TRABAJO

Noemí RialSecretaria de Trabajo

Cuando a los argentinos, a los más memoriosos, nos hablaban de las décadas paradigmáticas de la historia reciente, solían provocar en nuestro ánimo una suerte de sentimiento de irritación, tal vez de desaliento. La “Década infame”, la “Década perdida”, dejaron huellas que, aún hoy, son difíciles de borrar. Esencialmente política la primera, medularmente económica la segunda, ambas tuvieron un denominador común: los principales perjudicados fueron los trabajadores.

Pero hoy quebramos ese estigma y estamos celebrando otro tipo de década: la Década Ganada, la Década del Trabajo, de la Esperanza.

Desde el mismísimo 25 de mayo de 2003 el ministro Carlos Tomada reunió a quienes íbamos a ser sus colaboradores y nos transmitió las instrucciones del flamante Presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Recuerdo particularmente una frase del ministro: “El Presidente me pidió que todos los días, absolutamente todos los días, hagamos algo, por más pequeño que parezca, que haga que nuestro pueblo esté mejor”.

Y así lo hicimos. El primer objetivo que nos impusimos fue el de la generación de empleo genuino y de calidad y la mejora del poder adquisitivo de los salarios como dinamizador del consumo y del mercado interno.

Ya desde los inicios de la gestión del Presidente Kirchner dos instrumentos fueron centrales en materia de política laboral. El primero fue la sanción de la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral, que derogó a la oprobiosa Ley Banelco y el segundo fue la recuperación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano de carácter tripartito, en el que anualmente se fija el salario mínimo, el cual creció un 1338 por ciento respecto a la década del 90 y hoy es el más alto de toda la región.

En lo que respecta específicamente a la Secretaría de Trabajo, nunca en la historia argentina la negociación colectiva tuvo un período de continuidad y actividad como en esta última década: más de 12.500 acuerdos y convenios colectivos fueron negociados, lográndose una sustantiva mejora de los salarios reales de todos los sectores de la economía. Pero tal vez lo más importante es que, además de restablecer la confianza entre los actores sociales, volvimos a equilibrar el escenario de las relaciones laborales. El convenio colectivo es, por definición, el marco normativo más familiar y cercano a la cotidianeidad de trabajadores y empleadores y esta característica es la que nos impulsó a democratizar la información a través de la digitalización de todos los convenios y acuerdos colectivos a los que se puede acceder desde la página web del Ministerio de Trabajo.

El Estado recuperó su capacidad de intervención y mediación. La Secretaría de Trabajo tuvo una activa partici-pación en la solución de conflictos laborales a través de la conciliación obligatoria, logrando la solución de los mismos en el marco del diálogo y el consenso.

Restablecimos la fiscalización del trabajo y en diez años inspeccionamos más de un millón de establecimien-tos y casi tres millones y medio de trabajadores. La tasa de empleo no registrado se redujo de casi un 50 por ciento al 34,6 por ciento. Dotamos a la inspección del trabajo de personal, recursos económicos y materiales; el “inspector digital”, es decir la inspección en línea, es una realidad que es un ejemplo en América Latina. Inspec-cionamos con planificación, con metas concretas, con controles y con profesionalidad. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero no hemos dejado de inspeccionar ni un solo día y en esa línea vamos a insistir.

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la crisis global de 2008, tuvo el coraje y la convicción necesaria para dejar de lado las viejas recetas neoliberales de flexibilización y precarización del empleo para tomar medidas que resguardaran el trabajo de los argentinos. Así, se financiaron proyectos productivos en grandes, medianas y pequeñas empresas y se reforzó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que subsidia parte de los salarios de los trabajadores de establecimientos con dificultades económi-cas, los cuales deben comprometerse a mantener los niveles de empleo. Mientras el mundo subsidiaba a las grandes corporaciones financieras, en la Argentina se protegía el trabajo.

La erradicación del trabajo infantil sigue siendo un objetivo irrenunciable: en el 2008 se sancionó la Ley 26.390 que elevó la edad mínima de admisión al trabajo de 14 a 16 años y este año ambas cámaras del Congreso, por unanimidad, aprobaron la Ley 26.847 que convierte en delito el trabajo de los menores de 16 años, penalizando a los empleadores inescrupulosos.

También equiparamos en un plano de igualdad a sectores de trabajadores históricamente postergados, como el personal agrario y el de casas particulares, que hoy tienen los mismos derechos que el resto de los trabaja-dores: jornada, licencias, vacaciones, preaviso, indemnización, aguinaldo.

En esta década, el trabajo de los argentinos, el trabajo digno, de calidad, estuvo en el centro de las políticas públicas. Contamos con la responsabilidad, la energía, la capacidad y la convicción para continuar en este camino de crecimiento con justicia social. No les quepa ninguna duda.