seguridad pública y privada en el salvador

Seguridad Pública y PrivadaEl Salvador

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Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición oficial de la OEA o de sus países miembros.

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Seguridad pública y privada en El Salvador Armando Carballido Gómez

I. Institucionalidad de la Seguridad Pública 1. Revisión de antecedentes

Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 por representes del Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, ex guerrilla hoy reconvertida en principal partido de la oposición), marcaron el inicio de una nueva visión y filosofía respecto a las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, especialmente de la Policía Nacional Civil (PNC). Inspirada en principios democráticos de respeto al Estado de derecho y a los Derechos Humanos la reforma y puesta en marcha de las nuevas instituciones se produjo en medio de un auge considerable de los índices de violencia y delincuencia en el país. La violencia, la delincuencia y la inseguridad se han constituido en uno de los principales problemas identificados por la ciudadanía1 -en muchas ocasiones por encima incluso del desempleo o el elevado costo de la vida- y en el principal tema de la agenda política y mediática de los últimos años. Si en una primera etapa se puede hablar de intentar cumplir con lo estipulado en los Acuerdos de Paz, especialmente en lo que se refería al despliegue de la policía, una segunda, con los índices de nuevo aumentando, viene marcada, a partir de 2003 por la puesta en marcha del plan eminentemente represivo denominado significativamente Mano Dura. A este, y ya con el actual gobierno, le han seguido los planes Súper Mano Dura y Cruzada Todos contra la Delincuencia. El actual Presidente de la República inició su mandato con el Plan País Seguro en el cual se mencionaba, además de las políticas represivas, la puesta en marcha de una política de prevención y otra de rehabilitación (Mano amiga y Mano extendida). En noviembre 2006, ante la falta de resultado y las presiones de distintos sectores, incluido el ex embajador estadounidense, el Presidente nombró la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, integrada por representantes de todos los partidos políticos, empresa privada, universidades e iglesias. Esta comisión tenía como objetivo formular recomendaciones para la formulación de una política de seguridad ciudadana. La comisión concluyó su trabajo en junio de 2007 y presentó un documento que contiene 75 recomendaciones, la gran mayoría de las cuales, incluida la de diseñar una Política de Seguridad Ciudadana integral, todavía no han sido tenidas en cuenta por las instituciones responsables de velar por la seguridad en El Salvador. Diagnóstico. El Salvador, registró en el año 2006 una tasa de homicidios de 56.2 por cada cien mil habitantes, según los registros conjuntos llevados por el IML, la PNC y la FGR. Para 2007, informaciones de prensa arrojaron un total de 3.491 asesinados, un 11 por ciento menos que el año anterior2. Al analizar el comportamiento de los homicidios

1 Un sondeo de opinión realizado en el 2007 por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, reveló que un 44.5% de los encuestados identificaron a la violencia y la delincuencia como el principal problema del país, mientras que un 50.3% de los ciudadanos dijo que la delincuencia aumentó respecto al año anterior. 2 Las tasas están calculadas en base a las proyecciones demográficas de la Dygestic, según el censo de 1992. En 2007, se llevó a cabo un nuevo censo no oficializado que, según informaciones de prensa, reduciría sensiblemente las

Departamento de Seguridad Pública 1

entre los años 1999 y 2007, se puede observar que, pese a las diferencias de registro de las fuentes oficiales, durante el periodo 1999-2003 la tasa ha tendido a disminuir mientras que a partir de ese año se registra una tendencia al alza (más de 20 puntos), con un ligero descenso el año pasado.

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes (1999 a 2006)

0

10

20

30

40

50

60

70

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

FGR

IML

PNC

Por grupos etéreos, el rango de personas entre 15 y 39 años es el más victimizado al sufrir cerca del 80.4% de los casos de homicidios. Por géneros, en el año 2007, las víctimas de los homicidios fueron hombres en un 90% de los casos. Señalar que desde el año 1999 al año 2006 se incrementaron en 50% los homicidios femeninos, pasando de una tasa de 6.22 homicidios femeninos por cada cien mil habitantes a una tasa de 12.37, según el IML. Tasa de homicidios femeninos por cada cien mil habitantes (1999-2006)

0

2

4

6

8

10

12

14

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tasa de homicidio femenino

Fuente: IML Al observar los datos se puede apreciar que la violencia homicida es un fenómeno fundamentalmente urbano, concentrado geográficamente en las ciudades con mayor volumen poblacional del país.

proyecciones. En términos de tasas de homicidios, esto supondría un incremento de unos 10 puntos.


Las armas de fuego son el instrumento más empleado para cometer los homicidios. En 2007, el 80.4% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. La proliferación de armas es uno de los mayores factores generadores de violencia y delincuencia en el Salvador. Se estima que circulan más de 450,000 armas, más del 60% de manera ilegal. Los homicidios constituyen sólo un 9% del total de delitos denunciados. Según datos de la PNC, los hurtos, robos y lesiones son los tres delitos más padecidos por la población, alcanzando el 66% del total de denuncias.

Otros delitos relevantes. Total de denuncias

3149

493

4342

9

1107

16

5248

934

4478

5825

2525

5827

972

3772

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Extorsiones Lesiones Secuestro Violaciones Robos

2004

2005

2006

Fuente: OCAVI en base a datos PNC

En cuanto a las agresiones físicas, psicológicas y sexuales, si bien el subregistro es elevado, la tendencia de los datos registrados por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) muestra una clara tendencia al alza en los últimos cinco años. Mientras las agresiones sexuales se han duplicado, las denuncias por violencia intrafamiliar se han incrementado en casi un 58%. La inmensa mayoría de las víctimas (cerca del 80%) de este tipo de delitos son del sexo femenino.

Evolución de las agresiones sexuales y VIF

515 536 526893 1023

3755 3924 4033

4792

5904

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2003 2004 2005 2006 2007

Agresiones sexuales

Violencia Intrafamiliar

Fuente: Isdemu

Tras un crecimiento pronunciado durante los años 2002-2005, las muertes por accidentes de tránsito decrecieron en 2006, año en que se contabilizaron 1,430 personas fallecidas. Esto equivale a una tasa de 20.5 muertes por cada cien mil habitantes,


idéntica a la del año 2002, lo cual, no obstante, coloca a El Salvador como el segundo país con mayores tasas de mortalidad por accidentalidad vial del Continente. En cuanto a los niveles de impunidad en el país, un estudio3 reveló que del total de los homicidios intencionales sucedidos en el año 2005 en tres de las ciudades más importantes del país, el 85.79 % (875) no ingresaron a los tribunales, esto es, no fueron investigados. De los casos que conocieron los tribunales, un porcentaje menor al 10% obtuvo una sentencia. De estos, sólo obtuvieron condena el 3,8%. Es decir, el 96,25 de los homicidios quedaron impunes. Según datos de la Dirección General de Centros Penales, la población de internos aumentó en un 137 % en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2007, al pasar de 7.800 internos a 18,509. A junio de 2007, la Dirección General de Centros Penales reportaba un total de 485 menores de edad encarcelados. La capacidad instalada de los Centros Penales es en la actualidad de 7.372 cupos, lo que supone un déficit carcelario de más de 10,000 cupos. En algunos centros penales, como el de Quezaltepeque, los niveles de hacinamiento son superiores al 300% de su capacidad. Otros, como los penales de Mariona y San Miguel, que presentan un hacinamiento de 241% y 276% respectivamente. No obstante el marcado aumento de la población reclusa, el presupuesto sólo se ha visto incrementado en ese mismo periodo en un 30%, en tanto que el personal responsable de la custodia, tratamiento y administración de los centros ha disminuido en un 8.1 % en el mismo periodo. Según datos de la Dirección General de Centros Penales, en enero de 2007 el personal de agentes de seguridad de la institución era de 840 personas. Esto significa una relación de 18,6 reclusos por cada custodio. Un 29.8% de las personas reclusas pertenecen a pandillas. En cuanto al género de la población interna el 94.43% son hombres y el 5.57% mujeres. En cuanto a la situación jurídica de las personas internas, actualmente el 66% de la población reclusa son condenados, en tanto que un 34% son procesados. Por último señalar que estimaciones efectuadas por el PNUD indican que los costos económicos de la violencia en 2003 alcanzaron 11.5% del PIB. Maras y pandillas. El fenómeno de las maras o pandillas ha tenido y tiene una especial incidencia en el enfoque que se le ha dado a la seguridad en el país. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia a octubre de 2007 había en El Salvador un total de 16.810 miembros de pandillas, la mayoría en la zona metropolitana de la capital. Desde las instituciones y medios de comunicación, se les atribuyen la inmensa mayoría de delitos de alto impacto (homicidios, extorsiones, etcétera) y vinculaciones con el crimen organizado transnacional. No obstante, según el Ministerio, sólo el 30% de la población carcelaria (5,959) son pandilleros.

3 El informe “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad” fue elaborado por Sydney Blanco y Francisco Díaz para PNUD en 2007 y causó un gran revuelo en el país. Tras una amplia cobertura informativa, el Ministro de Seguridad descalificó públicamente los resultados del estudio y la organización internacional acabó desentendiéndose del mismo.


Para enfrentar este fenómeno se han aplicado dos tipos de acciones: a) Leyes especiales y endurecimiento de penas: La legislación símbolo fue la denominada Ley Antimaras, decreto legislativo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el día previo a su vencimiento tras más de un año de aplicación. A esta ha seguido la controvertida Ley contra el crimen Organizado que ha dado pie a la creación de tribunales especializados. b) Acciones policiales represivas y detenciones masivas, con especial énfasis durante la aplicación de la Ley antimaras. Recientemente, y con apoyo estadounidense, se ha instalado en el país el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT), que tiene por objetivo el monitoreo, análisis, e investigación de la actividad delincuencial transnacional de las pandillas. Victimización y percepción de inseguridad. La última encuesta de victimización y percepción de seguridad realizada en El Salvador en el año 20044 indicaba que el 12,8% de los encuestados o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún hecho de violencia con móvil económico en los cuatro meses previos a la encuesta. En los espacios públicos se cometieron el 43,8% de actos delictivos, frente al 16,8% que se cometieron en las viviendas. La sensación de inseguridad ha provocado que buena parte de la población salvadoreña haya modificado sus rutinas diarias. Según el mencionado estudio, un 43,4% de los encuestados limitó sus lugares de compra, un 44,2% evita los lugares de recreación, un 13,3% se ha visto obligado a cerrar su negocio, y un 9,7% ha contratado vigilancia privada para contrarrestar la falta de seguridad. Las mujeres, a pesar de sufrir una menor victimización que los hombres manifiestan tener una mayor sensación de inseguridad: casi 7% más que los hombres. Por lo que respecta a la confianza que tiene la ciudadanía en que las instituciones cumplan con su función de reducir la violencia y la delincuencia, un 52,1% de los encuestados creía que hay poca o ninguna probabilidad de que la policía detenga a los delincuentes. Asimismo, un 41,5% manifestó tener poca esperanza en que la justicia castigue y procese a los autores de delitos. Esta desconfianza también se manifiesta a la hora de denunciar un hecho delictivo. Un 35,9% de las personas que sufrió algún tipo de delito durante no lo denunció porque consideró que “no sirve para nada o es por gusto”. 2. La institucionalidad En El Salvador, gran parte de las autoridades e instituciones vinculadas al tema de la violencia, la delincuencia y la inseguridad hacen parte del Órgano Ejecutivo. El Presidente de la Republica, según la Constitución Política, tiene como atribuciones y obligaciones: cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del

4 Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad, Ministerio de Gobernación, IUDOP y CNSP, 2004


territorio, así como procurar por la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad (Art. 168). De igual forma, es deber del Presidente de la República organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil y el Organismo de Inteligencia del Estado. La institución clave en materia de seguridad es el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Creado en noviembre de 2006, tiene como parte de su mandato elaborar, en coordinación con los organismos que constitucionalmente tienen asignadas tareas relacionadas con la seguridad pública, los planteamientos y estrategias que integren la política de Estado sobre seguridad pública, debiendo incorporar acciones de prevención de la violencia y del delito, rehabilitación y reinserción del delincuente y las medidas de represión necesarias para contrarrestar toda actividad delincuencial. Como parte de su mandato debe promover, estimular y fortalecer la cultura de paz y el mantenimiento de la seguridad ciudadana por medio de programas permanentes en los que participen gobiernos locales, organismos no gubernamentales y la ciudadanía en general. Desde los años 90, esta cartera ministerial, conducida y gestionada en su totalidad por personal civil, ha sufrido cambios significativos. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la seguridad pública dependía del Ministerio de Interior, bajo el cual se creó un Viceministerio de Seguridad Pública. Con el nuevo gobierno, en 1994, se creó el Ministerio de Seguridad Pública, que se mantuvo como tal hasta la entrada de la nueva administración en 1999, cuando se produce la fusión de los Ministerios de Seguridad Pública con el de Justicia. En esa época se produce un aumento del protagonismo e influencia del Director de la PNC en detrimento de la figura del Ministro. En el año 2001, tiene lugar una nueva fusión entre el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y el de Interior, para crear un macro ministerio de Gobernación. Ante el auge delincuencial, las presiones internas y externas ante la ausencia de conducción política que ejerciera de rector de las políticas de seguridad, así como gran concentración de poder que tenía el Ministerio y la amplitud y heterogeneidad de sus funciones, a finales de 2006 el Presidente de la República decreta la concentraron en una sola instancia del control y la dirección política de las instituciones de seguridad pública y centros penales al crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Justicia5. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia se estructura en: Dirección General de Centros Penales; Dirección de Centros Intermedios; Comisión Nacional Antidrogas; Dirección General de Migración y Extranjería; y Dirección de Seguridad Ciudadana, que es “la entidad gubernamental promotora de la participación ciudadana en la prevención de la violencia y la delincuencia”6. El Ministerio cuenta también con una Unidad de Planificación. Policía Nacional Civil. La creación de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador fue el aspecto central de los Acuerdos de Paz. La reforma policial salvadoreña, fundada sobre una nueva doctrina de principios democráticos y respeto a los derechos humanos, es una de las más conocidas y ha sido considerada exitosa en sus inicios tanto por su formulación, filosofía y aplicación práctica. 5 El nuevo Ministerio está dirigido por el ex Ministro de Gobernación. Asimismo, todos los funcionarios que anteriormente trabajaban en temas de seguridad en Gobernación, incluidos el Viceministro y el Director de la PNC, pasaron a formar parte de la nueva cartera.

6 http://www.seguridad.gob.sv/Web-Seguridad/Seguridad%20Ciudadana/seguridadciudadana.htm


Su estructura inicial integraba un 60% de civiles y un 40% de ex policías y guerrilleros, repartidos a partes iguales. El diseño fue altamente descentralizado, buscando crear controles y balances así como monitoreo externo7. La nueva PNC fue creada para ser un cuerpo profesional, independiente de las FF AA y ajeno a toda actividad partidista. Tiene a su cargo en forma exclusiva las funciones de policía rural y urbana y, además, del mantenimiento del orden público, la prevención y persecución del delito, ejerce como órgano auxiliar de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación del delito. Las funciones de la PNC son (Art 4, LOPNC):

Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, ordenanzas y demás disposiciones legales.

Proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas en todo el territorio nacional.

Mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública. Prevenir y combatir toda clase de delitos con estricto apego a la ley. Colaborar en el procedimiento de investigación del delito. Ejecutar las capturas en los casos previstos por la ley. Prevenir y combatir las infracciones al régimen constitucional y legal sobre

fabricación, importación, exportación, comercio, tenencia y portación de armas, municiones, explosivos y artículos similares.

Registrar y controlar a las entidades o servicios privados de seguridad, de conformidad a la ley de la materia.

Prevenir y combatir el tráfico y tenencia de drogas y narcóticos. Auxiliar a la ciudadanía en casos de calamidad pública. Vigilar, investigar y perseguir a todo aquél que intervenga o interfiera las

comunicaciones telefónicas. Custodiar todas las vías de comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas,

fronteras, puertos y aeropuertos. Vigilar el tráfico de las personas y mercancías en las vías públicas y velar por la

seguridad vial. Proteger y proporcionar seguridad a altas personalidades de conformidad a la ley

de la materia y cooperar con cuerpos policiales extranjeros. Registrar y controlar los servicios de seguridad del estado, instituciones

autónomas, municipales y privados, de conformidad a las leyes sobre la materia.

En 2001 se produce uno de los cambios de mayor importancia en su funcionamiento, al derogarse la anterior Ley de Policía y se sustituirse por la actual LOPNC (Decreto legislativo Nº 653, 6 de diciembre de 2001). Las principales modificaciones fueron: La Inspectoría General pasa a ser una dependencia de la Dirección General de la

PNC. Esta disposición, además de contradecir lo estipulado en los Acuerdos Paz, supone restarle imparcialidad y capacidad autónoma. También se eliminaron los requisitos y funciones del inspector en materia de Derechos Humanos y se permitió la posibilidad de que un oficial de la PNC pudiera ser nombrado Inspector, con el consiguiente riesgo de falta de independencia respecto al Director de la PNC.8

7 Reporte Seguridad en América Latina y el Caribe 2006, Informe El Salvador, FLACSO. 8 “Quince años de reforma policial en el Salvador”, en Policía, Revista Urbio nº 2, Flacso Ecuador, septiembre de


La nueva ley traslada el manejo presupuestario y la regulación de los derechos y deberes de los policías a disposiciones reglamentarias, lo que permite que el ejecutivo pueda cambiar las reglas de la institución con relativa facilidad.9

Se crea el Consejo de Ética Policial: Coordinado por el Ministro, está integrado por cuatro personalidades del país nombradas por el Presidente. Su objetivo es verificar y supervisar la ejecución de los planes y políticas, el control de los recursos asignados y del comportamiento policial.

Retomando una de las recomendaciones del Comisión Nacional de Seguridad y Paz Social, en diciembre de 2007 la Asamblea aprobó una nueva Ley Disciplinaria Policial, que sustituye el anterior reglamento.

Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). Creado por Decreto en 1996, el CNSP funciona adscrito a la Presidencia de la República y su objetivo inicial era el de estudiar, analizar y formular recomendaciones y asesoría al Presidente en lo relativo a las políticas y estrategias de seguridad pública ejecutadas por el Gobierno, así como proponer las reformas legislativas necesarias para mejorar la seguridad en el país. Actualmente esta función de análisis y asesoría en materia de políticas se ha desvirtuado y el CNSP básicamente se ha convertido en una instancia ejecutora de programas de prevención y rehabilitación a nivel nacional. Fuerzas Armadas. La Constitución (art. 212) y La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (art. 2 y 3) indican que su misión es “asegurar la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, mantener la paz, la tranquilidad y seguridad pública y el cumplimiento de la Constitución y demás leyes vigentes”. Por solicitud expresa del Presidente (Art. 168 de la Constitución), las FF AA pueden encargarse de manera excepcional de la paz interna. Desde 1993, el Ejército colabora con la PNC en operaciones de patrullaje conjunto, siempre al mando de la policía, para combatir la delincuencia común, narcoactividad y crimen organizado.

Recientemente, un Decreto Ejecutivo (Nº118, del 19 de noviembre de 2007) dispone el apoyo del ejercito a la policía durante el periodo de una año en actividades propias de ésta última en materia de seguridad ciudadana. Las operaciones de patrullaje conjunto y demás análogas se determinarán en “los planes operativos conjuntos incluidos en el denominado Plan ‘Guardianes’, que para tal efecto se ha emitido, a fin de regular la planificación y ejecución de las operaciones antidelincuenciales conjuntas entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.” (Art. 3).

Sistema de Administración de Justicia. Los Acuerdos de Paz iniciaron un proceso de institucionalización democrática y modernización del Estado dentro del cual el proceso de mejora y modernización del sistema judicial era uno de sus principales objetivos. En este sentido se trató de promover un mayor acceso de la ciudadanía a la justicia y se instauró en 1998 un sistema de proceso penal de carácter acusatorio, en el cual la característica principal es la separación de la investigación, la acusación y el juzgamiento en instituciones distintas.

2007, p.136.

9 Ibidem, p.137.


Las instituciones del sector con competencias en seguridad ciudadana son las siguientes: Fiscalía General de la República. La ley Orgánica de la FGR (Art 2) establece que, entre otras, son competencias de la FGR: defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública. La Fiscalía General forma parte del Ministerio Público y es independiente de los demás órganos del Estado, con los cuales colaborará en el desempeño de las funciones públicas (Art. 13). En relación a la investigación del delito, el Art. 15 de la mencionada ley establece que “la Policía Nacional Civil y los organismos de seguridad pública, obedecerán las órdenes e instrucciones bajo el concepto de dirección funcional impartidas por la Fiscalía General para la investigación de los hechos punibles”. Órgano Judicial. Corresponde a este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias Constitucional, Civil, Penal, Mercantil, Laboral, Agraria, y de lo Contencioso Administrativo. Su estructura interna se compone de: Corte Suprema de Justicia (de la cual dependen las salas de lo civil, penal, contencioso administrativo y constitucional); Cámaras de Segunda Instancia; Juzgados de Primera Instancia, y Juzgados de paz. Cuenta con una Unidad de Justicia Juvenil, dependiente de la Presidencia de la CSJ; y el Instituto de Medicina Legal (IML), que cae orgánicamente de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos. Sistema penitenciario. La Ley Penitenciaria establece (Art. 18) que el sistema penitenciario salvadoreño estará compuesto por: la Dirección General de Centros Penales, el Consejo Criminológico Nacional, los Consejos Criminológicos Regionales y la Escuela Penitenciaria. El Director General de Centros Penales depende directamente del Ministro de Seguridad Pública y Justicia. Tiene a su cargo la Subdirección General, las Subdirecciones Administrativa y la de Asuntos Jurídicos y las Unidades y Departamentos de Planificación, Secretaría General, Escuela Penitenciaria, Formulación y Gestión de Proyectos de Cooperación, Comunicaciones y Relaciones Públicas, y el Centro de Coordinación post-penitenciario. Igualmente dependen de la Dirección General, los Centros Penitenciarios y los Pabellones Hospitalarios.

El Consejo Criminológico Nacional y los Consejos Criminológicos Regionales, sólo obedece a la Dirección General en el aspecto administrativo, no así en el técnico-científico. La Ley Penitenciaria (Art. 72 al 80) determina que los Centros Penitenciarios se clasifican en:

Centros preventivos, destinados exclusivamente a la retención y custodia de

detenidos provisionalmente por orden judicial.


Centros de cumplimiento de penas, que se subdividen en: Centros ordinarios, que alojan a internos que cumplen su pena de acuerdo con el régimen progresivo de cumplimiento establecido por la Ley; centros abiertos; y centros de detención menor, para internos con penas menores a un año, o en fase de confianza o semilibertad; centros de seguridad.

Centros especiales, destinados para la atención y tratamiento de la salud física y mental de los internos.

Las fases del régimen penitenciario en los centros de cumplimiento de penas son:

- Fase de adaptación. - Fase ordinaria. - Fase de confianza. - Fase de semilibertad.

El personal penitenciario (Art. 81 al 86 de la Ley Penitenciaria) se constituye en tres categorías: profesionales y especialistas, personal auxiliar y administrativo y personal de seguridad. El Sistema Penitenciario Salvadoreño es una estructura constituida por varias instituciones públicas10:

La Dirección General de Centros Penales. El Órgano Judicial, a través de las Cámaras de Vigilancia Penitenciaria y de

Ejecución de la Pena, los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena y el Departamento de Prueba y Libertad Asistida.

El Ministerio Público, ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que, en el marco de sus competencias, intervienen en los incidentes que se susciten durante la aplicación de los procesos de la detención provisional, ejecución de las penas y medidas de seguridad;

La Policía Nacional Civil que auxilia a la Dirección General y a los Directores de los Centros Penitenciarios cuando se dan circunstancias de estado de emergencia, reubicaciones de urgencia, registros y requisas.

Inteligencia. En el Salvador dos instituciones realizan funciones de inteligencia. Por una parte el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), principal oficina del ramo, y por otro la Unidad de Inteligencia Policial. El OIE no rinde cuentas y depende de la discrecionalidad del Presidente de la república. Tampoco existe una ley que regule sus actividades o faculte a la Asamblea a revisar sus actuaciones. Si bien no ha habido denuncias de inteligencia militar en cuestiones de seguridad pública, al OIE se le ha relacionado en actividades relacionadas con casos de investigaciones penales de alto impacto e interceptación telefónica de instituciones y personas próximas a la oposición al gobierno.11

10 http://www.seguridad.gob.sv/Web-Seguridad/Centros%20penales/penales.htm

11 Flacso, p 50


Por último señalar que se pueden identificar al menos 18 agencias estatales que diseñan y ejecutan de manera directa programas dirigidos a prevenir o controlar la violencia o los fenómenos delincuenciales12. Además de las instituciones del sector, se encuentran: El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de la Familia, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Secretaría de Juventud, la procuraduría General de la República, y algunos gobiernos locales. Espacios Interinstitucionales. En El Salvador, existen tres espacios interinstitucionales en los cuales se tratan algunos temas de seguridad nacional, pública y ciudadana. El primer espacio es el Comisión Nacional de Seguridad Nacional creada mediante el Decreto ejecutivo 101 de octubre de 2001, y conformada por: El Ministro de Seguridad y Justicia, que actuará como coordinador. La Ministra de Relaciones Exteriores. El Ministro de la Defensa Nacional. El Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. El Director General de la Policía Nacional Civil. El Director General de Migración.

Las principales funciones de la Comisión son: Asesorar al Presidente en todos los aspectos relacionados a delitos de

envergadura tales como: narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y otros. Recomendar las acciones que el Presidente de la República habrá de tomar, en

cumplimiento a los preceptos constitucionales en materia de seguridad pública. El segundo espacio interinstitucional es el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) creado mediante el Decreto No. 65 del 2 de Septiembre de 1992, y conformado por: Presidente y Vicepresidenta de la República. Los Ministros de Estado: de la Presidencia, Relaciones Exteriores, de Seguridad

y Justicia, y de la Defensa Nacional. Dos personas nombradas por el Presidente de la República. El Director Ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado.

Sus principales funciones son: Asesorar al Presidente en la dirección, planificación y ejecución de las políticas

de seguridad nacional y en particular sobre los siguientes aspectos: la organización del país en forma legal y permanente, en el mantenimiento de la paz y la preparación y conducción de la guerra; el establecimiento de las misiones de cada campo de acción nacional y la coordinación del esfuerzo conjunto de ellos.

El tercer espacio de coordinación a nivel de Estado es la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia. Integrada por los representantes del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, Procuraduría General, y Consejo Nacional de la Judicatura, tiene como objetivos realizar la coordinación, al más alto nivel, de las instituciones del mencionado sector; definir políticas y estrategias de desarrollo de éste; y decidir sobre los planes, programas y proyectos que deben ser desarrollados en el mismo.

12 Compromiso Ciudadano para Convivir en Paz. Propuesta de Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana para El Salvador. PNUD 2005.


Cuenta con una Unidad Técnica Ejecutiva para garantizar su funcionamiento. Sistema de información. El país no cuenta con un sistema de información o de estadísticas unificadas y confiables, lo cual se ha convertido en un obstáculo para elaborar políticas, medidas y planes y para monitorear sus respectivas aplicaciones. A pesar de que a partir del año 1999 se registra de manera mucho más adecuada la información, pero el proceso continúa teniendo carencias significativas. Para el caso de los homicidios, en enero de 2005 por iniciativa del Ejecutivo se firmó un convenio entre del entonces Ministerio de Gobernación, la FGR y el Instituto de Medicina Legal para analizar la información de manera conjunta. Esto ha permitido revisar las cifras en el tema de homicidios y contar con una información unificada para este delito. Fuente: Seguridad y Paz un reto de país

Instituciones vinculadas a la recolección, procesamiento, análisis y difusión de la información Homicidios y accidentes de tránsito: Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Ministerio de Salud. Suicidios: Medicina Legal, Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil. Lesiones: Ministerio de Salud, Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional Civil. Violencia Sexual: Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, ISDEMU, ISNA (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia). Violencia de Género: Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República, ISDEMU. Otros delitos relevantes (extorsiones, hurtos, robos, asaltos, secuestro): Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la Republica.

Asimismo, la PNC no cuenta con un Sistema de Información Georeferenciado, aunque está previsto desarrollar un programa en breve con apoyo de la Cooperación de Japón. Actualmente la PNC maneja un sistema de incidencias que permite generar información desagregada temporal y geográficamente (departamental y municipal), por edades, por sexos, y por tipo de armas utilizada en algunos delitos, como homicidios y lesiones. También se mantiene un registro de detenciones. La Unidad de Estadísticas centraliza la información. Controles externos. El actuar de las instituciones vinculadas con la seguridad pública es monitoreado a nivel externo por: Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la

Narcoactividad. Procuraduría para los Derechos Humanos. Sociedad civil: Dos organizaciones han destacado en esta labor: la Fundación de

Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Prevención y rehabilitación. A continuación se detallan los programas de prevención y rehabilitación en marcha por parte de las instituciones públicas nacionales:


Consejo Nacional de Seguridad Pública: El CNSP ha ejecutado recientemente o está implementando los siguientes programas: Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: En los primeros

cuatro años de ejecución, el programa se ha desplegado con mayor consistencia en diez municipios del país, en su mayor parte ciudades muy densamente pobladas del área metropolitana de San Salvador. Actualmente se está ampliando a otras localidades del país. Su foco de acción ha sido la rehabilitación o construcción de espacios públicos, centros deportivos y de recreación, la formación ocupacional de jóvenes y la organización comunitaria. El presupuesto total del CNSP para 2008 asciende a 990,555$.13

Proyecto ProJóvenes, iniciativa conjunta con la Unión Europea que se implementa desde hace 5 años en 13 localidades del Área Metropolitana de San Salvador. Su presupuesto total es de 15 millones de dólares. Recientemente, la UE ha aprobado su continuidad por cuatro años más con una financiación de 11 millones de dólares.

Programa de rehabilitación, que incluye una Granja Escuela y trabajo en penitenciarias.

En prevención y control de armas, el CNSP con el apoyo presupuestario de PNUD ha ejecutado el Proyecto Municipios Libres de Armas en los municipios de San Martín e Ilopango. El presupuesto de esta iniciativa de dos años de duración fue de 360.000$. Actualmente, se está desarrollando el Proyecto Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención de la violencia armada con acciones a nivel nacional y en el municipio de Santa Ana, con un presupuesto de 250.000$ para dos años.

Desde finales del año 2006 el Ministerio de Seguridad y Justicia en coordinación con el CNSP, están trabajando en un Plan Nacional de Prevención orientado a mejorar los niveles de coordinación entra las diferentes instituciones del Estado, promoviendo una intervención interagencial comenzando por las zonas más críticas. Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad. Trabaja en 165 municipios en programas y actividades de fomento del esparcimiento, la educación, la coordinación interinstitucional, desarrollo de infraestructura, la organización comunitaria y la capacitación vocacional. Asimismo, es la instancia coordinadora de los 135 Comités Locales de Seguridad organizados por el Ministerio. El presupuesto destinado parea este 2008 a actividades de prevención y participación del ministerio es de 1.884.055$. A este monto habría que sumarle 9,560,600$ procedentes del Fideicomiso para inversión en educación, paz social y seguridad ciudadana, aprobado en junio de 2007.14 Ministerio de Educación. Dentro de su Plan Nacional de Educación 2021, esta cartera ministerial desarrolla mediante el Programa Poder, dirigido a jóvenes mayores de 13 años, diversos componentes relacionados con la prevención de la violencia y el fomento de la convivencia. El programa se desarrolla a través de tres componentes: educación para la vida, que incluye cuestiones de equidad de género y prevención del consumo de drogas; actividades deportivas y culturales; y la solidaridad y convivencia escolar, que incluye actividades en torno a la resolución pacífica de conflictos, mediación y promotores de paz.15

13 Presupuesto General del Estado 2008, en www.mh.gob.sv 14 Presupuesto General del Estado 2008, en www.mh.gob.sv y Ley del Fideicomiso para la inversión en educación, paz social y seguridad ciudadana, Decreto Legislativo Nº 343, 21 de junio de 2007

15 http://www.mined.gob.sv/2021/poder/descargas/poder.pdf, p.10


http://www.mh.gob.sv/

http://www.mh.gob.sv/

http://www.mined.gob.sv/2021/poder/descargas/poder.pdf

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Desarrolla acciones de prevención de la violencia intrafamiliar a través del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar. Esta iniciativa brinda atención a la población víctima de violaciones y otras agresiones sociales, atiende crisis y prevención en lo relativo a salud física y mental, y da asistencia social y jurídica El Programa dispone de un número telefónico de asistencia y de un albergue para mujeres maltratadas. Gobiernos locales. Las autoridades locales tienen un papel limitado en la gestión de la seguridad y la promoción de la convivencia ciudadana. Una debilidad que se manifiesta en las escasas competencias y recursos de que disponen. El Código Municipal no menciona, de manera explicita y clara, la seguridad ciudadana o la prevención como una de las responsabilidades de los municipios. Además, existen otros vacíos legales que no permiten establecer claramente a nivel local cuáles son las instituciones directa o indirectamente relacionadas con el manejo de las problemáticas. No obstante estas dificultades, existen algunos municipios que están trabajando en el tema. En este sentido, es de destacar el esfuerzo de localidades como Santa Tecla (Área Metropolitana de San Salvador) que cuenta con un Programa de Seguridad Ciudadana en marcha desde ha ce un par de años, o el reciente esfuerzo de la alcaldía de San Salvador que ha formulado y aprobado su política de Seguridad Ciudadana. En ambos municipios, así como en otros donde se han llevado a cabo distintos proyectos, el enfoque es básicamente preventivo, con especial énfasis en acciones de recuperación de los espacios físicos, actividades dirigidas a la población juvenil y femenina, el control de la circulación de armas de fuego en determinadas zonas o barrios y el fomento de la convivencia pacífica. Asimismo, la PNC viene desarrollando planes de coordinación conjunta con los Cuerpos de Agentes Municipales (CAM) en 9 municipios, entre ellos la capital. En El Salvador, la Constitución estipula que la única institución de policía en el país es la PNC. No obstante, un gran número de alcaldías, especialmente las de mayor población, cuentan con Cuerpos de Agentes Metropolitanos. Los CAM están regulados por ordenanzas municipales y entre sus funciones se pueden destacar: la vigilancia, custodia e inspección del patrimonio Municipal; cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos municipales; Llevar a cabo inspecciones en establecimientos y negocios; y colaborar en la prestación de seguridad a espectáculos, manifestaciones públicas, etcétera. En sus labores cotidianas los CAM actúan equipados con armas de fuego. No se dispone del número total en el país, pero sólo en San Salvador la alcaldía cuenta con unos 600 agentes metropolitanos. Déficit institucionales. A continuación se enumeran los principales problemas que enfrentan las instituciones de seguridad pública en El Salvador: 1. La falta de una Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Estado

que se constituya en la hoja de ruta a seguir16. A pesar de las recomendaciones hechas en este sentido, la más reciente a cargo de la Comisión Nacional de

16 Seguridad y paz un reto de país. Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, junio 2007.


Seguridad y Paz Social, nombrada por el propio Presidente, a la fecha no existe esta política y la seguridad se maneja en base a planes y acciones discontinuas.

2. La estructura estatal responde a los esquemas administrativos de la seguridad nacional, al recaer la dirección y responsabilidad en el Presidente. Este esquema no tiene en cuenta las necesidades presentes de la convivencia y de la seguridad, cuyas características y demandas son también locales.

3. Problemas de información. A pesar de la mejora experimentada en los últimos años, continúa sin haber un sistema de información unificado y la información delictiva continúa teniendo deficiencias en su precisión y grado de análisis y profundización.

4. Aunque desde algunas instituciones se han aplicado algunos programas preventivos, ha predominado la visión y los planes policiales-represivos.

5. Deficiente coordinación interinstitucional, especialmente entre las agencias del sector justicia encargadas de la dirección e investigación del delito (PNC, FGR, jueces), que ha ocasionado elevados niveles de impunidad.

6. Pocas capacidades técnicas en todos los niveles de gobierno, tanto nacional como local, en materia de seguridad ciudadana.

7. El sistema penitenciario está colapsado. Los niveles de hacinamiento, las condiciones en las prisiones y el control de éstas por parte de los reclusos alcanzan cotas preocupantes. Esta deficiencia podría paliarse temporalmente gracias a la inversión en nueva infraestructura penitenciaria prevista para este año (30 millones de dólares) a través del Fideicomiso

8. El uso del ejército ha pasado de ser de temporal a permanente, lo que va en detrimento de la mejora en las capacidades de seguridad pública.

9. Las instituciones, especialmente del ejecutivo, están muy influenciadas por lógicas político-partidarias. Como ejemplo, sirva decir que el actual Ministro de Seguridad se postuló como candidato del partido oficialista (ARENA) a la presidencia (las elecciones son el año próximo) y que el ex Director de la PNC hasta enero de 2008 es uno de los precandidatos del mismo partido a las próximas presidenciales.

10. Los municipios carecen de competencias y recursos para enfrentar la delincuencia y la inseguridad y desde el ejecutivo se centralizan y monopolizan las acciones de seguridad.

11. No hay coordinación y complementariedad entre las numerosas instituciones que desarrollan acciones sobre la problemática. Además, existen vacíos legales y prácticas institucionales que no permiten establecer claramente cuáles son las entidades directa o indirectamente relacionadas con el manejo de la seguridad ciudadana.

12. La debilidad de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia así como la desnaturalización de sus fines y responsabilidades del Consejo Nacional de Seguridad Pública han llevado a que se cuente efectivamente con una instancia desde la cual pueda manejar y hacer seguimiento a una política de Estado en materia de seguridad ciudadana.

13. Pese a que el enfoque de género se ha ido incorporando progresivamente en algunas acciones y programas, es necesario dedicar mayores esfuerzos para favorecer la incorporación de este enfoque en el desarrollo de las instituciones.

14. Existe una fuerte debilidad en relación al monitoreo, evaluación y medición de impacto de las acciones que realizan las instituciones públicas, lo que impide obtener información sobre la efectividad de las estrategias, programas, planes y acciones que se impulsan.


3. Las policías La Policía Nacional Civil de El Salvador surge como institución responsable de la seguridad pública después de la firma de los Acuerdos de Paz. El artículo 159 inciso segundo y tercero de la Constitución determinó que “la Defensa Nacional y la Seguridad Pública estarán adscritas a Ministerios diferentes. La Seguridad Pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista”. Desde entonces la PNC ha desarrollado diversos programas tendientes a su fortalecimiento en varias áreas, incluida la formación de su personal, su dotación en infraestructura, comunicación y movilidad. Ha creado cuerpos especiales para enfrentar determinados delitos y promovido programas de acercamiento y trabajo conjunto con los ciudadanos, a pesar de lo cual presenta una gran debilidad institucional y operativa para enfrentar fenómenos crecientes de violencia social y de delincuencia compleja. En la actualidad, la PNC cuenta con un total de 16.889 policías, lo que supone una tasa de 240 policías por cada 100.000 habitantes. El grueso de agentes (unos 13.000) se concentra en seguridad pública. En materia de presupuesto, y tras varios años de descenso continuado (pasó de de 148 millones de dólares en 1.999 a 134 millones en 2.004) la asignación presupuestaria para la PNC ha sufrido un incremento significativo, al pasar de 150 millones de dólares en el año 2007 a los 166 millones previstos para este año. Es de señalar, no obstante, que cerca del 95% del presupuesto se destina al pago de salarios17. Además, la PNC se verá beneficiada con una inversión adicional de 47 millones y medio de dólares procedente del Fideicomiso y otros 4 millones de dólares destinados a la mejora de la infraestructura y el equipamiento. La jerarquía de la PNC salvadoreña se estructura en torno a tres escalas (Ley de la carrera policial, Art.13) Nivel básico: Agente, cabo, y sargento. Nivel ejecutivo: Subinspector, Inspector e Inspector Jefe. Nivel Superior: Subcomisionado, Comisionado y Comisionado General. La dirección funcional, la elaboración de los planes, programas y procedimientos está a cargo de seis subdirecciones, que dependen de la Subdirección General. Estas son: Subdirección de Seguridad Pública. Subdirección de Investigaciones. Subdirección de Áreas Especializadas Operativas. Subdirección de Tránsito Terrestre. Subdirección de Policía Rural. Subdirección de Administración y Finanzas. .

17 Seguridad y paz un reto de país, p. 101


La PNC cuenta también en su estructura orgánica con un Centro de Inteligencia Policial y una Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

Organigrama PNC

En cuanto al despliegue sobre el territorio, a partir de 2006 se ha regresado a la unificación de mando en torno a la Regional Policial, de la cual dependen las delegaciones (el centro operativo) y en las cuales se encuentran los Departamentos de Prevención, Operaciones, Investigaciones y Tránsito. El país está zonificado en 5 regionales: occidental, central, metropolitana, paracentral y oriental. En cada uno de los 14 departamentos del país hay una Delegación de policía. Sólo el Área Metropolitana de San Salvador cuenta con seis (Centro, Soyapango, Ciudad Delgado, Mejicanos, San Salvador Norte y San Salvador Sur) y el Departamento de la Libertad con tres. De las delegaciones dependen las 77 Subdelegaciones repartidas por todo el territorio nacional y los 237 puestos, instalados en localidades con menor número de habitantes. Control Interno: La unidad encargada de supervisar y controlar las actuaciones del cuerpo es la Inspectoría General de la Policía. Bajo la autoridad del Director General sus atribuciones son investigar las faltas disciplinarias de los miembros de la institución, recibir las denuncias de particulares o miembros de la PNC, investigar las disfuncionalidades de los servicios operativos y asegurar el respeto a la dignidad humana a través de la protección y promoción de los DD HH en el ejercicio de la función policial.18 La Inspectoría cuenta con cuatro unidades: Asuntos Internos; Investigación disciplinaria; Control y Derechos Humanos.

18 Flacso, p. 37.


Además de la inspectoría otros órganos de control interno son la Unidad de Auditoria Interna y el Consejo de Ética Policial. Las instancias sancionadoras son los Jefes de Servicio y los Tribunales Disciplinarios (nacionales, regionales y especiales).19 Para ingresar aspirar a policía se requiere: Ser salvadoreño por nacimiento. Tener entre18 años y 27 años. Poseer Titulo de Bachiller. A los aspirantes al nivel ejecutivo se les requiere tener

nivel universitario. Poseer estatura mínima de: Hombres: 1.61 metros Mujeres: 1.56 metros Carecer de antecedentes penales y policiales. Carecer de antecedentes policiales. No haber sido destituido por motivos disciplinarios de la Administración Pública, ó

municipal, ni de ninguna institución oficial, autónoma ó privada. La formación de aspirante a policía, tanto en el nivel básico como en el de oficiales, en El Salvador está a cargo de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), institución autónoma de la policía. LA ANSP tiene un Director nombrado por el Presidente y cuenta con un Consejo Académico, nombrado por el Presidente e integrado por personalidades de reconocida trayectoria. Presidido por el director es la máxima instancia rectora de la formación policial. Asimismo, y de acuerdo a la Ley de Carrera Policial hay tres tipos de Tribunales de Ingresos y Ascensos: uno para los niveles básico, ejecutivo y subcomisionados; un segundo para la categoría de comisionados; y un tercero para la Categoría de Comisionado General. La ANSP desarrolla cursos de formación básica para agentes y subinspectores y de manera incipiente algunos cursos de especialización. Anualmente, la PNC y la ANSP elaboran conjuntamente el plan de formación. Asimismo, la PNC desarrolla sus propios cursos de actualización, básicamente enfocados al readiestramiento de los policías. En este sentido se desarrollan cursos de actualización del Programa PIPCOM (Patrullaje de Intervención Policial Comunitaria); cursos básicos y de actualización sobre el sistema de emergencias 911, así como delos nuevos programas institucionales implementados, como los Patrullajes de Prevención Activa (policía secreta). La PNC también ofrece capacitación a los Cuerpos de Agentes Metropolitanos y a efectivos del Ejército sobre seguridad pública. También realiza los cursos para agentes de seguridad privados. Fortalezas de la institución policial. Se pueden destacar las siguientes fortalezas:

Es una institución profesional que ha logrado consolidarse tanto en lo territorial como en lo institucional y administrativo.

19 Flacso p.40.


Mantiene el espíritu de los Acuerdos de paz en cuanto a civilidad. Un buen nivel de representación y académico (en comparación con otros países

de la región). Ha iniciado un proceso de modernización, especialmente en técnicas policiales,

investigación, etcétera. Ha desarrollado bastante el trabajo interinstitucional y es una institución abierta

al debate público. Principales problemas. En el otro lado de la balanza, se pueden señalar las siguientes deficiencias: 1. Una estructura organizativa que no incorpora elementos de gestión tales como

definición de funciones, mecanismos de coordinación interinstitucional, definición de procesos y procedimientos, e indicadores objetivos y claros que permitan medir la eficacia y la eficiencia del accionar policial.

2. La legislación actual fortalece y concentra el poder en el Director General de la PNC. Las decisiones se toman en forma centralizada y el Director General se supedita al Ministro de Seguridad.

3. Prima un modelo reactivo de la gestión policial de la seguridad. 4. Perdida de autonomía de la labor policial fruto de las presiones y agendas del poder

político-partidario. 5. Deficiente investigación criminal. Quizá uno de los puntos más críticos de la

institución sea su baja capacidad de investigación del delito e inteligencia policial. Al insuficiente, en cantidad y calidad, número de investigadores policiales para enfrentar el elevado número y la complejidad de los casos a investigar, se une la escasa capacitación de personal dedicado a las labores de investigación criminal y manejo de la escena del delito.

6. Una plantilla a la baja. Las numerosas bajas, voluntarias y forzadas, el decreciente interés por formar parte del cuerpo policial así como las deficiencias de la Academia de Seguridad Pública para formar nuevos agentes han provocado que el número de policías haya ido decreciendo progresivamente de los 17.600 con que contaba en 1999 a los actuales 16.889.

7. Una cobertura territorial insuficiente que demanda la incorporación de nuevos agentes.

8. Se han detectado algunos problemas de corrupción que han llevado a la salida de efectivos así como a la aprobación de la Ley Disciplinaria. Sin embargo, la Inspectoría continua dependiendo del Director y sin ejercer con oficia y autonomía el correspondiente control y fiscalización de la labor policial.

9. La ANSP funciona al margen de las necesidades de la policía. Además se ha promovido la producción de agentes, en detrimento de la formación de niveles superiores.

10. Se detenta un bajo ingreso de mujeres en el cuerpo. 11. Una grave devaluación del trabajo policial: A los bajos salarios, se une la

desmotivación y la no consideración del trabajo policial tanto desde las instituciones como de una buena parte de la ciudadanía.

12. Deficiente infraestructura y equipamiento que puede ser solventado en parte con el presupuesto previsto para este año.

13. A pesar de los avances en los últimos años, es necesario fortalecer y mejorar la coordinación entre la PNC y los gobiernos locales y el CAM.


14. Se está produciendo un cierto retorno al irrespeto a los derechos humanos (tanto hacia la ciudadanía como hacia sus propios miembros).

II. Seguridad Privada 1. Antecedentes

Si bien los servicios de seguridad privada en El Salvador comienzan a aparecer en los años 70 del siglo pasado no es hasta la década de los noventa y más en particular, tras el fin del conflicto armado que estos servicios experimentan un auge significativo. La ley de 1994 que regulaba estas empresas fue derogada por la actual (Decreto 227 de 24 de enero de 2001) Ley de los Servicios de Seguridad Privada. Esta nueva normativa estipula que corresponderá al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, a través de la Policía Nacional Civil, el registro y control de las actividades de estas empresas. Para ello, la ley crea la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad de la PNC, que es la encargada de supervisar y controlar el funcionamiento de las empresas autorizadas a prestar servicios privados de seguridad.

La normativa (Art. 2) establece cuatro categorías: a. Agencias de Seguridad Privad: Que son aquellas agencias o empresas propiedad de

personas naturales o jurídicas de carácter privado que se dediquen al adiestramiento, transporte de valores, presentación de servicios de custodia, vigilancia y protección a personas naturales o jurídicas y sus bienes, los que en la presente ley se denominarán.

b. Asociaciones de Vigilantes y Vigilantes independientes: Que se dedican a la vigilancia y protección de personas y viviendas en barrios, colonias o zonas geográficamente determinadas, que en la presente ley se denominarán respectivamente.

c. Las agencias de investigación privada. d. Servicios propios de protección: Que son aquellos mediante los cuales las personas

naturales o empresas disponen de su propio servicio de seguridad para la protección de las personas al servicio de la misma de su patrimonio y transporte de valores.

Para poder funcionar y prestar sus servicios las empresas deben cancelar: Empresas, agencias o asociaciones de vigilantes que tengan hasta treinta personas,

pagan el equivalente a tres salarios mínimos mensuales20. Las que tengan de treinta y uno a sesenta personas, pagan el equivalente a seis

salarios mínimos mensuales. Las que tengan de sesenta y un personas en adelante pagan el equivalente a diez

salarios mínimos mensuales. La autorización de funcionamiento dura tres años, y puede ser renovada por períodos iguales.

En cuanto a la supervisión y control de las empresas, la PNC previa coordinación con las empresas o agencias de servicios privados de seguridad realiza una inspección anual e inspecciones eventuales sin previo aviso.

20 El salario mínimo en El Salvador es de 175$ mensuales.


Los requisitos para ser agente de seguridad privada son (Art. 20): Ser salvadoreño o extranjero con residencia definitiva. Ser mayor de 18 años de edad. Poseer un nivel de estudios no menor de sexto grado. Estar en buen estado de salud mental y en condiciones físicas aceptables conforme

a una certificación médica. Presentar constancias de carencia de antecedentes penales y policiales. Inscribirse en la Academia Nacional de Seguridad Pública (en un plazo no superior

a 30 días desde el momento de ser contratado) y aprobar una prueba psicotécnica y un curso de capacitación que incluye las asignaturas, entre otras, de procedimientos de guardias privados.

Poseer licencia para uso de armas de fuego. La ley estipula una serie de sanciones a las empresas que cometan infracciones a la misma. Las infracciones se dividen en (Art. 47): Faltas leves: Se sancionan con multa equivalente de dos a diez salarios mínimos

mensuales. Faltas graves: Se sancionan con multa equivalente de once a sesenta salarios

mínimos mensuales. Faltas muy graves: Se sancionan con la cancelación definitiva de la autorización

para operar como servicio privado de seguridad. Los artículos 48 a 50 de la mencionada Ley detallan los motivos de infracción. La normativa también detalla que no podrán ser propietarios, accionistas o contratistas de Agencias o Empresas Privadas de Seguridad, los miembros activos de la Policía Nacional Civil; el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, el Director General de la Policía Nacional Civil, el Sub Director de Gestiones y Operaciones y el Jefe de la División de Registro de las Empresas Privadas de Seguridad, ni sus familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad. Además, estarán inhibidos durante los tres años posteriores de haber cesado en sus funciones.

Si bien la legislación impide a los policías en activo ejercer labores de seguridad privada, desde el año 2002 funciona en el seno de la PNC el programa Bolsa de Trabajo Policial. La participación en este programa es voluntaria, se debe de tener un expediente disciplinario limpio y justificar necesidades económicas. Los policías inscritos son llamados a dar seguridad en cuyo objetivo es para labores de seguridad en espectáculos y actos masivos.

Los contratos se realizan por medio de la Fundación de Bienestar Policial, entidad que se encarga de entregar al policía el pago por la seguridad prestada a determinado establecimiento o espectáculo. Del importe total, se les retiene el 10% del impuesto de la renta. La fundación no percibe ninguna remuneración económica. Actualmente, el 10 por ciento de la plantilla de la PNC (unos 1700 policías) está inscrito en este programa.

La tendencia de los servicios de seguridad privada muestra un crecimiento pronunciado en la década de los 90, al pasar de 14 empresas registradas en 1994 a 295 empresas registradas en el año 2000, con un total de 20.643 agentes. Desde entonces se produce


un descenso progresivo hasta llegar a las 274 empresas legalmente registradas en la actualidad que cuentan con un total de 19.200 agentes. Según datos de la PNC, en la actualidad la capacidad de porte de armas de las empresas de seguridad ronda las 25.000 armas de fuego (pistolas, revólveres y escopetas). Si bien el sector de seguridad ha ido ganado fuerza en los últimos años debido al auge de la actividad delictiva y la inseguridad no puede afirmar que tenga una alta importancia política y estrategia de dichas empresas. No obstante, muchas de ellas están gestionadas por ex militares o ex policías así como, según algunas informaciones periodísticas, por políticos en activo, principalmente del partido en el gobierno, ya sea directamente o por intermediación de terceros. Para finalizar este apartado, señalar que un estudio de PNUD21 estimó que los gastos totales de las familias salvadoreñas en seguridad privada a lo largo del año 2003 ascendieron a 89.9 millones de dólares, con un gasto promedio anual por familia de 161$. Por su parte, las empresas gastaron 317.6 millones en seguridad privada mientras que la inversión en seguridad habría rondado los 3.2 millones. En total, el costo de la seguridad privada para los hogares y empresas salvadoreñas ascendió a 410.7 millones de dólares, el 2.7% PIB. En contraposición, los costos de todas las instituciones que tienen alguna participación y actividad en seguridad (incluyendo el sector justicia) para ese año alcanzó el 1.8% del PIB.

Presupuestos

Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Presupuestos Generales del Estado 2008, Ministerio de Hacienda (www.mh.gob.sv)

Presupuesto entidades encargadas de seguridad, en millones (2004-2008) Entidades 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fiscalía General de la República 19.6 19.5 19.4 19.4 20.1 28,8 Instituto de Medicina Legal 6.7 7.1 7.8 8.2 9.1 10 Ministerio de Seguridad* 183.1 183.0 196.2 187.3 201.7 307.2** Todos 209.4 209.6 223.4 214.9 230.9 346 Otras instituciones Ministerio de Defensa 106.1 106.0 106.0 106.4 111.4 115.4

*Gobernación hasta 2007 **Incluye partida de Fideicomiso por un monto de 94,327,770$

Tasa de crecimiento del presupuesto, por entidades (2004-2008)

Entidades 2004 2005 2006 2007 2008

Fiscalía General de la República -0.5 -0.4 0.0 3.5 14.3 Instituto de Medicina Legal 5.3 9.9 5.3 11.4 10.9 Ministerio de Seguridad* -0.1 7.2 -4.5 7.7 15.2 Todos 1.5 5.5 0.2 7.5 13.4 Otras instituciones Ministerio de Defensa -0.1 0.0 0.3 4.7 4.7

21 ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?, PNUD 2005


Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Presupuestos Generales del Estado 2008, Ministerio de Hacienda(www.mh.gob.sv) *Gobernación hasta 2007 **Incluye partida de Fideicomiso por un monto de 94,327,770$

Presupuesto Ministerio de Seguridad Pública y Justicia 2008 (rubros seleccionados) Línea de trabajo Presupuesto (en dólares) Dirección y Administración Institucional 4,822,535 Prevención, Participación y Reinserción Social 2,436,975 Justicia e Iniciativas Legislativas 346,440 Registro y Control Migratorio 1,443,945 Policía 166,140,425 Administración del Sistema Penitenciario (reclusión y rehabilitación)

22,260,565

Academia Nacional de Seguridad Pública 9,651,580 Reparación, Remodelación, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Policial

4,000,000

Fideicomiso Paz Social y Seguridad Ciudadana 94,327,770 Total 297,858,929 Fuente: Elaboración propia en base a Presupuestos Generales del Estado 2008, Ministerio de Hacienda (www.mh.gob.sv) Fideicomiso para la seguridad y la paz social Línea de trabajo Presupuesto (en dólares) Participación Ciudadana 9,560,600 Construcción, Reconstrucción y Equipamiento de la Infraestructura Penitenciaria

30,159,890

Fortalecimiento a la Seguridad Pública (PNC) 47,461,225 Academia Nacional de Seguridad Pública 7,146,055 Total 94,327,770 Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2008, Ministerio de Hacienda (www.mh.gob.sv)


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Bibliografía consultada ASDI, Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica, Guatemala, Octubre de 2007. Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, Seguridad y paz un reto de país, El Salvador, 2007 FLACSO, Reporte sistema de seguridad en América Latina y el Caribe 2006, Informe Nacional El Salvador, Chile, 2006. FLACSO, “Quince años de reforma policial en el Salvador”, en Policía, Revista Urbio nº 2, Flacso Ecuador, septiembre de 2007, p.136. Fundación Arias, La seguridad privada en Centroamérica, Costa Rica, 2003. Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Reporte de las pandillas en El Salvador, El Salvador, octubre de 2007, en www.seguridad.gob.sv IUDOP, Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad, Ministerio de Gobernación, IUDOP y CNSP, 2004 PNUD, Compromiso Ciudadano para Convivir en Paz. Propuesta de Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana para El Salvador. PNUD 2005. PNUD, ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?, PNUD, El Salvador, 2005 FUSADES, Violencia y criminalidad: obstáculo para el desarrollo, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, El Salvador, noviembre de 2006. USAID, Central America and Mexico Gang Assessment, USAID, Abril 2006


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seguridad pública y privada en el salvador

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