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Las resistencias sociales contra la minería transnacional en Argentina. Una aproximación a la escala provincial en la constitución de nuevas identidades

políticas Gabriela DelamataTPF

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Resumen

El propósito general de esta ponencia es dar cuenta de los repertorios de acción emergentes en Argentina ante el avance de la producción primaria extractiva. Intervenciones recientes del Poder Legislativo Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han buscado regular la actividad, haciendo oídos a la acumulación de reclamos sociales contra el desmonte, la contaminación y la extracción de recursos hídricos, diseminados a nivel local.

La promoción explícita o implícita de una política de inversiones que asocia la competitividad de las empresas al progreso económico y la distribución social, por un lado, y la potestad de los gobiernos provinciales para permitir la explotación de los recursos naturales en sus jurisdicciones, por el otro, configuran el marco ideológico, político e institucional de las nuevas localizaciones económicas globales.

A partir de la investigación empírica de los procesos de resistencia social contra la megaminería química producidos en las provincias de Mendoza y La Rioja, esta ponencia procura subrayar la importancia de la escala provincial en la producción de nuevas narrativas comunitarias que reclaman el derecho a la identidad territorial y a la ciudadanía local, por fuera de la matriz popular-nacional, cara a la tradición política democrática argentina. I.- Introducción: algunas acciones institucionales recientes

Desde la década del noventa, la economía argentina viene transitando por un

proceso de gran transformación. La expansión de los cultivos transgénicos, como la soja, que alcanza actualmente los 17 millones de hectáreas sembradas, y de la megaminería a cielo abierto, implantada a lo largo de la Cordillera de los Andes, han perfilado un nuevo modelo de producción y desarrollo basado en la explotación de recursos naturales para la exportación. A pesar de sus impactos sociales y ambientales, el avance de la frontera extractiva no ha sido acompañado de políticas regulatorias de la actividad económica.

En este contexto, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Nación comenzaron a expedirse recientemente, a través de una serie de medidas destinadas a proteger reservas naturales, como los bosques nativos y los glaciares cordilleranos, y bienes públicos, como la salud general de la población. La sobreviniente dilación, cuando no la negativa, del Poder Ejecutivo frente a las nuevas reglas, deja abierta, no obstante, la brecha de partida entre las decisiones políticas sobre el desarrollo y las regulaciones socioambientales.

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♥PT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad Nacional de San Martín.

Argentina. HTUgdelamat@unsam.edu.arUTH

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En noviembre de 2007, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley de Bosques, norma impulsada por organizaciones ambientalistas (Greenpeace, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN-, Fundación Proteger, entre otras), apoyada por organizaciones sociales (Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, entre otras) y del sector productivo (Asociación Forestal Argentina) y avalada por más de un millón de firmas individuales. La ley aprobada ordena la suspensión de los desmontes hasta tanto cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, estableciendo, además, la obligatoriedad de efectuar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar el desmonte, protegiendo asimismo los bosques utilizados por comunidades indígenas y campesinas. La ley reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques: conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, regulación hídrica, fijación de gases de efecto invernadero y defensa de la identidad cultural.

La citada norma tardó en ser regulada. El Poder Ejecutivo Nacional ordenó su reglamentación el 13 de febrero de 2009, horas después que un alud de agua y lodo cubriera la ciudad salteña de Tartagal, epicentro de la expansión sojera y maderera, por efecto del desmonte y la tala, entre sus causas mayores TPF

1FPT. Dos meses antes, por otra

parte, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ordenado frenar la continuidad de la tala en la provincia de Salta, dando lugar al recurso de amparo planteado por dieciocho comunidades indígenas.

En octubre de 2008 fue sancionada la “Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de los Glaciares y Ambiente Periglaciar”, que protege esas fuentes de agua dulce de “las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o que interfieran en su avance”, como la exploración y explotación minera y petrolífera. El texto de la ley, que también disponía realizar un inventario de los glaciares, había sido elaborado con el asesoramiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLIA) del Consejo Científico Tecnológico Mendoza-CONICET, y, como ocurriera con la Ley de Bosques, había sido defendido por la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta y la

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1PT Las denuncias de deforestación fueron rechazadas por el gobernador de la provincia, Manuel Urtubey,

perteneciente a la fuerza nacional gobernante, y relativizadas por el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni. La presidenta adjudicó la tragedia a la “pobreza estructural” planteando la paradoja de que en una zona de producción gasífera la gente no tuviera gas natural. Sin embargo, según los datos de Greenpeace con fuente en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Humano de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 la superficie deforestada se duplicó hasta llegar a las 414.934 hectáreas (Página 12: “La verdadera tragedia es la pobreza”, 12-02-09; y Tala, petróleo y alud, 15-02-09). Según el investigador Daniel Slutzky del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, el conurbano de Tartagal se convirtió en uno de los centros de inmigración rural de la provincia, debido a la gran concentración de las explotaciones dedicadas al cultivo de soja que produjo su expansión, junto con una drástica disminución de los requerimientos de mano de obra, que pasaron de 2.5 a 0.5 jornales por hectárea (Página 12, Suplemento Cash: Soja y bosques nativos, 29-03-09). Por otro lado, según datos de la Secretaría de Ambiente, Argentina perdió en los últimos diez años el 70 % de sus bosques nativos: se deforestaron más de 2.500.000 hectáreas, a razón de una hectárea por minuto (Fundación Proteger: HTUhttp://www.proteger.org.ar/doc840.htmlUTH). Véase también la nota del investigador Juan Wahren en Página 12, 07-03-09.

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Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, ambas presididas por legisladores no opositores al gobierno. TPF

2FPT

Luego de sancionada, el Poder Ejecutivo de la Nación vetó la ley, encendiendo una gran polémica. El decreto presidencial 1837/08 aducía que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera (…) daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de la actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”, y afectaría “el desarrollo económico de las provincias involucradas”. Asimismo, ordenó que la norma vetada fuera girada a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y encomendó a la Secretaría de Ambiente y legisladores del gobierno, la preparación de una nueva ley, previo foro con los gobernadores de las provincias cordilleranas.

Quienes se opusieron al veto, entre ellos varias ONGs, denunciaron presiones de mandatarios provinciales y empresas hacia el gobierno para forzar su decisión y criticaron que funcionarios de las “provincias mineras”, como San Juan, la más importante en inversiones de explotación metalífera a cielo abierto, ejercieran control sobre la política nacional representando intereses exclusivos del sectorTPF

3FPT. Si bien la ley

no afectaba la explotación minera fuera del área glaciar y periglaciar, los críticos del veto señalaron que se subestimaba el Derecho Ambiental y observaron la necesidad de un control independiente de la minería química.

En otra medida relacionada con la expansión sojera, el 30 de diciembre de 2008, la Justicia cordobesa de primera instancia impidió la utilización de agrotóxicos en los alrededores de las ciudades de la provincia, valiéndose de la figura penal “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”, dando lugar así a la medida cautelar solicitada por el Subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. El fallo focalizó en dos agroquímicos utilizados para fumigar la soja (endosulfán y glifosato) y sus conclusiones fueron precedidas de una investigación en la que se constató el envenenamiento del barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, que había ganado notoriedad por la importante cantidad de enfermos de cáncer y niños con malformaciones.

Motivado por estos hechos, el Poder Ejecutivo Nacional creó a continuación la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, un organismo dependiente del Ministerio de Salud que tiene por objeto estudiar los efectos de esas sustancias. En las reuniones llevadas a cabo, la Comisión planteó líneas de trabajo para el futuro, pero el 15 de abril de 2009 la Asociación de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) presentó un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando que el gobierno determine en ciento ochenta días el efecto sanitario de los químicos agrarios. TP

2PT El senador Daniel Filmus, del partido gobernante (Frente Para la Victoria-Capital), y el diputado Miguel

Bonasso, antes perteneciente al FPV y luego alejado del gobierno. TP

3PT La norma vetada afectaría principalmente al megaemprendimiento minero Pascua-Lama, operado por la

multinacional Barrick Gold, en la frontera entre la provincia de San Juan y Chile. Pascua-Lama ha declarado que requiere hacer detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares (sic), lo cual sería impedido por la citada ley. Por su parte, el gobernador de San Juan es un reconocido defensor de la minería a cielo abierto en la provincia. Uno de sus hermanos, diputado nacional, es vocal de la Comisión de Minería en la Cámara baja, y otro hermano suyo preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores de la Nación. Jorge Mayoral, actual Secretario de Minería de la Nación, es también sanjuanino, y todos ellos son empresarios mineros (Gutman y Adaro, 1998). Véase también, La Nación: Polémica por el veto de una ley sobre los glaciares, 19-11-08, y Minería: el boom de la polémica, 21-12-08; Crítica de la Argentina, 27-11-08.

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También demandó a los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y, en tercer lugar, a la multinacional Monsanto, la mayor comercializadora del herbicida. El amparo, fundamentado en la figura del “daño ambiental colectivo”, en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en los principios de Prevención y Precaución del Derecho Ambiental, también solicita la declaración testimonial del director del Laboratorio de Embriología Molecular del CONICET-UBA, que en un estudio cuyos resultados se habían dado a conocer en días anterioresTPF

4FPT confirmaba el efecto perjudicial del glifosato

en el desarrollo del embrión humano. Pese a su diversidad, todos estos casos muestran la emergencia de un nuevo

repertorio estratégico en materia de protección ambiental, en el marco de políticas gubernamentales promotoras o permisivas de ciertas actividades económicas especialmente peligrosas para las personas y los recursos naturales. En particular, este conjunto de iniciativas legislativas y judiciales, que involucra la participación de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados e institutos científicos, ha buscado incidir sobre los problemas socioambientales que se producen en los territorios desde el nivel nacional, instando a la jurisdicción provincial al cumplimento de contenidos mínimos de protección ambiental.

Según la legislación vigente en Argentina, las unidades políticas competentes para disponer del suelo y el subsuelo son las provincias. No obstante, el Estado no puede explotar los recursos presentes en el territorio (minas, gas, petróleo), debiendo trasladar la actividad a particularesTPF

5FPT. El radio de acción de los gobiernos provinciales se

sitúa así en el otorgamiento o no de permisos (concesiones) a las empresas para la explotación de los recursos nativos. Dado que la aprobación de los proyectos no está sujeta a la participación pública, las concesiones no toman en cuenta los derechos de las comunidades potencialmente afectadas y se hacen efectivas al costo de un severo déficit democrático.

Frente a este escenario de provincialización de las glocalizaciones, las medidas legislativas y judiciales mencionadas impulsan regulaciones de carácter universal sobre bienes y derechos. Por un lado, son el producto de acciones concertadas tendientes a emponderar al sistema legal en la construcción de un componente socio-ambiental claro; por otro lado, comportan intervenciones institucionales orientadas a la producción de una autoridad ambiental independiente, con base en el Derecho -sujeta así a los principios de precaución y prevención del Derecho Ambiental, a la instrumentación de ordenamientos territoriales, a la realización de audiencias públicas y de estudios de impacto ambiental.TPF

6FPT

Según Sergio Federovisky, presidente de la Agencia Ambiental de la ciudad de La Plata, la ausencia de autoridad ambiental en nuestro país debe leerse en un doble sentido: “[por un lado] las decisiones que se convierten en problemas ambientales se tramitan en sitios a los que ninguna autoridad ambiental tiene acceso intelectual, político o del tipo que sea. Y, lo que es más grosero, en la mayoría de los casos, esa

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4PT Véase Página 12 del 13-04-09.

TP

5PT Artículo 124 de la Constitución Nacional (1994) y arts. 9 y 346 del Código de Minería vigente (1886).

TP

6PT La misma reforma constitucional que provincializó el manejo de los recursos naturales, creó el artículo

41 que garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano e impone del deber de preservarlo. Los contenidos mínimos de protección ambiental han sido fijados por la Ley Nacional de Ambiente y las provincias poseen la facultad de complementarlos.

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autoridad ambiental -si es que existe- carece de atribuciones para lidiar con ese asunto”. E inmediatamente se refiere al caso de la megaminería a cielo abierto, que es el que nos importará centralmente en este trabajo, advirtiendo: “la Cámara que reúne a los empresarios mineros en la Argentina se enoja frente a la desconfianza de buena parte de la sociedad, del ámbito académico y hasta de la política respecto del impacto de la minería a cielo abierto. Les molesta que se recuerde el caso de Montana, en Estados Unidos [donde un referendum popular prohibió la “minería de filtrado de cianuro” en 1998]. No hace falta aclarar que es el mismo método que hoy se publicita en la Argentina como la plataforma hacia el progreso. Los mineros blanden un código ambiental vigente en la Argentina. No son tan locuaces a la hora de explicar que el organismo de aplicación de ese código ambiental es la misma Secretaría de Minería que concede esos permisos…”TPF

7FPT.

Según la ley 24.585/95 de protección ambiental para la actividad minera, modificatoria del artículo 282 del Código de Minería, la autoridad de aplicación de las normas ambientales es la que establezcan las autoridades provinciales, sin que se exija la intervención de organismos técnicos independientes y capacitados. En este marco, las autoridades han hecho responsables del control de la actividad a sus respectivas Secretarías de Minería provinciales. En un claro debilitamiento de la gestión ambiental, esto significa que los informes de impacto ambiental y las concesiones mineras son evaluados por el sector que promueve la actividad. II.- Las resistencias sociales

La expansión de la megaminería a cielo abiertoTPF

8FPT en Argentina, bajo las

condiciones de control sectorial que mantienen las empresas sobre el proceso institucional que garantiza su emplazamiento, ha desencadenado una fuerte conflictividad social. Desde 2003, cuando se produjo el primer proceso de movilización social contra la minería tóxica en el sur del país, distintos pueblos y ciudades de las provincias cordilleranas y precordilleranas fueron replicando esa modalidad de lucha para protestar contra los proyectos mineros en sus territorios. En su conjunto, estas acciones colectivas presentan una serie de rasgos comunes que sintetizaremos a manera de introducción.TP

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9FPT

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7PT Sergio Federovisky: “Crítica de la ecología política” Suplemento de ciencias Futuro de Página 12, 20-

12-08. Cursiva nuestra. TP

8PT La denominada minería a cielo abierto es aquella que utiliza sustancias químicas (cianuro, mercurio,

ácido sulfúrico) en el proceso de lixiviación (separación/disolución) de los metales contenidos en los minerales que se encuentran a su vez en las rocas. Dado que se trata de metal diseminado, el proceso comienza por la dinamitación de los cerros, como paso previo a lo que se conoce como “sopa química”. Estas tecnologías requieren cuantiosos volúmenes de agua y energía para operar y generan drenajes ácidos, entre otros vertidos contaminantes. TP

9PT Sintéticamente, podemos decir que hay tres tipos de conflictividad con respecto a la minería en

Argentina: la que se genera antes de la puesta en marcha del emprendimiento y cuestiona la pertinencia de la actividad en el territorio; la que se genera cuando los emprendimientos están en funcionamiento (Minera La Alumbrera en Catamarca o Veladero en San Juan); la que surge tras el cierre de un emprendimiento minero debido a sus pasivos ambientales (Sierra Pintada en Mendoza) y/o por la desarticulación social y económica resultante de aquella suspensión (Abra Pampa, Jujuy). En este trabajo nos ocupamos sólo del primer “tipo”, claramente mayoritario, el de las resistencias gestadas preventivamente. Por ello, la caracterización general que proponemos se aplica parcialmente en aquellos casos donde las empresas mineras han comenzado a explotar y las organizaciones sociales no han logrado

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En primer lugar, los sujetos de la acción de protesta son “vecinos autoconvocados”. La nominación refiere a un proceso de autoorganización social que demarca su espacio de autonomía respecto de un límite: la connivencia entre los gobiernos y las transnacionales mineras para el avance de los proyectos.

En segundo lugar, las acciones de los autoconvocados son particularmente defensivas y multiescalares, según un proceso dinámico que comienza con estrategias de resistencia en el ámbito local y se orienta a estructurar el reclamo a nivel provincial, en concomitancia con la potestad de los gobiernos provinciales respecto de las concesiones mineras.

En tercer término, las asambleas despliegan discursos sobre la forma de vida y el desarrollo local. Estas narrativas están vinculadas a las actividades productivas de larga data en la región, a las oportunidades económicas, al resguardo de ciertos recursos, como las fuentes de agua dulce, a la preservación del paisaje y la cultura de la naturaleza, entre otros. En un mapa atravesado por las heterogeneidades económicas, políticas y sociales, la formulación de valoraciones sobre la convivencia y el desarrollo, entraña la generación de identificaciones colectivas territoriales.

Por último, las resistencias sociales contra la megaminería son el producto de una configuración de saberes entre los mismos vecinos de los pueblos y ciudades que, informado por profesionales independientes, integró entre otros, los conocimientos sobre los impactos de la industria minera a cielo abierto con un saber actualizado sobre el territorio habitado. La información sobre las leyes que protegen la actividad, sobre las normas que protegen el ambiente, sobre los derechos constitucionales y sobre el “hecho” que los funcionarios optan por aplicar aquellas leyes “aún cuando vayan en contra de la ciudadanía”, completan un saber multifacético que ha coadyuvado a conectar los procesos de autodeterminación popular con acciones institucionales orientadas a obtener nuevos marcos regulatorios.

En este trabajo nos ocuparemos de describir y analizar los procesos de

movilización contra la minería contaminante producidos en las provincias de Mendoza y La Rioja. Tales procesos se desencadenaron tras la toma de conocimiento de proyectos mineros en estado de exploraciónTPF

10FPT y desembocaron, en el curso de un

proceso investigativo, en la conformación de asambleas locales de lucha contra la minería a cielo abierto. En ambos casos, la estrategia política de los autoconvocados se orientó a la provincialización del reclamo, aunque con resultados diversos. Mientras que las asambleas mendocinas lograron en 2007 una ley provincial que prohíbe el uso de sustancias químicas en los procesos mineros, los autoconvocados riojanos se confrontaron finalmente con un cierre mayor del sistema político, desde el reforzamiento institucional de la política minera a nivel provincial, al control y la represión de la manifestación social.

El objetivo del presente trabajo es poner de relieve la escala provincial en la articulación de los reclamos contra la megaminería. En primer lugar, porque los Estados

alterar el estado de cosas, en el marco de una gran asimetría de fuerzas que incluye la inversión de las empresas y los Estados en la distribución de servicios sociales. TP

10PT Las distintas fases en que se divide un proyecto minero son: prospección o búsqueda de yacimientos,

exploración del cuerpo mineral hallado, factibilidad y construcción, explotación, transporte del metal extraído hacia los puertos.

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provinciales, en tanto unidades federales facultadas para disponer sobre los recursos naturales, han delimitado un ámbito de competencia para los reclamos. En segundo lugar, puesto que la articulación de las demandas a escala provincial ha ido colocando en la “agenda” un conjunto de proposiciones sobre la vida comunitaria, gestadas en las resistencias territoriales, que tiende a reforzar la pertenencia provincial a la vez que a recargarla de nuevas significaciones sociales.

La reflexión que promovemos en este trabajo preliminar gira alrededor de dos cuestiones. La primera es la constitución de los estados provinciales como “identidades de resistencia” respecto de los actores globales que actúan en los territorios. Siguiendo a Castells (1996), la capacidad de las redes globales de someter toda identidad en el cumplimiento de las medidas instrumentales trasnacionales, puede coadyuvar a la constitución de trincheras de supervivencia comunales (identidades de resistencia) en el espacio de dominación global, e, inversamente, la reconstitución de la identidad local en un sentido acorde con las redes globales, supondría la articulación de “identidades proyecto”.

¿Constituye el desencadenamiento del proceso mendocino la estructuración de una identidad territorial de resistencia frente a los requerimientos de la economía global? ¿Constituye el caso riojano la reafirmación de una “identidad proyecto” con los actores globales, impuesta a la identidad de resistencia configurada desde la sociedad civil? ¿Podemos pensar en la estructura federal del Estado argentino como una estructura de oportunidad política para la (re)constitución de las identidades colectivas tradicionales, en favor nuevas identificaciones territoriales?

La segunda cuestión matiza estos argumentos y reenvía a la discusión y a la confrontación sobre los aspectos identitarios al interior de la provincia, emergentes de las resistencias sociales contra la megaminería ¿Qué nuevos discursos sobre la identidad provincial se han producido a partir de las movilizaciones locales? ¿Se trata de narrativas que replican las valoraciones sobre el desarrollo gestadas a escala local o esos mismos discursos se fueron reformulando a medida que la provincia se transformaba en lugar de disputa sobre la identidad colectiva territorial?

Suplementariamente, ¿qué tan distintos son estos procesos respecto de las movilizaciones contra la megaminería que se vienen produciendo a escala regional?

A continuación, haremos una breve exposición de las similitudes y diferencias

que enmarcan y caracterizan las resistencias sociales a la minería a cielo abierto a nivel continental, enfatizando la relevancia de los aspectos diferenciales. Tras esa incursión, nos referiremos sucintamente a las provincias bajo estudio, destacando aspectos estructurales de su configuración económica, política y social. Esta presentación abrirá paso a las crónicas sobre las luchas sociales contra la megaminaría en Mendoza y La Rioja. Finalmente, expondremos algunas ideas exploratorias a modo conclusión. III. ULas resistencias sociales contra la minería a cielo abierto en perspectiva regional

Las luchas sociales contra la megaminería a cielo abierto se encuentran extendidas en los países cordilleranos de América Latina, desde que un nuevo marco jurídico similar, vigente desde principios de la década de los noventa, liberalizó la actividad en los países de la región mediante la protección y promoción estatal de las

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inversiones privadas mineras (véase para Perú, Alayza Moncloa, 2007; para Ecuador, Esteves, 2009) TPF

11FPT. Aunque la actividad es dominada por empresas transnacionales, los

gobiernos suelen referirse al conjunto del sector como una política de desarrollo nacional, vinculando las inversiones mineras con el progreso de la nación, con la creación de puestos de trabajo y con la redistribución socialTPF

12FPT. En nuestro país, este tipo

de industria recibió un nuevo impulso en 2004, cuando el por entonces presidente Kirchner presentó, junto al Secretario de Minería de la Nación, Ing. Mayoral, el Plan Nacional Minero y se comprometió a jugar fuerte en apoyo del sector.TPF

13FPT

En términos generales, los movimientos contra la minería a cielo abierto denuncian la contaminación de la tierra, el agua y el aire que conlleva este método de explotación, y los peligros que supone para la salud. Estos movimientos ponen énfasis en el peligro inmediato que corren los modos locales de producción, debido al control de los recursos hídricos que requiere este tipo de minería, y los daños a los aspectos culturales que conllevan las grandes explotaciones: biodiversidad, relaciones de las TP

11PT En Argentina, el marco jurídico que da ingreso a la gran minería mundial data de 1993. Fue

fuertemente impulsado por el Banco Mundial, silenciosamente elaborado, y dispone, en pocas palabras, las mejores condiciones imaginables para las empresas inversoras y la menor injerencia posible del Estado y de la sociedad civil. Las empresas mineras cuentan, entre otras ventajas, con estabilidad fiscal por treinta años, lo que implica que no podrán ver afectada su carga tributaria o arancelaria, ni disminuir sus beneficios, ni ver modificado su régimen cambiario, pudiendo, además, deducir del cálculo del impuesto a las ganancias el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto que incluye las actividades de prospección, exploración, estudios especiales, plantas piloto o investigación. Las inversiones en infraestructura también pueden ser amortizadas del impuesto a las ganancias y en virtud de la ley sobre Acuerdo Federal Minero, las provincias y el Estado acordaron eliminar todo gravamen y tasa municipal e impuesto a los sellos. Asimismo, las empresas están exentas del pago de todo derecho o tasa de importación. También están exentas del impuesto al cheque y a los combustibles y sólo desde 2007 pagan retenciones a las exportaciones, aunque están especialmente favorecidas por el trato diferencial a sus ganancias. Desde 1999 gozan de más incentivos: pueden deducir de sus ínfimas regalías –hasta un tope del 3%- costos de transporte, fletes y seguros hasta la entrega del producto, costos de trituración, molienda y beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, los costos de comercialización y los de administración hasta la entrega del producto logrado, los costos de fundición y refinación, menos los de extracción. En suma, dado que se prevé la importación libre de la tecnología necesaria y que el proceso industrial y las ganancias son llevados al exterior, lo que queda en el país es absolutamente marginal. Véase Gutman, 2007. TP

12PT Para una evaluación de los impactos de Minera la Alumbrera, explotación de oro y cobre activa en

Catamarca desde 1997, que muestra el retroceso de la producción primaria, la industria y el sector terciario, así como el estancamiento de la pobreza en sus niveles históricos provinciales, entre otros componentes, véase Machado Aráoz (2009). TP

13PT En su discurso Kirchner declaró: “El sector minero es uno de los que durante la década del noventa

con cambios importantes en la legislación empezó a tener, en principio, un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente […] legislación que nosotros estimamos que fue positiva, que ayudó. Evidentemente, hoy estamos ante una oportunidad concreta de consolidar el proyecto de inversión del desarrollo minero en la Argentina […] donde se consolide el proceso productivo que ha comenzado a ejercer San Juan en estos días, más procesos de investigación y de producción que se están poniendo en marcha, estamos absolutamente confiados que se va a consolidar, va a crecer la producción minera, la exportación, las fuentes de trabajo, van a crecer fuertemente los ingresos. Es muy importante también que el desarrollo minero vaya acompañado del crecimiento sustentable donde se hacen las inversiones […] que la gente perciba que la minería trae progreso, mejoramiento en la calidad de vida y que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento económico de la región […] Por eso nosotros creemos y estamos dispuestos a ver un crecimiento fuerte del sector, apoyarlo fuertemente y a escuchar qué políticas activas, desde el gobierno nacional, podemos promocionar para que esto se active, sea más rápido y la dinamización del sector ayude a consolidar el crecimiento que la Argentina necesita para colocar un punto de inflexión en la crisis que estamos viviendo”. El discurso completo está en: HTUhttp://www.mineria.gov.ar/planesnacionales/discurso.asp?titpag=Discurso%20Presidencial%202004 UTH.

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poblaciones con la naturaleza y el paisaje, presencia de grupos étnicos. En suma, refieren a la megaminería como “un modelo” que rompe y arrasa con otro, que es sostenido localmente.

En Argentina, existen unas setenta asambleas de vecinos autoconvocados contra la megaminería, distribuidas en más de quince provincias. La primera movilización de envergadura fue la de Esquel en 2003, cuando la asamblea multisectorial de esa ciudad de la provincia de Chubut logró la convocatoria a un referéndum popular en el cual el 81% de los votantes dijo “no” a la minería con tóxicos. Meses más tarde se promulgaba la primera ley provincial de prohibición de este tipo de minería.

Informado a su vez por el primer plebiscito “latinoamericano” contra la megaminería, producido en Tambogrande, Perú, en 2002, Esquel se convirtió en un proceso de lucha señero para las asambleas que se conformaron en Argentina con posterioridad. Aunque nuevas consultas populares no volvieron a convocarse, ya sea porque las autoridades se negaron o porque no representaban una herramienta adecuada a la estructura de oportunidad política local, distintos procesos autoorganizativos culminaron con la sanción de leyes provinciales de prohibición de la minería contaminante, contabilizándose siete hasta el presente.

A diferencia de otros países como Guatemala, Perú y Ecuador, en los que las luchas contra la megaminería tienen como grandes protagonistas a las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, en Argentina las asambleas reúnen por abrumadora mayoría a “vecinos autoconvocados”, un conglomerado social compuesto por productores, trabajadores de clase media, profesionales independientes y asociaciones locales. El componente socio-económico y cultural de las asambleas se revela así como un dato no menor. En primer lugar, los reclamos que sustentan la resistencia no fundan su derecho en una identidad territorial previa, de base étnica o campesina, sino en la defensa de un conjunto de recursos, funciones y actividades actuales, que se constituyen como rasgos de una nueva identidad territorial progresivamente construida en el curso de la protesta.TPF

14FPT. En segundo lugar, la escala

provincial opera para los vecinos autoconvocados como espacio de homogeneización de los nuevos discursos y valores, mucho más que las regiones o los territorios transjurisdiccionales, punto de partida de las identidades comunitarias indígenas y campesinasTPF

15FPT. En suma, el derecho a la diversidad -socio-económica y cultural- tiende a

articularse a la ciudadanía que se ejerce en el espacio provincial, como territorio de una singularidad comunitaria y de acceso a derechos.

IV. ULas provincias: Mendoza y La RiojaU

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14PT Si bien en algunos casos, existe articulación con pueblos originarios y organizaciones campesinas, la

relación al territorio dista de las vinculaciones ancestrales entre tierra, naturaleza y territorio que singularizan a las identidades indígenas La preservación del agua por ejemplo puede depender de representaciones simbólicas sobre la naturaleza o ser un objetivo ligado a otros usos industriales. Los vínculos con los pueblos originarios tienden a estructurarse a partir de la recreación de la memoria de la conquista, vinculada a sucesivos saqueos coloniales extendidos hasta hoy, y hacia el futuro, en el desarrollo de una forma de vida ecológica, incluidas las actividades comerciales como el ecoturismo. TP

15PT En Argentina existen algunas asambleas regionales como ASANOA; sin embargo su accionar,

orientado a coordinar acciones de resistencia conjuntas en apoyo recíproco, no ha supuesto hasta ahora la emergencia de un discurso regionalista, quizá sí instituido en el caso de las asambleas patagónicas (Gavirati, 2009).

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Mendoza y La Rioja forman parte del territorio nacional árido y semiárido. Poseen lluvias escasas, concentradas en una sola estación. La sustentabilidad de sus oasis urbanos y agrícolas depende de la distribución del agua mediante el sistema de acequias y canales, a partir de los ríos que descienden desde las cumbres montañosas hacia los valles. En cuanto a su estructura económica, Mendoza y La Rioja presentan características tendencialmente opuestas. Mientras que Mendoza posee un poderoso e integrado sector económico dedicado a la vitivinicultura y la agricultura de exportación, La Rioja presenta un desarrollo más modesto de ambas actividades, con primacía de los pequeños productores y un desarrollo reciente pero en rápida expansión de la olivicultura intensiva a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Ambas provincias destinan una parte de su presupuesto provincial a apoyar al sector económico privado. No obstante, los aportes económicos son mayores en el caso riojano y muy superiores cuando se trata de transferencias al sector público. TPF

16FPT

Si tomamos como referencia los años 2005 y 2007, observamos que La Rioja transfirió al sector privado un 13.81% y un 16.98 % de sus gastos totales, mientras que Mendoza lo hizo en un 9.22% y en un 10.42%, en esos mismos años.

Las transferencias al sector público, por otra parte, significaron el 23.94% y el 21.94% de los gastos totales ejecutados por La Rioja en 2005 y 2007, contra el 19.11% y el 15.08% transferidos a ese sector en el caso mendocino. El dato más relevante al respecto es la gran proporción de riojanos que se desempeñan como empleados públicos. Según los datos disponibles, La Rioja poseía en 2004, a razón de 76.78 empleados públicos cada mil habitantes, mientras que en Mendoza esa misma razón se reducía al 39.02 por mil.

Las características diferenciales de las economías mendocina y riojana se traducen a su vez en diversos grados de autonomía fiscal provincial. Considerando los mismos años 2005 y 2007, observamos que mientras Mendoza recibió un 26.43% y un 26.31% de impuestos provinciales sobre la totalidad de sus ingresos, el porcentaje de los fondos procedentes de tributos provinciales alcanzó en La Rioja el 5.68% y el 6.26% del total de ingresos en los años respectivos. Suplementariamente, La Rioja recibió transferencias directas desde la Nación en un 25.57% % y un 19.13 % de sus ingresos totales en 2005 y en 2007, mientras que Mendoza ingresó por transferencias directas, el 2.9 % y el 4.08 % de sus ingresos, respectivamente.TPF

17FPT

Asimismo, el mayor dinamismo de la economía mendocina frente a la riojana se constata al contrastar los datos de evolución del desempleo y la pobreza. Tomando como punto de partida el segundo semestre de 2004, en el que la cifra de desocupación alcanzaba el 9% de la población económicamente activa en ambas provincias, para el primer trimestre de 2008, el desempleo había descendido en Mendoza al 3.9% y sólo al

TP

16PT La población de la provincia de Mendoza era según el censo de 2001 de 1.579.651 personas y la de La

Rioja, de 289.983 personas. Los ingresos de la provincia de Mendoza ascendieron entre 2002 y 2007, de 1.344.924 a 4.497.423 de pesos y los percibidos por La Rioja aumentaron de 574.089 a 1.572.771 de pesos entre los mismos años. TP

17PT Mendoza recauda, además, regalías petroleras (el 19.14% de los ingresos totales y el 17.48% en 2005 y

2007) mientras que La Rioja empezó a percibir en concepto de regalías el 0.66% en 2005, porcentaje que alcanzó el 0.74 % de sus ingresos en 2007.

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8.1% de su población económica activa en La Rioja, contando durante el período con una cantidad relativa mayor de planes asistenciales de empleo. Con respecto a los niveles de pobreza, el 44.2 % de la población era considerada pobre en La Rioja en el segundo semestre de 2004 y el 39.7% de la población lo era en Mendoza. En el primer trimestre de 2008, esas cifras habían bajado al 16.1% en La Rioja y al 7.5 % en Mendoza.TPF

18FPT

En suma, la fortaleza y el dinamismo de la economía privada mendocina se contraponen a la economía política de la provincia norteña, dominada por el sector público y la distribución de subsidios y ayudas estatales.

Con relación al funcionamiento de los sistemas políticos provinciales, las diferencias continúan siendo notorias. La Rioja ha sido gobernada por un mismo partido (Partido Justicialista) durante los siete períodos consecutivos que se contabilizan desde la transición democrática, en 1983. Mendoza, por el contrario, ha tenido alternancias en el gobierno y aunque la mayoría de su electorado se distribuye entre tres fuerzas políticas (Unión Cívica Radical, Partido Justicialista y Partido Demócrata), ello no ha sido óbice para la aparición de otras fuerzas políticas provinciales y de procedencia nacional. Según la información presentada por Gervasoni (2009) para el período 2003-2007, La Rioja se encuentra entre las provincias que ostentan sistemas de medios de comunicación más sesgados a favor del oficialismo provincial (prensa escrita) y uno de los niveles más bajos de “democracia global”, considerando en su conjunto, la limpieza del acto electoral, el funcionamiento de la división de poderes, el estado de las libertades de expresión y prensa y el respeto de los derechos individuales. Por el contrario, según el mismo estudio, Mendoza se encuentra en segundo lugar, después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una escala que va de mayor a menor nivel de democracia “global” provincial. Tomando en cuenta todo lo anterior, resulta claro que las relaciones de las sociedades mendocinas y riojanas con el Estado provincial y nacional son diferenciales. Los aportes de Mendoza a las arcas provinciales contrastan con los fondos que La Rioja recibe del Estado nacional. Ahora bien, este último ítem debe ser matizado, si se tiene en cuenta que la baja actual en las transferencias corrientes a La Rioja, se produce contra la percepción incipiente de regalías provinciales. Ello parece indicar un cambio de rumbo de la política nacional respecto de la provincia a partir de 2003, orientado al logro de un mayor autofinanciamiento provincial. Finalmente, la dependencia del empleo público y la presencia extendida tanto de planes asistenciales como de subsidios económicos en La Rioja, permite, por su parte, relacionar estas prácticas con el bajo grado de “democracia real” que presenta el régimen de gobierno provincial, en la perspectiva del mantenimiento de relaciones de intercambio personalizadas y jerárquicas con pocas oportunidades de control y cuestionamiento social del poder. V. ULas crónicas “de minería”

TP

18PT La fuente de los datos citados es ProvInfo, Unidad de Información Provincial Integrada, Secretaría de

Provincias, Ministerio de Interior. Disponible en http://www.mininterior.gov.ar/provinfo/inicio.asp

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UDe San Carlos al Parlamento Provincial. La institución de una nueva territorialidad mendocinaU

Las movilizaciones sociales contra la política minera comenzaron en Mendoza

en el UValle de UcoU, uno de los tres oasis urbano-agrícolas en los que se concentra la población de la provincia, más precisamente en el departamento de San Carlos, extendiéndose más tarde a Tunuyán y TupungatoTPF

19FPT.

A comienzos de 2005, la subsidiaria argentina de la empresa minera canadiense Tenke y el Secretario de Minería de la provincia se hicieron presentes en la Municipalidad de San Carlos con el objeto de informar sobre los avances de la exploración para la extracción de oro y cobre en un área cercana a la Laguna del Diamante, uno de los principales reservorios de agua dulce de la provincia ubicado al sur del departamento. Coincidentemente, funcionarios del gobierno de Mendoza viajaban a Canadá para ofrecer a las empresas del sector invertir en la provincia.

El conocimiento de estos hechos desembocó en las primeras acciones de protesta. El 25 de mayo de 2005, los vecinos del departamento de San Carlos se manifestaron en presencia del gobernador Julio Cobos y le entregaron un petitorio en el que le requerían información sobre el curso de acción que estaba tomando su gobierno respecto de la minería, titulado El pueblo quiere saber de qué se trata. En la manifestación aparecían pancartas a favor del agua y en contra de la minería química.TPF

20FPT

La entidad que congregaba a los sancarlinos era el Frente Diamante, una multisectorial conformada ese mismo año por corporaciones agrícolas, organizaciones religiosas, uniones vecinales, clubes, empresarios del turismo, docentes, productores y profesionales independientes. Esta entidad tuvo entre sus actores principales a la Sociedad Rural del Valle de Uco, la que marcó desde el inicio que el desarrollo de la región y su sustentabilidad eran sinónimo de producción agrícola.

Durante 2005, el Frente Diamante consiguió que se debatiera la oposición a la megaminería en el Consejo Deliberante del Municipio de San Carlos y que, como resultado de ese debate, se emitieran dos ordenanzas. La primera de ellas creaba el programa “Fomento de la Actividad Agrícola Sancarlina” y prohibía la explotación de oro y cobre en el departamento (ordenanza 1003/05). La segunda ordenanza no se oponía a la explotación minera, sino que prohibía específicamente “el empleo de técnicas de lixiviación con sustancias tóxicas”, en uso de las facultades de policía ambiental del departamento (1068/05). Ambas ordenanzas locales plasmaban el primer proceso de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y el poder institucional en el ámbito de la provincia.

TP

19PT El Valle de Uco, donde se ubican estas localidades, constituye uno de los tres grandes oasis urbanos y

agrícolas del mapa provincial: el oasis norte (Gran Mendoza y Zona Este), el oasis de Valle de Uco (centro) y el oasis Sur (San Rafael y General Alvear). De los ríos cordilleranos proviene al agua que riega por el sistema de acequias los tres oasis, en total un 3% de la superficie de la provincia donde se concentra el 97% de la población mendocina (Wagner, 2008). TP

20PT Según uno de los autoconvocados entrevistados, “hasta eso nadie sabía más que nosotros del tema de

la minería, ni los mineros, ni Cobos, ni nadie […] En ese momento era pedir información, decirle al Estado ojo que nosotros queremos participar, queremos saber de qué se trata. Le pedíamos al gobierno que informara a la gente como era el tema de la minería. Y oponernos mientras tanto no se aclararan todas esas cosas” (Daniel F., San Carlos)

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También en 2005, una denuncia del por entonces consejal sancarlino Jorge Difonso, perteneciente al Partido Demócrata, provocó que el gobernador desplazara del cargo a quien se desempeñaba como Secretario de Minería provincial, acusado de haber sido titular de derechos mineros que más tarde habría transferido a la empresa que realizaba cateos en el departamento. Por otro lado, movilizaciones sociales cada vez más numerosas “arrancaban” algunas medidas al gobierno y al Estado provincial. En septiembre de 2005, el Poder Ejecutivo de la provincia tomó la decisión de suspender los permisos mineros por noventa días a fin de articular la legislación nacional (Código de Minería y legislación ambiental minera) con la ley provincial de ambiente (5.961). Aunque la medida no se implementó, a la semana siguiente, el gobernador promulgó la ley 7.422/05, por la cual se ampliaba la reserva Laguna del DiamanteTPF

21FPT, dejando fuera

del área protegida a varios cateos minerosTPF

22FPT.

Por ese entonces, otro epicentro de lucha contra la minería se había consolidado en la ciudad de USan RafaelU. En 2004, distintas corporaciones locales, ONGs, productores y vecinos autoconvocados habían creado la Multisectorial del Sur por el Desarrollo Sustentable, como respuesta a la anunciada reapertura de la mina de uranio de Sierra Pintada. Este emprendimiento, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad, dejó de explotarse por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1995 y actualmente posee tanto reservas de uranio como un importante pasivo ambiental de residuos tóxicos sin tratar. Ante el citado anuncio, los sanrafaelinos comenzaron a reclamar por la no reapertura y la remediación de la mina, erigiéndose el recurso judicial en herramienta estratégica central de la organización ambientalistaTPF

23FPT.

Asimismo, la Multisectorial del Sur brindó apoyo a las movilizaciones contra la minería a cielo abierto en el centro y el sur de la provincia y fue de particular ayuda en el diseño de las propuestas legislativas que culminarían en la eliminación del uso de tóxicos en los procesos mineros a nivel provincial, a través de su asesoría letrada, especializada en Derecho Ambiental. A mediados de 2006, las protestas iniciadas en el Valle de Uco se extendieron al sur de la provincia, más precisamente al departamento de UGeneral AlvearU. Junto a sus vecinos de Punta de Agua (San Rafael), los alvearenses se oponían entonces a los proyectos mineros de oro y cobre localizados en los departamentos de Malargüe y San

TP

21PT Se avecinaban las elecciones legislativas en la provincia y los sancarlinos veían en la coyuntura una

posibilidad de hacerse oír. Relata Daniel F. que en la explanada de la Terminal, donde se manifestaron “no sé si había ocho mil personas, pero en los diarios salió ocho mil personas se manifiestan en la calle…ocho mil personas previo a una elección no las juntaba nadie en San Carlos…Eso fue un domingo…El lunes reunión urgente en Mendoza…Una ley que nosotros veníamos pidiendo de ampliación de la Reserva de la Laguna del Diamante tenía cinco años guardada, la llevaban para un lado, la llevaban para el otro…La paraban en Minería, la Dirección de Minería no quería que se ampliara porque estaban estos cateos cerca…El domingo…el miércoles teníamos la ampliación de la Reserva…Primer logro…Cobos en eso fue muy blando siempre…Para nosotros fue un logro grande” . TP

22PT En estos y otros casos en que nuevas leyes daban por finalizados los cateos en curso, las empresas

presentaron recursos de inconstitucionalidad por la existencia de derechos mineros previamente adquiridos. TP

23PT En 2005, la Legislatura provincial solicitó a la CNEA la presentación de un plan de remediación como

paso previo a la reapertura de la mina. Según la abogada María Paulina M., de la Multisectorial del Sur, el plan presentado preveía tratar sólo el 4% de la totalidad de los residuos existentes, ante lo cual decidieron plantear un amparo judicial. El proceso culminó con la confirmación por la Cámara Federal de Apelaciones del fallo de primera instancia, imponiendo la medida cautelar de no innovar, es decir, de no reabrir la mina, el 20 de febrero de 2009.

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Rafael que, según entendían, irían a contaminar el agua que utilizan para beber y para desarrollar las principales actividades productivas de la zona, la agroindustrial, la ganadera y la turística. En el mes de agosto, la Multisectorial de General Alvear junto a habitantes del departamento iniciaron una serie de debates en el Consejo Deliberante local y realizaron sucesivas marchas y manifestaciones en la ciudad que alcanzaron, como las del año anterior en San Carlos, las cuatro mil personas. Pero en octubre de 2006, la lucha ambiental produjo un punto de inflexión. Las demandas del centro y el sur mendocinos se trasladaron al Poder Legislativo de la provincia y a partir de entonces, el proceso social y el proceso institucional volvieron a confluir. De un lado, las multisectoriales y asambleas comenzaron a incidir directamente en la labor legislativa, abriendo múltiples debates, empujando el timing parlamentario y participando de la ley. Del otro, la intervención de legisladores provinciales que impulsaban la regulación medioambiental de la actividad minera y la presencia activa de intendentes municipales, consejos deliberantes y legisladores locales de procedencias partidarias múltiples pero con intereses comunes, desplazaban las definiciones en torno a la megaminería al espacio provincial. Los representantes de estos poderes institucionales instaban en su conjunto a una regulación supralocal de la actividad económica, que se iría decodificando, en el curso del debate legislativo, en el marco de “los intereses generales” de la provincia. Vemos rápidamente la secuencia legislativa para observar después algunos de los discursos parlamentarios. En primer lugar, el 17 de octubre de 2006, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley presentado por el senador Difonso, ex consejal de San Carlos y ahora titular de la Comisión de Medio Ambiente de esa Cámara, ordenando la suspensión de la actividad minera en la provincia hasta tanto el Poder Ejecutivo provincial enviara al Legislativo un Plan Ambiental, acorde con lo dispuesto por la Ley Provincial de Ambiente. Con el objetivo de lograr el apoyo de la Cámara de Diputados a la media sanción legislativa, los autoconvocados del Uco y del Sur se embarcaron en una serie de reuniones con funcionarios (Ministerio de Ambiente y Superintendencia General de Irrigación de la provincia) legisladores, intendentes, concejales y empresarios mineros, a través de la Comisión de Ambiente de la Cámara Baja, todo lo cual desembocó en la discusión y aprobación final del proyecto en diciembre de ese año.TPF

24FPT

La ley 7.627, también conocida como “ley Difonso”, fue, no obstante, vetada días más tarde por el gobernador Cobos (decreto 2828/06). El Poder Ejecutivo objetó su constitucionalidad por considerar que reformaba disposiciones de competencia legislativa nacional, como lo es el Código de Minería, y afectaba derechos mineros adquiridos que podrían generar perjuicios a terceros (juicios al Estado provincial). Cobos dispuso, asimismo, que fuera cada uno de los departamentos de la provincia el que elaborara su propia propuesta a favor o en contra de la actividad, una medida que devolvía la iniciativa a los poderes locales.

TP

24PT Durante las sesiones, las asambleas y multisectoriales se movilizaron alrededor de la Legislatura

acompañadas por ciudadanos y militantes sociales de la capital y el conurbano, quienes pasaron a conformar la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. A continuación, se creó la Asamblea Mendocina por Agua Pura (AMPAP) que las congrega a todas y amplía el ámbito de representación a la ciudad capital y el Gran Mendoza.

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Sin demoras, el Valle de Uco rechazó de plano la minería metalífera en sus departamentos. A través de ordenanzas prácticamente simultáneas, San Carlos (1123/06), Tunuyán (1940/06) y Tupungato (001/07) contestaron a la iniciativa de manera concertada, prohibiendo, dentro de los límites departamentales, “el empleo de sustancias tóxicas” en las actividades minerasTPF

25FPT.TPF

26FPT

Acto seguido, las asambleas y departamentos retomaron la movilización para “restituir la ley”. En mayo de 2007, tras la apertura del período ordinario de sesiones legislativas, el Senado provincial rechazó el veto a la ley Difonso, pero la media sanción quedó frenada en Diputados, donde el oficialismo contaba con mayoríaTPF

27FPT.

Ante la parálisis, las asambleas organizaron cortes de ruta en los accesos a General Alvear y a lo largo de la ruta 40 que une esa ciudad con Mendoza, atravesando los municipios del Valle de Uco. Algunos asambleistas se manifestaron en la Legislatura mendocina y otros lo hacían en General Alvear, epicentro, esta vez, de la gran concentración social. La contundencia de la protesta consiguió que el proceso legislativo fuera retomado por el propio gobernador. Cobos propuso a los senadores Difonso, de San Carlos, y Sanz, de Alvear, que confeccionaran un nuevo proyecto de ley y envió asimismo a su Secretario de Gobierno a General Alvear para entablar conversaciones directas con los vecinos. Allí, distintos proyectos fueron estudiados y debatidos a cabildo abierto con la asesoría de los abogados, de lo que resultó una propuesta definitiva. Finalmente, entre el 19 y 20 de junio, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza sancionaron la ley 7.722, que en su artículo 1 establece:

“A los efectos e garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo,

TP

25PT El encabezado de la Ordenanza de San Carlos expresa: “Con el trabajo de todo un pueblo unido, el

Concejo Deliberante de San Carlos, sanciona la Ordenanza 1123/06, en defensa de la vida y del Agua, en concordancia de criterios y de acción con los Concejos de Tunuyán y Tupungato - Valle de Uco-. Los aportes de Especialistas en Medio Ambiente, Juristas, Sociedad Rural, Vecinos Autoconvocados, Poder Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante, hoy dan su resultado en respuesta al pedido del Gobernador de la Provincia”. El artículo 1 declara al Departamento “no tóxico y ambientalmente sustentable". El artículo 2 de la ordenanza dispone: “PROHÍBASE en el Departamento de San Carlos el empleo de tecnologías, técnicas mineras o cualquier método de lixiviación o flotación con cianuro y/u otras sustancias químicas o cualquiera otras técnicas mineras que liberen en el ambiente y dejen disponibles en el mismo, sustancias de cualquier índole que por si mismas o en combinación con otras, pudieren resultar tóxicas y/o nocivas a la salud humana, al conjunto de los recursos naturales, agua, suelo, flora, fauna, gea, paisajes, fuentes de energía convencional y no convencional, y atmósfera en función de los valores del ambiente. Como así también la minería radioactiva y sus derivados”. TP

26PT San Rafael se abstuvo a decidir a nivel municipal, mientras que Las Heras y Malargüe siguieron

ratificando su aceptación a la actividad minera. En Malargüe existen dos proyectos de exploración: Río Tinto (sales de Potasio) y La Cabeza (oro). TP

27PT Después de las elecciones legislativas de 2005, un sector del Radicalismo al que pertenecía el

gobernador Cobos (concertadores) se alió al Frente para la Victoria, el partido gobernante a nivel nacional.

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prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”

Como resulta de esta crónica, la articulación de las asambleas y multisectoriales con los municipios y, más tarde, con legisladores provinciales, representó una estrategia eficaz en el camino a la provincialización del reclamo. Un primer logro fue abrir paso a la interjurisdiccionalidad como criterio de regulación de la actividad minera, tanto con respecto a la utilización de las fuentes de agua, como con relación al impacto, imposible de ser localmente acotado, de la eventual contaminación, dentro de la provincia. Un segundo momento fue más contingente respecto de la estrategia y tomó forma en el transcurso del debate parlamentario. En este espacio se gestó un discurso que, fundamentando la intervención legislativa en la facultad que poseen las provincias de complementar los contenidos mínimos de protección ambiental correspondientes al nivel nacional, apeló a la autonomía provincial y fue poblándola de una serie de contenidos tales como “la integralidad de sus ecosistemas” y “la unidad de su proyecto productivo”.TPF

28FPT

En los pasajes siguientes podemos observar una delimitación de la jurisdicción provincial que reposa en “la comunidad de vida de los habitantes de la provincia” y una (re) definición de sus intereses generales que presenta dos tipos de inflexiones en el registro de la homogeneidad territorial: una basada en “la integralidad de los ecosistemas y los proyectos productivos” y otra “representativa”, volcada hacia la búsqueda de identidad entre representantes y representados en el marco de la provincia.

“Es la Provincia quien debe definir los objetivos en función de los intereses generales de la Provincia. Esto justifica su existencia y no la puede delegar. Lamentablemente el gobierno no quiere enfrentar el conflicto y ha derivado la decisión a los municipios, quienes ven hipertrofiadas sus funciones, duplicadas y triplicadas entre la Nación, la Provincia y los municipios y esto conspira contra cualquier política eficiente. Debe decidir sobre temas esenciales a la vida común de los habitantes de la Provincia, porque si sigue delegando, no tendrá territorio ni jurisdicción, ni razón de ser, ni donde ejercer sus funciones” (Sra. Martini, Partido Justicialista, Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, 13 de diciembre de 2006, Diario de Sesiones; cursiva nuestra)

“…el primer principio que hay que tener en cuenta es la integralidad en el análisis de los ecosistemas y de los proyectos productivos y la degradación que esto

TP

28PT Luego de referirse a las regulaciones constitucionales y provinciales en materia ambiental y puntualizar

que, según la Ley Nacional de Ambiente 25.675, corresponde a las provincias aplicar un ordenamiento ambiental que complemente los contenidos mínimos, y siendo la propiedad minera un “derecho no absoluto y en expectativa”, el Senador Difonso proseguía su alocución diciendo: “…con esta propuesta, lo que se pretende es que [en] el marco de la legislación vigente en nuestra provincia y país nos demos un espacio para debatir entre todos los mendocinos qué tipo de provincia queremos, qué perfil queremos darle a Mendoza, si queremos una Mendoza agrícola, ganadera, turística o queremos una Mendoza en la cual se realicen esta actividades […] que pueden comprometer la complementación entre las distintas actividades de Mendoza” (Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, 17 de octubre de 2006, versión taquigráfica).

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puede producir. […] Entonces lo que hay que considerar no es qué quiere Malargüe, San Rafael o Alvear, o qué quiere otro, sino qué es lo conveniente y qué es lo posible para la Provincia” (Diputado Piedrafita, ARI, Honorable Cámara de Diputados, 13 de diciembre de 2006, Diario de Sesiones; cursiva nuestra)

“…los dueños de casa somos nosotros, la gente es la que debe decidir y nosotros que somos sus representantes…[…] Empecemos a darle respuesta a la gente que la necesita y somos sus representantes nosotros y tenemos el deber y la obligación de empezar a gestar un cambio, y este pequeño proyecto al que acompaño es un principio. […] …y empezar a ir aprendiendo, porque son temas técnicos de los que debemos nosotros imponernos muchas veces antes de opinar, antes de emitir un juicio” (Senadora Namam, ARI, Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, 17 de octubre de 2006, versión taquigráfica; cursiva nuestra). En un sentido parcialmente divergente al que expresa la senadora Naman y es usual recoger entre los propios vecinos autoconvocados, en términos de sustitución de una lógica estrictamente representativa por otra “exclusivamente” democrática, el proceso legislativo mendocino muestra la incorporación al debate parlamentario de valores que se fueron afirmando socialmente en los territorios movilizados contra la megaminería (la defensa de “un modelo” productivo y la protección de recursos naturales) junto a un aprendizaje de los principios y de la normativa ambiental, que confluyeron tanto en la delimitación de una “nueva” identidad territorial provincial como en la proyección de nuevas instancias institucionales de participación local, tendientes a democratizar las decisiones sobre la radicación de grandes proyectos económicos. En la cita siguiente podemos apreciar este pasaje desde una territorialidad identitaria a su procesamiento institucional descentralizado, como gestión participativa del desarrollo.

“Tenemos una postura clara de responsabilidad, vamos a seguir en la defensa de todo un estilo de vida, bregando por la defensa el turismo, en toda la producción que nos ha dado de comer lo que le ha permitido al comercio desarrollarse y que todas esas comunidades vayan creciendo a través de los tiempos. En el tratamiento de este tema de la minería tenemos que ser sumamente prudentes, estar a la alerta de todo un proceso de normas medio ambientalistas que citan para proteger una minería que no sea contaminante y para ello también vamos a exigir que, más allá de la actitud provincial que se tome en el tema del Desarrollo Minero Provincial, que todos emprendimientos mineros que se asienten, tienen que tener la participación del Consejo Deliberante local, de la Audiencia Pública y la votación de los dos tercios de sus miembros, de otra manera no vamos a permitir la explotación minera en ninguna forma. Queremos seguir cultivando nuestros valores y desarrollando una agricultura sustentable en el tiempo que nos permita vivir como hemos vivido hasta ahora, sin contaminación, con dignidad y con superación” (Sr. Simón, Unión Cívica Radical, Honorable Cámara de Diputados, 13 de diciembre de 2006, Diario de Sesiones). En el mes de octubre de 2007 se realizaron elecciones municipales y el (ex) senador Difonso fue electo intendente del municipio de San Carlos. Tras asumir a su

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cargo, Difonso creó el Consejo Consultivo Ciudadano, un organismo de información y participación ciudadana en lo referido a temas ambientales. Según su propio relato, se trataba de dar institucionalidad a una “democracia semiplena”, que acogiera la voluntad política de los sancarlinos y le permitiera al departamento resguardar su autonomía respecto de las políticas del gobierno de la provincia (entrevista en San Carlos, marzo 2008). UDe Famatina y Chilecito a la “democracia real”. La lucha por todos los derechos para los riojanos En 2005, habitantes de las ciudades riojanas de Famatina y Chilecito comenzaron a movilizarse para impedir la explotación metalífera a cielo abierto en el Cordón del Famatina, un majestuoso macizo de cerros, desde el que bajan las vertientes de agua que abastecen el consumo y riego de este valle agrícola. En 2006 se constituyeron como “Asambleas Ciudadanas por la Vida” y lograron el apoyo de 10.000 firmas. Con este caudal de representatividad reclamaron a sus municipios y consiguieron que los Consejos Deliberantes locales emitieran sendas ordenanzas de prohibición de la minería contaminante en los departamentos. Durante un tiempo, los autoconvocados se desempeñaron como ejecutores de la ordenanza, interrumpiendo el tránsito de camiones que atravesaban la provincia, procedentes de Minera La Alumbrera, una explotación de oro y cobre ubicada en la vecina provincia de Catamarca. Asambleistas parados a la vera del camino entregaban a los conductores una copia de la ordenanza municipal, advirtiendo que estaba prohibido el transporte de sustancias tóxicas. En el verano de 2007, ante la presencia de la minera Barrick Gold en los altos del Famatina, la toma de conocimiento de un acuerdo formalizado entre el gobierno provincial y la empresa canadiense sin publicidad alguna, y frente a la negativa del gobernador a brindar información sobre lo convenido, las asambleas decidieron provincializar la protesta. En enero y febrero cortaron dos veces el cruce entre las rutas nacionales 38 y 74, ubicado a 70 kms al sur de la ciudad capital de La Rioja, donde repartieron volantes y reclamaron a la Cámara de Diputados de la Provincia la sanción de una ley de prohibición de la explotación a cielo abierto. Pedían que la población fuera consultada respecto de si quiere o no pasar a ser “un pueblo minero”, como lo había sido un siglo atrás, “cuando los ingleses se llevaron gran parte de la riqueza del Famatina y nos dejaron ruinas, desolación, contaminación, pobreza, enfermedades y muerte” (Agencia DyN, 29 de enero de 2007). Las asambleas recordaban así la tercera generación en la explotación de oro y plata en el Famatina, desarrollada por una empresa inglesa entre fines del siglo XIX y 1926, año en que la mina dejó de ser explotada, para la exportación del mineral a Europa, y fue cerrada. Mientras que las asambleas acusaban al gobernador de la provincia, Angel Maza, de haber traicionado a su puebloTPF

29FPT, una denuncia de corrupción contra su

investidura iniciaba intrigantes episodios de un tortuoso proceso político que acabaría TP

29PT El vínculo de Angel Maza con los nuevos procesos mineros era especialmente vigoroso.

Desempeñándose como Secretario de Minería de la Nación bajo la primera presidencia de Carlos Menen, Maza había sido uno de los autores de la Ley de Inversiones Mineras, la que daría curso legal a la explotación de recursos metalíferos por las transnacionales de la minería.

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con la destitución de Maza a manos de su vicegobernador Beder HerreraTPF

30FPT, también

perteneciente al Partido Justicialista, ungido candidato a la gobernación y finalmente electo en el cargo en agosto de 2007. El hecho es que en el transcurso de ese proceso, Beder Herrera tomó el reclamo “ambientalista” como bandera de su “facción” partidaria y llevó a votación una ley que prohibió la minería contaminante el 8 de marzo de 2007. Ese mismo día, los ciudadanos autoconvocados iniciaron el corte de Peñas Negras, al pie del Famatina, para impedir que la empresa Barrick Gold continuara con las tareas de exploración. Fueron tres las leyes sancionadas por la Legislatura riojana el 8 de marzo y luego promulgadas: la de prohibición, la de llamado a una consulta popular y la que disponía investigar los acuerdos entre el gobernador Maza y la transnacional minera. La ley 8137 dispuso en su artículo 1°, “prohíbese en todo el territorio de la Provincia de la Rioja la explotación minera a cielo abierto con técnicas correspondientes al proceso de lixiviación con cianuro, mercurio y/o cualquier otra sustancia contaminante”. La ley 8138 encomendó, en su artículo 1°, “a la Función Ejecutiva convocar, en forma obligatoria, a una Consulta Popular para el día 29 de julio de 2007, a los efectos de que el pueblo de los departamentos Chilecito y Famatina, se expida afirmativa o negativamente por la explotación minera a cielo abierto, utilizando sistemas de lixiviación con cianuro y/u otra sustancia que provoque contaminación en el territorio de dichos departamentos”. El artículo 2° disponía el carácter vinculante del resultado de la Consulta. Por último, la ley 8139 creaba una Comisión Investigadora para estudiar el acuerdo celebrado entre el Estado riojano y la empresa Barrick Gold sobre la transferencia, supuestamente gratuita, de derechos mineros a la transnacional canadiense. Transcurrido un año desde la sanción de las leyes y de iniciado el corte de Peñas Negras, la consulta popular estipulada no había sido convocada y los proyectos mineros seguían avanzando. La empresa Barrick Gold entraba al Famatina por un camino alternativo y el gobierno riojano estaba en tratativas con la Comisión Nacional de Energía Atómica para la celebración de un convenio de exploración y explotación de uranio en la provincia. Frente a estos hechos, el 8 de marzo de 2008 las asambleas emitieron un comunicado bajo su ya tradicional lema “¡El Famatina no se toca! Podemos vivir sin oro, no podemos vivir sin agua”, en el que denunciaban y repudiaban a los gobernantes “que no tienen escrúpulos […] para enajenar los bienes comunes poniendo en riesgo la vida de los pobladores y las economías locales como medios de subsistencia y verdadero desarrollo para las comunidades”, y “el sistemático empobrecimiento del pueblo vaciando y desresponsabilizando al Estado de sus funciones básicas de

TP

30PT El 14 de marzo de 2007, Maza fue destituido y desalojado de la Casa de Gobierno; Beder Herrera

asumió como gobernador interino y agradeció al presidente Kirchner por permitir que el proceso de dirimiera en la provincia, sin intervención federal. El 13 de abril, la Sala de Sentencia de la Cámara de Diputados de la provincia votó la destitución del gobernador Maza con el aval de diez legisladores sobre doce que la integraban, y que respondían al vicegobernador Beder Herrera. El cargo por el que se lo destituyó fue “mal desempeño en sus funciones”, debido a una presunta expropiación irregular de tierras en la capital de la provincia. En mayo, Beder Herrera fue confirmado en el cargo de gobernador y el 19 de agosto ganó las elecciones a la gobernación para el período 2007-2011. El presidente Kirchner apoyó a Beder Herrera, aunque también lo hizo con otra de las tres listas peronistas que presentaron candidatos a gobernador.

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garantizar los derechos constitucionales a un ambiente sano, a la educación pública, a la salud pública, a la seguridad, al acceso a la cultura y al trabajo digno, preparando el terreno para que las mineras se apropien de los pueblos y de la voluntades generando dependencia y sometimiento”. Para ese entonces eran varias las asambleas que acompañaban la lucha de Famatina y Chilecito (La Rioja capital, Sanagasta, Pituil, Campanas). En junio, todas ellas decidieron unirse bajo el nombre Asambleas Ciudadanas Riojanas y ampliar su plataforma reivindicativa, tal como se venía reflejando en la declaración anterior. El 1° de junio de 2008, las Asambleas Ciudadanas Riojanas denunciaban una historia de sucesivos saqueos a los derechos de los riojanos y a los bienes del pueblo de la provincia y declaraban: “Nuestras acciones no van a limitarse sólo a la cuestión ambiental, porque no somos ambientalistas, somos ciudadanos dispuestos a recuperar los espacios perdidos, a cuestionar este modelo que se nos ha impuesto y qué sólo ha servido para enriquecer a unos pocos, a participar en la construcción de un nuevo modelo de provincia y de país donde los ejes de la lucha sean la denuncia, la participación activa, el compromiso, la solidaridad, la esperanza bajo el lema la Democracia real no se toca”.TPF

31FPT

Semanas después, a poco más de un año de prohibida la minería contaminante en la provincia y de haberse dispuesto el llamado a un consulta popular vinculante en Chilecito y Famatina, el gobernador Beder Herrera derogó ambas leyes y en un giro de ciento ochenta grados respecto de lo que había sido su estrategia electoral, dio inicio a la promoción estatal minera TPF

32FPT junto con una política de cara a la sociedad civil dirigida a

acallar al conjunto de las voces críticas. Rápidamente, se impusieron restricciones a los medios de comunicación bajo la amenaza de quitarles la pauta oficial y se prohibieron las charlas informativas sobre minería en las escuelas. El 19 de febrero de 2009, durante la celebración del aniversario de Chilecito, los miembros de las asambleas que se manifestaron en presencia del gobernador, fueron TP

31PT Más abajo expresaban: “Sabemos que el saqueo que hoy vivimos ocurre porque antes hubo infinidad de

otros saqueos que quedaron impunes gracias a la complicidad de entregadores locales, que se valieron del empobrecimiento sistemático del pueblo para concretar la entrega vergonzosa de nuestros bienes comunes. Luchar por la vida es luchar contra el saqueo en todas sus variantes porque cuando nos saquean los minerales nos envenenan el aire, la tierra y el agua, cuando nos envenenan la calidad educativa nos envenenan el derecho a la inteligencia, cuando nos envenenan la libertad de prensa envenenan el derecho a la información, cuando envenenan la calidad institucional envenenan el derecho republicano, cuando envenenan los aportes jubilatorios nos envenenan el derecho a una vejez digna, cuando envenenan la independencia de la justicia nos envenenan el derecho a la igualdad, cuando nos atacan la identidad cultural nos quitan el derecho de pertenencia. Sabemos que estamos construyendo una oportunidad social única, el disparador fue el ¡No! de Famatina, la lección es: ¡Se Puede! Y lo estamos haciendo sentir. Frente al doble discurso de los funcionarios en todos sus niveles, a la falta de respuestas a los múltiples pedidos de audiencia, a la solicitud de audiencias públicas para participar en la toma de decisiones, al incumplimiento de las leyes, a la creación de municipios paralelos para debilitar a las instituciones, a la manipulación de la información, a la complicidad de organismos internacionales como la ONU o el Banco Mundial que operan a favor de las multinacionales para lavar la imagen de éstas, estamos dispuestos a defender la autodeterminación popular para avanzar en los objetivos que nos propusimos. Estamos, se nota, les jode, nos temen, se puede. LA DEMOCRACIA REAL NO SE TOCA”. TP

32PT El día 13 de agosto de 2008 el gobierno riojano dio a conocer la firma de un convenio con la Nación

para la exploración de uranio que, de pasar a la fase de explotación, dejaría el 50% de los minerales a la provincia. El 9 de septiembre, el presidente la Cámara de Minería de la Rioja, entidad representativa de todas las empresas con operatoria en la provincia, fue designado Secretario de Minería de La Rioja. Dos días después, la empresa canadiense con antecedentes en el Famatina anunció el reinicio de sus actividades mineras en ese cordón y en otras dos propiedades en La Rioja.

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reprimidos y varios de ellos severamente golpeados. En un acto de repudio a la violencia sufrida, las asambleas leyeron un documento en el hacían responsable al gobernador de “hegemonizar el poder al extremo, de anular el funcionamiento de las instituciones y organismos que deberían regular el sistema democrático. Por esta razón, el poder judicial y legislativo, no son poderes independientes como no son eficientes los organismos estatales destinados a defender los derechos de los ciudadanos con la complicidad de sus funcionarios”, y pedían la renuncia del Secretario de Derechos Humanos por incumplimiento de sus funciones (Asambleas Ciudadanas Riojanas, 21 de febrero de 2009). Como queda de manifiesto, en el curso de la movilización contra la megaminería en La Rioja, el funcionamiento del sistema político, subordinado y sometido a la manipulación sistemática del Poder Ejecutivo, fue el principal escollo para establecer canales de comunicación entre el reclamo de las asambleas y los poderes públicos. A pesar de haberse obtenido el pronunciamiento de los consejos deliberantes locales rechazando la minería química en Chilecito y Famatina, tales ordenanzas quedaron en el papel y los gobiernos locales silenciaron su actitud inicial, bajo el nuevo impulso a la actividad minera. Tampoco avanzaron los apoyos de los productores del valle que, con excepción de algunos pequeños, nunca se expresaron de manera explícita en contra de la actividad minera. Nuestras entrevistas abundan en detalles acerca la debilidad de los poderes locales, carentes de autonomía institucional y dependientes de la discrecionalidad del gobernadorTPF

33FPT. También refieren a los silencios y reciprocidades que giran en torno al

uso particularista o clientelar de los recursos públicos en la provinciaTPF

34FPT. Sin embargo, la

lucha de las asambleas riojanas, lejos estuvo de pasar desapercibida a los actores institucionales y económicos imbuidos en aquellas prácticas.

Por una parte, distintas entrevistas nos confirman el efecto desnaturalizador que ha tenido la “conciencia de ciudadanía”, disparada desde las asambleas, sobre las

TP

33PT “Se viven haciendo acuerdos financieros con la provincia y la nación […] Dependemos del buen humor

de la provincia y del gobernador […] Acá en el Consejo hay cuatro bloques, uno minoría, radical, un consejal, y los otros tres somos todos del proyecto provincial […] Hoy por hoy, todo el cuerpo actuamos en sintonía con la provincia. Si modifican la ley, la ordenanza no puede estar por encima de la ley, se cae la ordenanza” (Ing. Luis Soteras, vice-intendente de Chilecito, ex presidente de la Cámara Riojana de Productores Agrícolas y de la Administración de Recursos Hídricos de la provincia, julio 2008). “El tema es que hay un empobrecimiento sistemático de los pueblos que no aceptan la minería. No les dan recursos […] el gobernador no los ayuda cuando están asfixiados. Les hizo municipios paralelos que nosotros denunciamos a principio de año y que después denunciaron ellos mismos” (Cecilia L., asambleísta, docente de Chilecito, julio, 2008). “Tenemos muy claro que la autonomía municipal no existe. Sobre todo con lo que tiene que ver con la legislación provincial y nacional, que nos quita a nosotros la tutela de nuestra tierra, de nuestros espacios aéreos. Nosotros no determinamos nada. Porque hablamos de minería a cielo abierto, pero viene una empresa y te hace un camino, y nosotros no podemos cobrar un canon por la extracción… ustedes saben, nos destruyen cerros por todos lados y nosotros no podemos cobrar nada. Para darte un ejemplo que es ínfimo porque que también es destrucción, es contaminación…no se, avasallamiento de la autonomía. Entonces, es muy limitado lo que nosotros podemos hacer (Ismael Bordagaray, intendente de Famatina, julio de 2008). TP

34PT “El sector económico está enviciado de cultura clientelar que comenzó desde que ganó el peronismo y

empezó a subsidiar a los agricultores […] Se acostumbraron a los subsidios. Antes, la gente vivía de la producción, buscaba su mercado, se organizaba en cooperativas. Lo destruyó el proceso militar […] La gente quedó con mucho miedo de agruparse, de asociarse y el gobierno no permite que eso ocurra” (Cecilia L., asambleísta, docente de Chilecito, julio, 2008).

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prácticas políticas sedimentadas, en la gestión local y en las representatividades de gobierno. Según el intendente de Famatina, “Como intendente [tengo que] tratar de…nosotros decimos: ustedes están en el no, yo estoy en el no y tengo que enfocarme en qué hacer con esas alternativas para Famatina porque yo no me puedo quedar en un “no” rotundo, yo tengo que ver la alternativa. Porque mi pueblo tiene que mejorar la calidad de vida. Este es un pueblo que estuvo muy relegado mucho tiempo. Ahora está empezando a moverse, no por nosotros sino por la misma gente que está sintiendo la necesidad de organizarse. Este tipo de movimientos también ayudan para crear conciencia de ciudadanía en toda la gente, no sólo por esta lucha sino por muchos reclamos que ahora nos llegan a nosotros que antes no se hacían: mejora en los servicios, mejora en el tratamiento de los residuos, mejora en el agua, mejora en las luces. Antes no se decía nada, y a mi la verdad que me sirve de mucho que la gente piense así; da mucha libertad y a nosotros nos ayuda para buscar rumbo. Entonces, como le decía, nosotros tenemos que buscar alternativas. Nosotros estamos peleando por el desarrollo productivo y turístico, pero bueno, no es una cosa simple” A lo cual agregaba: “Esto es muy simple, algo que cuando lo entendamos todos los gobernantes va a ser mucho mejor: nosotros estamos acá por mandato popular […] como te digo, creo que va a llegar un momento en que se va a generar un debate fuerte de la comunidad, en generar ciudadanía con el gobierno, con todas las instancias de gobierno […] No podemos estar Famatina o el pueblo de Famatina mirando para un lado y las autoridades mirando para otro. En algún momento van a tener que sentar a la mesa y volver a dialogar” Sostienen Giarraca y Hadad (2009), por otra parte, que en paralelo al conflicto “manifiesto” estructurado por las asambleas, coexiste otro “latente” de los productores agrícolas. Si bien la política generalizada de subsidios explicaría su ausencia en la protesta presente, “la difícil y casi imposible coexistencia de [ambas actividades, la minera y la agrícola] en el Valle de Chilecito-Famatina”, sobretodo, en lo que hace a la competencia por el recurso agua, auguraría una conflictividad sobreviniente. De hecho, como nos refería una asambleísta, los (grandes) agricultores apoyaron de manera “silenciosa” la lucha contra la megaminería: “CARPA [Cámara Riojana de Productores Agropecuarios] al principio cuestionó, pidió que viniera gente de minería; a ellos les interesa el agua pero no se expresan abiertamente porque todos son subsidiados por el gobierno. Pero nos ayudan económicamente varias veces por varias cosas, por abajito, pero sí” (Cecilia L., Asamblea de Chilecito). La hipótesis que sostenemos gira alrededor del registro discursivo de las asambleas riojanas y de sus efectos. Como hemos visto, la expansión del reclamo chileciteño y famatinense hacia otros puntos de la provincia, alejados incluso del

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impacto directo de la minería, supuso a su vez el pasaje rápido, pero no menos elaborado, “de la resistencia social a la ciudadanía”. Vertebrando una “nueva” historia del pueblo de la provincia, según la cual la expropiación por la minería no representa sino un eslabón de una sucesión de “saqueos” a los derechos de los riojanos, las Asambleas Ciudadanas configuraron un relato del presente que exige el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos de ciudadanía en la provincia. Si entre sus efectos inmediatos cuenta el haber horadado no sólo el “espacio público” riojano sino la inercia de algunas representaciones institucionales, la exigencia de derechos plantea un desafío a la vez puntual y genérico al dispositivo de dominación. Este conflicto, cuya contraparte se ha expresado en la censura a los medios y las escuelas, junto con la persecución de asambleístas, supone una disputa mayor entre la institucionalidad gubernativa “manifiesta” y otra latente, idéntica a la narrativa territorial que fue articulando el derecho a la vida y a los bienes del pueblo riojano, con la democratización del poder y la participación social. VI. UA modo de conclusión

Distintos autores destacan que una de las formas como actúan los capitales en mercados abiertos es mediante la generación de competencias interlocales, movidas a su vez por la disposición de cada territorio a atraer las inversiones presentes en el mercado global. “Esgrimiendo frente a los gobiernos locales sus posibilidades de generación de empleos y de ingresos, las grandes empresas procur[an] obtener ventajas fiscales y normativas como condición necesaria para la localización de sus inversiones”, esto es, ejercen el “chantaje de la localización” (Acselrad, 2003).

En el caso argentino, las desregulaciones fiscales y medioambientales de las que goza la minería transnacional, están previstas en la legislación nacional desde 1993, en pleno auge del “neoliberalismo con seguridad jurídica”. No obstante, la política de inversiones mineras mantiene hoy todo su vigor gracias a una visión hegemónica sobre el desarrollo que, en el plano interno, replica los argumentos de las empresas. Esto es, vincula la competitividad de la industria minera con el bienestar económico general, y, puntualmente, con la creación de puestos de trabajo y la redistribución social.

En el marco de un sistema político-territorial de gobierno como el argentino, en el cual las provincias deciden, desde 1994, sobre las inversiones en sus territorios, los “chantajes de la globalización” y los, podríamos decir, “chantajes del desarrollo” confluyen objetivamente hacia las unidades provinciales.

Es en estos espacios, pues, donde nuevas narrativas sobre la relación entre inversiones y desarrollo han ido emergiendo, de la mano de los nuevos movimientos de resistencia social a los proyectos megamineros.

Las estrategias de las resistencias sociales contra la megaminería no reposan sobre postulados anticapitalistas o tradicionalistas. Sus demandas coinciden en el imperativo de descorporativizar la decisión política y la ley, sujetándolas a regulaciones ambientales e instancias de participación de la sociedad civil.

Como lo expresan Svampa, Botaro y Sola Álvarez, la efectividad de las luchas contra la megaminería están condicionadas por el conjunto de variables estructurales presentes en cada territorio; así “en aquellas regiones donde existe una matriz social más abierta, una pequeña o mediana burguesía arraigada al territorio y la producción

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local es medianamente competitiva y diversificada, la resistencia al gran capital internacional extractivista resulta ser más efectiva que en regiones muy sumergidas […con] matriz jerárquica, pobreza extendida, gobiernos de baja calidad institucional y extensión del empleo público” (Svampa, Botaro y Sola Álvarez, 2009: 138 y 168). Nuestras investigaciones sobre Mendoza y sobre La Rioja, confirman esta tesis acerca de la eficacia relativa de las resistencias en el marco de matrices locales diferenciales.

Sin embargo, en tanto la lucha contra “el capital internacional” no es inmediata, la “matriz provincial” y la “matriz nacional” operan doblemente como estructura de oportunidad (abierta o vedada) para el progreso de los reclamos y como objeto de nuevas narrativas comunitarias, vertebradas a partir de aquellos. Esta perspectiva nos permite comprender, por un lado, la gestación de discursos sobre la democracia desde las asambleas, frente a una política provincial que es experimentada como simple correa de transmisión de los intereses globales, y, por el otro lado, una profundización en el proceso de provincialización de las identidades populares, de cara a una política nacional que es percibida como estrategia de homogeneización compulsiva del territorio, a través de la combinación entre desarrollo productivista y democracia de redistribución social.

En Mendoza, donde el sistema político devino más fluido como resultado de la fragmentación partidaria, la resistencia a la minería encontró mayor receptividad, abriéndose canales institucionales de comunicación y aprendizaje y articulándose finalmente un discurso común, frente al debilitamiento de las fronteras territoriales/federales que supone el proceso nacionalizador (“un desarrollo, una democracia”). En La Rioja, donde el sistema político permaneció y ha incluso perfeccionado su estilo de democracia “formal”, la resistencia social contra la minería expandió su plataforma reivindicativa exigiendo “democracia real” contra la enajenación histórica de los derechos de ciudadanía de los riojanos y, también, contra la política corporativa del desarrollo, que en el presente subordina al “pueblo riojano” bajo el “proyecto nacional”.

Esto significa que la producción de identidades políticas, unificadas o en disputa, en los espacios provinciales, ha desbordado la cuestión del desarrollo económico para instalarse en el registro de las transformaciones de la matriz político democrática argentina, la cual ha supuesto en esencia tanto la omnipresencia nacional de un sujeto colectivo popular, como su subordinación al Estado. En este marco, la constitución de nuevos sujetos con fuerte anclaje tanto en la participación popular autónoma como en la diversidad territorial/provincial, implica un giro en el sentido opuesto.

Finalmente, si el tipo de iniciativas legislativas y judiciales que hemos mencionado al comienzo de este trabajo prosperan, imponiendo nuevos marcos regulatorios comunes a la explotación de los recursos naturales en el país, las energías sociales emanadas de las resistencias deberían nutrir las nuevas instancias de participación que dispone esta clase de reglas. Habrá que ver entonces los contornos que toman las afirmaciones sobre la singularidad territorial y la diversidad político-cultural que hoy se disputan. Todo indica que permanecerán activas en tanto, de la mano de los actores nacionales, no se produzca un debate abierto sobre qué tipo de desarrollo para el país de las tierras fértiles y las montañas cordilleranas y qué tipo de democracia. UBibliografía

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