4 indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto de los derechos...
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INFORME DE LABORES 2016
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DR. ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO
DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL ECUADOR
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CONTENIDO
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1. ANTECEDENTES
2. DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD
QUE RINDE CUENTAS
3. COBERTURA GEOGRÁFICA
4. SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA
5. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
6. RECURSOS
7. LOGROS ALCANZADOS EN EL 2016
8. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
9. CONVENIOS Y RESOLUCIONES
10. ANEXOS
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1. ANTECEDENTES
La Defensoría Pública del Ecuador es un órgano autónomo de la
Función Judicial, con autonomía económica, financiera y
administrativa, cuyo mandato constitucional (artículo 191) es “(…)
garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por
su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no
puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de
sus derechos”. El trabajo lo desarrolla mediante “un servicio legal,
técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría
jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e
instancias”.
La Defensoría Pública nació en agosto de 2007 como Unidad Transitoria
adscrita a la Presidencia de la República y posteriormente al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, para dedicarse a la defensa penal de
las personas procesadas que no podían acceder a los servicios de un
abogado privado por falta de recursos económicos, y para garantizar
que en el Ecuador no existieran personas detenidas sin sentencia
judicial. No obstante, la Asamblea Constituyente de Montecristi (2008)
consideró imprescindible su presencia como órgano autónomo de la
Función Judicial y estableció que, además de la defensa penal, ofreciera
atención en todas las materias ubicando a la Defensoría Pública del
Ecuador como la única de América con autonomía y con rango
constitucional.
A partir de entonces, la Defensoría Pública determinó que su misión
institucional es “defender gratuitamente a las personas en condición
económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de
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indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el
respeto de los derechos humanos”. Y que su trabajo debía realizarse de
manera articulada con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) y con el
Plan Estratégico de la Función Judicial.
En esa línea, el trabajo de la Defensoría Pública se relaciona con el
objetivo seis del eje estratégico del PNBV sobre “derechos, libertades y
capacidades para el buen vivir”, que señala la necesidad de “consolidar
la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respecto a los derechos humanos”. Y con tres objetivos
estratégicos de la Función Judicial: 1) Asegurar la transparencia y la
calidad en la prestación de los servicios de justicia; 2) Promover el
óptimo acceso a la justicia; y, 3) Impulsar la mejora permanente y
modernización de los servicios.
Estos preceptos han delineado la planificación estratégica de la
Defensoría Pública 2013 – 2018, con sus objetivos, metas e indicadores
para la consecución del mandato constitucional. Se trata de un marco
referencial para que las diferentes áreas y procesos de la organización
desarrollen su accionar hacia una prestación de servicios eficientes,
eficaces y efectivos, con enfoque a resultados, cuyo fin esencial es la
protección de los derechos de las personas en mayor riesgo de
vulneración.
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2. DATOS GENERALES DE LA
AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS
2.1. Nombre : Ernesto Pazmiño Granizo
2.2. Cargo : Defensor Público General
2.3. Institución : Defensoría Pública del Ecuador
2.4. Período del cual rinde cuentas:
Enero 2016 a diciembre 2016
2.5. Fecha de elaboración del informe: Enero de 2017
2.6. Competencias que le asigna la ley:
Las competencias del Defensor Público están determinadas en el
artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial:
Art. 288.- Competencias del Defensor Público.- Compete al Defensor
Público:
1) Representar judicial y extrajudicialmente a la Defensoría
Pública;
2) Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la
Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en
práctica por medio de las unidades administrativas
correspondientes;
3) Expedir, mediante resolución, reglamentos internos,
instructivos, circulares, manuales de organización y
procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar
eficientemente;
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4) Dirigir la administración de los recursos financieros de la
Defensoría Pública;
5) Autorizar el gasto de la Defensoría Pública, y asignar montos de
gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las
directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo
que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública;
6) Expedir y mantener actualizado el Reglamento Orgánico
Funcional respectivo;
7) Celebrar los contratos estrictamente necesarios para el
funcionamiento institucional;
8) Celebrar convenios de cooperación con personas públicas o
privadas, que permitan un mejor cumplimiento de las funciones
asignadas por la Constitución y la ley;
9) Elaborar la propuesta presupuestaria y la programación
presupuestaria cuatrianual respectiva, conforme las políticas
generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del
Consejo de la Judicatura para su incorporación al Presupuesto
de la Función Judicial;
10) Preparar proyectos de ley o de reglamento en las materias
relacionadas con el ejercicio de las funciones institucionales y
presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien ejerza la
Presidencia de la República;
11) Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los
servicios institucionales prestados y ejecutarlos; de ser necesario
podrá crear, modificar o suprimir oficinas defensoriales y
determinar el número de defensores públicos, lo que será
comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el
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proceso de selección y la designación de los funcionarios
requeridos;
12) Presentar a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura
un informe anual de labores, que incluirá necesariamente una
relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan
intervenido, clasificados por materias; la clase y número de
solicitudes recibidas y las medidas adoptadas para su atención y
trámite; y los datos estadísticos que permitan una visión clara
de la gestión realizada;
13) Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el
Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro
acto violatorio de la ley o de los reglamentos por parte de las
personas a cargo de los procedimientos en los que intervengan
institucionalmente.
Sede administrativa:
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Dirección: El Universo E8-115 y Av. de Los Shyris
Correo electrónico: [email protected]
Página web: www.defensoria.gob.ec
Teléfonos: (02) 381 5270 ext.: 2302
Línea gratuita: 151
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3. COBERTURA GEOGRÁFICA
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3.1. Puntos de atención a nivel nacional
La Defensoría Pública ha logrado extender sus servicios a nivel nacional
incrementando los puntos de atención. Pasó de 178 en 2015, a 205
puntos en 2016, lo que implica un crecimiento del 15 por ciento; de este
número, 182 están en la zona urbana y 23 en la rural.
Este objetivo se alcanzó mediante alianzas estratégicas que realizó el
Defensor Público General con actores del sistema de justicia, de los
gobiernos autónomos descentralizados, de entidades del sistema de
seguridad ciudadana y con representantes de la sociedad civil.
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Para la organización del trabajo, la Defensoría Pública ha clasificado en
tres grupos la infraestructura que dispone para la atención a la
ciudadanía: oficinas permanentes, oficinas itinerantes y oficinas en las
Unidades Judiciales del Consejo de la Judicatura.
1. Oficinas permanentes: Son oficinas de la Defensoría Pública
propias, arrendadas o en comodato que le permiten atender a la
población. Quito, Cuenca y Portoviejo son las únicas ciudades del
país en las que la Institución cuenta con oficinas propias, en el
resto del país son arrendadas o están en comodato. El ejemplo
más notorio es Guayaquil; en esta urbe, la Defensoría cuenta con
un bien inmueble en calidad de comodato que comprende
algunos pisos del edificio La Previsora, ubicado en el sector del
Malecón.
El detalle de las provincias, ciudades y las direcciones de las
oficinas de atención permanente se encuentra en el Anexo 1.
2. Oficinas itinerantes: Otra estrategia para extender el servicio y
llegar a más gente ha sido el sistema de oficinas itinerantes. La
Defensoría Pública, en varias provincias, realiza visitas a las
poblaciones cercanas durante uno o dos días por semana para
ofrecer los servicios de asesoría legal y patrocinio. El trabajo se
desarrolla bajo este sistema porque las poblaciones atendidas no
tienen una alta demanda del servicio. Para el 2016, la Defensoría
Pública contó con 48 oficinas de este tipo.
En el Anexo 2 se presentan las provincias y los cantones a los que
la Defensoría Pública llega de manera itinerante.
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3. Unidades judiciales: La Defensoría Pública es parte integral del
sistema de atención a la ciudadanía que brinda el Consejo de la
Judicatura a través de las unidades judiciales. En 2016, la
Defensoría desplegó un equipo defensorial en las unidades
judiciales para garantizar el debido proceso, el derecho a la
defensa, la realización de audiencias y consecuentemente, el
acceso a la justicia.
En el Anexo 3, se encuentra el cuadro de las unidades judiciales
ubicadas por ciudad y por provincia donde la Defensoría Pública
cuenta con un equipo de defensa.
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4. SERVICIOS PRESTADOS
POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA
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4.1. Parámetros de atención
La Defensoría Pública brinda servicios conforme a los siguientes
parámetros:
1. En todo lo referente a asesoría o consultas legales, el servicio se
presta en todas las materias a cualquier persona que lo requiera,
sin excepción alguna.
2. En asistencia legal documentaria de trámites administrativos como
la elaboración de minutas o peticiones de derechos, así como
patrocinio judicial o litigo de cualquiera de las causas que se oferten
el servicio de patrocinio se ofrece a las personas o grupos de
atención prioritaria descritos en la Constitución y en las 100 Reglas
de Brasilia.
4.2. BASE LEGAL
4.2.1. Deber del Estado
El artículo 11, de la Constitución de la República, establece que el más
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución.
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4.2.2. Grupos de atención prioritaria
La Constitución establece como prioridad la atención a las personas
adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad, movilidad
humana y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta
complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil y de desastres naturales
o antropogénicos.
4.2.3. Tutela efectiva de los derechos
El artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y
expedita de sus derechos e intereses, y que en ningún caso quedará en
indefensión.
4.2.4. Derecho a la defensa
El artículo 76 de la Constitución determina que nadie podrá ser privado
del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y,
además, se garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los
procedimientos judiciales por una abogada o abogado de su elección o
por defensora o defensor público.
El artículo 451, del Código Orgánico Integral Penal, establece que la
Defensoría Pública es la garante del “pleno e igual acceso a la justicia
de las personas, que por su estado de indefensión o condición
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económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una
defensa legal privada, para la protección de sus derechos”.
4.2.5. Misión de la Defensoría Pública
De acuerdo al artículo 191 de la Constitución de la República, la misión
de la Defensoría Pública es garantizar el pleno e igual acceso a la
justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición
económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de
defensa legal para la protección de sus derechos.
4.2.6. Patrocinio en todas las materias
El artículo 191 de la Constitución señala, además, que la Defensoría
Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y
gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las
personas, en todas las materias e instancias.
4.2.7. Atención a víctimas
La Disposición Transitoria Vigésima, del Código Orgánico Integral
Penal, amplió las funciones de la Defensoría Pública y determinó la
obligatoriedad de implementar la Unidad de Defensa Jurídica de
Víctimas. Bajo este mandato, el Defensor Público General, Ernesto
Pazmiño Granizo, expidió la Resolución DP-DPG-2014-043 con la cual
creó la Unidad que se encarga del patrocinio de niñas, niños y
adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual; víctimas de
estafas masivas en el sistema financiero nacional y programas
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habitacionales; víctimas de delitos y contravenciones contra la mujer o
el núcleo familiar; y, víctimas y o familiares de personas desaparecidas.
4.2.8. Condiciones equivalentes a la Fiscalía
El tercer inciso del artículo 191 de la Constitución determina que la
Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada
con autonomía administrativa, económica y financiera; y, contará con
recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a
las de la Fiscalía General del Estado.
4.2.9. Autonomía de la Defensoría Pública
En concordancia con la norma constitucional, el artículo 285 del Código
Orgánico de la Función Judicial expresa que la Defensoría Pública es
un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía
económica, financiera y administrativa.
4.2.10. Desconcentración
El artículo 291 del Código Orgánico de la Función Judicial establece
que el funcionamiento de los organismos autónomos será
desconcentrado a través de oficinas territoriales, con competencia en
regiones, provincias, cantones o distritos metropolitanos, según
convenga a la más eficiente prestación del servicio.
4.2.11. Consultorios jurídicos de universidades
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El artículo 292 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que
las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de las
universidades legalmente reconocidas e inscritas ante el organismo
público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las
instituciones de educación superior, organizarán y mantendrán
servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de
escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria, para lo
cual organizarán consultorios jurídicos gratuitos, de conformidad con lo
que dispone el artículo 193 de la Constitución de la República. Las
facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas que no
cumplan con esta obligación no podrán funcionar.
El artículo 294 del Código Orgánico de la Función Judicial determina
que los consultorios jurídicos gratuitos a cargo de las Facultades de
Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas, organismos seccionales,
organizaciones comunitarias y de base y asociaciones o fundaciones sin
finalidad de lucro, serán evaluados en forma permanente por la
Defensoría Pública, la cual analizará la calidad de la defensa y los
servicios prestados.
4.2.12. Cero audiencias fallidas
El Pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de promover la mejora del
servicio judicial y alcanzar una justicia eficaz, oportuna y sin dilaciones,
expidió la Resolución N°042-2013 de 21 de mayo de 2013, con la cual
dispone que la Defensoría Pública actúe en caso de ausencia del
defensor particular en las audiencias en materia penal y de tránsito.
Además, con base en esta resolución los defensores públicos
comparecen desde la primera convocatoria.
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Líneas de servicio de la Defensoría Pública
4.3.1. Patrocinio Penal
La capacidad de servicio de la Defensoría Pública debe adecuarse al
plan de transformación del sistema de justicia que está llevando a cabo
el Consejo de la Judicatura y basándose en la independencia de la
institución como entidad autónoma, según lo establecido en la
Constitución.
La misión de la Defensoría Pública, en materia penal, es garantizar el
acceso a la justicia y la defensa efectiva, oportuna, eficaz y técnica de
las personas que enfrentan procesos penales y que por su estado de
indefensión o condición económica, social o cultural no puedan
contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus
derechos.
Los funcionarios que se desempeñan en este proceso tienen que
incorporar las perspectivas de género e interculturalidad y cumple
obligatoriamente con los estándares de calidad para cada uno de los
procedimientos especializados: Flagrancia, Investigación y Audiencias,
Juzgamiento, Impugnación, Adversarial, Ejecución de la Pena, y
Atención a Víctimas, así como, la Sustanciación del Proceso, sea
ordinario, directo, expedito, oficio y alternativos.
Además, están los procesos que deben llevarse bajo el procedimiento
directo desde la calificación de flagrancia hasta la audiencia de
juzgamiento; el procedimiento ordinario atiende desde la etapa de
investigación hasta su conclusión; también se aplica el procedimiento
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expedito completo; y, procedimientos alternativos, según lo establece el
artículo 190 de la Constitución.
Para el caso de adolescentes infractores se atiende desde la flagrancia
hasta la audiencia de juzgamiento. En contravencional y de oficio se
cubren las audiencias de oficio en las fases de investigación y juicio
debiendo considerar un equipo de defensores para evitar incurrir en
audiencias fallidas.
En lo atinente a ejecución de la pena, para las personas procesadas de
delitos comunes y adolescentes infractores, se continuó brindando el
servicio con base en las normas legales y reglamentarias vigentes a
partir del COIP.
4.3.2. Patrocinio Social
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el defensor
público general, Ernesto Pazmiño Granizo, mediante Resolución DP-
DPG-2012-085, publicada en Registro Oficial 812 de 18 de octubre de
2012, expidió el Instructivo para la Prestación de los Servicios
Defensoriales del Proceso de Patrocinio Social.
En materia social, la Defensoría Pública ofrece los siguientes servicios
de patrocinio social gratuito a nivel nacional:
4.3.2.1 Laboral
En materia laboral, la prestación de este servicio es únicamente en
defensa del trabajador en las distintas instancias, tanto administrativas
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como judiciales, en las siguientes áreas:
1. Vistos buenos
2. Denuncias
3. Audiencia de boleta única de notificación
4. Inspección focalizada (Integral)
5. Impugnación de actas de finiquito
6. Juicio laboral (haberes laborales)
7. Demandas por jubilación Patronal
8. Demandas por accidentes de trabajo
9. Demandas por enfermedades profesionales
10. Demandas por despido ineficaz de dirigentes sindicales (que
no supere los dos salarios mínimos vitales)
11. Demandas por despido ineficaz (mujeres embarazadas)
12. Impugnación de vistos bueno (sede judicial)
13. Ejecución de la sentencia para cobro en términos laborales
(insolvencia).
4.3.2.2 Familia, mujer, niñez y adolescencia
Dentro del subproceso de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia se
presta una defensa técnica y atención en las siguientes materias:
1. Demandas por alimentos e incidentes de aumento a favor
de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad
hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier
nivel educativo, personas mayores de edad con grados
considerables de discapacidad.
2. Incidentes de rebaja de pensión en contra del derecho de
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niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad
hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier
nivel educativo, personas mayores de edad con grados
considerables de discapacidad (cuando el alimentario lo
propone se activa el patrocinio por parte de la Defensoria
Pública).
3. Paternidad y alimentos a favor de niños, niñas y
adolescentes, personas mayores de edad hasta los 21 años
que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo,
personas mayores de edad con grados considerables de
discapacidad.
4. Liquidación de pensiones alimenticias.
5. Ejecución de las actas de mediación.
6. Alimentos para mujer embarazada y ayuda de lactancia.
7. Tenencias.
8. Autorización judicial de salida del país (situaciones médicas
o educativas).
9. Recuperación de niños, niñas y adolescentes.
10. Medidas de protección - acogimiento institucional.
11. Declaratoria de adoptabilidad.
12. Alimentos voluntarios.
13. Régimen de visitas.
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4.3.2.3. Otras materias
Se atienden las materias que generen bienestar familiar de los
miembros de los grupos de atención prioritaria previa a la calificación
del criterio general para la prestación del servicio y la autorización del
Defensor Público Provincial, así como el apoyo y seguimiento de las
acciones y patrocinios misionales en las oficinas desconcentradas y
puntos de atención.
a) Todos los temas relacionados únicamente con el Libro I del
Código Civil, en los casos donde existan niños, niñas y
adolescentes o personas con capacidades especiales, cuando el
patrocinio sea fundamental o necesario para precautelar el
interés superior de estos grupos. Se patrocinarán casos de
divorcio por mutuo acuerdo y que en su núcleo familiar existan
adolescentes y no haya bienes.
b) Amparos posesorios, excepto cuando existan presunciones de
que el patrocinio pueda ser utilizado como mecanismo para
legalizar invasiones.
c) Prescripción adquisitiva de dominio, excepto cuando existan
presunciones de que el patrocinio pueda ser utilizado como
mecanismo para legalizar invasiones.
d) Posesión efectiva, únicamente hasta la elaboración de la minuta
correspondiente, de personas que se encuentren dentro de los
grupos de atención de la Defensoría Pública.
e) Inquilinato, únicamente de inmuebles destinados a vivienda, en
causas de desahucio e incumplimiento de contratos.
También se atiende a personas en movilidad humana que busquen
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tramitar un visado en el estado ecuatoriano, que tengan necesidad de
protección internacional, que se encuentren en proceso de
determinación de la condición de refugiados, y que no puedan pagar los
servicios privados de asistencia legal.
4.3.3. Patrocinio a víctimas
Tiene por objeto la prestación especializada de Defensa Jurídica de
Víctimas por parte de la Defensoría Pública del Ecuador para las
personas que, como sujetos pasivos de la infracción penal establecidos
en el Código Orgánico Integral Penal, y que por su condición
socioeconómica o cultural de vulnerabilidad, o por su estado de
indefensión, o por su situación de violencia intrafamiliar, no puedan
contratar los servicios de una defensa privada para su representación
legal.
El servicio se brinda en las materias que, progresivamente, amplíe la
Defensoría Pública en función del suficiente personal misional, la
disponibilidad presupuestaria y la capacidad de infraestructura y
tecnológica.
Se emitió la Resolución DPG-2014-043, de 1 de abril de 2014 (Art. 35,
78 CRE y Transitoria Vigésima), publicada en el Registro Oficial No. 232
de 24 de abril de 2014, en la cual se establecieron los parámetros para
la defensa de la víctima en los siguientes casos:
1. Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes
2. Delitos de violencia intrafamiliar
3. Delitos de estafas masivas (entidades del sistema financiero y
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programas habitacionales)
4. Delitos por asesinatos y muertes violentas.
5. Personas desaparecidas (actos administrativos)
6. Lesa humanidad, genocidio.
Usuarios de la Defensoría Pública
El artículo 191, de la Constitución de la República del Ecuador,
manifiesta que “la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la
Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso de la
justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición
económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de
defensa legal para la protección de sus derechos (…)”. Sobre esta base,
la Defensoría Pública ha clasificado a los usuarios(as) de sus servicios
en nueve grupos de atención prioritaria que se muestran a
continuación:
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4. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
El 1 de abril de 2013 se publicó el Plan Estratégico Institucional 2013-
2018, en el Registro Oficial 923, publicado en julio de 2013, a
continuación se describen los elementos orientadores:
5.1. Elementos orientadores de la Defensoría Pública
a. Visión: “Somos una institución que fortalece el ejercicio de
los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del
debido proceso y promueve una cultura de paz”.
b. Misión: “Defender gratuitamente a las personas en
condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o
en estado de indefensión, garantizando su acceso a la
justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos
humanos”.
5.2. Objetivos estratégicos institucionales por ejes estratégicos
Eje Fortalecimiento Institucional:
La Defensoría Pública es una institución relativamente nueva, por
lo tanto una de sus prioridades es generar las suficientes
fortalezas para responder adecuadamente a la demanda de
servicios defensoriales.
Objetivo 1: Mejorar la capacidad de oferta de la Defensoría
Pública de acuerdo a las exigencias de la demanda en el territorio
nacional.
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Objetivo 2: Brindar un servicio eficiente, de calidad, calidez y
oportunidad.
Objetivo 3: Establecer los modelos de gestión de la Defensoría
Pública flexibles que se articulen a la Función Judicial y a las
demandas de la ciudadanía.
Eje Sistema Nacional de Defensa Pública:
La Defensoría Pública tiene la competencia de acreditar a los
consultorios jurídicos de las universidades, con quienes se
propone establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar la
cobertura de servicios defensoriales. La red de prestación de
servicios se denominará Sistema Nacional de Defensa Pública.
Objetivo 4: Garantizar el acceso a los servicios del Sistema
Nacional de Defensa Pública gratuita y de calidad para el ejercicio
de los derechos de las y los ciudadanos.
Eje Comunicación Corporativa:
La Defensoría Pública, al ser una institución relativamente nueva,
no es lo suficientemente conocida por la ciudadanía, por lo cual
se estableció como eje estratégico a la Comunicación Corporativa
que permitirá que los ciudadanos conozcan y accedan a los
servicios que presta la Defensoría Pública para garantizar sus
derechos.
Objetivo 5: Lograr que la Defensoría Pública sea reconocida por
la sociedad como una institución transparente y eficiente que
facilita el acceso gratuito a la justicia.
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Objetivo 6: Establecer un sistema de comunicación y
coordinación interna para contribuir a mejorar la cultura
organizacional.
Eje Cultura de Paz:
La Defensoría Pública busca reducir el nivel de judicialización de
casos a través de la solución alternativa de conflictos, lo que
contribuiría a descongestionar el sistema judicial y permitiría un
diálogo constructivo capaz de garantizar y restituir derechos a la
ciudadanía.
Objetivo 7: Promover una cultura de paz para el fortalecimiento
del ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través de la
solución alternativa de conflictos.
Eje Coordinación con el Sector Justicia:
Al ser parte del sistema de justicia la Defensoría Pública necesita
coordinar sus acciones con los otros entes del sistema para
ofrecer un servicio oportuno a la ciudadanía.
Objetivo 8: Coordinar y contribuir con el fortalecimiento de la
Función Judicial para el ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales de los ciudadanos.
5.3. Relación con los objetivos del PNBV
El Plan Estratégico de la Defensoría Pública se encuentra alineado al
Plan Nacional del Buen Vivir, específicamente, con el objetivo 6:
“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los derechos humanos”.
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5.4. Cumplimiento de los objetivos programados
En el año 2016, para el seguimiento y evaluación de la Planificación
Estratégica Institucional, continuamos aplicando la metodología del
“Cuadro de Mando Integral” (CMI), que es una herramienta de
planificación y control de gestión, adaptada a las características propias
de la entidad y orientada al cumplimiento de la misión, a través del
establecimiento de indicadores, objetivos y metas, que permitan
analizar los resultados alcanzados y los recursos utilizados.
Para su desarrollo se realizaron varios talleres con el personal directivo
y operativo en los que se acordaron las siguientes líneas de acción para
el cumplimiento de la misión institucional:
5.4.1. Mapa estratégico
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En el marco metodológico del CMI, como se puede observar en el cuadro
anterior, para el cumplimiento del mapa estratégico se plantearon
varias iniciativas a través de actividades que en su conjunto
contribuyen a cumplir con los objetivos institucionales tanto
estratégicos como operativos. Las iniciativas se encuentran
relacionadas con los productos y / o servicios, tanto internos como
externos que debe cumplir cada área administrativa; estos se
encuentran registrados en el Estatuto Orgánico vigente, el mismo que
se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional.
De acuerdo a las iniciativas propuestas por cada una de las direcciones
y provincias, se han realizado varios ejercicios de evaluación y
seguimiento los mismos que revelan un alto grado de cumplimiento y
resultados positivos sobre su gestión, tal como se presenta en el cuadro
siguiente:
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El índice de cumplimiento institucional es del 92 % que corresponde al
promedio ponderado de los avances obtenidos por cada dirección y que
sirve de referencia para medir la eficiencia durante el período de
gestión. Además, en el cuadro siguiente se presentan las metas y
avances logrados en la prestación de nuestros servicios que
consideramos es la parte sustantiva de la Defensoría Pública.
Como se puede observar, la Defensoría Pública atendió en el año 2016 a
un total de 331 033 usuarios, de los cuales 158 500 se patrocinaron en
materia penal, 126 505 en materia no penal, y se asesoraron a 43 238
usuarios, con una capacidad técnica de 733 defensores que ganaron el
concurso de méritos y oposición realizado por el Consejo de la
Judicatura. Nuestro grupo objetivo son las personas en estado de
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indefensión, dando cumplimiento a la disposición constitucional de
atender a los grupos de atención prioritaria para garantizar el acceso a
la justicia en igualdad de condiciones. En cuanto a la cobertura, al 31
de diciembre, contamos con 205 puntos de atención lo que ha permitido
llegar con nuestros servicios a las 24 provincias del país.
A través del programa Defensorías móviles se ubicaron las unidades
móviles en 74 barrios marginalizados y parroquias para dar servicio de
asesoría legal a 4091 usuarios; además, mediante charlas se
capacitaron en derechos y cultura de paz a un total de 1453
ciudadanos.
Durante el año 2016 la Defensoría Pública dio a conocer sus servicios a
la población de todas las provincias del país mediante 234 ferias
ciudadanas.
La Defensoría Pública aplica mecanismos alternativos de solución de
conflictos, a través de su Centro de Mediación en el que se atendió 2436
causas sobre temas de mediación de conflictos.
5.4.2. Programas y proyectos iniciados
en la gestión y estado de los mismos
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) incluyó
en el Plan Anual de Inversión (PAI) 2016, el proyecto de
“Estandarización de la prestación de servicios en consultorios jurídicos”
CUP # 020150000.0000.376307, con el presupuesto de 7850 dólares.
No obstante, el Ministerio de Finanzas, por restricciones económicas, no
procedió a la asignación de recursos para su ejecución. Es por esta
32
razón que la Institución no mantiene ejecución presupuestaria sobre el
tema de los Proyectos de Inversión.
5.4.3. Estándares de calidad
Mediante la resolución No.- DP-DPG-2012-073, de agosto de 2012, el
Defensor Público General, Ernesto Pazmiño, expidió los estándares de
calidad para la actuación de los defensores públicos en Patrocinio
Penal. Los estándares de calidad son normas cuyo objetivo es que los
defensores públicos penales desarrollen su función según parámetros
de actuación, que procuren maximizar los derechos e intereses de los
usuarios, brindando servicios legales gratuitos de alta calidad.
Los estándares de calidad que aplica la Defensoría Pública son los
siguientes: simplificación; uniformidad; eficacia; inmediación; celeridad;
economía procesal; debido proceso.
33
6. RECURSOS
6.1. Presupuesto
La Defensoría Pública inició el 2016 con un presupuesto asignado de 37
millones 9485 dólares. Debido a la crisis económica nacional e
internacional, se recortaron 639 217,72 dólares. Es así que el
presupuesto real con el que contó la institución durante el año fue de
36 millones 370 267,28 dólares, del cual se ejecutó el 99,96 por ciento.
De este monto, el mayor rubro corresponde a los gastos en personal
(pago de remuneraciones) que representan el 93,42 por ciento, es decir,
34 millones 272 013,74 dólares ejecutados en 100 por ciento este año.
Este ítem es una prioridad para la institución, pues de acuerdo a los
objetivos misionales es indispensable contar con el número adecuado
de defensoras y defensores públicos para brindar una cobertura y un
servicio de calidad a la ciudadanía. De igual manera se necesita contar
con el personal idóneo en las áreas habilitantes de apoyo para que el
equipo misional disponga de los recursos institucionales necesarios
para realizar su trabajo.
El segundo rubro que cuenta con mayor asignación presupuestaria es
el de Bienes y Servicios de Consumo, que corresponde al 6,5 por ciento
del monto total asignado para el 2016, esto es un millón 937 076,56
dólares. Se logró una ejecución del 99.33 por ciento en este campo,
dentro del que constan rubros necesarios para el funcionamiento de la
institución y para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios y
34
usuarias a nivel nacional, como telecomunicaciones, arriendos y
mantenimiento de las oficinas.
El rubro restante, que corresponde a menos del uno por ciento del
presupuesto, se divide entre otros gastos corrientes y bienes de larga
duración, que representan el 0,06 y el 0,02 por ciento respectivamente,
y que fueron ejecutados en un 99,98 y 99,96 por ciento.
6.1.1. Ejecución presupuestaria
El porcentaje total de la ejecución presupuestaria es el resultado de la
relación del presupuesto devengado con el codificado.
Fuente: eSIGEF
6.2. Talento Humano
Luego de un riguroso concurso público de méritos y oposición llevado
adelante por el Consejo de la Judicatura, 733 profesionales del Derecho
fueron posesionados –con nombramientos definitivos- como defensores
públicos.
35
En enero de 2016 culminó el curso de Formación Inicial para ingresar a
la Carrera Defensorial dirigida por la Escuela Judicial del Consejo de la
Judicatura, cuyo proceso tuvo una duración de diez meses. A esta
etapa ingresaron un total de 1273 aspirantes a defensores públicos, de
los cuales se seleccionaron a los 733 mejores puntuados para ocupar
las vacantes a nivel nacional.
La calificación para la fase de méritos y oposición se realizó sobre 100
puntos distribuidos en méritos (instrucción formal, experiencia,
reconocimiento académico, capacitación) sobre 15 puntos y oposición
(prueba teórica y práctica) sobre 35 y 50 puntos respectivamente.
Posteriormente, se publicó un informe final con el detalle de los
postulantes habilitados (de acuerdo al puntaje obtenido).
El martes 5 de abril del 2016, en la Asamblea Nacional, el Consejo de la
Judicatura y la Defensoría Pública posesionaron a 373 defensores(as)
públicos de carrera, correspondientes a la región centro norte.
Mientras que los otros restantes fueron posesionados en las respectivas
provincias a las que fueron asignados.
De esta forma, Ecuador alcanza el promedio regional de 4.4 defensores
públicos por cada 100 mil habitantes, lo cual fortalece el sistema y
garantiza el acceso de los ciudadanos a la justicia.
36
6.2.1. Personal de la Defensoría Pública por género a nivel nacional
La Defensoría Pública es una Institución comprometida con los
principios constitucionales de equidad e igualdad, por tanto, tiene como
política interna transversalizar el enfoque de género en toda su gestión
y la búsqueda de la paridad entre hombres y mujeres en la composición
del personal. Es así que el 45 por ciento de su personal es femenino y el
55 es masculino.
6.2.2. Composición del personal de las áreas dedicadas a la
defensa: Patrocinio Social, Patrocinio Penal y
Multicompetente
En sus inicios, la Defensoría Pública únicamente brindaba patrocinio
legal en el ámbito penal. Sin embargo, las demandas de la ciudadanía,
el crecimiento de la Institución y las nuevas funciones asignadas por
37
mandato constitucional, permitieron la apertura de nuevas materias de
atención en el servicio de patrocinio social y multicompetente. El cuadro
que sigue muestra la distribución de defensores por materia.
6.2.3. Nivel de instrucción del personal
En cuanto al nivel de instrucción del personal es preciso señalar que el
77 por ciento tiene instrucción de tercer y cuarto nivel, es decir, grado
universitario y postgrado.
Esto demuestra que el personal que actualmente labora en la
Institución está capacitado para llevar adelante las funciones
encomendadas. Sin embargo, la Defensoría Pública trabaja
38
continuamente en reforzar las capacidades del talento humano
mediante la ejecución de un plan de capacitaciones.
6.2.4. Defensores públicos por provincias
La Defensoría Pública tiene como uno de los objetivos de su
planificación estratégica mejorar la capacidad de oferta de los servicios
de defensa de acuerdo con la demanda en el territorio nacional. Esto
implica contar con el número adecuado de defensores(as) en cada
provincia del país. En el cuadro que se encuentra a continuación,
consta la distribución de los defensores por provincias.
39
40
6.3. Capacitación
Con la finalidad de fortalecer y ampliar los conocimientos de quienes
trabajan en la institución y, principalmente, de los servidores(as) que
están en contacto con los usuarios, la Defensoría Pública, durante el
año 2016, realizó 287 eventos de capacitación a nivel nacional en
distintas materias.
Con una inversión de alrededor de 26 mil dólares, los funcionarios de la
institución recibieron un promedio de cuatro capacitaciones al año, no
obstante, solo 11 de las 287 capacitaciones representaron costos a la
institución. Además, un número significativo de eventos fueron
auspiciados por la Contraloría General del Estado, Consejo de la
Judicatura y organizaciones como Tierra de Hombres, PRIVA y CEDEAL
y ACNUR.
Los principales temas en los que se capacitó al personal fueron:
litigación oral en audiencias de flagrancia, justicia juvenil restaurativa,
materia penal, mediación y movilidad humana.
Por otro lado, en el área administrativa, los funcionarios se capacitaron
principalmente en control en la gestión pública, compras públicas y
organización de archivos.
41
*La participación de los funcionarios ha sido en un promedio de cuatro capacitaciones por persona.
42
7. LOGROS ALCANZADOS EN EL 2016
_____________________________________________________________________
7.1. Atención a la ciudadanía
En el 2016, la Defensoría Pública procesó 331 033 solicitudes
ciudadanas de atención entre los patrocinios Social y Penal, asesorías y
Mediación.
43
Del total nacional, 126 509 corresponden al área social, en la que se
patrocinan demandas de alimentos, laborales, tierras, inquilinato, entre
otras materias. En cambio, en el área penal, la cifra de atención fue de
158 850 solicitudes, que incluyen los patrocinios en violencia contra la
mujer y miembros del núcleo familiar (contraventores y víctimas de
violencia), defensa de víctimas, adolescentes infractores y ejecución de
la pena. En asesorías, la Defensoría Pública recibió 43 238 consultas en
diferentes materias que no fueron judicializadas.
En el 2016, la Defensoría Pública recibió las solicitudes ciudadanas de
168 174 mujeres, lo que implica un 51 por ciento; los hombres
representan un 49 por ciento con 162 824 solicitudes.
44
7.1.2. Atención en el área penal
En el 2016, la Defensoría realizó 158 850 patrocinios penales, 30 801
patrocinios más que en el 2015, lo que implica un incremento del 24
por ciento; también efectuó 19 974 asesorías y primeras atenciones en
temas penales.
Los delitos contra la propiedad son el primer rubro de atención en el
área penal con el 20 por ciento, seguido por las contravenciones en
violencia intrafamiliar con 15 por ciento y los delitos de drogas en 11
por ciento.
45
Del total de personas atendidas en el área penal, el 76 por ciento son
hombres: 121 156 varones solicitaron el patrocinio de la Defensoría
Pública, mientras que 37 694 mujeres, que representan el 24 por
ciento, demandaron atención como se muestra en el cuadro que está a
continuación.
7.1.3. Atención en violencia contra la mujer
y miembros del núcleo familiar
El incremento de la violencia de género en el Ecuador ha generado un
mayor trabajo y esfuerzo en los servicios de la Defensoría Pública.
Desde su creación hasta fines del año 2016, la Defensoría ha atendido a
más de 500 000 mujeres que han requerido asistencia jurídica,
46
principalmente en materia de alimentos, materia penal y violencia
contra la mujer y la familia.
El 2016, la Defensoría Pública patrocinó 22 761 casos en violencia
contra la mujer y miembros del núcleo familiar, que incluyen violencia
física, sexual y sicológica. De esta cifra, los contraventores representan
el 37 por ciento, ante lo cual es preciso explicar que la Defensoría
también patrocina a los acusados para garantizar su presencia en el
proceso y que las causas de violencia contra las mujeres no queden en
la impunidad.
A lo largo del 2016, además de los patrocinios y asesorías, se realizó
una serie de actividades entre las que destacamos las siguientes:
1. Trabajo de las unidades móviles: con las unidades móviles se llevó los
servicios de asesoría, mediación y patrocinio a las mujeres de escasos
recursos económicos que viven en barrios rurales de Pichincha,
47
principalmente, en materia de pensiones alimenticias y asesoría en
temas de violencia intrafamiliar.
2. Redes de trabajo: en el 2016 se afianzaron redes de trabajo con
instituciones del Estado y de la sociedad civil, con el objetivo de lograr
una labor coordinada. Así, la Defensoría Pública trabajó con las
instituciones del sistema de justicia, con ONU Mujeres y la ONG
CEDEAL; como integrante del Plan Nacional para la Erradicación de la
Violencia de Género, a cargo del Ministerio de Justicia, participó en
varias reuniones para fortalecer la política pública de atención a las
mujeres.
3. Discurso público: Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, lideró
un eficaz discurso por los derechos humanos de las mujeres, plasmado
en el derecho a una vida libre de violencia. Entre los principales
eventos, intervino en el foro “Voces diversas contra la violencia de
género”, con la participación de mujeres lideresas a nivel nacional; y en
el encuentro nacional de mujeres “Avanzando por Nuestros Derechos”,
organizado por el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios
Alternativos (CEDEAL), el 23 de noviembre. A este evento, que se
desarrolló en la Casa de la Espiritualidad de Nuestra Señora del
Quinche, en Quito, asistieron más de cien lideresas de las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Cotopaxi, Chimborazo, Loja e
Imbabura.
48
Evento del 23 de noviembre, en Quito.
4. Propuesta de reforma: para dar cumplimiento a una de las
recomendaciones a Ecuador por parte del Comité de la CEDAW, la
Defensoría Pública presentó a la Asamblea Nacional, el 6 de julio de
2016, la propuesta de despenalización del aborto en casos de delitos
sexuales.
5. Capacitación en género: en 2016 se mantuvo el proceso de
capacitación a defensores y defensoras públicas en materia de derechos
humanos y género. Se puso especial énfasis en los defensores que
ganaron el concurso y se incorporaron a la Defensoría en abril del
2016.
49
CEDEAL brindó una capacitación en materia de género a defensores públicos en la
Universidad Central, en mayo de 2016.
6. Guía de trabajo: como herramienta de trabajo, se entregó a todos los
defensores y defensoras públicas el “Protocolo para la actuación de los
Defensoría Pública en los casos de violencia contra la mujer y miembros
del grupo familiar” para facilitar el patrocinio a las víctimas de
violencia.
50
7.1.4. Movilidad Humana
El 2016, el trabajo de la Defensoría Pública para ejecutar y fortalecer
su política orientada a la inclusión de todas las personas que se
encuentran en condiciones de movilidad humana, se desarrolló en tres
grandes ejes: instrumentos técnicos y protocolos de actuación; gestión
misional y patrocinio de casos; y, en tercer lugar, capacitación. Todo
esto con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y defender los
derechos de las personas que forman parte de este grupo.
Además, en el 2016, la Defensoría Pública llevó adelante 1502
patrocinios y 129 asesorías. De este grupo, el 78 por ciento fueron
hombres y el 22 por ciento mujeres.
51
En el marco de fortalecimiento y ampliación de la atención, la
Defensoría puso en marcha una serie de estrategias institucionales
para mejorar sus servicios en esta materia:
1. Flujograma de movilidad y niños y niñas no acompañados: se
diseñó y fijó la ruta de atención a menores no acompañados y
separados que inicien el proceso de determinación de la
condición de refugiado. Se consideró que los defensores públicos
puedan acompañarlos en estos procesos para garantizar el
respeto de sus derechos.
2. Resolución sobre deportaciones: durante el primer trimestre
del 2016 se elaboró una resolución para la atención a personas
en condición de movilidad humana sometidas a procesos de
deportación. La resolución se encuentra publicada en el Registro
Oficial 727 del 6 abril del 2016; constituye un primer paso
importante en la institucionalización de los procesos de atención
a refugiados y migrantes.
52
3. Aportes a la Ley de Movilidad Humana: la ley de migración,
vigente hasta diciembre de 2016, contenía dentro de su cuerpo
normativo varias disposiciones anacrónicas respecto de la
Constitución del 2008. En este sentido, la Asamblea Nacional
realizó el tratamiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana,
en cuyo proceso la Defensoría Pública presentó aportes al texto
original del proyecto a través de una comparecencia ante la
Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional.
4. Renovación del convenio con ACNUR: con base en el
cumplimiento del mandato de ambas instituciones, tanto la
Oficina del ACNUR como la Defensoría Pública, vieron necesaria
la renovación del convenio de cooperación interinstitucional.
Esto favorece al cumplimiento de los objetivos de ambas
instituciones en tanto que, por una parte el ACNUR fortalece la
protección a las personas de interés desarrollando capacidades
en instituciones estatales; y por otro lado la Defensoría Publica
amplía sus servicios en miras a garantizar el acceso a la justicia
para los grupos de atención prioritaria.
5. Renovación del convenio con Asylum Access: durante el
período se renovó el convenio con Asylum Access, institución
cuya finalidad es asesorar a las personas refugiadas sobre el
proceso de determinación de la condición de refugiado y los
recursos jurídicos para garantizar sus derechos. Por la
experiencia práctica de esta institución y el nuevo rol de la
Defensoría Publica frente a los casos de refugio, la renovación del
convenio de cooperación se ha encaminado al fortalecimiento
institucional, remisión de casos capacitación de los defensores
públicos para desarrollar competencias clave en la materia y
brindar una atención de calidad.
6. Gestión nacional y patrocinio de casos: en la operación de la
Red nacional de defensores públicos en movilidad humana se
presentó durante este año una experiencia exitosa en el trabajo
53
realizado en el Aeropuerto Internacional de Guayaquil. Además,
se implementó el patrocinio emergente para garantizar los
derechos en los procesos de deportación de los ciudadanos
cubanos.
7. Litigio Estratégico: en cuanto al litigio estratégico se constituyó
un grupo interinstitucional de movilidad del cual forman parte,
además de la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la
Universidad Andina Simón Bolívar, la fundación Asylum Access y
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, se
brindó asistencia técnica para lograr sentencias favorables en los
casos de El Turi, Hijo del Sol y Hábeas Corpus en el aeropuerto
internacional de Tababela.
8. Reporte de capacitación a defensores públicos: dentro del
Convenio de Cooperación entre ACNUR y la Defensoría Pública,
uno de los componentes principales es la capacitación a los
defensores públicos. En este marco se llevaron a cabo jornadas
de capacitación en movilidad humana y refugio en las siguientes
provincias: Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Guayas, Carchi,
Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas. Los temas abordados en
estas capacitaciones parten desde lo teórico conceptual al
análisis de casos prácticos, abarcando los temas relacionados
con el derecho internacional de los refugiados, principales
instrumentos internacionales sobre migraciones, aplicación del
refugio en el Ecuador y audiencias de deportación.
a) Reporte de capacitación a actores de justicia: en las
provincias de Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas,
Orellana, Sucumbíos, Tulcán y Azuay, por medio de la
coordinación con las oficinas provinciales de la Defensoría
Pública y las oficinas de ACNUR, se capacitó a los actores del
sistema de justicia, abordando la audiencia de deportación y las
garantías a los derechos dentro de este proceso.
54
b) Reporte de capacitación a otros actores: dentro de este
período, se participó en la capacitación nacional a los
funcionarios de los puntos de atención migratoria a nivel
nacional, llevando a cabo ocho jornadas de capacitación en la
ciudad de Quito, cuatro en Guayaquil, y uno en Tulcán,
Huaquillas y Loja respectivamente.
En este mismo sentido, se capacitó a los consultorios jurídicos
de la Universidad Católica de Cuenca y de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra, en temas relativos
a la aplicación de las garantías constitucionales en la defensa de
los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
7.1.5. Adolescentes en conflicto con la Ley
La Defensoría Pública reconoce el interés superior del niño, niña y
adolescentes, y cumple con su obligación de brindar una defensa
adecuada a los adolescentes en conflicto con la ley, con base en lo
señalado en la Constitución.
Ante esto, los logros principales en el 2016 han sido los siguientes: a)
atención a más del 85 por ciento de la población de adolescentes en
conflicto con la ley a nivel nacional; b) fortalecimiento de las
capacidades técnico - jurídicas de los defensores(as) públicos, quienes
patrocinan la defensa de los adolescentes a nivel nacional; c)
capacitación en las provincias que cuentan con mayor población de
adolescentes en conflicto con la ley, en el manejo de la “Guía práctica
para el litigio en justicia penal juvenil”, con el objetivo de orientar el
trabajo de los defensores públicos.
55
Con esto la Defensoría Pública busca contar con un proceso de atención
especializado para los adolescentes en conflicto con la ley y pretende
asegurar a los mismos una defensa técnica, profesional, especializada y
orientada a su educación, integración familiar e inclusión constructiva
a la sociedad.
7.2. Atención en el área social
El patrocinio social de la Defensoría Pública incluye las materias no
penales de atención a la ciudadanía. En este grupo se encuentran las
demandas de alimentos con sus diferentes tipos, las demandas
laborales, legalizaciones de tierras, entre otras materias.
En 2016, la institución recibió 126 509 solicitudes ciudadanas de
atención; esta cifra significa el 44,33 por ciento del total del trabajo
misional. Y en esta área, Familia, Niñez y Adolescencia representan el
80,42 por ciento como se demuestra en el gráfico que está a
continuación.
56
7.2.1. Familia, niñez y adolescencia
En derechos de familia, la Defensoría Pública recibió 101 737
solicitudes de atención en 2016 y, de esta cifra, alimentos significó el
66,25 por ciento con 67 405 solicitudes, como se muestra en el cuadro
a continuación.
57
Las cifras son el reflejo de una necesidad imperiosa que tienen las
mujeres ecuatorianas por contar con un abogado gratuito que patrocine
sus causas, para obtener una pensión para sus hijos. En este sentido,
la Defensoría Pública se ha convertido en un referente fundamental
para que las niñas y niños del Ecuador puedan acceder a una pensión
de alimentos, pero también para aportar a una cultura de
responsabilidad de los padres con sus hijos.
58
7.2.2. Demandas laborales
Después de alimentos, laboral es la materia de mayor solicitud de
atención. El 2016 se receptaron 16 111 pedidos de patrocinio, de los
cuales Pichincha y Guayas, como ha ocurrido en todos los años de
prestación de este servicio (desde 2012), son las provincias donde se
presenta la mayor cantidad de casos. Guayas tuvo 3984 solicitudes que
representan el 24.73 por ciento, mientras que Pichincha recibió 3430
que significan el 21.29 por ciento.
59
7.3. Mediación
La mediación es un servicio rápido, efectivo y gratuito al que pueden
acceder todas y todos los ciudadanos. Permite la construcción de
acuerdos voluntarios, de beneficio mutuo y con mayor agilidad, sin la
necesidad de llegar a un juicio. En esta área, la Defensoría Pública llevó
2436 casos.
7.4. Consultorios jurídicos gratuitos
La Defensoría Pública realiza un seguimiento permanente a la gestión
de los consultorios jurídicos gratuitos, mediante la revisión de los casos
asesorados y patrocinados, y los planes de fortalecimiento. En el 2016,
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Acreditación y
Funcionamiento de los Consultorios Jurídicos Gratuitos, la Defensoría
Pública llevó a cabo una evaluación integral a los consultorios
acreditados. Esto, con la finalidad de analizar los avances en su
fortalecimiento, para lo cual elaboró una metodología con indicadores
de cumplimiento que permitieron diagnosticar las condiciones en las
cuales los consultorios brindan el servicio.
A continuación se detalla un consolidado de los ámbitos evaluados en
los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades:
60
Durante el 2016 se trabajó con 59 consultorios jurídicos gratuitos
acreditados, de los cuales 53 pertenecen a las universidades, cinco a
gobiernos autónomos descentralizados y uno a una organización no
gubernamental. Cabe recalcar que en los consultorios jurídicos
gratuitos que no pertenecen a las universidades, como los de los
gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones no
gubernamentales, no se considera el criterio de gestión académica para
su evaluación y, en lo que se refiere a gestión interna, se pondera entre
desarrollo organizacional y gestión financiera.
La evaluación integral se realizó a nivel nacional a 54 consultorios, que
renovaron su acreditación en el período de octubre a diciembre del
2016. El resultado fue favorable: el 72 por ciento de los consultorios
jurídicos gratuitos evaluados alcanzaron un cumplimiento satisfactorio
de los estándares de funcionamiento para brindar un servicio de
61
calidad; el 19 por ciento obtuvieron una calificación altamente
satisfactoria; y, el 9 por ciento restante corresponde a una evaluación
baja.
Anexo 4: listado de consultorios jurídicos gratuitos con direcciones.
62
7.5. Participación ciudadana
7.5.1. Rendición de cuentas en las 24 provincias
Tal como dispone la Constitución y la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, la Defensoría Pública rindió cuentas a la ciudadanía sobre
la gestión 2015, de acuerdo con el calendario establecido por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En enero de 2016, un equipo técnico de la Defensoría Pública, con la
colaboración de todas sus áreas, planificó y coordinó la organización del
proceso de rendición de cuentas 2015 en las 24 provincias del país.
Los procesos de rendición de cuentas brindaron la oportunidad de
mostrar a los usuarios(as) el trabajo diario que se realiza en la
Institución, transparentar la gestión y administración de los recursos
que asigna el Estado. Así mismo, se aprovechó la oportunidad para
conocer cuáles fueron las necesidades y demandas de la ciudadanía
gracias al espacio de retroalimentación que se generó.
Desde el 15 de enero hasta el 12 de marzo de 2016 se realizaron 24
asambleas ciudadanas, una por provincia; además, una nacional
liderada por el Defensor Público General del Ecuador, Ernesto Pazmiño;
otras con los defensores públicos regionales del Litoral, del Austro y
Centro Norte.
En todo el país se contó con la participación de 2036 ciudadanos(as):
1540 mujeres y 1090 hombres en su mayoría usuarios(as) de los
servicios que ofrece la Institución (mujeres; adolescentes; adultos
63
mayores; campesinos(as); trabajadores; niños(as); personas con
discapacidad, entre otras).
Durante estas jornadas, los participantes intervinieron activamente
realizando sus aportes, comentarios, sugerencias; manifestando sus
requerimientos y haciendo públicos sus agradecimientos por los
servicios recibidos durante el 2015.
Finalmente, el 12 de abril de 2016 se cerró este proceso con la entrega
del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social; de esta manera se cumplió a cabalidad con
esta responsabilidad constitucional.
7.5.2. Compromisos adquiridos con la ciudadanía
En el Informe de Labores sobre la gestión del 2015, el Defensor Público
General se comprometió a impulsar durante el 2016, tres acciones
clave: 1) mantener y mejorar el servicio; 2) contar con personal
especializado en las áreas más sensibles; y, 3) y fortalecer la vinculación
con la ciudadanía.
Cada uno de estos lineamientos fue ejecutado a través de la labor diaria
institucional en las distintas actividades que se llevan a cabo, las
mismas que obedecen a las metas y objetivos del Plan Estratégico
Institucional vigente hasta el 2018.
64
7.5.3. Ferias de atención ciudadana
La Defensoría Pública durante el 2016 continuó con su directriz de
fortalecer las relaciones con la ciudadanía y acercarse más a ella
ofreciendo sus servicios directamente.
Promover la cercanía con la gente, escuchar y satisfacer sus
necesidades, servir con eficiencia y calidez a quienes son la razón de ser
de la Defensoría, son preceptos que responden a los valores y
disposiciones que el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño
Granizo, concibe como prioridades para los defensores(as) públicos.
Otro elemento importante a considerar dentro de este enfoque de
fortalecimiento del vínculo con los usuarios(as), fue la difusión de los
servicios gratuitos que la Institución ofrece, con la finalidad de que las
personas conozcan sus derechos y estén al tanto de que cuentan con
una entidad que garantiza su defensa y acceso a la justicia.
Es así como los coordinadores provinciales realizaron varias jornadas
de difusión de servicios por su propia iniciativa. En algunas ocasiones,
los eventos se realizaron de manera conjunta y coordinada con otras
entidades públicas, organizaciones sociales y gobiernos autónomos
descentralizados.
Durante el 2016, se realizaron 234 eventos que tuvieron un alcance de
alrededor de 18 649 ciudadanos(as) a nivel nacional. Los defensores(as)
públicos(as) organizaron y participaron en jornadas diarias, incluso
fuera del horario de trabajo, sábados y domingos, sin que esto
signifique gasto alguno para el Estado. Visitaron las comunidades en
65
más de 154 cantones y 228 locaciones en todo el país, en las que aún
no se cuenta con puntos de atención. Se instalaron carpas de atención,
ferias ciudadanas, se organizaron charlas y talleres en escuelas,
colegios, hospitales, entidades públicas, casas barriales, juntas
parroquiales, etc.
Los temas en los que se enfocó este trabajo estuvieron relacionados con
la violencia intrafamiliar y de género; derechos laborales; paternidad y
pensiones de alimentos; prevención del uso de drogas y tipificaciones de
delito; beneficios penitenciarios; normas de tránsito y sanciones;
violencia sexual; legalización, regularización y protección dentro de
procesos migratorios; atención a víctimas, entre otros concernientes y
de interés para grupos de atención prioritaria.
7.5.4. Difusión de derechos
La Defensoría Pública llevó a cabo varias iniciativas para difundir sus
servicios a la ciudadanía. Una de estas fue la realización de campañas
específicas a través de redes sociales, que tenían como finalidad que la
comunidad congregada en estos espacios virtuales conociera detalles
sobre los diversos servicios legales que ofrece la Institución.
En el caso de la Defensoría Pública, 28 220 personas siguen el perfil de
la institución en Facebook y 11 589 siguen la cuenta de Twitter.
Con base en estos datos se determinó la importancia de difundir los
servicios a través de estos canales. Es así que durante el 2016 se
llevaron a cabo 12 campañas específicas, de acuerdo al siguiente
detalle:
66
67
Uno de los principales objetivos comunicacionales de la Defensoría
Pública es lograr que la ciudadanía conozca los servicios
institucionales, a través de los cuales puede garantizar el respeto de sus
derechos. Es así que durante el 2016, gran parte de sus campañas se
centraron en informar a la ciudadanía en dónde están ubicados
nuestros puntos de atención a nivel nacional, el servicio de la línea 151
para realizar consultas legales y los servicios que ofrece la Institución.
68
En el 2016, luego de un exigente concurso público de méritos y
oposición, 733 aspirantes a nivel nacional pasaron las pruebas y
accedieron a los nombramientos definitivos como defensores públicos
del país. En este marco, durante abril se desarrolló una campaña para
dar la bienvenida a los nuevos funcionarios y en octubre, en
conmemoración del día del Defensor(a), se implementó otra en la que
los defensores y defensoras públicas describieron lo que significa para
ellos realizar esta labor. La campaña fue realizada en este formato:
69
Además, durante abril, mayo y junio, la Defensoría Pública se sumó a
las campañas de donaciones de víveres y vestimenta para las personas
damnificadas por el terremoto que afectó la costa ecuatoriana el 16 de
abril. A través de las redes sociales se convocó a la ciudadanía a realizar
donaciones periódicas.
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Durante julio, la Defensoría Pública y su primera autoridad se sumaron
a la campaña social “Sin Rastros Perdidos”. Esta iniciativa ciudadana,
nació de la necesidad de combatir tanto el fenómeno de la desaparición
en el Ecuador como la indiferencia que lamentablemente muestran las
personas hacia este problema.
En el proyecto de las Defensorías Móviles, se trabajó una campaña para
informar mediante las redes sociales cuáles serían los sectores rurales
de la provincia de Pichincha en los que estarían las oficinas móviles de
la Defensoría Pública brindando servicio a la ciudadanía.
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Finalmente, al cerrar el año se realizaron dos campañas para visibilizar
en cifras el trabajo institucional y que a través de ellas se constate la
cantidad de personas que defienden sus derechos mediante la
Defensoría Pública, así como la difusión de casos emblemáticos, que
son una muestra del trabajo diario que se realiza en la institución.
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7.5.5. Producción comunicacional
Durante el año se difundieron 310 noticias mediante boletines,
fotonotas y miniboletines sobre cifras de atención, casos emblemáticos,
participación en eventos de justicia, capacitaciones, actividades
formales de las autoridades, ferias, carpas de atención, entre otros.
Esta información fue transmitida a la ciudadanía, a medios de
comunicación y al personal a través de la página web institucional, las
redes sociales y boletines informativos.
También se realizó el diseño y publicación de cuatro ediciones de la
revista institucional Defensa y Justicia que ha logrado ser uno de los
productos comunicacionales de mayor impacto institucional.
El objetivo de la Defensoría Pública es aportar al debate nacional con
una revista de corte académico que analice los temas de coyuntura,
relacionados, sobre todo, a derechos y justicia. También tiene una
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importante mirada regional, pues los análisis se elaboran en función del
contexto latinoamericano que permiten ubicar al Ecuador de manera
referencial con los otros países de la región.
7.5.6. Defensorías móviles
Las defensorías móviles de la Defensoría Pública empezaron a visitar los
barrios y comunidades de Quito desde abril de 2015. Durante el 2016,
4091 personas recibieron asesoría legal gratuita en 74 barrios, entre los
que se destacan Quitumbe, San Bartolo, La Mena, Calderón, Chilibulo,
Guamaní, El Quinche y Tumbaco.
Además, del 21 al 24 de julio, la defensoría móvil visitó varios sectores
de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de
74
difundir los servicios que brinda la institución. La difusión empezó con
la visita de una defensoría móvil al mercado de mariscos “17 de
Diciembre”. Posteriormente, el 22 de julio, en el parque central de Santo
Domingo, los defensores ampliaron la asesoría en temas como familia,
niñez y adolescencia, divorcios, violencia intrafamiliar, entre otros.
Finalmente, la defensoría móvil visitó la parroquia La Concordia y
realizó un recorrido en la comuna “Colorados del Búa”. Durante esta
campaña de difusión se atendió a 160 personas.
Las materias que más consultas registran son demandas de alimentos,
legalización de escrituras, derechos laborales y divorcios por mutuo
acuerdo con hijos de por medio.
Por otro lado, un equipo de servidores(as) de la Defensoría Pública se
visitó los barrios antes de que lleguen las defensorías móviles para
informar los servicios que brinda la institución y realizar una formación
en derechos, esto permite que los habitantes del sector determinen las
consultas que pueden realizar cuando la unidad los visite. En total,
1453 personas participaron en las charlas de formación ciudadana.
Atención en Pedernales: el 2016, las unidades móviles de la
Defensoría Pública también ofrecieron sus servicios a las familias
víctimas del terremoto del 16 de abril en la provincia de Manabí. Las
unidades móviles funcionaron como oficinas para que los sicólogos del
Ministerio de Salud brindaran ayuda sicológica y emocional a las
personas afectadas por el terremoto. Además, varios funcionarios de la
Defensoría Pública se sumaron al viaje como voluntarios para atender a
la población vulnerable.
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8. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
______________________________________________________________________
La Defensoría Pública desarrolló aportes fundamentales a la legislación
de justicia, al asistir a las comisiones legislativas para dar a conocer los
puntos de vista jurídicos que se observaron desde los preceptos de la
Defensoría Pública General sobre proyectos de ley en curso; así como
presentar ante la Asamblea Nacional dos iniciativas legislativas
fundamentales de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley
Orgánica de la Función Judicial.
El 7 de julio, el Defensor Público General entregó a la Asamblea
Nacional su propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal
(COIP), bajo los preceptos de que “toda sociedad democrática tiene en la
justicia su fundamento esencial; ningún sistema de justicia en el
mundo es perfecto y nadie tiene que molestarse cuando una autoridad
del sector presenta propuestas para mejorarlo”.
Con su propuesta de reformas a la normativa pretende que esta sea
más humana, más justa y que la persona se defienda en libertad.
Dentro de los cambios que plantea, por ejemplo, en robo y abigeato con
violencia es que la pena sea de tres a cinco años de prisión; al aprobar
esto se nivelaría con delitos como el cohecho contemplado en el artículo
280, la concusión en el artículo 281 o la extorsión.
También propuso un cambio en relación a la paralización de servicios
públicos, pues si una o varias personas utilizan plazas o carreteras
para protestar, este acto debe ser despenalizado cuando estén en el
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ejercicio del derecho a la resistencia, por lo que propone derogar el
artículo 283 sobre el ataque y resistencia.
Como estas, varias son las propuestas de modificación al instrumento
legal que el Defensor General propuso, en los que señala cambios
referentes al peculado, prisión preventiva, hurto. Además, la
legalización del cannabis para uso medicinal y el aborto no punible en
casos de violación, incesto o inseminación no consentida. (Anexo 5 la
propuesta de reformas al COIP).
En la misma línea de promover la consolidación de un sistema de
justicia plenamente independiente, el Defensor Público General diseñó
una propuesta legal de derogación de las figuras legales del error
inexcusable, dolo y negligencia, contemplados en el Código Orgánico de
la Función Judicial y la presentó el 16 de septiembre a la Asamblea
Nacional, porque desde la perspectiva de la Defensoría Pública, limitan
el principio de independencia de los operadores de justicia.
El objetivo de esta propuesta es blindar totalmente la independencia de
los jueces para que puedan resolver las casusas sin ningún tipo de
interferencias y más allá de los sectores políticos que administren de
manera coyuntural el Estado.
Anexo 6: la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función
Judicial.
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9. CONVENIOS Y RESOLUCIONES
______________________________________________________________________
9.1. Convenios 2016
Con el propósito de cumplir con las metas planificadas, la Defensoría
Pública establece alianzas estratégicas con instituciones y entidades
tanto del sector público como del privado. Con ellas se suscriben
convenios de cooperación que están enmarcados en el Eje de
Fortalecimiento Institucional de la Planificación Estratégica y que
concretamente aportan al cumplimiento del objetivo: “mejorar la
capacidad de oferta de la Defensoría Pública de acuerdo a las exigencias
de la demanda de territorio nacional”.
Es así que la Defensoría Pública ha firmado desde su creación 66
convenios interinstitucionales, de los cuales 34 estaban vigentes a
diciembre de 2016.
De ellos, 14 han sido suscritos con gobiernos autónomos
descentralizados de distintos cantones del país. Desglosando esta cifra,
10 se firmaron por primera vez y cuatro han sido renovados. En esencia
estos convenios permiten a la Defensoría contar con puntos itinerantes
de atención para ampliar la cobertura de los servicios de asesoría y
patrocinio legal gratuito.
De los 20 convenios vigentes que restan, diez se firmaron con
instituciones del sector público; cinco con organizaciones no
gubernamentales, uno se renovó con ACNUR; tres se firmaron con
universidades; uno se renovó con Uniandes.
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En el 2016 fueron suscritos nueve convenios nuevos y se renovaron
seis, de los 34 convenios que se encuentran vigentes, de acuerdo al
siguiente detalle:
PARTES DEL CONVENIO TIPO DE
INSTITUCIÓN 2016 PROPÓSITO
GAD Pimampiro (Renovación)
Público Diciembre
Asignar un defensor público, que brinde la asesoría y patrocinio
judicial en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pimampiro los martes y jueves.
GAD Girón Público Noviembre
Prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a favor de los
habitantes de dicho cantón que, por su estado de indefensión o
condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal.
Terre Des Hommes Privado Septiembre
Aunar esfuerzos que permitan apoyar las líneas de trabajo e intervención de la Defensoría en el patrocinio y asesoría jurídica
que se halla obligada a brindar, de forma preferente, a los niños, niñas y adolescentes.
Cooperativa Músculos y Rieles
Privado Septiembre
Brindar a los socios de la Cooperativa el servicio gratuito de
asesoría legal que requieran para legalizar la propiedad de los lotes de terreno que les han sido asignados en el inmueble al cual
se refieren las Ordenanzas Nos. 0019 y 00 43
GAD Sígsig Público Septiembre
Prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación,
asistencia, asesoría y representación judicial a favor de los
habitantes de dicho cantón que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los
servicios de defensa legal.
GAD Cotacachi (Renovación )
Público Septiembre Las partes renuevan en los mismos términos, por un año adicional, el convenio suscrito el 12 de agosto de 2014
GAD Ponce Enríquez
(Renovación) Público Septiembre
Establecimiento y consolidación del servicio de defensa pública en el cantón Ponce Enríquez para la prestación gratuita y oportuna de
servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a los habitantes de dicha circunscripción.
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Nacionalidad Tsáchila Público Julio
Prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación,
asistencia, asesoría y representación judicial en favor de los integrantes de la Nacionalidad que no pueden contar con ellos en
razón de su situación económica, social o cultural.
GAD Urcuquí (Renovación)
Público Julio establecimiento y prestación del servicio de defensa pública para los ciudadanos del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura
GAD La Concordia Público Julio
Prestación gratuita y oportuna de los servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a favor de los
habitantes de dicho cantón que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los
servicios de defensa legal
ACNUR (Renovación) Privado Junio Brindar asesoría y patrocinio legal a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.
UNIANDES (Renovación)
Privada Mayo
Ejecución del programa de servicio comunitario “Atención
Prioritaria” a desarrollarse en el centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro – Norte Cotopaxi.
CONAGOPARE Público Mayo
Promoción y prestación gratuita y oportuna del servicio de
patrocinio y asesoría jurídica en favor de los habitantes del sector rural.
GAD Arajuno Público Marzo Prestación del servicio de defensa pública a los niños, niñas y
adolescentes de Arajuno.
Superintendencia de la Economía Popular y
Solidaria
Público Enero Acceso a servicios de patrocinio y asesoría jurídica a las entidades declaradas en liquidaciones forzosas o disueltas por la
SEPS.
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9.2. Resoluciones 2016
Durante el 2016, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño
Granizo, emitió 176 resoluciones para viabilizar el funcionamiento de la
Institución y cumplir con los objetivos y metas trazadas en el marco del
Plan Estratégico 2013 – 2018.
El 65 por ciento de las resoluciones fueron de carácter administrativo y
tuvieron relación con contratación pública y movimiento del personal.
El 35 por ciento restante fue de materia misional, como la aprobación
de reglamentos internos y la renovación de los certificados de
funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos.
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10. ANEXOS
______________________________________________________________________
Anexo1: detalle de las provincias, ciudades y direcciones de las
oficinas de atención permanente.
Anexo 2: detalle de las provincias y los cantones a los que la
Defensoría Pública llega de manera itinerante.
Anexo 3: cuadro de las unidades judiciales ubicadas por ciudad y
por provincia donde la Defensoría Pública cuenta con un equipo de
defensa.
Anexo 4: listado de consultorios jurídicos gratuitos con direcciones.
Anexo 5: propuesta de reformas al COIP.
Anexo 6: propuesta de reformas al Código Orgánico de la Función
Judicial.
Anexo 7: presentación ante la Asamblea Nacional.
Anexo 8: Estándares de calidad para la actuación de las y los
defensores públicos en Patrocinio Penal.