$2.000Edición 2792 SEmana dEl 17 al 23 dE junio dE 2015 - circula loS miércolES - licEncia nº 002367 dEl miniStErio dE GobiErno

www.semanariovoz.com

LA VERDAD DEL PUEBLO

Santos habla de paz pero alienta la guerra

Momento difícil en La Habana

El escalamiento del conflicto tiene consecuencias graves para la mesa de conversaciones. El proceso de paz requiere de un ambiente propicio entre los colombianos mediante el cese bilateral al fuego, al que se niega el Gobierno, por considerarlo una presión de la insurgencia. Santos ordena la guerra pero no acepta sus consecuencias. Todo se da con el beneplácito de los grandes medios de comunicación para quienes los guerrilleros son “dados de baja” y los miembros de la fuerza pública “masacrados”.

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Agresión policial

Fuerza, CristianCristian Pulido, estudiante de la Universidad del Tolima, está entre la vida y la muerte por una bala de gas lacrimógeno, disparada en la cara, mientras tomaba fotos de la arremetida del Esmad al Alma Máter. Se reabre debate para desmontar ese cuerpo policial antidisturbios.

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Negociadores de paz del gobierno nacional. Foto Presidencia .

Ùltima foto de Cristian Pulido, en el círculo, antes de recibir el impacto. Foto Olfato.com

Junio 17 de 2015/2

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Nelson Lom-bana Silva - Luz Mireya Gallo - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OfICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVII. Distribución vía Avianca.

VISIÓN

H José Luis Díaz-Granados

Carta

s

S

Solidaridad con Gloria InésEn ejecutivo del día martes 2 de junio de 2015 nos enteramos del lamentable falleci-miento de don Leonidas Ramírez Montoya, padre de nuestra camarada Gloria Inés Ramírez Ríos. Queremos por intermedio de esta carta ofrecerle nuestro más sentido sentimiento de solidaridad y acompañar-la y a toda su familia en este angustioso momento. Gloria, es el reflejo de toda la formación académica, intelectual, social que en su hogar se le brindó; donde se destaca su humanismo y el pensar de manera revo-lucionaria para conquistar la paz con justicia social. Con usted: Comité Departamen-tal Quindío. José I. Mosquera, Secreta-rio Político (vía Internet).

Crítica a VOZA propósito del número 2790 de VOZ en el que se dedica toda la página 7 a criticar lo dicho por el Papa Francisco cuando éste afirmó que un par de nalgadas a los hijos pueden ser correctivas, considero que no es bueno caer en exageraciones; ¿qué papá no lo hace? corregir es una labor necesa-ria en la educación de los hijos y un par de palmadas moderadas en las sentaderas de un niño no hacen daño; decir lo contra-rio es, repito, exagerar; me pareció dicha crítica de un anticlericalismo trasnochado; a mí como creyente de izquierda me ha caído

mal esa página -toda una página- dedicada a un tema tan humano, mientras que, por el contrario, el semanario, normalmente sensato y ponderado, no dedicó en este número ni una línea a los torpes atentados de las FARC-EP en Buenaventura y Tumaco, pueblos pobres y deprimidos, noticia lamen-table. Seguramente VOZ pudo indagar sí fue cierto que hubieran sido perpetrados por la insurgencia, y que sí merecían una crítica fuerte. No olvidemos que de cara a la Asam-blea Nacional Constituyente, co la que creo debe culminar el proceso de paz, las FARC-EP necesitan el apoyo de las masas popula-res y estos atentados las hacen antipáticas. Si ello ocurrió a espaldas de la dirigencia de ellas, pues que lo digan y eso seguro que gana simpatía. Cordial saludo estimado Car-los. Juan Guillermo Durán Mantilla (vía Internet).

El papa se equivocóLos quiero felicitar por el artículo Castigo físico a los niños: ¿En la cola sí, en la cara no? En la edición 2790 del año en curso, porque va al fondo del problema respecto a que ya pasó la época nefasta de la letra con sangre entra. Las declaraciones muy funda-mentadas del doctor Sergio Isaza, médico eminente, nos aclara, la equivocación del sumo pontífice, quien como ser humano también se equivoca. Estos artículos que

seguramente motivan polémica deben ser más frecuentes en el semanario, que ha venido mejorando y diversificando su te-mática. Al tiempo no estoy de acuerdo con los maestros que le reclaman imparcialidad al periódico de los comunistas. Es también equivocado. María Bueno (vía Internet).

Papel ridículo de PastranaQueridos camaradas: un saludo frater-no y combativo. Ridículo el papelón de Pastrana (patraña) en Venezuela, defen-diendo a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes de clase. Debería primero, el burguesito, pasarse por las cárceles de Colombia y constatar cómo se violan todos los derechos a miles de presos políticos y presos comunes. Son una vergüenza las cárceles en Colombia. Si vamos a hablar de países que violan los derechos humanos, hablemos de Estados Unidos, de Israel, de Europa, de África, de Colombia y México en grado superlativo. A los medios masivos de comunicación (Caracol, RCN, CNN, El País de España) solo les digo: No somos tan tontos como ustedes nos creen, y aunque la gran multitud les coma cuento, basta con unos pocos para conservar la verdad y con ella la esperanza. Vencer o vencer, no conozco otro camino porque no lo hay. Hasta pronto valientes de VOZ, la verdad del pueblo. Beto Vélez (vía Internet). H

ólo habían transcurri-do unas pocas horas del Primero de Enero de 1959, cuando un jo-ven poeta de 28 años, con el co-razón rebosante de alegría, reco-rría en una guagua las calles de La Habana, mientras en su mente se agolpaban al unísono innumerables emociones.

Era Roberto Fernández Retamar, quien 45 años después, le contó a la periodista Sonia Sánchez que fue precisamente durante ese recorri-do vibrante cuando sintió que un poema -destinado a ser uno de los más famosos de su autoría- le esta-ba llegando, como llegan los pája-ros a una estancia amable, y ense-guida comenzó a borronearlo so-bre un papel que al azar guardaba en el bolsillo.

Se trata de “El otro”. En este ce-lebérrimo texto, Fernández Retamar recuerda con dolor los muertos, los héroes, los valientes combatientes que ofrendaron sus existencias pre-ciosas para que otros, los sobrevi-vientes, pudieran vivir la fervoro-sa alegría de ese Primero de Enero.

“A cuarenta y cinco años de ha-berlo escrito -recuerda su autor-, me sigue llamando la atención que un texto que supuse que sólo me inte-resaría a mí, se convirtió en el más difundido de mis poemas”.

Y enseguida pasa a evocar la emoción que experimentó cuando al llegar a Vietnam en 1970, para participar en un documental sobre la guerra que padecía aquel país, se encontró con su poema “El otro” traducido al idioma vietnamita. Igualmente le ocurrió años después en Angola y luego en otras nacio-nes del mundo. El poema dice así:

“Nosotros, los / sobrevivientes, / ¿A quiénes debemos la / Sobrevida? / ¿Quién recibió la bala / mía? / La para mí, en su corazón? / ¿Sobre qué muerto estoy / yo vivo? / Sus huesos quedando en / los míos, / Los ojos que le / arrancaron, viendo / por la mirada de mi / cara, / y la mano que

no es su mano, / que no es ya tam-poco la mía / escribiendo palabras rotas, / Donde él no está, en la so-brevida?”

La magia, el duende, el idio-ma preciso con que fue escrito es-te poema, brotado del sentimiento más entrañable, es uno de los más hermosos símbolos del triunfo re-volucionario de 1959. Y una vez más, como siempre, la poesía ha quedado como indeleble testimo-nio de un gran acontecimiento. En este caso, el extraordinario triunfo de la Revolución Cubana, de Fidel, Camilo, el Che y el heroico pueblo que derribó la tiranía de Batista.

Y el poeta, el juglar, el escalde

“El otro” de Retamar

que escribió la victoria con su ale-gría y su dolor imperecederos: un grande de Cuba: Roberto Fernández Retamar, quien en este mes de junio de 2015 está celebrando sus 85 años rodeado del afecto de todo su pue-blo. Fundó con Haydée Santamaría la “Casa de las Américas”, la más importante institución cultural de habla hispana y se ha destacado co-mo uno de los mayores poetas y en-sayistas de Nuestra América.

Desde Colombia, también esta-mos juntando nuestras manos so-lidarias con las de los millones de cubanos y latinoamericanos para festejar tan maravillosa efeméri-des. H

Cálido abrazo de José Luis Díaz-Granados con Fidel. Observan: su esposa Gladys y el maestro Retamar (febrero de 2001).

Junio 17 de 2015/3tema de la SemaNa

H Hernán Camacho

Visite la página web del PCC www.pacocol.org

Las promesas del go-

bierno nacional de reparar a las vícti-mas del conflicto armado en Colombia naufragan. A cuatro años de la ley de víctimas sus resultados son paupérri-mos. VOZ habló con Alfonso Castillo, precandidato al Concejo de Bogotá por la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, defensor de derechos humanos y víctima, sobrevi-viente del genocidio contra la UP, vin-culado al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, integran-te de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS. Dice que la repa-ración a las víctimas es una campaña mediática bien diseñada porque las ci-fras y las realidades de las víctimas en el país muestran otra cosa.

–¿Qué opinión le merecen los cua­tro años de la ley de víctimas?

–Efectivamente van cuatro años después de la sanción presidencial. Desde el primer momento hemos di-cho que es un importante instrumen-to que marca un hito legislativo en lo que tiene que ver con la reparación y la restitución de bienes a las víctimas, pero hoy esa ley es un fracaso. Las ci-fras son únicamente propaganda de la Unidad de Víctimas y de la Unidad de Restitución de Tierras, no hay más de quinientas mil víctimas indemnizadas con cuantías irrisorias que no podemos llamar reparación. La indemnización económica no tiene los complementos que necesita la víctima para restable-cer su proyecto de vida. Quizá el ma-yor fracaso de la ley de víctimas son las cifras de restitución que no llegan a 80 mil las hectáreas, pero lo grave es que 40 mil de ellas son predios de tipo baldío, eso quiere decir, que solamente la mitad han sido restituciones de tie-rra a sus dueños originales.

–Entonces, ¿de qué reparación ha­bla el gobierno nacional?

–El gobierno está reparando con un papel. Devuelve un título pero sin acompañamiento, sin subsidios, sin protección, sin desarrollo, sin proyec-tos productivos para campesinos. La Corte Constitucional ha dicho de mil maneras y con sobrados argumentos que la política pública de víctimas de-be sustentarse en la articulación insti-tucional de los entes de orden nacional y territorial. Por ejemplo: la ley señala que los municipios deben acarrear con presupuesto para atender las víctimas y hay municipios que no tienen destinado a la atención de víctimas ni un solo pe-so. No hay ministerios de Agricultura, ni de Trabajo, ni de Salud para acom-pañar las víctimas, solamente hace pre-sencia en ese proceso el Ministerio de Defensa.

–¿Por qué el Ministerio de Defensa?

–De acuerdo con la ley, el primer responsable en el proceso de restitución

es el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa. Son ellos los que determinan mediante resolución en que región del país se puede iniciar el proceso de restitución. Solamente hay restitución donde el ministerio de Defensa ha dado el visto bueno. Así es difícil.

–Ese acompañamiento precario de la institucionalidad contrasta con el rearme paramilitar y con los ejér­citos anti restitución de tierras surgi­dos precisamente hace cuatro años. ¿Qué opina?

–Lo advertimos; la agudización del conflicto armado y la reingeniería pa-ramilitar iban dar al traste con la inten-cionalidad de la ley de víctimas. Pero hay algo más grave que se desprende de allí: El gobierno nacional está empeña-do en entregarle tierras a los negocios de la extracción, a los agro negocios o Zonas de Economía Especial, Zidres, mientras los grupos paramilitares an-dan por todo el país con las manos suel-tas para seguir despojando. Así no va a haber un proceso real de restitución de tierras en los próximos cien años.

–Pasemos al tema de Bogotá. ¿Qué impactos tiene la ley de víctimas en la capital?

–La ciudad tiene una particulari-dad: aquí hay una institucionalidad desde la Alcaldía de Bogotá, diseñada para desarrollar programas para aten-ción a víctimas. Los Centros Dignificar son espacios para la atención pero tie-nen cuellos de botella. Las entidades

del orden nacional tienen que trabajar mancomunadamente con las autorida-des distritales y éstas se quejan del tra-bajo ineficiente que hacen para la aten-ción a víctimas. Por ejemplo, la ayuda humanitaria para las víctimas en térmi-nos de salud está adscrita al Ministerio de Salud y la secretaria del ramo en Bogotá no puede asumir esa atención. Hay una falta de coordinación institu-cional y los esfuerzos distritales no son suficientes. A un año de la salida del alcalde Petro puedo afirmar que en lo que tiene que ver con las víctimas, él pudo hacer más.

–¿Qué le faltó al distrito?–Cuando arrancó el gobierno de la

Bogotá Humana se comprometieron con cuarenta mil viviendas para las víctimas, hoy solo tenemos seis mil vi-viendas, pero es verdad que esa oferta dependía si el gobierno nacional le gi-raba recursos y en medio de la disputa política y administrativa entre Petro y Santos, las víctimas se quedaron sin vi-vienda. El déficit es de ochenta mil vi-viendas para las familias víctimas que están en Bogotá.

–El Concejo de la capital, ¿qué postura ha tenido con la política pú­blica de víctimas?

–Cero compromisos con las vícti-mas. Si bien la ley no le asigna ninguna competencia, tampoco el cabildo ayuda

con la creación o aprobación de parti-das necesarias para los programas que desarrolla la administración para aten-der la problemática. Para ser claro el Concejo no se ha comprometido polí-ticamente con las víctimas en Bogotá.

–La Unión Patriótica es víctima de un genocidio político. Como partido tienen la autoridad moral y ética para hablar sobre reparación. ¿Se ha deba­tido en la Unión Patriótica los cuatro años de ley de víctimas?

–Nosotros como Unión Patriótica estamos convencidos que la ley de víctimas debe modificarse sustancial-mente. La ley de víctimas no es pa-ra que la Unión Patriótica acceda a la reparación. Lo mismo ha dicho el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otras voces que represen-tan a las víctimas. Pero creemos adicio-nalmente que la norma es escudo pa-ra el gobierno nacional ante los orga-nismos internacionales y su principal herramienta en el proceso de paz. La realidad tiene un sustento incontrover-tible: el Plan Nacional de Desarrollo, el siguiente tropiezo para las víctimas en la medida que el presupuesto para atención se va disminuir gradualmen-te. Vemos que el gobierno se enfoca-rá a reparar simbólicamente con una campaña mediática importante a cier-tos grupos de víctimas de gran trascen-dencia en la historia del conflicto co-lombiano pero del universo de víctimas no se va ocupar.

–¿Ese nuevo instrumento qué de­be incluir?

–Mejor atención, más cobertura pa-ra las víctimas y el cambio de enfoque de la ley que solo se limita a una indem-nización. En la Unión Patriótica aboga-mos por una reparación que permita la modificación de la oferta de derechos sociales, hablamos de salud, trabajo digno, educación, vivienda, derechos de aplicación integral. Eso el gobierno no lo va a hacer ni siquiera sentado en la mesa de negociaciones de La Habana.

–La reparación integral.–Hemos concluido que hay que ha-

cer un instrumento político y jurídico para reparar a los colectivos dañados que sea capaz de reparar integralmen-te desde el punto de vista político. La Unión Patriótica tenía curules, alcal-días ganadas con votos y deben de-volverlas. Reparar la Unión Patriótica desde la sociedad. Fíjese que hoy existe censura desde el canal RCN para que la Unión Patriótica se exprese. La co-misión de la verdad que se anunció en La Habana debe dar los primeros pasos de esa reparación, el país debe saber quiénes ordenaron el genocidio y las razones por las cuales lo hicieron. H

Balance desde las víctimas

El cuatrienio perdido para las víctimas

La agresiva campaña publicitaria de la ley de víctimas no alcanza a tapar sus deficiencias

Alfonso Castillo.

Junio 17 de 2015/4Campo

H Agencia Prensa Rural

–¿Cuáles fueron los objetivos del XI Congreso de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro?

–El Congreso tenía como propó-sito hacer un análisis de la coyuntu-ra política del país y a nivel mundial; hacer un análisis de la situación que vive el campo colombiano y también trazar los lineamientos políticos para el periodo que viene, los próximos cuatro años.

–Vimos una importante participa­ción de las mujeres ¿Qué papel juga­ron durante el Congreso?

–La participación de las mujeres fue significativa; el 5 de junio, el primer día del Congreso, desarrollamos la pri-mera Asamblea Nacional de Mujeres, donde participaron alrededor de 150 campesinas venidas de todos los rin-cones del país.

También realizamos la Asamblea de Jóvenes, donde participaron unos 100 jóvenes campesinos, y el “Congresito” de Niños, donde participaron más 30 niños de diferentes regiones.

–¿En qué ambiente se desarrolló el Congreso?

–El Congreso se desarrolló en me-dio de un sentimiento unitario, con gran fuerza y dinamismo por parte de las mujeres y de los jóvenes, que per-mitió elegir un nuevo Comité Ejecutivo de manera unánime.

En general, un Congreso que de-ja fortalecida a la Federación; salimos

comprometidos con la unidad y con la lucha de clase en nuestro país.

–¿Qué consideraciones tuvo el Congreso frente a los diálogos en La Habana?

–Lo primero, un rotundo apoyo al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana entre el Gobierno y las FARC. Segundo, hacer un llamado a las partes en negociación para que, suceda lo que suceda, no se levanten de la mesa, porque hay muchos ene-migos detrás del proceso que no quie-ren que esto llegue a un feliz térmi-no. Tercero, que los acuerdos finales de paz se ratifiquen a través de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual Fensuagro se declara en proce-so constituyente permanente hasta la convocatoria de la misma, y cuarto, el inmediato cese al fuego bilateral entre las partes, para que efectivamente ha-ya mayor confianza y aceleramiento de las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana.

–El Gobierno ha incumplido a to­das las mesas de concertación que ha tenido con el campesinado (MIA) y con el sector agrario (Cumbre Agraria). ¿Cuál será el plan de acción de Fensuagro ante esta situación?

–Nosotros hacemos un llamado a prepararnos y a fortalecer la unidad que se ha venido desarrollando desde la Cumbre Agraria, Étnica y Popular para trabajar en unidad de acción ante el incumplimiento del Gobierno.

Llamamos a realizar un proceso or-ganizativo; un proceso que fortalezca la movilización hacia un paro agrario si el Gobierno no cumple con los acuer-dos alcanzados el año pasado.

–Recientemente se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la postura de Fensuagro frente al PND?

–Rechazamos rotundamente el PND que acaba de aprobar el Congreso de la República, porque este plan se convierte en una nueva forma de expro-piación y de despojo contra los territo-rios del campesinado y de los pueblos que viven en el campo colombiano.

Fensuagro

Referente histórico para el movimiento social

El 8 de junio concluyó el XI Congreso de esta organización. Agencia Prensa Rural conversó con Eberto Díaz Montes, presidente de Fensuagro, sobre el desarrollo, conclusiones y proyección de la organización tras la realización del Congreso

Eberto Díaz Montes.

–El vicepresidente de Fensuagro, Húbert Ballesteros, sigue encarcela­do, víctima de un montaje judicial. ¿Qué mensaje envía la Federación a los prisioneros políticos y al gobierno?

–Exigimos la puesta en libertad de los prisioneros políticos que se en-cuentran en las cárceles. Fensuagro tie-ne hoy más de 130 líderes y lideresas detenidas en las cárceles. El Gobierno debe poner en libertad a nuestros com-pañeros víctimas de falsos positivos judiciales.

–¿Cuál es la postura de Fensuagro frente a las elecciones regionales de octubre?

–Nuestra postura es participar el próximo 26 de octubre en las eleccio-nes que se convocan, apoyar la pro-puesta de Marcha Patriótica y la Unión Patriótica. Entendemos las elecciones como un medio para lograr la correla-ción de fuerzas necesaria que permi-ta consolidar el proceso de paz que se plantea en La Habana y alcanzar los cambios que requiere la sociedad co-lombiana.

–¿Cuáles podrían considerar­se las principales conclusiones del Congreso?

–Del Congreso, la Federación sa-le comprometida a trabajar por la uni-dad del movimiento social; a impulsar la Asamblea Nacional Constituyente; a fortalecer la Cumbre Agraria, la Central Unitaria de Trabajadores CUT; a fortalecer los procesos de mujeres y de jóvenes, y a desarrollar nuestra lí-nea política en materia de unidad pro-gramática.

La gran conclusión es persistir en la lucha unitaria contra las transnaciona-les, las políticas de despojo y las polí-ticas neoliberales. H

Aspecto del XI congreso de Fensuagro.

Junio 17 de 2015/5edItorIal

H Renata Cabrales

Columna libre Los caminos de la duda

H Rodrigo López Oviedo

Renata Cabrales

H AlFonso Conde

La Comisión de la Verdad y las mujeres

Refl exión electoral Estás que te vas… y no te has ido

Hay en funciones un minis-tro del despacho que desde

siempre ha parecido el vocero ofi -cial de los guerreristas del campo y la ciudad. Le disputa al iluminado Uribe y al procurador el papel de in-cendiario mayor en la tarea de per-petuar una guerra que sólo sirve a esa minoría que ha acumulado y si-gue acumulando capital a partir de la expropiación violenta de la in-mensa mayoría.

Pinzón, ese ministro de la gue-rra ya trasladado ofi cialmente al ofi -cio de “lamebotas” del imperio, mas no retirado aún, sigue atizando en Colombia los odios que alimentan la violencia. Lo mismo hacen otros desde posiciones de poder no guber-namentales: generales en retiro que vociferan en espacios televisivos de opinión (NTN) barbaridades que ha-rían sonrojar de vergüenza, por lo estúpidas, aún a sus colegas exmi-litares, nos hacen pensar en el peli-gro inmenso que representa la bar-barie, en todas las acepciones de la palabra, en control y posesión de la fuerza armada del estado. Esos mi-nistros y ex-generales unidos al la-tifundismo y a los otros vividores que desde siempre han impuesto sus intereses por encima de las necesi-dades de los habitantes de este país, son enemigos de la paz.

La construcción de una sociedad civilizada, en donde las fuerzas so-ciales y políticas tengan el derecho real a la expresión, a la asociación, a la participación en las decisiones del estado, no podrá realizarse mientras se mantengan los enemigos de la paz incrustados en los poderes públicos, incluidas claro está las fuerzas arma-das, como quintacolumnistas para sa-botear el proyecto democrático. Los aparatos armados del estado tienen que ser depurados de la locura be-licista. Son decisiones de gobierno. Y en el gobierno, la participación de esa locura depende en buena medi-da, a pesar de las restricciones a la democracia, de la expresión de los colombianos. Defender la paz sigue siendo, hoy más que nunca, la tarea fundamental.

Se aproximan elecciones de go-bernantes y legisladores locales y departamentales que, en alguna me-dida defi nirán tendencias en esos te-rritorios. A pesar de las difi cultades tradicionales de la construcción de la unidad popular, deben extremarse los esfuerzos por su logro en la ma-yor parte del territorio nacional. Se requiere anteponer el objetivo prin-cipal por encima de los intereses par-ticulares de acumulación política. La unidad será garantía de avance hacia la democracia. H

La Comis ión de Memor ia Histórica procesó una suce-sión de argumentos, que de-

ben constituir material de base para la Comisión Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Ayudará a ubicar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y a los sectores que han padecido la vio-lencia por más de seis décadas. Estos úl-timos han planteado la necesaria búsque-da de la reconciliación de la sociedad, con el fi n de reconstruir un país devas-tado por la violencia. Y para que esto suceda, es necesario conocer la verdad de los hechos, pues es muy cierto que toda sociedad tiene derecho de conocer la verdad de lo ocurrido y las razones y circunstancias en las que todo tipo de

injusticias se cometieron contra la po-blación inocente.

El propósito de la Comisión de la Verdad es buscar y conocer las causas de la violencia, así mismo investigar los he-chos más graves de violaciones a los de-rechos humanos y determinar las respon-sabilidades precisas, individuales y co-lectivas. Para las mujeres, la búsqueda de la verdad y la memoria desde sus pro-pias experiencias, simboliza construir el dolor y las vivencias asumidas a partir de las consecuencias de tantas aberraciones.

Las mujeres exigen su propio espacio, esto es, un enfoque diferencial y ser escu-chadas, aplicando las categorías de géne-ro con el fi n de contar su propia verdad, pues hay que oír a las víctimas como es-tá consignado en el acuerdo, sin excluir a las mujeres, en ocasiones relegadas en una sociedad patriarcal.

La participación de las mujeres debe constituir un aporte del movimiento so-cial, y sobre todo, de las víctimas de las violencias atribuidas a los diferentes ac-tores de la guerra, en especial el Estado y los paramilitares. La anhelada verdad amerita ser contada por las víctimas, lo cual ha de ser también, una contribución que facilite los medios para conocer las diversas situaciones de las mujeres, pues son ellas las que cargan a cuestas buena parte de las consecuencias de la guerra.

Es por eso que deben ser ellas factor importante, de primera línea, en la cons-trucción de una verdadera paz, pues se les permite, de esta forma, romper el silencio

al que han sido siempre confi nadas. Esta Comisión de la Verdad admite procesos donde las mujeres víctimas de violencias contra sus vidas y sus cuerpos, al ser víc-timas de estrategias de guerra como la vio-lencia sexual, sean puestas en el centro de las conversaciones, así como sus apuestas para un país mejor donde se reivindique el papel tan importante que desempeña la mi-tad de la población.

Esta búsqueda de la verdad será más di-fícil debido a los obstáculos que han tenido que enfrentar. No solo por el poder ejerci-do por los victimarios sino por los impues-tos por la misma sociedad donde se desen-vuelven a diario.

Son las mujeres, quienes aparte de cum-plir con la labor impuesta por una distribu-ción social de roles, como el cuidado de la familia, son quienes además, deben buscar, mientras se enfrentan a situaciones kafkia-nas, a sus familiares desaparecidos o se-cuestrados; así mismo se ven en la obliga-ción de conseguir condiciones dignas de subsistencia, mientras trabajan para sos-tener al resto de los familiares a su cargo. Aun así, todas estas funciones no les son reconocidas en tanto que socialmente son normalizadas y asumidas como un rol na-tural de estas.

Las mujeres deben construir propuestas colectivas con el fi n de exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, des-de sus voces y sus propios requerimientos. La paz es integral y debe tener respuestas y soluciones para todos los sectores de la sociedad. H

El tímido reconocimiento que a las minorías étnicas les hizo la

Carta de 1991 ha generado una nueva especie de políticos que se presentan como hijos de las comunidades escla-vizadas traídas del África Negra, o de los pueblos victimizados por la con-quista española.

Unos lo hacen porque, efectivamen-te, tienen en sus venas la sangre de ta-les antepasados, y otros, porque quie-ren almidonar su discurso a los ojos de sus potenciales electores, o porque bus-can benefi ciarse con las pocas reivin-dicaciones ganadas por estas minorías.

En este último caso hay un propósi-to de engaño que a la postre puede re-sultar inútil y contraproducente. Inútil, porque siempre será difícil encontrar quienes lo crean, especialmente entre las personas más enteradas acerca de sus reales ancestros y verdaderos her-manos, que son a las que se pretende engañar. Y contraproducente porque con tales argucias solo pueden hacer que su discurso languidezca en medio de la incredulidad.

Las zonas en que ser negro o ser indígena es lo común son de gran im-portancia en el país, pero comparati-vamente son minoritarias. En gene-ral, los colombianos somos una mez-cla tan bien batida de razas que en casi todas partes resulta difícil establecer el predominio de alguna de ellas, por más que los rizos del cabello nos acer-quen a la raza negra, el volumen de los

pómulos a la indígena o el claro de los ojos a la blanca.

Pese a ello, la Unión Patriótica sabe de la importancia que tienen los aspectos étnicos para las poblaciones minoritarias, pues detrás de ellas hay un universo de discriminación que las lleva a los mayores índices de pobre-za en todos los órdenes. De allí que tenga en su programa valiosas reivin-dicaciones para estas minorías, pero acompañadas de la clara advertencia de que será mediante su movilización organizada como se logrará conquis-tarlas, en lo cual hay coincidencia con la forma como el resto de la población puede conseguir las suyas.

Por eso lo más importante no es el trasfondo étnico, sino la postura que cada candidato asuma ante el orden social imperante; ante la paz, incluida la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición; ante los mecanismos de ratifi cación de los acuerdos de La Habana; ante los cam-bios democráticos y del sistema electo-ral; ante la justicia social, la soberanía nacional y alimentaria y la defensa de los ecosistemas; ante la corrupción, el patrimonio público y la privatización de las entidades del Estado. Aspectos como estos, deberían defi nir el grado de aceptación ciudadana a cada uno de los candidatos, pues son de impor-tancia cardinal para todos los colom-bianos, incluidas las minorías étnicas y, algunas veces, más para estas. H

Junio 17 de 2015/6

DH Juan Carlos Hurtado Fonseca

laboral

esde hace años se pre-senta una problemática con los pro-fesores de las universidades públicas del país. El asunto pasa por los recor-tes presupuestales que se hacen para las universidades y las formas de con-tratación.

La precariedad laboral llega al pun-to de que el 80 por ciento de los pro-fesores de las universidades estatales son catedráticos y ocasionales. Los pri-meros con contratos por cuatro meses y medio, y aunque existe una senten-cia del Consejo de Estado que exige les paguen todas sus prestaciones co-mo a los de carrera, muchas universi-dades no la atienden. Los ocasionales deben ser contratados de tiempo com-pleto o medio tiempo y los catedráti-cos por horas y se les paga según las horas dictadas. Sólo hay alrededor de 12 mil profesores de planta.

Hay casos extremos como el de la Universidad de Antioquia donde son mil de planta y cinco mil catedráticos y cada facultad hace contratos por aparte, y les paga de manera distinta. En ins-tituciones en un mismo municipio su-cede lo mismo.

Según el profesor Pedro Hernández, presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, “No se cumple lo que dice la Ley 30 sobre cuánto vale la hora cá-tedra, no se cumple la sentencia del Consejo de Estado de 2009 que obliga a que los profesores ocasionales y cate-dráticos se les liquide la hora de acuer-do con el régimen salarial de los profe-sores de planta. Por eso no es raro que la asamblea permanente sucedida hace poco en Tunja se repita próximamente en varias universidades”.

Problemas en la planta

El salario de los profesores univer-sitarios es establecido por puntos. Por título de pregrado un docente puede acumular hasta 180 puntos, por títu-los de posgrado en maestría de 40 a 60 puntos y de doctorado entre 80 y 120. También se suman los puntos que dan los artículos o libros publicados. Actualmente cada punto vale 11.240 pesos. Entonces, un docente con maes-tría y doctorado está sobre los 300 pun-tos; eso se multiplica por el valor del punto para obtener el salario.

El problema para los profesores de

planta se originó en 2003 cuando se les incrementó el valor del punto en 2,5 por ciento y el IPC era de 9,5. Desde esa época el valor ha venido cayendo hasta alcanzar el 12 por ciento en la ac-tualidad. El Gobierno ya había acep-tado un estudio técnico que se había firmado entre ASPU, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación; en éste los entes gubernamentales acep-taron los argumentos de los profesores. Eso sin reconocer los ajustes por enci-ma del IPC que se han hecho a los tra-bajadores estatales.

“El problema los afecta al punto que quienes tienen salarios con base en más de 300 puntos, desde 2003 a la fecha, han perdido por la caída del va-lor del punto que debería estar en más de 12 mil, dejan de recibir 140 millo-nes de pesos. Un profesor de 500 pun-tos ha dejado de recibir más de 170 millones, y uno que por sus investiga-ciones es de mil puntos ha dejado de recibir más de 200 millones”, explica Pedro Hernández.

Pero como a los ocasionales y ca-tedráticos ahora tienen que liquidarlos en los mismos términos que los de ca-rrera, también se ven afectados por la depreciación del punto. Y al tenerse en cuenta que no tienen contrato ni trabajo todo el año, son más afectados.

La U al libre comercio

El principal problema de las uni-versidades son los recursos, sobre es-te aspecto el profesor Hernández ex-plica que hay un déficit presupuestal de alrededor de un billón de pesos, y agrega: “Según el Gobierno las univer-sidades están quebradas por culpa de los profesores, se ha aumentado las nó-minas, pero no dice que es por los rec-tores que imponen y los miembros de los Consejos Superiores quienes impo-nen al rector que les dé contratos. Sólo veamos cuánto se perdió con el rector de Unipamplona a quién cogieron en España y que el Gobierno no quiso re-patriar. Aquí tiene una condena por ha-berse robado más de 35 mil millones de esa universidad. Cuánta plata se ha perdido en la Universidad de Córdoba gracias a los paramilitares que la con-trolaron. Veamos el problema de la UIS que es similar…”

El presidente de ASPU también di-ce que el presidente de la República debe explicar por qué la educación su-perior aparece en un nuevo tratado de libre comercio denominado Trade in Services Agreement, TISA, en el que

¿Universidades en un nuevo TLC?Desde la precarización laboral de los profesores hasta la comercialización de la educación superior son problemas a los que debe responder el actual gobierno

se promueve una liberalización del co-mercio de servicios a escala global y en el que está involucrada la educación superior, especialmente.

“Con este se dice que no puede ha-ber condiciones para las universidades públicas o privadas en el país, que to-do lo rige el mercado; que no pueden haber sistemas de control de calidad, desaparecería la acreditación. Ya a Colombia han entrado algunas, y el

El viernes de la semana pasada se llevó a cabo en la sede de

la Asociación Distrital de Educado-res, ADE, Bogotá, una reunión en-tre la junta directiva de la ADE y el Comité de Colegios Nocturnos, con el objetivo de organizar el Foro Distrital por el Fortalecimiento de la Educación Formal de Jóvenes y Adultos. El evento busca que toda la Capital de la República se entere que existe una problemática en la edu-cación formal de jóvenes y adultos.

De acuerdo con Luz Marina Turga, secretaria de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Juventud de la ADE, producto de la reunión se defi-nió la agenda con cuatro puntos cen-trales: la normatividad de este tipo de educación; el modelo pedagógi-co que se desarrolla en la nocturna y los fines de semana; los recursos y el bienestar que se requieren pa-ra sacar adelante y poder resolver

mercado lo están cogiendo transna-cionales que no tienen experiencia en educación superior. Muchos de ellos son sistemas totalmente virtuales que obligan a los estudiantes a consumir los textos virtuales que ellos mismos producen y que obligan a los profeso-res a que si quieren continuar deben conseguir más matriculados en los programas”, anota el profesor Pedro Hernández. H

Universidad de Antioquia. Foto J.C.H. Pedro Hernández.

Foro por la educación nocturnaADE prioriza fortalecimiento de la educación formal de jóvenes y adultos

la problemática de la jornada; y, fi-nalmente, ciudadanía, seguridad y convivencia. Cada uno de estos blo-ques contiene una temática propia.

El Foro tendrá lugar el 18 de ju-nio. Previamente se han desarrolla-do preforos, donde participaron estu-diantes, docentes y directivos, quie-nes manifestaron y respondieron preguntas alrededor de los temas, de allí salieron conclusiones que se re-cogerán en documentos, los cuales conformarán un documento general.

“Les estamos diciendo a la Secretaría de Educación y al mismo Ministerio de Educación Nacio-nal que la educación de jóvenes y adul-tos sí necesita recursos, que deben salir los estudiantes preparados en las mismas o mejores condiciones que los diurnos para que tengan ac-ceso al nivel universitario, al em-pleo y a toda la formación”, mani-festó Turga. H

Colegio distrital de Bogotá. Foto J.C.H.

Junio 17 de 2015/7laboral

H Juan Carlos Hurtado Fonseca

La semana pasada un juez

de Bogotá falló una tutela a favor de los trabajadores de la empresa Productos Ramo, conocida popularmente como Chocoramo. En la sentencia se pide

Ganan tutela a Chocoramo

Según dirigentes sindicales, la empresa disfraza un despido masivo para acabar con el sindicato

al Ministerio de Trabajo que exija a la empresa presentar las pruebas de haber realizado un proceso de retiro volun-tario de más de 250 trabajadores y no un despido masivo. El supuesto plan de retiro se había hecho en Semana Santa y sin previo aviso

El problema inició el año pasado con la creación del sindicato en esta fir-ma que cuenta con alrededor de 3.500 trabajadores en las plantas de distintas ciudades colombianas. Ante los atrope-llos como la imposición de jornadas de trabajo de 16 horas, durante tres días de la semana, con el salario mínimo, de manera soterrada los trabajadores decidieron la creación de un sindicato.

Adriana Emilce Rojas, trabajadora sindicalizada explicó: “Hace un año, el sindicato organizó de manera clan-destina una seccional del sindicato de industria Sintrabimbo. Presentamos un petitorio en el que solicitamos un mejor sueldo y un mejor trato. También que no nos obligaran a trabajar horas ex-tras sino que fuera voluntario. Eso era todo. Pero no acordamos nada y todo fue a tribunal”.

En marzo pasado la empresa llamó a un acuerdo y se logró una convención. Diez días después, a los trabajadores les llegó una carta citándolos con carácter obligatorio a un club en las afueras de

Bogotá, pero sin decirles el objetivo de la reunión. Allí, con la presencia de si-cólogos y abogados, sentaron a cada tra-bajador en un cubículo donde les saca-ron toda su historia laboral y les dijeron cuánto les correspondía de indemniza-ción. Les informan que la empresa está quebrada, que se va a cerrar, por lo cual debían retirarse con indemnizaciones de ley más uno o dos millones de pesos en promedio, que de no ser así, luego no recibirían nada.

Se aprovecharon del desconocimien-to de sus derechos y ante la presión, más de 250 operararios aceptaron, entre ellos la mayoría de los sindicalizados. Según Adriana Emilce Rojas no les dejaron leer los documentos que firmaron y “en-tre los que echaron están los más anti-guos, los sindicalizados y los enfermos. Enfermedades adquiridas en las manos, los hombros, el antebrazo, por el traba-jo repetitivo durante años. Es gente que ya no va a conseguir trabajo en ninguna parte, que está pagando su casa, madres cabeza de familia”.

El presidente nacional de Sintra-bim bo con la asesoría de la Central Uni taria de Trabajadores, CUT, sub-directiva Bogotá, interpuso una tutela con el argumento de persecución sin-dical, en la que también denunciaba la actitud patronal de la representante del Ministerio del Trabajo quien an-te la negativa de la empresa para que los trabajadores ingresaran a trabajar, tomó partido por Chocoramo. Si el Ministerio procede y califica el hecho como un despido colectivo, puede ha-ber un reintegro. H

Adriana Emilce Rojas.

Rafael Molano, fundador de Industrias RAMO, con trabajadores en una planta de la fábrica.

La delegación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que se encuentra en

Ginebra, Suiza, radicó cinco quejas ante el Comité de Libertad Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el pasado 10 de junio; con las que espera que se mejoren las condiciones laborales de los trabaja-dores y que se cumplan las libertades sindicales y los derechos de asociación en Colombia. Las reclamaciones son:

1. CUT - USO, contra Estado co-lombiano - Ecopetrol por actos siste-máticos de injerencia y discriminación antisindical; como despidos de dirigen-tes sindicales, pacto colectivo, despi-dos de trabajadores sindicalizados. Actos que se repiten, a pesar de las re-comendaciones que ya habían sido da-das por el Comité de Libertad Sindical.

2- CUT – Anthoc, contra Estado colombiano - Corte Suprema de Justicia por la declaratoria de ilega-lidad de protestas y ceses de activi-dades realizados en agosto de 2013, con lo cual se viola el derecho a la huelga.

3- CUT - Sintraiss – Sintraseguri-dad social, contra Estado colombiano por liquidación del Instituto de Seguros Sociales, ISS.

4- CUT – contra Estado colombia-no - Ministerio del Trabajo porque se ha permitido la extensión del contrato sindical y con ello la afectación de la libre asociación.

5. CUT – contra Estado colombia-no – Ministerio de Trabajo por permitir y no controlar que se celebren pactos colectivos en empresas donde existen sindicatos. H

Central Unitaria de Trabajadores, CUT

Cinco quejas ante la OIT

Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, habla ante la OIT. El pasado 12 de junio se con-memoró el Día Mundial

Contra el Trabajo Infantil, en el que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, mostró cifras preocu-pantes. Según este organismo, “En la actualidad, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, mu-chos de tiempo completo. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben ali-mentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser ni-ños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, ac-tividades ilícitas incluyendo el tráfi-co de drogas y prostitución, así co-mo su participación involuntaria en los conflictos armados”.

De esa cifra, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dice que

Colombia aporta aproximadamente un millón 500 mil. Las causas de la tempra-na vinculación al mundo del trabajo, es-tán asociadas a la precarización laboral, el desempleo, la pobreza y la exclusión social de su entorno, convirtiéndose sus ingresos, que son mínimos, en cruciales para la supervivencia del grupo familiar.

Según la ONU, uno de los principa-les objetivos al fundarse la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue la abolición del trabajo infantil con la adopción y la supervisión de normas del trabajo en las que se aborda el con-cepto de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. Además, el prin-cipio de que las normas relativas a la edad mínima deberían ir asociadas a la escolarización ha formado parte de la tradición normativa de la OIT en esa esfera. Hasta el momento las medidas no han erradicado el problema que pa-ra muchos analistas pasa por el modelo económico. H

ONU: “215 millones de niños trabajan”

Niños mexicanos trabajando. Foto La Gaceta DF.

Junio 17 de 2015/8

U

H Hernán Durango

H Simón Palacio

polítICa

na bomba lacrimó-gena lanzada por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en Ibagué, causó el estado de coma en el que se encuentra el es-tudiante de licenciaturas sociales, Cristian Andrés Pulido Jiménez, quien se debate entre la vida y la muerte.

Los hechos sucedieron el pasado 9 de junio en la Universidad del Tolima, en medio de la celebración del día del estudiante caído. La Policía irrum-pió en el Alma Máter e inició los des-manes que arrojaron como resultado los quebrantos de salud de Cristian, quien milita en la Juventud Comunista Colombiana.

El primer parte médico emitido por el Hospital Federico Lleras, de la ciu-dad musical, indicó que el paciente fue sometido a un coma inducido para evi-tar alguna lesión cerebral que le com-prometiera la visión o su movilidad.

Cristian documentaba con fotogra-fías la llegada de los policías, su irrup-ción a la universidad y los daños que provocaron. Al percatarse de su presen-cia, uno de los uniformados lo señaló y le disparó a quemarropa un proyectil lacrimógeno que le destrozó la cámara fotográfica y lo impactó en su frente. “Cristian estaba dentro de la universi-dad, cerca de la entrada principal, sim-plemente disparando el flash de su cá-mara Canon cuando fue impactado a propósito, a menos de cinco metros”, señalaron los estudiantes testigos del acto policial.

Para Jhonatán Varón Posada, secre-tario de la Juventud Comunista en el

Tolima, el hecho generó toda clase de solidaridad con Cristian Pulido e indig-nación contra la Policía Nacional y su escuadrón antidisturbios: “Rechazar el actuar de la fuerza pública del Esmad, porque, además de este acto violento, también ingresó de manera arbitraria a la Universidad del Tolima, afectando el derecho constitucional de la autono-mía universitaria”, dijo.

Con la etiqueta #FuerzaCris­tianPulido las redes sociales expresa-ron su solidaridad y rechazaron los he-chos. “A la muerte no daremos nada, a la vida hasta la vida misma. Cristian Pulido, camarada, en esta lucha por tu vida estamos todos, somos más los que te amamos y anhelamos que te re-cuperes pronto. Ni el odio, ni la gue-rra nos vencerá, siempre la vida bata-lla para seguir conquistando una al-tísima existencia”, expresó William Monsalve, secretario general de la Juventud Comunista.

Los hechos reviven el debate sobre el desmonte del Esmad, responsable de graves violaciones a los derechos hu-manos y de innumerables muertes des-de su creación. “Es lamentable que a 60 años del cruento hecho que rememora la violencia del estado contra el movi-miento estudiantil, persista una política de sangre y fuego sin pausa y profun-dizada a través de refinados mecanis-mos de represión como son el Esmad. Desescalar el conflicto pasa necesaria-mente por desmontar los dispositivos criminales del estado contra la protesta social, desestimular su inversión y en-focarla a las prioridades sociales, como son la educación y la salud pública. Un cese bilateral de fuegos y hostilidades pasa transversalmente por desactivar todos los mecanismos represivos del

Policía responsable de agresión a estudiante en Ibagué

“Fuerza, Cristian”

estado y abrir el debate sobre la polí-tica de seguridad que está hecha para destruir la movilización social y polí-tica del pueblo. Una verdadera salida política al conflicto armado pasa inelu-diblemente por desmilitarizar la vida social y cultural del país”, expresó a VOZ, William Monsalve.

Ahora que se abre la comisión de memoria y verdad histórica, dice el

Secretario General de la JUCO, el mo-vimiento estudiantil debe hacer parte de la misma, su historia es la de un gran sector de la población colombia-na victimizado históricamente, gol-peado por la represión estatal, en la que aún persiste en pasado y presen-te la impunidad y el silencio sobre los hechos acaecidos contra dirigentes y organizaciones. H

La plenaria de la dirección dis-trital del Partido Comunista Colombiano PCC, reunida el

sábado 13 de junio en la capital colom-biana, llamó a los distintos sectores so-ciales y políticos a configurar listas de coalición para el Concejo y las Juntas Administradoras Locales, JAL, de las 20 localidades.

La reunión de la dirección distrital del comité “Mario Upegui Hurtado” del PCC, en declaración pública apro-bada, exhorta a la ciudadanía a unir-se a una campaña hacia el 25 de octu-bre por una Bogotá para la paz y rea-firma la necesidad de una candidatura de convergencia programática por la ciudad, para la Alcaldía, con base en una visión democrática, comprome-tida con este anhelo nacional y avan-zando en las medidas que confronten las desigualdades, el perfil social de la política pública y el compromiso ciu-dadano de cero corrupción en Bogotá.

En la reunión intervinieron la com-pañera Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica UP; Jaime Caycedo

Turriago, secretario general del PCC y Gabriel Becerra, responsable político del PCC en Bogotá. Además participa-ron decenas de dirigentes de las locali-dades del distrito para aportar sus ideas y el compromiso de adelantar con éxi-to la campaña político-electoral unida a las movilizaciones de los sectores so-ciales por sus reivindicaciones.

Los comunistas trabajarán con la UP por un acuerdo de coalición con el PDA y otras fuerzas para respaldar la candidatura a la Alcaldía Mayor de Clara López Obregón, con énfasis en los lineamientos generales que abrie-ron horizontes de esperanza en la pa-sada campaña presidencial y el estable-cimiento de acuerdos de programa que aseguren el respaldo, desde Bogotá, a una Colombia en paz, con libertades, soluciones a los graves desequilibrios socioeconómicos y justicia social, in-dica la declaración.

Asimismo, de aprobarse por el Senado la reforma constitucional que autoriza las coaliciones en listas a cor-poraciones, propone trabajar por una

lista de coalición unitaria al Concejo y listas unitarias a las JAL en lo posible, buscando la más amplia convergencia de vertientes políticas y cívicas en tor-no al programa unitario y al nombre de la candidatura a la Alcaldía Mayor.

El liderazgo de Aída Avella, candi-data al Concejo por la UP, en una lista de coalición aporta un legado y un pro-grama ético - político probado y com-prometido con la unidad de las izquier-das, la honestidad y la justicia social en un momento de profunda crisis de esta corporación.

“No dudamos que una Bogotá pa-ra la Paz necesita de todas las fuerzas de izquierda y democráticas unidas en la pluralidad y sin exclusiones. Junto a estas definiciones, se hace un llamado a redoblar los esfuerzos a favor de la solución política negociada al conflic-to interno, fortaleciendo iniciativas de participación y movilización ciudada-na como el encuentro nacional de paz y la movilización por el cese al fuego bilateral, previstas para los días 21, 22 y 23 de julio”, señala la declaración del plenop. H

Ratificó el pleno del PCC respaldo a Aída Avella, para el Concejo Distrital

Lista de coalición popular

En el recuadro Cristian Pulido, en el momento de la agresión policial.

La cámara fotográfica muestar la fuerza de la agresión.

Jaime Caycedo, interviene en el pleno regional del Partido Comunista en Bogotá.

Junio 17 de 2015/9regIoNal

H Libardo Muñoz

“Es inaudito que el Presidente Santos intente borrar de un ‘microfonazo’ la realidad”, di-

jo Ángel Roys, vocero de la comunidad wayúu, en la Guajira, sobre la mortali-dad infantil por las consecuencias del hambre y otras privaciones de lo más elemental en este territorio.

En una breve visita a La Guajira, el Presidente Santos dijo que son “so-lo 294 los niños de la etnia Wayúu fa-llecidos como consecuencia de la des-nutrición”.

Javier Rojas, también activis-ta de la Asociación de Autoridades

tradicionales wayúu”, le salió al pa-so a las afirmaciones de Santos y dijo que “son 4.770 los niños muertos en La Guajira, según cifras de hace un año en la alta Guajira.

“Invitamos al Presidente Santos a que juntos visitemos uno por uno, los cementerios donde yacen con nombres propios para siempre los niños muertos por desnutrición”, afirmó Rojas.

El médico pediatra, Spencer Rivadeneira, natural de la Guajira y activista de la atención facultativa de la niñez en su región, se sumó a las vo-ces que contradicen al jefe del Estado

Guajiros no aceptan “microfonazo” de Santos

Orlando García, concejal de Turbana, Bolívar, activis-

ta del Frente Amplio por la Paz en ese municipio y pre candidato a la alcaldía local, recibió amenazas de muerte por notas anónimas y mensajes a su teléfono personal.

En su condición de comuni-cador social, Orlando García con un equipo de colaboradores del municipio y localidades vecinas montó la emisora Turbana ste-reo 104.3 FM, fundaron un canal de TV local y pusieron en circu-lación el medio impreso “Caribe Diario Turbana”.

Hace 11 años García creó la ONG Roztro con la que desarro-llaron en Turbana una tarea eco-lógica de reforestación urbana en un pueblo desolado por el robo y la apatía politiquera, canalizaron cuencas de arroyos naturales y realizaron un documental de te-levisión sobre el abandono y la desprotección social que agobia a los ancianos del municipio y de sus veredas y hace poco, acogió la consigna de formar parte visible del Frente Amplio por la Paz y en nombre de la Alianza Verde ganó una curul en el concejo municipal.

Para ser precandidato a la alcaldía de Turbana, Orlando García se retiró del concejo y de inmediato le llovieron amenazas que vienen del paramilitarismo y sus agentes regionales, dueños de un fortín liberal-conservador que empeñó los fondos públicos para comprar apartamentos y camione-tas con dinero del contribuyente turbanero.

García denunció las amenazas en la Fiscalía y la gobernación de Bolívar y con el apoyo comunita-rio se toman normas preventivas para protegerse.

Los políticos corruptos de Turbana, a solo 25 kilómetros de Cartagena, no han sido capaces de construir una carretera hacia el vecino Turbaco y tampoco le dan un suministro decente de agua. H

En Turbana, Bolívar

Amenazan a miembro del Frente

Amplio

Pero estamos en épocas en que comienzan a escribirla los que

hasta el momento se han visto en situa-ción de perdedores. La historia también es según la mirada de quien mire, des-de qué punto de vista mire, qué quiere ver con su mirada, qué quiere mostrar con esa mirada que sobre la realidad se lance para despertar nuestro disfrute, para llamarnos a la reflexión y abrir-nos a la comprensión.

De la historia dan testimonio los artistas al desmenuzar la realidad pa-ra ver su trasfondo. Eso hizo Evert Astudillo y con ello ha aportado a la historia de su ciudad y al arte con su expresión formal.

La ciudad que Evert plasmó no es la bella ciudad de la prosperidad, es una ciudad que como él mismo lo dijo, de una arquitectura Art Deco, sin as-pavientos, de exteriores desteñidos…, sus muros derruidos, una ciudad me-lancólica, abandonada. Astudillo da cuenta de los textos de sus muros, que nos evocan la presencia de sus gentes que se los apropian, de la propaganda reinante que incita al consumo, de los

sobre tan sensible y angustioso tema, que enluta a los más pobres de un de-partamento que parece condenado a la pobreza y las enfermedades, por en-cima de los millones de toneladas de carbón y de quien sabe que otras ri-quezas que brotan de su suelo, aparte del gas, en forma incesante, por tube-rías y en el vientre de los barcos de las multinacionales, financiadoras del pa-ramilitarismo.

En lo que va de 2015, ya se cuen-tan 25 fallecimientos de niños en dife-rentes localidades del extenso y árido territorio guajiro, en grupos asentados en las llamadas “rancherías”, donde faltan el agua y las proteínas, bajo un sol inmisericorde.

El Presidente Santos habló también de una inversión de 6.9 billones de pe-sos en La Guajira, pero la opinión del colectivo ciudadano es que la corrup-ción, la impunidad, la omisión de los dirigentes políticos dio cuenta de se-mejante cantidad de dinero, pues el bienestar del pueblo ha desaparecido y la concentración del poder es cada día más descarada.

La Autoridad Tradicional Wayúu solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, medi-das cautelares para recuperar el Río Ranchería, en vías de una absurda pri-vatización, y frenar la crisis humanita-ria de un departamento sobre-diagnos-ticado, de acuerdo con líderes sociales de la Región Caribe.

El gobierno nacional solicitó a la CIDH ampliación del plazo pa-ra pronunciarse sobre el hambre y la

títulos de las revistas que se ofrecen en las ventas callejeras para moldear las ideologías, de los autos que ruedan por sus calles, de sus autobuses, de las fachadas de sus cines de barrio en los años 70 del siglo pasado, de la fábri-ca, la carrilera abandonada del tren, de la oferta velada de las prostitutas y la actitud despreocupada de sus gentes.

Evert Astudillo nació en Cali en 1948 y murió en Cali el 3 de junio de 2015. Fue maestro del Instituto de Bellas Artes en Cali y de la Universidad del Cauca durante 32 años y formó a varias generaciones de artistas plásticos. Múltiples expo-siciones y galardones hacen parte de la trayectoria de este ser humano sen-cillo, modesto como todo gran artista, amable y cultor de la amistad, que nos deja una obra importante, pues puso su pincel, su carboncillo, su lápiz, al servicio de la memoria y de la resis-tencia cultural, para que no olvidemos de dónde venimos. H

*Nota completa en www.semana­riovoz.com

In memóriam

Evert Astudillo, pintorSe dice que la historia la han escrito los triunfadores…

desnutrición de la niñez guajira, para no mencionar enfermedades como la tuberculosis que diezman a la pobla-ción adulta, mientras ex gobernadores y ex alcaldes de todo el territorio hu-yen de la justicia. H

La Guajira padece una sed crónica. Foto Defensoria del Pueblo.

Junio 17 de 2015/10bogotÁ

H Redacción Bogotá

E

H Corporación Jurídica

Jueves de debateEl sector financiero, la crisis hipotecaria y los efectos en la

población colombianaJueves 18 de junio – 2:00 p.m.

Corpeis – Calle 32A No. 18 – 17Invita

Comité Distrital PCC “Mario Upegui Hurtado”Junta Patriótica Distrital UP

Con bastante preocupación ve-mos el alinderamiento de la

derecha colombiana, representada por el presidente Juan Manuel Santos y la extrema derecha, representada por el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, re-presentante de los intereses de los te-rratenientes, ganaderos y gamonales. Lo más retardatario de esa burguesía ultra conservadora y tradicional cuyos hijos se pronunciaron sobre el tema del proceso de paz, exigiendo la continua-ción de la guerra con el fin de preser-var sus privilegios y permitir la con-tinuación de un “statu quo” impuesto por sus ancestros.

Imponer la guerra para obstaculi-zar cambios es negarse a la aplicación de leyes generadas en el mismo con-greso burgués, como la que contempla las llamadas zonas de reservas cam-pesinas, la cual quiere hacer pasar an-te propios y extraños como un invento de la insurgencia. Muchas de esas zo-nas fueron llamadas por sus progenito-res “Repúblicas independientes” y des-pués, Laureano Gómez, Álvaro Gómez y la más rancia oligarquía, anegaron los campos de la patria en sangre con el pretexto de acabar con dichas repú-blicas independientes, dando origen a la violencia que hasta hoy vivimos.

l 13 de agosto de 1999, fue asesinado a tiros el humorista y pe-riodista Jaime Garzón Forero. Cinco impactos de bala, propinados por dos sicarios que se movilizaba en una mo-to, acabaron con la vida de uno de los personajes más respetados y admira-dos en Colombia.

Esta pérdida para el humor y el pe-riodismo crítico, causó una gran con-moción en el país, diferentes sectores de la sociedad, miembros de la comu-nidad universitaria, de la Universidad Nacional, donde estudió la carrera de derecho, y de artistas en general, no

Crimen de Jaime Garzón, no es reconocido como de lesa humanidad

esperaron para rechazar los hechos que segaron la vida de Garzón.

El 14 de agosto, un día después de su asesinato, una multitud se agolpó en el puente peatonal de la calle 122 con Autopista Norte. Vieron pasar el cor-tejo fúnebre y exigieron justicia por el infame crimen.

Desde esa época, analistas y sus propios familiares tuvieron la certeza de que detrás de la muerte de Jaime, es-taban los grupos paramilitares, en par-ticular el Bloque Capital de las AUC.

Después de 16 años de búsqueda de la verdad y de justicia, mediante

providencia del 26 de mayo, la Fiscalía 71 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, decidió no declarar crimen de lesa humanidad el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón Forero, ocurrido aquel 13 de agosto.

Según menciona en un comunicado el Colectivo José Alvear Restrepo, “La Fiscalía desconoció las pruebas presen-tadas por los representantes de la fami-lia sobre los nexos oficiales de los im-plicados en el crimen, sobre el hecho de que se trató de un homicidio dentro de un contexto de ataque sistemático y generalizado contra población civil

considerada afín a la guerrilla, con-tra defensores de derechos humanos y periodistas críticos e independien-tes del país”.

Hay que recordar que en el momen-to de iniciada la investigación, desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS indujeron a la Fiscalía a concentrar el proceso en dos sujetos que después de cinco años fueron ab-sueltos.

Según menciona el Ccajar en su co-municado, “después de 16 años de es-tos hechos, la única condena que pesa contra un responsable es la del para-militar Carlos Castaño quien ya es-tá muerto. Los máximos responsables hasta ahora vinculados con la inves-tigación son el General Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirec-tor de inteligencia del Departamento Administrativo del DAS, José Miguel Narváez, ambos en etapa de juicio. Este último, según todos los indicios, fue el determinador del asesinato del periodista, y desde su vinculación con la investigación, permanece protegido en una guarnición militar a pesar de tratarse de un civil, una situación ile-gal que ni el Inpec ni el Ministerio de Defensa han corregido”.

Organismos defensores de dere-chos humanos, y la familia del humo-rista, mencionan que no dejaran de in-sistir en la etapa de juicio contra estos dos vinculados. Exigen que este cri-men no quede en la impunidad y que se reconozca el carácter de lesa huma-nidad. Temen que la lentitud de la jus-ticia colombiana conlleve a que el ca-so precluya, si al pasar los 20 años que indica la legislación colombiana, este no se ha resuelto. H

Humorista Jaime Garzón.

Los pobres son los que van a la guerraHoy sus hijos llaman nuevamente

a la guerra. Confrontación que obser-van desde la comodidad de sus lujosos apartamentos y fincas, mientras que los combatientes muertos son remplazados por jóvenes reclutados en los cordones de miseria en Ciudad Bolívar, Agua Blanca, las comunas y demás ciuda-des y campos colombianos. Se repite ese reclutamiento a lo largo de la patria, pero de la patria boba y la patria po-bre, porque la oligarquía azuza la gue-rra, pero jamás se atreve a combatirla.

Pero basta una pataleta del general Mora desde la mesa de La Habana con el amago que se va y dos cañazos del mesías “Varito” a los medios de comu-nicación, en el sentido que los militares están inconformes con los diálogos y con el salario, y nuestro flamante pre-sidente autoriza el alza de salarios con retroactivo a enero de 2015 para to-dos los militares activos y retirados. Tratamiento que no dio a los maestros, quiénes tuvieron que ir a huelga para que les incrementaran un mísero sala-rio. Claro, los maestros no están año-rando la guerra y no viven de la guerra, al contrario, sufren las consecuencias del conflicto. Por eso para el sistema los profesores no son tan importantes como los héroes que mandan como

carne de cañón a que se maten cuidan-do intereses ajenos, mientras que la oli-garquía, utiliza los cuerpos cuando le conviene, como aves carroñeras, a tra-vés de sus medios de comunicación. Es el caso de los 10 militares muertos en combates en el Cauca. Presentados an-te la opinión pública como pobres e in-genuos muchachos engañados por las FARC-EP y no como tropas especiales contra-guerrilla que llegaron a la zona en busca de un campamento de la in-surgencia para asaltarlo.

¿Por qué tanta preocupación inusi-tada por esos 10 militares muertos en el Cauca? ¿Por qué cuando las FARC-EP llegaron a tener hasta 600 milita-res en su poder la prensa burguesa no hizo el mismo escandalo para que los

canjearan por prisioneros políticos de guerra? Al darse cuenta que la oligar-quía no iba hacer nada por liberarlos, porque nada les importaba, la insur-gencia en un gesto de paz los entregó. ¿Por qué la burguesía, que hoy sale con lágrimas de cocodrilo a llorar esos co-lombianos muertos en la absurda con-frontación, no abogó para que el go-bierno llegara a algún acuerdo para su liberación?

Y si hoy día hacen escándalo, no es que los hayan aprendido a querer, sino que utilizan el sufrimiento de las fami-lias para manejar las masas populares, radicalizando más el país y así ganar adeptos para la prolongación de la con-frontación y presionando para que se de fin a los diálogos en La Habana. H

Junio 17 de 2015/11

E

dereChoS humaNoS

H Carolina Tejada

l Putumayo es una re-gión rica en recursos naturales, con un territorio productivo de 25 mil km2. Su ubicación estratégica al sur del país, dentro de la selva amazónica, se ha uti-lizado por las empresas mineras, ex-tractoras del petróleo y por quienes se disputan a sangre y fuego este territo-rio, entre otros como corredor de paso o contrabando hacia los países vecinos de Ecuador y Perú.

Crisis humanitaria de antaño

Du ran te el 2003, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, parte del territorio del Putumayo fue vinculado al Plan Patriota. Un plan militar de los más grandes adelantados en el país, el cual buscaba recuperar las zonas rurales y urbanas que se encontraban bajo in-fluencia de los grupos insurgentes. El 17 de septiembre de 2004, lanzan el Plan de Consolidación con el propósi-to de desarticular las estructuras de las FARC-EP que operaban en esta zona.

En la medida en que estos planes anti insurgentes promovidos por Uribe, salían a flote los grupos paramilitares, iniciaban una recuperación de gran par-te de estos territorios durante el 2002 al 2006, expropiando terrenos y con-trolando las principales vías, centros de servicios y los circuitos de tráfico de narcóticos y mercancías. Estos he-chos se han caracterizado como de los más violentos que le ha tocado vivir a esta población.

El nivel del desplazamiento forza-do aumentó dramáticamente; de cinco mil personas desplazadas en el 2000, se pasó a más de 10 mil en el 2002,

posterior a estos años, la tasa de des-plazamiento superó los 15 mil. Estas tasas de desplazamiento bajan en el marco de la llamada “desmovilización de las AUC”, pero vuelven a repuntar cuando parte de las estructuras desmo-vilizadas se rearman. Los denomina-dos “Rastrojos” y posteriormente las “Águilas Negras” aparecen e inician nuevamente la disputa por el territo-rio, amenazan, extorsionan, desplazan y eliminan sistemática a quienes seña-laban como colaboradores de los gru-pos insurgentes.

Además de esto, desde el 2000, se venía adelantando el Plan Colombia, una estrategia de fumigaciones aéreas y erradicación manual forzada de la mata de Coca, que se llevó a cabo, en una primera etapa hasta el 2005, con la coordinación de las ONG, Chemonics de origen gringo y Fundaempresa. Y una segunda etapa del 2005 al 2010.

Los efectos de las fumigaciones áreas profundizaron la crisis humani-taria, miles de familias se vieron afec-tadas por los venenos rociados desde los aviones; animales y cultivos de pan coger se perdieron, y a la crisis huma-nitaria a causa de conflicto armado se le sumó la pobreza, el brote de enfer-medades respiratorias, de la piel y la hambruna. Esta situación como la de la guerra, generó un rechazo en la pobla-ción, grandes movilizaciones se vieron durante el desarrollo del plan.

Minería y extracción de petróleo

El alto nivel de militarización del departamento con el llamado Plan Patriota y el Plan Consolidación, así como la recuperación de zonas de in-fluencia de la insurgencia por parte de los grupos de AUC, dieron confianza

a las empresas privadas de minería y extracción de crudo para entrar a la re-gión e iniciar un repunte en la explota-ción de recursos naturales.

Para el año 2008, inmediatamente después de la desmovilización de los grupos paramilitares, las solicitudes de títulos mineros pasaron de cuatro mil a 1.582 para el año 2009 y para el año 2010 llegaron a 4.917 solicitudes. Lo que conllevó a que se declara a es-ta zona de la amazonia como distrito especial minero.

En la medida en que llegaban em-presas extranjeras a desarrollar la ex-plotación de los minerales, llegó tam-bién un aumento del pie de fuerza mi-litar para la región. En zonas como Puerto Umbría, Puerto Caicedo, Puerto Ospina, Piñuña Negro, La Hormiga, Siberia y El Empalme. En los pozos petroleros de San Miguel se estable-cen bases militares. Sin mencionar las unidades móviles, batallones y el au-mento de hombres armados que patru-llan en toda la región.

Las comunidades han denunciado que la llegada de las empresas de ex-tracción de los minerales, viene afec-tando el medio ambiente y perjudican-do a quienes tienen propiedades cerca de los pozos de petróleo, pues las em-presas aseguran que por ley, de cada pozo que abran, les corresponde cin-co kilómetros a la redonda para la ex-plotación.

El pasado mes de mayo, las comuni-dades, que en diversas ocasiones se han movilizado en contra de estos altos ni-veles de explotación, han expresado su preocupación, pues diariamente se es-tán explotando 48 mil barriles de crudo en la región, y la pobreza y las necesi-dades primarias aumentan. Igualmente mencionan la contaminación sistemáti-ca de los ríos con residuos de petróleo y

minería, el daño de las vías de acceso, dado el peso de mulas, carro tanques y maquinaria pesada, y porque muchas de las licencias para la extracción de los minerales, se han dado sin respetar la consulta previa de las comunidades.

Según menciona la lideresa Yuri Quintero, de la mesa de organizacio-nes sociales de la región, “desde las cuatro de la mañana los carrotanques y mulas que transportan el crudo ini-cian la jornada desde las estaciones pe-troleras hasta los municipios de Orito hacia el vecino país del Ecuador, con quienes las empresas petroleras tienen convenios de venta del crudo, y hacia el departamento de Neiva. Después de las cinco de la mañana 12 carrotanques fueron detenidos por hombres arma-dos, quienes procedieron a derramar el crudo”.

Una situación similar se presentó después de las 10 de la mañana, so-bre la misma vía, cerca de la Ye de Guadualito, del municipio del Valle del Guamuez, nueve carros fueron de-tenidos y obligados a derramar el cru-do. Según menciona la líder, “los pri-meros hechos afectaron a 79 familias, para un total de 325 personas”. En nin-guno de los casos se ha identificado los autores de las acciones.

Igualmente menciona que las afec-taciones al medio ambiente no son nuevas. “Por fallas técnicas desde las mismas empresas, se han presentado derrames de crudos que no han sido atendidos a tiempo, provocando situa-ciones de contaminación ambiental”.

La comunidad viene haciendo unos llamados, tanto al gobierno nacional para que frene las licencias de extrac-ción de los recursos minerales y la in-jerencia de empresas extranjeras, y por otro lado para que acuerden un cese a las acciones militares junto a los gru-pos armados, pues reconocen que en la medida en que se desarrolle la guerra y no existan acuerdos de paz, la pobla-ción humilde será la más perjudicada.

El fin de semana la comunidad so-bre el corredor Puerto Vega Teteyé se reunió con el alcalde Guillermo Rivera, el gerente del hospital lo-cal, delegados de Coorpoamazonía y la empresa operadora Vetra ade-más de un delegado del Ministerio del Interior, con el objetivo de definir con las comunidades tareas a abordar para contrarrestar las consecuencias del derrame que se da el pasado ocho de junio. Según nos informa Yuri, “se definió iniciar de manera inmediata la-bores de descontaminación, teniendo en cuenta que se debe hacer limpieza total del centro poblado de la vereda Cabaña, el cual se encuentra afectado por el crudo esparcido por el constante tráfico sobre el riego. Se debe raspar la vía para que la limpieza del centro poblado no sea en vano. Desde ya se iniciará con una brigada de salud que garantice atención total a la pobla-ción afectada, porque se estaban pre-sentando problemas serios sobre las familias de la zona y en cada familia se adecuarán sitios de almacenamien-to de agua potable y la posible cons-trucción de un aljibe que tenga el di-seño necesario para abastecer a toda la comunidad”. H

En el Putumayo no para la crisis humanitaria

Derrame de crudo en Putumayo.

Junio 17 de 2015/12

¿Qué es qué en economía?

eCoNomía

LH Nelson Fajardo

a reforma tributaria que el Gobierno Santos pretende imple-mentar, está compuesta de un paquete de siete medidas impositivas, así: el im-puesto a la riqueza, sobre la renta para la equidad, la sobre tasa al impuesto so-bre la renta para la equidad, el impues-to sobre la renta, el impuesto comple-mentario de normalización tributaria al impuesto a la riqueza, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y otras disposiciones.

Al observar detenidamente el pa-quete, llama la atención que la mayo-ría de las medidas buscan el retorno a la redistribución de la riqueza, en un país donde ésta es altamente concen-trada, y los ricos no se caracterizan por ser altruistas y samaritanos.

Así, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, para personas naturales, co-mo para personas jurídicas, de entrada muestra sus desequilibrios. En el caso de las personas jurídicas, que tengan un patrimonio neto superior a mil mi-llones de pesos a primero de enero de 2015, se aplicarán, durante los tres pri-meros años, tarifas entre 0,20 por cien-to, 0,35 por ciento, 0,75 por ciento y 1,15 por ciento, para el 2015. Para el año siguiente, 2016, las tarifas dismi-nuirán a 0,05 por ciento, 0,10 por cien-to, 0,20 por ciento y 0,40 por ciento. Mientras las tarifas son regresivas pa-ra éste caso; para las personas natura-les, la tarifa será progresiva, y depen-diendo del valor patrimonial, estará entre 0,12 por ciento, 0,35 por ciento, 0,75 por ciento hasta 1,50 por ciento. Dichos porcentajes serán constantes durante los cuatro años. Queda claro, entonces, que los más ricos; es decir, las personas jurídicas aportarán menos que el ciudadano de a pie.

Con respecto al “impuesto sobre la renta para la equidad”, llamado CREE, la reforma establece una tarifa per-manente de 9 por ciento para 2015 y años subsiguientes. A ello se agrega el

descuento de impuestos pagados en el exterior, cuando se reciban ingresos de fuente extranjera, siempre y cuando, se pague el impuesto a la renta respectivo, en los países donde se obtuvieron las rentas. También, se crea un beneficio para los consorcios y uniones tempora-les, exonerando de pagos parafiscales a quienes devengan hasta 10 salarios mínimos; pero a renglón seguido, se crea una sobretasa al impuesto para la equidad CREE, cuya base es la misma del CREE. Sobretasa que correrá entre los años 2015 y 2018 y se aplicará pa-ra utilidades fiscales superiores a 800 millones de pesos con una tarifa del 5 por ciento para el 2015, 6,0 por ciento para 2016, 8,0 por ciento para 2017 y 9 por ciento para 2018.

Estas y otras medidas impositivas dejan clara la tendencia continuista del Gobierno Santos, de favorecer y de es-timular los capitales de la gran burgue-sía colombiana y extranjera, descarga un peso importante del recaudo sobre los trabajadores y las mal llamadas “capas medias”. Los recursos obteni-dos por esta vía, seguramente, irán a la financiación del Estado con sus dé-ficits fiscales y la enorme presión que ejercerán sobre las finanzas estatales, los resultados de los Diálogos de Paz, si se llega a los acuerdos definitivos y refrendados por la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que no hay claridad sobre el costo real de las re-formas derivadas de la etapa posterior a los acuerdos, pero se calculan entre 60 billones y 180 billones de pesos pa-ra un período de diez años.

Este comportamiento del Estado co-lombiano evidencia una enorme impro-visación, que busca resolver los proble-mas del momento, con reformas tributa-rias cada dieciocho meses; sin alcanzar soluciones profundas y estructurales que mejoren realmente la equidad y la evasión; aspectos a los que se les da poca importancia, como mecanismo

importante para recoger recursos ne-cesarios para una nación, que siendo realmente burguesa, no requiere de es-tar gravando con impuestos a los con-tribuyentes, en especial, a los ciudada-nos, en su consumo directo, y a los sec-tores populares, que siguen cargando con un porcentaje muy alto de la carga impositiva.

Así, la ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, “por medio de la cual se mo-difica el estatuto tributario, la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras dis-posiciones”, aplazada por el Congreso de la República para su aprobación, se-rá revivida y ajustada, en función de los intereses del capital y su Estado; éste último en la búsqueda de una moderni-zación autoritaria, que descarga su pe-so sobre los de abajo.

Así que la palabra “equidad” es una falsedad ideológica y un eufemismo, tras del cual, se pretende aparentar un sistema redistributivo y democrático, en lo social y lo económico. H

Las relaciones capital y tra-bajo: “…cuando se contrapo-ne el punto de vista del proleta-riado al de la clase burguesa, el pensamiento proletario no exige en modo alguno una tabula ra-sa, un nuevo comienzo “sin pre-supuestos” para la comprensión de la realidad, como lo hizo el pensamiento burgués respecto de las formas feudales de la Edad Media (al menos tendencialmen-te). Precisamente porque su obje-tivo práctico es una transforma-ción básica de toda la sociedad, el pensamiento proletario toma toda la sociedad burguesa, jun-to con sus elaboraciones intelec-tuales, artísticas, etc.; como pun-to de partida del método… no es ni una casualidad ni una cuestión puramente teorética el que la bur-guesía tenga que quedar presa en la inmediatez mientras el proleta-riado la rebasa. En la diferencia entre esas dos posiciones teoré-ticas se expresa precisamente la diversidad del ser social de am-bas clases. El conocimiento acce-sible desde el punto de vista del proletariado es, por supuesto, el más elevado en el sentido cien-tífico objetivo; pues en ese cono-cimiento se tiene metódicamente la disolución de los problemas en torno de los cuales se han esfor-zado inútilmente los más grandes pensadores de la época burguesa; materialmente se tiene en aquel conocimiento histórico adecuado del capitalismo, necesariamente inaccesible al pensamiento bur-gués. Pero esa estimación objeti-va del valor gnoseológico de los métodos resulta de nuevo ser un problema histórico-social, con-secuencia necesaria de los tipos de sociedad representados por ambas clases y de sus resultados históricos, de modo que, según eso, la “falsedad” y la “unilatera-lidad” de la concepción burguesa de la historia es un momento ne-cesario de la estructura metódica del conocimiento social1.

1 Lukács, George: Historia y consciencia de clase, tomo 2, Biblioteca de Política, Economía y Sociología,, Ediciones ORBIS 1985, Barcelona España, pági-nas 104 y 105. H

La tributación en el gobierno Santos

El Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS) y la Corporación para la

Educación y la Investigación Social (Corpeis)Invitan a: La tertulia de los jueves. Con el equipo económico de VOZ “La verdad del pueblo”.

“Si observamos los ciclos de rotación en que se mueve la industria moderna… veremos que el tipo máximo de interés, hasta llegar a un

nivel usurario, se da en los periodos de crisis”. Carlos Marx, El Capital, Tomo 3, página 381, Editorial de Ciencias

Sociales, La Habana, Cuba 1973.

Panel: ¿Crisis o no crisis?: ¿Para dónde van el mundo y Colombia? - Fecha: jueves 25 de junio de 2015. Hora: 5:00 p.m. - Lugar: Calle 37 No. 19 - 07. Tel: 287 74 27 / 245 31 73. ¡¡¡Los esperamos!!!

Junio 17 de 2015/13

Visite nuestra página web: www.semanariovoz.com

FH Alberto Acevedo

INterNaCIoNal

elipe González, ex pre-sidente de España, ha sido un cortesa-no del poder, abogado de grandes con-sorcios, como Gas Natural, diseñador de grupos paramilitares como los GAL, que combatieron a movimientos sepa-ratistas como la ETA, y recientemente ha viajado a Caracas, con una investidu-ra de ‘defensor de derechos humanos’, para darle una cara amable a la oposi-ción golpista venezolana, que conspira de manera criminal contra un gobierno legítimo, que construye un proyecto de-mocrático de reformas sociales.

Sectores democráticos, tanto de España como de Venezuela, califica-ron como una actitud intervencionista en los asuntos internos de un país ex-tranjero, la visita del ex gobernante es-pañol, pues olvida los cargos crimina-les formulados por la justicia del país latinoamericano contra los personajes que quiere presentar como luchadores

Hace ya dos semanas, el movi-miento estudiantil y docente

de los principales centros de enseñan-za secundaria chilenos, iniciaron una huelga indefinida en la que se oponen a los términos de una reforma edu-cativa que la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, propuso desde su campaña electoral, y que en opinión de los reclamantes, no satisface sus an-helos, en cuanto a que no concede una universalidad de beneficios en relación a gratuidad y contenido democrático.

La reivindicación estudiantil y profesoral es de honda significación entre los sectores populares y demo-cráticos del país austral, por cuanto el régimen educativo vigente es el que se instauró en los años de la dic-tadura militar del general Pinochet, y no ha sido reformado en lo esencial.

Además de ser antidemocrático, discriminatorio y elitista, el sistema entregó la educación secundaria y en general toda la enseñanza, a corpora-ciones financieras y empresariales, en un proceso de privatización de la edu-cación que resulta odioso a la tradi-ción democrática del pueblo chileno.

El movimiento de secundaria lleva muchos años luchando por una edu-cación gratuita y por el mejoramiento

Venezuela

Califican de injerencista, visita de Felipe González

Izquierda Unida, de España, y el Partido Comunista de Venezuela, piden al exmandatario, que respete la soberanía de un país que construye su futuro en democracia

políticos y encubre bajo el manto de una pretendida actividad opositora, lo que en realidad es todo un prontuario crimi-nal de actos de sabotaje económico, de conspiración política y de asesinatos de personas.

El coordinador del influyente gru-po político Izquierda Unida, Cayo Lara, dijo que Felipe González cree que vive todavía en “el período de la coloniza-ción” y le exigió respeto por países co-mo Venezuela, “que son soberanos de-mocráticamente y tienen democracias avanzadas y consolidadas”.

Por su parte, Pedro Eusse, miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela, dijo que González, “al igual que otros ex presidentes de la derecha”, está cometiendo “un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestra patria, y está obteniendo el rechazo contunden-te del pueblo venezolano”. En el mismo sentido se pronunciaron, la agrupación

política Podemos, en España y Patria para Todos, en Venezuela.

De otra parte, las autoridades ve-nezolanas rechazaron la actitud del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que facilitó un avión de uso oficial para trasladar desde Caracas a Felipe González, en momentos en que una oleada de protestas sociales

exigía la salida inmediata del político español. “Yo espero explicaciones cla-ras del gobierno colombiano sobre es-to de prestar el avión presidencial de Colombia a un señor que vino a des-conocer las instituciones venezolanas y apoyar a grupos extremistas que han querido derrocarme”, dijo al respecto el presidente Nicolás Maduro. H

Caricatura de Carlos Dearmas.

Chile

Piden educación gratuita y de calidad

Allanamientos, desalojos y palizas policiales, es la respuesta que el gobierno de Bachelet ha dado a una justa reivindicación que hace años es demandada por el movimiento estudiantil

de las precarias condiciones de ense-ñanza en las aulas, especialmente en los barrios más pobres de Santiago y otras zonas urbanas y rurales. Los líderes del movimiento destacan que el gobierno de la ‘Concertación’ no dispone de un presupuesto necesario para atender es-tas demandas, mientras en el país cre-cen los escándalos de corrupción y se publican las millonarias utilidades de los empresarios.

Consciente de estas reclamaciones, Bachelet ha puesto a consideración del parlamento un conjunto de leyes de re-forma educativa, que el movimiento es-tudiantil y profesoral considera insufi-cientes. Un aspecto esencial es la gra-tuidad de la educación, con un criterio universal, que abarque a todos los sec-tores de la población. La iniciativa del gobierno no contempla este aspecto.

El otro matiz de reclamación es que esta medida contemple tanto a la edu-cación pública como a la privada, pues bajo el régimen de Pinochet una buena parte de los colegios pasaron a manos privadas y en muchos de ellos es donde más se sienten las carencias económi-cas en cuanto a aulas, servicios sanita-rios, laboratorios, bibliotecas y, desde luego, salarios decentes para los pro-fesores. H

Aspecto de la vigorosa movilización estudiantil chilena, a la que se han sumado otros sectores, como los operadores de buses de Transantiago, que también tienen sus propias reclamaciones.

Junio 17 de 2015/14teoría Y CrítICa

H Rubiel Vargas Quintero

E

REVISTA TALLER Y EL CEIS INVITAN A LA TERTULIA “SOBRE EL PROCESO DE PAZ”

Día: Jueves 18 de junio. - Hora: Desde 3:30 p.m. Sitio: CEIS (Cra.8 No.16.21) 5° piso. - Copa de vino

l sujeto de la moral autónoma, surge con la confi guración de un “fuero inter-no” que se refl eja en la realidad de la sociedad. En los momentos de crisis histórica, cuando la moral social aparece inadecuada, inservible o injusta, el hombre para salvarse al menos como persona individual, acude a ese “fuero interno” refugiándose en la intimidad de su conciencia, provista de ciertos principios en virtud de los cuales rige su vida. Amolda su conducta a esos principios, teniendo así una base para formular juicios morales acerca de sí mismo y de cuán-tos lo rodean.

Obediencia y desobediencia al derecho

La antítesis entre la “moral social” y el “fuero interno” es vivida dramáticamente por Sócrates, quien no zanja la pugna de un modo individua-lista, sino que se mantiene como observante a la vez de ambas exigencias: la personal y la social.

Sócrates y la obediencia al derecho

A Sócrates se le sigue un proceso judicial, juzgado por 500 hombres designados para es-te caso, que termina con la pena de muerte. Los cargos que le imputaban eran los de “impiedad” y “corruptor de la juventud” por su fi losofía ca-llejera, mayéutica, irónica e inductiva de “solo sé que nada sé”. Críton, amigo de Sócrates, le propone un plan para realizar la fuga y de esta manera burlar la sentencia de muerte. Enseguida, a la mejor manera socrática, introduce “que la ley y la sentencia se deben acatar así resulten injustas, para evitar la subversión de la polis”. El interés general de la ley y la sentencia tienen mayor grado de validez y jerarquía que el inte-rés particular del individuo. Las tensiones en-tre la legitimidad y la ilegitimidad, individuo y Estado, la ley y la justicia, el derecho a rebelarse y la represión, la refl exión fi losófi ca y el poder de la clase dominante, la tiranía y la libertad, la injusticia y la justicia son dilemas a los que las sociedades le buscan salidas. La sociedad y el Estado no podrían subsistir si el cumplimiento de la ley queda al arbitrio del individuo y no se reconoce la validez de las sentencias judiciales. Con Sócrates se introduce el criterio de la obe-diencia al derecho, así este sea injusto.

Antígona y la desobediencia

El profesor Hernán Ortiz R, en su texto obe-diencia al derecho, desobediencia civil y obje-ción de conciencia, dice: “Razón tienen quie-nes califi can a la “celestial” Antígona como la fi gura más augusta que jamás pisara la tierra”. Personaje de la literatura griega, portavoz de la tragedia de amor y dolor que encarna, al mismo tiempo, valores morales, políticos y jurídicos de plena actualidad. Es bien conocida la trama de

Antígona, hija de Yocasta y Edipo, en la corte de su tío Creonte que subió al trono tras la des-aparición de dos hermanos de ella, Polinices y Eteocles, quienes se dieron muerte luchando por el reino. Creonte decreta bajo pena de muerte no dar sepultura a Polinices, orden legal que des-obedece Antígona, basada en las leyes divinas que están por encima de las humanas. Por razo-nes fi liales y el derecho inviolable de la sepul-tura. Antígona reconoce su “crimen piadoso” y prefi ere ahorcarse antes que recibir la condena.

En la Antígona de Sófocles, se presenta un confl icto trágico entre la ley del Estado y la con-ciencia; esta sucumbe ante el derecho estatal. Antígona se enmarca en la desobediencia al de-recho, es objetora de conciencia, porque su con-ducta es una expresión individual, funda su des-acato en la propia conciencia. No ejerce violen-cia, no tiene una actitud agresiva, sólo apela a la conciencia, la fi delidad a unos principios cul-turales, morales y religiosos. Es una actitud pri-vada; ejerce el derecho y se toma la libertad de rechazar una norma jurídica sin cuestionar el or-den constitucional donde imperan las leyes divi-nas que se fortalecen en la conciencia. La “san-ta del paganismos helénico” se puede considerar como la fi gura literaria que plasma las caracterís-ticas de la desobediencia civil y la primera obje-tora de conciencia.

La cultura pagana, tanto la oriental como la grecorromana, sacralizó el poder, considerando la ley como emanación divina, no dejando así lu-gar para la conciencia del individuo. En esta es-tructura irrumpe el cristianismo con un mensa-je mesiánico que anuncia la total liberación del hombre, reivindicando fi rmemente la autonomía

de la conciencia respecto al poder político. La nueva religión afi rma la existencia de una divi-nidad que trasciende los límites de la ciudad y plantea que el hombre se compone de un cuerpo y un alma, y si bien el cuerpo está necesariamen-te sometido a la autoridad temporal, el alma de-pende sólo de Dios. El ciudadano tiene dos vasa-llajes: uno, la autoridad civil y otro la autoridad religiosa o directamente Dios. “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Es más justo obedecer a Dios que a los hombres; de allí que los primeros objetores de conciencia en sentido amplio, fueran los cristianos, al rehu-sar el culto a los ídolos como cualquier acto no acorde con los principios religiosos.

Rebelión de los esclavos

El nombre de Espartaco se encuentra rela-cionado con la rebelión de los esclavos, se alza-ron en armas contra el mayor imperio del mun-do, la antigua Roma. Los motivos que lo lleva-ron a rebelarse fueron las injusticias, la crueldad en las condiciones de vida que sufrían, la dife-rencia de clases marcada en la sociedad romana. La injusticia llevó a Espartaco a asumir y llevar a la acción el ideal de libertad contra las formas de opresión y tiranía. Su deseo de ser libre, de liberarse de las cadenas de la esclavitud, de re-gresar a su patria que lo vio nacer y poder vivir sin pertenecerle a otro, era su gran desafío. Por esto y otras razones se le ha considerado el líder de la gran rebelión de los esclavos, su levanta-miento ha sido el símbolo de la libertad. La re-belión es un derecho de los pueblos a levantar-se contra el opresor y la tiranía. H

Sócrates, Antígona, Espartaco: obediencia y desobediencia a la injusticia

Alegoría de Antígona.

Junio 17 de 2015/15jaque mate

lavos alientesC

La frase de la semana

“Los comunistas son imprescindibles en

la Unión Patriótica”.Jahel Quiroga en Asamblea Departamental de la UP en

Tolima 13-06-2015.

La CIA y la CPI

Según reveló The Guardian de Londres, la CIA realizó experimentos a través de sus médicos investigadores con los detenidos de manera arbitraria tras los atentados del 11 de septiembre de 2011. Según la información de prensa, “los doctores de la llamada Oficina de Servicios Médicos de la CIA estaban presen-tes en esas sesiones para aconsejar a los agen-tes sobre la resistencia física y psicológica de los sujetos interrogados, según el informe del Comité de Inteligencia del Senado estadouni-dense que el año pasado desveló las torturas cometidas por la agencia”. Lo grave es el si-lencio que rodea a las graves denuncias que con frecuencia se presentan contra la Central yanqui que incluye magnicidios, masacres y

otros actos delictivos. La ONU guarda silencio. Y la flamante CPI que vive amenazando a Colombia por el proceso de paz, rehúye hablar del tema con el ar-gumento de que EE.UU. no es signatario del Tratado de Roma. Licencia para asesinar.

¿Dónde están los archivos?

Nadie sabe o no lo dice ¿dónde están los archi-vos del DAS y de la Brigada XX? El DAS fue li-quidado debido a las actuaciones ilegales y crimina-les de algunos de sus integrantes, que organizaron células de inteligencia para perseguir a oposito-res al gobierno de Uribe Vélez, hacer seguimien-tos y chuzadas de correos electrónicos y teléfonos fijos y celulares y hasta asesinatos y desaparicio-nes. Sin embargo, nadie da razón de los archivos y algunos de sus ex funcionarios aseguran que fue-ron saqueados. Los otros archivos perdidos son de la Brigada XX, desmantelada en el gobierno de Ernesto Samper, pero sus hombres y mujeres fueron asignados a otras brigadas. Esta Brigada organizó redes de ajusticiamiento y tuvo mucho que ver con los asesinatos de miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica.

Bien con los militares

Cuentan los periodistas que cubren los diálogos en La Habana que en varias ocasiones le han escuchado

a miembros de la Delegación de Paz de las FARC-EP, que se sienten mejor con los mili-tares que con la delegación oficial del gobier-no, porque tienen una actitud más positiva, de presentar propuestas e iniciativas. “Nos enten-demos mejor con ellos” han dicho algunos de los voceros, a pesar de las diferencias. La vi-sión que tienen los militares sobre la dejación de armas es muy diferente a la de los guerri-lleros. Es dable decirlo para los que se hacen ilusiones con la paz exprés.

Los abusos de las EPS

Coomeva EPS decidió de la noche a la ma-ñana suspender el contrato de atención con el Hospital San Ignacio, uno de los mejores del país. Dejó colgados de la brocha a varios pa-cientes que aún no tienen resuelta su atención médica. Otros no tienen la seguridad de que el servicio que recibirán es adecuado y está en los mismos parámetros del Hospital San Ignacio. Todo se debió, según dicen, a la di-fícil situación económica de Coomeva, cuyos directivos decidieron bajar precios y por ende la calidad en la prestación de la atención mé-dica. Todo indica que Coomeva va por el ca-mino de Saludcoop. La Superintendencia no interviene para nada y solo lo hará cuando la crisis sea irreversible H

Junio 17 de 2015/16

LA VERDAD DEL PUEBLO

H Hernando López

E

SIEMPRE

POR

LA

l país nacional, como de-cía Jorge Eliécer Gaitán, respiró tran-quilo tras la aprobación en La Habana del Informe para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repe-tición, una de las decisiones más im-portantes y trascendentales, porque se-rá el instrumento, apoyado en los testi-monios de las víctimas y en el valioso informe de la Comisión de Historia sobre las causas y los hechos del con-flicto, para esclarecer lo que sucedió

y quiénes son los responsables de las violaciones al derecho internacional humanitario y de delitos de lesa hu-manidad.

Sin embargo, después de la históri-ca decisión, que escandalizó a los ene-migos de la paz, se intensificaron las acciones armadas y violentas de las partes. El Gobierno ordenó más opera-tivos de tierra arrasada y bombardeos a los campamentos de las FARC-EP y estas arreciaron los actos de sabotaje y los combates con la fuerza pública. El detonante, como suele ocurrir con el Gobierno, fue la muerte del tenien-te coronel Alfredo Ruíz Clavijo, del

intendente Juan David Marmoleo y de un civil que circulaba por la vía don-de se produjo una emboscada. De in-mediato el gobierno montó en cólera y amenazó con el ultimátum, al tiempo que a la velocidad del rayo el general Palomino y Medicina Legal determi-naron que los dos uniformados habían sido rematados con tiros de gracia. La misma versión oficial de siempre, que reproducen sin editar y con sensaciona-lismo, los grandes medios de comuni-cación. Si se comparan las versiones de las cadenas radiales y de TV privadas, incluyendo las que se reclaman ser in-dependientes, son idénticas. Un mismo libreto. Los padres y las madres de los guerrilleros masacrados en el Cauca to-davía esperan el dictamen de Medicina Legal de si fueron, por lo menos algu-nos que sobrevivieron al bombardeo, acribillados con tiros de gracia.

Los ultimátums gubernamentales

Cuando la guerra toca a la parte ofi-cial, sucedió lo mismo cuando la reten-ción del general Alzate y en los lamen-tables hechos del Cauca cuando murie-ron varios uniformados, el gobierno amenaza, da ultimátums e intensifica los operativos contra los insurgentes. Se dan las crisis en los diálogos. Pero cuando es lo contrario y los muer-tos son guerrilleros, lo celebran como enormes triunfos de la guerra. Mientras el presidente Juan Manuel Santos visi-taba al papa Francisco y este le decía que había orado mucho por él, no tu-vo ningún reparo en celebrar la muerte del comandante “Marquitos” del ELN y felicitar a sus verdugos. Es como si tuviera el diablo adentro y ni siquiera las oraciones del sumo pontífice se lo han sacado. Con el agregado de que el parte de guerra del alto mando denigra de su dignidad y lo convierte en nar-cotraficante y bandido. El comunicado lo publicó la “gran prensa” sin quitar-le ni una coma.

Toda esta espiral de la guerra es el resultado de que el Gobierno no respetó la tregua unilateral de las FARC-EP y

Diálogos de paz

Momentos difícilesHay que detener el escalamiento del conflicto mediante el acuerdo de cese bilateral de fuegos. El Gobierno juega con fuego: habla de paz en La Habana, mientras en Colombia suenan las bombas y los tiros, válidos para el Gobierno Nacional cuando les son favorables

masacró a 27 guerrilleros en el Cauca. Lo dijo Timoleón Jiménez: “Nunca he-mos exigido ceses unilaterales de fue-go, en cambio sí los hemos declarado más de una vez”. Lo menos que se pue-de esperar es que el Gobierno respete el cese unilateral y no pretenda sacar ventaja militar del mismo.

Cese bilateral de fuegos

A pesar de la situación tensa y de las presiones derechistas al débil pre-sidente Santos, la insurgencia reiteró el compromiso con la paz: “La fe de nuestra organización en la posibilidad de alcanzar un Acuerdo Final con el ac-tual gobierno se mantiene inamovible. El proceso de paz continúa su avan-ce, quizás no tan rápido como quisié-ramos todos, pero con la virtud de so-brevivir a circunstancias muy difíciles. No es sencillo reconciliar dos posicio-nes diametralmente opuestas en lo que significa la paz”, dice el comandante Timoleón Jiménez.

Varios analistas y promotores de los diálogos de paz han señalado que, como nunca antes, se requiere el cese bilateral de fuegos para desescalar el conflicto y alejar las atrocidades de la guerra de la Mesa de La Habana. “Desde la prime-ra aproximación con el Presidente Juan Manuel Santos, las FARC-EP plantea-mos que las conversaciones se desarro-llaran en los marcos de un cese el fue-go bilateral, y todo el mundo sabe que esa ha sido otra de nuestras inamovibles posiciones. Porque la guerra es brutal, produce muertos, heridos, destrucción y devastación. Porque incrementa los odios”, escribió hace pocos días el co-mandante guerrillero.

Es la manera de parar la guerra y las atrocidades que generan la misma. La terquedad de Santos, presionado por la cúpula militar y los enemigos de la paz, es la que impone dialogar en medio de la guerra, con la tragedia de una con-frontación armada. No es posible jugar con fuego: hablar de paz en La Habana mientras en Colombia suenan las bom-bas y los tiros, válidos para el Gobierno Nacional cuando les son favorables. H

En un receso del Foro Internacional por la Paz en Colombia, en Montevideo, Gloria Inés Ramírez sorprendió con su cámara al ex presidente urugua-

yo Pepe Mujica, bastante entretenido, leyendo el semanario VOZ. Estaba intere-sado en varios de sus artículos, en particular los que trataban el tema de la paz. El importante foro, con delegados de toda la América Latina y del Foro de Sao Paulo, llamó al cese bilateral de fuegos, respaldó sin dilaciones los diálogos de paz de La Habana y llamó a que se formalizaran con el ELN. H

“Pepe” Mujica lee VOZ

El Proceso de paz avanza con la virtud de sobrevivir a circunstancias muy difíciles.

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Separata

Avances de la discusión del punto 5:

“Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,

la Convivencia y la no Repetición”

El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Con-fl icto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, presentan este Informe Conjunto sobre los avances y acuerdos alcanza-dos respecto del Punto 5 de la Agenda -“Víctimas”.

El fi n del confl icto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en par-ticular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el confl icto.

En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preserva-ción de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del confl icto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación, y la no repetición.

Con este propósito, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcan-zado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez fi rmado el Acuerdo Fi-nal, la Comisión para el Esclarecimien-to de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (en adelante la Comisión), que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial.

La Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el confl icto y alcanzar la paz. Por ello, el acuerdo logrado sobre la Comisión no puede

entenderse ni defi nitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido. Continuaremos trabajando para acordar otros meca-nismos que nos permitan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justica y la reparación, además de con-tribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del confl icto. En el marco de la discusión sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y extraju-diciales, se acordarán los temas cuya concreción depende de la relación entre los diferentes mecanismos del sistema.

La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales.

En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocu-rrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelan-te, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del confl icto, de tal for-ma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del confl icto. En este sentido saludamos la visita y el pronunciamiento efectuado durante este ciclo, por Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Confl ictos, y nos comprometemos a atender sus recomendaciones.

En segundo lugar, la Comisión de-berá promover y contribuir al reconoci-miento. Eso signifi ca el reconocimien-to de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento voluntario de respon-sabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el confl icto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece

el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir.

Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dig-nifi cadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de respon-sabilidad, y en general se consoliden el respeto y la confi anza ciudadana en el otro, la cooperación y la solida-ridad, la justicia social, la equidad de género, y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de la paz.

El éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los secto-res de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, y del reco-nocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el confl icto. Por eso, tanto el Gobierno Nacional, como las FARC-EP se comprometen a contribuir de manera decidida al es-clarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el confl icto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,

la Convivencia y la no Repetición

Criterios orientadores:

Centralidad de las víctimas: Los esfuerzos de la Comisión estarán cen-trados en garantizar la participación de las víctimas del confl icto, asegurar su dignifi cación y contribuir a la satis-facción de su derecho a la verdad en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y

las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad. Todo lo anterior debe contri-buir además a la transformación de sus condiciones de vida.

Imparcialidad e independencia: La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones.

Carácter transitorio: La Comisión será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera.

Participación: La Comisión pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y vi-siones, en primer lugar de las víctimas del confl icto que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto individuales como colectivas, y también de quienes par-ticiparon de manera directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes.

Enfoque territorial: La Comisión será una entidad de nivel nacional pero tendrá un enfoque territorial con el fi n de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del confl icto y de la diversidad y particularidades de los territorios afectados, y con el fi n de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes te-rritorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios.

Enfoque diferencial y de género: En el desarrollo de su mandato y de sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones par-

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición

El acuerdo sobre la Comisión para el

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, el pasado

4 de junio y anunciado por ambas partes en La Habana, es de vital importancia para el proceso de

paz. Es una derrota a los opositores y saboteadores de la construcción de un acuerdo político de paz estable y duradera. Es histórico, quizás el más importante en todo el proceso. Con la

fi nalidad de divulgarlo a nivel nacional y de abrir un debate sobre su contenido y alcances, el semanario VOZ lo publica completo en esta separata

FARC-EP y el Gobierno colombiano con países Garantes y acompañantes.

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ticulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia, o situación de discapacidad, y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnera-bilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres.

Coordinación con otras medidas de construcción de paz: La Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementa-ción del Acuerdo Final. En particular, se coordinará, donde haya lugar, con los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios, como consecuencia de la implementación del Acuerdo Final.

Reglas de procedimiento: La Comi-sión establecerá previamente procedi-mientos que aseguren a quienes parti-cipan en ella las debidas garantías, y un trato justo, digno y no discriminatorio.

Garantías para los comisionados y las comisionadas: Respecto de su trabajo en la Comisión, los/as comi-sionados/as no estarán obligados/as a declarar en procesos judiciales, estarán exentos/as del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente.

Condiciones de seguridad: La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará, con las autoridades del Estado, la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto para los/as comisiona-dos/as como para quienes participen en las actividades de la Comisión.

Convivencia y reconciliación: Para contribuir al objetivo de la no repetición y la reconciliación, las actividades de la Comisión, en desarrollo de su man-dato, estarán orientadas a promover la convivencia entre los colombianos, en especial en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia. Para ello, la Comisión velará porque los espacios o audiencias que establezca sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vigencia y el respeto de los derechos humanos. De esta forma la Comisión ayudará también a sentar bases sólidas para la construcción de la paz.

Metodología: La Comisión tomará todas las medidas necesarias para ga-rantizar la mayor objetividad e impar-cialidad posible para el desarrollo de sus actividades, para lo cual adoptará procedimientos para contrastar y veri-ficar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión. La Comisión hará pública su metodología.

Mecanismo extra-judicial: La Co-misión será un mecanismo extra-judi-cial. En este sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán im-plicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autori-dades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.

Mandato:

La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconoci-miento de:

Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos hu-manos y graves infracciones al Dere-

cho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del con-flicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.

Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, or-ganización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior.

El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económi-cos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afro-colombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/as defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos/as, comerciantes y empre-sarios/as, entre otros.

El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el fun-cionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición.

El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos.

El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.

Los factores y condiciones que faci-litaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.

El desarrollo del conflicto, en par-ticular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad.

Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva.

Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e insti-tuciones a lo largo del conflicto.

Período objeto de estudio de la Comisión

(ámbito temporal):

Para abordar los distintos elemen-tos de su mandato la Comisión tendrá como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de éste prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto la Comisión podrá explorar eventos históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y

Aída Avella , presidente de la UP.

Movilización de UP en Bogotá.

Isabela Sanroque, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP.

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sus Víctimas.

Funciones:

Para el cumplimiento de su man-dato la Comisión tendrá las siguientes funciones principales:

Investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodolo-gías y formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, considerando las ge-neralmente aceptadas por las ciencias sociales, contando con un enfoque de género, y teniendo en cuenta los an-teriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en es-pecial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de orga-nizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta so-bre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia.

Esos espacios podrán incluir esce-narios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones so-bre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios.

Elaborar un informe final que ten-ga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomen-daciones de su trabajo.

Orientar a las víctimas y a las co-munidades victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institu-cional y otras, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.

Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organizaciones: Diseñar y poner en marcha una estrategia de

relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones.

Implementar una estrategia de di-fusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante su funciona-miento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión, y asegurar la mayor participación posible. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la Comisión cuente con amplio

acceso a medios de comunicación públicos. El informe final, en particu-lar, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo la promoción de ex-posiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo.

Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato, tomar las medidas ne-cesarias para asegurar su preservación. La Comisión definirá la entidad que será depositaria de estos archivos y los custodiará.

Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la crea-ción de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género, y de la coordi-nación con organizaciones de mujeres

y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y me-todología de trabajo.

Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestral-mente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones.

Establecer su propio reglamento y programa de trabajo.

Proceso de escogencia:

La Comisión estará conformada por 11 comisionados/as. Para su es-cogencia se pondrá en marcha un pro-cedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organiza-ciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos.

Los/as comisionados/as serán ele-gidos por un comité de escogencia. Este comité estará compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los/as integrantes del comité de es-cogencia. Los/as 3 integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 personas u organizaciones que acordemos en la Mesa. Todos los integrantes del comité

de escogencia deberán inspirar confian-za en la ciudadanía.

La selección se basará exclusi-vamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humani-tario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los/as comisionados/as también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representa-ción regional.

El comité de escogencia podrá se-leccionar comisionados/as extranjeros/as pero estos en todo caso no podrán ser más de 3.

El comité de escogencia tendrá hasta 3 meses para la selección de los/as comisionados/as, contados a partir del cierre de la fase de postulaciones.

La selección de los/as comisiona-dos/as deberá adoptarse por mayoría

de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia.

Presidente/a de la Comisión:

El/la presidente de la Comisión de-berá ser colombiano/a y será elegido/a de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por el meca-nismo que acordemos. El/la presidente de la Comisión será su principal voce-ro público, coordinará la labor de los/as comisionados/as, facilitará el buen funcionamiento interno, y dirigirá las tareas de esta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma de decisiones. El pa-pel del/de la presidente de la Comisión es importante porque constituye al mismo tiempo un referente nacional e internacional.

Duración:

La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración del informe final. La Comisión contará con 6 meses para preparar todo lo ne-cesario para su funcionamiento. La pu-blicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la Comisión.

Compromisos de contribución al esclarecimiento

El Gobierno Nacional, como poder ejecutivo, y las FARC-EP se compro-

meten a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión.

El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las garantías necesarias para la no repetición.

De conformidad con las leyes apli-cables, el Gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la Comisión para el cum-plimiento de sus funciones, y la Comi-sión, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente.

Financiación:

El Gobierno Nacional se com-promete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de

Delegación de víctimas de la tragedia de Bojayá en rueda de prensa con la Delegación de Paz de las FARC-EP.

Ángela Giraldo y José Antequera, Delegación de víctimas del terrorismo de Estado del conflicto colombiano.

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la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publi-cación y difusión masiva del informe final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecu-ción de sus recursos se haga de manera transparente procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello.

Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la

Comisión:

Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de dere-chos humanos, entre otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, in-cluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. La Comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el comité. El comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comu-nicación de ámbito nacional y regional. El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones.

2. Mecanismo de búsqueda

Con el fin de contribuir a satisfa-cer el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad, y sin perjuicio de los procedimientos de esclarecimiento que existan o se puedan adelantar durante el proceso de conversaciones de paz, acordamos que a la terminación del conflicto es necesario multiplicar los esfuerzos de búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, bajo cualquier circunstancia. Para ello

trabajaremos en un nuevo mecanismo que funcionará en coordinación con la Comisión.

3. La participación de las víctimas y la sociedad en relación con el Punto 5

Dentro de los 10 principios para la discusión del Punto 5 – “Víctimas”, acordados en la Mesa, la “participación

de las víctimas” ocupa un lugar muy importante. Estamos convencidos de que la construcción de la paz requiere de una activa participación de las víc-timas, y en general de las comunidades en los territorios, que en últimas son quienes se verán beneficiadas por las transformaciones que persiguen los acuerdos que hemos alcanzado.

Para la Mesa ha sido un objetivo fundamental lograr la mayor participa-

ción posible y la recepción del mayor número de propuestas relacionadas con la discusión del Punto 5. Los avances en el acuerdo del Punto 5 que presen-tamos hoy se han basado justamente en oír a las víctimas que vinieron directa-mente a la Mesa y en leer las propuestas de las miles de personas que nos las han hecho llegar a través de los distintos mecanismos de participación.

En primer lugar y por primera vez en el marco de un proceso de paz, la Mesa de Conversaciones escuchó de manera directa y recibió las propues-tas de un grupo de víctimas del con-flicto. El proceso de selección de estas víctimas estuvo a cargo de la ONU y de la Universidad Nacional, con acompañamiento de la Conferencia Episcopal, quienes bajo los principios de pluralismo, equilibrio y sindéresis, buscaron reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que han tenido lugar en el conflicto, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional. Las delegaciones estuvieron com-puestas por 12 víctimas y la Mesa oyó a una delegación por cada ciclo, durante los ciclos 27, 28, 29, 30 y 31 de conversaciones.

Entre los hechos victimizantes representados se oyeron testimonios sobre desplazamiento forzado, homi-cidio, tortura, desaparición forzada, se-cuestro, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento forzado de menores, entre otros. Todas las per-sonas víctimas que visitaron La Habana con el fin de expresar sus testimonios, sus propuestas y sus expectativas frente al proceso de paz y la implementación de los acuerdos ante las dos delega-ciones en la Mesa de Conversaciones, coincidieron en resaltar la necesidad de ponerle fin al conflicto.

Adicionalmente entre julio y agosto de 2014 se organizaron 3 foros regiona-les (en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y un Foro Nacional en Cali sobre el Punto 5. Participaron 3.162 personas de las cuales el 51,7% eran hombres y el 48,3% mujeres. A estos foros asistieron más de 600 or-ganizaciones de víctimas.

Finalmente, a la fecha hemos reci-bido 24.324 aportes sobre el punto de víctimas, con más de 59.000 referen-cias a los diferentes aspectos de este Punto, incluidas más de 8.600 respecto al tema de “verdad”. ★

Comandante Edinson Romaña, Delegación de Paz de las FARC-EP.

El Partido Comunista Colombiano es una de las principales víctimas del terrorismo de Estado, no solo en el marco de la guerra sucia de los años 80 y siguientes, sino por la campaña anticomunista histórica bajo los rigores del conflicto de baja intensidad y del enemigo interno. Foto archivo.