00804-2013-hc-menor infractor deber ser debidamnte sos

8/18/2019 00804-2013-HC-menor Infractor Deber Ser Debidamnte Sos

1/35


2/35

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA

N. Y. J. D. Representado por JORGE

ESTEBAN DUEÑAS ROJAS

entre lo que manifiesta la asistenta social y el psicólogo,

vi')

la sindicación del agraviado

es pobre y nada creíble, viii)

en todo caso existió un incidente entre el agraviado y otra

persona, tic)

el agraviado ha retirado los cargos y nadie sindica al favorecido. Señala que

se debe declarar la nulidad del proceso penal en el que abusivamente se ha condenado al

favorecido. Aduce que se impuso la medida socioeducativa de internamiento, pero no se

tuvo en cuenta que el beneficiario ha concluido sus estudios con notas sobresalientes, se

encuentra en el tercio superior, se encuentra matriculado en un instituto superior y se

encuentra trabajando.

Con fecha 20 de diciembre de 2012, el Procurador Público Adjunto del Poder

Judicial contesta la demanda, solicitando que se la declare improcedente, por cuanto los

pronunciamientos judiciales cuestionados se encuentran arreglados a derecho.

Con fecha 3 de enero de 2013, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró improcedente la demanda, por

considerar que los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda eran los mismos a

los que se señalaban en la demanda de hábeas corpus tramitada ante el Sexto Juzgado

Penal dnipersonal (Exp. N.° 2012-4306), siendo de aplicación la causal de

--,

mpreydencia referida a la litispendencia, establecida en el artículo 5° inciso 6 del

Có. eo P ocesal Constitucional

Con fecha 31 de enero de 2013, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior

J sticia de Lima confirmó la apelada, en aplicación del artículo 5° inciso 1 del Código

r cesal Constitucional.

Con fecha 4 de febrero de 2013, el recurrente interpone recurso de agravio

constitucional, reafirmándose en sus argumentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es qu e declare la

nulidad

de la

Resolución de fecha 3 de setiembre de 2012, así cí, o de su confirmatoria por

Resolución de fecha 5 de octubre de 2012, a travé de las cuales el beneficiario fue

declarado autor de infracción a la ley penal e• a modalidad de tentativa de robo

agravado imponiéndole la medida socioeduc iva de internamiento por el plazo de

tres años (Expediente N.° 02508-2012-0 1401-JR-FP-02) y, consecuentemente, se

disponga su inmediata libertad. Se . ta la afectación de los derechos al debido


3/35

VII


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



proceso, a la tutela procesal efectiva y a la motivación de las resoluciones judiciales,

a la libertad personal, entre otros.

Cuestiones previas

Sobre la supuesta litispendencia en el caso de autos

2.

La resolución de la presente controversia ha de comenzar por evaluar si en el caso de

autos se presenta, o no, la litispendencia invocada por el juez

a quo para declarar la

improcedencia de la demanda.

3.

Al respecto, viene al caso recordar que para declarar la improcedencia en base a esta

causal, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa emplazado

manifestó lo siguiente:

En el c o de autos, se verifica que los fundamentos de hecho y de derecho de la presente

deman a, son los mismos a los que se señalan en la demanda de hábeas corpus, tramitado

ante -1 Sexto Juzgado Penal Unipersonal, expediente 2012-4306; la única diferencia entre

a

as, es la persona que la presenta a favor de (N.Y.J.D), en la presente demanda es Jorge

eban Dueñas Rojas (padre del favorecido) y en la otra es Mónica Ivonne Bcybbe Arias

madre del favorecido); se aprecia que en am bas dema ndas el petitorio, los antecedentes y los

fundamentos son idénticos. A lo que se agrega que, en la demanda de hábeas corpus

tramitado ante el Sexto Juzgado Penal Unipersonal, expediente 2012-4306, se ha expedido

resolución, declarando improcedente de plano la demanda. En consecuencia, se tiene que, al

existir otro proceso constitucional de hábeas corpus N° 2012-4306, el cual, mediante

resolución fue declarada improcedente, al referirse al mismo favorecido, a los mismos

accionados, al mismo petitorio, a los mismos antecedentes y los mismos fundamentos, se

presenta lit ispendencia con e l presente proceso de hábe as corpus. Por tanto, debe declararse

improcedente la presente demanda [fundamento O de la resolución]

4.

En relación a la litispendencia, el Tribunal Constitucional ha precisado que,

su

configuración, se requiere la identidad de procesos, lo cual se encuentra • erminado

por la identidad de

partes, de

petitorio

(aquello que efectivamente s- • cita) y del

título

(el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que s

an el pedido)

[SSTC N.

01984-2004 -AA/TC,

02427-2004-AA/TC, 05379-2005-AA/T entre otras].

5.

En aplicación del citado criterio, se debe precisar que

ien en el Exp. N.° 4306-

2012, tramitado ante el Sexto Juzgado Penal Unipe

l de Arequipa, la demanda de

hábeas corpus fue interpuesta a'

avor del mism eneficiario, con los mismos objeto

y título (fojas 101), tal demanda fue d

ada improcedente con fecha 28 de

noviembre de 2012 (fojas 112),

qued o firme dicha decisión al no ser apelada;


4/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



mientras que la nueva demanda de hábeas corpus, que da origen al presente proceso,

fue promovida con fecha 7 de diciembre de 2012, vale decir, cuando el anterior

proceso constitucional ya había concluido, y cuya declaración de improcedencia, por

lo demás, no ostentaba la calidad de cosa juzgada (artículo 6° del Código Procesal

Constitucional). Siendo esto así, cobra veracidad la afirmación del recurrente, en el

sentido de que prefirió nuevamente interponer (...) un nuevo proceso

constitucional de hábeas corpus (recurso de apelación de fojas 135).

6. En consecuencia, resuelta esta primera cuestión previa, corresponde a este Tribunal

entrar a evaluar el fondo del asunto.

Sobre los cuestionamientos realizados en la demanda de autos, respecto a asuntos de

mera legalidad ordinaria

. La Constitución establece en su artículo 200°, inciso 1, que el hábeas corpus procede

cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales

conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación

del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar al análisis

del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para ello debe

examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten

relevancia constitucional, y luego, si agravian el contenido constitucionalmente

protegido del derecho fundamental a la libertad personal.

Lo cual implica que, para que proceda el hábeas corpus, el hecho denunciado de

inconstitucional debe necesariamente redundar en una afectación directa y concreta

en el derecho a la libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a los

derechos cons 'tucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la

libertad in

ual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su

artículo , inciso I, que no proceden los procesos constitucionales cuando (...) 1

hech y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al cor ido

coy. itucionalmente protegido el derecho invocado .

De este modo, la demanda de autos debe de ser desestimada, en el

emo en el que

se afirma que:

durante todo el proceso no hubo ninguna prueis directa ni indirecta

de la posible participación del favorecido en los hechos,

mbargo se expidió la

sentencia cuestionada;

que i)

la cuestionada decisión se asa en la única declaración

del agraviado a nivel pre

o se valor' a declaración del policía que

sostiene que no vio al adolescente cometer la

cción; iii) está probado que la

lesión que presenta el agraviado es compati. e al causado con un objeto cortante;


5/35


EXP. N.° 00804-2013-PTIC/TC

AREQUIPA



iv) la pericia se concluye que las huellas en el cuchillo resultan negativas respecto al

menor sentenciado, pues dicho objeto cortante sería del amigo del menor, v) la

sindicación del agraviado es pobre y nada creíble;

vi)

en todo caso existió un

incidente entre el agraviado y otra persona; vii) el agraviado ha retirado los cargos

y nadie sindica al favorecido .

9. Al respecto, este Tribunal considera que lo que en realidad pretende el recurrente es

que se lleve a cabo un reexamen de las resoluciones judiciales a través de las cuales

se impuso al menor favorecido la medida socioeducativa de internamiento como

autor de infracción a la ley penal en la modalidad de tentativa de robo agravado,

p textando con tal propósito la presunta afectación a los derechos reclamados en la

emanda. En efecto, tales cuestionamientos se sustentan en alegados de índole

infraconstitucional, referidos a la valoración y suficiencia de las pruebas penales y a

la irresponsabilidad penal del beneficiario respecto de las cuales se aduce que

no se

valoró la declaración del policía que sostiene que no vio al adolescente cometer la

infracción, está probado que la lesión que presenta el agraviado es compatible al

causado con un objeto cortante que pertenecería al amigo del menor, la pericia

concluye señalando que las huellas en el cuchillo resultan negativas respecto al

Menor sentenciado, la sentencia se basa en la única declaración del agraviado a

s

, nivel pre judicial, la sindicación no es creíble y que lo que habría existido es un

/incidente entre el agraviado y otra persona, entre otros ;

cuestionamientos de

/

connotación penal que evidentemente excede el objeto del proceso de habeas corpus,

por constituir alegados de mera legalidad que corresponde determinar a la justicia

ordinaria.

0. Por lo demás, cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en su

reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o

inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia, no

están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del

derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción

ordinaria que no compete a la justicia constitucional (RRTC

2245-200

PHC/TC, 05157-2007-PLIC/TC. 0572-2008-PHC/TC, entre otras). En su

a

determinación de la responsabilidad penal es competencia exclusiva deJusticia

ordinaria, aspecto que también involucra la graduación de la pena ip gesta en sede

penal.

11. En consecuencia, respecto a estos extremos, la demanda

improcedente, en aplicación del artículo 5° inc

Constitucional.

autos debe ser declarada

1 del Código Procesal


6/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



El derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales (artículo

139° inciso 5 de la Constitución)

Argumentos del demandante

12. El demandante, en representación de su menor hijo de iniciales N.Y.J.D. , afirma

que las resoluciones judiciales cuestionadas no han valorado adecuadamente el

informe social que favorece al menor beneficiario, siendo que existen diversas

jAue

contradicciones entre lo que manifiestan la asistenta social y el psicólogo; en ese

s

/

Mido, manifiesta que al menor se le impuso la medida socioeducativa de

internamiento, pero no se tuvo en cuenta que el beneficiario ha concluido sus estudios

con notas sobresalientes, se encuentra en el tercio superior, se encuentra matriculado

en un instituto superior y que se encuentra trabajando.

Ar• mentos del demandado

13

u parte, el Procurador Público adjunto del Poder Judicial afirma que las

sentencias cuestionadas cuentan con la debida motivación, y que, por tal razón,

sultan acordes a derecho.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

14.

Reconocido expresamente en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución, el derecho

constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del

justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales

no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos

objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso

[Cfr.

STC N.° 03943-2006-PA/TC, fundamento 4].

15.

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido pacífica al adm

ue la

exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza

jueces,

cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proces

tal que los

ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercici de la potestad de

administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y = a ley; pero también

con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del dt echo de defensa de los

justiciables

[STC N.° 01230-2002-HC/TC, fundamento 11].

este modo comprendida, la

motivación de las resoluciones judiciales se reve tanto como un principio que


7/35


EXP. N.° 00804-2013-P1-1C/TC

AREQUIPA

N. Y. J. D. Representado por JORG E


informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional

que asiste a todos los justiciables [STC N408125-2005-1-1C/TC, fundamento 10].

16.

Sin embargo, con el mismo énfasis hemos precisado que no todo ni cualquier error en

el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la

violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de

las resoluciones judiciales [STC N.° 0037-2012-PA/TC, fundamento 35]. Más

concretamente: el dictado de una sentencia condenatoria

per se

no vulnera derechos

e

ndamentales, pero sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria,

sto

es, cuando no se motivan debidamente o en todo caso legítimamente las

ecisiones adoptadas y/o no se observan los procedimientos constitucionales y

gales establecidos para su adopción. Así pues, toda sentencia que sea más bien fruto

del decisionismo que de la aplicación del derecho, que esté más próxima a la

voluntad que a la justicia o a la razón, cuyas conclusiones sean ajenas a la lógica, será

una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional [STC N.° 0728-2008-

PHC/TC, fundamento 8].

17.

P ello, el análisis de si una determinada resolución judicial viola o no el derecho a

otivación de las resoluciones judiciales, ha podido decir este Colegiado, debe

izarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada,

e modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en

cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no

pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de

procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis

externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio

racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e

imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad

en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en

la valoración de los hechos [STC N.° 01480-2006-PA/TC, fundamento 2].

18.

De este modo, en la interpretación sobre el contenido constitucionalmente

o

de este derecho, el Tribunal Constitucional ha formulado una tipologí

puestos

en los cuales dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso

a sentencia

recaída en el Expediente N.° 03943-2006-PA/TC, en la que el Tris

Tris.na econoció las

siguientes hipótesis de vulneración:

18.1. Inexistencia de motivación o motivación aparen


8/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



18.2. Falta de motivación interna del razonamiento,

que se presenta en una doble

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de

las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro,

cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta corno un

discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar

el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los

argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o Tribunal

Constitucional, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su

coherencia narrativa.

18.3 Deficiencias en la motivación externa;

justificación de las premisas, que se

presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no

han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica

[según corresponda].

18.4 'La motivación insuficiente,

referida básicamente al mínimo de motivación

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha

establecido el Tribunal Constitucional, no se trata de dar respuestas a cada una

de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos

generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es

que la ausencia de argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulta

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

18.5. La motivación sustancialmente incongruente.

El derecho a la tutela judicial

efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias,

obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de

manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer,

por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debat

procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en

e

produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de ontrol

mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de d

o

.ligación,

es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desv

.4 a decisión del

marco del debate judicial generando indefensión, consti .ye vulneración del

derecho a la tutela judicial y también del derecho a motivación de la

sentencia (incongruencia omisiva).


9/35


EXP. N.° 00804-2013-PTIC/TC

AREQUIPA



19. En el caso de autos, este Tribunal aprecia que, mediante Sentencia N.° 269-2012. de

fecha 3 de setiembre de 2012, el Segundo Juzgado Especializado de Familia de

Arequipa declaró al favorecido como autor de la infracción de

tentativa de robo

agravado,

prevista en los artículos 188 y 189 incisos 3 y 4 primer párrafo del Código

Penal, en agravio de Jorge Armando Varillas Urrutia, imponiéndole al beneficiario la

medida socio educativa de internamiento por el plazo de cuatro (04) años, y fijando

una reparación en forma solidaria con sus padres de quinientos (500) nuevos soles a

favor del agraviado; exponiendo, a tal efecto, el siguiente razonamiento:

19.1. En primer lugar, el Juzgado resaltó la declaración del agraviado, quien indicó

que

el día quince de julio del dos mil doce a las siete horas con cuarenta y

cinco minutos llegó al local de la empresa Malvisur, ubicado en la calle Garcí

Carbajal con la finalidad de recoger una encomienda de la ciudad de Lima, al

encontrar que el local se encontraba cerrado procedió a esperar a que

abrieran el local parándose en la vereda del frente observando que dos sujetos

iban por la misma acera y en forma intempestiva lo rodearon con la intención

de robarle, siendo uno de ellos quien colocó un cuchillo a la altura de su

cuello (lado izquierdo) presionando y diciéndole ya perdiste', en ese momento

instintivamente retrocedió hacia la pista y el sujeto trató de cortarle estirando

la mano con el arma, logrando alcanzarlo con la punta del cuchillo,

ocasionándole un corte pequeño con el arma, logrando alcanzarlo con la

punta del cuchillo, ocasionándole un corte pequeño debajo de la oreja

izquierda, debido a que trató de evitar el ataque, por lo que trató de atraparlo,

siendo que su atacante empezó a correr al notar la presencia policial de dos

efectivos que iban por la esquina, en ese momento la persona que lo atacó

arrojó el cuchillo sobre la vereda y fue capturado a veinte metros del lugar. El

sujeto que lo acompañaba corrió en sentido contrario, por lo que sólo

detuvieron a su atacante, quien estaba vestido con una casaca azul de franjas

blancas, pantalón oscuro y

zapatillas oscuras, quien señaló apellidarse

(D.B.N.),

siendo conducidos a la comisaría para las investigaciones del caso

(...) Todo lo cual ha sido corroborado con la declaración tanto a nivel pol al

como jurisdiccional del SOB PNP Javier Turne Cortez .

considerando de la sentencia].

19.2. Por su parte, con relación a la declaración del investigado, Juzgado consignó

como manifestación suya que

el día quince de julio

os mil doce estaba

con Carlos Choque Pampa, de diecinueve años

dad, quien vive por su

barrio, en circunstancias en que ambos r

uban de una fiesta de un

compañero del instituto, siendo las seis

mañana se dirigían a tomar la


10/35


EXP. N4 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA

N. Y. 1 D. Representado por JORGE


combi para bajar por Ormeño, su amigo se peleó con otro sujeto, suponiendo

él que lo conocía de antes porque se empezaron a pegar, él y su amigo se

encontraban sin signos de alcohol, por lo que él reaccionó en defensa de su

amigo porque el otro sujeto le estaba pegando, en esas circunstancias

apareció un patrullero y el sujeto que pegaba a su amigo dijo que él le había

robado su billetera, la policía le revisó los bolsillos no encontrándole nada, el

patrullero lo llevó a él y a la persona que supuestamente le había robado a la

comisaría de Palacio Viejo pues su amigo se dio a la fuga, precisa que (...)el

cuchillo era del sujeto que estaba pegando a su amigo y la policía se lo puso a

él, respecto al corte del agraviado indicó que se realizó cuando estaba

peleando con su amigo puesto que su amigo lo estaba sujetando de la cabeza y

.....„7,1,

que el agraviado fue quien sacó el cuchillo para amenazar a su amigo, indicó

u

e tiene un proceso de robo agravado y otro de lesiones, señala que el otro

proceso lo tiene con otro de sus amigos y que a él no le encontraron nada

[quinto considerando de la sentencia].

„

/De lo cual, concluye el Juzgado que

el investigado niega los hechos

mputados, es más manifiesta que fue un pleito entre el agraviado y su amigo y

que el agraviado fue quien portaba un cuchillo aunque en primer término el

investigado afirmó que 'la policía se lo puso a él', situación que por cierto no

lo ha acreditado de modo alguno y menos con medio probatorio pertinente,

teniendo la sindicación directa del agraviado y la declaración de un efectivo

policial que lo intervino, a lo que se agrega además que intentó fugarse por la

calle Dos de Mayo del cercado siendo nuevamente intervenido por la policía,

situación que por cierto es merituada

[quinto considerando de la sentencia]

19.3. A continuación, el Juzgado emplazado valoró el informe técnico

multidisciplinario, evacuado por el Centro Juvenil Alfonso Ligarte,

concluyendo respecto al investigado que

es primario en internamiento,

involucrado aparentemente en actos ilícitos, en consumo perjudicial de

sustancias psicoactivas, procede de un hogar altamente inestable

aparentemente constituido de tipología familiar nuclear disfuncional, bajo

potestad de los padres (...) ;

a lo que agrega el Juzgado que corno e

ha reconocido que tiene otros dos procesos por infracción ot

robo

agravado y uno por lesiones, de lo que se evidencia que el inves

o no tiene

control alguno por parte de sus progenitores, al ser consum or de sustancias

psicoactivas y estar involucrado en otros actos

ctores

[quinto



11/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



19.4. A partir de allí, concluye el Juzgado:

por tanto, valorando los medios

probatorios anteriormente descritos y analizados los mismos en conjunto,

permiten colegir a este Despacho, que el investigado tiene responsabilidad

sobre los hechos denunciados, habiendo querido robar al agraviado con otra

persona la cual se dio a la fuga

[quinto considerando de la sentencia].

19.5. Tal conclusión se ve reforzada, a criterio del Juzgado, por la declaración

recibida en etapa policial del SOB PNP Javier Turne Cortez, quien afirmó que

junto a su compañero

'fueron alertados por una persona quien era víctima de

robo, observando a dos sujetos corriendo en sentido contrario, por lo que

emprendieron la persecución notando que uno de ellos arroja a la vereda un

arma blanca—cuchillo, siendo éste detenido y controlado físicamente a unos

veinte metros, y el otro logró darse a la fuga (...) anotando además que el

. . 1

vestigado emprendió la fuga nuevamente siendo alcanzado a dos cuadras

del lugar, y que el arma fue tirada a la vereda por el investigado (...) ,

lo que

fue,corroborado con su declaración a nivel jurisdiccional [considerando 5.2 de

1 sentencia].

Por otro lado, el Juzgado demandado merituó que el adolescente

no tiene

antecedentes por la comisión de otras infracciones como aparece del Registro

del adolescente infractor ,

así como el resultado de la evaluación psicológica,

en el que se afirma: refiere cursar estudios superiores observando interés por

continuar estudios en carrera profesional (profesor de educación física) (...)

serio, preocupado, tranquilo, emocionalmente estable, animoso, persistente

(..) se proyecto hacia su futuro, con metas de superación personal (...)

preocupación por continuar estudios superiores ; aunque también la

Evaluación Conductual, que concluyó respecto al adolescente infractor, que

requiere apoyo, supervisión de sus actividades y desplazamientos (...)

requiriendo permanente orientación y consejería especializada

[considerando

décimo de la sentencia].

19.7. Finalmente, la sentencia invocó el principio del interés superior del lío para

derivar de él que

mediante el proceso judicial instaurado, lo quer sca no

es sancionar al adolescente, sino prevenir que vuelva a in

n actos

similares y lograr un cambio en su conducta, buscando que sume conciencia

de las consecuencias de sus actos

(sic); así como la Con ación Internacional

de Derechos del Niño y la Doctrina de la Protecció. ntegral [considerando

decimosegundo de la sentencia].


12/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



20. Por su parte, mediante Resolución N.° 18 de fecha 5 de octubre de 2012, la Primera

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la apelada, pero la

revocó en el extremo de la medida de internamiento, y reformándola, impuso al

favorecido medida socio-educativa por el plazo de tres (03) años; todo ello, sobre la

base del siguiente razonamiento:

20.1. En primer lugar, la Sala emplazada valoró los siguientes medios probatorios:

acta de intervención policial, acta de recojo, declaración del agraviado,

declaración del SOR PNP Javier Turne Cortéz y certificado médico legal

[Considerando Tercero de la sentencia].

20.2. A continuación, la Sala apreció los presupuestos de valoración de la

declaración del agraviado que, según lo establecido en el Acuerdo Plenario

2-2005/CJ-116, son los siguientes:

ausencia de incredibilidad; verosimilitud

/ de la versión

(extremo en el que se afirma que la versión incriminatoria del

agraviado estaba corroborada con el acta de intervención policial y declaración

del SOB PNP Javier Tume Cortéz y con el certificado médico legal);

y

persistencia en la incriminación;

a resultas de todo lo cual concluyó que las

declaraciones del agraviado (...) tiene virtualidad procesal para enervar la

presunción de inocencia del adolescente (...) [Considerando 5.4 de la

sentencia].

20.3. Por otro lado, en relación a la no ratificación de la denuncia por el

agraviado, sostuvo la Sala que es improcedente conforme al estado del

proceso

y que

no merece mayor análisis ni credibilidad alguna, por cuando

ésta fue presentada luego de haber precluido la etapa en la que se actúan los

medios probatorios

[considerando sexto de la sentencia].

20.4. Finalmente, en cuanto a la medida socio educativa a imponer al favorecido

sentencia refirió que

al momento de cometer el acto infractor el adolc cente

contaba con diecisiete años de edad, con grado de instrucción ndaria

completa (...) existe la necesidad de intervención estatal, d

que el

adolescente infractor se encuentra con un entorno fa

ltamente

desfavorable ,

razón por la cual, concluye, la medida ocio educativa de

internamiento

es la adecuada en el caso de autos, con 1finalidad de lograr a

través del apoyo del equipo multidisciplinario qu' el adolescente infractor

adquiera criterios de valores y moralidad' [considerando 7.1 de la sentencia].


13/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



Sin embargo, la Sala juzgó que la medida de internamiento impuesta al

adolescente de cuatro años,

debe tenerse presente que el adolescente infractor

ha nacido el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (...) no

registra antecedentes por infracciones (..) y la infracción ha quedado en

grado de tentativa ,

por lo que procedió a rebajar la medida a tres años de

internamiento,

lo que está de acuerdo con lo opinado por el señor Fiscal

Superior en su dictamen 92-2012-FAM-MP-1FSCAR

[considerando 7.2 de la

sentencia].

21. De lo expuesto, este Tribunal estima que las resoluciones judiciales cuestionadas no

contienen una motivación suficiente, según los parámetros antes aludidos, en

atención a las consideraciones siguientes:

21.1. Con relación a la Sentencia N.° 269-2012, expedida por el Segundo Juzgado

Especializado de Familia:

L

ri\„--a),./En primer lugar, se aprecia que si bien el Juzgado aludió al informe técnico

multidisciplinario incluido en el expediente, que calificaba al investigado

/ como

primario en internamiento

así como la evaluación psicológica, que

concluyó respecto al menor infractor que

refiere cursar estudios

superiores observando interés por continuar en carrera profesional

(profesor de educación Fisica) serio, preocupado, tranquilo,

emocionalmente estable, animoso, persistente (...) se proyecta hacia su

futuro, con metas de superación personal ,

no se aprecia en el éter

argumentativo de la resolución judicial cuestionada ponderación alguna de

estas pruebas, cuyo mérito ha sido excluido inexplicablemente del

razonamiento judicial expuesto en la sentencia, cuando lo cierto es que tal

información era absolutamente relevante, si no para determinar la

responsabilidad penal del infractor en el hecho denunciado (lo que no se

discute), sí lo era para determinar la medida socio educativa que iba

imponérsele al menor como consecuencia de los hechos acreditados.

al

sentido, la conclusión a la que arriba el Juzgado en el fallo de latenia,

que impone al infractor la medida socio educativa de inter por el

plazo de cuatro (04) años,

al estar desprovista de la neces

ustificación

en los términos aquí señalados, constituye un supu o de motivación

insuficiente,

al no haberse brindado los argmner os que respaldan la

imposición de la sanción impu esta al menor infra


14/35

21.2. Con relación a la Resolución N.° 18, expedida por la Primera Sala Civil de

Piequ'pa:

9

4 Si bien la Sala demandada, a diferencia del juez

a quo, si valoró los

informes antes aludidos, al señalar que

al momento de cometer el acto

infractor el adolescente contaba con diecisiete años de edad, con grado de

instrucción secundaria completa f..) existe la necesidad de intervención

estatal, debido a que el adolescente infractor se encuentra con un entorno

familiar altamente desfavorable ,

concluyendo por ello que la medida

socio educativa de internamiento es

la adecuada en el caso de autos, con

la finalidad de lograr a través del apoyo del equipo multidisciplinario que

el adolescente infractor adquiera criterios de valores y moralidad ,

no

menos cierto es que la Sala demandada, al variar la sanción originalmente

impuesta de cuatro (04) a tres (03) años, se limitó a señalar que

debe

tenerse presente que el adolescente infractor ha nacido el quince de agosto

de mil novecientos noventa y cuatro (...) no registra antecedentes por

infracciones (...) y la infracción ha quedado en tentativa ,

pero deja sin

explicar el razonamiento judicial que lo conduce de esta premisa a la

conclusión punitiva a la cual arriba. Lo que igualmente revela, aunque por

este otro motivo, un supuesto de

motivación insuficiente, teniendo

cuenta las circunstancias personales del menor infractor que 1

la

demandada tenía a su disposición para resolver.

S


EXP. N .° 008042013-P1-JC/TC

AREQUIPA



b) Pero además, y en segundo lugar, se aprecia también un supuesto de

motivación incongruente,

pues la ausencia de valoración de las pruebas

antes aludidas contrasta o es incoherente con la invocación, en la parte

final de la sentencia, del principio de interés superior del niño, así como la

Convención Internacional de Derecho del Niño y la Doctrina de la

Protección Integral, que buscan precisamente

no sancionar al

adolescente, sino prevenir que vuelva a incurrir en actos similares y lograr

un cambio en su conducta ,

como el propio Juzgado lo refiere en el

considerando décimosegundo de la sentencia.

22. Por lo tanto, este Tribunal considera que se encuentra acre ada en autos la

afectación del derecho al debido proceso y a la motivació de las resoluciones

judiciales (artículo 139° incisos 3 y 5 de la Constit ión, respectivamente),

debiéndose declarar la nulidad de las Resoluciones N.' 69-2012 y 18, expedidas

por el Segundo Juzgado Especializado de Familia y por la Primera Sala Civil de la

Corte Superior de Justicia de Arequipa, respectiv ente, y ordenarse a los órganos


15/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



emplazados emitir nueva sentencia debidamente motivada, teniendo en cuenta las

razones expuestas.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la

Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la valoración de las pruebas.

2.

Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus, al haberse constatado la

afectación del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales;

en consecuencia, NULAS la Sentencia N.0 1

269-2012 y la Resolución N.° 18,

expedidas por el Segundo Juzgado Especializado de Familia y por la Primera Sala

Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, respectivamente, debiendo los

órganos emplazados emitir nueva decisión debidamente motivada, teniendo en cuenta

las consideraciones expuestas.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ

CALLE RAYEN

ETO CRUZ

CO

ML ÑÓZ

1ELATOR

TITUCIONAL


16/35


EXP. N.° 00804-20 I3-PHC/TC

AREQUIPA



VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ETO CRUZ

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Esteban Dueñas

Rojas, a favor del menor N.Y.J.D.B., contra la resolución expedida por la Sala Penal de

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 170, su fecha 31 de

enero de 2013, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos, los

magistrados firmantes emiten el siguiente voto:

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de diciembre de 2012, don Jorge Esteban Dueñas Rojas interpone

demanda de hábeas corpus a favor del menor de edad de iniciales N.Y.J.D.B. y la dirige

contra el Juez del Segundo Juzgado, con el objeto de que se declare la nulidad de la

Resolución de fecha 3 de setiembre de 2012, así como de su confirmatoria por

Resolución de fecha 5 de octubre de 2012, a través de las cuales el beneficiario fue

declarado autor de infracción a la ley penal en la modalidad de tentativa de robo

agravado imponiéndole la medida socioeducativa de internamiento por el plazo de tres

años (Expediente N.° 02508-2012-0-0401-JR-FP-02) y, consecuentemente, se disponga

su imnediata libertad. Se alega la afectación de los derechos al debido proceso, a la

tutela procesal efectiva, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad

personal, entre otros.

rma que durante todo el proceso no hubo ninguna prueba directa ni indirecta

osible participación del favorecido en los hechos, sin embargo se expidió la

la cuestionada. Precisa que

i)

la cuestionada decisión se basa en la única

aración del agraviado a nivel pre judicial,

ii)

no se valoró la declaración del policía

e sostiene que no vio al adolescente cometer la infracción,

di) está probado que la

esión que presenta el agraviado es compatible al causado con un objeto cortante, iv) la

pericia concluye que las huellas en el cuchillo resultan negativas respecto al menor

sentenciado, pues dicho objeto cortante sería del amigo del menor, y) no se valoró el

informe social que favorece al menor beneficiario, vi) existen diversas contradicciones

entre lo que manifiesta la asistenta social y el psicólogo, vii)

la sindicación del

agraviado es pobre y nada creíble, vüi) en todo caso existió un incidente entre el

agraviado y otra persona,

ix)

el agraviado ha retirado los cargos y nadie sindica al

favorecido. Señala que se debe declarar la nulidad del proceso penal en el que

abusivamente se ha condenado al favorecido. Aduce que se impuso la medida


17/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



socioeducativa de internamiento, pero no se tuvo en cuenta que el beneficiario ha

concluido sus estudios con notas sobresalientes, se encuentra en el tercio superior, se

encuentra matriculado en un instituto superior y se encuentra trabajando.

Con fecha 20 de diciembre de 2012, el Procurador Público Adjunto del Poder

Judicial contesta la demanda, solicitando que se la declare improcedente, por cuanto los

pronunciamientos judiciales cuestionados se encuentran arreglados a derecho.

Con fecha 3 de enero de 2013, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró improcedente la demanda, por

considerar que los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda eran los mismos a

los que se señalaban en la demanda de hábeas corpus tramitada ante el Sexto Juzgado

Penal Unipersonal (Exp. N.° 2012-4306), siendo de aplicación la causal de

improcedencia referida a la litispendencia, establecida en el artículo 5° inciso 6 del

Código Procesal Constitucional

Con fecha 31 de enero de 2013, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte

Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada, en aplicación del artículo 5° inciso I

del Código Procesal Constitucional.

Con fecha 4 de febrero de 2013, el recurrente interpone recurso de agravio

stitucional, reafirmándose en sus argumentos.

FUNDAMENTOS

1. § Delimitación del petitorio

1. El objeto de la presente demanda de hábeas corpus es que se declare la

nulidad de la


Resolución de fecha 5 de octubre de 2012. a través de las cuales el beneficiario fue


agravado imponiéndole la medida socioeducativa de internamiento por el plazo de

tres años (Expediente N.° 02508-2012-0-0401-JR-FP-02) y, consecuentemente, se

disponga su inmediata libertad. Se alega la afectación de los derechos al debido

proceso, a la tutela procesal efectiva, a la motivación de las resoluciones judiciales,

a la libertad personal, entre otros.


18/35


EXP.

0804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



2. § Cuestiones previas

2.1 § Sobre la supuesta litispendencia en el caso de autos

2.

La resolución de la presente controversia ha de comenzar por evaluar si en el caso

de autos se presenta, o no, la litispendencia invocada por el juez

a quo para declarar

la improcedencia de la demanda.

3.

Al respecto, viene al caso recordar que para declarar la improcedencia en base a esta

causal, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa emplazado

manifestó lo siguiente:

En el caso de autos, se verifica que los fundamentos de hecho y de derecho de la

presente demanda, son los mismos a los que se señalan en la demanda de hábeas

corpus, tramitado ante el Sexto Juzgado Penal Unipersonal, expediente 2012-4306; la

única diferencia entre ambas, es la persona que la presenta a favor de (N.Y.J.D), en la

presente demanda es Jorge Esteban Dueñas Rojas (padre del favorecido) yen la otra es

Mónica lvonne Beybbe Arias (madre del favorecido); se aprecia que en ambas

demandas el petitorio, los antecedentes y los fundamentos son idénticos. A lo que se

agrega que, en la demanda de hábeas corpus tramitado ante el Sexto Juzgado Penal

Unipersonal, expediente 2012-4306, se ha expedido resolución, declarando

improcedente de plano la demanda. En consecuencia, se tiene que, al existir otro

proceso constitucional de hábeas corpus N° 2012-4306, el cual, mediante resolución

fue declarada improcede nte, al referirse al m ismo favorecido, a los m ismos accionados,

al mismo petitorio, a los mismos antecedentes y los mismos fundamentos, se presenta

litispendencia con el presente proceso de hábeas corpus. Por tanto, debe declararse

improcedente la presente dem anda [fundam ento O de la resolución]

En relación a la litispendencia, el Tribunal Constitucional ha precisado que, para su

configuración, se requiere la identidad de procesos, lo cual se encuentra

determinado por la identidad de

partes,

de

petitorio

(aquello que efectivamente se

solicita) y del

título

(el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que

sustentan el pedido)

[SSTC N. 01984-2004-AA/TC, 02427-2004-AA/TC, 05379-2005-

AA/TC, entre otras].

5. En aplicación del citado criterio, debemos precisar que si bien en el Exp. N.° 4306-

2012, tramitado ante el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa, la demanda

de hábeas corpus fue interpuesta a favor del mismo beneficiario, con los mismos

3


19/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



objeto y título (fojas 101), tal demanda fue declarada improcedente con fecha 28 de

noviembre de 2012 (fojas

112),

quedando firme dicha decisión al no ser apelada;

mientras que la nueva demanda de hábeas corpus, que da origen al presente proceso,

fue promovida con fecha 7 de diciembre de 2012, vale decir, cuando el anterior

proceso constitucional ya había concluido, y cuya declaración de improcedencia, por

lo demás, no ostentaba la calidad de cosa juzgada (artículo 6° del Código Procesal

Constitucional). Siendo esto así, cobra veracidad la afirmación del recurrente, en el

sentido de que prefirió nuevamente interponer (...) un nuevo proceso

constitucional de hábeas corpus (recurso de apelación de fojas 135).

6.

En consecuencia, resuelta esta primera cuestión previa, corresponde evaluar el fondo

del asunto.

2.2 § Sobre los cuestionamientos realizados en la demanda de autos, respecto a

asuntos de mera legalidad ordinaria

7.

La Constitución establece en su artículo 200°, inciso 1, que el hábeas corpus procede

cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales

conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación

del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar al

análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues para

ello •ebe examinarse previamente si los hechos denunciados revisten relevancia

co ritucional, y luego, si agravian el contenido constitucionalmente protegido del

cho fundamental a la libertad personal.

Lo cual implica que, para que proceda el hábeas corpus, el hecho denunciado debe

necesariamente redundar en una afectación directa y concreta en el derecho a la

libertad individual o, dicho de otro modo, la afectación a los derechos

constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad

individual. Es por ello que el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 5°,

inciso 1, que no proceden los procesos constitucionales cuando (...) los hechos y el

petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido

constitucionalmente protegido el derecho invocado .

8 De este modo, la demanda de autos debe de ser desestimada, en el extremo en el que

se afirma que:

durante todo el proceso no hubo ninguna prueba directa ni

indirecta de la posible participación del favorecido en los hechos, sin embargo se

4


20/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



expidió la sentencia cuestionada;

que i)

la cuestionada decisión se basa en la única

declaración del agraviado a nivel pre judicial,

o se valoró la declaración del

policía que sostiene que no vio al adolescente cometer la infracción; iii) está

probado que la lesión que presenta el agraviado es compatible al causado con un

objeto cortante; iv) la pericia se concluye que las huellas en el cuchillo resultan

negativas respecto al menor sentenciado, pues dicho objeto cortante sería del

amigo del menor, v) la sindicación del agraviado es pobre y nada creíble;

vi)

en

todo caso existió un incidente entre el agraviado y otra persona; vii) el agraviado

ha retirado los cargos y nadie sindica al favorecido ,

9. Al respecto, consideramos que lo que en realidad pretende el recurrente es que se

lleve a cabo un reexamen de las resoluciones judiciales a través de las cuales se

impuso al menor favorecido la medida socioeducativa de internamiento como autor

de infracción a la ley penal en la modalidad de tentativa de robo agravado,

pretextando con tal propósito la presunta afectación a los derechos reclamados en la

demanda. En efecto, tales cuestionamientos se sustentan en alegados de índole

infraconstitucional, referidos a la valoración y suficiencia de las pruebas penales y a

la irresponsabilidad penal del beneficiario, respecto de las cuales se aduce que

no

se valoró la declaración del policía que sostiene que no vio al adolescente cometer

la infracción, está probado que la lesión que presenta el agraviado es compatible al

causado con un objeto cortante que pertenecería al amigo del menor, la pericia

concluye señalando que las huellas en el cuchillo resultan negativas respecto al

menor sentenciado, la sentencia se basa en la única declaración del agraviado a

nive prejudicial, la sindicación no es creíble y que lo que habría existido es un

in

de te entre el agraviado y otra persona, entre otros ; cuestionamientos de

*e etación penal que evidentemente exceden el objeto del proceso de hábeas

ce pus, por constituir alegados de mera legalidad que corresponde determinar a la

sticia ordinaria.

O. Por lo demás, cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subrayando en

reiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o

inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia, no

están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del

derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción

ordinaria que no compete a la justicia constitucional (RRTC N. 02245-2008-

PHC/TC, 05157-2007-PHC/TC, 0572-2008-PHC/TC, entre otras). En suma: la

determinación de la responsabilidad penal es competencia exclusiva de la justicia

5


21/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



ordinaria, aspecto que también involucra la graduación de la pena impuesta en sede

penal.

11. En consecuencia, respecto a estos extremos, la demanda de autos debe ser declarada

improcedente, en aplicación del artículo 5° inciso 1 del Código Procesal

Constitucional.

2. § El derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales

(artículo 139° inciso 5 de la Constitución)

Argumentos del demandante

El demandante, en representación de su menor hijo de iniciales N.Y.J.D. , afirma

que las resoluciones judiciales cuestionadas no han valorado adecuadamente el

informe social que favorece al menor beneficiario, siendo que existen diversas

contradicciones entre lo que manifiestan la asistenta social y el psicólogo; en ese

sentido, manifiesta que al menor se le impuso la medida socioeducativa de

internamiento, pero no se tuvo en cuenta que el beneficiario ha concluido sus

estudios con notas sobresalientes, se encuentra en el tercio superior, se encuentra

matriculado en un instituto superior y que se encuentra trabajando.

entos del demandado

su parte, el Procurador Público adjunto del Poder Judicial afirma que las

tencias cuestionadas cuentan con la debida motivación, y que, por tal razón,

sultan acordes a derecho.

Consideraciones

1. Reconocido expresamente en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución, el derecho

constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del

justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones

judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino

en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del

caso [Cfr. STC N.° 03943-2006-PA/TC, fundamento 4].

6


22/35


EXP. N.° 00804-20 I 3-PHC/TC

AREQUIPA



2.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido pacífica al admitir

que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los

jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental

que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la

potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley;

pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de

defensa de los justiciables [STC

1230-2002-14CTC, fundamento II].

De este modo

comprendida, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un

principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho

constitucional que asiste a todos los justiciables

[STC N.° 08 I25-2005-HC/TC, fundamento

10].

3.

Sin embargo, con el mismo énfasis se ha precisado que no todo ni cualquier error en

el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la

violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación

de las resoluciones judiciales

[STC N.° 0037-2012-PAITC, fundamento 35]. Más

concretamente: el dictado de una sentencia condenatoria

per se

no vulnera derechos

fundamentales, pero sí lo hace cuando dicha facultad se ejerce de manera arbitraria,

esto es cuando no se motivan debidamente o en todo caso legítimamente las

decis es adoptadas ylo no se observan los procedimientos constitucionales y

le

stablecidos para su adopción. Así pues, toda sentencia que sea más bien

el decisionismo que de la aplicación del derecho, que esté más próxima a la

ntad que a la justicia o a la razón, cuyas conclusiones sean ajenas a la lógica,

rá una sentencia arbitraria, injusta y, por lo tanto, inconstitucional [STC N.° 0728-

2008-PHC/TC, fundamento 8].

4. Por ello, el análisis de si una determinada resolución judicial viola o no el derecho a

la motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios

fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas

procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados

para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva

evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no

le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos

de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha

puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un

determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación

7


23/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA

N. Y. J. a Representado por JORGE

ESTEB AN DUEÑ AS R OJAS

del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos

[STC N.° 01480-2006-PAITC, fundamento 2].

5. De este modo, en la interpretación sobre el contenido constitucionalmente protegido

de este derecho, el Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos

en los cuales dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia

recaída en el Expediente N.° 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las

siguientes hipótesis de vulneración:

5.1 Inexistencia de motivación o motivación aparente

5.2. Falta de motivación interna del razonamiento,

que se presenta en una doble

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de

las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro,

cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un

discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de

identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el

control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o

ibunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su

coherencia narrativa.

Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se

presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no

han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica

[según corresponda].

5.4. La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha

establecido el Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las

pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales,

sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la

ausencia de argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulta

manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

5.5 La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial

efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias,

obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de

manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer,

por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate

8


24/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA

N. Y.

J. D. Representado por JORGE


procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se

produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control

mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación,

es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del

marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del

derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la

sentencia (incongruencia omisiva).

6. En el caso de autos, apreciamos que, mediante Sentencia N.° 269-2012, de fecha 3

de setiembre de 2012, el Segundo Juzgado Especializado de Familia de Arequipa

declaró al favorecido como autor de la infracción de tentativa de robo agravado,

prevista en los artículos 188 y 189 incisos 3 y 4 primer párrafo del Código Penal, en

agravio de Jorge Armando Varillas Urrutia, imponiéndole al beneficiario la medida

socio educativa de internamiento por el plazo de cuatro (04) arios, y fijando una

reparación en forma solidaria con sus padres de quinientos (500) nuevos soles a

favor del agraviado; exponiendo, a tal efecto, el siguiente razonamiento:

6.1.

n primer lugar, el Juzgado resaltó la declaración del agraviado, quien

indicó que el día quince de julio del dos mil doce a las siete horas con

cuarenta y cinco minutos llegó al local de la empresa Malvisur, ubicado

en calle Garcí Carbajal con la finalidad de recoger una encomienda

la ciudad de Lima, al encontrar que el local se encontraba cerrado

procedió a esperar a que abrieran el local parándose en la vereda del

rente observando que dos sujetos iban por la misma acera y en forma

intempestiva lo rodearon con la intención de robarle, siendo uno de ellos

quien colocó un cuchillo a la altura de su cuello (lado izquierdo)

presionando y diciéndole ̀ ya perdiste', en ese momento instintivamente

retrocedió hacia la pista y el sujeto trató de cortarle estirando la mano

con el arma, logrando alcanzarlo con la punta del cuchillo,

ocasionándole un corte pequeño con el arma, logrando alcanzarlo con la

punta del cuchillo, ocasionándole un corte pequeño debajo de la oreja

izquierda, debido a que trató de evitar el ataque, por lo que trató de

atraparlo, siendo que su atacante empezó a correr al notar la presencia

policial de dos efectivos que iban por la esquina, en ese momento la

persona que lo atacó arrojó el cuchillo sobre la vereda »j'e capturado a

veinte metros del lugar. El sujeto que lo acompañaba corrió en sentido

contrario, por lo que sólo detuvieron a su atacante, quien estaba vestido

9


25/35


EXP. NY 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



con una casaca azul de franjas blancas, pantalón oscuro y zapatillas

oscuras, quien señaló apellidarse (D.B.N.),

siendo conducidos a la

comisaría para las investigaciones del caso (...) Todo lo cual ha sido

corroborado con la declaración tanto a nivel policial como

jurisdiccional del SOB PA? Javier Turne Cortez (...)

(sic) [cuarto

considerando de la sentencia]

6.2.

or su parte, en relación a la declaración del investigado, el Juzgado

consignó como m anifestación suya que

el día quince de julio del dos mil

doce estaba con Carlos Choque Pampa, de diecinueve años de edad,

quien vive por su barrio, en circunstancias en que ambos regresaban de

una fiesta de un compañero del instituto, siendo las seis de la mañana se

dirigían a tornar la comb i para bajar por O rmeño, su am igo se peleó con

otro sujeto, suponiendo él que lo conocía de antes porque se empezaron

a pegar, él y su amigo s e encontraban sin s ignos de alcohol, por lo que él

reaccionó en defensa de su amigo porque el otro sujeto le estaba

pegando, en esas circunstancias apareció un patrullero y el sujeto que

pegaba a su amigo dijo que él le había robado su billetera, la policía le

revisó los bolsillos no encontrándole nada, el patrullero lo llevó a él y a

la persona que supuestamente le había robado a la comisaría de Palacio

ejo pues su amigo se dio a la fuga, precisa que (...)el cuchillo era del

sujeto que estaba pegando a su amigo y la policía se lo puso a él,

respecto al corte del agraviado indicó que se realizó cuando estaba

peleando con su amigo puesto que su amigo lo estaba sujetando de la

cabeza y que el agraviado fue quien sacó el cuchillo para amenazar a su

amigo, indicó que tiene un proceso de robo agravado y otro de lesiones,

señala que el otro proceso lo tiene con otro de sus amigos y que a él no

le encontraron nada

(sic) [quinto considerando de la sentencia].

De lo cual, concluye el Juzgado que

el investigado niega los hechos

imputados, es más manifiesta que fue un pleito entre el agraviado y su

amigo y que el agraviado fue quien portaba un cuchillo aunque en

primer término el investigado afirmó que 'la policía se lo puso a él',

situación que por cierto no lo ha acreditado de modo alguno y menos

con medio probatorio pertinente, teniendo la sindicación directa del

agraviado y la declaración de un efectivo policial que lo intervino, a lo

que se agrega además que intentó fugarse por la calle Dos de Mayo del

10


26/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



cercado siendo nuevamente intervenido por la policía, situación que por

cierto es merituada

(sic) [quinto considerando d e la sentencia].

6.3.

continuación, el Juzgado emplazado valoró el informe técnico

multidisciplinario, evacuado por el Centro Juvenil Alfonso Ligarte,

concluyendo respecto al investigado que

es primario en internamiento,

involucrado aparentemente en actos ilícitos, en consumo perjudicial de

sustancias psicoactivas, procede de un hogar altamente inestable

aparentemente constituido de tipología familiar nuclear disfuncional,

bajo la potestad de los padres (...) ;

a lo que agrega el Juzgado que

como él mismo ha reconocido que tiene otros dos procesos por

infracción otro por robo agravado y uno por lesiones, de lo que se

evidencia que el investigado no tiene control alguno por parte de sus

progenitores, al ser consumidor de sustancias psicoactivas y estar

involucrado en otros actos infractores

[quinto considerando de la

sentencia].

A partir de allí, concluye el Juzgado:

por tanto, valorando los medios

probatorios anteriormente descritos y analizados los mismos en

conjunto. permiten colegir a este Despacho, que el investigado tiene

responsabilidad sobre los hechos denunciados, habiendo querido robar

al agraviado con otra persona la cual se dio a la fuga

[quinto


Tal conclusión se ve reforzada, a criterio del Juzgado, por la declaración

recibida en etapa policial del SOB PNP Javier Turne Cortez, quien

afirmó que junto a su compañero

fueron alertados por una persona

quien era víctima de robo, observando a dos sujetos c orriendo en sentido

contrario, por lo que emprendieron la persecución notando que uno de

ellos arroja a la vereda un arma blanca—cuchillo, siendo éste detenido y

controlado físicamente a unos veinte metros, y el otro logró darse a la

filga (...) anotando además que el investigado emprendió la fuga

nuevamente siendo alcanzado a dos cuadras del lugar, y que el arma,fiie

tirada a la vereda por el investigado (...) ,

lo que fue corroborado con su

declaración a nivel jurisdiccional [Considerando 5.2 de la sentencia]

6.4

6.5.

11


27/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA

N. Y. J. D. Representado

por

JORGE


6.6.

or otro lado, el Juzgado demandado merituó que el adolescente

no

tiene antecedentes por la comisión de otras infracciones como aparece

del Registro del adolescente infractor ,

así como el resultado de la

evaluación psicológica, en el que se afirma:

refiere cursar estudios

superiores observando interés por continuar estudios en carrera

profesional (profesor de educación frica) (...) serio, preocupado,

tranquilo, emocionalmente estable, animoso, persistente (...) se proyecto

hacia su futuro, con metas de superación personal (...) preocupación por

continuar estudios superiores ;

aunque también la

Evaluación

Conductual,

que concluyó respecto al adolescente infractor, que

requiere apoyo, supervisión de sus actividades y desplazamientos (...)

requiriendo permanente orientación y consejería especializada

[considerando décimo de la sentencia].

6.7. inalmente, la sentencia invocó el principio del interés superior del Niño,

para derivar de él que

mediante el proceso judicial instaurado, lo que se

busca no es sancionar al adolescente, sino prevenir que vuelva a incurrir

en actos similares y lograr un cambio en su conducta, buscando que

asume conciencia de las consecuencias de sus actos

(sic); así como la

Convención Internacional de Derechos del Niño y la Doctrina de la

Protección Integral [considerando décimosegundo de la sentencia].

7. Por su parte, mediante Resolución N.° 18 de fecha 5 de octubre de 2012, la Primera

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la apelada, pero la

revocó en el extremo de la medida de internamiento y, reformándola, impuso al

favorecido medida socio educativa por el plazo de tres (03) años; todo ello sobre la

base del siguiente razonamiento:

7.1. n primer lugar. la

Sala emplazada valoró los siguientes medios

probatorios: acta de intervención policial, acta de recojo, declaración del

agraviado, declaración del SOB PNB Javier Turne Cortéz y certificado

médico legal

[considerando tercero de la sentencia].

7.2.

continuación, la Sala apreció los presupuestos de valoración de la

declaración del agraviado que, según lo establecido en el Acuerdo

Plenario 2-2005/CJ- 116, son los siguientes: ausencia de incredibilidad;

verosimilitud de la versión

(extremo en el que se afirma que la versión

12


28/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



incriminatoria del agraviado estaba corroborada con el acta de

intervención policial y declaración del SOB PNP Javier Tume Cortéz y

con el certificado médico legal);

y persistencia en la incriminación;

de

todo lo cual concluyó que las declaraciones del agraviado (...) tiene

virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del

adolescente (...) [considerando 5.4 de la sentencia].

Por otro lado, en relación a la no ratificación de la denuncia por el

agraviado, sostuvo la Sala que

es improcedente conforme al estado del

proceso

y que

no merece mayor análisis ni credibilidad alguna, por

cuando ésta frie presentada luego de haber precluido la etapa en la que

se actúan los medios probatorios

[considerando sexto de la sentencia].

Finalmente, en cuanto a la medida socio educativa a imponer al

favorecido, la sentencia refirió que


infractor el adolescente contaba con diecisiete años de edad, con grado

de instrucción secundaria completa (...) existe la necesidad de

intervención estatal, debido a que el adolescente infractor se encuentra

con un entorno familiar altamente desfavorable',

razón por la cual,

concluye, la medida socio educativa de internamiento es la adecuada en

el caso de autos, con la finalidad de lograr a través del apoyo del equipo

multidisciplinario que el adolescente infractor adquiera criterios de

valores y moralidad [considerando 7.1 de la sentencia].

Sin embargo, la Sala juzgó que la medida de internamiento impuesta al

adolescente de cuatro años,

debe tenerse presente que el adolescente

infractor ha nacido el quince de agosto de mil novecientos noventa y

cuatro (...) no registra antecedentes por infracciones (...) y la infracción

ha quedado en grado de tentativa ,

por lo que procedió a rebajar la

medida a tres años de internamiento,

lo que está de acuerdo con lo

opinado por el señor Fiscal Superior en su dictamen 92-2012-FAM-MP-

IFSCAR

[considerando 7.2 de la sentencia].

8. De lo expuesto, consideramos que las resoluciones judiciales cuestionadas no

contienen una motivación suficiente, según los parámetros antes aludidos, en

atención a las consideraciones siguientes:

13


29/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



8.1. En relación a la Sentencia N.° 269-2012, expedida por el Segundo Juzgado

Especializado de Familia:

a)

En primer lugar, se aprecia que si bien el Juzgado aludió al informe

técnico multidisciplinario incluido en el expediente, que calificaba al

investigado como

primario en internamiento

así como la evaluación

psicológica, que concluyó respecto al menor infractor que

refiere cursar

estudios superiores observando interés por continuar en carrera

profesional (profesor de educación física) serio, preocupado, tranquilo,

emocionalmente estable, animoso, persistente (...) se proyecta hacia su

futuro, con metas de superación personal ,

no se aprecia en el

íter

argumentativo de la resolución judicial cuestionada ponderación alguna

de estas pruebas, cuyo mérito ha sido excluido inexplicablemente del

razonamiento judicial expuesto en la sentencia, cuando lo cierto es que tal

información era absolutamente relevante, si no para determinar la

responsabilidad penal del infractor en el hecho denunciado (lo que no se

discute), sí para determinar la medida socio educativa que iba a

imponérsele al menor como consecuencia de los hechos acreditados. En

tal sentido, la conclusión a la que arriba el Juzgado en el fallo de la

sentencia, que

impone al infractor la medida socio educativa de

internamiento por el plazo de cuatro (04) años, al estar desprovista de la

necesaria justificación en los términos aquí señalados, constituye un

supuesto de

motivación insuficiente,

al no haberse brindado los

argumentos que respaldan la imposición de la sanción impuesta al menor

infractor.

b) Pero además, y en segundo lugar, se aprecia también un supuesto de

motivación incongruente,

pues la ausencia de valoración de las pruebas

antes aludidas contrasta o es incoherente con la invocación, en la parte

final de la sentencia, del principio de interés superior del niño, así como la

Convención Internacional de Derecho del Niño y la Doctrina de la

Protección Integral, que buscan precisamente no sancionar al

adolescente, sino prevenir que vuelva a incurrir en actos similares y

lograr un cambio en su conducta- como el propio Juzgado lo refiere en

el considerando décimosegundo de la sentencia.

14


30/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



8.2.

En relación a la Resolución N.° 18, expedida por la Primera Sala Civil de

Arequipa:

a) Si bien la Sala demandada, a diferencia del juez

a quo,

sí valoró los

informes antes aludidos, al indicar que


infractor el adolescente contaba con diecisiete años de edad, con grado

de instrucción secundaria completa (...) existe la necesidad de

intervención estatal, debido a que el adolescente infractor se encuentra

con un entorno familiar altamente desfavorable ,

concluyendo por ello

que la medida socio educativa de internamiento es

la adecuada en el

caso de autos, con la finalidad de lograr a través del apoyo del equipo

multidisciplinario que el adolescente infractor adquiera criterios de

valores y moralidad ,

no menos cierto es que la Sala demandada, al variar

la sanción originalmente impuesta de cuatro (4) a tres (3) años, se limitó a

señalar que

debe tenerse presente que el adolescente infractor ha nacido

el quince de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (...) no registra

antecedentes por infracciones (..) y la infracción ha quedado en

tentativa',

pero deja sin explicar el razonamiento judicial que lo conduce

de esta premisa a la conclusión punitiva a la cual arriba. Lo que

igualmente revela, aunque por este otro motivo, un supuesto de

motivación insuficiente,

teniendo en cuenta las circunstancias personales

del menor infractor que la Sala demandada tenía a su disposición para

resolver.

9. Por lo tanto, consideramos que se encuentra acreditada en autos la afectación del

derecho al debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales (artículo

139°, incisos 3 y 5 de la Constitución, respectivamente), debiéndose declarar la

nulidad de las Resoluciones N.'

s

269-2012 y 18, expedidas por el Segundo Juzgado

Especializado de Familia y por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia

de Arequipa, respectivamente, y ordenarse que los órganos emplazados emitir nueva

sentencia debidamente motivada, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.

15


31/35

Sres.

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ

o q c.

t_a

OSCAR

NOñ

SfiCRET. oa


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA



Por estos fundamentos, nuestro voto es por:

1.

Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a la valoración de las pruebas.

2.

Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus, al haberse constatado la

afectación del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales;

en consecuencia, NULAS la Sentencia N.' 269-2012 y la Resolución N.° 18,

expedidas por el Segundo Juzgado Especializado de Familia y por la Primera Sala

Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, respectivamente, debiendo los

órganos emplazados emitir nueva decisión debidamente motivada teniendo en

cuenta las consideraciones expuestas.

16


32/35


EXP. N.° 00804-2013-PHC/TC

AREQUIPA

N.Y.J.D. Representado por JORGE


VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE RAYEN

Puestos los autos a despacho para dirimir la discordia surgida, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 5°, parágrafo quinto, de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional, así como en los artículos 11° y 11°-A de su Reglamento Normativo,

procedo a emitir el siguiente voto:

Hecho el análisis de autos, comparto plenamente los fundamentos expuestos en el voto

suscrito por los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz, por lo que mi voto también es

porque se declare IMPROCEDENTE la demanda, respecto a la valoración de las

pruebas, y FUNDADA la demanda de hábeas corpus, al haberse constatado la

afectación del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales; en

consecuencia, NULA la Sentencia N° 269-2012 y la Resolución N° 18, expedidas por

el Segundo Juzgado Especializado de Familia y por la Primera Sala Civil de la Corte

Superior de Justicia de Arequipa, respectivamente, debiendo los órganos emplazados

emitir nueva decisión debidamente motivada, teniendo en cuenta las consideraciones

expuestas en el voto materia de adhesión.

Sr.

CALLE RAYEN


33/35


III I I

EXP N 00 04 2013-PITC/TC

AREQUIPA

N. Y. J. D. B Representado por JORGE


VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA

Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Esteban Dueñas

Rojas, a favor del menor N. Y. J. D. B., contra la resolución expedida por la Sala Penal

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 170, su fecha 31

de enero de 2013, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de autos, el

magistrado firmante emite el siguiente voto:

1 Con fecha 7 de diciembre de 2012, don Jorge Esteban Dueñas Rojas interpone

demanda de hábeas corpus a favor del menor de edad de iniciales N. Y. J. D. B., y

la dirige contra el Juez del Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, don Omar

Samuel Cornejo Araoz, y los vocales integrantes de la Primera Sala Civil de la

Corte Superior de Justicia de Arequipa, señores del Carpio Rodríguez, Valencia

Dongo Cárdenas y Yucra Quispe, con el objeto de que se declare la nulidad de la


Resolución de fecha 5 de octubre de 2012, a través de las cuales el beneficiario fue


agravado imponiéndole la medida socioeducativa de internamiento por el plazo de

tres años (Expediente N.° 02508-2012-0-0401-JR-FP-02) y, consecuentemente, se

disponga su inmediata libertad Alega la afectación de los derechos al debido

proceso, a la tutela procesal efectiva, a la motivación de las resoluciones judiciales a

la libertad personal, entre otros.

Al respecto, afirma que durante todo el proceso no hubo ninguna prueba directa ni

indirecta de la posible participación del favorecido en los hechos, sin embargo se

expidió la sentencia cuestionada. Precisa que i) la cuestionada decisión se basa en la

única declaración del agraviado a nivel pre judicial, ii) no se valoró la declaración

del policía que sostiene que no vio al adolescente cometer la infracción,

Hl)

está

probado que la lesión que presenta el agraviado es compatible al causado con un

objeto cortante, iv) la pericia se concluye que las huellas en el cuchillo resultan

negativas respecto al menor sentenciado, pues dicho objeto cortante sería del amigo

del menor, y) no se valoró el informe social que favorece al menor beneficiario, vi)

existen diversas contradicciones entre lo que manifiesta la asistenta social y el

psicólogo,

vi() la sindicación del agraviado es pobre y nada creíble,

viii) en todo

caso existió un incidente entre

el

agraviado y otra persona, ix) el agraviado ha

retirado los cargos y nadie sindica al favorecido. Aduce que se debe declarar la

nulidad del proceso penal en el que abusivamente se ha condenado al favorecido.

Agrega que se impuso la medida socioeducativa de internamiento, pero no se tuvo

en cuenta que el beneficiario ha concluido sus estudios con notas sobresalientes, se

encuentra en el tercio superior, se encuentra matriculado en un instituto superior y


34/35


EXP N 00804 2013-PHC/TC

AREQU PA

N. Y. J D. B Representado por JORGE


que se encuen

00804-2013-hc-menor infractor deber ser debidamnte sos

Documents