Minjus: Decreto para atender a víctimas de esterilizaciones forzadas es constitucionalPrecisa viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto

Lechuga. Ministro Vásquez se reunió con Defensor del Pueblo.

El decreto supremo que

declara de interés nacional

la atención prioritaria de

víctimas de esterilizaciones

forzadas entre los años

1995 y 2001, tiene todas las

garantías constitucionales,

sostuvo el viceministro de

Derechos Humanos y

Acceso a la Justicia, Ernesto

Lechuga.

Remarcó que el artículo 44

de la Constitución Política establece que es deber prioritario del Estado garantizar

la plena vigencia de los derechos humanos, y que el artículo 139 dispone la

obligación de brindar defensa gratuita a las personas de escasos recursos

económicos.

“Este decreto es perfectamente constitucional y obedece a los insistentes pedidos

que hemos recibido por parte de los afectados y organismos de la sociedad civil,

que reclaman medidas de atención a sus demandas”, señaló a la Agencia Andina.

Asimismo, refirió que la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos (Minjus), establece que corresponde al mencionado

portafolio formular políticas públicas de acceso a la justicia para personas en

condición de vulnerabilidad.

El pasado viernes, el Gobierno promulgó un decreto supremo que declara de

interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas y la

creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo),

practicados durante los años 1995 y 2001.

Diversos sectores en el país y organizaciones internacionales, entre las que

destaca Amnistía Internacional, entidad que consideró la medida como un primer

paso para la creación de una política integral de reparaciones.

Para el viceministro, esa medida representa un primer paso para hacer justicia a

las víctimas de esterilizaciones y el cumplimiento a la política de defensa y respeto

a los Derechos Humanos.

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