voces nº 37 octubre 2011

Nº 37 Cajamarca Octubre 2011 Precio S/0.50

Marco Arana opina sobre

Cerro Quilish y Minas

Conga

Aguas movidasAguas movidasAguas movidasEscasez de agua y renovado interés de Minera Yanacocha por

explotar el Cerro Quilish, genera movilizaciones

INFORMES:

Asociación SERCajamarca: Tel.: (076) 368710

Lima: Tel.: (01) 472-7937E-mail: [email protected]

Asociación SER presenta:

Guías y cartillas en gestión municipal y participación ciudadana

GUÍA OPERATIVACartilla para la Vigilancia

Ciudadana – Conformación e implementación de Comités de

Vigilancia

CARTILLA OPERATIVA¿Cómo elaborar proyectos de inversión pública en marco del SNIP?

CARTILLA OPERATIVA¿Cómo elaborar proyectos de inversión pública en marco del SNIP?

CARTILLA TÉCNICAGuía básica de

Gestión Municipal

GUÍA TECNICA PARA EQUIPOS MUNICIPALESIdentificación y priorización de problemas y resultados en el Presupuesto Participativo

GUÍA TECNICA PARA EQUIPOS MUNICIPALESIdentificación y priorización de problemas y resultados en el Presupuesto Participativo

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Revista de Opinión y Análisis

EDITORIAL

El inicio del gobierno del Presidente Humala ha generado ya algunos cambios en relación al tema minero en nuestro país. De un lado, se encuentra la definición de un gravamen a las

empresas mineras que sólo está pendiente de apro-bación en el Congreso de la República, a pesar de algunas resistencias del gremio minero. De otro, la aprobación de la Ley de Consulta Previa a los pue-blos indígenas, que significa un avance significativo luego de cinco años en los que el gobierno anterior no mostró la más mínima vocación para el diálogo y, por el contrario, se puso al lado de la gran inversión privada, sin recoger las preocupaciones y demandas de la población.

La imposición del nuevo gravamen significará ma-yores recursos para el tesoro público, sin embargo, algunos expertos han señalado que esto podría traer consigo la disminución de los ingresos de los go-biernos regionales y locales por concepto de canon, debido al nuevo diseño impositivo que se ha previs-to. Este hecho generará tensiones entre los gobier-nos regionales -que hasta la fecha han mostrado poca capacidad de gasto- y el gobierno nacional, que busca tener la mayor cantidad de recursos para cumplir con sus promesas de inclusión social.

De otro lado, la consulta previa a los pueblos indíge-nas significa un hito en la historia de la lucha por los derechos en nuestro país, pero a la vez un enorme reto para el Estado y para los mismos pueblos in-dígenas, ya que implica no sólo reformas institucio-nales, sino un cambio de actitud, luego de casi dos décadas de confrontación permanente.

En nuestra región, siempre se ha dicho que la con-sulta previa no es aplicable porque la gente no se

reconoce como indígena –salvo en las comunidades nativas de San Ignacio y Jaén- y porque nadie ha-bla quechua, aunque existen algunas comunidades campesinas, a las que la ley abre la posibilidad de ser sujeto de este derecho. Pero es posible que con el paso del tiempo, y si la norma demuestra éxito, emerjan antiguas identidades o que algunas organi-zaciones se reinventen como el caso de las Rondas Campesinas.

Frente a esto, hay voces que desde el gremio mine-ro, han comenzado a dar un discurso que niega el derecho a que las comunidades campesinas de la sierra tengan derecho a la consulta previa, e incluso hay quienes como Roque Benavides, hombre fuer-te de Buenaventura, han argumentado que las co-munidades serían una consecuencia del proceso de Reforma Agraria de 1969, incurriendo en una falacia histórica, y desconociendo la compleja relación en-tre los pueblos indígenas y el Estado a lo largo de casi dos siglos de república.

Creemos que es importante no caer en posiciones maximalistas de ningún lado, ni meramente jurídicas y mucho menos que se confunda a la población, al decir que la consulta previa es un derecho al que to-dos podemos apelar y que se reduce a referéndums, consultas vecinales o asambleas en las que se dice “No a la minería”.

La consulta previa abre un nuevo momento y si el Estado -en particular el Viceministerio de Intercultu-ralidad- no cumple con dar los pasos que correspon-den para su correcta aplicación, como el proceso de identificación y registro, lo único que tendremos en adelante serán más conflictos. Esperamos que eso no ocurra.

Cajamarca Octubre 2011

Nro. 37

PresidenteAsociación SERRoger Agüero Pittman

Comité editorialMaría Luisa BurneoRonald OrdóñezPaulo Vilca

DirectorJavier Torres Seoane

EditorChristian Reynoso

ReporterosJuan ArribasplataLeonidas Ramos

ColumnistasMirtha VásquezMiguel GarnettFernando RomeroRicardo Morel

FotografiaAsociación SER

Distribución, ventas y publicidadCajamarca: Pilar Cabanillas076 368710995053788

Lima: Clarita Espinoza01 4727937 995053868

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Voceses unapublicaciónde laAsociaciónSER

OficinasLima:Jr. Mayta Capac 1329 Jesús María01 472 7937www.ser.org.pe

Cajamarca:Jr. Sullana 270 – 2do piso076 [email protected]

Las opiniones expresadas en los artículos firmados no representan necesariamente la posición editorial de la revista.

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ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

Aguas movidas

JAVIER TORRES SEOANE

Luego de varios meses en los que el debate central sobre la minería en Cajamarca había estado enfocado a la discusión entre el gremio empresarial y el gobierno regional sobre el proceso de Zonificación Económica Ecológica (ZEE), el eje del debate ha sufrido un cambio. Hemos ingresado a una dinámica de movilizaciones y protestas relacionadas al uso del agua que hace Minera Yanacocha y a los problemas de desabastecimiento y contaminación del recurso en la provincia de Cajamarca.

El tema no es nuevo, ha sido parte de la agenda de algunos actores críticos al sector minero, como

Marco Arana de GRUFIDES, quien luego de su frustrado intento de inter-venir en la arena electoral, ha regresa-do a Cajamarca con una postura crítica al presidente regional Gregorio Santos. Éste ha tenido señales poco claras fren-te al gremio minero, incluso retirando de su funciones al gerente de Recursos Naturales, Sergio Sánchez, quien había liderado el proceso de ZEE y que aho-ra, liberado de la función pública, se ha convertido en un protagonista habitual en las diferentes acciones de vigilancia de las comunidades y rondas campesi-nas en relación al recurso agua.

El problema y las denuncias por el tema del agua, también tienen a otro actor en el Congresista Jorge Rimara-chín, que desde hace buen tiempo vie-ne denunciando a la empresa pública

Presidente regional, Gregorio Santos en cerro Quilish. Tras perder liderazgo ha retomado las movilizaciones por el agua, contando para ello además con la base del Sute-Cajamarca.

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de saneamiento SEDACAJ por irregu-laridades y acuerdos bajo la mesa con Minera Yanacocha. Ante esta situa-ción, el presidente regional ha tenido que reaccionar y ponerse a la cabeza de las movilizaciones por el agua, con-tando para ello además con la base del Sute-Cajamarca, siempre orgánica al mandato de su líder.

Sin embargo, además de esta compe-tencia de carácter político por el lide-razgo del movimiento social crítico a la minería, lo que reactivó el conflicto por el agua, fueron las diferentes seña-les que Minera Yanacocha ha venido dando desde el mes de abril: el Vicepre-sidente de Operaciones Newmont Sud América, Carlos Santa Cruz, anunció en una presentación fuera del país, que el 2016 el proyecto minero Cerro Qui-lish entraría en funcionamiento. Este hecho generó la inmediata reacción y rechazo de diversos actores, comenzan-do por el presidente regional, frente a lo cual la empresa sólo guardó silencio.

A esto se sumó el rumor sobre equi-pos de relaciones comunitarias de la empresa que venían acercándose a los pobladores de la zona para convencer-los de las bondades del proyecto, que siete años atrás generó el rechazo ge-neralizado de la población del lugar y de la ciudad de Cajamarca. Por último, un grupo de activistas, pobladores y au-toridades constató in situ –en las con-memoraciones de la defensa del cerro Quilish– la presencia de la minera en la zona.

Algunas preguntas que surgen de inmediato son: ¿Tiene alguna viabili-dad un proyecto frente al cual hubo un rechazo masivo? ¿Tanto ha cambiado la opinión de la población sobre Mi-nera Yanacocha? ¿No era acaso el Ce-rro Quilish el límite simbólico que la población había puesto a la actividad minera en la región? Parecería ser que la evaluación de la empresa es bastante optimista, quizá pensando en el éxito que tuvo la empresa de comunicacio-nes Toronja en el logro de la licencia social y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que Yana-

5OPINIÓN

Buenos anuncios:sólo son el primer paso

El mensaje del Presidente del Consejo de Ministros ha sido bien recibido por los más

diversos sectores; prueba de ello ha sido que todas las bancadas par-lamentarias, salvo el fujimorismo, le han dado su voto de confianza. La presentación del Gabinete en el Congreso junto a las acciones de los primeros 45 días del nuevo go-bierno, en términos generales, deja una buena impresión. Ha mostrado la decisión de cumplir con las pro-mesas de Gana Perú, y ahora queda iniciar la implementación de las pro-puestas contenidas en ese mensaje.

Por lo anunciado, el gobierno ha priorizado la implementación de medidas dirigidas a atender en primer lugar las necesidades de las poblaciones que viven en situación de pobreza o de quienes han sido desatendidos. Atacar la desnutrición infantil, ampliar la cobertura de la educación inicial y de los servicios de energía eléctrica son acciones que, de cumplirse incorporando un en-foque intercultural, van a producir cambios efectivos en las condiciones de vida de quienes viven en situación de pobreza, principalmente en el área rural.

El anuncio del reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobier-nos Regionales, el gravamen que reemplazará el “óbolo minero” y la promulgación de la Ley de Con-

sulta Previa son otras señales de la disposición a producir cambios en la forma de gobernar. Una relación de cooperación entre los tres niveles de gobierno es clave para que la acción del Estado llegue a toda la población y responda a las distintas realidades. Reconocer el derecho de los pueblos indígenas amazónicos y andinos a ser consultados es un paso impor-tante en el camino de superación de la desconfianza existente frente al Estado.

Pero, sería un error pensar que estas medidas son suficientes para vencer las que existen en el país. Hay que superar la mirada capita-lina con la que se implementan las políticas sociales. Debe cuestionar-se cualquier sesgo asistencialista y hacer el mayor esfuerzo para que predominen los programas dirigi-dos a crear condiciones locales que fomenten la organización social y la generación de ingresos. Hay que trasladar competencias y recursos a los gobiernos subnacionales y com-prometerse de verdad en el fortale-cimiento de sus capacidades. Hay que demostrar que efectivamente no se van a permitir inversiones que atenten contra la biodiversidad y los derechos humanos y que se va avanzar en los cambios necesarios para que nuestra economía no de-penda, como sucede hoy, del precio internacional de nuestras materias primas.

OJOS ABIERTOS

FERNANDO ROMERO

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En su reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Humala hizo explícita referencia a la decisión del gobierno nacional de promover un proceso de Ordenamiento Territorial

Sergio Sánchez, ex gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional, se ha convertido en un protagonista habitual en las diferentes acciones de vigilancia en relación al recurso agua.

Carlos Santa Cruz, Vicepresidente de Operaciones Newmont Sud América, anunció que el 2016 el proyecto minero Cerro Quilish entraría en funcionamiento.

Congresista Jorge Rimarachín, viene denunciando a SEDACAJ por irregularidades y acuerdos bajo la mesa con Minera Yanacocha.

ANÁLISIS POLÍTICO REGIONAL

cocha le encargó que hiciera para el proyecto Minas Conga, con el lema de “El agua primero, la mina después”.

Minas Conga: proyecto clave

Minas Conga, como lo ha afirmado Carlos Santa Cruz, es un proyecto clave para la continuidad de Minera Yanaco-cha, que cuenta con reservas aproxima-das de 12 millones de onzas de oro y 3 mil millones de libras de cobre. Asimis-mo, su desarrollo es clave para las po-líticas de captación de nuevos ingresos para el tesoro público, en un contexto en el cual el gobierno nacional ha rea-firmado la apuesta por la promoción de la gran inversión minera.

Pero Minas Conga tiene sus críticos y detractores, entre los cuales se cuentan Arana, Sánchez y la Plataforma Inte-rinstitucional de Celendín, que viene cuestionando incluso las condiciones en las que se dio la aprobación del EIA. También cuestionan que la política de construcción de reservorios de agua funcione como una suerte de canje por las lagunas que desaparecerán con el desarrollo del proyecto, argumentando que no es suficiente compensación a los impactos que generará.

Frente a esta situación la empresa ha respondido, como es su costumbre, señalando que todo está en regla, que las acusaciones son falsas y deben ser probadas, y que cuentan con la apro-bación de las comunidades realmente afectadas. Mientras tanto, la posición del gobierno regional ha sido, en un inicio, un tanto ambigua. Pero el pre-sidente Gregorio Santos ha dado un giro –probablemente como una mane-ra de mantener su liderazgo y opacar el

creciente protagonismo de Sánchez y el retorno de Arana a la escena regio-nal–, exigiendo que se revise el EIA y dando declaraciones que cuestionan los acuerdos a los que la empresa había lle-gado con las comunidades.

Nadie sabe para quién trabaja

Mientras esto ocurre en Cajamar-ca, en el gobierno nacional todavía no hay claridad sobre cómo se va a mane-jar los cuestionamientos a los diversos proyectos mineros. La negociación con las mineras para el cobro del gravamen ha mostrado que el Presidente Ollanta Humala tiene la iniciativa política fren-te a un gremio empresarial que no logra adecuarse del todo al nuevo contexto. Sus representantes pasan de expre-sar su voluntad para colaborar con las políticas de inclusión social, a buscar por todos los medios que no haya ma-yores cambios en la política del sector Energía y Minas. En este contexto, el Ministerio del Ambiente, con Ricardo Giesecke a la cabeza, y sus viceminis-tros Hubo Cabieses y José De Echave están planteando la reforma del sistema de evaluación ambiental, que es perci-bida como una amenaza por el sector minero.

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Pero en Energía y Minas los vientos de cambio aún no han llegado. El mi-nistro Carlos Herrera Descalzi anda más concentrado en temas energéticos mientras que la viceministra Susana Vilca, ex congresista por Puno, no ha planteado nada nuevo. La plana de Alta Dirección sigue siendo la misma y, como se ha recordado en las últimas semanas, el Director General de Asun-tos Ambientales Mineros es Felipe Ra-mírez, quien fuera Gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Yana-cocha entre los años 2006 y 2009; y aún se le recuerda cuando acompañaba las vigilias a favor de la empresa en me-dio del conflicto de Combayo en agosto del 2006.

Con todo ello, cabe preguntarse, ¿qué sector será el que imponga la nueva po-lítica en dicha materia? Es algo que to-davía está por verse. Sin embargo, un dato interesante es que en su recien-te discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Huma-la hizo explícita referencia a la decisión del gobierno nacional de promover un proceso de Ordenamiento Territorial (OT) donde los gobiernos regionales establezcan en qué zonas se haría agri-cultura y en cuáles minería.

Lo curioso es que en un contexto en el que el gobierno nacional es favorable a los procesos de ZEE y OT, el gobierno regional haya optado por el canal de la movilización social y no por el proceso institucional (la ZEE-OT de Cajamar-ca) que la anterior gestión promovió –y que el actual Consejo Regional ratificó a pesar de las presiones del gobierno de García y las críticas de su Ministro Brack–. Pero la ZEE-OT, luego de la salida de Sergio Sánchez, ha perdido el impulso con el que venía desarrollán-dose. Quizá Gregorio Santos debería reevaluar el tema, ya que como bien sabemos, el conflicto llevado a las ca-lles no lleva a soluciones. A la larga, ello genera un gran desgaste que las empresas con gran poder como Yana-cocha pueden soportar y enfrentar in-cluso revirtiendo las críticas, sobre todo cuando quienes atacan a la minería no plantean alternativa alguna.

7OPINIÓN

¿“Petroaudios” o “mineroaudios”?

La quincena de agosto re-cibí una notificación de la Segunda Sala especializa-

da en delitos de Corrupción de Lima que tramita el caso Bussines Track (BTR), en la que se me cita-ba a declarar como parte agravia-da. Sí, resulta que en este escan-daloso caso, GRUFIDES y varios miembros de la institución somos agraviados, pues por largo tiem-po, por lo menos desde el 2006, habríamos sido interceptados en nuestras comunicaciones por par-te de esta empresa.

Pero ¿quién es BTR o porque estuvo interesada en las comuni-caciones de una organización de provincia? BTR no es más que una de las tantas empresas for-madas por los ex militares de los servicios de inteligencia de la época de Fujimori y Montesinos que luego de acabado el régimen se dedicaron a ofrecer servicios ilegales de interceptación y es-pionaje a favor de privados. En suma BTR sólo es una operadora de servicios que se dedica a violar comunicaciones a quien ofrece el mejor precio.

La Fiscalía Suprema que ve el caso insistió en mi presencia y de-claración, aduciendo que nosotros seríamos uno de los pocos casos consistentes, y es que al margen del escándalo de Rómulo León y Alberto Quimper por el que este caso fue bautizado como el de

los “petroaudios”, parece que los principales clientes de estas em-presas no eran las petroleras sino las empresas mineras. La lista de agraviados a quienes se ha inter-ceptado de manera permanente y sistemática incluye a gran número de organizaciones y personas de-dicadas a la defensa de comunida-des afectadas por minería.

Llama la atención que los au-dios incautados que correspon-den a GRUFIDES, son de las mismas fechas en que se realizó el operativo de espionaje deno-minado “Diablo” en contra de nuestra institución. ¿Tienen rela-ción ambos hechos? Todo parece indicar que sí ya que se probó que el Operativo Diablo fue dirigido por FORZA -la empresa que le brindaba seguridad a Minera Ya-nacocha-, que a su vez era cliente de BTR. Además, Wilson Gómez Barrios que dirige FORZA es pa-dre de los hijos de Giselle Gianot-ti, la misma que era una de las principales operadoras de BTR.

Más allá de los operadores, im-porta saber quiénes están detrás del asunto, quiénes pagaron por la información. En ese sentido, nos preguntamos si la justicia será capaz de actuar con firmeza en este caso e ir a la médula del asunto o será que los delitos de importantes inversionistas en este país tienen el privilegio de que-dar impunes.

CAVILANDO

MIRTHA VÁSQUEZ

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ENTREVISTA POLÍTICA

Santiago Pedraglio, reconocido periodista y analista político, columnista de Perú 21, hace un balance del nuevo gobierno y opina sobre otros temas como la conflictividad social, la sierra productiva y el “perro del hortelano”.

CHRISTIAN REYNOSO

¿Qué evaluación o puntos a destacar se pueden tener a dos meses del nuevo gobierno?

El primer balance es positivo, aunque recién hayan pasado dos meses de ges-tión. Se ha compuesto un gobierno de ancha base con sectores nacionalistas e izquierdistas, con militares muy vin-culados al presidente y un sector de la derecha como es el caso del Ministro de Economía. Un punto importante es el viraje del eje de la política peruana, de haber estado anclada en la derecha en los últimos veinte años, el vértice se ha movido a una centroizquierda modera-da. A esto se suma que Ollanta Humala ha comenzado cumpliendo con algunos compromisos: el gravamen minero, la Pensión 65, el Lote 88 de Camisea que está a punto de salir, entre otros. Es in-teresante que el Presidente no aparezca en primer plano, dando mayor protago-nismo al primer ministro, que es un esti-lo bastante diferente al de Alan García.

¿El perfil de centro izquierda se va a mantener?

Eso es muy difícil de decirlo porque no hay un partido político detrás. La inexistencia de partidos políticos en el Perú hace muy precaria y de escasa previsión la política peruana. Lo que se espera es eso, que se mantenga este centroizquierda moderado pero es di-fícil asegurarlo porque hay presiones muy fuertes, hay tensiones de la crisis mundial que no sabemos cuánto pueda golpear al Perú. Además hay una oposi-ción mediática muy fuerte que creo que

“El gobierno debe replantearse el modelo de explotación extractiva”

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ENTREVISTA POLÍTICA

Estilo diferente. “Es interesante que el Presidente no aparezca en primer plano, dando mayor protagonismo al primer ministro Lerner”, opina Pedraglio.

Así como lo han planteado no me pa-rece bien, no se puede decir que se va a investigar “todo” el gobierno de García. Se deben precisar y fundamentar cuáles son los rubros que se quiere investigar porque hay indicios serios y rigurosos sino va a ser como buscar de todo bajo la alfombra. Además, políticamente, va a ser un favor para García, porque lo convierte inmediatamente en cabeza de oposición. Cada cosa que no le prueben va a ser un punto a favor suyo.

Sierra productiva y gravamen minero

En una de tus últimas columnas hablas del potencial de la sierra. ¿Por qué sigue postergada en relación a la costa?

La sierra es invisible para la elite de Lima y de las capitales de departamen-to que son centralistas, entonces no se percibe el potencial que existe y hay razones de sobra para dejar de seguir mirando a la sierra como simplemen-te minera y eventualmente petrolera y algunos capullitos para la exportación. Hay que mirar y reprogramar la imagen productiva del país desde la sierra.

El “perro del hortelano” está instalado, es parte de una medida cultural e ideológica, es como un autorretrato que está deformado y que hay que reprogramar.

apuesta a que el gobierno fracase con Correo y Expreso como cabezas más vi-sibles, pero no sólo son ellos, y un sector del fujimorismo.

Pasando a un tema que preocupa a la región, ¿cómo cree que el gobierno manejará los conflictos sociales?

Me parece clave que el Estado deba dar señales de que es dialogante, que no quiere decir débil. Es decir, un Estado que se coloque no siempre del lado de la inversión, sino que puede colocarse en el centro y actuar como un regu-lador y dar a veces la razón a unos y a otros. Un Estado que tenga capacidad para anticiparse y que maneje una polí-tica de garantizar derechos.

En ese sentido, ¿qué opinas de la reciente promulgada Ley de Consulta Previa? ¿Ayudará a evitar conflictos?

Es un gran avance. Y creo que va a terminar siendo de aplicación extensiva porque mucha gente va a sentir que se le tiene que consultar, aunque no sean pueblos indígenas u originarios. En ese sentido, el gobierno debe replantearse el modelo de explotación extractiva. El Perú tiene que seguir explotando mine-ría pero el asunto es cómo vas a hacer-lo. Allí está el tema. Entonces Estado, inversión, medio ambiente y población son elementos claves para el rediseño de una política porque durante los úl-timos años se ha venido construyendo un sentimiento anti minero en grandes sectores a consecuencia de la política del “perro del hortelano”. Y García ha sido uno de los principales agitadores y propagandistas de este sentimiento y cambiar eso me parece un gran reto.

¿Hay que desterrar la idea del “perro del hortelano”?

Yo creo que sí pero será difícil porque ese “perro del hortelano” está instalado, es parte de una medida cultural e ideo-lógica, es como un autorretrato que está deformado y que hay que reprogramar.

Se va a investigar a García. ¿Qué opina?

En cuanto al gravamen minero, ¿es lo mejor que se podía conseguir?

Siempre puede ser mejor, pero de los 500 millones que recaudaba el gobierno aprista bajo el modelo del óbolo a los 2800 millones o lo que finalmente se recaude me parece bien. Es un avance importante. Eso casi llega a ser el 0.8% del PBI. Esto expresa la fuerza que tiene el tema del gobierno y la inversión.

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INFORME

Expansión minera y gestión estatal de los conflictos

Iniciado el nuevo gobierno, uno de los temas centrales de la agenda política es el de los conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas. En esté breve artículo plantearemos, de manera general, algunos de los temas abordados en las propuestas para la gestión estatal de conflictos que ha elaborado la Asociación SER.1

De acuerdo a la percepción de la población2, entre “lo peor” de la gestión del presidente Alan

García, el manejo de los conflictos se ubica en tercer lugar con un 28%, de-trás de la corrupción y la delincuencia. Así durante su gobierno aumentaron los conflictos –de 70 en el 2005 (14 so-cioambientales) a 246 en el 2010 (117 socioambientales)–3 y ocurrieron los penosos hechos de Bagua, Tía María y Puno. La gran mayoría de medios de comunicación tiende a mostrar la foto del conflicto –y de sus protagonistas–, pero ello no ayuda a comprender por qué se genera descontento en la pobla-ción ante la presencia de un proyecto extractivo de gran escala, o incluso, cuando sólo existe la concesión minera.

Conflictos mineros por usos y ocupa-ción del territorio4

Los problemas que están en la base de este tipo de conflictos trascienden el ámbito local y los intereses de los actores directamente involucrados. No se trata sólo de llegar a acuerdos sobre cómo se distribuirá la futura renta ex-tractiva, el acceso a los recursos de un fondo social o los futuros puestos de trabajo. Esta es una parte importante

Pobladores cajamarquinos en cerro Quillish celebran los 7 años de resistencia a la explotación minera en dicha zona. Además, el Quillish es la principal fuente de agua para Cajamarca.

VOCES

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INFORME

del asunto, pero no es la única. Desde que la población conoce que el área que habita está concesionada; o peor aún, desde que el personal de un pro-yecto minero llega buscando lograr el acuerdo con el propietario del terreno para explorar, el descontento y la incer-tidumbre que se genera tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho que la comunidad ha estado al margen del proceso de toma de decisiones sobre el futuro de ese territorio.

Según diversas entrevistas realizadas en zonas de expansión minera, la pobla-ción percibe la existencia de las conce-siones como una amenaza o una luz de alerta que anuncia que su entorno y su forma de vida podrían verse afectados; no sólo a nivel geográfico (paisaje, re-moción de tierras, uso de aguas, etc.), o por el riesgo de contaminación, sino también por los cambios institucionales y socioeconómicos (reubicación, pérdida de capital social, fracturas sociales por diferencias frente a la minería, fragmen-tación territorial, surgimiento de nue-vos liderazgos, conflictos y tensión en la zona, riesgos e inseguridad y otros).5

A ello se suma que la población ha

tenido muy poca o ninguna información sobre: 1) Qué implica que la zona esté concesionada; 2) Cuáles son los pasos que debe seguir una empresa que llega a hacer exploración; 3) Cuáles son sus derechos como propietarios de la tierra; 4) Cuáles son las etapas del proyecto y

las formas de participación en cada una; 5) A dónde acudir en caso de verse afec-tados por alguna acción del proyecto, de tener reclamos o dudas sobre la marcha de éste; entre otros temas.

Conversado con algunos funciona-rios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), queda en evidencia que su apreciación es que estos son temores infundados o inculcados por agentes externos que buscan manipular a la población y que la empresa no ha he-cho bien su tarea de informar.6 Nuestro punto de vista es que ésta es responsa-bilidad del Estado, que debe asumir un papel mucho más activo y coordinado entre el gobierno nacional y los go-biernos regionales, requiriéndose una política de comunicaciones que defina funciones entre las distintas instancias involucradas. Sin embargo, si bien el acceso a la información es central, no es suficiente para mejorar el tratamien-to de este tipo de conflicto.7

La forma en que se viene implemen-tando la participación ciudadana tam-bién genera descontento entre la pobla-ción. Ello tiene que ver la concepción misma que se tiene de este derecho en el sector minero, que la considera, bá-sicamente, como “entrega y recepción de información”.8 El derecho de partici-pación ciudadana implica una relación con el Estado en la que los ciudadanos y ciudadanas son parte de un proce-so de toma de decisiones sobre asun-

tos públicos. Sin embargo, el MINEM aprueba el plan de participación ciu-dadana elaborado por la empresa que incluye mecanismos de participación listados en el reglamento del sector –varios de los cuales son solo mecanis-mos de información– y define a quienes alcanzará este derecho.

La “privatización” de la participa-ción ciudadana genera desconfianza en la población, a lo que se suma la falta de vías institucionales para canalizar los desacuerdos, dudas o reclamos que se dan a lo largo de la exploración, y que al acumularse, empeoran la situa-ción. De otro lado, la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, siendo una norma de suma importancia, no se aplicará en todos los casos (ni ámbitos) donde se busca extraer mineral, y no excluye la necesidad de hacer cambios y modificaciones en las normas de par-ticipación ciudadana.

Otro problema es el de las compe-tencias de cada nivel de gobierno. Los gobiernos regionales reclaman mayor participación en varios momentos de la “ruta” de un proyecto minero. Algunos argumentan que deberían tener una ma-yor participación en la aprobación de los petitorios de concesiones mineras; otros, que deberían ser consultados para emitir opinión técnica. Uno de los pro-blemas que hace difícil un accionar más ordenado es la falta de coordinación en-tre el ejecutivo nacional y los gobiernos

Caricaturizando un poco, para las empresas la ZEE-OT es una amenaza para la expansión de sus operaciones, o un instrumento manejado políticamente para oponerse a la minería

Panorámica de las operaciones que se realizan en Minera Yanacocha.

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INFORME

Según diversas entrevistas realizadas en zonas de expansión minera, la población percibe la existencia de las concesiones como una amenaza o una luz de alerta que anuncia que su entorno y su forma de vida podrían verse afectados.

subnacionales. Conocemos testimonios de funcionarios regionales y locales que señalan que ni el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ni el MINEM coordinan con ellos, y que por dicha razón deben buscar la publica-ción oficial respectiva en el diario oficial o alguno de circulación local, para ha-cer seguimiento a las concesiones en sus ámbitos de gobierno.

Los últimos conflictos evidencian que se ha llegado a una situación lími-te, y por tanto. INGEMMET debe re-formular su política de información, así como el mecanismo de entrega de con-cesiones, que debería contar con mayor consulta a sectores o entidades espe-cializadas del Estado –entre ellas, el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entre otras-. Y en los casos donde los gobiernos regionales tengan una Zoni-ficación Ecológica y Económica (ZEE) aprobada o planes de Ordenamiento Territorial (OT), estos instrumentos deberían ser tomados en cuenta para evaluar la entrega de una concesión. El diseño institucional es un tema clave y una mejor articulación intersectorial e intergubernamental contribuiría a re-ducir el desorden y la conflictividad.

Un último tema que queremos se-ñalar es el de la ZEE y OT.9 Son varios los sentidos comunes que se han cons-truido al respecto. Caricaturizando un poco, para las empresas la ZEE-OT es una amenaza para la expansión de sus operaciones, o un instrumento mane-jado políticamente para oponerse a la minería.10 Para algunos gobiernos re-gionales, la ZEE es el instrumento para entrar a un proceso de negociación tanto con el gobierno nacional como con el sector privado. Para ciertos sec-tores de la población de zonas rurales de expansión minera, la ZEE-OT gene-ra la expectativa de ser un instrumento que podría frenar la minería.

La negociación no será fácil: como ha señalado más de un especialista, estos procesos no tendrán mucho sentido sin un consenso amplio entre los diversos actores económicos y políticos. El go-bierno del presidente García, a través del MINAM, cuestionó procesos regio-nales de ZEE-OT, como el de Cajamar-ca, y se crearon nuevas tensiones entre los niveles de gobierno y las empresas. La nueva gestión tendrá que mejorar estas relaciones y revisar la propuesta “Estrategia nacional para un ordena-miento territorial”, resolución del MI-NAM (Junio, 2011) que plantea que éste otorgue “conformidad técnica” a los procesos subnacionales, restándole poder a las regiones. Esta norma debe-ría apuntar a fortalecer la coordinación y el rol de asistencia técnica del MI-NAM y no generar mayores distancias.

Como hemos visto, son varios los temas de la política minera que hace falta revisar. La Ley de Consulta Pre-via y el Ordenamiento Territorial son parte fundamental dentro de un con-junto de cambios necesarios. Asimis-mo, el actual gobierno deberá trabajar para mejorar sustancialmente la gestión misma de los conflictos. La Oficina de Gestión de Conflictos de la Presiden-cia del Consejo de Ministros tendrá que elaborar reformas para una mayor coordinación con los gobiernos regio-nales, ampliar capacidades de análisis y desarrollar estrategias multisectoriales, hasta ahora inexistentes.

Pobladores de la comunidad de San Andrés de Negritos del distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca en la plaza de Armas de Cajamarca protestan por el uso de sus tierras por parte de las empresas mineras, entre ellas Yanacocha.

1 “Recomendaciones para la gestión estatal de los conflictos. Conflictos mineros por usos y ocupación del territorio”. Aso-ciación Servicios Educativos Rurales (SER). Lima, 2011.

2 Encuesta urbana nacional de Ipsos Apoyo, julio de 2011. http://www.rpp.com.pe/2011-07-17-ipsos-apoyo-lo-bueno-y-lo-malo-del-gobierno-de-alan-garcia-noticia_385516.html

3 Reportes de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, años 2005 – 2010.

4 Así hemos llamado a aquellos conflictos vinculados con la expansión de la gran minería.

5 Programa de investigación Territorios, Conflicto y Desarrollo en los Andes. Universidad de Manchester-CEPES. Archivos internos de la investigación, 2009. (www.cepes.org.pe). En-trevistas realizadas por equipos regionales de SER en Ayacu-cho, Cajamarca y Puno.

6 Esta afirmación se sustenta en el estudio realizado durante el 2010: “El Estado y la gestión del conflicto 2006-2011; conflictos mineros por usos del territorio”. Documento de trabajo disponible. Asociación SER, 2011.

7 Otro tema es que hay conflictos donde la población tiene, de manera mayoritaria, una postura frente al desarrollo de la minería en su zona (y no solo de un proyecto) no por falta de información, sino por la defensa de modos de vida, del control territorial o la protección de ecosistemas frágiles.

8 “La participación ciudadana en la minería peruana”. Oxfam internacional, 2009.

9 En la normativa peruana están relacionados ya que la ZEE está considerada como el insumo principal para la elabora-ción de planes del OT

10 Entrevistas realizadas en el marco del estudio “El Estado y la gestión del Conflicto 2006-2011; conflictos mineros por usos del territorio”. Documento de trabajo disponible. Aso-ciación SER, 2011.

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ENTREVISTA

“Minas Conga va a ser el nuevo espacio del conflicto socio ambiental”

Marco Arana, conocido crítico a la actividad minera y líder de “Tierra y Libertad”, opina sobre las primeras medidas del nuevo gobierno nacional y el trabajo que viene desarrollando el gobierno regional de Cajamarca. Además habla sobre dos proyectos claves para Minera Yanacocha: Minas Conga y Cerro Quilish.

CHRISTIAN REYNOSO

¿Qué nos puede decir de estos primeros meses del gobierno de Ollanta Humala?

Estamos ante un nuevo escenario. Los anuncios del primer ministro Ler-ner en el Congreso expresan un nue-vo lenguaje cuando dice, por ejemplo, que todas las políticas públicas ten-drán un enfoque de cambio climático y sostenibilidad ecológica. Antes ningún ministro ha hablado así en el país. En-tonces la pregunta es: ¿Cuánto de eso se implementará? Eso lo sabremos en los próximos meses porque todavía es muy pronto para decir que la conflic-tividad social en el país ha disminuido.

¿Habrá la capacidad necesaria para poder implementar todo lo ofrecido?

Hay que tener en cuenta que este es un gobierno que no ha llegado con el respaldo y la legitimidad política para hacer todos los cambios que ha dicho. En principio hay un problema de equi-librio de poderes sobre todo con los grupos empresariales. Por ejemplo, el hecho de que se promulgue la Ley de Consulta y que luego Roque Benavi-des diga que las comunidades “no exis-ten” o “no tienen derecho” o que diga que ya permitieron la Ley de Consulta, el gravamen y ahora esperan que el go-bierno sea su mejor aliado. Entonces, ¿qué implica eso? Un segundo tema es, de capacidades. ¿Hay el personal técnico y político para introducir re-formas de este tamaño? ¿Cómo se van a hacer? ¿Quién tiene la potestad de hacerlo? En ese sentido, podría haber

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ENTREVISTA

Laguna Azul en Celendín se encuentra amenazada de desaparecer con las actividades mineras del Proyecto Minas Conga.

“Santos debe retomar su liderazgo y no verse opacado por el vicepresidente Aliaga como ha sucedido en varias oportunidades”

un problema de competencias ministe-riales y profesionales.

Cajamarca es una región con muchos conflictos socio ambientales. ¿Qué evaluación tiene del trabajo del Gobierno Regional en los procesos de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT)?

En la gestión de Gregorio Santos hay dos momentos. El primero está marcado por la afirmación de conti-nuar con las políticas que implementó el gobierno regional anterior en ma-teria ambiental y en la gestión de la gerencia de Recursos Naturales y Me-dio Ambiente (RENAMA). Fue una excelente señal. También fue bueno que intentara liderar esos procesos no sólo en la región sino a nivel macro re-gional y nacional como cuando salió a defender su proceso de ZEE y OT que el ex Ministro Brack intentó recortar. Sin embargo, en un segundo momen-to, hay una presión de las empresas en relación a que esos procesos podrían limitar la expansión minera en la re-gión, y al mismo tiempo se produce

presión desde las comunidades que le piden que se pronuncie sobre proyec-tos concretos como el caso de Pulán, donde finalmente, logran arrancarle una declaración de protección de ca-beceras de cuenca en relación al Pro-yecto La Zanja, pese a no haber termi-nado el proceso de OT.

¿Cómo ha actuado el gobierno regional en medio de estas presiones?

Por un lado tiene competencias pro-pias y un proceso de OT en curso, y de otro lado tiene limitaciones en sus competencias con respecto a la ley nacional. Entonces para salir del paso dice: “Nosotros no tenemos compe-tencias”, que en términos jurídicos-administrativos es cierto pero hay que recordar que Santos tiene un respaldo popular y su anclaje es el movimiento campesino, las rondas, los Frentes de Defensa, entonces es el momento en que se desengancha de esa dinámica y comienzan a dar señales erróneas. Esto está generando una tensión in-necesaria porque está menoscabando su legitimidad. En ese sentido, Santos debe retomar su liderazgo y no verse opacado por el vicepresidente Aliaga como ha sucedido en varias oportuni-dades, porque no asumió las decisio-nes que le tocaban como presidente.

Las conmemoraciones por los siete años de las movilizaciones en contra de la explotación del Cerro Quilish trajeron algunas sorpresas como las denuncias de desaparición de lagunas por parte de Minera Yanacocha.

Este año a diferencia de los ante-riores ha habido mayor participación de la gente. Es importante porque se ha vuelto a poner en primera plana el tema del derecho al agua y la minería en Cajamarca. Se ha visibilizado la destrucción de las fuentes de agua, se ha verificado que Cajamarca ya no se abastece de fuentes naturales sino de aguas tratadas y bombeadas, que gene-ran un terrible sobrecosto que nos hace preguntarnos: ¿Quién lo está pagando y qué pasará cuando se deje de bom-bear? Preguntas y cuestionamientos que han llevado a la renuncia del di-rectorio de SEDACAJ porque además han salido a la luz tratos oscuros entre esta empresa y Minera Yanacocha.

¿Es viable el proyecto Minas Conga tal como señala Minera Yanacocha?

Minas Conga está en la cabecera de cuenca y necesita mucha agua, mien-tras que los pobladores que serían afectados están exigiendo la prohibi-ción de la actividad minera, de modo que Minas Conga va a ser el nuevo espacio del conflicto socio ambiental en Cajamarca. Sería interesante que el gobierno nacional emita su opinión, en qué condiciones está esperando que Conga prospere o en qué condi-ciones debería ser revisado el proyecto porque es muy preocupante. A través de la plataforma interinstitucional de Celendín que agrupa a más de cua-renta instituciones, se supo que la au-diencia donde se aprobó el EIA había restringido la participación ciudadana, asimismo que no se realizaron estudios

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OPINIÓN

Los siete retos para una minería responsable

Con el ingreso de las nuevas autoridades en el Ejecutivo y Legislativo, encontramos va-

rios temas en la agenda minera que deben ser encarados y trabajados de manera participativa por todos los actores: Gobierno, sociedad civil y empresa. En el Instituto de Desa-rrollo Social los hemos denominado “Siete retos para una minería res-ponsable” y son los siguientes:

1. Consulta Previa: Ley reciente-mente promulgada. Hay gran discusión alrededor de ella, so-bre todo sobre si es “vinculante”, cuando en realidad la práctica nos enseña que ya es hora de hablar de “licencia social”, término que va más allá de la consulta y que de hecho es vinculante, pues si no se consigue apoyo social para un proyecto, éste resulta inviable.

2. Concesiones: Si bien el trabajo técnico que realiza el INGEM-MET es muy bueno, existen per-cepciones sobre la superposición de las concesiones con terrenos agrícolas, plazas e iglesias. Es pre-ferible hacer un alto y replantear el tema para evitar más conflictos.

3. Zonificación Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial: Pro-ceso clave que debe ser trabajado por todos los actores con criterios técnicos y no con el ánimo de vetar actividades, sino con el de promo-ver un real mejor uso del territorio.

4. Distribución de beneficios: La mayor parte de los conflictos en

el país nace de una mala distribu-ción de los beneficios que traen los proyectos mineros. Desde to-dos los actores debemos promover que éstos lleguen a los primeros anillos cercanos a los proyectos y asegurarnos que las poblaciones los reciban y perciban.

5. Monitoreo socio ambiental: Así

como ya es práctica común el monitoreo ambiental, debemos incorporar el seguimiento a los compromisos y temas sociales como parte del trabajo de todos los actores, reduciendo así las cau-sas de conflictos.

6. Estudios de Impacto Ambiental: Que deben pasar de ser un mero y costoso trámite para obtener la li-cencia en el ministerio a un proce-so participativo, que pueda servir como una verdadera herramienta de gestión y permita la construc-ción de capital social desde los inicios del proyecto.

7. Gestión descentralizada del con-flicto: Donde, desde la Presiden-cia del Consejo de Ministros se establezca la estrategia nacional y los conflictos se trabajen a nivel regional, actuando preventiva-mente y con conocimiento de la realidad de cada zona; logrando pensar globalmente y actuar local-mente.

Todos estos retos deben asu-

mirse, además, en un marco de legitimidad, legalidad, sostenibili-dad y viabilidad.

TENDIENDO PUENTES

RICARDO MOREL

hidrogeológicos o que iban a ser pre-sentados tres años después, también que se iban a destruir tres lagunas, que el director general de Asuntos Am-bientales del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el EIA fue ex ge-rente de Relaciones Comunitarias de Minera Yanacocha. Es decir, una serie de cosas que hacen que este proyecto no goce de legitimidad. Por ello, espe-ramos que pueda ser revisado por las instancias correspondientes.

¿Qué papel han venido desarrollando los congresistas de Cajamarca en estos temas?

Está claro que Jorge Rimarachín tie-ne una sintonía con los Frentes Regio-nales y sus demandas. El congresista Mesías Guevara ha presentado algu-nas iniciativas en relación al Quilish y los temas forestales y de reserva. Joa-quín Ramirez ha sorprendido grata-mente presentando un proyecto de ley para la intangibilidad del Quilish. La congresista Chacón brillando por su ausencia, y como sabemos haciendo lobby en Lima respecto a las empresas mineras. Mientras que de los congre-sistas Segundo Tapia y Cristóbal Llatas se conoce poco.

Has sido blanco de un atentado en Huancabamba, Piura. ¿Cree que es un hecho fortuito o parte de una estrategia en contra de los críticos a la minería?

Hay que admitir que desde que la actividad minera se ha instalado en el norte del país, hay un sector de la población que siente que tiene que respaldar esa actividad, que es legí-timo. Y por otro lado, hay sectores mayoritarios que no quieren expan-sión de la minería o ninguna minería como en Huancabamba. Allí, entre estas dos posiciones surge un conflic-to. Entonces me preocupa que haya una profundización de las estrategias de las mineras para enfrentarse ya no sólo socialmente sino delictivamente a la población, es decir, una especie de terrorismo minero.

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LOCAL

JUAN ARRIBASPLATA

El nuevo Hospital Regional y los médicos cubanos

Han pasado casi dos años desde que el ex presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel recibiera las escrituras del terreno de 5,551 hectáreas, para la construcción del nuevo Hospital Regional de Cajamarca con un área construida de 22,567 metros cuadrados y una inversión de 100 millones de soles financiada por el Gobierno Regional y la empresa privada.

Continuando con la obra, el nue-vo presidente regional, Grego-rio Santos se comprometió a

terminar la infraestructura. Asimismo, inició el equipamiento de los diversos ambientes con aparatos médicos de última generación, ya que según el ex-pediente técnico el Hospital está con-siderado en la categoría A-3. Con todo ello se estima que funcionará a más tardar a partir del mes de noviembre próximo. Así, en adelante funcionarán tanto el nuevo hospital como el anti-guo Hospital Regional de Salud.

En julio pasado, Santos y sus direc-tores regionales de Salud y Educación viajaron a Cuba. En reunión con el Ministro de Salud y el responsable de Salud para América Latina, de dicho país, se firmaron importantes acuerdos entre ellos, que 10 médicos cubanos vengan a trabajar a Cajamar-ca. Además se precisó que existen más de 50 médicos peruanos forma-dos en Cuba dispuestos a trabajar en el nuevo hospital. Santos también se preocupó en decir que nadie se que-daría sin trabajo.

Posiciones encontradas

Sin embargo, al parecer no todos estarían contentos. Diversas opinio-nes de trabajadores de la salud en Cajamarca, por un lado, destacan la importancia para nuestra región de la construcción del nuevo hospital que servirá para que mucha gente sea atendida sin tener que dirigirse a otros lugares, como viene sucediendo. “No podemos ponernos en contra de algo que es beneficioso para todos noso-tros. Este nuevo hospital tiene equipos de última generación, entonces tam-bién queremos médicos buenos como los que el presidente regional piensa traer de Cuba”, indicó Olinda Cabe-llos, técnica en enfermería.

Por otro lado, están las opiniones que expresan el desacuerdo de la ubicación del nuevo hospital, ya que resultará costoso trasladarse hasta dicho lugar. El hospital está ubicado en la urbani-zación Los Eucaliptos, en la zona de Mollepampa, a aproximadamente 15 a 20 minutos del centro de la ciudad. “Es una zona muy alejada y muchas de las personas que trabajan en salud no ga-nan lo suficiente para poder pagarse los pasajes hasta allí, en taxi todos los días, ya no saldrá a cuenta”, dijo otra técnica en enfermería, Gladis Villatty, además de cuestionar las obras inconclusas del acceso al hospital.

Ante ello, el director del Hospital Regional de Salud, Armando Alfa-ro Bazán, informó a Voces que se ha venido gestionando con la Municipa-lidad Provincial de Cajamarca la pavi-mentación de las principales calles que comunicarán al nuevo nosocomio. “Es competencia de la municipalidad as-

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faltar las calles para el acceso al nuevo hospital y realizar los trabajos de des-agüe para así empezar a trabajar”, ha dicho.

Paro de salud

Por estos motivos, el personal de salud realizó un paro el día 7 de sep-tiembre, exigiendo la nivelación de sus incentivos laborales para poder trasladarse a la zona del nuevo hos-pital. Demanda que aún no tiene respuesta de parte de las autoridades encargadas.

Pedro Pablo Vigo Limay, trabajador administrativo del Hospital Regional y ex candidato a la alcaldía por Ca-jamarca, señala que traer médicos cubanos es un insulto al profesio-nal peruano. “El médico peruano es muy competitivo no solamente en el Perú sino en el extranjero y está muy bien capacitado para desempeñarse en cualquier parte del mundo”, dijo. También mencionó que mantener el nuevo hospital será muy caro y que una consulta médica costaría un pro-medio de 20 soles, en comparación a los que cuesta en el antiguo hospital que sólo es de 5 soles. Ciertamente el precio de la consulta lo determinan las autoridades del sector a través de una resolución mientras que es el Go-bierno Regional quien tiene las facul-tades para la contratación de perso-nal calificado.

17OPINIÓN


Internet, la red social y twitter

El día 31 de julio, en La Re-pública, se publicó un artí-culo de Mario Vargas Llosa

titulado “Más información, menos conocimiento”. Fue una reflexión sobre el uso del internet y el des-uso de la lectura de libros. Claro está, el internet nos trae benefi-cios indiscutibles y don Mario pre-gunta: “¿Quién podría negar que es un avance casi milagroso que, ahora, en pocos segundos, hacien-do un pequeño clic con el ratón, un internauta recibe una informa-ción que hace pocos años le exigía semanas o meses de consultas en bibliotecas y a especialistas?” Este es el aspecto positivo del internet, y de otros medios contemporá-neos de comunicación.

Lamentablemente, hay lo nega-tivo. Se deja de lado el uso activo del cerebro. “¿Para qué mantener fresca y activa la memoria si toda ella está almacenada en algo que se ha llamado ‘la mejor y más grande biblioteca del mundo’?” Sin embargo, parece que está comprobado que el picotear en la computadora para extraer infor-mación va destruyendo la capaci-dad del cerebro de concentrarse, de pensar y de “construir estruc-turas estables de conocimientos”. Entonces, sucede con el cerebro lo que pasa con los músculos cuando no los usamos. Se atrofia. Venimos a depender más y más de una ayuda externa, sea para movilizarnos físicamente o para

pensar; y, “cuanto más inteligen-te sea nuestro ordenador (com-putadora), más tontos seremos”. Cabe notar que la falta de lectura no es sólo un problema peruano: durante los disturbios en Lon-dres hace un mes, los saqueado-res asaltaron tiendas de artefactos eléctricos y de ropa, pero no toca-ron las librerías.

Detrás de todo esto hay la idea de que la lectura es sólo para ex-traer información. No se lee por el placer de hacerlo o para enrique-cerse intelectual y culturalmente. Como sucede con la alimentación física; para mucha gente, la única importancia de la comida es que sirve de combustible. Entonces, lo más práctico es la comida de chatarra, servida en platos descar-tables, que se puede consumir ca-minando por la calle y conversan-do por celular ¡Cuán diferente es gozar de una buena comida, servi-da en porcelana, en un ambiente apacible y civilizado para sostener una conversación interesante e in-tercambio de ideas!

He hecho una referencia a los disturbios en Londres y éstos han revelado otro aspecto negativo de la red social y twitter. Ellos sirvie-ron para propagar noticias velo-ces de las revueltas y para animar a que las hagan en otros lugares. La maldad se extendió literal-mente como un incendio incon-trolable.

A OJO DE PÁJARO

MIGUEL GARNETT

El nuevo Hospital Regional de Cajamarca contará con ser-vicios de consultoría externa, emergencias, laboratorio clínico y emergencias, medicina física y rehabilitación, centro obstétrico y quirúrgico. Tendrá las especialida-des de ginecología pediatría, obs-tetricia, odontología, dermatolo-gía, entre otras. Contará con 185 camas, 5 salas quirúrgicas, 5 salas de partos y 48 consultorios.

Sabe que …

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LECTURAS RECOMENDADAS

En estos tiempos, Latinoamé-rica se caracteriza por la gran cantidad de protestas sociales,

que se dan, en los diversos países que la conforman. Desde México hasta Chile, ecologistas, defensores de de-rechos humanos, feministas, etcétera, han realizado acciones de protesta utilizando las más variadas formas como los cacerolazos, la caminata o la movilización. La respuesta estatal ha sido la criminalización, afectando de esta manera la libertad de expresión, valor fundamental en sociedades que se precian de ser democráticas y, en varios casos, la estigmatización de quienes lideran las mismas, de parte de los medios de comunicación hege-mónicos.

Esta es la trama argumental que articula el conjunto de artículos es-critos por profesionales dedicados a la comunicación social en 17 países latinoamericanos, reunidos en el tex-to “Vamos a portarnos mal”, Protes-ta social y libertad de expresión en América Latina, editado por Eleono-ra Rabinovich, Ana Magrini y Omar Rincón y publicado por el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina Frierich Ebert Sti-tung.

Protesta social y libertad de expresión

LEONIDAS RAMOS

Uno de los artículos “Mucha protes-ta, pocos cambios” escrito por Javier Torres Seoane, director de Noticias SER, versa sobre las dinámicas de la protesta en el Perú. Según plantea el autor, los más importantes movimien-tos sociales en los últimos años han sido el indígena amazónico, el de las poblaciones afectadas por la minería y los proyectos energéticos, y el mo-vimiento cocalero. Frente a éstos, To-rres sostiene que los grandes medios de comunicación han respondido con campañas de demolición mediante las cuales se han estigmatizado estas formas de acción social, mientras que el gobierno –principalmente en la se-gunda gestión de Alan García– tomó represalias contra las las organizacio-nes que apoyaron a los movilizados, además de cerrar medios de comuni-cación local que informaron sobre las protestas, asimismo intentó expulsar del país a misioneros extranjeros afi-nes a las poblaciones afectadas, todo ello como parte del discurso conocido como “El perro del hortelano”.

“Vamos a portarnos mal”Protesta Social y libertad de expresión en América Latina.Friedeich Ebert Stiftung Bogotá, 2011. 344 pp.

La ONPE ha publicado un va-lioso estudio sobre los con-flictos electorales registrados

en el ámbito local en el 2006. El primer capítulo define este tipo de conflicto; el siguiente es un análisis cuantitativo que intenta descubrir asociaciones estadísticas de este fenómeno con algunas variables es-tructurales y asimismo plantea sus posibles causas, mientras que el ter-cer capítulo revisa cinco casos en los que se realiza un análisis causal del fenómeno desde una perspecti-va cualitativa.

En cuanto a Cajamarca, esta es la región que más conflictos elec-torales registra con un número de 30 durante el 2006. Uno de estos casos, analizado en el libro se de-sarrolló en el distrito de Namora, donde varios partidos y sus militan-tes violentaron los centros de vota-ción y quemaron material electoral en protesta por la posible elección del candidato por Acción Popular, José Briones Dávila.

Conflictos electorales

Conflictos electorales en el ámbito local Estudio de las acciones violentas y elaboración de un mapa nacional.ONPE. Lima 2010.136 pp.

Lunes a Viernesde 9:00 a 10:00pm

ConduccónPedro Sánchez Legras

CAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCA

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