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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2.1. Denominación del programa
ASESORAMIENTO JURÍDICO PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO EN LA RED
PÚBLICA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA
2.2. Plazo de ejecución
12 meses. Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
2.3. Localización geográfica del programa
Comunidad autónoma andaluza.
2.4. Problemática que el programa pretende abordar (Exponer los problemas detectados y las necesidades objeto de intervención, especificando el grupo o colectivo de población al que se dirigen) El problema de las drogodependencias y otras adicciones sigue impactando con
fuerza en todos los sectores de nuestra sociedad. Según los datos del Observatorio
Andaluz sobre Drogas y Adicciones de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, las
admisiones a tratamiento en los Centros de Tratamiento Ambulatorio de la Red Pública
para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones fueron 21.075 (83,7 % hombres,
16,3% mujeres), lo cual supone un incremento de casi 6.000 personas desde el año 2001.
El perfil de estas personas es variado, pero gran parte de ellas presentan
dificultades adicionales para su incorporación social, al estar incursas en procedimientos
judiciales que pueden conllevar un ingreso prisión y dificultar así sus procesos. Existe una
interrelación entre adicciones, exclusión social y criminalización que ha sido señalada en
muchas ocasiones y reconocida en diversos estudios (Observatorio Europeo de las
Drogas 2003 y 2007), y se ha demostrado que los tratamientos terapéuticos realizados
como alternativa a la prisión son más eficaces para evitar la reincidencia y fomentar la
resocialización que la entrada en prisión (Muñoz Sánchez, J. “El tratamiento terapéutico
en drogodependientes como alternativa a la prisión”, 2014).
La incorporación social de personas con problemas de adicciones se ve
complicada aún más en el caso de las mujeres. La existencia de discriminaciones hacia
las mujeres drogodependientes se manifiesta en aspectos como su mayor estigmatización
social, sus menores posibilidades de acceso al mercado de trabajo (“Brecha de género en
la inserción sociolaboral de las mujeres adictas en tratamiento”, Fundación Atenea, 2008)
y, sobre todo, por la existencia en muchas ocasiones de situaciones de violencia de
género (según el estudio “Violencia de género y adicción a las drogas en Centros de Día”,
más de la mitad de las mujeres que acuden a estos centros han sufrido malos tratos por
sus parejas). Las discriminaciones de género obligan a replantearse un enfoque distinto
de cara a cualquier intervención, y la problemática jurídica de estas mujeres también
requiere una atención y un conocimiento especializado. Estas discriminaciones se ven
mucho más empeoradas si la mujer drogodependiente entra en prisión, puesto que la
institución penitenciaria es aún más androcéntrica.
Por ello, desde el punto de vista del abordaje integral de las adicciones, este
Programa realiza una contribución imprescindible a la atención e incorporación social de
estos colectivos, mediante el asesoramiento jurídico especializado y el fomento de las
alternativas a la prisión.
Para fomentar de manera efectiva las alternativas a la prisión es necesario contar
con profesionales jurídicos especialistas en drogodependencias y adicciones que estén
disponibles en toda la Red de Atención de Drogodependencias y Adicciones de Andalucía.
A través de su trabajo individualizado estos y estas profesionales aumentan la
coordinación entre las distintas administraciones, juzgados y entre los/las abogados/as
que intervienen con las personas con adicciones que presentan problemas jurídico-
penales y penitenciarios. Esta coordinación evita duplicación de esfuerzos, ahorra costes
y, sobre todo, consigue que no sean encarceladas aquellas personas que se encuentran
superando su problemática y para las cuales la entrada en prisión supondría un retroceso
en su proceso de recuperación.
Cada entrada en prisión que se evita supone lograr mayores posibilidades de éxito
en el proceso terapéutico, mayor seguridad pública al reducirse la reincidencia, mayor
capacidad presupuestaria para asuntos sociales al reducir los costes penales y mayor
cohesión social al evitarse los efectos negativos del encarcelamiento. En definitiva, cada
vez que no entra en prisión una persona que no lo necesita gana toda la sociedad y
triunfa un modelo colectivo de solidaridad, igualdad y justicia social, frente a un modelo de
miedo, egoísmo y ensañamiento con las personas más débiles.
Este Programa actúa en las líneas marcadas por los Planes y Estrategias
andaluces, estatales y europeos.
El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones señala que “se hace imprescindible el abordaje técnico de la problemática jurídico-penal y penitenciaria que presentan
(las personas drogodependientes), proponiendo el uso de medidas alternativas a la
prisión, pues de otro modo, el ingreso o estancia en la misma puede invalidar todo el
proceso terapéutico llevado a cabo”. Por su parte, la Estrategia Nacional sobre Drogas
2009-2016, en su punto 5.1.3, señala la necesidad de promover la coordinación de la
Administración de Justicia “con el sector socio-sanitario y facilitando un enfoque judicial
orientado a la incorporación social de las personas en situaciones vulnerables”.
Los planes, estrategias, informes y recomendaciones en el marco de la Unión
Europea y organismos afines marcan también claramente esta necesidad de abordar
específicamente la problemática jurídica en la atención a las personas
drogodependientes. Así, por ejemplo, la Estrategia de Drogas de la Unión Europea (2013-
2020) y su Plan de Acción (2013-2016) señalan como objetivo el uso de medidas
alternativas a la prisión para “prevenir el crimen, evitar la reincidencia y mejorar la
eficiencia y efectividad del sistema de justicia penal” para las personas
drogodependientes en conflicto con la ley penal. Otros documentos importantes en la
misma línea que podemos señalar son los Informes del Observatorio Europeo sobre
Drogas (2014 y 2015) y su reciente documento “Alternatives to punishment for drug-using
offenders” (2015). En este informe, dedicado en especial a las alternativas a la prisión
para personas drogodependientes, se plantea que el foco debe trasladarse hacia el
tratamiento y la educación, minimizando el enfoque punitivo y entendiendo el problema
desde un punto de vista de salud pública. Concluye este documento señalando que “la
clave del éxito parece ser contar con un abanico de intervenciones disponibles que pueda
ser individualizada adecuadamente a las necesidades de las personas con diferentes
tipos y niveles de problemas de drogas”.
Por tanto, este programa cubre una necesidad social acuciante y mejora de forma
integral la calidad de los servicios de atención a las drogodependencias de nuestra
Comunidad. Sin un servicio de atención jurídica, la calidad de la intervención se resentiría
enormemente, al echarse por tierra los esfuerzos terapéuticos por la entrada en prisión de
la persona atendida, a causa de alguna sentencia extemporánea.
La calidad de este programa se aprecia, además, al analizarlo a la luz de los
estándares de calidad de la Unión Europea. En los Estándares Europeos de Calidad en
Reducción de la Demanda de Drogas (Minimum Quality Standards in Drug Demand
Reduction EQUS http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/equs_main_report_en.pdf), se
señalan como estándares básicos en tratamiento y reducción de daños la
transdisciplinariedad de los equipos de atención, la personalización de los tratamientos y
la adecuada coordinación con otras administraciones para dar respuesta a todos los
problemas de las personas usuarias (TR 6, 10 y 14). Como vemos, dada la magnitud de
las problemáticas jurídicas para muchas de las personas usuarias de los servicios de
atención a las drogodependencias, forma parte de los estándares de calidad europeos la
inclusión de profesionales expertas en las temáticas jurídicas que más les afectan.
Además, este Programa lleva años cumpliendo con otros estándares como la obtención
del consentimiento informado, la documentación de las demandas, la confidencialidad de
los datos y la formación continua (TR 11, 12, 13 y 15).
La formación continua es otro de los ejes del Programa ya que, dada la importancia
de la problemática jurídico penal y penitenciaria en el abordaje integral de las
drogodependencias, es necesario que las y los profesionales que trabajan a nivel
terapéutico estén formados adecuadamente en temas legales de su interés. No en vano la
formación es un área transversal que ha de formar parte de todas las acciones, según lo
dispuesto en el Plan Andaluz sobre Drogas. A través de este Programa, los/as
abogados/as realizarán las pertinentes actividades de formación, al tratarse de un
profesorado experto, el único en su ámbito que es capaz de aunar conocimientos teóricos
con largos años de práctica especializada. La velocidad con la que se suceden cambios
legales en los ámbitos penales y penitenciarios (reforma del Código Penal y Ley de
Seguridad Ciudadana, por ejemplo) hace necesario más que nunca la continuación de
este programa, tanto en su aspecto asesor como en el formativo.
En definitiva, a través de este programa se persigue la mejora continua de la
eficiencia y de la eficacia del abordaje integral de las drogodependencias y adicciones,
ofreciendo un servicio de asesoramiento jurídico especializado cuyos/as profesionales
intervengan en todas la instancias y procedimientos y con todos/as los/as profesionales
implicados/as, buscando la aplicación de medidas alternativas a la prisión que repercutan
en la incorporación social de la persona afectada y en su no reincidencia en el delito.
2.5. Señalar la correspondencia entre los objetivos contemplados en el programa y las prioridades en los Planes Locales de Inclusión, si los hubiera.
Para 2015 los objetivos planteados son: A) GENERAL Contribuir a la incorporación social de las personas drogodependientes con
problemas jurídico-penales y penitenciarios, evitando la ruptura del proceso que provoca
la entrada y permanencia en prisión, desde el punto de vista del abordaje integral de las
drogodependencias y la perspectiva de género.
B) ESPECÍFICOS 1. Asegurar que las personas drogodependientes con problemas jurídico- penales y
penitenciarios, con independencia de sus recursos económicos, cuenten con un servicio
de asesoramiento jurídico especializado en la Comunidad Autónoma Andaluza.
2. Fomentar el uso de las alternativas a la prisión.
3. Acercar a los jueces/as, fiscales, policía y abogados/as de oficio la realidad de
cada persona drogodependiente. 4. Proporcionar a los jueces/as, fiscales, policía y abogados/as de oficio
información suficiente sobre los recursos públicos y privados de atención a las
drogodependencias, así como de su funcionamiento (comunidades terapéuticas, centros
ambulatorios, casas de acogida, Red de artesanos,...) y avanzar en la coordinación de los
Sistemas Judicial y de Drogodependencias y Adicciones.
5. Formar a los/as profesionales de los centros de atención a las
drogodependencias en materia penal y penitenciaria de manera que sean capaces de
abordar esta problemática y realizar un trabajo en equipo junto al/la abogado/a
especializado/a.
6. Ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de mujeres y hombres,
aplicando la perspectiva de género en todas las intervenciones a fin de evitar o reducir las
discriminaciones que sufren las mujeres con problemas de drogodependencias.
7.- Evaluar las actuaciones realizadas para analizar el cumplimiento de los demás
objetivos y para plantear mejoras de cara al próximo año, haciendo especial hincapié en
el impacto de género.
Los objetivos de este programa están acordes con las medidas tomadas por la
Administración andaluza en materia de inclusión social, en concreto con el Decreto-Ley
8/2014, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo
y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Este plan se ha prorrogado mediante Orden
de 20 de Marzo de 2015, manifestando que el problema de la exclusión social sigue
necesitando de medidas en diversos ámbitos, como propugna la mirada integral que
aporta este programa.
A nivel estatal, el último Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino
de España establece objetivos y acciones para el periodo 2013-2016 también hace
hincapié en las medidas alternativas a la prisión como método de facilitar la
deshabituación de las personas drogodependientes en conflicto con la ley penal.
En el apartado 6 del programa se aborda el encaje del programa con los Planes y
Políticas andaluzas de Adicciones, así como estatales y europeas.
2.6. Participación de personas voluntarias en el diseño y/o ejecución del programa. En el diseño del programa han participado 15 personas de la Junta Directiva (8
hombres y 7 mujeres) y otras 10 personas voluntarias vinculadas a la entidad (5 hombres
y 5 mujeres).
2.7. Descripción pormenorizada de las actividades a realizar ACTIVIDAD 1.- ASESORAMIENTO JURÍDICO
Se prestará por un equipo de abogados/as especialistas en drogodependencias
que actúe en todos los partidos judiciales y prisiones sitos en la Comunidad andaluza y
que, asimismo, realicen las gestiones y trabajos necesarios en partidos judiciales y
prisiones de fuera de dicha Comunidad. Los/as abogados/as estarán disponibles de lunes
a viernes, mañanas y tardes.
El servicio de asesoramiento jurídico penal y penitenciario se realizará, en la
medida de lo posible, a solicitud del/de la profesional que detecta la necesidad, a través
del envío de un protocolo de derivación preestablecido, que se tramitará a través del
Sistema de Información Andaluz sobre Drogas y Adicciones (SIPASDA).
En cuanto al contenido del asesoramiento, podemos diferenciar dos áreas:
1.- Derecho Penal y Penitenciario. Se trabajará en las distintas fases del proceso
penal: fase judicial (incluye las fases de instrucción y de enjuiciamiento), fase de ejecución
judicial (incluye la ejecución judicial y la penitenciaria).
2.- Otras actuaciones: asuntos de derecho penal de menores, procedimientos
civiles por deudas, procedimientos administrativos de desamparo de menores, tramitación
de Justicia Gratuita en materias no penales ni penitenciarias, procedimientos
sancionadores administrativos por consumo y tenencia ilícita de sustancias
estupefacientes y asesoramiento general en derecho de familia y menores
A continuación detallamos el trabajo a realizar en el área de derecho penal y penitenciario, que es la más numerosa:
a) Fase Judicial. En esta fase, donde aún no hay una condena ni sentencia firmes,
el trabajo consistirá en recabar todo tipo de documentación, apoyar, asesorar, acompañar
... en todo momento al abogado de oficio, sirviéndole de enlace tanto con el Centro de
referencia, como con la familia, las asociaciones y federaciones y u otras entidades del
entorno.
Los/as abogados/as especializados asumirían directamente los juicios de manera
excepcional cuando, a juicio de equipo jurídico, se estime que concurren circunstancias
que así lo aconsejan.
A modo de ejemplo, estas son algunas de las actuaciones que se realizarán en esta fase:
- Asistir a las personas detenidas en las dependencias policiales.
- Asistir a las personas detenidas en el Juzgado.
- Contactar con abogados/as de oficio.
- Asesorar a abogados/as de oficio.
- Proporcionar al abogado/a de oficio documentación, jurisprudencia, modelos,...
- Realizar escritos para que los presente el abogado/a de oficio.
- Facilitar al abogado/a de oficio informes y datos sobre la persona defendida que sirvan
para su defensa.
- Contactar con la familia.
- Contactar con asociaciones y otras entidades o instancias cercanas a la persona.
- Recabar todo tipo de informes a asociaciones, centros de drogodependencias,
trabajadores/as sociales de juzgados,...
- Contactar con médicos forenses.
- Contactar con el personal sanitario que atienda a la persona.
- Hablar con jueces, fiscales y otras instancias implicadas.
- Consultar documentación.
- Preparar y presentar todo tipo de recursos en la fase de instrucción.
- Preparar el juicio conjuntamente con el/la abogado/a de oficio.
- Acompañar a la persona en el acto del juicio.
- Preparar el juicio y asistir al mismo como letrado/a personado/a.
- Realizar recursos hasta sentencia firme.
- Realizar gestiones ante órdenes de busca y captura en esta fase.
Fase de ejecución de sentencia: En esta fase el/la abogado/a intervendrá siempre
directamente (no es obligatoria la intervención del/a abogado/a personado/a en la causa),
realizando escritos, hablando con jueces, fiscales,..., estando en contacto con las
asociaciones, familias, etc.
Las actuaciones concretas a realizar en esta fase consistirán en:
- Preparar y presentar solicitudes de suspensión diversas (genérica, por enfermedad,
específica para drogodependientes, por indulto).
- Preparar y presentar solicitudes de sustitución de condena.
- Preparar y presentar solicitudes de aplicación de medidas de seguridad.
- Realizar el seguimiento a las solicitudes presentadas.
- Realizar gestiones diversas ante los Juzgados (búsqueda de diligencias, investigaciones
de causas pendientes etc.).
- Recabar documentación necesaria para solicitar un indulto.
- Preparar y presentar la solicitud de indulto. Realizar un seguimiento de la solicitud
presentada tanto en el Juzgado como en el Ministerio de Justicia. Aportar periódicamente
documentación actualizada y otras gestiones realizadas en relación al indulto.
- Preparar y presentar todo tipo de recursos en la fase de ejecución de sentencia.
- Realizar gestiones ante órdenes de busca y captura en esta fase.
- Realizar todo tipo de actuaciones en los centros penitenciarios y Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria en orden a conseguir la libertad del interesado.
Otros: También se atenderán los procesos en Juzgados de Menores, siguiendo el
mismo esquema anterior, así como los procedimientos planteados en otros órdenes
judiciales siempre que afecten negativamente en la incorporación social de la persona en
tratamiento (administrativo, civil, laboral, …).
En cuanto al número de personas beneficiarias, esperamos atender a 1.620 personas (243 mujeres y 1377 hombres). ACTIVIDAD 2.- INFORMACIÓN/FORMACIÓN
El desarrollo de esta actividad se hará desde este programa si bien su diseño y
coordinación ser realizará a través del Programa de programa de información, formación,
sensibilización y atención jurídico-penal y penitenciaria, programa básico y de continuidad
también presentado en esta convocatoria.
Por un lado, se ofrecerá a los/as pacientes de los Centros cerrados información
sobre las cuestiones legales que más les preocupan o interesan, a través de sesiones
formativas y entrega de material. Se espera realizar al menos 8 sesiones formativas de
este tipo y beneficiar a 160 personas usuarias. La temática básica a tratar será el
proceso penal así como las alternativas a la prisión.
Por otro lado, a demanda de los/as profesionales de los centros de tratamiento, se
realizarán sesiones formativas específicas dirigidas a ellos/as para conseguir una mayor
eficiencia del trabajo en equipo. Este año incidiremos en la Reforma del Código Penal y la
nueva Ley de Seguridad Ciudadana y se espera beneficiar a 150 profesionales.
En ambos casos, se realizarán previos sondeos de temáticas a tratar y
posteriormente cuestionarios de satisfacción de dichas actividades.
ACTIVIDAD 3.- COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Esta actividad se hará posible gracias al complemento que supone el Programa de
programa de información, formación, sensibilización y atención jurídico-penal y
penitenciaria, programa básico y de continuidad también presentado en esta convocatoria.
2.8 Descripción de los resultados esperados y de los indicadores que midan la consecución de los mismos. Objetivo específico 1.- Asegurar que las personas drogodependientes con
problemas jurídico- penales y penitenciarios, con independencia de sus recursos
económicos, cuenten con un servicio de asesoramiento jurídico especializado en la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Los resultados que esperamos serán acordes con los años anteriores, en concreto,
teniendo en cuenta los datos de 2014, que ponemos a continuación, esperamos atender a
1.620 personas (243 mujeres y 1377 hombres).
Resultados del programa en 2014 PROCEDIMIENTOS % H M TOTAL ALMERÍA 122 4 88 16 104
CÁDIZ 1.373 43 480 81 561
CÓRDOBA 286 9 142 33 175
GRANADA 323 10 144 23 167
HUELVA 327 10 125 21 146
JAÉN 171 5 85 13 98
MÁLAGA 241 7.5 140 36 176
SEVILLA 366 11.5 188 22 210
TOTAL 3.209 100 1.385 (85%) 244 (15%) 1.629 (100%)
Además, esperamos ofrecer información a 160 pacientes de comunidades
terapéuticas que participen en sesiones formativas.
Objetivo específico 2. Fomentar el uso de las alternativas a la prisión.
Esperamos conseguir que al menos el 65% de las personas atendidas no ingrese
en prisión.
Objetivo específico 3. Acercar a los jueces/as, fiscales, policía y abogados/as de
oficio la realidad de cada persona drogodependiente.
Esperamos tener 1.200 contactos/gestiones con órganos judiciales, 100 con
fiscales, 20 con miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 2.500 con
abogados/as.
Objetivo específico 4. Proporcionar a los jueces/as, fiscales, policía y
abogados/as de oficio información suficiente sobre los recursos públicos y privados de
atención a las drogodependencias, así como de su funcionamiento (comunidades
terapéuticas, centros ambulatorios, casas de acogida, Red de artesanos,...) y avanzar en
la coordinación de los Sistemas Judicial y de Drogodependencias y Adicciones.
Esperamos coordinarnos con 200 órganos judiciales, 60 fiscales, 10 médicos
forenses, 6 centros de detención y 1.500 abogados/as.
Objetivo específico 5. Formar a los/as profesionales de los centros de atención a
las drogodependencias en materia penal y penitenciaria de manera que sean capaces de
abordar esta problemática y realizar un trabajo en equipo junto al/la abogado/a
especializado/a.
Esperamos ofrecer formación a 150 profesionales de la Red Pública de Atención a
las Adicciones de Andalucía, adaptada a la demanda recibida.
Objetivo específico 6. Ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de mujeres
y hombres, aplicando la perspectiva de género en todas las intervenciones a fin de evitar
o reducir las discriminaciones que sufren las mujeres con problemas de
drogodependencias.
Esperamos mantener el porcentaje de mujeres atendidas (15%).
Objetivo específico 7.- Evaluar las actuaciones realizadas para analizar el
cumplimiento de los demás objetivos y para plantear mejoras de cara al próximo año,
haciendo especial hincapié en el impacto de género.
Reuniones específicas para coordinar y evaluar el programa por parte del equipo
técnico multidisciplinar, la Comisión de Igualdad y el equipo jurídico, entre otros.
Esta evaluación se realizará en estrecha colaboración con el Programa de
información, formación, sensibilización y atención jurídico-penal y penitenciaria:
- 2 reuniones de Junta Directiva, 4 reuniones del equipo técnico multidisciplinar y
4 reuniones del equipo jurídico.
- 3 reuniones de la comisión de seguimiento del plan estratégico
- 3 reuniones de seguimiento de la Comisión de Igualdad
- Un cuestionario de satisfacción de usuarios/as del Servicio Jurídico de este
programa y del desarrollado en los centros de tratamiento
- Un cuestionario de satisfacción/evaluación de las acciones formativas
2.9. Indicadores de evaluación. Sistema de seguimiento y control de la ejecución de las actividades Objetivo específico 1.- Asegurar que las personas drogodependientes con
problemas jurídico- penales y penitenciarios, con independencia de sus recursos
económicos, cuenten con un servicio de asesoramiento jurídico especializado en la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Nº de usuarios/as atendidos/as, Nº de procedimientos judiciales o administrativos en los
que se ha intervenido, Nº de actuaciones realizadas por los abogados según tipología y
Nº de demandas por centro derivador. Toda la información del programa será introducida
en el SIPASDA.
Nº de personas usuarias beneficiadas de las sesiones formativas.
Grado de satisfacción de las personas usuarias del asesoramiento jurídico (cuestionario
1) y de las sesiones de formación (cuestionario 2).
Objetivo específico 2. Fomentar el uso de las alternativas a la prisión.
Porcentaje de personas atendidas que no ingresa en prisión.
Objetivo específico 3. Acercar a los jueces/as, fiscales, policía y abogados/as de
oficio la realidad de cada persona drogodependiente. Nº de gestiones realizadas en juzgados, fiscalías, centros de detención y con
abogados/as.
Objetivo específico 4. Proporcionar a los jueces/as, fiscales, policía y
abogados/as de oficio información suficiente sobre los recursos públicos y privados de
atención a las drogodependencias, así como de su funcionamiento (comunidades
terapéuticas, centros ambulatorios, casas de acogida, Red de artesanos,...) y avanzar en
la coordinación de los Sistemas Judicial y de Drogodependencias y Adicciones.
Nº de reuniones/contactos personales con órganos judiciales, fiscales, médicos
forenses, centros de detención y abogados/as.
Objetivo específico 5. Formar a los/as profesionales de los centros de atención a
las drogodependencias en materia penal y penitenciaria de manera que sean capaces de
abordar esta problemática y realizar un trabajo en equipo junto al/la abogado/a
especializado/a.
Nº de acciones formativas.
Nº de profesionales beneficiados/as de las sesiones formativas.
Grado de satisfacción de las personas participantes (cuestionario 2).
Objetivo específico 6. Ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de mujeres
y hombres, aplicando la perspectiva de género en todas las intervenciones a fin de evitar
o reducir las discriminaciones que sufren las mujeres con problemas de
drogodependencias.
Porcentaje de mujeres que reciben asesoramiento y porcentaje de mujeres que
reciben formación.
Objetivo específico 7.- Evaluar las actuaciones realizadas para analizar el
cumplimiento de los demás objetivos y para plantear mejoras de cara al próximo año,
haciendo especial hincapié en el impacto de género.
- Grado de satisfacción de las personas beneficiarias de las acciones formativas,
a través de un cuestionario de satisfacción, desglosado por sexo
- Grado de cumplimiento de los objetivos previstos y propuestas de mejora,
analizado en un grupo de discusión
- Nº de reuniones de seguimiento realizadas
- Desglose de la información por sexo
- Impacto de género
El Sistema de Información del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones es el
principal instrumento para la evaluación del programa ya que el tratamiento de la
información en esta base de datos nos permite tener un conocimiento actual del desarrollo
del servicio en cada provincia y en cada centro.
A través de Indicadores de evaluación con los que cuenta dicha base de datos
informática, disponemos, a tiempo real, de información específica sobre el número de
personas atendidas en el programa, procedimientos penales por tipo de delito,
seguimiento de los procedimientos, etc.
El SIPASDA es un instrumento imprescindible para la gestión del programa, puesto
que sirve de fundamento para futuras actuaciones de planificación. Los datos obtenidos
en la evaluación son necesarios para los profesionales que trabajan en el programa dado
que les devuelve una imagen clara de la situación en cuanto a la eficacia de sus
actuaciones.
2.10. Para programas de continuidad, aportar indicadores de evaluación de años anteriores e información sobre si se han establecido mejoras. Este programa se solicita por primera vez por esta vía en esta convocatoria de
2015, si bien se ha financiado por la Consejería por otras vías. Los indicadores de
evaluación entonces usados fueron:
A) Asesoramiento: Nº de usuarios/as atendidos/as, Nº de procedimientos judiciales
o administrativos en los que se ha intervenido, Nº de actuaciones realizadas por los
abogados según tipología y Nº de demandas por centro derivador. Toda la información del
programa será introducida en el SIPASDA.
B) Información/Formación: Nº de sesiones realizadas, nº de publicaciones
distribuidas y grado de satisfacción de los/as beneficiarios/as.
C) Coordinación: Nivel de asistencia a las reuniones de coordinación por parte de
las personas implicadas en la realización del programa y su evaluación.
Para 2015 queremos mejorar la calidad del programa realizando un desglose por
sexo del grado de satisfacción de personas usuarias de los servicios.
2.11. Descripción de aquellos recursos públicos y privados que presten un servicio o realicen alguna actividad similar a la contemplada.
No existe ningún otro recurso que realice en Andalucía un trabajo especializado similar, si
bien nos coordinamos con todos los recursos existentes para no duplicar actuaciones: con
los/as abogados/as de oficio, con los/as profesionales de Instituciones Penitenciarias y,
con los/as profesionales de juzgados, con los/as profesionales de los centros de
tratamiento y de las asociaciones.
5. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 3. Presupuesto del programa 3.1 Desglose de los gastos de personal del programa, especificando el número de personas contratadas, puesto de trabajo desempeñado, número de horas semanales, número de meses, coste mensual y coste total
Nº PUESTO DE TRABAJO
HORAS SEMANALES
Nº MESES
COSTE MENSUAL
COSTE TOTAL
10 ABOGADOS/AS 40 12 1.387,50 € 166.500 € TOTAL GASTOS PERSONAL 166.500 €
3.2 Desglose del resto de los gastos, de acuerdo con el apartado 5. C) 1º del cuadro resumen, especificando su cuantía y tipología, así como las prestaciones de servicios realizadas por terceros.
Desplazamientos, dietas y alojamientos 3.500 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES 3.500 €
Total Gastos de Personal 166.500 € Total Gastos Corrientes 3.500 € Coste Total Programa 170.000 € Solicitado a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 170.000 €
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).
CRITERIO 1. Pertinencias y relevancia del programa en relación con las políticas públicas en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Justificación del programa según la problemática descrita en el punto 2.4 del apartado 5
de este Anexo en relación con los objetivos previstos.
Teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 2.4 relativo a la problemática sobre la
que se pretende incidir y los objetivos propuestos, comprobamos que tanto objetivos
como actuaciones encajan con las necesidades planteadas que tienen como eje
fundamental favorecer la incorporación social de las personas con problemas de
drogodependencias y otras adicciones, incidiendo en nuestro caso en uno de los aspectos
que ha de abordarse en la atención integral cual es la Justicia Penal, que tanta incidencia
tiene en el proceso de inclusión. Tanto objetivos como actividades encajan, a su vez, con
las políticas públicas de inclusión que viene desarrollando la Junta de Andalucía y que
parten, en cumplimiento de la Constitución Española (art. 9.3) y del Estatuto de Autonomía
de Andalucía (art. 10), de procurar la igualdad efectiva de las ciudadanas y ciudadanos,
favoreciendo a aquellas/os que tienen mayores dificultades por motivos diversos: salud,
desempleo, género, nivel cultural, etnia o nacionalidad, nivel económico bajo o muy bajo,
etc.
Haciendo un repaso de los Planes específicos de drogodependencias y adicciones,
dentro del ámbito competencial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y
más directamente relacionado con nuestro trabajo, la importancia de abordar la
problemática penal asociada a las drogodependencias es un aspecto que viene
destacándose en los distintos planes políticos.
• Comenzando por el europeo, la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la
Droga (2013-2020) establece la siguiente prioridad (art. 22.11):
“La UE alentará en su caso la utilización, supervisión y aplicación eficaz de políticas y
programas de lucha contra la droga que incluyan la suspensión de las detenciones y
alternativas adecuadas a las sanciones coercitivas (como la educación, el tratamiento, la
rehabilitación, el seguimiento y la reinserción social) para los usuarios de drogas”.
• Por lo que corresponde al Estado español, el Plan de Acción sobre Drogas 2013-
2016, prevé en el Eje 2 sobre Reducción de la Demanda, el Objetivo General 8:
“Facilitar la incorporación a la sociedad de drogodependientes”, que contempla la
problemática penal y penitenciaria asociada, haciendo hincapié en las medidas
alternativas a la prisión”.
• Por último, en referencia al ámbito andaluz, el II Plan Andaluz sobre Drogas y
Adicciones recogía los programas de asesoramiento jurídico en el área de Incorporación
Social. De hecho nuestro programa es el único que cubre unas necesidades detectadas
en dicho Plan:
“nuestros esfuerzos deben ir dirigidos prioritariamente a determinados subgrupos o
poblaciones de drogodependientes que se encuentran en situación de mayor dificultad a
la hora de diseñar un plan de tratamiento que goce de las mínimas cotas de viabilidad. Tal
es el caso de los consumidores con problemas judiciales, y dentro de este grupo, aquéllos
que están internados en los establecimientos penitenciarios. Con relación a la
problemática jurídico-penal que sufren un gran número de drogodependientes, hay que
distinguir dos momentos en los cuales se hace imprescindible una atención especializada
por parte de los recursos de asistencia a las drogodependencias. Por un lado, en la
medida en que el objetivo último del trabajo ha de ser la incorporación social de las
personas con problemas de drogodependencias, se hace imprescindible el abordaje
técnico de la problemática jurídico-penal y penitenciaria que presentan, proponiendo el
uso de medidas alternativas a la prisión, pues de otro modo, el ingreso o estancia en la
misma puede invalidar todo el proceso terapéutico llevado a cabo. Por otro lado, y en
aquellos casos en los que se han agotado todas las vías para evitar el ingreso en prisión,
las personas presas en Andalucía tienen derecho al acceso a todos los programas y
recursos disponibles en el exterior, en la línea de fomentar factores de protección que
frenen o contrarresten el internamiento en prisión”.
• Los resultados de la evaluación de este Plan arrojaron unos resultados muy
positivos en relación al programa de asesoramiento jurídico, siendo el segundo mejor
valorado de los de esta área, señalándose la necesidad de su continuidad e incluso de su
ampliación. Por su parte, el borrador del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones
recoge la problemática jurídica como objetivo específico, desarrollándose a través de
varias estrategias.
• Por lo que se refiere a la igualdad de género, nuestro programa es acorde con la
normativa específica, a saber la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres de ámbito estatal y la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía para nuestra comunidad autónoma.
CRITERIO 2. Adecuación del presupuesto, de los recursos humanos y materiales a las actividades contempladas en el programa. Relación de recursos humanos y materiales necesarios para la realización de las
actividades previstas.
RECURSOS HUMANOS:
Para la ejecución de este programa necesitaremos un equipo de abogados/as
especialistas en drogodependencias/adicciones, exclusión social y género que
funcionarán uno/a en cada provincia excepto en Cádiz, donde habrá dos dado el volumen
de la demanda. En Sevilla necesitaremos a un/a abogado/a y además a un/a jurista o
abogado/a que se dedicará además a funciones de coordinación del equipo, de
coordinación con otros agentes implicados y prestar apoyo en aquellas provincias o
asuntos que lo requieran en cada momento, desplazándose al efecto cuando sea
necesario.
En total serán necesarios/as 9 abogados/as en ejercicio contratados/as en régimen
de arrendamiento de servicios y 1 abogado/a o jurista en régimen laboral.
También participa el resto del equipo técnico multidisciplinar de ENLACE (tres
mujeres), así como el resto de personas voluntarias detalladas en el correspondiente
apartado. Además, se cuenta con la participación del personal de las asociaciones y
entidades federadas, pues realizamos en esta materia un trabajo en red (mínimo 60
personas, el 70% mujeres).
RECURSOS MATERIALES:
Para las actividades previstas se requiere material de tipo fungible (folios, carpetas,
bolígrafos, tóner, sellos,…) y, además, por sus propias características, en las actividades
de asesoramiento y apoyo legal, formación e información, seguimiento, elaboración de
informes, estudio y propuestas legislativas, etc., necesitamos reprografía y portes. En las
actividades de formación e información, vamos a requerir recursos en publicaciones y
difusión (portes) y en las de seguimiento y coordinación, desplazamientos, dietas y
alojamientos.
Para la ejecución de este programa, son necesarios también otros recursos
materiales relacionados con el funcionamiento de la Federación (alquiler de la sede,
teléfono, suministros de agua y electricidad, limpieza, equipos informáticos, etc.).
De los recursos materiales enumerados, sólo se recogen en el presupuesto de este
programa los de desplazamientos, dietas y alojamientos de los/as abogados/as.
CRITERIO 3. Adecuación de las actuaciones y resultados previstos a los objetivos que persigue el programa. Indicación del objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con
el programa.
La actividad nº 1 responde a los objetivos 1, 2, 3, 4 y 6.
La actividad nº 2 responde a los objetivos 4, 5 y 6.
La actividad nº 3 responde al objetivo 7.
Como puede comprobarse, cada actividad pretende dar respuesta a diversos
objetivos, excepto la de coordinación y evaluación que cuenta con su objetivo propio, si
bien favorece al resto de objetivos.
CRITERIO 4. Experiencia de la entidad solicitante y capacidad de gestión del programa. Número de programas, financiados en convocatorias de la anterior Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social desde 2007, destinados a los ámbitos de actuación señalados
en el apartado 1 del cuadro resumen de esta línea.
El programa de Asesoramiento Jurídico-penal se viene desarrollando desde el año 2000,
a través de la colaboración entre la ahora Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la
Federación Andaluza ENLACE, entidad con experiencia en programas similares desde
principios de los 90.
El programa ha conseguido crear un equipo de abogadas/os expertas/as en la
asistencia jurídica penal y penitenciaria de personas con adicciones, siendo a día de hoy
referente en todo el Estado e incluso, en el seno del resto de Estados de la Unión
Europea. A través del trabajo del equipo jurídico, repartido por toda Andalucía, se ofrece
una atención especializada a personas que, encontrándose en algún recurso de la red
pública para la atención a las drogodependencias y adicciones, presentan alguna causa
pendiente que dificulte su proceso de incorporación social.
El programa incide en el conocimiento mutuo, por un lado, de la Administración de
Justicia y el Sistema Penitenciario y, por otro, de los servicios y entidades especializadas
en materia de adicciones y de los programas y recursos terapéuticos disponibles,
fomentando la aplicación de medidas alternativas a la prisión que permitan ese abordaje
terapéutico de las adicciones desde un contexto no prisionizado. Este servicio, prestado
en los años 90 para las entidades federadas y para las personas por ellas atendidas,
desde 2000 se fue extendiendo a todos los centros de la red pública de atención a las
drogodependencias y adicciones en Andalucía.
CRITERIO 5. Número de personas beneficiarias del programa a las que van dirigidas las actuaciones de la entidad solicitante. Estimación de personas a las que se dirige la acción: personas beneficiarias directas.
Estimamos que en 2015 las personas beneficiarias del programa será de 3.706 y
se ha ido desglosando por cada actividad.
CRITERIO 6. Cofinanciación del programa por parte de la entidad solicitante mediante fondos propios o ajenos.
Coste Total del Programa Importe Solicitado a la CIPS 170.000 €
Aportación propia 0 €
CRITERIO 7. Incorporación del enfoque integrado de género en todos los ámbitos del programa.
Por lo que se refiere al diseño del programa, en primer lugar se ha hecho un
análisis de la situación desde la perspectiva de género, planteando los datos
desglosados, analizando e identificando las diferencias entre hombres y mujeres y
teniendo en cuenta los efectos y consecuencias que tienen las mismas para cada sexo,
sobre todo en relación a las demandas de asesoramiento. Una vez detectadas dichas
diferencias y discriminaciones, tanto nuestro objetivo general como los específicos se han
dirigido a alcanzar resultados acordes con la equidad de género. Así, se contempla a las
mujeres entre las personas beneficiaras directamente del programa y, en general, se
busca solventar los obstáculos y realizar actuaciones dirigidas a evitar o reducir
discriminaciones hacia las mujeres y hemos considerado las diferencias de tiempo,
habilidades, disponibilidad o acceso a los recursos.
Por su parte, nuestras actividades están pensadas para responder a este enfoque
de género en los objetivos, especificando cómo vamos a llevarlo a cabo y valorándolo
específicamente en los resultados conforme a unos indicadores pensados al efecto, es
decir, realizando una revisión del impacto de género, tanto globalmente como por
actividad, a través de la Comisión de Igualdad que tiene la responsabilidad de velar por el
cumplimiento y desarrollo del Plan de Igualdad de la entidad.
En la preparación de este diagnóstico han participado 4 mujeres y 3 hombres, con
lo que la participación de unas y otros está equilibrada.
Tanto en las actividades, como en los objetivos, personas participantes,
beneficiarias/os se ha ido realizando el desglose por género. Si bien este programa nunca se había solicitado en esta convocatoria, como hemos
señalado, lo veníamos desarrollando en colaboración con la Consejería desde 2000. A
este respecto, nos interesa recordar algunos datos de la memoria de actividades referida
a 2014 que aborda específicamente la cuestión de género y que nos da pistas de por
dónde debemos afrontar la situación en 2015:
El número de mujeres atendidas por el servicio de asesoramiento jurídico ha
aumentado en 2014 respecto al año anterior, alcanzando casi un 15% del total de
personas atendidas (14,9%), frente al 12,75% del año 2013.
Sin embargo, sigue siendo considerablemente inferior al del número de hombres, lo
que guarda relación con los datos genéricos de personas atendidas por la red pública de
atención a las adicciones y con los datos genéricos de delincuencia en Andalucía.
Así, los datos procedentes de la red de atención a las adicciones (SIPASDA) ponen
de manifiesto que el número de mujeres atendidas normalmente es muy inferior al de
hombres:
- El 16,39% de las personas admitidas a tratamiento en la red en 2014 eran mujeres
frente al 83,61% de hombres, y el 15% del total de las personas atendidas en dicho año
fueron mujeres frente al 85% de hombres.
Por su parte, del total de las personas condenadas en Andalucía en 2013 (últimos
datos ofrecidos por el INE), sólo el 11,65% eran mujeres. Igualmente, del total de
personas que cumplían penas en España en 2014, sólo el 7,65% eran mujeres.
Sin haber realizado un estudio en profundidad, salta a la vista que el dato de
mujeres en tratamiento de adicciones atendidas por el servicio de asesoramiento jurídico
en Andalucía guarda relación con el hecho de que las mujeres suelen presentar menos
problemas relacionados con la Justicia Penal, problemática que aglutina gran parte de los
asuntos abordados en este programa.
No obstante, el equipo de profesionales de la abogacía continuará ofreciendo el
servicio a las mujeres atendiendo a sus situaciones específicas, procurando que ninguna
de ellas quede sin atención caso de presentar esta problemática, prestando especial
atención, además de a las situaciones relacionadas con la Justicia Penal, normalmente
relacionado con pequeños delitos contra la salud pública o contra la propiedad, a las
cuestiones de Violencia de Género, Derecho de Familia y Explotación Sexual.
CRITERIO 8. No haberse dictado resolución de reintegro de subvenciones a la entidad solicitante, respecto al ámbito de actuación para el que se solicita la subvención, en los cuatro años anteriores a la publicación de la convocatoria. ENLACE no ha recibido ninguna resolución de reintegro de subvenciones.