muerte o lesión o sufrimiento físico o sexual, psicológico o daño
moral o patrimonial”. Cabe destacar que, con la aprobación de la ley, se han
creado los juzgados especializados de violencia domestica y familiar contra la
mujer, con competencia civil y penal. La ley establece además otra medida
novedosa: la expulsión del agresor del domicilio conyugal y la prohibición de la
aproximación física a la mujer e hijos deben ser determinadas por el juez antes
de 48 horas.
Bulgaria: En Bulgaria la Ley de protección contra la violencia domestica fue
promulgada el 16 de marzo de 2005 por la Asamblea Nacional y entro en vigor
el 29 de marzo de 2005. El artículo 2º de la ley proporciona la siguiente
definición de violencia doméstica: “Cualquier acto de violencia física, mental o
sexual, o cualquier intento de cometer tal acto, así como la restricción forzosa
de la libertad individual y la intimidad, llevado a cabo contra individuos que
tienen o han tenido vínculos familiares o de parentesco, o conviven o viven
juntos en el mismo hogar”.
Chile: La nueva Ley de violencia intrafamiliar promulgada en Chile en 2005 ha
reemplazado la Ley no 19.325 sobre violencia intrafamiliar, y ha modificado el
Código Penal, la Ley no 18.216 (sobre cumplimientos de penas) y la Ley no
19.968 (creación de tribunales de familia). Entre los aspectos más importantes
destacan una mejor definición de lo que es violencia intrafamiliar (artículo 5):
“Sera constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la
integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge
del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el
tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente”.
“También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso
precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona
menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o
29
dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. Entre las
medidas más importantes que puede acordar el juez destacan las siguientes:
Obligación de abandonar el agresor el domicilio que comparte con la victima;
Prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio o lugar de trabajo;
Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego;
Obligación de asistencia al agresor a programas terapéuticos o de orientación
familiar.
Francia. En 2006, fue aprobada la Ley para la prevención y la represión de la
violencia en el seno de la pareja o cometida contra menores. Esta ley ha
agravado las penas cuando el delito es cometido por la pareja, concubino o
compañero ligado a la victima por un pacto civil de solidaridad. Al respecto,
cabe destacar que el pacto civil de solidaridad es un contrato concluido por dos
personas físicas mayores de edad, de igual o diverso sexo para organizar su
vida en común (articulo 515. 1 Código Civil). Se trata de un contrato formal que
requiere una declaración conjunta de las partes ante secretario judicial.
Polonia: En noviembre de 2005 entró en vigor la Ley para contrarrestar la
violencia domestica. La nueva ley permite que, en el momento de la detención,
los tribunales puedan decretar supervisión policial al agresor en vez de
detenerle, si este accede a abandonar el hogar. Los tribunales también pueden
emitir una orden de alejamiento para que el agresor no se acerque a la víctima.
Cuando la condena ha sido suspendida, el tribunal tiene que decidir de qué
forma víctima y agresor tendrán contacto en el futuro. Otra cuestión interesante
que aporta la nueva ley es que los tribunales también pueden exigir que el
agresor se someta a terapia o a un programa de educación.
República Checa: La Ley de violencia domestica de la Republica Checa
promulgada en 2006 está basada en la ley austriaca. La policia puede expulsar
al agresor del hogar conyugal por un periodo de diez días si existe riesgo
contra la vida, salud o libertad de la víctima. La expulsión también puede incluir
los alrededores de la casa. El periodo de diez días es fijo, no se puede reducir
aunque la victima lo solicite. La policía debe informar a la victima de la
posibilidad de pedir una extensión del periodo de expulsión. Asimismo, las
30
administraciones locales son las responsables de establecer centros de
intervención que proporcionen ayuda a las víctimas.
Venezuela En 2006 fue aprobada la Ley orgánica sobre el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia. En su artículo 1 la ley estable el siguiente
objetivo: “Garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre sin
violencia creando condiciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos,
impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para
favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa y
paritaria”. Además, esta norma regula cualquier acto sexista que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
emocional, laboral, económico o patrimonial para las mujeres, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos,
tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. Cabe destacar
asimismo que, en materia procesal, la principal innovación de la ley es la
creación de los tribunales de violencia contra la mujer, que deben contar con
un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la medicina, la
psiquiatría, la educación, la psicología, el trabajo social, el derecho, etc.
Zimbabue En 2006 fue aprobada la Ley de violencia domestica. Entre las
medidas más importantes establecidas en la misma destacan las siguientes:
Imposición de sentencias más duras; Creación de secciones especiales de
violencia domestica en las comisarias; Formación de policías para que
informen a las víctimas de sus derechos establecidos en la Ley. Protección
judicial a las víctimas a través de órdenes de detención del agresor.
Cabe destacar que, de los países de los que se ha obtenido datos, el 63,64%, son
europeos, el 31,82% son americanos, el 2,27% son africanos y el 2,27%, de
Oceanía. En concreto, se ha obtenido datos del 76,92% de los países de la Unión
Europea (Centro Reina Sofía, 2010).
31
Las prevalencias de la mayoría de países americanos superan con creces las
presentadas por la mayoría de países europeos. La prevalencia media de
femicidios generales en los países en los que disponemos de información es de
19,14 por millón de mujeres. Los países que tienen las mayores prevalencias son
los de Centroamérica y Suramérica: El Salvador (129,43 femicidios por millón de
mujeres); Guatemala (92,74 femicidios por millón de mujeres); Lituania (51,32
femicidios por millón de mujeres); Colombia (49,64 femicidios por millón de
mujeres) y Honduras (44,64 femicidios por millón de mujeres) (Centro Reina Sofía,
2010)
La prevalencia media en América ha sido 39,66 mujeres asesinadas por cada
millón de mujeres. Existen grandes diferencias entre zonas: En los países de
Centroamérica y Suramérica ha sido 45,39 mujeres asesinadas por millón. En
Norteamérica ha sido 18,67 femicidios por millón. En Europa, la prevalencia media
es 9,90 por millón. En la Unión Europea la prevalencia media es de 11,66 mujeres
por millón (Centro Reina Sofía, 2010).
Consideraciones finales
Las Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), integró la figura de alertas de violencia de género, que tiene como
objetivo que todos los órganos del Estado realicen acciones con el fin garantizar la
seguridad de las mujeres, y erradicar la violencia en su contra, no existe en ningún
país del mundo una figura comparable con esta.
La LGAMVLV, tiene su fundamento en los instrumentos internacionales que
protegen derechos humanos de las mujeres, tales como la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, por lo que se
32
revisaron los indicadores de seguimiento de estos instrumentos entre estos aún no
se desarrolla uno que refiera a la violencia feminicida o femicida.
De hecho México es el único país en el mundo que ha recibido una
Recomendación del Comité que da seguimiento a la CEDAW, en la que se le pide
considerar la tipificación del delito de feminicidio.
Los términos usados en la mayoría de los países de Latinoamérica para nombrar
los asesinatos de mujeres por el simple hecho de serlo, son indistintamente los de
femicidio o feminicidio, sin embargo, solamente Guatemala cuenta con una Ley
contra el femicidio y únicamente en Chile y Costa Rica se ha integrado en sus
Códigos Penales el delito de femicidio.
En legislaciones de otros países existen figuras que tienen el mismo propósito,
que las alertas de violencia de género, que es eliminar la violencia contra las
mujeres y protegerlas de la violencia en su contra, pero en nada se asemejan a las
mismas sino más bien se trata de medidas de protección o tendientes a castigar a
los agresores y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, que son sin duda
muy relevantes.
En este sentido podemos señalar que las legisladoras y legisladores que
participaron en el proceso de creación de la LGAMVLV, demostraron su
compromiso con los derechos humanos de las mujeres al crear una figura a través
de la cual se protege a las mujeres, de la posible violencia extrema cometida en su
contra, pero centrándose en la responsabilidad que el Estado tiene de proteger,
prevenir, atender y sancionar la violencia, y responder en caso de haber sido
omiso ante esta responsabilidad, reparando el daño, y realizando acciones de
emergencia para la plena protección de las mujeres en un territorio determinado.
33
Las alertas de violencia de género no han sido aún implementadas en México,
pero son sin duda punta de lanza en materia de protección de los derechos
humanos de las mujeres.
34
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esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.
Informe del Secretario General. A/65/208.
- De los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, Presidentas de las Comisiones
de Equidad y Género, Especial de Feminicidios en la República Mexicana, y
Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, respectivamente. Turnada a
las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia y Derechos
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Humanos, con opinión de las Comisiones Especial de Feminicidios en la
República Mexicana, y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
Dictaminada (junto con la minuta 59:1901 7/sep/2005) y aprobada en la
Cámara de Diputados con 314 votos en pro y 1 en contra, el miércoles 26
de abril de 2006. Votación. Devuelta a la Cámara de Senadores para los
efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Dictaminada y aprobada en la Cámara de
Senadores con 106 votos en pro y 1 en contra, el martes 19 de diciembre
de 2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 1 de
febrero de 2007. Gaceta Parlamentaria, número 1904-V, miércoles 14 de
diciembre de 2005. (2539).
- Iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. Presentada por las diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo,
Marcela Lagarde y
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