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ACCIONES CONSTITUCIONALESUNA APROXIMACIÓN A LA EFICACIA Y

EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS


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ACCIONES CONSTITUCIONALESUNA APROXIMACIÓN A LA EFICACIA Y

EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS

PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ

(EDITOR )


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AGRADECIMIENTOS

A Dios, fuente superlativa del cosmos.

A nuestros estudiantes, razón de nuestra permanente presteza

exploratoria.

A todos los compañeros de la Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Jurídicas, quienes con toda acuciosidad,

constancia y fervor se emplearon a fondo con el fin de llevar

a cabo esta empresa de raigambre investigativa.

A cada uno de los profesores que aportaron sus

razonamientos, erudiciones y cientificidad en esta prolija

faena, la cual deriva de su desenvolvimiento investigativo,

recorrido académico y práctica profesional; todo ello en

favor de nuestra microsociedad IUE en particular y de la

comunidad en general.


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CONTENIDO

PRÓLOGO 15

PRESENTACIÓN 21

CAPÍTULO I. LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS

INSTRUMENTO PROTECTOR POR ANTONOMASIA DE LAS LIBERTADES PERSONALES I NTRODUCCIÓN 23

1. A NTECEDENTES HISTÓRICOS UNA MIRADA ARQUEOLÓGICA A LA INSTITUCIÓN DEL HÁBEAS CORPUS 24

2. EL HÁBEAS CORPUS EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 25

3. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL HÁBEAS CORPUS 27

4. EL PRINCIPIO PRO HOMINE 28

5. PROCEDENCIA DEL HÁBEAS CORPUS 29

6. PROTECCIÓN RESTRICTIVA DEL DERECHO A LA LIBERTAD 36

7. CARÁCTER SUMARIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS 36

8. CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD 37

9. ASPECTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN 38

9.1 COMPETENCIA 38

9.2 TÉRMINO PERENTORIO Y DETERMINADO PARA LA DECISIÓN 39

9.3 PRIMERA INSTANCIA 40

9.4 SEGUNDA INSTANCIA 40 9.5 IMPUGNACIÓN DEL FALLO 41

10. HÁBEAS CORPUS Y COSA JUZGADA 41

11. EL HÁBEAS CORPUS Y LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN 43

12. EL HÁBEAS CORPUS Y SU FUNCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL,¿UN AXIOMA O UNA REALIDAD? 45

13. R ESERVA JUDICIAL, FLAGRANCIA Y PARTICULARES EN EL EJERCICIO DEL HÁBEAS CORPUS 49


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13.1 LA RESERVA JUDICIAL PARA LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, UNA REGLA GENERAL; O LA FLAGRANCIA, UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA 49

13.2 ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y HÁBEAS CORPUS 4914. CONCLUSIONES 50

CAPITULO II. LA ACCIÓN DE TUTELA

LA ACCIÓN DE TUTELA

I NTRODUCCIÓN 59

1. R ECUENTO HISTÓRICO DE LOS DERECHOS 61

2. LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 67

3. LA TUTELA COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 70

4. FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 73

5. ¿QUÉ CONDICIONES SE DEBEN DAR PARA QUE PROCEDA?¿CUÁNDO ES IMPROCEDENTE? 81

6. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 82

6.1. CUANDO EXISTAN OTROS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALES, SALVO QUE AQUÉLLA SE UTILICE COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE: 82

6.2. NO PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA SI CABE INTERPONER LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS: 84

6.3. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS COLECTIVOS: 84

6.4. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA ANTE UN DAÑO CONSUMADO, SALVO CUANDO CONTINÚE LA ACCIÓN U OMISIÓN VIOLATORIA DEL DERECHO: 84

6.5. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE A ACTOS DE CARÁCTER GENERAL, IMPERSONAL Y ABSTRACTO. 86

6.6. NO PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE TUTELA. 86

7. DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS 87

7.1. R EQUISITOS FORMALES Y MATERIALES SEGÚN LA SENTENCIA C-590 DE 2005. 89

8. TUTELA TEMERARIA 91

9. CONCLUSIONES 93


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CAPÍTULO III. HÁBEAS DATA

EL HÁBEAS DATA COMO DERECHO FUNDAMENTAL

O MECANISMO DE PROTECCIÓN 1. A NTECEDENTES HISTÓRICOS 107

2. CONCEPTO DE HÁBEAS DATA EN COLOMBIA 108

3. DERECHO AL BUEN NOMBRE 113

4. DERECHO A LA INTIMIDAD 115

5. DERECHO A LA INFORMACIÓN 118

6. CARACTERÍSTICAS DEL HÁBEAS DATA 119

7. CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 123

8. DERECHOS SOBRE LOS DATOS 124

9. DERECHO FUNDAMENTAL O MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO 128

CAPÍTULO IV. DE LA INCONSTITUCIONALIDAD

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: DE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

1. DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 131

2. SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 143

3. CONTROL ABSTRACTO, ACCIÓN DE I NCONSTITUCIONALIDAD Y PROCEDIMIENTO 1514. A NÁLISIS, PERSPECTIVAS Y CUESTIONAMIENTOS 160

5. CONCLUSIONES 166

CAPÍTULO V. ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

LA ACCIÓN CIUDADANA DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

I NTRODUCCIÓN 173

1. APROXIMACIÓN AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES COMO GARANTÍA FRENTE AL PODER POLÍTICO 175

1.1 LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA 177

1.2 EL CONTROL CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA 178

1.3 NATURALEZA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES 180

2. LA ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 184

2.1 DELINEACIÓN CONCEPTUAL DE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 184

2.2 COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD ANTES DE 1991 185


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2.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS ACCIONES DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 187

2.4 DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS AL INTERIOR DEL CONSEJO DE ESTADO 191

2.5 IMPRECISIÓN DE LA COMPETENCIA RESIDUAL DEL CONSEJO DE ESTADO 193

2.6 ¿SOBRE CUÁLES DECRETOS PUEDE PRONUNCIARSE EL CONSEJO DE ESTADO AL EJERCER LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL NUMERAL 2º DEL ARTÍCULO 237 CONSTITUCIONAL? 196

2.7 NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN DE SIMPLE NULIDAD 200

2.8 TRÁMITE DEL PROCESO ESPECIAL PARA LA ACCIÓN DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD 203

2.9 CONTENIDO Y EFECTOS DE LA SENTENCIA 207

2.10 DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE LA INEXEQUIBILIDAD Y LA INCONSTITUCIONALIDAD 210

3. CONCLUSIONES 211

CAPÍTULO VI. LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

I NTRODUCCIÓN 225

1. OBJETO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 235

2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 236

2.1 LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA 236

2.2 COMPETENCIA 237

3. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE LA R ENUENCIA 239

4. IMPROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 2415. TRÁMITE PREFERENCIAL Y R EPARTO 244

6. PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 245

7. MEDIDAS CAUTELARES 246

8. SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL TRÁMITE 246

9. FALLO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 247

9.1 NOTIFICACIÓN DEL FALLO 247

9.2 CUMPLIMIENTO DEL FALLO 247


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9.3 IMPUGNACIÓN DEL FALLO 248

10. TRANSMUTACIÓN EN ACCIÓN DE TUTELA 248

CAPÍTULO VII. ACCIÓN POPULAR

LAS ACCIONES POPULARES Y SU PASADO EN EL CÓDIGO CIVIL

1. I NTRODUCCIÓN 257

2. A NTECEDENTES DE LAS ACCIONES POPULARES 258

2.1 DERECHO I NGLÉS Y A NGLOSAJÓN 258

2.2 DERECHO R OMANO 260

3. ACCIONES POPULARES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1886 Y SU CONSTITUCIONALIZACIÓN EN LA DE 1991 263

LA CONSTITUCIÓN DE 1886 263

E N LA CONSTITUCIÓN DE 1991 264

4. DERECHOS COLECTIVOS 267

5. ACCIONES POPULARES EN COLOMBIA 268

6. LAS ACCIONES POPULARES EN EL CÓDIGO CIVIL 273

7. CONCLUSIONES 280

LAS ACCIONES COLECTIVAS 285

1. LAS ACCIONES COLECTIVAS 285

1.2 LOS DERECHOS COLECTIVOS EN COLOMBIA 287

2. MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS O ACCIÓN POPULAR 293

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN POPULAR 293

3. MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO 301

3.1 LEGITIMACIÓN POR ACTIVA 303 3.2 LA LEGITIMACIÓN POR PASIVA 303

3.3 JURISPRUDENCIA SOBRE ACCIONES DE GRUPO 308

4. CONCLUSIONES 311


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CAPÍTULO VIII. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA

LA ACCIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

1. I NTRODUCCIÓN 3192. CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA 323

3. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA 339

4. CONCLUSIONES 342

R EFERENCIAS 344


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PRÓLOGO

Me hace un gran honor la Institución Universitaria de Envigado,como solemos decir, en adelante la IUE, al formular invitación para la

realización de la presentación del Texto Acciones Constitucionales:

una aproximación a la ecacia y efectividad de los derechos, frente

a la que no puedo declinar por tener un sincero sentimiento de

agradecimiento por la oportunidad conferida para compartir algunas

ideas con esta comunidad académica y la necesidad de exponer

algunas reexiones gestadas en momentos en los que se habla de

una crisis (otra más) de la administración de justicia que exige una

respuesta rme de la academia.

Si para algo ha servido vivir épocas de crisis, ha sido para determinar el nivel de incompetencia de una sociedad para

reaccionar ante la misma. El letargo y la indiferencia con las migaslanzadas desde las tribunas de la academia que alimentan la crisisde la administración de justicia, su mejor antídoto, la actitud rme einexible frente a los avatares que surgen de ella. La responsabilidad por la crisis de la justicia, hemos reiterado, no debe recaer en lahumanidad de los jueces, ni en la abstracta gura del Estado.

En escrito elaborado a instancias del Comité de Emergenciade la Justicia promovido por el Colegio de Jueces y Fiscales deAntioquia, señalaba que el Poder Real de la crisis no está enla afectación de un orden ideal de cosas sino en la pérdida defortaleza de una sociedad para superarla. Colombia tiene unasociedad irresponsable que prerió acostumbrarse a la crisisque afrontarla, renunció a su innegable potencial humano, a lacreatividad y capacidad intelectual de sus asociados y optó por buscar soluciones a través del camino más simple: el texto de la


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ACCIONES CONSTITUCIONALES. U NA APROXIMACIÓN A LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS

ley y el recurso monetario. Parece que toda solución está en la leyo en el dinero.

La crisis es una oportunidad de cambio. Exige una rmeactitud para la construcción de consensos. Todos los actoressociales deben estar atentos a la entrega incondicional de esfuerzos, por más mínimos que sean, para la superación de la misma. Lacrisis ofrece oportunidades que nunca la sociedad del confort podría evidenciar. La crisis clama por la unión, la concertación,la sublimación del hombre, la reivindicación de la palabra, laconsolidación de la democracia.

Sin advertirlo, la misma academia se ha encargado dedeteriorar los cimientos de la Constitución Política de 1991 y dealimentar las causas de la crisis de la administración de justicia. Másha sido el daño generado por ella que por la misma clase política.Quienes nos hemos dedicado a la docencia, la investigación, laextensión y la internacionalización, funciones básicas de todainstitución universitaria, advertimos con desasosiego la perenne

y ardua lucha por ajustar los currículos al nuevo marco político,la ausencia de investigaciones con pertinencia social que se preocupan más por generar diálogos con pares académicos enlugar de indagar por reales problemas sociales, la burocratizaciónde la educación que se erige en cáncer que ha hecho metástasisen el cerebro de quienes desean generar cambios anulando sucapacidad crítica y su libertad de pensamiento o el afán constante por importar doctrinas foráneas erigidas en contextos socialesmuy diversos al colombiano. Esto son, entre otros, algunos de los problemas que nalmente repercuten en la formación de nuestros jueces y en la calidad de la administración de justicia.

Ha sido responsabilidad de docentes y estudiantes lageneración de algunas de las más importantes causas de la actualcrisis de la administración de justicia. De aquellos por persistiren la enseñanza de un derecho que representa más una sombra

del pensamiento del Siglo XIX que una respuesta a las actuales


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PRÓLOGO

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exigencias sociales, de estos, por renunciar a su capacidad críticay actitud autodidacta que exige el aprendizaje del derecho. Resulta

paradójico que, de un lado, nuestra academia hace alarde de nuestra paradigmática historia constitucional y, de otro, pasados veintitrésaños de una “nueva” Constitución Política, no se hayan denido losmínimos presupuestos de una dogmática jurídica que esté a la altura delos retos que ella propuso. En hora buena la Institución Universitariade Envigado une los esfuerzos de importantes académicos para laconstrucción de un texto de derecho constitucional que sin dudaayudará al fortalecimiento de nuestra incipiente cultura jurídica.

Deseo compartir en esta importante oportunidad algunashipótesis que pueden servir de base para una discusión acerca dela crisis de la administración de justicia y para re direccionar, enlo que se estime pertinente, los procesos de formación de nuestrosfuturos abogados:1 No existen las sucientes sinergias entre la función jurisdiccional

y la academia.

2. La formación de los abogados no obedece a las más básicasexigencias del Estado social de derecho.

3. La academia no está atenta a construir propuestas teóricas

originales que consulten la realidad social colombiana y se

ajusten al modelo de Estado social, constitucional y democrático

de derecho.

4. La academia no está sucientemente comprometida con políticas

de investigación que se concreten en proyectos que realmente

consulten la problemática social y ayuden a la administración de

justicia.

5. La burocratización de la academia ha generado la pérdida de una

actitud intuitiva necesaria para percibir las causas de la crisis de

la administración de justicia que puede ayudar a superar.

La formulación de esos problemas debe estar acompañada dealgunas propuestas que podrían ser exploradas para la superación

de la crisis en la administración de justicia:


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PRÓLOGO

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analizar constantemente los problemas de la administración de

justicia y delinear soluciones a los mismos.

En todo caso, el texto cuya presentación me encomiendan esun rme paso hacia las metas que se debe proponer toda instituciónverdaderamente comprometida con un proceso de formación profesional con calidad. No resta más que formular una sincerafelicitación a los autores en la medida que cada una de sus líneasexpele la calidad que identica a excelsos académicos, así comoa la Institución Universitaria de Envigado por la apuesta a esteimportante proyecto que sin duda dejará huella en la comunidaduniversitaria.

Sergio Iván Estrada Vélez1

1 Abogado de la Universidad de Antioquia, Especialista en Derecho Constitucional de la UdeA,Magíster en Derecho, Doctor en Derecho de la Universidad de León. Investigador y Docentede la Universidad de Medellín


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PRESENTACIÓN

La fórmula del Estado social de derecho, instituida en Colombia porel constituyente primario, precisa la naturaleza del régimen político,

económico y social, identicándolo con los valores y nes expresados

en el Preámbulo de la Constitución Política. La superación del Estado

de derecho como garantía de la libertad y de la igualdad formal tiene

lugar en el Estado “social” de derecho con ocasión del realce de los

rudimentos nalistas que orientan la actividad estatal, administrativa y

política. Así las cosas, en el Estado colombiano los seres humanos y su

dignidad constituyen el máximo valor de la preceptiva constitucional,

cuyo reconocimiento comporta signicativas consecuencias para

el sistema de relaciones económicas, jurídicas y sociales. En este

orden de ideas, el principio de solidaridad se despliega como un

deber jurídico que se encuentra radicado en cabeza del Estado y detodos los habitantes del territorio estatal. Así, en el primer caso va

de lo público a lo privado, en tanto que en el segundo, va del núcleo

familiar al ámbito social; ello en razón de una serie de conexiones

dialécticas que deben tener siempre a la persona como causa y n

último de la actividad del Estado. Más aún, el deber de solidaridad

que atañe al Estado Social de Derecho es inherente a su existencia y

cualicación en la esfera de cumplimiento de sus nes esenciales y

de la salvaguarda de los derechos constitucionales; estas garantías se

hacen defensables mediante las acciones constitucionales.

Ahora bien, el deber de solidaridad puede ser válidamente

promovido, patrocinado, apremiado y estimulado por el Estado en

orden a la materialización y preservación de determinados bienes

jurídicos de especial connotación jurídico-social. Ello encuentra

arraigo constitucional en el hecho de que la Carta Política colombiana

no prohíje un modelo ético único, habida cuenta que la pluralidad de


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pensamiento y el respeto por la diferencia campean cual postulados

rectores de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los

particulares y las autoridades públicas. En tal sentido, para efectos de proporcionar protección jurídica a los sujetos de derecho en cuanto

a las prerrogativas constitucionales, el juez debe proceder a vericar

la existencia de los supuestos de hecho que generan a favor de los

asociados un derecho público subjetivo respecto de una determinada

prestación estatal. Justamente, el principio de efectividad de los

derechos constitucionales, obliga al fallador a denir, dentro del

proceso, el medio más ecaz para suscitar su cumplimiento, máxime

cuando la ley no lo contempla o lo hace de manera genérica. En

consecuencia, y ante la situación de vulneración de derechos

superiores, se erige como presupuesto imperioso la exigibilidad de

la actividad prestacional a cargo del Estado, la cual debe ventilarse

en el curso de los respectivos procesos jurisdiccionales, los que se

cristalizan en virtud de las acciones constitucionales.

El presente libro se compone de nueve capítulos a saber: el

hábeas corpus, la acción de tutela, la acción de inconstitucionalidad,la acción de nulidad por inconstitucionalidad, la acción popular y

de grupo, la acción de cumplimiento, el hábeas data, y la acción de

pérdida de investidura.

En denitiva, ponemos a consideración de nuestros estudiantes

–razón de ser de nuestro quehacer académico- y de la sociedad, la

presente obra que es resultado de un arduo proceso investigativo,

cientíco y crítico en relación con las acciones constitucionales,

bastión tutelar de los derechos superiores de los asociados.

Pablo Andrés Garcés Vásquez

Decano Facultad de Derecho


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CAPÍTULO I

LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS

INSTRUMENTO PROTECTOR POR ANTONOMASIA DE LAS LIBERTADES PERSONALES

Pablo Andrés Garcés Vásquez*

INTRODUCCIÓN

En todo sistema jurídico, el derecho constitucional es un medio

por el cual se hacen defensables los derechos, garantías y libertadesontológicas (fundamentales) de las personas. Tal derecho, debe

cristalizarse en virtud de su instrumento connatural: la acción, la cual se

puede entender como la potestad de que disponen todos los asociados

para acudir al aparato jurisdiccional del Estado. Lo anterior, en virtud

de la reivindicación del derecho a la administración de justicia, en la

medida en que se propende por resolver las controversias suscitadas en

el seno del Estado Social de Derecho colombiano. Cuando el derecho

vulnerado es particularmente la libertad, estaremos en presencia de

la acción de hábeas corpus, la cual busca conjurar tal transgresión.

* Abogado UCC, Especialista en Responsabilidad Civil y Magíster en Educación y DerechosHumanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Candidato a Doctor en Derecho dela Universidad Externado de Colombia y Docente Universitario IUE, UNAULA, UDEM, y

Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas de la Institución Universitariade Envigado.


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El hábeas corpus es sin duda uno de los mecanismos más

signicativos y tradicionales para la protección de la libertad personal

con ocasión de detenciones arbitrarias e ilegales. El Derecho Romanonos permite evocar sus antecedentes a partir del interdicto homo

libero exhibendo, el cual estaba radicado en cabeza del magistrado

pretor, quien ordenaba exhibir públicamente al sujeto aprehendido

(Camargo, 2009, p. 26).

El hábeas corpus es un derecho de raigambre constitucional,

además, de su intangibilidad ostenta aplicación inmediata. Al mismo

tiempo de estar consagrado en la Constitución, es reconocido en normas

internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad

(Sentencia, C-187 de 1996), y en tal medida ha de ser interpretado en

consonancia con los aludidos instrumentos jurídicos.

La protección de los derechos obliga, cuando ellos estánamenazados o son vulnerados, acudir ante los jueces paraque ponga en funcionamiento el aparato del Estado con el n

de que se tutelen los derechos y se logre el resarcimiento delos daños y perjuicios causados, constituyendo la única vía posible para el reclamo de los derechos de las personas frenteal poder público.

La constitución de 1991 superó con creces el estrechomarco del derecho procesal, por demás lento y oneroso, alintroducir acciones y procedimientos de fácil alcance paralos gobernados, de trámite rápido y con efectos contundentes,que se han convertido en poderosos instrumentos de defensa

de los derechos constitucionales antes los jueces (Vila, 2002, p.455).

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS UNA MIRADA ARQUEOLÓGICA A LA INSTITUCIÓN DEL HÁBEAS CORPUS

La Constitución Política de Colombia de consuno con su artículo 30,

condensa varios siglos de evolución en el ámbito de las libertades

públicas y de los derechos constitucionales fundamentales. Tomando


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CAPÍTULO I. HÁBEAS CORPUS

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a Roma como punto de partida de tal exploración evolutiva, se puede

esgrimir que fueron concebidos algunos instrumentos predestinados

a la protección de los ciudadanos libres ante contingencias abusivas procedentes de otros ciudadanos o de particulares.

En el año 1215, época de gran raigambre histórica por cuanto

en Inglaterra se expidió la Carta Magna, se dio la primera situación

noticiosa en relación con la regulación del hábeas corpus, como

instrumento de protección de la libertad individual con respecto a

la arbitrariedad de las autoridades públicas. Subsiguientemente, el

28 de mayo de 1679 en Inglaterra fue promulgado el Hábeas Corpus

Amendment Act, en virtud de este, se propendía por otorgar garantías

judiciales a efecto de contrarrestar las detenciones arbitrarias

derivadas de algunas autoridades, tales como los ministros, los

sheriffs entre otros funcionarios.

El instituto jurídico hábeas corpus fue trasladado al sistema

constitucional norteamericano, para luego arribar a los Estados

latinoamericanos, en los que el hábeas corpus ha venido

evolucionando. La Declaración de los Derechos del Hombre y delCiudadano fue el referente para el desarrollo del hábeas corpus en los

países de América Latina.

2. EL HÁBEAS CORPUS EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

Si se avizoran las diversas Constituciones Políticas (tomando como

punto de partida la Constitución de los Estados Unidos de Colombia

y la Constitución Política de 1886) que han regido en el EstadoColombiano, se puede advertir que ellas contenían prescripciones

que propendían por garantizar el derecho a la libertad individual.

Sin embargo, en ellas no se establecieron instrumentos de jerarquía

superior (constitucional) que otorgaran potestades a los asociados

para acudir a una autoridad jurisdiccional con el n de clamar

protección respecto a eventuales abusos que pudieran suscitarse por

capturas, detenciones, aprehensiones y encarcelamientos; así como

retenciones ilegales o arbitrarias.


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En normas de procedimiento penal también fue regulado el hábeas

corpus. De igual manera, en virtud del Decreto Legislativo No. 182

de 1988, se dictaron normas jurídicas para la protección del HábeasCorpus en relación con personas privadas de la libertad con ocasión

los tipos penales consagrados en el Decreto 180 de 1988 y la ley 30 de

1986. En el mismo sentido el Decreto 2790 del 20 de noviembre 1990,

introdujo normativa relacionada con la aludida acción constitucional.

El constituyente de 1991, como consecuencia de la derogación

de la Constitución de 1886, consagró en el artículo 30 de la Carta

Política el hábeas corpus, cuyo estudio nos convoca.

Subsecuentemente, la Ley 137 de 1994 (Ley Estatutaria de

los Estados de Excepción), en consonancia con el artículo 27 de la

Convención Americana de Derechos Humanos, consagró el hábeas

corpus como uno derecho intangible al cual no se le pueden suspender

las garantías judiciales esenciales e inexcusables para su amparo

constitucional.

En relación con los antecedentes normativos del hábeas corpus,

a manera de corolario, podemos evidenciar que los artículos 382 a389 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal), los

cuales regulaban regulatorios del el hábeas corpus, fueron declarados

inexequibles por medio de la Sentencia C-620 de 2001. Es de anotar

que la Ley 599 de 2000 (Código Penal), tipicó como delito el

desconocimiento de hábeas corpus en su artículo 177, en el evento

que el juez no tramite o no decida dentro de los términos legales la

solicitud de hábeas corpus, o cuando por cualquier medio obstaculice

su tramitación .

La anterior arqueología con respecto al tratamiento que en

Colombia se le ha dado al hábeas corpus, evidencia la signicación

que en nuestro Estado Social de Derecho ostenta tal garantía

constitucional; a tal nivel, que el constituyente de 1991 consideró

imperioso consagrarla consagrarlo expresamente en la Carta Política,

como una acción de tal naturaleza para la protección de un derecho

de orden superior.


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3. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL HÁBEAS CORPUS

La constitución colombiana ubica el hábeas corpus dentro de losderechos fundamentales. En rigor se trata de una acción de carácter

constitucional concebido para proteger en forma directa y a través

de un trámite de sin igual rapidez, los derechos fundamentales de la

libertad personal y el debido proceso.

La Corte constitucional ha indicado que el hábeas corpus es una

acción pública y sumaria enderezada a garantizar la libertad, uno

de los más importantes derechos fundamentales si no el primero y

más fundamental de todos, y a resguardar su esfera intangible de losataques e intromisiones abusivos. Se trata de la principal garantía

de la inviolabilidad de la libertad personal. Su relación genética y

funcional con el ejercicio y disfrute de la libertad, física y moral, no

limita su designio a reaccionar simplemente contra las detenciones

y arrestos arbitrarios. La privación de la libertad, de cualquier

naturaleza, con tal de que incida en su núcleo esencial, proceda ella

de un agente público o privado, justica la invocación de esta especialtécnica de protección de los derechos fundamentales, cuyo resultado,

de otra parte es independiente de las consecuencias penales o civiles

que contra estos últimos necesariamente han de sobrevenir si se

comprueba que su actuación fue ilegitima o arbitraria. Agrega la corte

que, a la luz de la constitución, cabe reivindicar el carácter universal

de esta acción. Ella asume la función de un verdadero contencioso de

la legalidad de la privación de la libertad, al cual no escapan ni los

particulares ni los servidores públicos. De otra parte, la ilegalidad dela pérdida de la libertad puede ser originaria –captura y detención

por fuera de los supuestos legales o sin observar formalidades y

requisitos requeridos– derivada de sus condiciones ilegales o de su

indebida prolongación (Vila, 2002, p. 456).

La Constitución Política de Colombia (1991) garantiza el hábeas

corpus, así el artículo 30 establece que “Quien estuviere privado de

su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante


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cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta

persona, el Hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de

treinta y seis horas”.La denición del hábeas corpus como derecho fundamental y

acción constitucional conforme con la naturaleza del mecanismo

previsto en el artículo constitucional en mención, se encuentra

prescrita por la ley 1095 de 2006 artículo 1º en los siguientes términos:

El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, unaacción constitucional que tutela la libertad personal cuandoalguien es privado de la libertad con violación de las garantíasconstitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Estaacción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y

para su decisión se aplicará el principio pro homine .

Este principio constituye un criterio de interpretación según el

cual, de presentarse conictos entre distintas normas jurídicas que

consagren o desarrollen derechos humanos, el intérprete deberá

privilegiar aquella que sea más favorable para la efectiva protección

de tales derechos. La Corte Constitucional de Colombia le ha dadocarácter vinculante en el ordenamiento colombiano al principio pro

homine, puesto que propende además de lo anteriormente dicho, a

aumentar las garantías brindadas a los derechos sociales, económicos

y culturales.

Por lo anterior, se debe colegir que es menester realizar un

proceso hermenéutico que permita contener y comprender en el

hábeas corpus su modalidad reparadora y correctiva; lo anterior a

efecto que sirva de mecanismo para precaver o conjurar situaciones

que impliquen amenazas graves contra los derechos fundamentales

de los asociados.

4. EL PRINCIPIO PRO HOMINE

De consuno con este axioma1, en la hermenéutica de las normas

aplicables a los derechos humanos, se hace imperioso privilegiar

la interpretación que genere menores restricciones para su cabal


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ejercicio. El principio pro homine ha sido consagrado en algunos

instrumentos internacionales como la Convención Americana

sobre Derechos Humanos (artículo 29), y el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos (artículo 5), bajo apelativo de cláusula

de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos.

Cabe aclarar que en relación con el principio pro homine, la

Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:

(…) en virtud del principio Pacta Sunt Servanda, las normas dederecho interno deben ser interpretadas de manera que armonicencon las obligaciones internacionales del Estado Colombiano (CPart. 9), tal y como esta Corte lo ha señalado, entonces entre dosinterpretaciones posibles de una norma debe preferirse aquella quearmonice con los tratados raticados por Colombia. Esto es aúnmás claro en materia de derechos constitucionales, puesto que laCarta expresamente establece que estos deben ser interpretados deconformidad con los tratados raticados por Colombia (CP art. 93),

por lo que entre dos interpretaciones posibles de una disposiciónconstitucional relativa a derechos de la persona, debe preferirseaquella que mejor armonice con los tratados de derechos humanos,

dentro del respeto del principio de favorabilidad o pro hominem,según el cual, deben privilegiarse aquellas hermenéuticas quesean más favorables a la vigencia de los derechos de la persona.(Colombia, Sentencia C-551, 2003).

En el mismo sentido, resulta válido aseverar que cuando las

normas de la Constitución Política y de las leyes colombianas

procuren una mayor protección al hábeas corpus, estas deben primar

sobre las consagraciones de los tratados internacionales; lo anterior,

con ocasión de la aplicación del principio pro homine, en virtud del

cual en todo caso se debe anteponer la interpretación que se enarbole

como menos restrictiva del derecho salvaguardado.

5. PROCEDENCIA DEL HÁBEAS CORPUS

La acción constitucional de hábeas corpus procede como mecanismo

eximio y superlativo para la protección de la libertad personal en dos

eventos:


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1. Cuando la persona es privada de la libertad con ocasión del

conculcamiento de las garantías constitucionales o legales.

Verbigracia Cuando una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar distinto a las instituciones carcelarias destinadas

de manera ocial para la detención de personas; o cuando se

detiene a una persona sin mandamiento escrito de autoridad

judicial competente; o cuando se detiene a un sujeto de derecho

sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley.

2. Cuando la privación de la libertad se prolonga de manera ilegal.

Verbigracia Cuando se detiene en agrancia a una persona

(Colombia, C.P, 1991) y no se le deja a disposición de la

autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes;

en el mismo sentido, puede ocurrir que una autoridad pública

mantenga privada de la libertad a una persona, no obstante que

le haya concedido la libertad por autoridad judicial competente.

Otro evento que puede coadyuvar a una correcta interpretación

de la vulneración a la libertad por prolongación ilegal de la detención,

es aquella en la cual una detención legal puede degenerar en ilegal:Cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un

lapso superior al permitido por la Constitución o la ley, o cuando el

juez pretermite resolver dentro de los términos legales la petición de

libertad impetrada por quien le asiste el derecho.

De lo anterior, es válido colegir que se trata de circunstancias

genéricas que hacen posible la protección del derecho a la libertad

personal2, en relación con una pluralidad impredecible de situaciones

fácticas.

Aunado a lo anterior se expondrán diferentes conceptos que nos

trae la jurisprudencia de la Corte Constitucional como órgano de

cierre a cerca del Estado social de derecho y su relación fáctica con

el hábeas corpus a través del derecho a la libertad:

Sentencia No. T-406/92 El juez, en el Estado social de derechotambién es un portador de la visión institucional del interés general.

El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus


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normas- con la ley y con los hechos hace uso de una discrecionalidadinterpretativa que necesariamente delimita el sentido político de lostextos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión

judicial son ambas procesos de creación de derecho.

Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra enel concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de esteconcepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva,esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechosindividuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Másaún, el aparato no tiene sentido sino se entiende como mecanismoencaminado a la realización de los derechos. En segundo lugar,

y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acciónde tutela, la cual fue establecida como mecanismo de proteccióninmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicasy con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional parauna eventual revisión de las decisiones judiciales, que sirva paraunicar criterios de interpretación.

Esta Corte considera que para que un derecho tenga la calidadde fundamental debe reunir unos requisitos esenciales. Para laidenticación de un derecho de tal naturaleza existen unos criterios

que ponen en evidencia los requisitos señalados y, de contera, elderecho fundamental mismo: 1) Conexión directa con los principiosconstitucionales; 2) Ecacia directa y 3) Contenido esencial.

En vista de la trascendencia del tema, no sólo por estarvinculado con lo esencial de la parte dogmática de la Constitución,sino también por la circunstancia de que en los actuales momentos,una denición sobre este tema es indispensable para la adecuada

aplicación de los textos constitucionales, esta Sala de Revisiónconsidera que es necesario un pronunciamiento de fondo sobreel alcance de los derechos económicos, sociales y culturalesy su relación con los derechos fundamentales. Pero antes, esindispensable una referencia a dos temas básicos, cuya deniciónserá determinante para la delimitación de tales derechos. El primero de ellos se reere al alcance del estado social de derecho,y el segundo a la delimitación de los derechos fundamentales.


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La fórmula para el Estado social de derecho parte de la idea del

artículo primero de la Constitución, ampliada y respaldada a través

de todo el texto fundamental, según la cual Colombia se dene comoun Estado social de derecho, es de una importancia sin precedentes

en el contexto del constitucionalismo colombiano. Esta importancia

amerita un pronunciamiento de la Corte sobre el alcance de este

concepto y sobre su sentido e interpretación, no sólo en el contexto

internacional -del cual sin duda alguna se nutrió la Asamblea

Nacional Constituyente- sino en la Constitución misma, vista como

una norma autónoma. Para ello ninguna ocasión tan oportuna como

la que se reere a la denición de los derechos económicos sociales

y culturales y a su relación con el derecho de tutela.

Una de las características más relevantes del Estado social de

derecho consiste en la importancia que adquiere el juez en sus

relaciones con el legislador y con la administración. Buena parte de ella

se deriva del nuevo papel que juegan los principios constitucionales

en las decisiones judiciales y su relación con los valores y normas de

la Carta.El nuevo papel del juez en el Estado social de derecho es la

consecuencia directa de la enérgica pretensión de validez y efectividad

de los contenidos materiales de la Constitución, claramente señalada

en su artículo 228 (“Las actuaciones [de la administración de justicia]

serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la

ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”).

De lo dicho se deriva la idea de que el juez, en el Estado social

de derecho también es un portador de la visión institucional del

interés general. El juez, al poner en relación la Constitución -sus

principios y sus normas- con la ley y con los hechos hace uso de una

discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido

político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y

la decisión judicial son ambas procesos de creación de derecho

Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en

el concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este


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concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto

es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales

hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparatono tiene sentido si no se entiende como mecanismo encaminado a la

realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con

lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida

como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a

todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de

la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones

judiciales, que sirva para unicar criterios de interpretación.

En este orden de ideas el concepto de libertad es entendido

como la satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia, o

en términos del artículo primero de la Constitución, sin el respeto

“de la dignidad humana” en cuanto a sus condiciones materiales de

existencia, toda pretensión de efectividad de los derechos clásicos

de libertad e igualdad formal consagrados en el capítulo primero del

título segundo de la Carta, se reducirá a un mero e inocuo formalismo,

irónicamente descrito por Anatole France cuando señalaba que todoslos franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes.

Sin la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales,

los derechos civiles y políticos son una mascarada. Y a la inversa,

sin la efectividad de los derechos civiles y políticos, los derechos

económicos, sociales y culturales son insignicantes.

La existencia de consensos (en principio dogmática constitucional)

en torno a la naturaleza fundamental de un derecho constitucionalimplica que prima facie dicho derecho se estima fundamental ensí mismo. Ello se explica por cuanto los consensos se apoyan enuna concepción común de los valores fundantes de la sociedady el sistema jurídico. Así, existe un consenso sobre el carácterfundamental del derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad.Los consensos sobre la naturaleza fundamental de estos derechosclaramente se explican por la imperiosa necesidad de proteger talesderechos a n de que se pueda calicar de democracia constitucionaly de Estado social de derecho el modelo colombiano. No sobra


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indicar que, en la actual concepción de dignidad humana, estosderechos son requisitos sine qua non para predicar el respeto pordicho valor (Colombia, Sentencia T-227, 2003).

En este orden de ideas, será fundamental todo derecho

constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad

humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la

medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección

de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en

sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está

determinada de manera apriorística, sino que se dene a partir delos consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes

sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación

o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las

circunstancias particulares de cada caso (tópica). Así, por ejemplo,

en la actualidad existe consenso en torno a la absoluta necesidad

de que los procedimientos judiciales y administrativos estén jados

normativamente (principio de legalidad) y que prevean la posibilidad

de controvertir pruebas, presentar las propias y de rebatir argumentosy ofrecer los propios (derecho de defensa), para que la persona pueda

ser libre y activa en sociedad. Resulta ejemplarizante la discusión

en torno el reconocimiento de derechos fundamentales a personas

jurídicas, en la cual el consenso logrado únicamente se explica por la

necesidad de proteger elementos funcionalmente indispensables para

la correcta operación jurídica de estas instituciones.

Lo anterior, debe precisarse, no implica que en sí mismo

derechos constitucionales no tengan carácter fundamental. La

existencia de consensos (en principio dogmática constitucional)

en torno a la naturaleza fundamental de un derecho constitucional

implica que prima facie dicho derecho se estima fundamental en sí

mismo. Ello se explica por cuanto los consensos se apoyan en una

concepción común de los valores fundantes de la sociedad y el sistema

jurídico. Así, existe un consenso sobre el carácter fundamental del

derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Los consensos sobre


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la naturaleza fundamental de estos derechos claramente se explican

por la imperiosa necesidad de proteger tales derechos a n de que se

pueda calicar de democracia constitucional y de Estado social dederecho el modelo colombiano. No sobra indicar que, en la actual

concepción de dignidad humana, estos derechos son requisitos sine

qua non para predicar el respeto por dicho valor.

El concepto de libertad inicia por la existencia de consensos

(en principio dogmática constitucional) en torno a la naturaleza

fundamental de un derecho constitucional implica que prima facie

dicho derecho se estima fundamental en sí mismo. Ello se explica

por cuanto los consensos se apoyan en una concepción común

de los valores fundantes de la sociedad y el sistema jurídico. Así,

existe un consenso sobre el carácter fundamental del derecho a la

vida, a la libertad y a la igualdad. Los consensos sobre la naturaleza

fundamental de estos derechos claramente se explican por la

imperiosa necesidad de proteger tales derechos a n de que se pueda

calicar de democracia constitucional y de Estado social de derecho

el modelo colombiano. No sobra indicar que, en la actual concepciónde dignidad humana, estos derechos son requisitos sine qua non para

predicar el respeto por dicho valor.

Lo anterior, debe precisarse, no implica que en sí mismo

derechos constitucionales no tengan carácter fundamental. La

existencia de consensos (en principio dogmática constitucional)

en torno a la naturaleza fundamental de un derecho constitucional

implica que prima facie dicho derecho se estima fundamental en sí

mismo. Ello se explica por cuanto los consensos se apoyan en una

concepción común de los valores fundantes de la sociedad y el sistema

jurídico. Así, existe un consenso sobre el carácter fundamental del

derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Los consensos sobre

la naturaleza fundamental de estos derechos claramente se explican

por la imperiosa necesidad de proteger tales derechos a n de que se

pueda calicar de democracia constitucional y de Estado social de

derecho el modelo colombiano. No sobra indicar que, en la actual


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concepción de dignidad humana, estos derechos son requisitos sine

qua non para predicar el respeto por dicho valor.

6. PROTECCIÓN RESTRICTIVA DEL DERECHO A LA LIBERTAD

La faena esencial del hábeas corpus no se puede restringir a la

protección exclusiva del derecho a la libertad, como quiera que se

hace imperioso otorgarle un alcance mucho más amplio en tanto que

es indudable, comprende la garantía de todo el conjunto de derechos

fundamentales de las personas que se hallan privadas de la libertad,

bien de manera arbitraria, bien de manera ilegal. Así las cosas, elámbito de protección del hábeas corpus no se debe circunscribir a

proteger solamente el derecho a la libertad sino que se debe irradiar

a los otros derechos fundamentales que se encuentran relacionados

íntimamente con aquel, verbi gratia, el derecho a la vida y a la

integridad personal.

7. CARÁCTER SUMARIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE

HÁBEAS CORPUS

Con ocasión de la prevalencia de la garantía constitucional del

hábeas corpus, es apenas razonable que el legislador disponga que la

ausencia u omisión de alguno de los requisitos exigidos para su debida

invocación, no sea óbice para que se adelante el trámite del hábeas

corpus, siempre que la información que se provea es suciente para

alcanzar sus nes. El carácter sumario de esta acción constitucional

hace que sea ajena a ritualidades, formalismos, protocolos oautenticaciones (CP, artículo 84), lo que se avizora acorde con el

artículo 30 de la Constitución Política en cuanto a la posibilidad que

se tiene de acudir verbalmente ante las autoridades judiciales3.

No obstante el carácter sumario de la presente acción

constitucional, se erige como principio inherente a la actuación judicial

el deber de entrevistar a la persona privada de la libertad, esto es, que

el servidor judicial se desplace hasta el lugar de reclusión u ordenando


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que la persona sea llevada ante él para los efectos constitucionales y

procesales pertinentes. Resulta de gran signicación esta previsión,

la cual pretende la protección integral del hábeas corpus, es pues que,tal derecho fundamental lleva implícita la protección, además de la

libertad de la persona, en cuyo favor se incoa, la garantía de su vida

e integridad personal. La realización de la entrevista con la persona

privada de la libertad está dirigida a precisar si la medida aplicada se

enmarca dentro del ámbito legal, esto es, las condiciones personales

en que se halla el individuo en relación con su vida e integridad

personal, así como las posibles amenazas que puedan acaecerle sobre

ellas ulteriormente; se considera un mecanismo de gran idoneidad

para avizorar tales situaciones, que el juez a quien le corresponda

resolver el hábeas corpus aplique la previsión. Lo anterior a efecto

que proera un pronunciamiento garantista e inmediato4.

8. CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD

Una debida interpretación constitucional demanda que luego de

haberse invocado el hábeas corpus, el juez encargado de avocarconocimiento, tenga la obligación de vericar las condiciones que

puedan llevarlo a tomar la decisión de ordenar que el actor sea puesto

en libertad. Las condiciones para tal efecto son:

• Que la persona se encuentre privada de la libertad.

• Que la privación de la libertad o su prolongación se haya

gestado con ocasión de la transgresión o conculcamiento del

ordenamiento jurídico, esto es, por la inobservancia de normas jurídicas constitucionales y legales.

La persona deberá ser puesta inmediatamente en libertad cuando

se haya demostrado que la privación de su libertad personal o la

prolongación de la misma, hayan sido producto de actos contrarios a

lo consagrado por el orden constitucional o legal5.


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9. ASPECTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN

9.1 COMPETENCIA

La acción de hábeas corpus debe ser presentada ante la rama judicial

del poder público, particularmente tratándose de la jurisdicción

ordinaria son competentes para conocer de tal petición los Tribunales

Superiores de Distrito Judicial, los Juzgados civiles, laborales,

penales, de familia, y de ejecución de penas.

Respecto de la competencia para avocar conocimiento de

la petición de hábeas corpus, el artículo 30 de la Carta Políticadispone que la misma se pueda impetrar ante cualquier autoridad

judicial. De este modo, no se restringe la acción de hábeas corpus

a jueces de una especialidad, contrario sensu, pone al servicio de la

mencionada acción constitucional toda la judicatura. El operador

jurídico facultado para conocer de este tipo de petición constituye

una jurisdicción constitucional difusa, encargada de salvaguardar el

derecho a la libertad de las personas, propendiendo por racionalizary hacer eciente el ejercicio del derecho-acción previsto en la

plurimencionada norma constitucional.

El hábeas corpus sólo podrá ser presentado en primera instancia

ante Jueces individuales o ante Tribunales Superiores de Distrito

Judicial. En este último caso, el asunto deberá ser repartido

inmediatamente a efecto de que este sea fallado por uno solo de los

Magistrados.

En lo que concerniente a la competencia funcional, esto es,cuando la actuación que da origen al hábeas corpus proviene de una

Sala o Sección de una Corporación, la acción en comento habrá de

ser ejercida ante otra Sala o Sección de la misma Corporación.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano

de la jurisdicción ordinaria (órgano de cierre), no puede conocer en

primera instancia de la acción de hábeas corpus, como quiera que en el

caso de tramitarse una eventual impugnación, esta se deba realizarse


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ante el superior jerárquico que corresponda. La Corte Suprema de

Justicia carece de superior funcional, por lo que es apenas lógico

que la ley no autorice a dicha corporación para conocer en primerainstancia de esta clase de petitoria constitucional.

La Corte Constitucional, órgano supremo de la jurisdicción

constitucional y como quiera que no tiene superior funcional, carece

de competencia para conocer de la acción de hábeas corpus, puesto

que el peticionario no contaría con una autoridad judicial ante quien

tramitar una eventual segunda instancia. A propósito de la estructura

orgánica de la jurisdicción constitucional, resulta apenas lógico que

el aludido Tribunal superior no le esté facultado avocar conocimiento

de la solicitud de hábeas corpus.

En lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura resulta

necesario precisar que sólo conocen del recurso de hábeas corpus los

magistrados que integran la Sala Disciplinaria, dado que es en esta

Sala donde se toman decisiones de carácter judicial. En la aludida

corporación tampoco se podrá conocer en primera instancia de la

acción de hábeas corpus, por las mismas razones de protección al principio de la doble instancia.

A manera de conclusión respecto al tema de la competencia para

conocer de la acción constitucional de hábeas corpus, vale la pena

recordar que son competentes para resolver la petición de hábeas

corpus todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder

público con las salvedades que han tratado, las que se proponen

proteger el derecho a recurrir que ostentan todos los asociados al

Estado Social de Derecho colombiano.

9.2 TÉRMINO PERENTORIO Y DETERMINADO PARA LA DECISIÓN

La petición incoada en la acción constitucional de hábeas corpus

habrá de ser resuelta dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes

al momento en que la misma sea presentada. El desconocimiento de

lo dispuesto en el artículo 30 de la Carta Política por parte del juez

tipica una conducta punible del siguiente tenor:


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Artículo 177. Desconocimiento de hábeas corpus: El juez que notrámite o decida dentro de los términos legales una petición dehábeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación,incurrirá en prisión de treinta y dos (32) meses a noventa (90)meses y pérdida del empleo o cargo público.

La nalidad que se busca con la norma jurídico-penal traída

a colación, es dar certeza a los asociados que todas las decisiones

que recaigan en la libertad personal serán proferidas por un juez

competente y mediante orden escrita; para tal efecto, se observarán a

cabalidad las formalidades y términos perentorios consagrados en la

Constitución y en la ley.Vale anotar, que los caracteres naturales de este instituto jurídico

y mecanismo judicial como son su inmediatez y ecacia, comportan

que el operador jurídico6 encargado de conocer tal petición es un

agente inquisitivo, esto es, que tiene potestad para decretar y practicar

las pruebas que legalmente estime conducentes7, ex professo de

obtener sucientes elementos de probanza judicial para garantizar el

hábeas corpus invocado.

9.3 PRIMERA INSTANCIA

El término de (36) treinta y seis horas a las cuales hace referencia

el artículo 30 de la Constitución Política, constituye el plazo para

resolver la petición en primera instancia, el cual empieza a correr

desde su presentación y no desde el momento de recepción de la

autoridad judicial; en razón de ello son ajenos al accionante los

términos para realizar el reparto, avocar conocimiento, decreto y

practica pruebas, entre otros.

9.4 SEGUNDA INSTANCIA

La garantía constitucional del hábeas corpus ha sido consagradaa favor de los derechos de la persona y no del ente Estatal, la potestad de impugnación que se ostenta frente a la decisión que

niegue la libertad de la persona se entiende incorporada (ley 153


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de 1997), como contenido esencial del Hábeas Corpus; ello enmanera alguna conculca la Constitución Política. En buena hora

el legislador proveyó la posibilidad de recurrir la providencia queniega la petición de la persona privada de la libertad.

(…) acogiendo la Corte ahora los argumentos y fundamentosexpuestos en la providencia citada, que considera la prevalenciaen el orden interno del derecho fundamental del hábeas corpus y suintegración al bloque de constitucionalidad, por lo que, actúa acordecon los instrumentos internacionales raticados por Colombia –art.8º Convención Americana- el legislador al consagrar la posibilidad

de impugnar la decisión que niega el hábeas corpus. (Colombia,Sentencia C -187, 2006)

9.5 IMPUGNACIÓN DEL FALLO

En relación con el término para la impugnación (Colombia,Sentencia C 1887, 1996), de la decisión que resuelve la petición dehábeas corpus, la ley 1095 de 2006 reza lo siguiente:

Artículo 7o. Impugnación. La providencia que niegue el HábeasCorpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendariosiguientes a la noticación. La impugnación se someterá a lassiguientes reglas:

1.5.1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligenciasdentro de las siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquicocorrespondiente. El expediente será repartido de manera inmediatay habrá de ser fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

10. HÁBEAS CORPUS Y COSA JUZGADA

La acción constitucional de hábeas corpus únicamente puede

invocarse o impetrarse por una sola vez. Esto requiere que con

detenimiento analítico y especial estudio interpretativo, se precise el

alcance de tal situación, dado que podría llevar a la inecacia del

mecanismo constitucional predicho en el artículo 30 de la Carta


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Política de Colombia. En el entendido que hace tránsito a cosa juzgada

la providencia judicial por medio de la cual se decide el hábeas

corpus, incoar una nueva acción en tal sentido sólo podrá erigirse ensituaciones fácticas nuevas o en la reincidencia de la conducta que

produjo la primera decisión, esto es, se podrá invocar o ejercer por

una sola vez con respecto a cada hecho o actuación constitutiva de

conculcamiento de los derechos tutelados que suscribe los preceptos

constitucionales desarrollados en el artículo 30 de nuestra carta

política. Con todo, quien haya ejercido la acción de hábeas corpus,

podrá invocar de nuevo tal derecho en el evento que acaezcan o se

presenten otra vez hechos constitutivos de privación de la libertad

con transgresión de las garantías constitucionales o legales, o de

prolongación ilegal de la libertad8.

La ley 1095 de 2006 en la parte nal de su artículo 1º reza: “(…)

esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola

vez (…)” en este apartado deberíamos hacernos esta pregunta ¿es

constitucional este articulado?

En efecto, la norma en mención indica que el hábeas corpus sólo podrá invocarse por una sola vez. Se trata de un enunciado respecto

del cual se hace menester realizar una especial reexión, dado que su

incorrecta hermenéutica podría conducir a la inoperatividad de tan

relevante instrumento jurídico como es el que se halla prescrito en el

artículo 30 de la Constitución Política.

En este orden de ideas este precepto general y abstracto regulatorio

del artículo 30 de la Carta Política, otorga a la persona afectada, la

potestad de ejercer el derecho constitucional de hábeas corpus, así

como de recurrir ante el a quem en el evento que resulte imperioso

impugnar la decisión. Lo anterior, es una expresión inequívoca del

debido proceso (CP. artículo 29).

Teniendo en cuenta este aspecto procesal, la providencia por

medio de la cual se decide sobre el hábeas corpus hace tránsito a cosa

juzgada, una nueva invocación en tal sentido sólo podrá estar fundada


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en nuevas situaciones fácticas o en la reincidencia de la conducta que

dio lugar a la primigenia decisión.

Así las cosas, la expresión que se elucubra se encuentra enarmonía con lo dispuesto en la Carta Política, ésta se podrá invocar

o ejercer por una sola vez (Colombia, Sentencia C-187 de 1996) en

relación de cada hecho, conducta o comportamiento constitutivo

de transgresión de los derechos amparados con el artículo 30 de la

Constitución Política.

Con todo, y sin abandonar la coherencia conceptual, es importante

resaltar que no hay inconveniente alguno en cuanto a invocar

nuevamente el hábeas corpus por parte de quien lo haya ejercido,

siempre que acaezcan nuevos hechos constitutivos de privación de

la libertad con vulneración de las amparos constitucionales o legales,

o de la prolongación ilegal de la libertad, en aras de garantizar la

protección de sus derechos fundamentales.

Con ocasión de los nes del Estado social de derecho y su

protección ineludible de los derechos constitucionales fundamentales

de las personas, se hace necesario realizar un análisis en relacióncon la salvaguarda de tales garantías en los estados de excepción

con fundamento en la Ley 137 de 1994, la cual propende por otorgar

facultades especiales al ejecutivo en la búsqueda de los propósitos

estatales.

11. EL HÁBEAS CORPUS Y LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

La Constitución Política de 1991 en el artículo 30 consagra elhábeas corpus, derecho fundamental que también ha sido reconocido

internacionalmente: la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos

(ley 74, 1968, artículo 9), la Convención Americana sobre Derechos

Humanos9 y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del

Hombre (artículo 25). En el mismo sentido, de consuno con lo previsto

en el artículo 27 de la Convención americana de derechos humanos


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y en el artículo 4° de la Ley 137 de 1994 –Ley Estatutaria sobre

estados de excepción-, se establece que no podrán ser suspendidas

las garantías judiciales indispensables para la salvaguarda de losderechos enunciados en cada uno de los aludidos artículos, en los

que la norma estatutaria contiene el hábeas corpus como uno de los

derechos intangibles.

Las garantías jurisdiccionales no son susceptibles de suspensión

o restricción alguna durante los estados de excepción (estado de

anormalidad), tal y como lo preceptúa el artículo 85 de la Carta

Política; como quiera que el hábeas corpus es un derecho fundamental

de aplicación inmediata.

En el mismo sentido, se hace imperioso y signicativo hacer

referencia a lo consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política,

en lo que tiene que ver con los tratados y convenios internacionales

raticados10 por Colombia, puesto que deben prevalecer en el

ordenamiento jurídico interno11 cuando en ellos se reconocen y

garantizan los derechos humanos (bloque de constitucionalidad)12.

Tales derechos no se pueden suspender ni aún en los estados deexcepción.

En suma, el hábeas corpus es un derecho intangible cuya

aplicación es inmediata; el cual además de encontrarse consagrado

en la Carta Política, está contemplado en normas internacionales que

forman parte del bloque de constitucionalidad13, lo que comporta que

deba ser interpretado de conformidad a tales instrumentos jurídicos.

Finalmente, la imposibilidad de suspensión del hábeas corpus

durante los estados de excepción (CP., artículo 214), es clara, toda vez

que su ejercicio se podrá realizar en todo tiempo. En tal sentido, el

legislador estatutario dispone que incluso en situaciones especiales,

como las que se originan con la declaratoria de los estados de

excepción (C.P. 1991, artículo 212), durante los cuales los derechos,

garantías y libertades públicas podrían ser razonablemente limitados,

el hábeas corpus no halla límite temporal para su aplicación.


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12. EL HÁBEAS CORPUS Y SU FUNCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL,¿UN AXIOMA O UNA REALIDAD?

Al elucubrar las normas constitucionales que componen nuestra Carta

Política, se puede colegir el gran interés que tuvo el constituyente en

procura de tutelar a la persona humana con respecto a los abusos de

que pueda ser objeto por parte de las autoridades o de los particulares14.

Justamente, a partir del preámbulo de la Constitución Política, se

propende por asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia,

la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,económico y social justo (Henao, 2013, p.1).

En armonía con lo que antecede, el artículo primero de la Carta

Política, instituye que Colombia es un Estado social de derecho de

tipo republicano, democrático y pluralista, erigido en varios valores,

entre ellos el respeto por la dignidad humana (Henao, 2013).

Aunado a ello, el artículo segundo de la misma normativa,

hace relación a los nes esenciales del Estado, los que se orientan agarantizar la efectividad de las normas dogmáticas de orden superior,

propender por una convivencia pacíca y la vigencia de un orden

justo; disponiendo para tal menester, que las autoridades colombianas

estén constituidas para proteger y salvaguardar a todas las personas

que se encuentren en el territorio colombiano, en su vida, honra,

bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Por su parte, los artículos quinto y sexto de la norma de normas

consagran respectivamente lo siguiente: el Estado colombianoreconoce la primacía de los derechos inalienables de las personas;

los servidores públicos serán responsables por contravenir el

ordenamiento jurídico por acción, omisión o extralimitación en el

ejercicio de sus funciones.

En consonancia con los anteriores preceptos, el artículo 30 de la

Constitución de dispone que quien estuviere privado de su libertad,

y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier


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autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el

hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis

(36) horas (Henao, 2013, p. 19).De lo que antecede se puede esgrimir que el hábeas corpus es la

garantía más importante para la protección del derecho a la libertad

(C.P., 1991, art.15), el cual prescribe que nadie puede ser molestado

en su persona o familia, ni detenido15, ni su domicilio registrado.

La persona que sea detenida preventivamente habrá de ser puesta

a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas

siguientes, para que dicho operador jurídico proera la decisión

dentro del plazo establecido por la ley. Esto nos hace inferir que el

derecho a la libertad no es un derecho absoluto, más allá que tiene

una consagración constitucional y una inobjetable signicación en el

Estado Social de Derecho Colombiano.

El hábeas corpus es por antonomasia, el instrumento ontológico

para la defensa y protección de la libertad (garantía fundamental),

no obstante, resulta conveniente resaltar que el instituto jurídico

tradicional que se orienta a poner n a la privación ilegal de la libertadse ha denominado hábeas corpus reparador. Empero, la comunidad

internacional ha venido consagrando otra variedad llamada hábeas

corpus correctivo, el cual en el sentir de algunos es un hábeas corpus

con vocación preventiva. Así, pues, en algunos Estados se contempla

la posibilidad de ejercer el hábeas corpus con un carácter preventivo,

esto es, como mecanismo orientado a conjurar una amenaza cierta de

privación irregular de la libertad personal, más allá, que aún no se haya

concretado. En el Estado colombiano, esta última forma de hábeas

corpus no había tenido cabida con ocasión del apotegma constitucional

que establece dicha institución jurídica (C.P., 1991, artículo 30), como

quiera que el tenor literal solamente consagra la posibilidad de acudir e

invocarlo en el evento que concurra su presupuesto previo y objetivo,

que haya ocurrido efectivamente la privación de la libertad.

De igual forma el hábeas corpus, también es el medio por el cual

se hacen defensables otros derechos constitucionales fundamentales


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de las personas privadas de la libertad como son la vida y la integridad

personal. Sin embargo, la Corte Constitucional expresó algo que

pone en contraste el hábeas corpus correctivo (vocación preventiva)de conformidad con lo que sigue: (…)

En consecuencia, la denición adoptada por el legisladoren el artículo primero del proyecto que ahora se examina hade entenderse como comprensiva tanto de la modalidad dehábeas corpus reparador, como en la modalidad de hábeascorpus correctivo, entendido éste último como mecanismo

para evitar o poner n a situaciones que comporten amenazas

graves contra los derechos fundamentales de la persona,como la vida o la integridad personal o el derecho a no serdesaparecido (Colombia, sentencia C-187, 1996).

El hábeas corpus es un derecho que no sólo protege la libertad

física de las personas, sino que también es un mecanismo que procura

la defensa de la integridad física y la vida misma. Históricamente

en algunas dictaduras la privación de la libertad se ha empleado

para hacer desaparecer a aquellas personas que no gozan de la

simpatía de tal régimen; en efecto, el hábeas corpus se erige así,

como el instrumento superlativo de garantía de la libertad individual

cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad, bien de manera

arbitraria, bien de manera ilegal (Colombia, sentencia C-620, 2001).

Desde la concepción del Estado social de derecho y las diferentes

posturas de la Corte Constitucional reere que la actividad del Estado

está regida por las normas jurídicas y estas se ciñen al derecho, siendo

la norma fundamental la constitución, lo cual implica que toda laactividad del Estado debe realizarse dentro del marco constitucional,

no puede limitarse a las funciones policivas que caracterizaron

el Estado liberal individualista. Asume nuevas y muy variadas

funciones como responsable prácticamente de todas las actividades

trascendentales. Este se convierte en gestor, en administrador y tiene

responsabilidades en diferentes campos, sociales, económicos y

las que lo vinculan directamente a la administración de justicia, el


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orden público, y la seguridad jurídica; lo que determina su forma de

actuar, el origen y nalidad de su gestión y la participación de los

ciudadanos como personas que deben razonablemente colaborar conla consecución de un orden social justo. Al Estado le corresponde

ser el artíce de la gestión pública, para que esta se adecue al objeto

esencial de la búsqueda del bien común de los asociados, a trevés de

sus libertades individuales (Vila, 2002, p.383).

La protección del hábeas corpus reviste tan alta signicación,que por medio este mecanismo idóneo se preservan derechoscomo la vida e integridad personal de los asociados privados dela libertad, lo que comporta el carácter sumario e inmediato16 dela protección que se pretende otorgar a través de ésta dispositivaconstitucional.

En síntesis, el hábeas corpus a efecto de cumplir con su objeto

de vericación judicial en lo atinente a la legalidad de la privación

de la libertad, demanda la presentación del detenido ante el juez

o tribunal competente, quien determinará la forma de proceder en

caso de reclusión. De esta manera, se avizora la función esencialque cumple el hábeas corpus como dispositivo para controlar y

garantizar el respeto a la vida e integridad de la persona; impidiendo

su desaparición o la indeterminación del lugar de detención, así como

para protegerla contra tratos inhumanos, degradantes o penas crueles

(Vila, 2002, p.383).

El hábeas corpus es un mecanismo supra-jurídico dado su

raigambre social; la anterior armación, se funda en las deplorablesexperiencias sufridas por varios países de nuestro hemisferio endécadas recientes. Naciones que sufrieron desapariciones, torturasy genocidios acometidos o tolerados por algunos seudo-gobiernos.Esas realidades sociológicas y políticas permiten colegir que elderecho a la vida y a la integridad personal resulta gravementeamenazados cuando el hábeas corpus ha sido parcial o totalmentesuspendido.


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2. Los derechos fundamentales no se agotan en la Constitución

Política, ni poseen la virtud de originar por la sola inclusión en

esta, las prerrogativas que pontican. La sociedad y cada unade las personas que constituyen el Estado colombiano son los

encargados de hacerles producir sus efectos de armonía social,

paz y convivencia a partir de la solidaridad y la buena fe en su

aplicación.

3. Los derechos constitucionales y particularmente el habeas

corpus, comportan garantías inalienables de las personas como

quiera que son connaturales a estas. Su interpretación deberá

realizarse en consonancia con los tratados internacionales –sobre

derechos humanos- raticados por el Estado colombiano.

4. El derecho de habeas corpus puede ser clasicado como una

garantía constitucional que evidencia la relación de la persona

frente al Estado, dado que es éste ente el encargado de su

protección y reivindicación.

5. Hoy día, el Habeas corpus se erige como el instrumento máximo

de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquiera autoridad, en forma ilegal, arbitraria o injusta; de

contera también de otros derechos entre los que se sobresalen la

vida y la integridad física.

6. Quien avoca conocimiento y proere decisión con respecto

a la petición de habeas corpus ha de ser un juez o tribunal

–independiente y autónomo– con el n de garantizar total

imparcialidad –cristalización de la justicia material–. El deber

jurídico del fallador consiste precisamente en amparar al débil

contra el fuerte, esto es, a la persona humana individual contra

el poder del Estado cuando este es utilizado de manera opresiva.

7. La acción de habeas corpus se encuentra íntimamente relacionada

con el debido proceso, puesto que, la privación de la libertad no

puede gestarse por fuera del marco de un proceso jurisdiccional

que cumpla a cabalidad con todas las formas y regulaciones de

orden legal y constitucional.


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8. En la entraña amparadora del habeas corpus se encuentra

la libertad individual de las personas, haciendo exigible sus

derechos individuales y sociales -no puede utilizarse en defensade personas estatutarias-, de allí que sea un derecho de raigambre

pública: constitucional y procesal.

9. La afectación al derecho fundamental y connatural de las

personas –la libertad-, no sólo trastoca su libertad individual.

Además, violenta su calidad vida en condiciones dignas, su

salud, su honra y buen nombre.

10. El habeas corpus tiene una conexión directa con la limitación al

poder del Estado. Ello supone, que es expresión de defensa de la

libertad individual.

11. En veces, -tal como se precisó anteriormente- la vulneración del

derecho fundamental a la libertad, puede originar efectos dañosos

en el atributo de la personalidad de los asociados, patrimonio.

Para conjurar esta situación, el medio de control de la reparación

directa es el mecanismo idóneo para buscar la reivindicación

pecuniaria por el daño antijurídico sufrido.12. Cuando prospera la solicitud de habeas corpus, deben disponerse

sendas investigaciones -de carácter penal y disciplinario- para el

dispensador jurídico que haya afectado injusta o arbitrariamente

la libertad de la persona detenida. Lo propio, también puede

acaecer cuando se haya otorgado el restablecimiento del derecho

sin una debida fundamentación jurídica.

13. El habeas corpus, no puede ser ni restringido ni suspendido por

ninguna razón, ni siquiera en los Estados de Excepción.

14. El habeas corpus surgió históricamente como una muralla contra

el abuso del poder estatal. Esta acción constitucional, además

de cargar con cierta inecacia ante la falta de solución a añejos

problemas, particularmente en América Latina, hoy día afronta

nuevos desafíos de cara a la socialización de los Estados del

subcontinente.


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15. El habeas corpus cumple diversas funciones -más allá de la

ontológica: garantizar la libertad de las personas-. Así las cosas,

también, sirve para salvaguardar el derecho a no ser desaparecidoante la privación de la libertad cometida por agentes del Estado o

por personas o grupos que obren con la autorización, el apoyo o

la aquiescencia del Estado.

16. El habeas corpus sólo resulta procedente en relación con

actos llevados a cabo por autoridades públicas. Por medio de

este instrumento público, se propende defender el derecho a

la libertad individual ante actuaciones ilegales ejecutadas por

agentes estatales.

17. El sistema jurídico colombiano solamente autoriza a los Jueces

de la República para ordenar la privación de la libertad de una

persona. Resulta excepcional la captura en agrancia, la cual en

todo caso comporta que el detenido sea llevado inmediatamente

ante la autoridad pública a efecto que ésta lo conduzca ante la

autoridad jurisdiccional.

18. El principio pro homine, también denominado ¨cláusula defavorabilidad en la interpretación de los derechos humanos¨,

implica que en la aplicación de las normas de derechos humanos

se destaque l

acciones constitucionales ojo estudiar.pdf

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