tema 4 - el reinado de alfonso xiii (1902 – 1931)

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TEMA 4: EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902 – 1931)

1 – El turno de partidos en la encrucijada (1902 – 1917).

A diferencia de su padre, Alfonso XIII, que alcanzó la mayoría de edad en 1902, se mostró dispuesto desde el inicio de su reinado a intervenir en el juego político ya no como árbitro entre partidos sino como protagonista activo, primando a unas facciones y castigando a otras. De hecho, buena parte de las crisis de gobierno durante este periodo se fraguaron en el palacio de Oriente. Entre 1902 y 1917 se sucedieron diez breves gobiernos en una encarnizada lucha por el liderazgo y la intervención del rey en querellas internas, lo cual acabó por poner fin al turno de partidos.

Al comenzar en siglo XX, varios cambios en el comportamiento electoral entorpecieron la confección del encasillado, el acuerdo por el que gobierno y oposición negociaban las candidaturas electorales. Los republicanos ganaron 35 escaños en las elecciones de 1903, la Lliga Regionalista avanzaba en Cataluña (rondaba los 15 diputados en 1911), Pablo Iglesias logró el primer escaño para el PSOE en 1910,…

Las facciones se hicieron más fuertes justo cuando la jefatura de los partidos se puso en cuestión tras la muerte de Cánovas y Sagasta. En la lucha por el liderazgo, los jefes de facción aprovecharon cualquier recurso para afianzar su posición (incluida una mayor implicación de la Corona en la vida política a petición del propio grupo, encontrando eco en Alfonso XIII).

I. Luchas por el liderazgo conservador.Entre diciembre de 1902 y junio de 1905 se sucedieron cinco breves

gobiernos conservadores presididos por Silvela, Villaverde, Maura, Azcárraga y, de nuevo, Villaverde. Fueron dos las razones que provocaron este rápido encadenamiento: la lucha por el liderazgo del partido entre Villaverde y Maura, y la intervención del rey en su contienda. El éxito de la política económica del gobierno de Silvela convirtió a Villaverde en la segunda autoridad del Partido Conservador, aunque este último veía a Silvela incapaz de pilotar una reforma política de altos vuelos.

Antonio Maura, político del Partido Liberal que defendía la descentralización administrativa, era el hombre que Silvela quería a su lado en la nueva etapa conservadora. Cuando Silvela formó gobierno, a finales de 1902, Maura ocupó el Ministerio de la Gobernación. Su irrupción dividió a las filas conservadoras: Villaverde encabezó la oposición al recién llegado.

Fue Maura quien ganó el pleito por el liderazgo cuando Silvela dimitió de la presidencia del gobierno y se retiró de la política en 1903, incapaz de impedir la división del partido. Maura obtuvo el apoyo de la mayoría conservadora en el Congreso, que prefirió su programa de reformas antes que la política de austeridad fiscal a ultranza. Aunque el rey designó a Villaverde para reemplazar a Silvela, la falta de apoyo parlamentario hizo que su gobierno fuera breve (de julio a diciembre de 1903). Fue entonces cuando Maura le sustituyó al frente del Consejo de Ministros.

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Maura llevó a las Cortes la reforma de la administración local y de la Ley Electoral, aunque no prosperaron porque dimitió tras un conflicto con Alfonso XIII. Las relaciones entre ambos no fueron buenas, hasta el punto de que el monarca designó al jefe del Estado Mayor del Ejército sin consultar al gobierno, a lo que Maura no firmó el nombramiento y dimitió. Tras un breve gobierno del general Azcárraga, que trató de mediar sin éxito entre mauristas y villaverdistas, el rey ofreció otra vez la presidencia a Villaverde en enero de 1905. Agotada la situación conservadora, Alfonso XIII llamó al gobierno a los liberales. Con la muerte de Villaverde un mes más tarde, Maura consolidó su liderazgo en el Partido Conservador.

También hubo cinco breves gobiernos liberales entre 1905 y 1907, estando el Partido Liberal dividido por dos cuestiones fundamentales: las relaciones con el ejército y con la Iglesia. Montero Ríos, Moret y Canalejas eran los mejor situados para heredar la jefatura liberal. Montero presidió el gobierno entre junio y noviembre de 1905, dimitiendo cuando un grupo de oficiales asaltó la redacción de dos periódicos catalanistas en protesta contra varios artículos críticos con la actuación militar en la guerra colonial.

Era la primera intervención del ejército en el plano político en décadas, a lo que exigió una ley que sometiera las ofensas a las fuerzas armadas y a la patria a la jurisdicción militar; lo cual fue respaldado por Alfonso XIII. Montero se negó a promover dicha ley, por lo que abandonó el gobierno. Le sucedió Moret, quien acató la voluntad del rey y de los militares, logrando que el Parlamento aprobara la Ley de Jurisdicciones.

El debate parlamentario sobre esta ley acentuaron las diferencias entre los liberales y Moret intentó que el rey le otorgara un nuevo decreto de disolución de las Cortes para convocar elecciones y conformar una mayoría más homogénea. Esta maniobra, rechazada por el resto del partido, forzó su salida del gobierno.

Desde julio de 1906 se sucedieron tres gabinetes, desbordados por la política frente a la Iglesia. Ante el considerable aumento de órdenes religiosas en nuestro país, Canalejas quería reducir su número mientras que Montero era partidario de no intervenir en ese tema. Moret, por su parte, quería negociar previamente cualquier decisión con la Santa Sede. Tras la caída del gobierno de Moret, Pérez Domínguez (alineado con Canalejas) asumió la presidencia del Consejo de Ministros.

Su proyecto de Ley de Asociaciones limitaba el número de órdenes y, pese a superar el paso por el Congreso, Moret mostró su disconformidad con el texto. Al conocer esta maniobra, Pérez Domínguez dimitió. Le sucedió Moret, aunque solamente gobernó cuatro días al retirarle su apoyo Canalejas y Montero Ríos en ambas cámaras. Ante la imposibilidad de ceder la presidencia del Consejo de Ministros a ningún jefe de las tres facciones sin desatar más hostilidades, el marqués de la Vega de Armijos relevó a Moret. No obstante, su gobierno apenas duró dos meses.

Retrasó cuanto pudo el debate de la Ley de Asociaciones, consciente de que un nuevo conflicto expulsaría al Partido Liberal del poder. Canalejas atajó esta táctica y, en enero de 1907, Vega de Armijo dimitió. A finales del mismo mes, Maura presidía el nuevo Consejo de Ministros.

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II. Aires de renovación: Maura y el nuevo liberalismo de Canalejas.Cuando Maura llegó al gobierno en enero de 1907 trató de llevar a la

práctica el programa político que no pudo desarrollar en 1904, lo que definió como “una revolución desde arriba”. Maura pensaba que si las clases medias no intervenían en política era porque se hallaban desmotivadas por la corrupción que se respiraba en el ambiente por lo que, para atraerlas, bastaría con atajar el caciquismo. Por este motivo aspiraba a renovar y moralizar la vida política con medidas como la reforma de la Ley Electoral o una descentralización de la administración para aproximarla a la ciudadanía.

En 1907 las Cortes respaldaron la nueva Ley Electoral. No pretendía democratizar las elecciones, sino depurar y moralizar los comicios. Tampoco modificó el mapa de distritos. Para evitar la corrupción de las elecciones, se limitó la participación de los partidos en su organización. Tareas como la elaboración del censo electoral dejaron de estar en manos de ayuntamientos y pasaron a ser competencia de instituciones técnicas como el Instituto Geográfico y Estadístico.

Para aumentar la participación se instauró el voto obligatorio, aunque su innovación más radical fue disponer que allí donde hubiera tantos candidatos como puestos a cubrir se designaran automáticamente, sin elección. Pese a todo, muchos de estos cambios fueron inocuos e incluso contraproducentes. La reforma pretendía erradicar con un cambio normativo los hábitos políticos y sociales que ya estaban muy arraigados aunque en nada afectó al poder de los caciques, que adaptaron sus prácticas a la nueva ley.

Por otro lado, Maura no consiguió que las Cortes aprobaran su reforma de la administración local. El proyecto reforzaba la autonomía de los municipios, les otorgaba de personalidad jurídica para adquirir, poseer o enajenar bienes y les cedía competencias en educación, seguridad ciudadana, obras públicas y sanidad. Sin embargo, no les ofrecía suficientes recursos económicos para desempeñar estas nuevas funciones. La discusión de este proyecto duró casi dos años, recibiendo más de 1.300 enmiendas; el gobierno cayó antes de terminar su trámite parlamentario.

El programa de Maura también incluía medidas para impulsar la economía nacional: Ley de Protección de la Industria Nacional, Ley de Construcciones Navales,… Los principales problemas para el gobierno vinieron de la política de orden público. Tras aumentar el número de atentados en Barcelona, Maura llevó a las Cortes la Ley de Represión del Terrorismo: permitía cerrar periódicos, castigaba a quienes propagaran ideas anarquistas,… Liberales, republicanos y socialistas, apoyados por la prensa, combatieron una medida que cercenaba las libertades; fraguándose así una coalición estable conocida como Bloque de las Izquierdas. Ante esta reacción pública, Maura retiró el proyecto.

La situación se complicó aún más para el gobierno en julio de 1909, tras acordarse en la Conferencia de Algeciras la tutela conjunta con Francia del sultanato de Marruecos. España debía controlar la región del Rif, que quería emanciparse de Marruecos, siendo preciso enviar tropas y reservistas a la zona tras el hostigamiento al ejército y las empresas españolas por parte de los independentistas. Las organizaciones obreras se movilizaron contra la contienda.

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En julio, al embarcar los soldados hacia África, estalló la revuelta en Barcelona: anarquistas y republicanos tomaron la ciudad y expulsaron a las fuerzas del orden durante una semana, conocida como la Semana Trágica. Hubo más de un centenar de muertos y un tercio de los edificios religiosos fueron incendiados. Hasta el 1 de agosto no reinó la calma. Miles de personas fueron detenidas, sentenciándose a 17 de ellas a condenas de muerte. El fusilamiento del anarquista Francisco Ferrer Guardia (fundador de la Escuela Moderna, con gran repercusión fuera de España) desató una campaña internacional a favor del indulto, acarreando una gran presión diplomática.

Tras su ejecución se convocaron cientos de manifestaciones en todo el mundo. En octubre, Moret, ahora líder del Partido Liberal, le acusó de emprender una represión desmedida que restaba prestigio al país, exigiendo al rey el uso de la prerrogativa regia, es decir, pidió un relevo en el gobierno.

Al tiempo, el Bloque de las Izquierdas llenó las calles de manifestantes al grito de “¡Maura no!”. Alfonso XIII, asustado por la presión internacional y temiendo una radicalización de los liberales, retiró su apoyo a Maura: en octubre de 1909 Moret presidía un nuevo gabinete. Por su parte, Maura consideró con este gesto que Alfonso XIII había cedido al chantaje liberal. A principios de 1910, el conde de Romanones insinuó al monarca que Moret carecía de un respaldo firme en su partido, lo que sirvió a Alfonso XIII de coartada para cesar a Moret y entregarle la presidencia del Consejo de Ministros a Canalejas.

Este inicio auguraba que la nueva etapa liberal sería igual de inestable que la anterior, aunque no fue así. Canalejas se hizo con los mandos del partido, mantuvo el equilibrio entre los notables y gobernó durante casi tres años. Luchó por actualizar el programa del Partido Liberal, bastante diluido entonces, inspirándose en el new liberalism que se extendía por Europa desde Gran Bretaña. En consonancia con los proyectos defendidos a principios de siglo, Canalejas llevó al Congreso en julio de 1910 un proyecto de ley que limitaba la creación de nuevas órdenes religiosas.

El proyecto de Canalejas, conocido como Ley Candado, agitó en la prensa y en la calle a los partidos y asociaciones vinculados a la Iglesia católica, que comprendieron las ventajas de emplear las modernas técnicas de movilización que utilizaban partidos y asociaciones de masas. Canalejas logró el apoyo de su partido tras negociar con Montero Ríos una cláusula que anulaba esta norma si en dos años no se aprobaba una nueva Ley de Asociaciones (que nunca se aprobó y nada cambió).

En 1911 las Cortes implantaron el servicio militar obligatorio, medida democrática que universalizó este servicio al evitar un pago de exención a quien tuviera cierto nivel de renta. No obstante, los hijos únicos de familias pobres quedaron exentos del servicio, al igual que se podía reducir la estancia en el cuartel previo pago. En este mismo año se suprimió el impuesto de consumos por encarecer los productos básicos y entorpecer el tráfico comercial.

Canalejas también impulsó la educación pública: mejoró los sueldos y las condiciones de trabajo de los maestros, reforzó la inspección educativa y proveyó de libros a los centros escolares. Para el Partido Liberal, la educación era un instrumento esencial para la modernización del país en todos sus aspectos. En 1901, el conde de Romanones (Ministro de Instrucción Pública en el último

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gobierno de Sagasta) asignó al Estado el pago del suelo de los maestros que, hasta entonces, cobraban poco, tarde y mal de los ayuntamientos.

Dispuesto a apaciguar a los catalanistas, Canalejas también llevó a las Cortes un proyecto de ley que autorizaba a las diputaciones provinciales y municipios mancomunarse para crear una institución de ámbito regional. Este proyecto desató un rechazo feroz en el seno del partido. Antes de que llegara a trámite en el Senado, Canalejas fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas en noviembre de 1912 en la Puerta del Sol.

III. Asalto al turno de partidos: 1913 – 1917.Tras la muerte de Canalejas, el turno de partidos tuvo que afrontar dos

graves problemas: la escisión de varias facciones de los troncos comunes liberal y conservador (debilitando a ambos partidos), y la voluntad de la Lliga Regionalista de convertirse en partido de gobierno para impulsar desde allí la autonomía catalana. Fue un tiempo de gobiernos débiles donde liberales y conservadores trataron de mantener una alternancia pactada, cada vez más cuestionada por las facciones disidentes y los regionalistas catalanes.

El proceso de fractura del Partido Liberal se produjo al reabrirse el pleito por el liderazgo una vez fallecido Canalejas, rivalizando Manuel García Prieto y el conde de Romanones. Fue este último quien ganó el pleito y asumió la presidencia del partido y del gobierno. A los pocos meses, García Prieto dejó el Partido Liberal con sus seguidores, que adoptaron el nombre de liberal-demócratas. Rota la mayoría, García Prieto derribó el gobierno de Romanones en las Cortes y, al no tener respaldo suficiente, llegó la hora de los conservadores.

El 27 de octubre de 1913 llegó el momento de reemplazar a Romanones, Maura se negó y Alfonso XIII ofreció el gobierno a Eduardo Dato, otro notable conservador. Cuando Dato aceptó, Maura creyó que dicha decisión era una traición y abandonó el partido. Las facciones escindidas y otros partidos in-dependientes cuestionaron la legitimidad del turno de partidos, pues también aspiraban a gobernar. El 9 de enero de 1914, consciente de su precariedad en las Cortes, estableció por decreto la Mancomunidad de Cataluña.

La Mancomunidad agrupaba a las cuatro diputaciones provinciales y fue la primera institución catalana de ámbito regional. El pueblo catalán vio en ella el germen de una autonomía política y administrativa, un punto de partida y no de llegada. Por ello quisieron dotarla de competencias políticas y económicas, demanda que generó una notable resistencia entre liberales y conservadores, reacios a la descentralización. Tras bloquear estas competencias, Francesc Cambó (líder de la Lliga Regionalista) asumió que los viejos partidos turnantes eran un obstáculo para sus objetivos.

A partir de entonces, la Lliga comenzó a obstruir todos los proyectos de ley que los gobiernos liberales y conservadores llevaron al Congreso a partir de noviembre de 1915. La Lliga abanderó la movilización empresarial contra la reforma del sistema tributario y otras reformas tributarias del gobierno del conde de Romanones, emprendiendo en las Cortes una campaña de obstrucción. En enero se renunció a esta serie de proyectos ante la incapacidad de frenar la obstrucción catalanista, tras lo que cayó el gobierno de Romanones. Al finalizar 1917 los partidos dinásticos se habían roto.

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2 – La economía española y la Primera Guerra Mundial.

Santiago Alba, ministro de Hacienda, quiso gravar con un impuesto los grandes beneficios que las empresas españolas estaban obteniendo al calor de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra trastocó la economía tanto de los estados combatientes como de los neutrales. España proclamó su neutralidad el 30 de julio de 1914. Los combatientes volcaron su producción en el sostenimiento del conflicto, abandonando la exportación de diversos productos. Hasta entonces España había importado esos productos, que dejaron de cruzar la frontera, y que para satisfacer la demanda nacional fueron reemplazados por otros fabricados en el país. Por su parte, los estados en guerra demandaron más materias primas, alimentos y productos manufacturados; cuyas exportaciones aumentaron hasta niveles desconocidos.

La contienda provocó el aumento de la producción agrícola en un 27% y la producción de carbón se duplicó. No obstante, el carbón nacional era más caro que el importado, provocando un alza del precio de la energía y la búsqueda de fuentes de energía más baratas (desarrollo de la industria hidroeléctrica). La industria manufacturera se extendió al calor de las exportaciones, más aún la industria textil con la producción de uniformes y mantas para millones de soldados. También creció la industria química y la de fabricación de maquinaria.

La acumulación de beneficios fue espectacular en la industria naval, donde subieron los precios ante la creciente demanda y el alto riesgo que entrañaba fletar en un mar plagado de submarinos. En apenas dos años se crearon más de cincuenta compañías marítimas. La banca también vivió una expansión desconocida: el número de bancos se duplicó entre 1916 y 1920. El enorme crecimiento de las exportaciones puso nuestra balanza comercial en superávit: oro y divisas arribaron a raudales hasta convertir al Banco de España en el cuarto banco central del mundo en volumen de reservas.

Para empresarios, financieros, capitalistas y emprendedores resultó una etapa fantástica en la que todo negocio era próspero y fácil. No obstante, los beneficios de la guerra se distribuyeron desigualmente: aumentaron los beneficios empresariales y disminuyeron los salarios en términos de poder adquisitivo (aumento nominal por debajo de la inflación). La altísima inflación (superaba el 20%) vino acompañada del desabastecimiento de productos básicos. Ambos factores dispararon la conflictividad social, duplicándose el número de huelgas en España (400 en 1919).

La economía creció durante la guerra debido a una coyuntura excepcional, entrando en crisis cuando ésta acabó. A partir de 1919, con el retorno a la normalidad, el sistema productivo español se enfrentó de nuevo a la competencia internacional y se recuperaron los niveles de importación previos a la contienda. Se perdió también la posición ganada en el mercado exterior y las exportaciones cayeron en torno al 40%. Con todo ello se provocó una crisis de sobreproducción en los sectores que habían crecido durante este periodo, quebrando incluso muchas de sus empresas.

Sin embargo, durante la posguerra hubo una fuerte inversión en la industria química, eléctrica y bienes de equipo; posible gracias al capital acumulado en años de bonanza y por la banca.

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3 – La modernización de la sociedad española.

La Primera Guerra Mundial también aceleró el proceso de modernización que vivía la sociedad desde comienzos del siglo XX. El país dejó atrás el régimen demográfico antiguo (altas tasas de natalidad y mortalidad con crisis catastróficas periódicas). La tasa de mortalidad cayó por mejoras en la dieta y en la higiene, el abastecimiento del agua potable, la conducción de aguas residuales, las campañas de vacunación, la creación de hospitales,… De este modo se limitó la incidencia de enfermedades infecto-contagiosas como bronquitis, cólera, gripe, tuberculosis o sarampión. El aumento de la esperanza de vida, derivado de estas mejoras, permitió también un incremento de la población: de 18’6 millones en 1900 a 23’6 millones en 1930.

Tal incremento demográfico desbordó los recursos económicos del país: muchos españoles abandonaron su lugar de origen buscando mejores expectativas, lo cual se facilitó por la mejora y el abaratamiento del transporte terrestre y marítimo. La emigración a América experimentó un nuevo repunte, abandonando España más de 1’5 millones de personas. En 1900, el 32% de la población residía en ciudades de más de 10.000 habitantes; mientras que en 1930 superaban el 43%. Ciudades como Madrid o Barcelona duplicaron su población y superaron el millón de habitantes.

La emigración trastocó la estructura de la población activa: el 66% trabajaba en agricultura al comenzar el siglo, porcentaje que se redujo al 45’5% en 1930. Al tiempo, aumentó el número de obreros en la industria y la construcción (del 16 al 26’5%) y en el sector servicios (del 17’7 al 28%). La modernización de la sociedad exigió más profesionales: ingenieros, arquitectos, médicos, técnicos municipales, abogados,…

Tímidamente, comenzaron a aparecer “mujeres modernas” que ejercían profesiones liberales, aunque eran contadas excepciones dado que la mujer seguía enclaustrada en el hogar cuyas funciones se limitaban a ser esposa y madre sometida al varón. No obstante, en 1910 se eliminaron las trabas para el acceso de la mujer a la universidad y en 1918 se autorizó su incorporación al funcionariado. El progreso dejó huella en la educación que, aunque no aumentó su presupuesto, logró reducir el analfabetismo desde el 55% al 27% en apenas tres décadas. El alza de lectores aumentó la oferta de publicaciones: diarios, revistas, libros,…

Las ciudades cambiaron su estructura. Las élites económicas y sociales se desplazaron desde el centro a palacetes en las afueras o hacia ensanches donde se instalaron en viviendas con todo confort: ascensor, teléfono, luz eléctrica, agua caliente, calefacción, etc. Por otro lado, los inmigrantes que vivían de jornales se hacinaban en chabolas allá donde no llegaban ni los servicios municipales básicos (alcantarillado, pavimentación de calles, agua corriente,…) Por su parte, artesanos, empleados y comerciantes permanecieron en el centro de las ciudades.

Las calles también cambiaron su imagen: la electricidad hizo a un lado las farolas de gas y a la tracción animal en los tranvías. El metro llegó a las grandes urbes: el de Madrid se inauguró en 1919. Grandes vías atravesaron los centros urbanos tras demoler viejos edificios: la Gran Vía de Madrid comenzó a construirse en 1908, poco después que la Vía Laietana de Barcelona. Se construyeron grandes hoteles de lujo (Ritz, Palace, Carlton,…), nuevos teatros y cafés, modernos cines, etc.

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Surgieron también nuevas formas de consumo, como las compras en grandes almacenes, y nuevos deportes como el fútbol; que atrajeron a grandes masas de gente. Esta serie de transformaciones trastocó la imagen y la estructura de las ciudades, lo que hacía aún más crudo el contraste con las míseras condiciones de vida en las que aún vivían millones de personas en el medio rural.

4 – 1917: juntas militares, asamblea de parlamentarios y huelga general.

I. Junio: las juntas militares.En 1916 se organizó una Junta de Defensa, especia de “sindicato militar”,

que protegía los derechos del arma y de sus afiliados. Esta sindicación revelaba el malestar de los oficiales ante la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios por la inflación derivada de la guerra mundial. Malestar también ante una política de ascensos asentada en favoritismos y el patronazgo (rápida promoción de los africanistas, militares destinados en Marruecos, por méritos de guerra).

Por ello, los oficiales sindicados en esta junta exigían que todos los ascensos se rigieran por antigüedad. Los oficiales achacaban a los generales la des-organización del ejército, el abuso del favoritismo e incluso de la pérdida de poder adquisitivo. El reglamento de la junta alentó la indisciplina militar: toda decisión adoptada por dos tercios de los oficiales vincularía al resto, lo que blindaba la solidaridad de rango y rompía la cadena de mando.

En 1917 García Prieto ordenó que se disolviera la red de juntas, aunque la Junta Central de Infantería en Barcelona se negó y sus miembros fueron encarcelados, aunque rectificó al no contar con el apoyo de Alfonso XIII y temer la reacción de los oficiales. Incapaz de doblegar a los rebeldes, García Prieto dimitió el 10 de junio de este mismo año. Los junteros habían depuesto a un gobierno, pudiendo ser capaces de dar un paso más y derribar todo un sistema; de modo que se les percibía de nuevo como “motor de cambio político”.

II. Julio: la asamblea de los parlamentarios.El 10 de junio de 1917 Eduardo Dato sucedió en el gobierno a García Prieto.

Ante el rumor sobre la organización de una huelga general, ante lo que el gobierno suspendió las garantías constitucionales y mantuvo cerradas las Cortes. Desde finales de 1915 la Lliga Regionalista mantenía una campaña de obstrucción parlamentaria cuyo fin era demostrar la imposibilidad de legislar mientras se mantuviera el turno de partidos. Cerrado el Parlamento, la Lliga perdió espacio de proyección pública, aunque la rebelión de las juntas militares les brindó una nueva estrategia: arremeter contra los partidos históricos e incluso respaldar un acto de fuerza contra el mismo.

El 5 de julio de 1917 la Lliga congregó en Barcelona a parlamentarios catalanes, desde regionalistas hasta republicanos, para exigir la convocatoria de Cortes Constituyentes y proclamar la voluntad catalana de obtener un “régimen de autonomía”. Si el gobierno no reabría el Parlamento amenazaron con reunirse por su cuenta en una asamblea en Barcelona. El gobierno de Dato replicó que se consideraría como un acto sedicioso castigado por el Código Penal.

No obstante, los parlamentarios catalanes desoyeron la advertencia y convocaron la cita para el 19 de julio; uniéndose a la iniciativa de Cambó tanto

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republicanos como socialistas. Por su parte, Alfonso XIII mostró que no deseaba acabar con la vieja política de turnos, menos aún cuando llegaban aires revolucionarios desde Europa donde las viejas monarquías e imperios parecían derrumbarse ante una ola democrática. ¿Por qué no podría darse en España una revolución como la ocurrida en Rusia en 1917?

Ante este panorama, reformistas, socialistas y republicanos respaldaron la convocatoria de la Lliga. En junio llegaron a Barcelona 13 senadores y 55 diputados de todo el país, dispuestos a erigirse en Asamblea Constituyente. La clave de este acto residía en saber si el ejército respaldaría al gobierno o a los diputados reunidos en asamblea. No obstante, el ejército se quedó en sus cuarteles, por lo que sin respaldo militar la asamblea fue una mera reunión de partidos políticos pequeños con escasa fuerza parlamentaria y poca capacidad de movilización ciudadana.

Dada esta situación, gobierno y disidentes quisieron una confrontación pacífica en la que alcanzaron un acuerdo tácito sobre cómo proceder. No obstante, a medio plazo la asamblea tuvo otras consecuencias: Alfonso XIII pudo constatar que la continuidad del turno entre liberales y conservadores había radicalizado a partidos moderados como la Lliga Regionalista y el Partido Reformista.

III. Agosto: la huelga general.En 1909 los socialistas acordaron una coalición electoral con los

republicanos, tras lo que Pablo Iglesias obtuvo por primera vez un escaño para su partido en 1910. Este año fue también el de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la primera organización anarquista de ámbito nacional desde la disolución de la FTRE en 1888. La CNT abogaba por la autonomía obrera frente a cualquier vínculo político y apostaba por el sindicalismo revolucionario: cada huelga, cada combate en el centro de trabajo era un símbolo de batalla contra propietarios y patronos.

En el imaginario anarquista, la revolución social no sería el resultado de un proceso paulatino, sino el fruto de una hecatombe en la que sucumbiría el orden burgués. Por el contrario, los socialistas abogaban por una lucha gradual que mejorara poco a poco las condiciones laborales y que emplazara en su horizonte la conquista del poder político por la clase trabajadora. Pese a las diferencias, CNT y UGT realizaron acciones conjuntas en varias ocasiones. En 1916 convocaron una huelga general de 24 horas contra la carestía de subsistencias y el desempleo, la cual fue un éxito debido al malestar generalizado existente.

Este resultado animó a ambos sindicatos a seguir trabajando juntos. En marzo de 1917 comenzaron a organizar otra huelga general, aunque en esta ocasión no era puntual: indefinida y revolucionaria destinada a derribar la monarquía. La huelga comenzó el 12 de agosto, antes de lo previsto tras la ruptura de una negociación laboral con las compañías ferroviarias. El comité de huelga (entre los que se encontraba Julián Besteiro o Francisco Largo Caballero) decidió que la movilización fuera pacífica, sin asaltar el poder por la fuerza de las armas, al confiar en un posible apoyo del ejército.

Fue una decisión controvertida al considerarse que no se podía derribar un régimen con una huelga general pacífica. No obstante, era una quimera proclamar el carácter pacífico de una huelga que necesitaba para el país para

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triunfar, lo cual era difícilmente alcanzable sin emplear la fuerza. El gobierno combatió con fuerza este movimiento que aspiraba a cambiar de régimen. El 13 de agosto declaró el estado de guerra, donde el ejército tenía la competencia de mantener el orden público en el ámbito nacional. Lejos de unirse a los huelguistas, los militares reprimieron duramente la movilización.

La huelga tuvo un seguimiento desigual: resultó un movimiento caótico y desorganizado con escasa presencia urbana. Los combates más duros se dieron en Madrid, Cataluña, Bilbao y Asturias. El 15 de agosto se detuvo al comité de huelga. La revuelta duró 5 días y se saldó con 79 muertos. Este balance y su escaso éxito no implicaron un descenso en la conflictividad social, ya que aumentó el número de huelgas en la posguerra.

5 – Crisis de la Restauración: 1917 – 1923.

El gobierno de Dato sobrevivió a la asamblea de parlamentarios, a la huelga general y a las juntas de defensa. Sin embargo, al ser el ejército quien reprimió la huelga, se desmontó el discurso de las juntas al convertirse en garante de la oligarquía contra la que luchaban en su origen. A estas alturas, Alfonso XIII llevaba tiempo pensando en formas un gobierno de coalición entre varios grupos, pues la alternancia entre liberales y conservadores se había tornado demasiado complicada debido a la obstrucción de la Lliga Regionalista. El 27 de octubre el monarca cesó a Dato y el 3 de noviembre García Prieto presidía un gobierno de coalición con un liberal, dos regionalistas, un maurista, un romanonista, un independiente y Juan de la Cierva.

I. Gobiernos de coalición versus gobiernos de partido.El primer gobierno de concentración abrió una etapa de incertidumbres:

liquidado el turno pacífico se rompieron las reglas del juego que habían orientado la política durante décadas, lo cual requirió un periodo de adaptación y aprendizaje. La fragmentación del sistema de partidos obligó a concertar coaliciones gubernamentales. La necesidad de preservar la independencia como partido y la necesidad de pactar para lograr respaldo parlamentario disparó la inestabilidad, lo cual se acrecentó por la injerencia del ejército y la conflictividad social: cuatro elecciones y doce gobiernos se dieron entre 1917 y 1923, donde participaron ocho partidos distintos.

La mitad de las crisis de gobierno durante esta etapa se dieron por divisiones en el seno del ejecutivo, pérdida de respaldo parlamentario o la suma de ambos factores. Dadas las diferencias ideológicas y estratégicas entre sus integrantes, las grandes coaliciones eran muy inestables. Resultó evidente que los gobiernos ya no podían obtener grandes mayorías parlamentarias en las elecciones, a lo que los líderes políticos se resistían a aceptar la presidencia del gobierno en un primer momento por la inestabilidad y la fragmentación del Parlamento.

Puede que el Parlamento no fuera más representativo que en épocas anteriores, aunque sí ganó dinamismo y protagonismo. A continuación, la siguiente tabla recoge los sucesivos gobiernos (de partido y de coalición) que se dieron entre 1917 y 1923:

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Duración Presidente Integrantes Elecciones Causas de caída

11/191703/1918 García Prieto

Partido Liberal RomanonistasLliga Regionalista MauristasCiervistas

02/1918División en el

seno del gobierno

03/191811/1918

Maura

MauristasPartido Liberal Partido Conservador Lliga Regionalista Izquierda Liberal Romanonistas

División en el seno del

gobierno y pérdida de respaldo

parlamentario11/191812/1918 García Prieto

Partido LiberalRomanonistasIzquierda Liberal

División en el seno del gobierno

12/191804/1919

Romanones Romanonistas Presión militar

04/191907/1919 Maura

MauristasCiervistasRomanonistas

06/1919Pérdida de

respaldo en el Parlamento

07/191912/1919

Sánchez Toca Partido Conservador Presión militar

12/191905/1920 Allendesalazar

Partido ConservadorMauristasPartido LiberalRomanonistasIzquierda Liberal

Disolución tras aprobar el

presupuesto, único programa

de gobierno05/192003/1921

Eduardo Dato Partido Conservador 12/1920 Asesinato de Eduardo Dato

03/192108/1921

Allendesalazar Partido ConservadorMauristasCiervistas

Desastre de Annual

08/192103/1922

Maura

MauristasPartido ConservadorCiervistasLliga RegionalistaPartido LiberalRomanonistas

División en el seno del

gobierno y pérdida del

respaldo parlamentario

03/192212/1922

Sánchez Guerra

Partido ConservadorMauristasLliga Regionalista

División en el seno del gobierno

12/192209/1923

García PrietoPartido LiberalRomanonistasIzquierda LiberalPartido Reformista

04/1923Golpe de Estado

de Primo de Rivera

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II. Militares versus civiles.Dos de las crisis de gobierno durante este periodo fueron provocadas por la

injerencia de los militares en la órbita del poder civil y en otra (desastre de Annual) el ejército también fue protagonista. Las juntas de defensa se mantuvieron en estado casi permanente de insubordinación durante todo el periodo, teniendo respaldo de Alfonso XIII.

Cataluña constituyó otro punto de fricción. La expansión económica durante la guerra mundial fortaleció el movimiento obrero, mayoritariamente anarquista, y recrudeció la actividad sindical. Algunos gobiernos intentaron entablar diálogo con los sindicatos y buscaron salidas negociadas a la conflictividad social, como el caso de Romanones o Dato (creó el Ministerio de Trabajo en 1921). No obstante, este tipo de actitudes encontró la férrea oposición del ejército, respaldado por la patronal y la derecha política.

A estas alturas, un sector del anarquismo catalán había comenzado a recurrir a la propaganda, a atentar contra agentes de autoridad y empresarios,… No obstante, no todos los anarquistas defendían este tipo de actuaciones e incluso dentro de la CNT hubo divisiones. La violencia brindó a los patrones una coartada perfecta para endurecer su actitud ante las demandas sindicales, crear grupos de defensa y exigir a los gobiernos que usaran la fuerza para reducir la lucha anarquista.

El tercer foco de tensión entre civiles y militares estaba en Marruecos. Una vez perdidas en 1898 las colonias ultramarinas, los gobiernos reorientaron la política colonial hacia el norte de África. A finales de 1912 España y Francia firmaron un tratado que dividía el protectorado de Marruecos en dos zonas de influencia. El protectorado español era una franja horizontal que abarcaba la costa mediterránea entre las ciudades de Ceuta y Melilla con su alfoz, y la costa atlántica entre Ceuta y Larache.

Las tribus locales reclamaban la independencia frente al ejército español de ocupación, quien no se hizo con el control de la zona hasta mediados de la década de 1920. En agosto de 1921, alentado por Alfonso XIII, el general Fernández Silvestre partió desde Melilla hacia la bahía de Alhucemas para pacificar el Rif, operación que acabó en catástrofe: Abd-el-Krim, líder rebelde, emprendió un ataque sorpresa en el que las tropas españolas huyeron en desbandada para refugiarse en pequeñas localidades como Annual.

Tras este hecho, el Consejo Superior de Guerra y Marina encargó al general Picasso un informe al respecto, conocido como “Expediente Picasso”, para depurar responsabilidades. Se propuso incluso el procesamiento de varios oficiales y jefes militares. Fue Sánchez Guerra quien llevó el “Expediente Picasso” al Congreso, cuya discusión devino en una polémica sobre si atribuir responsabilidades al ejército o también a los gobiernos.

Los socialistas pidieron el procesamiento del gobierno de Allendesalazar (presidente durante el desastre) y del gobierno de Maura por obstruir la investigación de Picasso, además de acusar al rey de ordenar el avance del general Picasso. Por su parte, los liberales exigieron el voto de censura contra Allendesalazar, equivalente a la inhabilitación perpetua. El golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923 impidió que el Parlamento siguiera deliberando sobre las responsabilidades del desastre de Annual.

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III. Golpe de Estado en septiembre de 1923.A mediados de 1922 el ejército aún seguí dividido entre militares africanistas

y peninsulares (vinculados a las juntas de defensa). La paralización de las actividades militares en Marruecos y el protectorado civil irritaron a los africanistas. Además, la supresión de las juntas de defensa también crispó a los militares peninsulares. Todo ello se unió a la impresión de que las responsabilidades derivadas del desastre de Annual se exigirían a militares, dejando a un lado a las autoridades civiles.

Tras el cese del general Martínez Anido como gobernador civil de Barcelona, Miguel Primo de Rivera (capital general de Cataluña) restableció la alianza con la derecha regionalista y la patronal catalana para convertir de nuevo a Cataluña en un virreinato militar semi-independiente del gobierno.

En la primavera de 1923 había dos tramas golpistas en curso. En Madrid conspiraba un grupo de generales africanistas próximos a Alfonso XIII. Al tiempo, en Barcelona varios oficiales conspiraban en el entorno de la disuelta Junta de Infantería. Primo de Rivera acabó siendo su líder, pues abogaba públicamente por el abandono de Marruecos y gozaba de prédica entre los junteros. Además, aportó el respaldo de las fuerzas vivas de Cataluña. En agosto de 1923, ambos grupos comenzaron a cooperar y Primo de Rivera asumió el liderazgo.

El 13 de septiembre de 1923, la guarnición de Barcelona se alzó contra el gobierno liberal de García Prieto. En un principio tan sólo le respaldaron dos de las ocho capitanías generales, pues optaron por esperar a que el rey tomara partido por el rey o por los rebeldes como jefe de las fuerzas armadas. Final-mente Alfonso XIII se declinó por los golpistas. La deriva autoritaria del monarca venía ya de lejos, siendo cada vez más crítico con el sistema político liberal y las instituciones parlamentarias.

Era un hombre obsesionado con los “siniestros efectos de la Revolución rusa”, lo cual se acrecentaba por el aumento de la conflictividad social y el retroceso de la monarquía. El 14 de septiembre de 1923 respaldó el golpe al nombrar presidente del Consejo de Ministros a Miguel Primo de Rivera, disolviendo las Cortes al día siguiente para no volver ya a reunirse durante su reinado.

6 – Dictadura de Primo de Rivera: 1923 – 1930.

Al asumir la presidencia del Consejo de Ministros, Primo de Rivera anunció que su gobierno sería provisional y que el ejército garantizaría el orden público, resolvería el problema de Marruecos, pondría coto al separatismo y libertaría a España de los profesionales de la política. Llamó la atención que nadie alzara la voz contra la dictadura de Primo de Rivera, la sociedad parecía indiferente ante un gobierno de civiles o militares. Primo de Rivera alentó las denuncias anónimas contra los monárquicos constitucionales, abundaron los registros domiciliarios, las multas, destierros, detenciones e intervención de líneas telefónicas y postales.

Semanas después del golpe, los partidos que habían gobernado hasta entonces eran ya historia. No obstante, la dictadura también sedujo a algunos políticos dinásticos. La Lliga Regionalista aplaudió en un principio el golpe, lo cual acabó

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convirtiéndose en desapego cuando Primo de Rivera suprimió la Mancomunidad y comenzó a perseguir el uso público del catalán.

Ratificado el golpe de Estado por el rey, Primo de Rivera declaró el estado de guerra y suspendió las garantías constitucionales: la censura de prensa fue estricta, los derechos de reunión y manifestación se cercenaron,… El dictador suprimió todos los ministerios y constituyó un directorio militar integrado por generales, disolvió los ayuntamientos y asignó las concejalías a los mayores contribuyentes de cada localidad, etc. Todo esto se dio bajo una férrea supervisión del ejército, cuyos oficiales ocuparon los gobiernos civiles.

El predominio militar disminuyó a partir de 1924 con la fundación de la Unión Patriótica, partido oficialista de la dictadura cuyos cuadros procedían del catolicismo político y del maurismo. La militancia en la Unión Patriótica fue condición casi indispensable para acceder a puestos directivos en la administración pública.

Se abordó desde un primer momento el problema del orden público. Las organizaciones anarcosindicalistas fueron declaradas ilegales y sus dirigentes perseguidos. El problema de Marruecos tuvo que esperar algo más. Tras el golpe de Estado, Primo de Rivera ordenó el repliegue de tropas a posiciones seguras. En 1925 el líder rifeño Abd-el-Krim empezó a hostigar también la zona francesa del protectorado y Francia propuso a España una acción conjunta para derrotar a los rebeldes.

En septiembre de 1925, con apoyo francés, el ejército español desembarcó en la bahía de Alhucemas, quebrando la resistencia rifeña y deteniendo a Abd-el-Krim. Esta victoria colonial reforzó la posición de Primo de Rivera, quien aprovechó para consolidar la dictadura remplazando el directorio civil por uno militar. Poco después se recuperó la tradicional organización del gobierno en ministerios, entregándose la mayoría de carteras a civiles.

Desde el Ministerio de Trabajo, el regionalista Aunós estrechó la colaboración con los socialistas, ya iniciada tras el golpe de Estado. Primo de Rivera quiso institucionalizar el diálogo entre empresarios y trabajadores, bajo supervisión estatal, para aplacar la conflictividad social. La UGT fue su interlocutor entre los trabajadores. La política de conciliación laboral se consolidó en 1926 con la creación de la Organización Social Corporativa, conformada por comités paritarios de cada sector profesional supervisados por un delegado del gobierno.

Desplazados los anarquistas de la esfera pública, los socialistas vivieron una rápida expansión: UGT llegó a contar con 235.000 afiliados en todo el estado. Conscientes de que este contexto favorecía su crecimiento, los socialistas aparcaron su inclinación republicana y participaron en las instituciones: Largo Caballero aceptó una plaza en el Consejo de Estado.

El gobierno de Primo de Rivera reforzó el proteccionismo arancelario y la intervención del Estado en la economía. El Ministerio de Hacienda aprobó en 1926 un presupuesto extraordinario para obras públicas: se construyeron 2.800 kilómetros de carreteras, aumento la inversión en obras hidráulicas, la producción industrial creció un 5’5% anual,… Las empresas se repartieron el mercado nacional mediante cárteles y

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oligopolios. El Estado promovió la creación de grandes monopolios estatales arrendados a empresas privadas como Telefónica, CAMPSA o CEPSA.

Solventados los problemas de Marruecos y el orden público, Primo de Rivera dio un nuevo paso para consolidar la dictadura y liquidar el orden liberal. Los fascistas ya habían tomado el poder en Italia y un golpe de Estado militar liquidó la república en Portugal en 1926. En septiembre de este año anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional, cámara consultiva que debería proponer una nueva constitución. En esta Asamblea Nacional participaban representantes de la administración, el ejército, la Iglesia, la economía, las universidades y otras corporaciones.

El proyecto de constitución, publicado en 1929, constaba de 104 artículos. No obstante, este texto no convenció ni a Primo de Rivera ni a Alfonso XIII. De hecho, el monarca ya dudaba entonces de la viabilidad de la dictadura y tampoco quería consolidar su institucionalización con esta constitución. Lo cierto es que, en 1929, Primo de Rivera ya había perdido buena parte de sus apoyos iniciales.

Al principio la oposición a la dictadura fue muy débil: una fallida insurrección anarquista y campañas de propaganda republicana desde Francia emprendidas por Vicente Blasco Ibáñez y Unamuno. El republicanismo comenzaba a levantar la cabeza en plena dictadura tras haber pasado sus horas más bajas. Tampoco los monárquicos lucharon contra la dictadura al principio: se mantuvieron leales al rey y a la constitución, optando por esperar a que el monarca se pronunciase sobre el retorno al orden constitucional liberal.

Conforme pasaban los años y Primo de Rivera se mantenía en el poder sin que el rey lo impidiera, un grupo de monárquicos comenzó a conspirar con el ejército para acabar con la dictadura. Consideraron que el golpe de 1923 legitimó el uso de las armas para forzar el cambio de régimen, por lo que previeron el golpe para la noche de San Juan de 1926. No obstante, Primo de Rivera la desmanteló días antes.

La creación de la Asamblea Nacional en 1927 constató que ni Primo de Rivera ni Alfonso XIII pretendían retornar al parlamentarismo liberal, tras lo que un grupo de monárquicos se decantó entre dos opciones: la soberanía de la Corona o la soberanía de la nación representada en Cortes. Finalmente, optaron por esta última. José Sánchez Guerra, jefe del Partido Conservador, se exilió en Francia y acusó al rey de traición por romper su juramento de defender la Constitución, que lo consideraba como una monarquía absoluta.

Desde el exilio dirigió un frente insurreccional integrado por monárquicos, republicanos y anarquistas. Se exigía más que la mera destitución del dictador: pretendían que unas Cortes Constituyentes decidieran sobre la forma de gobierno. No obstante, la sublevación prevista para enero de 1929 fracasó por un fallo de coordinación. No obstante, la implicación de 27 guarniciones militares evidenció que el rechazo a la dictadura se extendía por el ejército debido a la política de ascensos, que había propagado el descontento.

Además del ejército, las organizaciones patronales enfriaron el entusiasmo y el apoyo que mostraban al inicio de la dictadura. Recelaban de la Organización Corporativa Nacional alegando que limitaba la libertad de empresa, además del

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intervencionismo económico. Lo que ya colmó su paciencia fue el intento de instaurar un impuesto sobre la renta, medida a la que se acabó renunciando por la fuerte oposición patronal. Todo ello vino acompañado de una fuerte depreciación de la peseta en el mercado internacional, provocando incluso la dimisión de Calvo Sotelo como ministro de Hacienda.

Con la paulatina pérdida de apoyos, Alfonso XIII mostraba señales de inquietud y pretendía finiquitar la dictadura a la mayor brevedad posible. La impaciencia del rey, sumada a una nueva traba de insurrección cívico-militar planeada para enero de 1930, impulsó a Primo de Rivera a jugárselo todo a una última carta: comprobar si contaba, o no, con el apoyo de los capitanes generales. Al no recibir respuesta afirmativa, presentó su dimisión al rey el 28 de enero de 1930.

7 – El fin de la monarquía: 1930 – 1931.

El 28 de enero de 1930, Alfonso XIII encargó la presidencia del gobierno al general Dámaso Berenguer, con cierto prestigio por su discreta oposición a la dictadura, cuyo primer objetivo fue retornar a la “normalidad constitucional”. Aunque las garantías constitucionales siguieron suspendidas, Berenguer suavizó la restricción de los derechos fundamentales para dar credibilidad a su compromiso. Los delitos contra la dictadura fueron amnistiados y los exiliados regresaron a España.

Esta “relajación” de la censura fue como un volcán en erupción, España tenía hambre de política. La opinión pública exigió que los líderes políticos se definieran, que tomaran partida sobre la actitud del rey y sobre la futura forma de gobierno. Los primeros en hablar fueron los monárquicos, que habían combatido la dictadura, y mostraron la desconfianza en que Alfonso XIII pudiera llegar a ser un buen rey constitucional.

El conservador José Sánchez Guerra abrió fuego declarando que lo más urgente era establecer la Constitución, acabar con la interinidad y celebrar elecciones. Después, el Parlamento debía reformar la Constitución. Lo más demoledor de su intervención fue el notable desprecio hacia Alfonso XIII: “No más servir a señores que en gusanos se convierten”. En abril de 1930, Niceto Alcalá-Zamora dio un paso más allá en un mitin celebrado en Valencia. Advirtió que la monarquía había llegado a un callejón sin salida. El futuro no podía ponerse en manos de Alfonso XIII porque no cabía confiar en él y cuya abdicación tampoco salvaría a la monarquía.

En los años 30 era impensable buscar otra dinastía, como ocurriera con Isabel II, y los hijos del rey no podían heredar el trono (el Príncipe de Asturias era hemofílico y el segundo en sucesión era sordomudo). Alcalá-Zamora abrazó la república y, poco después, fundó el partido Derecha Liberal Republicana. Tampoco quedaban los viejos partidos de la Restauración que pudieran apoyar al monarca, quien ya carecía de apoyo alguno.

El propio Alfonso XIII tomó las riendas de la situación y trató de construir un nuevo sistema de partidos en torno a dos polos: una derecha moderada liderada por Francesc Cambó y una izquierda liberal presidida por Santiago Alba (perseguido durante la

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dictadura y exiliado en París). Cambó aceptó la propuesta, aunque pidió tiempo para recuperarse del cáncer de garganta que sufría y sugirió al rey que encargara el gobierno a Alba. Este, por su parte, impuso al monarca unas durísimas condiciones para aceptar la propuesta desde su exilio en París: exigió el fin de las prerrogativas regias, la democratización de la monarquía, que Alfonso XIII diera garantías públicas de que no intervendría en las decisiones del gobierno, unas elecciones absolutamente sinceras y el examen de las responsabilidades contraídas por la dictadura.

El rey, consciente de su absoluta falta de alternativas, aceptó las exigencias de Alba, aunque éste tiró la toalla al fracasar sus gestiones para sumar al gobierno a socialistas y republicanos. Alba permaneció en París, siendo el general Berenguer quien pasara a encargarse del gobierno. Conscientes de la debilidad de Alfonso XIII, los republicanos no participaron en un gobierno de la monarquía.

A comienzos de los años 30, la población urbana había crecido gracias a la migración del campo a la ciudad, aumentó la ocupación en la industria y en el sector terciario. Esto fue un caldo de cultivo perfecto para la movilización política, que trascendió a las ciudades más pequeñas desde las grandes capitales. Rota la dictadura y con la figura del rey muy denostada por su apoyo a Primo de Rivera, una ola de republicanización se extendió entre las clases populares y los sectores profesionales, invadiendo a amplias capas de la sociedad.

El 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián representantes de todos los grupos republicanos: Manuel Azaña (Acción Republicana), Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical), Marcelino Domingo (Partido Radical Socialista), Alcalá-Zamora y Maura (Derecha Radical Republicana), Casares Quiroga (Organización Republicana Gallega Autónoma) y otros delegados de partidos republicanos catalanes. De esta reunión surgió un acuerdo para proclamar la República: el Pacto de San Sebastián. Poco después se sumaron al pacto UGT y PSOE (que se habían distanciado de la dictadura a principios de esta década).

Los aliados constituyeron un gobierno provisional clandestino que, junto a varios militares, comenzó a conspirar para establecer la República. La insurrección estalló en Jaca el 15 de septiembre de 1930, aunque fue desmantelada por el gobierno y sus dos cabecillas fueron ejecutados. El resto de integrantes del gobierno provisional republicano fueron detenidos y encarcelados.

A finales de 1930, el gobierno del general Berenguer no había sido capaz de restablecer la normalidad constitucional. El 30 de diciembre anunció la convocatoria de elecciones a Cortes el 1 de marzo de 1931. El general era optimista pese al avance republicano, pues los informes del gobierno señalaban su lejanía respecto a los objetivos políticos que se marcaban. El ministro de Gobernación estaba organizando un encasillado al viejo estilo: hizo un cálculo de representación en el Congreso, dejando a socialistas y republicanos con una decena de escaños. De este modo, las Cortes eximirían a Alfonso XIII de las responsabilidades contraídas durante la dictadura.

No obstante, estos modos de hacer política, previos a la dictadura, ya no convencían a nadie. Los constitucionalistas de Sánchez Guerra, republicanos y

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socialistas anunciaron que no concurrirían a estos comicios debido al procedimiento que se había seguido. Pese a todo, Alfonso XIII firmó el decreto con la convocatoria electoral en la que solamente participarían conservadores y liberales. Al día siguiente fue Santiago Alba quien se unión a los abstencionistas para pedir la convocatoria de Cortes Constituyentes. Ante la evidente falta de apoyos, el general Berenguer dimitió.

El 16 de febrero, Alfonso XIII encargó la presidencia del gobierno a José Sánchez Guerra, quien impuso duros requisitos: las futuras Cortes (unicamerales) serían Constituyentes, el monarca se comprometía por escrito a acatar su mandato y las prerrogativas regias se suspenderían hasta que el Parlamento aprobara la Constitución. Sánchez Guerra quiso llevar al gobierno a algún intelectual de prestigio como Ortega y Gasset o Gregorio Marañón, quienes declinaron la oferta. También visitó la cárcel para asignar carteras de gobierno a los miembros del gobierno provisional republicano.

Republicanos y socialistas rechazaron nuevamente participar en el gobierno por entender que respondía a la impotencia del régimen para salvarse por sí sólo. Por su parte, los monárquicos entendieron el gesto de Alfonso XIII como una entrega de la monarquía a la revolución. Fracasada también la entrevista en la cárcel, Sánchez Guerra decidió gobernar en solitario con los constitucionalistas. Sin embargo, Alfonso XIII no estaba dispuesto a permitirlo y vetó a algún candidato a ministro; motivo por el que Sánchez Guerra renunció a formar gobierno.

Fue otro militar, el almirante Juan Bautista Aznar, quien presidió un nuevo gabinete que parecía extraído del pasado: Juan de la Cierva, Gabriel Maura, Romanones, García Prieto,… Conscientes de la dificultad de convocar elecciones sin definir previamente si las Cortes serían, o no, Constituyentes; el gobierno de Aznar decidió celebrar antes las elecciones municipales para renovar así los ayuntamientos nombrados por la dictadura.

Estas elecciones municipales se convocaron el 12 de abril de 1931 y, esta vez, los republicanos y socialistas sí concurrieron a los comicios. Para vencer con holgura a las candidaturas republicanas, los monárquicos presentaron en Madrid y otras ciudades listas únicas que aglutinaron al Partido Liberal y al Partido Conservador con políticos de la derecha autoritaria procedente de la dictadura. Esta coalición revelaba el contraste entre dos modos de ver la política que compartían poco más que la defensa de la monarquía. Ciertas élites seguían ancladas en una noción clientelar de la acción política, por lo que esperaban tranquilos la convocatoria electoral, confiados en reactivar las redes de caciques.

La derecha radical impregnó la campaña monárquica de un tono alarmista y autoritario: “La República traería el trabajo forzoso que hay en Rusia, la población de Madrid bajaría a la mitad, las fuentes de riqueza quedarían reducidas a la mínima expresión,…” El retorno a la legalidad constitucional desapareció del discurso monárquico y el voto a la República se asoció aún más al liberalismo y a la democracia, atrayendo así a muchos más monárquicos liberales.

Los republicanos articularon su campaña en torno a una idea básica: las elecciones municipales tendrían el valor de un plebiscito sobre la forma de gobierno. Incluso el

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gabinete de Aznar asignó a los comicios la condición de referéndum, aunque estaba seguro de la victoria monárquica. No obstante, el 12 de abril, la victoria republicana en las ciudades fue mucho más contundente de lo que esperaba el gobierno: arrasaron en más de 40 capitales de provincia y en otros grandes municipios. Los monárquicos obtuvieron más votos, pero en pequeñas localidades. Se les escapaba así el control de la parte moderna y vital del país, la que escapaba al control de los caciques. El gobierno de Aznar se desplomó ante la avalancha.

Esta desmoralización alcanzó a los responsables de las fuerzas armadas. El general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, agachó la cabeza cuando Romanones preguntó si el gobierno contaba con el respaldo de la Benemérita. El 13 de abril, el general Berenguer (ministro de la Guerra) ordenó a los capitanes generales que se atuvieran al “curso ideológico de la voluntad nacional”, atribuyendo así a la derrota monárquica en las elecciones municipales el valor de un referéndum sobre la forma de Estado.

A lo largo del 13 de abril, Alfonso XIII todavía trató de buscar alguna alternativa: ofreció al gobierno provisional de la República la posibilidad de suspender el ejercicio de la soberanía, ausentarse temporalmente del país y designar un gobierno que convocara Cortes Constituyentes. La oferta fue rechazada de plano, pues ya era demasiado tarde para unas Cortes Constituyentes. El rey, desamparado y con un gobierno que reconocía explícitamente la derrota, no tenía ya baza para negociar.

Desde primera hora de la mañana del 14 de abril miles de personas se lanzaron a las calles de todo el país para proclamar la República: comenzó en Eibar para extenderse por el resto del país. La tarde del día 14 de abril, Romanones negoció con Alcalá-Zamora (presidente del gobierno provisional de la República) la expatriación del rey.

La marea republicana inundaba el centro de Madrid y se dirigía a la Puerta del Sol, camino del Ministerio de Gobernación. A las seis y media de la tarde ondeaba ya la bandera republicana en uno de los balcones del edificio. Casi al mismo tiempo, Miguel Maura tomaba posesión del Ministerio en nombre del gobierno de la República. No hubo ni traspaso de poderes: el último gobierno de la monarquía se esfumó mientras Alfonso XIII se dirigía al exilio.

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tema 4 - el reinado de alfonso xiii (1902 – 1931)

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