PROGRAMAELECCIONES GENERALES 2011

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La síntesis de valencianismo, izquierda transformadora y ecologismo que es COMPROMÍS ha sido la alternativa que en las últimas elecciones municipales y

autonómicas de 2011 ha roto el ascenso general de la derecha y convertido el País Valenciano en el único territorio del Estado donde el PP ha disminuido

significativamente su porcentaje de votos.

Nuestra firmeza contra la corrupción y nuestra apuesta por un gobierno

totalmente democrático y participativo nos ha colocado en el centro del debate político, en nuestra tierra y en todo el Estado. Porque el centro de la política no

es un lugar concreto, sino que está donde se encuentra la gente que demanda nuevas salidas cuando las viejas ya no funcionan.

Así como el republicanismo valenciano representó en su tiempo a todos aquellos que en el Estado español deseaban un verdadero cambio político, ahora desde

COMPROMÍS, junto a EQUO, con quien nos presentamos en estas elecciones, asumimos el reto con la colaboración vigilante de nuestros electoras y electores,

para no disminuir nuestro impulso y, bien al contrario, proyectarlo al Congreso y al Senado.

Mientras unos siguen ofreciendo glorias tópicas a España, nosotros vamos a ofrecer el modelo valenciano de democracia avanzada, de sostenibilidad

ambiental y de progreso social que nos exigen nuestros votantes. Las valencianas y los valencianos nos exigen un modelo social basado en la

solidaridad entre las personas que nos permita mantener y avanzar en el modelo social europeo de libertad, corresponsabilidad y derechos sociales, junto a una

exigencia cada vez más clamorosa y radical de honestidad y transparencia en las administraciones públicas.

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Nuestro programa para las elecciones generales de 2011 es un programa construido desde la participación de las personas que dan apoyo a nuestra

candidatura, es un programa dinámico que se actualiza con las propuestas de nuestros votantes. Recoge las ideas mencionadas en el párrafo anterior y,

además, parte de la evidencia que, en un mundo abierto y en comunicación, todos y todas contamos por igual y somos el centro de las redes que, individual

o colectivamente, hemos ido tejiendo a lo largo del tiempo.

Es un programa concebido de manera panorámica y, por tanto, encontraréis

reiteraciones porque la realidad se aborda como un complejo diverso y entrelazado. Nuestras propuestas se acercan a la realidad como si fuera una

cámara cinematográfica que hace un travelling para captar todos los elementos presentes: primero se fija en el espacio, en el suelo que nos sustenta y que

debemos cuidar; después pasa a mirar la persona y los derechos más inmediatos que precisa para el reconocimiento de su autonomía, y, por último, se

para en la sociedad y en los instrumentos que hacen posible su existencia y cohesión.

Espacio, persona y sociedad son, pues, los ejes que articulan nuestra iniciativa política. La solidaridad, la igualdad en la pluralidad, la sostenibilidad y el

fomento de la participación democrática, son los principios que la guían.

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El espacio1 Energía limpia y lucha contra el cambio climático

2 La gestión de los residuos

3 El agua

4 El mundo rural y la agricultura y ganadería

5 Protección de paisajes y los ecosistemas singulares

6 Producción limpia, atmósfera limpia

7 Prevención de daños ambientales y protección de los recursos

naturales

8 Urbanismo y ordenación del territorio

9 La vivienda

10 El turismo

11 Respeto y trato digno a los animales

La persona1 Igualdad hombre-mujer

2 El movimiento L.G.T.B. y la diversidad sexual

3 El derecho a emigrar, un derecho humano

4 Participación ciudadana y democratización de los asuntos públicos

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La sociedad1 Economía

2 El empleo

3 Educación

4 El comercio

5 Comunicaciones

6 Bienestar general

7 Justicia Fiscal

8 Administraciones públicas eficientes

9 Descentralización definitiva del Estat

10 Ayuda a los países en vías de desarrollo

11 Paz y Seguridad

12 Normalización status de la iglesia católica

13 Casa real

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Es urgente encontrar un reequilibrio entre la sostenibilidad ambiental, el desarrollo personal y el crecimiento económico global como garantía de bienestar para todo el mundo.

El espacio es un concepto dinámico, es la interrelación cambiante de la tierra con las actividades que realizamos los humanos sobre ella. De nosotros depende hacer una utilización respetuosa y eficiente o, por el contrario, agotar las posibilidades. El ser humano no es un Dios que pueda contemplar la Naturaleza desde fuera de ella, antes al contrario, es parte misma de la naturaleza y por eso debe preservarla como manera de preservarse a sí mismo y asegurar la transmisión a las generaciones venideras.

Energía limpia y lucha contra el cambio climático

• Apostamos por las energías renovables (solar, biomasa, biocombustibles, geotérmica, eólica, etc.), en coordinación con las Comunidades Autonómas y los Ayuntamientos además de un mayor impulso al IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), con el incremento del presupuesto para financiar proyectos de producción de energía renovable.

• Incentivaremos el aprovechamiento de los techos de los edificios públicos y de los de las naves industriales de los polígonos, para la producción de energía fotovoltaica así como un plan de ayudas y exenciones fiscales para su implantación en comunidades y viviendas particulares, facilitando el ingreso en la red pública.

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El espacio

• El incremento del ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores económicos y sociales es prioritario. Por eso se deben establecer incentivos y ayudas para la adopción de medidas de ahorro y penalizaciones fiscales a los grandes consumos y usos suntuarios, además de la aprobación de una ley de ahorro y eficiencia energética para reducir el consumo de energía primaria como mínimo un 1% anual en términos absolutos y como punto de partida para conseguir una reducción del 20% el año 2020.

• El ahorro energético estará primado fiscalmente. Para que las empresas y viviendas más responsables hacia el medio ambiente estén favorecidas y las menos respetuosas estimuladas para cambiar.

• Reducción de la polución generada por el tráfico marítimo, especialmente grave por la utilización de fuel oil pesado con un contenido en azufre de hasta el 4,5% (frente al 0,1% máximo de la gasolina convencional) y el intenso movimiento de mercancías por todo el planeta, siendo las costas de la península ibérica ruta de paso frecuente de estos.

• Se instará al gobierno a presionar a la Organización Marítima Internacional (ONU) para que regule este aspecto y endurezca los estándares medioambientales con que operan los barcos, exigiendo una reducción drástica de las emisiones -reduciendo la velocidad máxima, mejorando la eficiencia de los motores, etc.).

• Es posible que este tipo de medidas encarezcan el transporte marítimo -y el comercio internacional-, este inconveniente se compensa con el aumento de la competitividad de mercancías producidas localmente.

• Proponemos la elaboración de un calendario de cierre anticipado de todas las centrales nucleares del Estado antes de llegar al final de su vida útil. Y la renovación del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), para hacer que este órgano sea más transparente y participativo y que ofrezca más y mejor

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información a la sociedad. Nos oponemos a la instalación del cementerio de residuos nucleares en Zarra.El riesgo de la energía nuclear es socialmente y ecológicamente inaceptable y no hay una solución viable a medio plazo para resolver el problema de los residuos nucleares que hay que almacenar en instalaciones especiales por espacio de miles de años, por lo que hay que cerrar progresivamente las centrales nucleares.En estos momentos ya es posible llevar a cabo esta política, ya que la energía nuclear sólo representa el 10% de nuestra capacidad de generación y tenemos excedente de capacidad de generación. La energía generada mediante energía nuclear finalizaría el año 2027.Por muchas medidas de seguridad de que se incorporen, siempre hay un riesgo, y éste es mayor que el de cualquier otra fuente energética. De hecho, este tipo de centrales constituyen un objetivo perfecto para ataques que pretendan causar la mayor destrucción posible, tanto por la radiación como por la disrupción del suministro energético (por su alta capacidad de producción, aproximadamente el 1% del total de España por central). Además, la cantidad de residuos aumenta cada año, así como el coste de gestionar esos residuos, estimados en 14.846 M€ hasta 2070. Se suprimirán las ayudas públicas para la construcción y desmantelamiento de las centrales de nueva construcción, la adquisición de combustible nuclear y el tratamiento de nuevos residuos, de manera que las empresas explotadoras hagan frente al coste real de esta energía sucia, cara y no renovable.Prescindir de la energía nuclear no supone ningún problema al suministro eléctrico que no pueda ser compensado con medidas de eficiencia energética para reducir el consumo, nuevas centrales de generación renovables y las actuales plantas de generación hidroeléctricas y de

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combustibles fósiles y biomasa.Es socialmente y ecológicamente inaceptable, y no hay una solución viable a medio plazo para resolver el problema de los residuos nucleares. Con el fin de poder llevar a cabo este compromiso, desarrollaremos políticas dirigidas a garantizar el suministro energético mediante el uso preferente de energías renovables, a aumentar el peso de dichas fuentes de energía en el mínimo energético y a incentivar su uso e implantación con medidas legislativas y reglamentarias.

• También proponemos el traslado de todas las instalaciones eléctricas que pueden ser perjudiciales para la salud, como la Subestación de Patraix en Valencia, respetando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la normativa de la UE al respecto.

• Las administraciones públicas deben dar ejemplo con la redacción de un Programa de Ejemplaridad de las Administraciones Públicas en el uso de la energía, empezando por la obligación de emplear energía solar en las oficinas, centros educativos, hospitales y otras dependencias y construcciones que dependen de las administraciones públicas.

• La contaminación electromagnética se debe prever en una ley que considere y regule las antenas de telefonía móvil, redes wi-fi, líneas eléctricas, estaciones eléctricas y todo tipo de instalaciones susceptibles de generar contaminación electromagnética. Las medidas normativas se establecerán en base a la aplicación del principio de precaución y prevención de riesgos, siguiendo las recomendaciones adoptadas por el Parlamento Europeo.

• Hay que dar incentivos fiscales para la introducción del automóvil eléctrico, además de implantar la fiscalidad verde sobre los vehículos a partir de 1.500 cm³ de potencia real, vinculada únicamente a su grado de respeto al medio ambiente y de eficiencia energética además de superar el concepto

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de red eléctrica basada en los objetivos de las empresas productoras y distribuidoras por otro concepto basado en las necesidades de las personas, haciendo redes descentralizadas que permiten nuevas demandas, como la implantación de los vehículos eléctricos.

• Asimismo, hay que limitar el poder de los grandes oligopolios de los hidrocarburos y la energía y fomentar la autogeneración energética como instrumento para una democracia de más calidad, donde las decisiones políticas puedan gravitar sobre la soberanía de los recursos.

• Debemos combatir con más decisión el cambio climático con la promoción de un Pacto Estatal por el Clima, que englobe todas las medidas de planificación y gestión contra el cambio climático para adoptar en todos los sectores económicos y en las políticas públicas, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al año 2020, tomando como base las emisiones de 1990, y del 80% para el año 2050.

• Al mismo tiempo, hay que, por una lado reducir las emisiones de CO2 en los sectores difusos (agricultura, edificación, servicios, empresas que no están dentro del mercado de las emisiones, instituciones y ciudadanía) mediante la concertación, las medidas de fomento y la fiscalidad verde, y, de otra, introducir medidas de fomento al sector forestal para orientar la gestión del bosque hacia una mayor absorción de las emisiones de CO2 y para el aprovechamiento energético de la biomasa en centros de producción de proximidad.

• Además, tanto la reorientación del sector de la construcción hacia la ecoeficiencia y la rehabilitación energética (aislamiento de edificios, climatización, sustitución de calderas, domótica, etc.) como la incorporación del objetivo de reducción de emisiones en la planificación urbanística y territorial son medidas que favorecerán la ciudad compacta combinadas con la reducción de la movilidad privada.

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• Dentro de los proyectos a implantar para cambiar nuestro modelo energético son urgentes:

• El impulso a la acumulación de la energía eólica mediante los abombamientos reversibles.

• El aumento de la capacidad de intercambio y la acumulación en hidrógeno.

• El aprovechamiento de los techos de los edificios públicos para la producción de energía fotovoltaica.

• Las prospecciones geotérmicas de alta profundidad e implementación de proyectos de aprovechamiento de la energía geotérmica, tanto a pequeña escala como en centrales de generación híbrida (geotérmica-ciclos combinados).

• Los proyectos piloto de aprovechamiento energético de las olas del mar.

• Los proyectos públicos de energía termosolar de concentración.• La utilización de los biocombustibles de nueva generación en flotas de

transporte público, sector agrario y pesquero.• El aprovechamiento del biogás en depuradoras e instalaciones

ganaderas.• El aprovechamiento del frío de las plantas de regasificación de la red

de gas.

La gestión de los residuos• Queremos establecer una normativa para la minimización de residuos

elaborada con el máximo consenso y participación social, especialmente contando con la colaboración de tiendas y grandes superficies comerciales, incentivando a las personas, comunidades y ayuntamientos que reduzcan la generación de residuos y disminuyan la fracción de rechazo. Además, impulsar más decididamente la recogida selectiva generalizada (no

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voluntarista) de residuos urbanos con medidas de apoyo en los ayuntamientos (asesoramiento legal y técnico, ayudas...) para adoptar las actuaciones necesarias, y la subvención de la biometanización de la materia orgánica doméstica, por su carácter de energía renovable, combinándolo con el desarrollo de plantas de biometanización.

• Hay que revisar la normativa vigente sobre envases y envoltorios (LERE) e incentivar medidas preventivas por disminuir los objetos susceptibles de convertirse en residuos y penalizar su excesiva generación.

El aguaEl modelo de desarrollo económico hoy en crisis es un modelo depredador de recursos y del territorio. Con respecto a la política del agua, ha supuesto un crecimiento desorbitado de las demandas tanto agrícolas (nuevos regadíos, transformaciones de terrenos, política agraria europea...) como urbanas (proyectos urbanísticos salvajes que prevén grandes crecimientos de la población, alud de urbanizaciones y de segundas residencias con piscinas y jardines, campos de golf...), en un contexto político y legal de permisividad y promoción institucional de las grandes obras hidráulicas. El resultado ha sido la sobreexplotación y degradación de las aguas superficiales y subterráneas y los ecosistemas que de ellas dependen.

Este desequilibrio entre oferta y demanda de agua se agravará en el futuro como consecuencia del cambio climático. Hay que, por tanto, tomar medidas inmediatas en la línea de la Nueva Cultura del Agua:

• Recuperación del carácter de patrimonio eco-social del agua, con una gestión guiada por el interés común.

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• Recuperación del buen estado de los ríos, zonas húmedas, acuíferos y aguas litorales, única garantía a largo plazo de poder disponer de agua de buena calidad y en cantidad suficiente para los usos humanos.

• Decidida gestión de la demanda de agua, con un control efectivo de los usos privativos del agua y la aplicación del principio de recuperación de los costes de satisfacer estos usos, incluyendo los costes ambientales.

• Aplicación del principio de prevención en la planificación hidrológica, teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático y la reducción de precipitaciones ya registrada durante los últimos 25 años.

• Promover y garantizar la transparencia y la participación ciudadana efectiva en la planificación y la gestión del agua.

Estas medidas están en línea con lo establecido por la Directiva Marco del Agua, de acuerdo con la que en 2009 se habría de haber aprobado un nuevo Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar que materializara medidas como éstas y apostara decididamente por la sostenibilidad. Desgraciadamente, esta legislatura ha sido una legislatura perdida para la política del agua en el Júcar (y buena parte del resto de España) y la planificación hidrológica continúa paralizada sine die por la falta de voluntad política, la demagogia y la irresponsabilidad de nuestros gobernantes.

El panorama que se abre en la próxima legislatura no es menos oscuro. Por eso es importante unir los esfuerzos desde la sociedad civil y desde las instituciones de representación ciudadana para avanzar hacia una nueva cultura del agua y un nuevo modelo socioeconómico respetuoso con la naturaleza y las personas. Es por eso que proponemos:

• Resolver a la brevedad y de manera efectiva la delimitación geográfica de las cuencas hidrográficas intercomunitarias e internas que afectan la planificación hidrográfica del Júcar y el ejercicio efectivo de las

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competencias estatales y autonómicas derivadas de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía.

• Consolidar el principio de unidad de cuenca fluvial como principio lógico en la gestión del agua.

• Aprobar un nuevo Plan de Cuenca del Júcar elaborado de acuerdo los principios de protección ambiental, prevención del deterioro, recuperación de los costes y participación ciudadana establecidos por la Directiva Marco del Agua.

• Paralizar, mientras tanto, todas las actuaciones que, enmarcadas o no dentro del Plan de Cuenca del Júcar de 1998, puedan suponer un deterioro adicional de nuestros ecosistemas.

• Establecer y garantizar el cumplimiento de los regímenes de caudales ecológicos para los nuestros ríos, zonas húmedas y aguas de transición, así como de reservas ambientales en los acuíferos, que aseguran su recuperación y buena salud.

• Revertir al medio natural los caudales ahorrados mediante los proyectos de modernización de regadíos, con financiación público, dedicándolos a garantizar los caudales ecológicos necesarios en los ecosistemas acuáticos, en vez de utilizarlos para consolidar y expandir las superficies en regadío.

• Instar a la aplicación de medidas de control y reducción de las extracciones hídricas como la declaración de sobreexplotación en los acuíferos con deterioros persistentes (como los de la Mancha Oriental y del Vinalopó, entre otros) y poner en marcha las medidas necesarias para recuperar los niveles y calidad natural, y así volver a tener fuentes vivas.

• Adecuar y garantizar el suministro de agua de boca teniendo en cuenta las necesidades reales de la población frente a la expansión urbanística desmesurada que se ha producido estos últimos años.

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• Implementar una política de precios del agua basada en la aplicación del principio de recuperación de los costes de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales, y del principio “quien deteriora, paga” así como en la eliminación de las subvenciones cruzadas desde los usuarios domésticos a los usuarios económicos.

• Revisar los derechos concesionales de los diversos usuarios privativos del agua, ajustándolas a la disponibilidad real de recursos hídricos, una vez cubiertas con carácter prioritario las necesidades de agua de los ecosistemas.

• Fomentar y garantizar una participación pública real, efectiva y transparente, para que el nuevo plan de cuenca no nazca viciado por la opacidad y la arbitrariedad, impropias de una democracia moderna. Esto implica prestar especial atención a los usuarios ciudadanos o usuarios comunes, que hasta ahora han estado marginados en la política del agua.

• Abogar por una gestión pública del agua que incluya el ciclo integral del agua y acabar con la privatización y mercantilización creciente del agua.

• Agotar todas las medidas de gestión de la demanda de agua antes de proponer y/o poner en marcha nuevas obras hidráulicas que suponen un deterioro adicional del ciclo hidrológico y de las masas de agua de las que forman parte.

• Ejecutar todas las medidas de gestión e infraestructuras necesarias para reducir en la fuente la contaminación que pueda afectar las aguas superficiales y subterráneas. Tomar las medidas necesarias por reducir la carga contaminando (difusa y puntual) que llega a los cursos de agua y acuíferos.

Vehículos y medio ambiente• Prohibición de circular vehículos particulares a determinadas horas por los

centros de los ciudades.15

• Preferencia del peatón o de la bicicleta en todos los cruce. Fuertes sanciones en vehículos que no respeten pasos de cebra o semáforos de peatones.

• Implantación de una red estatal de carriles bici (urbanos, comarcales y territoriales).

• Reglamentación de la circulación en bicicleta y prioridad del peatón a la bici.• Obligación de un plan de transportes cada 5 años (pueblos y ciudades de

más de 10.000 habitantes).• Integración de la planificación del transporte en los planes de urbanismo (no

se construye una zona residencial sin antes planificar cómo servirla -de manera semejante al modelo parisiense: primero construimos la estación de tren y después los pisos-).

El mundo rural, la agricultura y la ganaderíaPor una agricultura y ganadería con futuro generadora de empleo y riqueza con garantía para los consumidores y que mejore la renta de sus profesionales respecto al medio ambiente

La situación de crisis que desde hace bastante tiempo soporta el colectivo agrario se ha agudizado en los últimos años y está teniendo como consecuencia una importante y continua pérdida de activos del sector y, con eso, el despoblamiento de amplias zonas territoriales de la España Rural. Esta situación de crisis viene provocada por una falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias a causa, por una parte, del incremento desmesurado de casi todos los factores de producción como son la alimentación animal, electricidad, gasóleo agrícola, fertilizantes, maquinaria, semillas, medicamentos, etc.) y, de otra, de la bajada o, en el mejor

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de los casos, el estancamiento del precio en origen de las producciones agrícolas y ganaderas.

Estos hechos han provocado una bajada de más del 20% de las rentas agrarias en los últimos 8 años y dificultan claramente un relevo generacional en el sector agrario. Estas circunstancias deben corregirse, agilizando y incrementando los apoyos económicos a los activos que pretenden incorporarse. También resulta evidente que, con la situación económica actual, hay enormes dificultades para acceder a la financiación y al crédito. Sin inversiones, el sector agroalimentario valenciano -ni el español- no tendría futuro.

Si partimos de la base que el mantenimiento de la población en el medio rural está directamente ligado a la de la actividad agraria rentable y las distintas administraciones se encuentran obligadas, por una parte, a dotar al medio rural de los servicios e infraestructuras que hagan atractivo a sus habitantes continuar en el mismo y, por otra, a regular todos los mecanismos resultan necesarios para que a los agricultores y ganaderos les resulte rentable el ejercicio de la actividad agrícola y/o ganadera, otra de las situaciones que deben corregirse es el abusivo margen comercial que desde hace mucho tiempo se produce entre el precio en origen que percibe el productor y el precio en destino que abona el consumidor. Para ello es necesario que se arbitren las medidas necesarias para regular el funcionamiento de la cadena alimentaria, dando una mayor transparencia e incluso realizando los correspondientes estudios económicos de la cadena de valor de cada uno de los productos agrícolas y ganaderos con la finalidad de otorgar a cada anilla de la cadena la parte que realmente le corresponde.

Para llevar a cabo lo que se ha apuntado en el párrafo anterior, es necesaria la existencia de un marco estable de relaciones contractuales, en el que las partes implicadas: producción, transformación y distribución, actuando en igualdad de condiciones, consigan los acuerdos correspondientes.

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Por la defensa de una política, a favor de los agricultores y ganaderos y silvicultores que realizan esta actividad como principal.

Con el fin de conseguir una garantía y estabilidad de las producciones, las exportaciones, el mantenimiento del empleo, la calidad de los productos y la necesaria mejora de unas rentas para quien tiene la actividad agraria y ganadera como fundamental forma de vida y teniendo también en cuenta que en una época de crisis económica y, como consecuencia, de más dificultad para disponer de recursos públicos, se hace necesario garantizar que los recursos existentes llegan a quien se dedica, de forma exclusiva o prioritaria, a la actividad, vive en el medio rural y tiene la posibilidad de rentabilizarlos de la manera más profesional en este sector.

La rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y la defensa de los intereses de los consumidores debe ser una permanente prioridad. Para que esto sea posible, se hace necesario regular el funcionamiento de la cadena alimentaria mediante un marco estable de relaciones contractuales entre las partes implicadas.

Con el fin de reducir la importante y continua sangría de activos agrarios que se produce en España (casi 300.000 en diez años, según el último censo agrario), las administraciones deben realizar los cambios normativos que correspondan para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. En este sentido, por una parte, se han de articular los mecanismos legales que eviten los importantes vaivenes que, con tanta frecuencia, se producen en el precio, generalmente con incrementos desmesurados, de los inputs necesarios para realizar la producción agraria, así como para garantizar a los agricultores y ganaderos un precio en origen justo para las producciones agrarias que posibilite la rentabilidad del

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ejercicio de la actividad agraria, hecho que no se ha producido en los últimos tiempos, en los que la volatilidad del precio de los productos agrícolas y, en especial, los ganaderos con una línea bajista continua, pone en peligro la continuidad de la actividad en las explotaciones, ya que muchas explotaciones ganaderas producen pérdidas permanentes.

Uno de los graves problemas que desde hace mucho tiempo sufre el sector primario y el consumidor se corresponde con los abusivos márgenes comerciales o diferencia que se produce entre el precio en origen que reciben por sus producciones los agricultores y ganaderos y el precio en destino que pagan los consumidores. Es necesario regular el funcionamiento de la cadena alimentaria, otorgar transparencia en la formación de los precios de la producción primaria, mediante estudios de la cadena de valor de cada producto agrario, determinando la parte que corresponde a cada una de las anillas de la cadena.

En sintonía con lo que hemos expuesto antes, parece imprescindible que las administraciones hagan todo lo posible para que exista un marco estable de relaciones contractuales entre las partes implicadas; en este caso, la producción, la transformación y la distribución, donde la negociación, en igualdad de condiciones y sin que exista posición de dominio por ninguna de las partes, del precio en origen de las producciones agrarias sea una de sus funciones, con la finalidad de evitar los vaivenes del precio en origen antes indicada, al mismo tiempo de posibilitar la estabilidad de las explotaciones.

En este marco, uno de los acuerdos debe ser el compromiso de evitar la puesta en marcha de ciertas prácticas comerciales, como la utilización comercial de ciertos productos agrarios como “gancho” mediante la “venta a pérdidas” del mismo. Es imprescindible el aumento de los controles en las cadenas de distribución con el fin de garantizar la calidad y la ausencia de fraude en el etiquetado de los productos alimentarios.

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Mejora de las infraestructuras de y del regadio

Realización de las infraestructuras agrarias necesarias, como arreglo de caminos, y, en particular, la modernización de los regadíos existentes y las concentraciones y reconcentraciones parcelarias.

En la actualidad hay un importante retraso, que ya ha sido denunciado por Bruselas respecto a la planificación hidrológica en España. Como consecuencia de este hecho, no se aclaran las disponibilidades de agua en las diferentes demarcaciones. El caso más flagrante es el del Júcar, que comprende casi la totalidad del País Valenciano. Ni tampoco el Plan Hidrológico Nacional, que en muchos casos está impidiendo una planificación a medio y largo plazo de las explotaciones. No hay que olvidar que, si bien la superficie es sólo el 14% de la agraria útil (SAU de España y el 6% de la superficie total), es, no obstante, donde se genera el 60% del empleo y del valor económico de las producciones.

Las zonas de regadío deben adaptarse en su planificación y desarrollo a los recursos existentes y renovables. La planificación y ejecución de las infraestructuras contarán con la participación de los agricultores y ganaderos.

Defensa prioritaria de los intereses del sector agrario valenciano, en el ámbito de la UE y en la negociación y aplicación de la nueva PAC, prevista para el horizonte 2014- 2020 en la firma de acuerdos con terceros países y en los ámbitos de la OMC

Con respecto a esta propuesta, uno de los objetivos más importantes es que el proceso de negociación europea sea una prioridad de Estado, haciendo lo que se pueda por blindar el sector agrario en Europa, ya que es la base de nuestra alimentación. Es necesario para que la nueva PAC se dirija hacia una agricultura productiva y sostenible, estable por sí misma.

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Mantener la financiación actual de la PAC

Mantener la estructura de los pospilares actuales de la PAC, con una prioridad clara por el primer pilar financiado al 100% con fondos comunitarios, sin riesgo de renacionalización. Dotar a la futura PAC de un marco estable y duradero, que permita al sector una mejor toma de decisiones y planificar las explotaciones a más largo plazo.

Es necesario que la PAC y sus ayudas directas cumplan uno de los objetivos fundacionales, que no es otro diferente de garantizar un nivel de vida adecuado al colectivo agrario y conseguir que la actividad sea rentable y atractiva.

Se aboga por disponer de un sistema de ayudas que tenga elementos diferenciadores positivos para los agricultores y ganaderos más profesionales, con el objetivo de que obtengan un nivel digno de sus rentas.

En la firma de acuerdos comerciales con terceros países, tanto por el estado español como por la UE, y cuando estos acuerdos comporten intercambios de productos alimentarios o modificación de las condiciones de importación o exportación para los mismos debe ser una condición imprescindible la realización de un análisis detallado del impacto previo para la agricultura, ganadería y la industria agroalimentaria. Si resultaran de este análisis consecuencias negativas, debe cuestionarse la conveniencia la aprobación de dicho acuerdo o establecer, en su caso, períodos transitorios o compensaciones a los afectados cuando haya perjuicios.

En este sentido, el de la defensa de los intereses agrarios en el ámbito internacional, se hace necesaria una clara defensa desde el gobierno español para que los productores cobren todos los daños provocados por la bajada en los mercados de los precios por la crisis de la bacteria e-coli.

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Tiene que mantenerse el sistema de cuotas lácteas y la no liberalización de plantaciones en las vides teniendo en cuenta la grave situación que atraviesan esos sectores. Mantener una posición favorable a la afirmación de los sistemas de intervención pública cuando sean necesarios con el fin de garantizar los intereses generales de productores y consumidores. Una verdadera apuesta por la simplificación administrativa debe ser una de las prioridades más importantes tanto en la negociación como en la posterior aplicación de la nueva PAC.

La política estructural agraria y agroindustrial, debe continuar teniendo un peso destacado en las políticas de desarrollo rural. Los mayores esfuerzos se deben dirigir a facilitar inversiones en materia agraria y alimentaria. Hay que potenciar a nivel comunitario y estatal las medidas orientadas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. El desarrollo rural debe disponer de recursos propios y suficientes para conseguir sus objetivos de equilibrio territorial y cohesión social.

Apoyo al relieve generacional y a la modernización de las explotaciones agrarias

El grado de envejecimiento que existe en el sector agrario, en general, es muy importante. De hecho, muchos jubilados realizan de manera habitual el ejercicio de la actividad agraria, circunstancia que supone una competencia desleal a los ATPs, ya que puede vender más barato si se cuenta con la percepción de ingresos previos (pensión) como por no estar obligados a realizar ingresos fijos (cotización a la Seguridad Social).

Con el fin de propiciar el relevo generacional en el sector agrario, se aboga por la puesta en marcha, por lo menos, de las iniciativas siguientes:

• Reducción burocrática en la tramitación administrativa de los expedientes que inician los jóvenes que tienen voluntad de incorporarse.

• Incremento de los apoyos económicos que se les viene otorgando22

• Agilización del pago de las ayudas que se les concede• Facilitar, mediante iniciativas legislativas, que los incorporados puedan

acceder prioritariamente a determinadas ayudas de concesión de derechos de producción y determinada financiación pública, etc.

• Procurar que la nueva PAC incorpore nuevos mecanismos de apoyo a la incorporación de los jóvenes a la actividad.

• Priorizar en los planes de acceso a la financiación y al crédito a este tipo de explotaciones en la que se incorporen ATPs jóvenes.

Dotar al medio rural de los servicios e infraestructuras necesarias para hacer atractivo a sus habitantes la permanencia en el mismo. Ordenación del Territorio y Simplificación de la Gestión y de la normativa.

Para corregir el declive poblacional en el medio rural resulta imprescindible que se asienten nuevas bases de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado para dotar al medio rural de los servicios e infraestructuras básicas -caminos, carreteras cobertura de telefonía, ADSL, servicios sociales, transportes públicos, escuelas, guarderías, etc.- para hacer atractiva a sus habitantes la permanencia. Hay que recordar los reiterados compromisos legislativos que no se transforman en actuaciones posteriores eficaces o significativas.

Plan de Financiación para el sector Agrario Ganadero y Forestal que asegure recursos para la inversión la Investigación y el Desarrollo

Uno de los objetivos más importantes en materia agroalimentaria y rural para la próxima legislatura es conseguir que el crédito y la inversión lleguen de forma fluida al campo. Así pues, hay que poner en marcha un ambicioso plan de financiación en que participe todo el sector agroalimentario que haga posible la operatividad económica del sector en el día a día y las inversiones futuras.

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Demandar el incremento de la ayuda de Estado en concepto de régimen de inimis hasta el nivel que existía a 31/12/2010, 15.000 €/explotación.

Ajustar la fiscalidad agraria a la verdadera rentabilidad del sector agrario y a la que tienen nuestros países competidores

Como cuestión general, procede demandar de la Administración General del Estado a que proceda a ajustar, en general, la fiscalidad en el sector agrario a la verdadera rentabilidad del mismo, ya que actualmente se constata, ejercicio tras ejercicio, que lo que se ha regulado en la materia no se corresponde con la situación productiva y de renta del sector -bien por los cambios legislativos introducidos en determinados sectores de producción, bien por condiciones adversas sufridas, etc.-, por ello, se propone que, de una vez por todas, se trabaje objetivamente en esta materia, con el objetivo de conseguir lo que se ha indicado con anterioridad. Para paliar el efecto de la bajada del precio en origen de las producciones ganaderas, se considera necesario que el porcentaje del IVA compensatorio establecido para actividades ganaderas (8,50%) se equipare al fijado para las actividades agrícolas (10%).

Promover que los daños causados para fauna silvestre y los robos sean compensados a los agricultores y ganaderos contemplando la posibilidad de la vía patrimonio, por la Administración

Cada vez con más frecuencia tienen lugar hechos que incluso aparecen en los medios de comunicación respecto de los daños producidos por la fauna silvestre en los cultivos y en los ganados ganaderos; no obstante, las soluciones a los mismos no se ven por ningún lugar. Frente a esto, debe impedirse que los costes económicos de determinadas políticas sobre el medio ambiente, que exigen el mantenimiento, conservación o recuperación de determinadas especies, continúe

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recayendo, únicamente, en una parte de la sociedad que son los agricultores y ganaderos y no en toda la sociedad.

Por tanto, hay que poner los medios para que las administraciones competentes en materia de Medio Ambiente busquen fórmulas para su compensación efectiva y en última instancia puedan hacerse cargo, vía patrimonial, de la integridad de los daños que viene causando la fauna salvaje en el sector agrario.

Por lo que respecta a los robos y destrozos, es imprescindible que se aumente la vigilancia en las zonas rurales ante la creciente ola de robos en el campo que se extiende desde cosechas y animales hasta maquinaria y motores de riego, lo cual provoca la indefensión e impotencia de los agricultores y ganaderos.

Aparte de las pérdidas directas que ocasionan los robos en el campo, el problema añadido es el de las destrozos que se ocasionen en las instalaciones, sobre todo en lo que hace referencia a los pozos de riego y casetas de campo, en que los desperfectos suelen costar más del triple de lo que se llevan.

En este sentido, hay que solicitar al Gobierno que traslade a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la necesidad de extremar la vigilancia en las zonas rurales y que, además, controle exhaustivamente la mercancía o maquinaria que sale de las mismas y que se realice visitas periódicas de inspección a aquellas empresas o comercios sospechosos de comerciar con productos agrícolas robados o con herramientas o cobre sustraídos en esos lugares.

Los robos ponen en peligro el ejercicio de la actividad agraria y hay que recordar que la mayoría de las hurtos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el Código Penal como una mera falta de hurto que sólo se castiga con una pequeña multa.

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El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de esta manera se pueden cometer varios robos en un breve plazo de tiempo y ser tipificados, no obstante, sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere los 400 euros. Es por eso que hay que enfrentar los cambios de normativa necesarios que desincentivan los robos de este tipo a los delincuentes. Hay que tener en cuenta, además, que, por parte de las compañías aseguradoras, en muchos casos, trasladan al agricultor o ganadero un incremento en las primas desmesurado, o unas condiciones para asegurar bienes, los costes de las que a veces supera el precio del bien a asegurar o incluso se niegan a asegurar equipos.

Contención de costes de producción al mismo nivel que los que tienen nuestros competidores de otros países. Puesta en marcha de un gasóleo profesional y la recuperación de una tarifa eléctrica específica para riegos agrícolas

Si necesario y urgente era hace años la puesta en marcha de un gasóleo agrícola profesional, ahora la necesidad y la urgencia se acentúa, por la subida de precios de los carburantes y por los anuncios que la UE realiza sobre la equiparación del precio del gasóleo agrícola al de automoción.

Lo que se ha indicado en el párrafo anterior, sobre el gasóleo agrícola, la competencia del que corresponde a la Administración General del Estado, resulta igualmente aplicable para las tarifas eléctricas para riegos agrícolas, las cuales han sufrido un incremento desmesurado, desde la liberalización producida en 2008, circunstancia que está poniendo seriamente en riesgo la explotación de amplias zonas de riego. Por eso es imprescindible que se promueva la normativa correspondiente que corrija tal situación, si realmente se quiere que se continúen explotando amplias zonas de riego y generadoras de empleo.

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Adopción de medidas urgentes o Planes de emergencia para frenar la crisis que soporta el subsector ganadero

Determinados sectores están en una grave situación que no admite demoras en las soluciones porque corremos el riesgo de que desaparezcan del país. En esos casos se hace necesario adoptar planes extraordinarios por la UE. Deben estudiarse inmediatamente medidas para determinados ganaderos, como vacuno de leche y ovino caprino.

Interlocución fluida y permanente con los representantes elegidos por los agricultores y ganaderos

Se mantendrá un marco estable de relaciones con las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas para el que se tendrán en cuenta factores que determinn sau representatividad en el sector, en especial se tendrán en cuenta los resultados electorales obtenidos en las distintas comunidades autónomas en los últimos años.

• En el ámbito de la ganadería, incentivar a la eliminación de dioxinas y hormonas utilizadas para la alimentación del ganado es urgente porque afecta a la salud pública, con ayudas y exenciones fiscales para la implantación de actividades agrarias y ganaderas de carácter ecológico, favoreciendo sus redes de distribución. Es más, hay que establecer una moratoria indefinida de los cultivos de organismos genéticamente modificados, así como de su distribución y consumo, asesorando y ayudando a los agricultores y ganaderos por adoptar estos cambios, además de promulgar una ley para declarar todo el Estado español libre de transgénicos y evaluar el uso de los productos modificados genéticamente, el posible beneficio y sus repercusiones.

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• Exigir un etiquetado claro y muy visible en relación a transgénicos, aditivos y componentes alimentarios de riesgo (como aceites hidrogenados, grasas trans, etc.). Y prohibir aquellos aditivos alimentarios que no aportan mejoras nutricionales y generan riesgo para la salud. Por eso hay que perseguir efectivamente la utilización inadecuada y fraudulenta de los apelativos bio-, eco-, saludable, etc., en alimentos que no provienen de la agricultura ecológica y que no justifican los beneficios que anuncian.

• Por tanto, la utilización de productos ecológicos en establecimientos oficiales y centros públicos (oficinas, sedes de instituciones, hospitales, centros educativos, etc.) es esencial como ejemplo para la sociedad como también lo es el fomento de la compra pública de productos provenientes de la agricultura ecológica, el reciclaje y el comercio justo.

• Los medicamentos basados en productos naturales se deben fomentar y controlar; por tanto, las terapias alternativas y las medicinas no convencionales deben obtener todo el reconocimiento, regulación y legalización.

Protección del paisaje y los ecosistemas singulares

• Hay que establecer medidas cautelares de protección de las zonas LIC y IBAs de acuerdo con el espíritu de las directivas europeas y las sentencias del tribunal de Luxemburgo mientras no gocen de la adecuada declaración de protección por parte de las diferentes administraciones competentes.

• Al mismo tiempo, es urgente que se prevea la delimitación y amojonamiento de las zonas de dominio público marítimo-terrestre, revisando de oficio las delimitaciones dudosas o contradictorias, especialmente las relacionadas con la urbanización a menos de 500 metros de la costa. El rigor es en las

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concesiones administrativas para utilización del espacio marítimo-terrestre, que sólo deberán hacerse en casos excepcionales de interés general.

• Limitaremos la construcción de puertos deportivos y espigones que modifican las corrientes marinas teniendo un impacto negativo sobre las costas.

• También es urgente prever la delimitación y amojonamiento de las vías ganaderas aún pendientes y la suspensión cautelar de cualquier proceso de modificación de anchura o trazado que afecte vías aún no delimitadas.

• Hay que desarrollar políticas de incentivos y ayudas a las modalidades de turismo rural, rehabilitación, restauración y mejora paisajística y otras actividades tradicionales compatibles con la conservación de los ecosistemas rurales y forestales.

• Que todos los municipios del interior de menos 5.000 habitantes puedan aprovecharse de nuevas ayudas para la recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural con el objetivo de ganar en competitividad, atracción y dinamización del producto turístico rural, natural y sostenible a través de de ayudas del Ministerio de Turismo.

Producción limpia, atmósfera limpia• El incremento de la red de medición de la contaminación atmosférica y

acuática, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos se completará con la publicación de los datos de manera notoria, accesible y sobre todo de fácil comprensión por la población, para dar una información adecuada y actualizada puntualmente de las superaciones de los umbrales de protección.

• Para incorporar tecnologías más limpias a los sistemas productivos industriales se precisan ayudas para su reconversión y adecuación además de ayudas para nuevas empresas o actividades que incorporen tecnologías

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no contaminantes o más eficientes en el uso de recursos básicos como agua, energía motriz o materias primas.

• También hay que desarrollar ayudas a la investigación pública en procesos industriales menos contaminantes y en reutilización de subproductos y la investigación, asesoramiento y subvenciones para la sustitución y eliminación de los COP (contaminantes orgánicos acumulativos y persistentes) de los diferentes procesos industriales.

Prevención de daños ambientales y protección de los recursos naturales

• Para aumentar los supuestos sometidos a evaluación hay que completar y mejorar la normativa de evaluación de impacto ambiental, estableciendo condicionantes para garantizar la calidad de los informes y de las resoluciones, combinándolo con más mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información ambiental (Oficinas de asesoramiento a los ciudadanos en materia de medio ambiente y territorio, con ayudas para las organizaciones de defensa del medio y el territorio, para que puedan desarrollar sus tareas de manera constructiva y efectiva) y más dotaciones y medios dedicados a la inspección y vigilancia medioambiental.

• Por dar mejor servicio, se ampliarán los efectivos del Seprona y de las Fiscalías ambientales.

• Para evitar el dumping ambiental en el marco del Estado español, se establecerá un fondo compensatorio a favor de aquellas comunidades autónomas con programas más ambiciosos en materias de protección del medio ambiente.

• Se creará un nuevo índice de disponibilidad de recursos ambientales, como indicador de referencia que se añada a los indicadores tradicionales de la contabilidad macroeconómica (PIB, IPC, renta per cápita), tanto el Estado

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como de las diferentes comunidades autónomas. Este indicador incorporará series de datos estables y homogéneos sobre el estado y la evolución de los parámetros más destacados de calidad ambiental, niveles de contaminación, disponibilidad y calidad de recursos ambientales, etc.

• La lucha contra la contaminación, el reciclaje y la recuperación de residuos, la depuración integral de aguas, las energías alternativas, la edificación sostenible, la movilidad no contaminante entre otros proyectos de carácter ambiental, piden el incremento de las gastos en R+D+I, alcanzando un 3% en la próxima legislatura.

• Hay que transformar las actividades potencialmente contaminantes y penalizar los consumos despilfarradores de recursos naturales mediante una fiscalidad ambiental, basada tanto en la creación de nuevos gravámenes como en la reforma de los tributos ya existentes. La finalidad no es el incremento de la presión fiscal, sino su redistribución y reorientación ecológica de manera que aligere las cargas sobre las actividades más sostenibles y las incremente sobre aquellas limpiamente insostenibles.

• Mejorar y extender los sistemas de detección de fuegos mediante infrarrojos y otras modalidades de detección remota e incrementar las dotaciones aéreas de lucha contra incendios, en colaboración con las comunidades autónomas para ampliar los servicios especiales de lucha contra incendios.

• Desarrollar ayudas específicas para la conservación de la biomasa y diversidad forestal, potenciando la cubierta vegetal y su calidad y buen estado de madurez y conservación.

• Renovar, con criterios científicos interdisciplinarios, las instituciones de investigación y gestión forestal, aplicando criterios ecológicos en todos los aspectos de la gestión y prevención de riesgo (repoblaciones forestales, viveros, bancos de entonces, prevención de fuegos, restauración de zonas

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degradadas) y incrementando la colaboración con universidades y centros públicos de investigación en todos los aspectos de la gestión forestal.

• Es prioritaria, además, la lucha contra la desertificación, incrementando las inversiones y los equipos de investigación.

• Y, sobre todo, es urgente la preservación de la biodiversidad, por su valor intrínseco y por su contribución al bienestar humano.

Urbanismo y ordenación del territorio• Hay que revisar la legislación vigente para restringir las expropiaciones

forzosas sólo a casos de necesidad social justificada, y no por amparar especulaciones paisajísticas.

• Restringir los proyectos urbanísticos que incorporan modelos de ocupación dispersa del territorio, los cuales no deben ser aprobados más que cuando no haya otras posibilidades de crecimiento conectado y compacto de los núcleos urbanos tradicionales además de clasificar de manera sistemática como SNU (Suelo No Urbanizable) aquellas tipologías de suelo de alto valor ecológico o paisajístico, como los terrenos forestales, los litorales, los de elevada fertilidad y productividad agrícola y los correspondientes a estructuras rurales tradicionales singulares con condiciones muy restrictivas para la reclasificación de SNU.

• Hay que paralizar los proyectos urbanísticos elaborados fuera del PGOU que modifican la planificación estructural del municipio y limitar estrictamente los proyectos urbanísticos que no se justifican en las demandas reales de acceso a la vivienda de los vecinos del municipio.

• Creación de un nuevo impuesto ambiental sobre el cambio de calificación del suelo rústico a otros de mayor valor añadido. Establecimiento de un fondo específico que gestione los recursos así captados, para contribuir al equilibrio de usos y al mantenimiento y mejora del medio natural además de

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la creación de un Banco de Capital Natural que custodie las zonas protegidas ambientalmente.

• Fomentar los “contratos de custodia” o compromisos adquiridos por los propietarios, a cambio de compensaciones económicas, de mantener las condiciones naturales y ambientales y renunciante de manera indefinida a la urbanización de la zona.

La viviendaEl derecho constitucional a la vivienda supone el reconocimiento que disponer de un techo estable es una necesidad humana de primer orden. Eso explica que, de igual forma que en la sanidad y la enseñanza, los poderes públicos deben garantizar el acceso universal y de calidad, en condiciones asumibles por todos. La vivienda no puede ser un objeto de especulación, y eso también implica evitar que la construcción sea una actividad lesiva para el entorno natural y para los paisajes urbanos ya consolidados. La construcción debe estar siempre armonizada con el medio ambiente. Y, por tanto, hay que implantar las siguientes medidas:

• Declaración de la vivienda como derecho universal y subjetivo.• Mantenimiento de la desgravación fiscal del 15% de las cantidades

abonadas para disponer de una vivienda, sea de régimen de propiedad o de alquiler, dotándola de los límites sociales adecuados y exclusivamente para la vivienda habitual.

• Reforma de la Ley Hipotecaria por establecer que la dación en pago de la vivienda servirá como mecanismo de extinción definitiva de las deudas hipotecarias, caso de que se trate de la vivienda habitual del deudor y este se encuentre en situación de insolvencia no buscada de propósito.

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• Establecimiento de un impuesto fuertemente progresivo sobre las viviendas desocupadas, que aumente en función del tiempo de desocupación y de la renta del propietario.

• Supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para vivienda habitual. Abaratamiento de los trámites para el cambio de hipoteca, mediante reforma de la Ley 2/1994.

• Aplicación del tipo superreducido del IVA al 4% en las adquisiciones de viviendas de nueva construcción, hasta 150.000€, y aplicación del mismo tipo para las obras de rehabilitación y reconstrucción de viviendas.

• Penalización fiscal de los renombrados “pasos” o compra-ventas sucesivas de vivienda cuando aún sólo existen sobre el plano, práctica que favorece la utilización sesgada de la construcción para el fraude impositivo.

• Constitución de un Consejo Estatal de la Vivienda, con representación política y social amplia, con funciones de observatorio de la evolución del sector y de organismo consultivo y de propuesta.

• Promoción pública de la vivienda en alquiler. Implantación de sistemas de alquiler que favorezcan también la rehabilitación de viviendas. Aquellos propietarios de viviendas antiguas que acepten alquilarlas a particulares por un precio tasado inferior al de mercado, serán compensados de sus pérdidas con subvenciones dirigidas a la rehabilitación del inmueble.

• Promoción pública y reserva de cuotas de viviendas de alquiler a precios inferiores al mercado para jóvenes qué no ultrapasen un máximo nivel de ingresos, mediante una bolsa pública de viviendas adscrita a esta finalidad.

• Alquiler de pisos tutelados o asistidos para compartir, con diseños específicos, para fomentar la solidaridad y el intercambio intergeneracional.

• Créditos blandos, avales y subvenciones a fondo perdido a las personas jóvenes para la compra de una vivienda.

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• Fomento de las VPO buscando fórmulas que abaraten el suelo. Precios más baratos sin reducción del espacio de los pisos.

• Reforma de la Ley del Suelo: aprovechamiento y reactivación de la actuación pública sobre el suelo y los fines públicos en materia de bienestar social reforzando las herramientas de intervención pública como mecanismo de reequilibrio del mercado inmobiliario.

• Oferta pública suficiente de vivienda asequible, adecuada y de calidad y congelación del precio básico de la vivienda protegida para que disminuya el esfuerzo salarial de adquisición de una vivienda.

• Política específica de viviendas adaptadas para colectivos con necesidades específicas (personas dependientes, mayores, jóvenes, personas separadas) partiendo de la discriminación positiva (miniapartamentos).

• Planes de erradicación de la vivienda precaria.• Dotación presupuestaria extraordinaria para condicionar dignamente y de

forma definitiva el patrimonio de vivienda social.• Plan Estatal de Construcción y Rehabilitación de Viviendas, actuaciones en

áreas degradadas y de rehabilitación de viviendas impulsando políticas autonómicas de remodelación de barrios, distritos y medio rural.

• Reforma de la legislación en materia de Protección del Patrimonio Histórico-artístico y Etnográfico, especialmente por lo que respecta a la protección de las edificaciones y de los entornos.

• Creación de hipotecas públicas para financiar el acceso a la vivienda a las personas con rentas más bajas.

El turismoEl turismo representa cerca de un 15% del producto interior bruto del País Valenciano y genera también un 15% de los puestos de trabajo en este territorio, por lo que su importancia para el desarrollo económico y la mejora de la calidad

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de vida de los valencianos y valencianas están fuera de toda duda. La situación actual tiene unas características como:

• Espectacular crecimiento de la construcción de residencias, fundamentalmente en comarcas y municipios tradicionalmente atados al turismo de sol y playa, con graves impactos sobre la sostenibilidad ambiental, económica y social de esos municipios, hecho que entorpece la capacidad de venta del producto turístico. Construcción paralizada.

• Falta de regulación del modelo turístico residencial que provoca una competencia desleal con el sector hostelero.

• Progresiva caída del turismo extranjero.• Como consecuencia de la ocupación masiva del territorio, pérdida de

algunos de los valores añadidos más importantes del turismo valenciano (paisaje, tranquilidad, precios moderados...)

• Estancamiento de la inversión en calidad y modernización.• Falta de una estrategia y de un modelo turístico valenciano y español a

corto, medio y largo plazo.

Es indudable que el País Valenciano tiene, gracias a su clima, a sus paisajes y a la calidad de sus playas, un valor intrínseco para convertirse en destino turístico, pero en el diseño de una estrategia turística se ha de contar con muchos otros factores. Y eso es, precisamente, lo que no han hecho los gobiernos valencianos del Partido Popular, ni desde el gobierno central, lo cual ha provocado que el sector, en este momento, se encuentre en una situación de riesgo y no pueda afrontar el futuro con garantías.

Ante la situación actual, desde COMPROMÍS-Q apostamos por poner en marcha una estrategia turística para los próximos diez años que, partiendo de los principios de sostenibilidad, rentabilidad y cooperación, permita poner en marcha

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un nuevo modelo turístico que aporte a los profesionales del sector una orientación para encarar el futuro.

Se parte de una serie de directrices generales:

• Hay que actuar bajo el marco del pensamiento estratégico y la planificación a largo plazo.

• Coordinación con el sector. Es imprescindible no sólo escuchar, sino que el propio sector participe en el diseño de las políticas turísticas.

• Apostamos por poner en valor los recursos valencianos con potencial turístico.

• Potenciar las marcas geográficas valencianas y la diferenciación de marca.• Diferenciar el marketing por mercados y segmentos.• Innovar y mejorar continuamente.• Potenciar las redes y alianzas privadas, público-privadas, intradministratives

e interadministrativas.

Punto de partida

• Redactar la Estrategia Turística Española 2011-2020 que supla la falta de análisis estratégicos que actualmente sufre el sector.

Destinos

• Revisar la propuesta territorial de destinos turísticos empezada por el actual gobierno, dando prioridad a los productos-mercados, como criterios de configuración territorial, y no a los territorios, como configuradores de productos-mercados a posteriori.

• Solicitar un documento sobre la Estrategia Turística Local a cada municipio que quiera gozar de ayudas públicas. Facilitar fondo para redactar la ETL de los municipios que lo soliciten.

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• Eliminar la clasificación actual de los municipios turísticos: todos los ayuntamientos del País Valenciano son turísticos. Los indicadores para valorar la importancia turística y asignación de fondo presupuestarios deben ser:

• Plazas de alojamiento turístico.• Indicador plazas alojamiento turístico/plazas conjunto alojamientos.

• A partir de unos determinados valores en los indicadores, segmentar los Municipios de Alta Importancia Turística y premiarlos presupuestariamente.

• Introducir las figuras de Municipios Monumentales Turísticos y Municipios Típicos Turísticos valencianos, basados en principios verosímiles a los de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

• Dotar de un fondo presupuestario suficiente para la financiación de los municipios turísticos.

• Financiación de actividades y servicios con criterios de sostenibilidad.

Productos

• La Estrategia Turística 2011-2020 partirá, a priori, del reconocimiento y potenciación de 6 clústeres turísticos:

• Costa y clima.• Rural y natural.• Grandes atracciones, reuniones y acontecimientos.• Patrimonio y cultura.• Salud y deporte.• Otros productos estratégicos (aficiones diversas, micromercados, nuevas

modas y tendencias, etc.).

Estrategias

• Calidad, diferenciación, preservación, sostenibilidad.• Aumento de la calidad de las costas:

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• Sello de calidad que diferencia playas verdes de playas azules• Moratoria en la construcción y ampliación de puertos, hasta que no se

estudie el impacto sobre la dinámica litoral de nuevas escolleras. Dotación de servicios con la sustitución de escolleras por embarcaderos elevados.

• Construcción de paseo litorales en materiales alternativos al cemento y reversibles.

Servicios sectoriales

• Constituir un Comité de Normas de Calidad que adapte, en caso de ser necesario, las normas del ICTE y otros existentes.

• Asociar determinadas ayudas públicas a la consecución de objetivos y certificaciones de calidad.

• Premiar y destacar a las empresas que consigan certificaciones de calidad, potenciando las ambientales.

Globalización y cooperación internacional:

• Potenciar la presencia permanente valenciana y española en mercados emisores: Londres, Bruselas, Berlín, Nueva York, Beijing, Tokyo, etc.

• Rediseño de las webs de promoción turística por mercados emisores geográficos.

• Ayudas a la presencia empresarial valenciana en el exterior.• Apoyo a la cooperación internacional en formación y tecnología turística.

Formación

• Reorganización y racionalización de los recursos para la formación turística: CDTs, IES, Universidades, otros centros públicos y privados.

• Apuesta por la formación virtual y a distancia.• Modernización de los programas formativos reglados.• Exportación de la formación valenciana en turismo.

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Innovación y desarrollo tecnológico

• Web dinámica del know-how valenciano turístico. • Diseñar el Centro de Recursos para el Conocimiento Turístico.• Incentivos fiscales a la modernización empresarial y de atractivos públicos

turísticos.• Potenciar el estudio de mercados turísticos.

Información estadística y análisis de la sostenibilidad turística:

• Integrar, en un Observatorio Valenciano del la Sostenibilidad, los principales indicadores que afectan a la actividad turística.

Comunicación turística

• Rediseño de la web comercial turística valenciana• Orientación por mercados-productos.• Ventana única virtual para envíos de clientes internos (empresarios, nuevos

emprendedores, trabajadores).• La información virtual como primer medio de comunicación desde el punto

de mira estratégico.• Reorientación de la práctica tradicional de asistencia a ferias turísticas.

Plan integral de calidad

La calidad como principio fundamental no puede ser sólo una preocupación esencialmente empresarial, sino también de las Administraciones Estatal y autonómicas y, con su apoyo, debe constituirse en el referente global del sector, comprendiendo la noción de calidad no sólo al sector y a la actividad privada, sino también a los destinos y a la aplicación de criterios de sostenibilidad medioambiental.

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Se entiende, por tanto, la calidad como un impulso hacia un cambio radical del sector turístico en su estructura, gestión y expansión internacional.

Este Plan también persigue la coordinación entre todos los niveles de gobierno (estatal, autonómico y local) y sectores empresariales.

Los programas que promoverá dicho Plan son:

• Calidad de los destinos turísticos.• Calidad en los productos turísticos.• Calidad en sectores empresariales.• Formación de calidad.• Desarrollo e Innovación Tecnológica.• Internacionalización de la empresa turística.• Cooperación internacional.• Información estadística y análisis económica.• Promoción.• Apoyo a la comercialización exterior • Potenciación del turismo rural. Como generador de riqueza en nuestras

áreas más deprimidas y sobre todo por la función social de estabilizar la economía de las municipios del interior

Benidorm

La importancia en términos absolutos y relativos que tiene la ciudad de Benidorm en la oferta turística valenciana (mayor número de pernoctaciones en temporadas alta y baja, mayor número de turistas extranjeros, mejor porcentaje de empleo hotelera) justifica un apartado específico. El modelo Benidorm de intensa concentración de la oferta en un espacio reducido con una alteración radical del paisaje, aunque no es un modelo recomendable para extender por nuestra costa, es un modelo que ya existe y es evidente que funciona. Da trabajo a miles de

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personas vinculadas exclusivamente con el turismo y a la vez que beneficios al sector.

Nuestro visitante busca y espera de esta ciudad lo que tenemos desde siempre: un clima excepcional, unas playas limpias y bien cuidadas, una buena seguridad vial y ciudadana, un entorno urbano de calidad, un comercio diverso y atractivo y un ocio económico y entretenido. Son estos aspectos los que hay que cuidar y mejorar en la medida en que sea posible. Hay que entender la idiosincrasia de Benidorm. Un turista a quien no le importa la masificación ni la construcción vertical, que prefiere ver un playa abarrotada antes que desierta, que prefiere ver el paseo de Levante lleno y repleto hasta los topes antes que pasear tranquilamente, que prefiere hacer 10 minutos de cola para comer en su hotel antes que sentarse solo en un comedor.

No se puede continuar con errores como Terra Mítica, que no han aportado más turismo a Benidorm y, en cambio, la alteración del paisaje hace perder valor al producto, sin hablar de la mala imagen que nos dan los escándalos en la financiación irregular del parque.

Es por eso que proponemos:

• Playas

• Continuar y mejorar la gestión, la limpieza y la atención.• Hacerlas más atractivas dentro de lo posible.

• Entorno urbano

• Mejora de la seguridad vial y ciudadana.• El entorno urbano de Benidorm es necesario mejorarlo, hay que llegar

a una limpieza aceptable, mejorar las aceras y el mobiliario urbano• Comercio

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• Apoyo al comercio local como complemento indispensable del producto.

• Eliminación de la competencia desleal e ilegal • Exigencia de cumplimiento de horarios y regularización laboral.

• Regularización de la oferta

• Moratoria en la construcción de nuevos hoteles. • Ayuda a la reconversión de los hoteles con más de 30 años de

antigüedad

Respeto y trato digno a los animales• Iniciativas legislativas para promover la defensa animal. Elaboración de una

Ley Marco de Protección y aplicación de las directivas europeas sobre protección y bienestar animal.

• Medidas de protección y control estricto del comercio de animales de compañía y animales exóticos. Incremento de las sanciones por abandono o maltrato de los animales de compañía.

• Medidas para la conservación de la fauna silvestre y su hábitat.• Incremento de la superficie dedicada a reservas o refugios naturales. • Iniciativas para promover el respeto a la dignidad animal.• Restricciones a los espectáculos con animales, para evitar demostraciones

de crueldad. Medidas necesarias para que las diferentes administraciones no puedan aplicar subvenciones a la contratación, promoción y difusión de espectáculos taurinos, así como escuelas taurinas o ganaderías de toros de lidia.

• Mejoras de las condiciones de vida de los animales de granja y laboratorio.• Regulación de las condiciones de transporte, cría y sacrificio de los

animales destinados a alimentación humana para evitar el sufrimiento innecesario.

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• Educación y sensibilización social con el objetivo “violencia 0” contra animales.

• Crearemos un organismo que vele por los derechos de los animales.

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Las políticas de progreso deben orientarse insoslayablemente hacia la emancipación de las personas y su más amplio desarrollo vital cotidiano. Más allá de la defensa de conceptos abstractos, trabajamos por materializar las aspiraciones concretas de los hombres y mujeres. Debemos empezar por superar las discriminaciones, tanto por razón de sexo como de orientación afectivo-sexual. Debemos conseguir también el más amplio derecho a la movilidad, para poder desplazarnos y hacer vida por todas partes del mundo. Y también debemos propiciar la participación consciente e interactiva en los asuntos públicos, para que las personas desarrollen, en condiciones verdaderamente democráticas, su vertiente de ciudadanas y ciudadanos.

Igualdad hombre-mujer• Crearemos, en todas las comunidades autónomas, un número suficiente de

Centros Públicos Integrales de Acogida de mujeres víctimas de violencia de género, además de duplicar el número de Centros 24 horas, pisos tutelados y centros de acogida que existen actualmente.

• El Gobierno se debe comprometer, de acuerdo con las empresas, a facilitar un puesto de trabajo a aquellas mujeres que se hayan visto forzadas a abandonar lo que tenían o a trasladarse a otras poblaciones: coste cero en la tasa de la Seguridad Social para las empresas, además de otras bonificaciones, en conjunto con la priorización de su contratación con los organismos públicos.

• Se desarrollará una Comisión especial integrada por personas especialistas y por las organizaciones sindicales cuando se trate de aplicar medidas de

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La persona

carácter laboral, que estudie y analice el impacto que tiene sobre las mujeres cualquier resolución administrativa combinándolo con la creación de un departamento de especialistas que tengan cuidado de la aplicación de la Ley de Igualdad a las empresas, con sanciones apropiadas para aquellas que reiteradamente incumplan la Ley.

• Planes de Igualdad para todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras.

• Los más pequeños son nuestro futuro, por tanto, se aplicarán medidas educativas que cambien la mentalidad de la ciudadanía, para que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas de pleno derecho y concretamente, en los centros escolares, se aplicarán prácticas de igualdad desde los 3 años.

• Por tanto, hay que potenciar el desarrollo curricular de la asignatura de Educación por la Ciudadanía, impartida siempre por especialistas en igualdad.

• En cuanto a educación, es prioritario desarrollar una Red de Escuelas Infantiles públicas de 0 a 3 años en todo el Estado y cambiar las medidas de conciliación del mercado de trabajo además de establecer un permiso de paternidad para los padres, de 6 semanas de duración, para que los hombres se corresponsabilicen de los recién nacidos y se duplicará el presupuesto de la Ley de Igualdad de mujeres y hombres, así como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 20 / 26 semanas. Además, durante el primer año de vida del recién nacido, o el primer año de convivencia con un niño adoptado, tendrán derecho al salario completo aquellos trabajadores y trabajadoras que se acojan a la reducción de jornada por atención de hijos menores.

• Como norma general, se elevará la cuantía de las pensiones de viudedad hasta el 70% de la base reguladora y se implantará un Plan de generación

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de empleo estable para mujeres trabajadoras basado en la igualdad salarial y social.

• Hay que avanzar en la sensibilización, prevención y detección de la violencia de género. Por tanto se duplicarán las partidas presupuestarias de la Ley de Violencia de Género para garantizar la eficacia de las medidas reguladas mediante su desarrollo normativo y competencial además de desarrollar el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención, concertado con las comunidades autónomas y las administraciones locales.

• Los presupuestos se elaborarán con perspectiva de género y también de cooperación como instrumento para asignar el gasto públic de forma equitativa.

• Para un empleo femenino de calidad se equipararán los sueldos y condiciones contractuales a las empresas, eliminando y compensando la posición desigual de las mujeres en el mercado laboral en términos cuantitativos –más paro, más tiempo parcial, más temporalidad, más precariedad- y en términos cualitativos– segregación vertical y horizontal, discriminación salarial y acoso sexual-.

• Además, hay que elaborar una Ley del Tiempo que impulse el reparto del trabajo doméstico, reproductivo, de atención, de formación y de ocio, y que organice el conjunto de los horarios en función de los tiempo necesarios para la sociedad, sin sexismo.

• Revisión del listado de enfermedades profesionales que dan derecho a las prestaciones de invalidez o incapacidad, incorporando patologías específicas de las mujeres que en la actualidad no se contemplan.

• Penalización del uso de la prostitución siguiendo el modelo sueco. • Garantizaremos la efectividad del principio de no discriminación sexual en

las políticas públicas para la inserción económica y social de las personas inmigradas.

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• El precio de los preservativos debe ser simbólico y su distribución se debe hacer mediante la instalación de máquinas expendedoras en los espacios de encuentro, especialmente de gente joven.

El movimiento LGTB y la diversidad sexual

• Apoyo a las familias. La pluralidad en los modelos de convivencia es una realidad inapelable. Las actuaciones de la Administración del Estado en infancia y familia contemplarán la diversidad familiar y garantizarán los derechos de los menores, de los padres y de las madres.

• Reformaremos la Ley de reproducción humana asistida, de manera que permita la utilización de ovocitos por parte de las integrantes de matrimonios de mujeres.

• Reconocimiento del derecho a la adopción y la filiación conjunta de las parejas de hecho del mismo sexo equiparándolas a las parejas de hecho de distinto sexo.

• El catálogo de prestaciones del Ministerio de Sanidad incluirá la cobertura de los procesos de reproducción asistida a las parejas de mujeres y mujeres solteras.

• Se garantizará la correcta aplicación de la instrucción que regula la filiación de los hijos nacidos por gestación subrogado en los términos que determina la misma. Se resolverán con agilidad los recursos pendientes por parte de la DGRN. Se penalizará a aquellos consulados con actitudes obstruccionistas en la aplicación de la ley y se reconocerá el derecho a disfrutar de las bajas de paternidad y maternidad a los matrimonios formados por hombres.

• Modificación de los artículos del Código civil relativos a la determinación y prueba de la filiación. Con estos cambios se resolvería la situación de los

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matrimonios de dos mujeres cuando tratan de inscribir a su descendencia en el registro civil y evitar así la comparecencia previa de la no gestante antes del nacimiento, así como las discriminatorias situaciones que se han producido durante estos años en los registros civiles por desconocimiento de la ley por parte del funcionariado.

• Trabajar en el ámbito internacional para que los países de origen de los adoptados/as eliminen las limitaciones a la adopción internacional por parte de parejas del mismo sexo y/o por personas LGTB.

• Impulsar la aplicación de la Directiva Europea 2000/78/CE sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación con el concurso y la implicación de sindicatos y asociaciones de empresarios para luchar contra la discriminación por orientación e identidad sexual en el ámbito laboral.

• Desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que aborda la discriminación por motivo de origen racial o étnico, geográfico o social, así como la religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

• Aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no discriminación. De una Ley contra la discriminación, que recoja todos los criterios en los que se asientan las posibles discriminaciones por razón de nacimiento, origen racial, étnico, social o cultural, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, apariencia física, composición de su unidad de convivencia, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

• Desarrollo en España del Programa europeo de acción comunitaria Progress (2007-2013) y especialmente su sección 4, denominada “Antidiscriminación y diversidad” que busca apoyar la aplicación eficaz del

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principio de no-discriminación y promover su incorporación en todas las políticas de la UE.

• Desarrollo y aplicación de planes y políticas de Igualdad de género que aborden la Orientación Sexual y la Identidad de Género de manera transversal.

• Los medios de comunicación de titularidad pública, significativamente RTVE, aplicarán los objetivos recogidos en su Programa-Marco el respeto a la diversidad y la sensibilización para luchar contra la discriminación por origen racial o étnico, geográfico o social, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual e identidad de genero. Específicamente deben desarrollar campañas de sensibilización y visibilidad del colectivo LGTB.

• Acciones en el ámbito educativo para desterrar la LGTBfobia y para fomentar el respeto a la diversidad afectivo-sexual promocionando programas de innovación educativa y favoreciendo la inclusión de habilidades pedagógicas, tanto en la formación permanente del profesorado como en su formación inicial, para trabajar la diversidad en el sistema educativo.

• Consideración de la infección por VIH/sida como una verdadera cuestión de Estado, y por tanto, firma por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria de un Pacto de Estado contra el VIH/sida que comprometa a todos los agentes implicados (partidos políticos, gobiernos estatal y autonómicos, administraciones públicas, comunidad científica, medios de comunicación, sindicatos, ONG’s, etc.), que garantice una respuesta integral a la infección por VIH/sida y el acceso universal a servicios y programas de prevención, tratamiento, atención y apoyo, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, con especial atención a los colectivos sociales más vulnerables, y que garantice la participación y

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colaboración efectiva de las ONG’s en el diseño, realización y seguimiento de los planes estatales y autonómicos de respuesta a la infección.

• Un compromiso efectivo de las administraciones sanitarias con la atención a la salud LGTB, y especialmente con relación a nuestra salud sexual, poniendo en marcha acciones informativas y formativas destinadas al personal sanitario sobre la salud de las personas LGTB y contemplando esos conocimientos en su formación inicial y permanente y facilitando trato igualitario, digno y respetuoso de las personas LGTB en los entornos sanitarios.

• Favorecer el conocimiento de la realidad LGTB por parte del personal de las administraciones de justicia y de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado así como crear programas especializados de atención a las denuncias de acciones LGTBfóbicas.

• Impulsar la formación específica para los agentes sociales (empresarios/as y sindicatos) sobre la realidad y promoción de la igualdad del colectivo LGTB en el ámbito laboral, así como incorporar la mirada LGTB de manera explícita en su política, planes y convenios.

• Implantación de un Plan de Inserción Laboral y fomento del empleo para la población transexual, con especial mención a mujeres transexuales.

• Modificar la legislación en materia de Extranjería de manera que se permita el cambio de nombre y sexo de las personas transexuales inmigrantes en los documentos identificativos otorgados por el Estado español.

• Modificación de la Ley de Identidad de Género: Disminución del tiempo requerido, eliminar la necesidad de "diagnóstico de disforia de género", inclusión de los menores tutelados por los progenitores y certificado por informe facultativo.

• Aprobación de un Protocolo que no indique patología alguna para la atención de las personas transexuales en la sanidad pública, Garantizando

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el tratamiento hormonal, apoyo psicológico, tratamientos quirúrgicos (excepción de las CRG), descentralizándolos de las UIG (Unidad Identidad de Género), pasando a ser tratados por los especialistas en los territorios de las y los usuarios y que aborde la atención a menores.

• Promoción de iniciativas culturales relacionadas con la realidad LGTB y el debate sobre el género y la sexualidad. Se promoverá, buscando la colaboración de las universidades, la reflexión y la investigación científica sobre la diversidad sexual.

• Compromiso y cooperación para la defensa y promoción de los derechos de las personas LGTB en cuantos foros y organismos internacionales participe España.

• Apoyo al desarrollo, coordinación y funcionamiento del movimiento asociativo LGTB y promoción de la interlocución entre las administraciones del Estado y el asociacionismo LGTB.

• Apoyo a la conmemoración del día internacional del Orgullo LGTBI, como día de celebración y reconocimiento de la diversidad sexual y la lucha a favor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

• Vigilancia estricta del cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación que rigen la Unión Europea en todos y cada uno de los países que la componen así como proponer las actuaciones pertinentes (reformas legales, programas de intervención social y, en su caso, sanciones) para luchar contra la LGTBfobia institucional que aún existe en determinados países de la Unión.

• Realización de Programas de promoción de la autoestima y el autorreconocimiento de las y los adolescentes LGTB, creación y/o apoyo a servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTB y de espacios seguros y abiertos para la socialización.

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• Separación efectiva entre Iglesia-Estado, mediante la derogación del Concordato de 1953 y la eliminación de los acuerdos de 1979 con el Vaticano.

• Eliminación de los privilegios de la Iglesia Católica frente a otras entidades por parte del Estado, como por ejemplo, la eliminación de la casilla del IRPF y otros privilegios fiscales, la equiparación jurídica y eliminación de privilegios ante los tribunales, y el trato igualitario frente a la administración pública en otros aspectos que conciernen a su actividad: contrataciones, apertura de centros, ocupación de la vía pública, etc.

• Equiparación de derechos y deberes de las diferentes iglesias al conjunto de organizaciones asociativas reconocidas por el Estado. Las iglesias en general, y en particular la católica, deben tender a la autofinanciación por parte de sus feligreses. Igualmente, debe existir el derecho de concurrencia en igualdad de condiciones a las ayudas públicas, y su organización debe estar regulada con responsabilidad jurídica sobre sus representantes.

• Eliminación de la simbología religiosa de los espacios y administraciones públicas.

• Imparcialidad de las administraciones públicas en su representatividad en las manifestaciones religiosas públicas de la sociedad. No se puede aceptar la celebración de Actos de Estado religiosos, ni la participación oficial de instituciones públicas en actos religiosos.

• Laicidad del sistema educativo público, incluida la eliminación de la asignatura de religión de la enseñanza pública.

• Reconocimiento de la pluralidad social, confesional, agnóstica o atea, en igualdad de condiciones, desde el reconocimiento y la garantía de la libertad personal e individual. Para ello, es necesaria la aprobación de una Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que aborde realmente esta cuestión.

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• Formación para combatir la LGTBfobia entre el personal carcelario, así como sobre el rechazo a las personas seropositivas.

• Acciones de sensibilización de la población reclusa sobre diversidad sexual y VIH/sida.

• Promocionar y facilitar el uso de preservativos en los centros carcelarios.• Incentivar a las Comunidades Autónomas para que se forme al personal de

residencias y geriátricos sobre LGTBfobia, así como sobre el VIH-sida.• Acciones de sensibilización de la población anciana sobre diversidad sexual

y VIH/sida.• Apoyar experiencias de autogestión de centros residenciales para personas

mayores LGTB, seropositivas o víctimas de discriminación por cualquier otra razón.

• Derecho de asilo y asistencia a las personas perseguidas en sus países de origen por su orientación sexual o identidad de género como prioritario.

• Hay que actuar diplomáticamente para la inclusión de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Carta de los Derechos Universales.

• Hay que acelerar el proceso de retirada de los Expedientes por las leyes de Peligrosidad Social y Vagos y maleantes del franquismo además de crear un fondo para el estudio de la represión.

• Se aprobará una Ley de parejas de hecho que equipare los derechos de los hijos no matrimoniales a los matrimoniales en los casos de parejas del mismo sexo.

• Se luchará contra las mafias y personas que se aprovechen (“amos” y clientes) y además se dará cobertura social, médica y judicial a las víctimas de las desigualdades hombre-mujer .

• Eliminaremos la propaganda sexual fuera de lugares concretos como vallas publicitarias y en espacios de libre acceso para todo el mundo.

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El derecho a emigrar, un derecho humano

• Hay que establecer medidas para evitar que ninguna persona se encuentre “en la obligación” de emigrar y por eso apostamos por la formación, por mitigar las diferencias norte-sur y las injerencias perniciosas del neoliberalismo que se aprovecha de los países pobres.

• Por una lado, hay que aumentar las inversiones formativas en los países de origen de los inmigrantes y por otro crear un fondo público, a disposición de los organismos de cooperación oficiales, para la concesión de microcréditos en los países de origen.

• Los flujos de entrada en los países de origen se deben organizar en función de las demandas laborales existentes en el Estado receptor, estableciendo una política migratoria europea común, y criterios también comunes a la hora de actuar en relación a las ayudas a los países periféricos y fronterizos dentro y fuera de la Unión Europea, así como para el control de fronteras y la lucha contra las redes mafiosas que trafican con personas. Además, la UE debe contribuir para que el problema de las pateras se resuelva, mediante convenios sobre flujos de entrada con los países africanos, y exigiendo contundencia de las instituciones europeas para que los países africanos asuman el reconocimiento y la repatriación de las personas llegadas de manera irregular, todo mediado con la cooperación al desarrollo como un factor estratégico que se ha de intensificar cuantitativamente y cualitativamente, tanto en el Estado español como Europa.

• Además de los flujos migratorios por motivos laborales, existen los flujos migratorios producidos por persecuciones políticas, de raza o por violencia de género, que deben tener un tratamiento diferenciado. Es más, hay que desarrollar normas específicas que garanticen una simplificación de los

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trámites de regularización o de actuación para evitar que estos ciudadanos, sea cual sea su motivo para emigrar, sufran perjuicios añadidos a los propios de su situación. Para ellos también hay que desarrollar una amplia red de centros de acogida, dotados de medios suficientes y en condiciones dignas.

• Hay que hacer una mayor dotación de medios y recursos para que se pueda realizar una mejor y más eficaz persecución de empresarios que utilizan empleo irregular en sus empresas. Apostamos de forma seria por la regularización de todas las situaciones y también por la consideración del reagrupamiento familiar como un derecho reconocido a la población inmigrante que decida establecerse en el Estado español.

• Pondremos en marcha una Agencia Estatal de las Migraciones para la coordinación de la política de regulación, ordenación y gestión de los flujos, con creación de una ventana única que canalice las competencias de las diferentes instancias de la administración que intervienen en la política de inmigración.

• Las personas inmigradas tendrán derecho de voto en todas las elecciones, a partir de un mínimo de dos años de permanencia legal y continuada para las municipales, y de 3 años para el resto, sin distinción de nacionalidad.

• Se establecerán mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de promocionarse laboralmente, con independencia del origen del trabajador/a y también medidas antidiscriminatorias dirigidas a velar por el verdadero goce de estos derechos tal y como exigen los compromisos comunitarios.

• El derecho a volver a su país de origen se debe desarrollar legalmente y también reconocer los derechos fiscales y económicos de los inmigrantes en el momento de su jubilación, sea en el Estado español o en su país de origen extracomunitario.

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• Es urgente la derogación de la Ley de Extranjería y sustitución por una Ley de Ciudadanía que incluya la igualdad de derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español:

• Derecho a la asociación, a la huelga, a la sindicación y a la reunión.• Igualdad de derechos de las personas reagrupadas para posibilitar

especialmente la emancipación de los jóvenes y las mujeres. Las autorizaciones de residencia por reagrupamiento deben implicar automáticamente una autorización de trabajo.

• Impulso de planes estratégicos de integración de inmigrantes que tenga como objetivo la convivencia y el respeto mutuo, como también planes de lengua, interculturalidad y cohesión social.

• Fijación de medidas legales para que la admisión en los centros educativos se base en criterios justo y equitativos. Hay que evitar que la dualidad escuela pública-escuela concertada se torne en escuela de autóctonos-escuela de inmigrantes.

• Impulso en el acceso al permiso de residencia y de trabajo para los menores inmigrantes, una vez hayan alcanzado la mayoría de edad y continúen en territorio español.

• Por eso hay que hacer un incremento presupuestario del fondo de acogida e integración de inmigrantes además de un incremento hasta el 0'7% del presupuesto dedicado a las políticas de cooperación al desarrollo dentro de los Presupuestos Generales del Estado. También hay que reorientar los fondo FAD a criterio de AECI para que no sean computados como ayudas a la cooperación. Por último, hay que mejorar la gestión e incrementar los recursos, humanos y técnicos, tanto en las oficinas de extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Estado como en los registros civiles.

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• Aumentaremos las inversiones dirigidas a la construcción y mantenimiento de infraestructuras, especialmente de las relacionadas con la cadena del frío, imprescindible para la conservación de alimentos y medicinas.

• Por todo ello y a modo de resumen, es prioritario que el Estado establezca nuevas relaciones con los países empobrecidos porque:

• Puedan venir a trabajar en condiciones justas y dignas (favoreciendo la contratación de origen).

• Podamos colaborar en su desarrollo nacional, invirtiendo con justicia.• Compremos sus productos y materias primeras en condiciones justas

(comercio justo).• No agotemos sus reservas naturales.• Luchemos conjuntamente con ellos para perseguir y eliminar las

mafias que trafican con inmigrantes.• Los países aceptemos las repatriaciones en condiciones dignas de

quienes entren ilegales.• Hay que tener especial preocupación para que no emigren menores.• Se transfieran a las Comunidades Autónomas la competencia para la

expedición de permisos de trabajo y residencia a los inmigrantes.

Participación ciudadana y democratización de los asuntos públicos

• Hay que reformar la Ley Electoral para conseguir un sistema electoral realmente proporcional y justo, abierto a todos los partidos además de endurecer las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad. En cuanto a los candidatos y candidatas, exigimos su vecinaje administrativo en la circunscripción por la que se presenta y también debates electorales obligatorios entre los representantes de las distintas candidaturas en los medios públicos de comunicación. Todo eso con unos límites más estrictos

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a los gastos electorales. Además, hay que desarrollar una Ley de Publicidad Institucional que regule sus contenidos y ponga límites severos cuando estén en vigor procesos electorales de cualquier ámbito.

• Si somos buenos para trabajar, somos buenos para decidir, por tanto, hay que cambiar la edad de derecho al voto de los 18 a los 16 años.

• En cuanto a la adquisición de nacionalidad:• Por una lado, los nacidos en el Estado Español con padres

inmigrantes tendrán la opción de adquirir la nacionalidad española, si así lo desean sus padres, y, cuando lleguen a la mayoría de edad, podrán ratificar libremente esa decisión u optar por su nacionalidad de origen.

• Por el otro se debe reformar el Código Civil para que los españoles que adquieran otra nacionalidad puedan conservar simultáneamente la nacionalidad española.

• Es necesaria la creación de una Oficina Presupuestaria del Parlamento para conocer en tiempo real cómo gasta el Gobierno el presupuesto.

• Hay que restringir los derechos de los tránsfugas con una Ley contra el Transfuguismo.

• Desarrollaremos una Ley de Participación Ciudadana que regule y facilite el contacto permanente entre el tejido social y las instancias políticas que ejercen la acción de gobierno, y que prevea la dotación de fondos económicos para fomentar el asociacionismo juvenil, vecinal y cultural además del derecho de participación de los trabajadores en las decisiones empresariales.

• El Desarrollo de La Ley de Memoria Histórica debe ser efectivo, con la creación del Instituto para la Memoria Histórica y el impulso de proyectos de recuperación de los restos de los desaparecidos. Es más, hay que hacer una reforma legal para declarar la nulidad de todos los juicios políticos del

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franquismo y reconvertir el Valle de los Caídos en un Centro de Interpretación del Franquismo trasladando las restos del dictador.

• Mayor protagonismo de las Cortes Generales, en su doble función de poder legislativo y de control del ejecutivo. Reforma de los Reglamentos del Congreso que facilite un funcionamiento ágil y democrático.

• La colegiación obligatoria para ejercer ciertas profesiones liberales, como abogados y médicos, será extinguida al ser contraria a la libertad de asociación consagrada al artículo 22 de la Constitución Española.

• Se reformará el sistema de elección de los Órganos de Gobierno de las Instituciones (Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Administración de RTVE, etc.), evitando las cuotas de partido y manteniendo su independencia real.

• Se simplificarán los requisitos para la utilización efectiva de la Iniciativa Legislativa Popular, el Referéndum, y otros instrumentos de democracia directa. Además, se hará una reforma legislativa para que el Parlamento, el Tribunal de Cuentas y las propias Administraciones Públicas, puedan ejercer un control eficaz de la aplicación de los fondos públicos y de la ejecución presupuestaria y también se reformará la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para asegurar la publicidad, transparencia, control y eficacia de las contrataciones.

• Se reformará el Consejo Económico y Social, reforzando sus competencias y la participación de sindicatos y otros organizaciones profesionales y empresariales.

• También hay que reformar la inmunidad parlamentaria para que no sea un "blindaje" frente a la acción de la justicia. Por tanto, hay que hacer un Pacto Anticorrupción limitando las asignaciones económicas y los privilegios de los cargos públicos que tendrán una incapacitación permanente de los condenados por corrupción para volverse a presentar en unas elecciones.

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Por eso se establecerá un código ético del cargo público de obligado cumplimiento, que recoja los valores que deben informar la ética en la actividad pública (interés general, equidad, legalidad, austeridad, transparencia, participación, servicio a las ciudadanas y ciudadanos, etc.) y los compromisos que adquieren los cargos públicos con respecto a estos valores, en el ejercicio cotidiano de su actividad.

• Reforma Urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la del Tribunal Constitucional por garantizar el pluralismo democrático y territorial y evitar el bloqueo y la parálisis a que la manipulación de los grandes partidos ha sometido ambos organismos, combinándolo con la creación de mecanismos de control público que aseguran la absoluta independencia del Poder Judicial, y con la introducción de sistemas de elección directa popular del Fiscal General del Estado y del Defensor del Pueblo.

Mejora de los derechos de las personas en los pleitos contra las administraciones públicas

Aunque se presume que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales, y actúa [...] con sometimiento lleno a la Ley y al Derecho (arte. 103.1 CE), desgraciadamente no siempre es así. En estos casos, la eficacia directa de los actos administrativos -que se presumen válidos, son ejecutivos y se pueden imponer unilateralmente- genera en los ciudadanos una situación de indefensión, ya que obliga a dedicar valiosos recursos a impugnar una resolución que no debió haberse dictado o aceptar el abuso de Derecho, que pasa a ser firme si no se recurre.

Con el fin de conseguir una actuación más comedida de la capacidad de autotutela de la Administración Pública y una mejor protección de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas, proponemos las siguientes medidas:

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• Que todas los gastos desembolsados durante el proceso de revisión judicial de autos sujetos a Derecho Administrativo sean reembolsados íntegramente, previa presentación de los justificantes, en caso de que se dictara sentencia firme a favor de los demandantes (personas físicas o jurídicas), con un límite máximo de 1,2 veces los precios oficiales y/o recomendados por los colegios profesionales para los trámites realizados (incluyendo gastos de abogado, procurador, notario, tasas, costas judiciales, etc...). Dicha cantidad meritará el interés legal del dinero desde el momento en que se publique la sentencia firme.

• Estudiar la posibilidad de crear un procedimiento de enjuiciamiento especial que se establezca para la resolución rápida de contenciosos-administrativos sencillos, que pueda ejercerse sin necesidad de abogado ni procurador.

• Acceso a a la información pública como derecho fundamental. Uno de los pilares de los sistemas democráticos son los sistemas de control mutuo entre los poderes del Estado, que tratan de salvaguardar la democracia. No obstante, de esos mecanismos de control se suele dejar de lado los ciudadanos, poder constituyente y primigenio, del que emanan todos los otros.

Para un correcto y democrático funcionamiento del Estado es necesario que cualquier ciudadana o ciudadano que desee auditar la función pública pueda acceder sin restricciones a toda la información que se encuentre en poder de las administraciones. Es un derecho básico para luchar contra la corrupción y contra la incompetencia de las autoridades, y ya está reconocido constitucionalmente en 34 países (en Suecia desde 1776).

Hasta ahora en España predomina la cultura del secretismo y el apagón informativo, privando a los ciudadanos de una información que nos pertenece y sin la que no tenemos elementos de valor para formarnos un juicio sobre las actuaciones de los organismos públicos, o la situación del país.

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De esta manera, no se publica ni se puede obtener un listado de empresas multadas por el Ministerio de Medio Ambiente, de la longitud de las listas de espera, o de marcas o productos afectados por la contaminación del aceite de gira-sol ucraniano.

El artículo 105 de la Constitución establece que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, excepto en lo que afecte a la seguridad y defiende del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Treinta años después seguimos sin disponer de una ley para que el gobierno y administración funcionen de forma transparente. Por ello, proponemos la inclusión en la Constitución del derecho al Acceso a la Información Pública como derecho fundamental de los ciudadanos y libertad pública, en sustitución del artículo 105-b. La redacción podrá ser la siguiente:

• Todas las personas tienen derecho a acceder y consultar los archivos y registros administrativos de las administraciones, entidades públicas o que realizan funciones públicas, fundaciones y organismos financiados con fondo públicos, con la única limitación que la información solicitada afecte a la seguridad y defiende del Estado, o a la prevención o investigación de delitos.

• Toda la información al poder de las instituciones anteriormente citadas, o difundida por ellas, tiene carácter público, y deberá ser fehaciente y veraz. Las entidades públicas o que realizan funciones públicas deberán poner a disposición del público la información básica y esencial en su poder tan pronto como les sea posible y sin que sea necesario solicitarla.

• La ley regulará los procedimientos de solicitud de información, que deberán ser sencillos, rápidos y gratuitos, y de recurso de las denegaciones de acceso, que en todo caso deberán estar debidamente motivadas.

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A partir de aquí, habrá que desarrollar una ley orgánica que regulará este derecho y que establecerá procedimientos, plazos, obligación a los funcionarios a ayudar a los solicitantes (y sanciones en caso de incumplimiento demostrado), la protección de los funcionarios que faciliten información y protección de las datos personales (que no de la identidad) que pudieran figurar en los documentos.

Los delitos cometidos por los que ejercen las funciones de los poderes del Estado son especialmente perjudiciales para la cohesión social por el desamparo de la ciudadanía ante tales actuaciones y la dificultad para su persecución. Igualmente graves son los delitos contra la hacienda pública, de la que se financian los servicios que el Estado ofrece a la población y el sistema de protección social.

Por ello, proponemos eliminar toda restricción temporal en la persecución de estos delitos modificante el artículo 131.4 del Código Penal, de manera que no prescriban nunca los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, los delitos contra la Administración Pública, el delito de prevaricación en caso de jueces y magistrados, y la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación. Cuando exista una trama corrupta de varias personas actuando de forma conjunta y coordinada se considerará un aumento de la pena.

Referéndums

Definir los referéndums como vinculantes para los poderes públicos. Eliminar las limitaciones existentes a la Iniciativa Popular, de manera que pueda utilizarse para modificar leyes de cualquier rango, tratados internacionales, revocar cargos públicos y extender estos mecanismos a todos los niveles de participación política, tanto en la administración autonómica como la local.

• En cuanto al Turno de Oficio debe ser alcanzado, financiado y gestionado exclusivamente por las Administraciones Públicas, y ser atendido por un

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cuerpo de letrados con dedicación exclusiva, régimen estricto de incompatibilidades y retribuciones salariales idénticas a los grupos funcionariales que requieran de idéntica calificación académica.

• El Consejo General del Poder Judicial y los Consejos Judiciales Autonómicos deben ser armonizados, para que estos reciban competencias delegadas de aquellos y se llegue a articular un sistema de gobierno de los jueces que sea horizontal en el plano territorial. Además se establecerá un sistema estricto de adscripción de los jueces a las respectivas plazas, de forma que se eviten los vaivenes constantes de jueces “de paso” y, por tanto, derecho a la estabilidad de la plantilla judicial.

• Los crímenes contra la Humanidad serán imprescriptibles y su persecución se hará de acuerdo con los principios de la justicia universal.

• Además, se incrementarán las penas por delitos contra los derechos de los trabajadores, por fraude fiscal y de los delitos contra el medio ambiente.

• Hay que reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial para hacer coincidir las demarcaciones judiciales con las comarcas valencianas.

• Impondremos la incompatibilidad absoluta del ejercicio de la judicatura con actividades retributivas privadas o de cualquier otro tipo, incluso docentes.

• Crearemos un organismo independiente del poder judicial a nivel de cada Comunidad Autónoma, integrado por un amplia representación social, que tramite las quejas contra la actuación de los jueces y magistrados y elabore una memoria anual que será elevada a la Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma.

• Además, hay que simplificar todos los procedimientos judiciales.

Reformaremos el artículo 135 de la Constitución Española eliminado del texto que aprobaran PP y PSOE las partes tachadas:

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• Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

• El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

• Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido en el Estado y en las comunidades autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

• El Estado y las comunidades autónomas deberán estar autorizadas por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

• Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

• El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

• Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, receso económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

• Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos

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de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

• La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los casos excepcionales de superación de los mismos y la forma y el plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

• La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

• La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

• Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a los que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias para obligar a las administraciones públicas con superávit a poner un límite a su capacidad de comprometer gastos para ejercicios posteriores, para disponer de reservas de maniobra en momentos de déficit.

• Los bancos y cajas de ahorro intervenidos o subvencionados por el Estado deberán devolver los ayudas recibidas con un interés equivalente al máximo al que esas mismas entidades hubieran prestado dinero previamente.

• Se fijará el sueldo del Presidente del Gobierno y de los Presidentes de las Comunidades Autónomas como máximo que no podrá ser ultrapasado por cualquier otra persona que trabaje en organismos y sociedades públicas o en empresas intervenidas, en su respectivo ámbito territorial.

• Fijación de una normativa de salarios para representantes electos de las administraciones locales y autonómicas atendiendo al número de habitantes de cada ayuntamiento.

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• Para reforzar la soberanía de la Unión Europea, una agencia de ráting o calificación económica de ámbito europeo.

• Los miembros de la UE que reciban ayudas económicas deberán ser obligados, no sólo a practicar la disciplina fiscal, sino también a adoptar medidas de crecimiento estructural a medio y largo plazo.

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La sociedad no es solamente una suma de personas, sino la estructura que nos enmarca a todas y todos y nos permite relacionarnos fluidamente.

Hablar de sociedad es, sobre todo, hablar del cemento que hace posible la convivencia ordenada, la igualación de las personas y su desarrollo más pleno. Ese cemento está hecho por varios ingredientes: empieza por un sistema educativo de calidad, que forme y integre; pasa por unas comunicaciones humanas libres, tanto físicas como intelectuales; y se completa con un aparato estatal que cumpla realmente sus funciones y, por ello, pueda garantizar una fiscalidad redistributiva de la riqueza, unos niveles óptimos de bienestar general, una administración eficiente y sin corruptos, una estructura totalmente descentralizada, y el mantenimiento de la paz y la seguridad de la democracia.

EconomíaLa crisis del sistema financiero

Aunque hay una crisis financiera mundial provocada por los títulos tóxicos (hipotecas subprime) de EE UU, el efecto a nivel español es mínimo, los bancos españoles casi no compraron deuda americana: la crisis financiera es autogenerada por la concesión de préstamos muy arriesgados (para hacer PAIs y Terres Mítiques) e hipotecas subprime españolas.

Hay que pedir responsabilidades al Banco de España (que tiene poder de intervención en la banca privada y no lo ejerció) en la época del sr. Caruana (que

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La sociedad

estaba advertido por los propios inspectores del banco de las burradas que se estaban haciendo en la concesión de préstamos).

También hay que pedir responsabilidades al sr. Rodrigo Rato, que como ministro reformó la ley de Cajas de Ahorros entregándolas en manos de los políticos (las valencianas llegaron a la mitad o más de los miembros de sus Consejos de Administración en manos de concejales y diputados y otros cargos políticos) y que ahora recibe los beneficios de la jugada dirigiendo una CajaMadrid que se ha engullido Bancaja.

Se ha proporcionado liquidez a los bancos sin ningún control (algunos gobiernos europeos han suscrito acciones que les dan control y después, una vez saneados, podrán revender) que los bancos han utilizado para tapar los agujeros financieros al mismo tiempo que restringían el crédito a las empresas productivas ahogando muchas que gozaban de buena salud económica.

La crisis financiera, que la sufren igualmente los bancos, ha sido aprovechada para deshacer el sistema financiero de la economía social (¡por un partido que se dice de izquierdas!) y entregar las cajas a la voracidad de los bancos, a pesar de que estos sufren los mismos problemas financieros. Se ha condicionado las ayudas en liquidez a las fusiones de cajas con el falso pretexto de que así serían más eficientes (el tamaño no afecta a la eficiencia, pero si a la facilidad del control por políticos y grupos de presión del capitalismo monopolista).

La crisis del sistema productivo

Esta es la más importante y de la que menos se habla, si se han malbaratado un cantidad ingente de recursos productivos (tierra, trabajo y capital real) dedicándolos a la construcción de muchísimas más viviendas de las que hacían falta es porque se han detraído otras actividades productivas que sí que hacían falta (recordar que durante los últimos años antes de reventar la burbuja

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inmobiliaria en España se construía más vivienda que en los tres países europeos más grandes juntos).

Basar el crecimiento económico en un sector productivo no motor, como es la construcción (ya que su producto no es exportable), es el error económico más grave que ha cometido el Estado español, y que ahora pagamos todos.

Los sectores productivos motores del crecimiento económico son aquellos con capacidad exportadora, ya que captan renta del exterior. Hay que recordar que el País Valenciano ha sido la segunda autonomía en volumen de exportaciones y hasta el 2005 con balanza comercial (exportaciones menos importaciones) positiva (mientras el conjunto del estado, Cataluña —la primera autonomía exportadora— incluida, la tenía negativa).

También hay que recordar que la burbuja inmobiliaria se empieza a hinchar cuando el PSPV-PSOE aprueba en el parlamento valenciano la nueva legislación de la construcción y el suelo, legislación extendida después por el PP (con el consenso del PSOE) a todo el estado. Esta legislación injusta (denunciada por la comisión del Parlamento Europeo) permite que, en la práctica, un particular, el agente urbanizador, expropie terrenos en beneficio propio y elimine los naturales frenos al exceso de construcción.

El mecanismo perverso de la burbuja inmobiliaria es: un especulador con la connivencia de políticos corruptos, a los que después retribuirá en negro, consigue, por un lado, un buen crédito de una caja con influencia del político, y paralelamente, con más influencia del mismo u otro político, consigue a que le aprueban un PAI con recalificación de unos terrenos que ha comprado a precio de rústico. Si puede vender las viviendas, a un precio astronómico, a unos bobos que han suscrito una hipoteca que no podrán pagar, el negocio le sale redondo, sin arriesgar prácticamente nada, sin casi formación ni, calentarse demasiado la

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cabeza con innovaciones, exportaciones y otras complicaciones, se ha hecho millonario (de euros), si no le sale bien la jugada el marrón se lo comerá la caja que le ha dejado el dinero.

La crisis de la deuda pública

Si en los anteriores aspectos de la crisis hay una “colaboración” entre los particulares y el estado, este es debido exclusivamente a la actuación del último. El error fundamental se encuentra en la aplicación de un keynesianismo mal entendido (sí, aquel que cree que una crisis se puede superar poniendo la mitad de los parados a hacer agujeros en el suelo y la otra mitad a taparlos, pagándolos con deuda pública).

La salida de la crisis se acorta con el aumento del gasto público, pero no dedicándolo a cualquier actividad, sino promocionando aquellas que redundan en un incremento de la productividad de las actividades de los sectores privado y público. El Estado Español se ha dedicado a hinchar la deuda pública para hacer agujeros y taparlos -¡literalmente!- o, si no, ¿qué es el Plan E (con tilde de ñ para que quede claro cuál es su E)? Después el PP, que ahora critica el Plan E, vuelve a repetir el mismo error a nivel autonómico con otro nombre: el Plan Confianza.

Cuando los acreedores europeos (alemanes y franceses) han visto que con un endeudamiento público tan grande el estado no podría seguir apoyando a la banca privada y esta no podría cumplir con sus obligaciones de pago, por lo que acabarían pagando ellos la crisis española, entonces han presionado para moderar la deuda pública con lo que la salida de la crisis se alarga considerablemente.

Los especuladores internacionales se benefician de la falta de credibilidad económica del Estado Español exigiendo una tasa de interés mucho más alta a la

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emisión de deuda pública española. Con un coste de la deuda pública más alto la recuperación será más larga y penosa.

Por otra parte, el estado, además de la responsabilidad, tiene una fundamental actividad económica: la de proveer los denominados bienes públicos, como son el establecimiento y mantenimiento de las vías de comunicación. Se ha de decir que en esto el estado no ha hecho sus deberes: el corredor ferroviario mediterráneo de mercancías, a pesar de que al PSOE se le llene la boca de promesas electorales, en toda la legislatura no ha hecho nada.

Les medidas de política económica

Eliminar la morosidad pública: Es inconveniente que en un estado de derecho quien no paga el que debe no le pase nada, pero es inconcebible que los morosos sean las Administraciones Públicas, con la indefensión que frente a ellas tienen las empresas. La morosidad pública, de ayuntamientos, diputaciones, autonomías y estado, ha arruinado muchas empresas sanas y bien gestionadas. Hacen falta medidas para agilizar los cobros.

Invertir para mejorar las funciones económicas y sociales de las diversas Administraciones Públicas, particularmente en las infraestructuras generadoras de competitividad del sistema productivo. Desarrollo de la red de cercanías ferroviaria valenciana, desde Orihuela a Vinaròs. Invertir en la construcción del eje mediterráneo: ferroviario (proyecto FERMED); liberación del peaje de la A7. Mejorar el funcionamiento de la justicia sobre todo en los temas mercantiles (control de la morosidad en general, etc.).

Desestacionalitzar las vacaciones de las administraciones públicas, con dos objetivos: en primer lugar, acabar con la subcontratación por vacaciones del personal de la administración, con la distinción injusta entre trabajadores públicos con contrato fijo y sustitutos solos para el verano, con una planificación de las

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plantillas que incluya como trabajadores fijos a todo el personal necesario para cubrir las vacaciones y, en segundo lugar, ir cambiando el modelo productivo español que se para y/o se ralentiza durante el verano, para mejorar la productividad, de la administración y de la actividad privada.

Condicionar las ayudas e inversiones en los organismos públicos de búsqueda aplicada (universidades, institutos tecnológicos, etc.) a las posibilidades de aplicación de los proyectos de búsqueda a las empresas industriales, agrícolas o de servicios valencianas.

Abandono de la construcción de viviendas nuevas mientras no se consuma el stock existente. La construcción es un sector muerto, de muerte natural por los excesos de la etapa anterior. Tratar de reavivarlo con ayudas, desgravaciones, ni tan siquiera VPOs, no hará más que agravar la crisis, hay que dejar actuar el mercado para que continúen bajando los precios hasta un nivel razonable y tomar medidas para que no se vuelva a repetir otro batiburrillo en el sector.

Somos conscientes de que la salida de la crisis sólo se puede producir con un incremento de la actividad productiva de los sectores motores, por lo que hay que dar apoyo a los sectores exportadores de la industria y la agricultura.

Primar las medidas adscritas a facilitar el aumento de la competitividad de las empresas. Ayudas en base a proporcionar servicios reales (no subvenciones en dinero que están prohibidas internacionalmente) útiles para la salida en los mercados internacionales, como mejorar la cantidad, calidad y disponibilidad de la información sobre las características de los mercados extranjeros, facilitar la creación de red comercial exterior, de marketing internacional, etc.

Promocionar la demanda de innovaciones por parte de las empresas sobre el sistema de investigación y desarrollo valenciano, subvencionando a las empresas

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que hagan demandas concretas y bien definidas a cualquiera de estos organismos.

Propiciar la contratación de titulados universitarios valencianos por parte de las empresas a base a subvenciones o con desgravaciones fiscales a una parte de los salarios de los primeros años de las nuevas incorporaciones, porcentaje que debería ir descendiendo progresivamente durante los primeros años de contrato.

Defensa de los productos industriales nacionales (valencianos o españoles) contra la competencia desleal de los productos extracomunitarios, promoviendo legislación europea conveniente (mayor control de los productos perniciosos y nocivos en el consumo, de los fabricados con trabajo infantil o quasiesclavitud, de los generadores de contaminación en su producción, etc.) y preocupándose de que se ponga en práctica.

El descenso del paro a niveles normales sólo se conseguirá por el incremento del número y actividad de las PYME y microempresas, por lo que apostamos por un apoyo especial a estas empresas.

Facilitar (con medidas sobre la banca, la SGR, el IVAF, etc.) el acceso al crédito de las pequeñas empresas que se han visto ahogadas por las restricciones, siempre que demuestren su viabilidad económica.

Dar facilidades administrativas a la creación de nuevas empresas: generalización de la ventanilla única a nivel comarcal (municipal de aquellos que tengan polígono industrial); agilización de los trámites administrativos; apoyo informativo y de formación a los emprendedores que se arriesguen a crear nuevas empresas.

Promocionar la cooperación entre pequeñas empresas para que con su actividad conjunta puedan alcanzar una tamaño eficiente que les permita consolidarse, crecer, innovar, internacionalizarse, etc.

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Macroeconomía

Hay que buscar los objetivos de estabilidad sin reducir el estado de bienestar.

La austeridad en el gasto pública se ha de conseguir reduciendo los gastos superfluos (no salarios de los funcionarios, ni pensiones, ni gasto sanitario y educativo), sino en el número y retribuciones de los asesores, coches, dietas superlativas, ayudas a proyectos privados (Terres Mítiques) y a macrofiestas (visitas papales, Fórmula 1).

Antes de promover las administraciones una gran inversión, es imprescindible un estudio previo tanto de la viabilidad económica y la utilidad social del proyecto, como de la relación coste/beneficio del proyecto. Hay que acabar con el gasto descontrolado de dinero público por motivos políticos, en proyectos que no son útiles social ni económicamente y a menudo con alto deterioro medioambiental. No debemos volver a sufrir el espectáculo de proyectos e inversiones desjuiciadas, como los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real, AVEs sin estudios de viabilidad, que ha producido esperpentos como el AVE sin pasajeros de Albacete a Toledo, helicópteros como el Jaume I por el que la policía autonómica ya ha pagado de alquiler más que lo que vale de nuevo, o pagar las resonancias magnéticas de la red pública sanitaria valenciana a empresas privadas a un precio más alto del que costaría si se hicieran directamente por la sanidad pública.

El empleoEmpleo de calidad

• Hay que reconocer el papel institucional de los sindicatos además de promocionar un gran acuerdo estatal y nacional con los representantes del

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mundo económico y social para establecer los grandes objetivos estratégicos.

• La reducción de la temporalidad y la precariedad es prioritaria en la contratación, hasta situarla en tasas similares a la media de la Unión Europea (equiparación de los salarios de los trabajadores con contrato temporal a las retribuciones de los asalariados con contrato indefinido).

• Por tanto, hay que limitar legalmente las condiciones de utilización de los contratos temporales y dar incentivos para la conversión de contratos temporales en indefinidos. Así, se desarrollará una reforma legal y se limitará el ámbito de actividad de las subcontrataciones, de las empresas de trabajo temporal y de las denominadas “empresas de servicios integrales”.

• Específicamente en cuanto a las ETT, se limitará su actuación a tareas temporales por un máximo de tres meses. Asimismo, se determinarán aquellos sectores en los que la actividad de las ETT estará excluida. Por tanto, se restablecerá el principio de causalidad para la contratación temporal y se penalizará las empresas que utilicen dolosamente varias razones sociales para pasar a los trabajadores y las trabajadoras de unas a otras y burlar así la normativa laboral.

• Se limitarán también los contratos de obra y servicio a un máximo de un año, de manera que se conviertan en indefinidos de forma automática si la actividad supera la anualidad. En cuanto a los contratos de formación y aprendizaje, se transformarán para evitar que se utilicen como fuente de mano de obra barata, dotándolos de un auténtico contenido formativo, y con limitación de la edad de utilización hasta los 23 años. Se restablecerá la obligación de dedicar como mínimo un tercio de la jornada a actividades formativas, y se atribuirán al trabajador los mismos derechos laborales de que goza el resto de trabajadores.

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• Las inspecciones de trabajo serán el medio para reducir y erradicar la economía sumergida y por tanto se incrementarán las dotaciones presupuestarias para tal fin.

• Se harán limitaciones legales a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), prohibiéndolos en empresas con beneficios o con directivos que cobran sueldos notoriamente por encima la media.

• En el ámbito de las administraciones públicas, se promoverá una regulación por la que se limite la subcontratación a un solo nivel, y se prescinda la subcontrata por el incumplimiento probado de las obligaciones laborales o medioambientales, con el objetivo de convertir la administración pública en responsable subsidiaria y evitar que sea origen de precarización de las relaciones laborales. Además, hay que reformar los Servicios Públicos de Empleo del Estado español, para que integre políticas, se descentralice y participen los agentes sociales y las administraciones territoriales.

• Actuación para la orientación profesional, la mejora del nivel de la formación ocupacional, la formación a lo largo de la vida laboral y el apoyo al autoempleo.

• Se dará más presupuesto para las políticas activas de empleo (hasta el 1,2% del PIB) y personal para los servicios públicos de empleo, con una atención personalizada que comporte la tutorización del parado y paro en su itinerario hacia la inserción laboral. Es más, se desarrollarán actuaciones para la orientación profesional, la mejora del nivel de la formación ocupacional, la formación a lo largo de la vida laboral y el apoyo al autoempleo y también para desarrollar las potencialidades del territorio, crear empleo y mejorar la capacidad de emplearse de las personas, mediante los acuerdos locales para empleo qué integrarán las empresas, los agentes sociales y la administración local. Se traspasará en los ayuntamientos las competencias sobre las políticas de empleo activas con

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las condiciones y con la financiación necesarios por ejercerlas adecuadamente.

• Se crearán puestos de trabajo derivados de planes de infraestructuras públicas asociadas al nuevo modelo de sostenibilidad como son las redes ferroviarias y de transporte colectivo, redes de electricidad par recargar los vehículos, logística intermodal, y adaptación de las infraestructuras al cambio climático. También se crearán puestos de trabajo calificados en los sectores R+D, T.I.C. y financiero, nanotecnología, aparatos relacionados con la salud, etc.

• Se establecerá un marco de negociación colectiva en el Estado y en el País Valenciano, que vele para evitar las discriminaciones laborales, en particular las de género, reduzca la temporalidad, promueva la seguridad en el trabajo y evite el trabajo irregular.

• Se harán limitaciones legales a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), prohibiéndolos en empresas con beneficios de cuantía notoria o con directivos que cobran sueldos notoriamente por encima la media.

• Modificaremos el INEM, para que el subsidio a los desempleados se dé para una verdadera búsqueda de empleo. Por eso hay que mejorar la coordinación entre la administración central (la que abona el subsidio) y la autonómica (la que busca el puesto de trabajo y da formación).

• La convergencia con las tasas de actividad europeas, en especial por lo que respecta a la tasa de actividad femenina y de la gente joven, será prioritaria.

• Hay que aprobar por Ley la Jornada Laboral de 35 horas como instrumento para la creación de empleo. También se establecerá un salario mínimo interprofesional equivalente al 60% del salario medio español, de acuerdo con las recomendaciones de la Carta Social Europea y los salarios crecerán hasta igualar o ultrapasar el IPC (en el último caso, siempre que lo permitan

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los crecimientos de la productividad) con un mayor crecimiento salarial en los sectores con retribuciones estructurales bajas, y siempre con igualdad salarial entre mujeres y hombres.

• El empleo a tiempo parcial será de libre opción personal y siempre manteniendo la proporcionalidad en las retribuciones con el trabajo a tiempo completo.

• Se estimulará la contratación de personas con más de 45 años que hayan perdido su trabajo, con especial atención a aquellas que tengan familiares a su cargo.

• Se establecerán convenios con los países de origen para definir los mecanismos convenientes para la contratación de trabajadores/as temporeros, velando por el procedimiento de contratación y las condiciones de trabajo, alojamiento, atención social y sanitaria, así como por las actividades culturales y de ocio.

• Hay que desarrollar un plan para reducir la siniestralidad laboral, incrementando las medidas y medios de inspección y control, y desarrollar un modelo de prevención con participación de todos los sectores implicados.

• Crearemos una Junta Electoral Sindical para evitar intromisiones de las empresas en los procesos de elección.

• Eliminaremos el despido libre con las reformas legislativas que esto implica.

Formación para el empleo de calidad

• Se fomentarán los recursos económicos para desarrollar la formación profesional en su conjunto, el ocupacional en especial, así como la integración de toda la formación profesional (reglada, continua y ocupacional), de manera preferente en los institutos públicos, dotando de mayores recursos materiales y humanos a los centros formativos públicos.

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Reclamaremos también la materialización del traspaso de los fondos y competencias de la Formación Continua al País Valenciano.

• La formación profesional incentivará la calidad de las prácticas en las empresas, incrementando los programas escuela - trabajo.

• Potenciaremos una oferta suficiente y de calidad donde la Universidad juegue un papel importante en la revalorización de la formación a partir de un análisis de las necesidades de formación con un contacto permanente con las organizaciones sindicales y empresariales, garantizando una oferta formativa disponible a lo largo de todo el año.

• Hay que desarrollar programas para reducir significativamente el fracaso escolar de los jóvenes e impulso a los Programas de Calificación Profesional Inicial (PCPI). Fortaleceremos al mismo tiempo el papel de la comunidad educativa y de su formación continua.

• Se crearán programas de formación específicos para mujeres que desean la reincorporación al trabajo después de una larga ausencia, un plan para la formación de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales en paro, impulsando una nueva normativa que fomente la integración social y laboral de los disminuidos, obligando a las empresas a llenar sus plantillas con un 2% de personas con disminuciones y también se impulsarán planes de formación e inserción laboral para regularizar la situación de los inmigrantes, estableciendo planes de acogida mediante las administraciones locales. Además, los inmigrantes tendrán derecho a la utilización del Servicio Público de Empleo por parte de los inmigrantes.

Salud en el trabajo

• Es necesario que las mutuas de accidentes desaparezcan para que el sistema público de salud asuma la atención sanitaria y la gestión del subsidio de baja (por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social), así como el retorno a la Seguridad Social del patrimonio que le es propio,

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ahora usufructo de las mutuas, y con el mantenimiento, en caso de ser necesario, de la aportación patronal a las cuotas de la Seguridad Social para la financiación de este servicio público. Además hay que fortalecer el control de la administración a las mutuas, dando la posibilidad de codecidir (entre trabajadores y empresario) a qué mutua se afilia la empresa, y también crear una cogestión paritaria de la mutua entre patronal y sindicato.

• Es urgente la derogación inmediata del D. 6/2000 que permite que los médicos adscritos a las mutuas puedan dar altas (a los efectos de prestaciones económicas) a los trabajadores que se encuentran de baja por contingencias comunes. También hay que retirar a las mutuas la potestad de llevar, a petición de la empresa, la gestión económica del AIT por contingencias comunes, por no tener ningún justificación social ni económica, y generar muchos perjuicios a los trabajadores y trabajadoras. Por todo ello se constituirá un grupo de trabajo en el Consejo Económico y Social para analizar el actual modelo de mutuas en el Estado español, en especial por lo que respecta a la asistencia sanitaria, y que haga un informe de los problemas de este modelo y las posibles mejoras, para así llegar a:

• La implantación de un nuevo sistema de dirección en las mutuas, basado en una representación tripartita compuesta en una tercera parte por representantes de los empresarios, otra tercera parte por representantes de la Administración, y una tercera parte de las centrales sindicales más representativas.

• La implantación por parte de la Administración de mecanismos de control a la actividad sanitaria que desarrollan las mutuas, especialmente para supervisar la corrección de los tratamientos sanitarios, la concesión o no concesión de bajas médicas por contingencia profesional y el desvío de bajas a la Seguridad Social.

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• Debemos definir, con objetivos claros, la tarea a desarrollar por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), primordialmente consensuada en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud. Además, el INSHT tendrá independencia política, definiendo el órgano de participación de los agentes sociales para que sea más eficaz el control de la actuación del INSHT y que puedan hacer sus propuestas de actuación.

• Profundizaremos en la cooperación entre Fiscalía e Inspección de Trabajo en el caso de accidentes de trabajo graves y mortales y de riesgo por falta de medidas de seguridad, determinando criterios comunes de la Fiscalía en todo el Estado y formación específica de los fiscales en el campo de la normativa de prevención de riesgos laborales además de consenso entre Estado y Comunidades Autónomas en la definición de criterios de actuación en prevención de riesgos laborales, con participación de los agentes sociales.

• Por último, se hará el traspaso de la Inspección de Trabajo para aquellas comunidades autónomas que lo pidan, estableciendo mecanismos de coordinación en el ámbito estatal. La Inspección en cada comunidad autónoma debe contar, como mínimo, con un inspector encargado de unificar criterios de actuación en prevención de riesgos laborales.

• Para que los médicos de empresa puedan realizar su trabajo de forma independiente, su contratación y ordenación laboral dependerá de un comité donde estén representados la empresa, los representantes de los trabajadores y la administración.

Otras actuaciones de la administración central:

• Se equipararán, tanto en el ámbito legal como funcional, los trabajadores/as públicos (sobre todo funcionarios) en la prevención de riesgos laborales

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y se determinarán por parte de la Administración Central, actuaciones de apoyo en las empresas que presenten planes de actuación en prevención de riesgos laborales, con beneficios fiscales, créditos blandos, prioridad de contratación por la Administración, comercialización de productos, etc.

• Para tal fin, se regulará la formación de los técnicos superiores de prevención en el ámbito universitario y se incluirán los contenidos formativos preventivos en la enseñanza secundaria. También hay que establecer una línea de apoyo a la investigación en el campo de la prevención de riesgos laborales (I+D), convocando regularmente becas para la formación de personal investigador en la seguridad y salud en el trabajo.

• Se incluirán a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de la normativa de desarrollo determinados colectivos excluidos, como trabajadores y trabajadoras del hogar - familia, de protección civil, etc. Y se regularán legalmente los riesgos emergentes como, por ejemplo, los riesgos psicosociales.

• Se modificará el Reglamento de los Servicios de Prevención para que, cuando las empresas cogen un servicio de prevención ajeno, exista como mínimo, un trabajador/a de la empresa con la formación, empleo y dedicación convenientes que lo capaciten para la aplicación práctica de las medidas derivadas de los procesos previos de evaluación. También se concretará este reglamento en cuanto a las Auditorías legales, sobre todo estableciendo mecanismos para asegurar que las deficiencias detectadas por los auditores a las empresas han estado corregidas.

La economía social, un sector económico por fortalecer

• Potenciaremos las medidas e instrumentos de apoyo a la economía social, dando apoyo a las estructuras representativas de la economía social, especialmente las que representan el esfuerzo de agregación de los

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diferentes sectores e incentivando a las nuevas empresas, ofreciendo asesoramiento con respecto al plan de empresa y/o formación para la gestión empresarial además de facilitando los avales para el crecimiento, así como la aplicación de fórmulas de capital de riesgo.

• Fortaleceremos los acuerdos con la Universidad para la enseñanza, con la gestión de acciones formativas habituales y también la divulgación y conocimiento del sector de la economía social, a partir de las buenas prácticas que se realicen en lo que se refiere a las propuestas emprendedoras que signifiquen crecimiento de empleo combinándolo con la solicitud a los medios de comunicación, especialmente a los públicos, de la divulgación de las realidades de la Economía Social además de la presencia de los representantes de la economía social en los organismos de diálogo.

• Hay que reservar una parte de la licitación de obras y servicios para las empresas de economía social, impulsando así, la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, para incrementar el impacto social de los proyectos. Además, se desarrollarán planes de apoyo para la transformación de sociedades mercantiles en crisis en cooperativas o sociedades laborales, para garantizar el mantenimiento de los lugares de trabajo.

• Se impulsarán los centros especiales de trabajo y a las empresas que trabajen por la inserción laboral de colectivos con riesgo de exclusión social además de dar apoyo financiero a las experiencias de banca ética promovidas desde la sociedad civil, así como de otros propuestas de economía solidaria (consumo ecológico, turismo solidario, agricultura ecológica, etc.).

Los autónomos

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• Hay que modificar determinados aspectos fiscales como la adaptación y flexibilización del sistema de módulos, reconociendo las nuevas actividades aparecidas para establecer una fiscalidad justa y equitativa, además de tomar medidas legales para reconocer el pleno derecho a la salud y la seguridad en el trabajo de este colectivo.

• Para que los autónomos puedan crecer en su actividad, se dotará de políticas activas de apoyo al inicio y el desarrollo de la actividad: simplificación y racionalización de los trámites burocráticos, creación de instrumentos de apoyo y orientación, líneas de crédito blandos y posibilidad de una verdadera capitalización de las prestaciones de paro para iniciar la actividad como trabajador autónomo. Además, en caso de dificultades financieras, se facilitarán mecanismos de gestión tributaria para garantizar la continuidad de la actividad productiva.

• Todo eso con el apoyo de mecanismos de diálogo y representación entre las diferentes administraciones públicas y las organizaciones representativas del trabajo autónomo.

• Hay que ampliar el concepto de Trabajadores Autónomos Dependientes para evitar abusos empresariales y mejorar las condiciones laborales y el cumplimiento de sus derechos, adaptando también la normativa en prevención de riesgo laborales a este colectivo y aplicando el sistema alemán de reducción de jornada compatible con el cobro parcial del paro.#

• Derecho a la formación continua y el reciclaje. Adaptaremos la normativa y los sistemas de formación a su compleja realidad y modificación del actual normativa por permitir que también las organizaciones de autónomos de ámbito autonómico, y no sólo estatal, puedan acceder a los fondos públicos y promover acciones formativas.

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El Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos establece, en el artículo segundo, que "se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado otras personas".

Como bien ha expresado el Tribunal Supremo, esta definición deja abierta a la interpretación qué se considera realizar una actividad de forma habitual. Para la Seguridad Social, darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (obligatorio para poder emitir facturas) es suficiente para cobrarte las cotizaciones, a razón de 223€/mes mínimo (excepto los casos que están sujetos a incrementos de la base mínima o descuentos).

No obstante, la doctrina unificada contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo STOS 6441/1997, de 29 de octubre de 1997, establece que el criterio objetivo para establecer la habitualidad del trabajo autónomo es el Salario Mínimo Interprofesional (633,30€/mes o 8.866,20/año). Consideración lógica si tenemos en cuenta a que quedan 315,30€ mensuales después de aplicar las retenciones del IRPF y pagar a la Seguridad Social sobre el SMI.

Dado que no tiene sentido incluir en este régimen a los que facturan menos del SMI, ya que una proporción elevada de sus ingresos se irían a las cotizaciones, proponemos modificar el punto 1 del artículo 2 para que quede así: "...aquel que realiza de forma personal y directa una actividad económica a título lucrativo, por la que percibe ingresos mensuales la base imponible de la que exceda la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, sin estar sujeto por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio..."

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Además de aclarar la ley, esta medida acabaría con la inseguridad jurídica que implica la actual definición para quienes quieren iniciar algún tipo de microactividad empresarial con que complementar sus ingresos (otra cosa son las personas que deciden, de forma dolosa, no facturar).

Política industrial

• Impulsaremos un modelo productivo fundamentado en la protección ambiental y en las industrias y servicios del conocimiento, mediante la creación de empresas de nuevas tecnologías con un elevado nivel de calificación de su personal y la multiplicación de la inversión en investigación y desarrollo de proyectos realizados de modernización de los sectores industriales tradicionales por conseguir más valor añadido e innovación de estas empresas. Hay que garantizar el mantenimiento de la infraestructura productiva en el País Valenciano y, al mismo tiempo, potenciar la internacionalización a todas las escalas, especialmente a nuevos mercados emergentes como el norteafricano. Además hay que multiplicar los recursos económicos en R+D para situarse a niveles de la media europea y aspirar a alcanzar el 3% sobre el PIB que recomienda la UE. También se facilitará la creación de instrumentos financieros (capital riesgo) que suponen un apoyo a la financiación para nuevas empresas (los recursos por capital riesgo representan el 0,4% del PIB de la media europea, mientras la media española es del 0,2%).

• Elaboraremos y aplicaremos un Plan Director de potenciación del uso de las TIC para las empresas además de potenciar los Centros de Innovación tecnológica en el conjunto del territorio español para facilitar en las empresas la innovación de los productos.

• Es prioritario el desarrollo de un Plan de Infraestructuras, potenciando el transporte público, mejorando la red viaria secundaria y potenciando la red

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ferroviaria de transporte de mercancías. También lo es la aplicación de políticas de ecología industrial que sirvan para el aprovechamiento y la reutilización de los residuos industriales generados, impulsando el uso de fondos energéticos renovables para minimizar el impacto ambiental global de los polígonos. Por tanto, hay que crear un Consejo Sectorial de Política Industrial con la participación de las comunidades autónomas, los sindicatos y la patronal más representativos con el objetivo de crear un espacio de debate y concertación con el gobierno central en materia de política industrial.

• La democracia y participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas es esencial, porque la empresa no es resultado exclusivo del capital, sino una realización concreta del trabajo humano. Por tanto, para extender los derechos de la ciudadanía a las empresas, hay que impulsar legalmente la participación de los trabajadores y trabajadoras en su gestión y toma de decisiones diaria.

Trabajo e inserción laboral

• Becas-salario y becas directas en función de la renta familiar.• Más y mejor empleo y un trabajo con derechos desde el primer día.• Intensificación de las acciones contra el fraude en la contratación.• Programas de formación y de inserción laboral de la juventud, con especial

atención a los nuevos yacimientos de empleo social y ambiental.• Líneas de crédito con avales públicos para la creación de cooperativas

juveniles.• Reconocimiento de los derechos laborales y sociales de los becarios y

jóvenes investigadores.• Reducción de la jornada laboral a las 35 horas.• Regularización del tercer sector como nueva fuente de empleo.

Empleo verde. Treball sostenible socialment i ecològica89

En otros apartados ya se han visto nuestras propuestas en energía, gestión de los residuos, etc. Ahora veremos el porqué de que esta política se traduce en muchos más puestos de trabajos que el sitema viejo.

Promoveremos el empleo verde porque tiene una particularidad: por cada unidad monetaria de inversión se crean más puestos de trabajo que las industrias y servicios creados a la manera antigua. Además, de una forma sostenible. En un momento en el que el dinero escasea, podremos promover más puestos de trabajo, con menos dinero y energía.

La vieja manera de crear empleo solía ser a base de una cantidad muy grande de dinero, mucha energía, para pocos puestos de trabajo. Un ejemplo son las autovías, AVEs, construcción de nuevos edificios, etc.

Proponemos una innovadora manera de crear riqueza y prosperidad, respetando el medio ambiente. Además se fomenta una sociedad robusta, autónoma y resiliente.Con el empleo verde fomentaremos:

• Producción local de los alimento y de los productos, de manera que se fomenten los puestos de trabajo cercanos al lugar de consumo.

• La producción energética autónoma y limpia. La industria de las energías renovables crean muchos más puestos de trabajo en la construcción y en el mantenimiento de las instalaciones que una central térmica o una nuclear. Además ahorra muchos millones de euros en petróleo y fomenta la autonomía energética de la sociedad haciéndola resistente al incremento del precio de los combustibles.

• El uso de mano de obra. Por ejemplo, la agricultura ecológica es mucho más saludable y proporciona más empleo que la agricultura industrial. O el

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reciclaje, se crean muchos más puestos de trabajo que en la construcción de una incineradora.

• El trabajo digno. Queremos que el empleo verde fomente trabajos que permitan la vida digna de los trabajadores.

• Un plan de rehabilitación energética de los edificios antiguos. Que en 2040 se llegará a rehabilitar energéticamente cerca del 60% del parque de viviendas del estado español. Con esto se conseguirán hacia el 2020 500.000 puestos de trabajo permanentes. Además eso significará un ahorro energético de 600 millones de barriles de petróleo de energía vital y la evitación de 300 millones de toneladas de CO2. Eso significa potenciar la autonomía energética y ser más resistentes a los futuros incrementos del petróleo.

• Un plan de fomento de las energías autónomas y limpias. Si en la actualidad hay más de 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, en esta industria, queremos llegar a más de 200.000 en la próxima década.

• Mejorar la competitividad (un tema clave y evidente para nuestra economía). Incrementar la eficiencia ecológica de los procesos económicos y disminuir la intensidad energética y hídrica de nuestra economía (conseguir que, para obtener un mismo euro de valor añadido en la producción, empleemos y paguemos menos en energía, agua y otros recursos escasos y cada vez más caros). 

• Reconversión ecológica de los procesos productivos, que los haga más limpios, que recuperen más los propios residuos convirtiéndolos en nuevas materias primas y que establezca procesos de eficiencia energética, hídrica y en el uso de otros recursos, para conseguir, con las mismas inversiones y los mismos recursos, una producción mayor y unos menores residuos y todo un proceso industrial más limpio y más seguro, para los trabajadores y la sociedad en general. No sólo se tiene que basar en la protección

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ambiental (de hecho, puede haber negocio en el reciclaje, en las nuevas energías, en la depuración de aguas, ...), sino que, en cualquier sector, se deben introducir las medidas de eficiencia descritas para que se incremente su viabilidad y que se abaraten los costes. 

• Promoveremos una ley para implantar un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR) como el que hay en Alemania y en los países escandinavos. Con el objetivo de crear puestos de trabajo, hasta 14.000 se pueden conseguir según un estudio del ISTAS, y de mejorar nuestro medio ambiente.

Propuestas políticas y legislativas

• Estableceremos el Estatuto de participación y protección laboral en la pequeña empresa para evitar la desigualdad y desprotección de los trabajadores y trabajadoras que sufren. Además de una ley marco para la promoción de la responsabilidad social de la empresa, que regule la negociación y participación social y otra de los derechos del teletrabajo para regular las nuevas situaciones de este sistema de trabajo, tanto por lo que respecta al trabajo asalariado como el autónomo.

• También se hará una ley de promoción de la participación sindical en los cambios organizativos de la empresa, estableciendo un conjunto de bases que garanticen la participación sindical activa, previa a la adopción de las decisiones empresariales, en los procesos de cambio y flexibilidad en la organización empresarial.

• Se regulará la subcontratación en las administraciones públicas, y de las cadenas de subcontratación en el sector privado, con especial atención a la problemática de prevención de los riesgos laborales.

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• Se desarrollará la Ley de Movilidad para reforzar normativamente la participación sindical en lo relacionado con el transporte colectivo en los centros de trabajo.

• Se establecerán concretamente los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras en el acceso a Internet y en el uso del correo electrónico con el objetivo de que los trabajadores y trabajadoras puedan hacer uso de las herramientas telemáticas para cuestiones personales y profesionales, para sus comunicaciones con los sindicatos y con las diversas administraciones públicas por tanto, los sindicados podrán establecer relaciones de información y comunicación con los trabajadores y trabajadoras a través de las redes telemáticas establecidas en el marco de la empresa y la administración.

• Se regularán inmediatamente los ciberderechos en las administraciones públicas para actuar como ejemplo del desarrollo de la democracia tecnológica.

Apoyo a la investigación

• Hay que diseñar una carrera investigadora integral que tome en consideración todas las etapas en la investigación, desde la fase predoctoral, pasando por la posdoctoral inicial y finalizando con la estabilidad de los investigadores séniors con experiencia. Además, convertiremos las becas posdoctorales de personal investigador en contratos laborales y contratación de los becarios predoctorales porque tenemos que reformar en profundidad el Estatuto del Personal Investigador en formación para acabar con la situación de precariedad e inseguridad laboral de los jóvenes investigadores, para incentivar la carrera investigadora y evitar la huida constante de cerebros hacia el extranjero.

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• Además, reclamamos que la oferta de becas posdoctorales se mantenga y proponemos la contratación desde el primer día de aquellas becas-contrato predoctorales existentes. En cuanto a las becas asociadas a proyecto, hay que revisar específicamente para obligar a pasarlas a contrato. Por tanto, debemos asumir la Carta Europea del Investigador, por considerar todos los investigadores (desde la fase de posgrado) como profesionales, y no como personas en extensión del período de formación universitaria.

• Por eso se creará una mesa de diálogo permanente de las asociaciones de defensa de los investigadores con las universidades públicas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para abordar desde el consenso todas las cuestiones relativas a la carrera investigadora.

• Se separarán los presupuestos de la I+D+i de carácter militar de la I+D+i de carácter civil, además de ser completamente transparentes en su asignación y se invertirá el 2% en I+D+i de carácter civil, que es la media de la Unión Europea.

Por una banca al servicio de la sociedad

• Apoyo institucional a las actividades desarroladas por la Banca Ética.• Los bancos deberán estar obligados a tener un coeficiente de apoyo

crediticio reservado en las PYME y a emprendedores individuales que demuestren la viabilidad de sus proyectos de inversión según criterios objetivos que se fijarán reglamentariamente.

• Plantearemos la conveniencia de crear una Banca Pública fuerte, que pueda cubrir el vacío social propiciado por las cajas de ahorro.

Educación

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• Propondremos la eliminación del Ministerio de Educación, por innecesario, por estar transferidas sus competencias a las comunidades autónomas y su sustitución por un Instituto Interterritorial de Educación que gestione la armonización de los diferentes sistemas educativos.

• Defendemos una escuela pública y laica de calidad, como garantía del ejercicio del derecho a la educación de todo el mundo en condiciones de igualdad y que respete la libertad de conciencia, enseñe sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar.

• Que la religión esté fuera del currículo y salga del horario lectivo.• Crearemos plazas públicas suficientes de 0-3 años para atender la

demanda y garantizar el acuerdo para crear 300.000 plazas escolares en el primer ciclo de la educación infantil.

• Hay que generalizar la formación hasta los 18 años, ampliando la FP y abriendo nuevas modalidades formativas que permitan simultanear estudio y trabajo remunerado antes de la incorporación plena al empleo además de reorientar los planes de estudio y la formación ocupacional hacia el sector de la energía y la protección del medio ambiente.

• Crearemos un cuerpo único de profesorado, a partir de una formación inicial con el mismo grado académico y que contemple las distintos vertientes de la función docente además de desarrollar el Estatuto de la función docente, negociado con los sindicatos. Es necesaria la reforma de la LOU, negociando un Estatuto del Personal Universitario y estableciendo el cuerpo único docente, la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno y una planificación de la oferta de plazas de enseñanza superior de acuerdo con las necesidades sociales.

• Definiremos la composición y funciones del Consejo Escolar del Estado, dotándolo de capacidad para promover y dirigir análisis y estudios sobre el sistema educativo.

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• Tenemos que equipararnos con los países europeos más desarrollados en el gasto dedicado a becas y ayudas al alumnado universitario, con un sistema de carácter generalizado de becas que posibilite completar los estudios sin obstáculos derivados del origen social y económico, mediante becas-salario y la rebaja de las tasas universitarias al punto anterior a la reforma de Bolonia.

• Destinaremos al gasto público educativo por lo menos el 7% del PIB en esta legislatura, destinando un 6% del PIB al Enseñanza Superior.

• Se impulsará por una parte el voluntariado juvenil como complemento educativo, evitando el empleo en actividades que necesiten mano de obra remunerada y especializada y por la otra la participación y el asociacionismo juvenil para un modelo cultural alternativo basado en el humanismo, la cooperación y la solidaridad.

• Fomentaremos la práctica del deporte, la música, el teatro, el cine y la literatura realizados por jóvenes, así como del ocio no basado en el consumismo y la participación democrática en todos los centros educativos.

• Además, los trabajadores mayores de 16 años y menores de 18, estarán obligados a simultanear el trabajo con la formación, practicando la reducción de jornada conveniente.

El comercioHay que dar apoyo a los consumidores y al pequeño comercio que es lo que conforma y da vida a nuestros pueblos y ciudades, como opción opuesta a la progresiva desertización de nuestros pueblos que obliga a un uso insostenible del transporte particular, produce menos empleo y de menor calidad. Las grandes superficies y su presión para la desaparición del pequeño comercio, con el monopolio de la venta de los productos primeros son una muestra de la sociedad que han promovido el PSOE y el PP en los últimos 30 años en la que la riqueza y la capacidad de decisión de la gente corriente ha ido erosionándose y pasando a

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las grandes corporaciones. Daremos un apoyo absoluto a las demandas del pequeño comercio para asegurar su persistencia.

Hay que elaborar un Plan de apoyo al pequeño y mediano comercio, con los correspondientes recursos económicos. Un Plan que estaría gestionado por las comunidades autónomas con participación de las organizaciones municipalistas, para dinamizar, modernizar y hacer más competitivo el pequeño y mediano comercio especializado y de proximidad.

Se ampliarán las limitaciones a la instalación de equipamientos comerciales fuera de la trama urbana y se controlarán las operaciones de simple especulación urbanística que se justifiquen con la construcción de grandes superficies comerciales. También se aprobará un Plan de medidas y sanciones aplicable, de oficio o a petición de las comunidades autónomas, a aquellas grandes empresas, de capital español o multinacional, implantadas en más de una comunidad autónoma y que, de forma sistemática, vulneren las normativas autonómicas en materias como la defensa de la competencia, las rebajas y otros. Además, extenderemos la exigencia de seguros de responsabilidad civil que cubran los daños causados, actualmente limitada a los intervinientes en el proceso edificativo según la Ley Orgánica de la Edificación, también en la actividad comercial prestada a los consumidores en sectores sensibles o de riesgo para el público, como los productos sanitarios y farmacéuticos, alimentación, talleres de automoción, electrodomésticos, droguería y química, etc.

Para fomentar la comunicación entre los sectores comerciales y el gobierno, se creará un organismo de diálogo institucional entre el gobierno del Estado y el sector del comercio donde estén representadas las organizaciones de ámbito estatal y autonómico representativas del sector.

Comunicaciones97

Medios de comunicación

• Es urgente la suscripción por el gobierno central con la Corporación RTVE del Contrato Programa correspondiente, donde se detalle la oferta de televisión, radio y servicios interactivos públicos, pendiente desde la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual en 2010. Asimismo, hay que articular la Corporación RTVE con la resto de radiotelevisiones públicas del Estado (autonómicas y locales) para garantizar la función pública de la comunicación, tal como dice la ley, por proteger a los ciudadanos y ciudadanas delante posiciones dominantes en la creación de opinión o restricciones en el acceso a la información.

• Hay que establecer convenios de colaboración con las instituciones culturales del Estado y con las universidades valencianas, tanto para la elaboración de contenidos como para favorecer la necesaria unión de teoría y práctica.

• Además, se han de restablecer los convenios con los gobiernos autónomos para impulsar la producción audiovisual de las diferentes comunidades y territorios.

• Restableceremos Radio 4 al País Valenciano con emisiones en nuestra lengua.

• También hay que poner en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CMA) como órgano regulador y supervisor del sector, estableciendo por ley garantías para su independencia política y económica.

• Exigimos el cumplimiento de la Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para que el Estado garantice que en todo su territorio se podrán ver todas las televisiones públicas que emiten, con el objetivo de fomentar el conocimiento mutuo entre los pueblos.

Les nuevos canales de televisión (TDT)98

• El reparto de las licencias vacantes se debe hacer con criterios profesionales, garantizando una oferta independiente y plural. Por tanto, también hay que revisar las licencias otorgadas con criterios clientelares por los diferentes gobiernos autonómicos y revocándolas si es preciso en aplicación de la ley, ya que se trata de una concesión estatal.

• Estableceremos mecanismos de colaboración y de creación de contenidos para las TDT por parte de la Corporación RTVE y de las radiotelevisiones autonómicas.

Sociedad de la información• Potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías mediante la creación de

espacios de libre acceso wifi en todos los pueblos y ciudades. Haremos las inversiones necesarias para reducir el corte tecnológico que hay en la actualidad entre unos y otros lugares.

• Garantizaremos la igualdad real de todos los ciudadanos y ciudadanas frente a la Administración Electrónica.

• Hay que acabar con el abuso de las ventas vinculadas en informática, es decir, la obligatoriedad de adquirir un cierto producto para poder adquirir otro.

• Es esencial desarrollar la Sociedad del Conocimiento como plataforma de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y oportunidad estratégica de nuestra civilización.

• Además, velaremos por la neutralidad de la red (Net Neutrality).

Infraestructuras y transporte

ay que cambiar la concepción radial propia del Estado centralista, basada en principios ideológicos alejados de las necesidades de las personas y de las empresas. Cuando ni tan siquiera Francia continúa con la red radial de

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transportes, aquí el PP y el PSOE continúan construyendo el estado centralista a base de inversiones billonarias en autopistas y sobre todo AVE con una muy discutible rentabilidad económica y social, malbaratando sin ningún tipo de discusión el medio ambiente.

Como siempre hemos defendido, a diferencia de los nuevos conversos del PP y el PSOE, consideramos imprescindible la construcción de un eje mediterráneo de mercancías, el Corredor Mediterráneo, de Algeciras a Perpiñán.

Hay que potenciar de forma prioritaria FERRMED, red mediterránea para el transporte de mercancías que debe unir Escandinavia y la Europa central con el corredor mediterráneo a través del Rin y del Ródano. También hay que paralizar y revisar el vigente plan de infraestructuras viarias (PEIT) para definirlo con parámetros sostenibles y de prioridad a los transportes públicos más eficientes y menos contaminantes.

Nuestra red de cercanías es escasa y poco eficaz, ya que es muy incompleta y sólo en algunos tramos las vías son dobles y electrificadas. La seguridad (pasos subterráneos) y la accesibilidad (ascensores y andenes a niveles de los convoyes) de las estaciones y trenes es muy precaria. El área desde Dénia a Alicante es la mayor conurbación europea sin ferrocarril de cercanías.

Nos hace falta una red completa, con doble vía y electrificada, con estaciones seguras y accesibles para las personas discapacitadas. Con líneas soterradas en las áreas de mayor densidad poblacional como la comarca de l'Horta-Sud. Con frecuencias suficientes para que sean útiles. Completa desde Vinaròs-Castellón-Valencia-Dénia-Alicante-Orihuela. Valencia–Requena; Conexiones a Onda y la Vall d’Uixó, Valencia-La Font de la Figuera, Alicante-Villena, Xàtiva –Alcoi- Alicante. Conexión ferroviaria con el aeropuerto de l'Altet.

Traspaso de las competencias de cercanías a la Generalitat Valenciana.100

Potenciaremos del transporte de mercancías por ferrocarril.

Eliminaremos el peaje en la autopista A-7.

Fomentaremos ayudas a los ayuntamientos para acometer estudios y proyectos técnicos de calles de peatones y de fomento de las modalidades de movilidad sostenible, atendiendo a su interconexión y priorización del transporte público frente el privado fomentando, además, los medios de transporte colectivo frente al uso inmoderado de los vehículos particulares.

Bienestar generalLa salud

• Defendemos los sistemas integrados de salud de naturaleza pública y consideramos al profesional de la salud como elemento central del sistema. Por tanto, hay que incentivar la formación clínica y evaluar sus competencias, primando el conocimiento y las aportaciones positivas y no únicamente la antigüedad.

• Es prioritario el ensanchamiento de las prestaciones de la Sanidad Pública: dentista universal, rehabilitaciones fisioterapéuticas y logopedas.

• Se extenderán los servicios de información y orientación en materia de sexo seguro y responsable. El precio de los preservativos será simbólico y se dispensarán en todos los centros públicos.

• Organizaremos campañas públicas y gratuitas de formación en materia de primeros auxilios y autoprotección en caso de catástrofes.

• Se conformarán bancos de células-madre interconectados en todo el territorio estatal, recogiendo los cordones umbilicales, para su utilidad terapéutica y/o para transfusiones. Se darán incentivos a la investigación científica en células- madre.

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• Se establecerán sistemas efectivos de compensación económica entre comunidades autónomas por las gastos sanitarios ocasionados por sus residentes desplazados.

• Tarjeta sanitaria única. Utilizable en todo el estado, con derechos sanitarios iguales en cualquier parte del estado para todas las ciudadanas y ciudadanos, con compensación económica entre las autonomías.

• Hay que garantizar la igualdad en el acceso en el Estado español a las prestaciones sanitarias a todos los emigrantes e hijos de emigrantes, aunque no gocen de la nacionalidad española.

• Eliminación del ministerio de Sanidad por inoperante. Las competencias en materia de salud están casi totalmente transferidas. Hay que crear un Instituto Interautonómico de la Salud que coordine las Comunidades Autónomas para que no se produzcan las disfunciones que la inoperancia del PP y PSOE ha permitido.

• Sistema de información de la calidad asistencial único. Para todo el estado y para todos los centros, públicos y privados. Para poder tener datos comparables sobre el funcionamiento de los distintos sistemas de salud.

• Calendario de vacunas único para todo el estado.• Acceso de los profesionales al trabajo sin limitaciones territoriales. El

sistema actual promociona la endogamia intracomunitaria y dificulta el retorno de las personas que se forman en otra comunidad autónoma o en otro estado. Promocionaremos la adopción de un baremo único estatal para facilitar la movilidad de los trabajadores. Promocionaremos la movilidad de los trabajadores por el interior de la Unión Europea para que nuestras enfermeras y médicos no tengan miedo de trabajar o formarse en el extranjero por la dificultad de encontrar después trabajo aquí.

• Eutanasia. Hay que definir el derecho a la vida en la Constitución, de manera que quien quiera, a título particular, pueda finalizar su vida

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mediante un procedimiento que ofrezca suficientes garantías legales, bajo supervisión médica y en un entorno adecuado.

• Orientar la sanidad pública hacia una salud universal pública, eficaz y preventiva, potenciando la atención primaria, desarrollando acciones de promoción de la salud, prevención y educación sanitaria, salud escolar y epidemiología, con la incorporación de profesionales suficientes.

• Por tanto, impulsaremos un plan de choque contra las listas de espera, a partir de un pacto financiero entre la administración central y las comunidades autónomas. Se promoverá la receta de medicamentos genéricos así como su publicación anual por parte de la Dirección General de Farmacia y se ampliarán las prestaciones comunes como salud bucodental y programas específicos para atender les nuevos retos sanitarios como la integración definitiva de la salud mental y las adicciones al sistema sanitario o la modificación de la legislación en materia de extranjería, de manera que se permita el cambio de nombre y sexo a las personas transexuales inmigrantes igual que a las autóctonas.

• También se desarrollará la ley de cohesión y de igualdad del sistema sanitario, elaborando un plan de lucha contra las desigualdades en salud, en el marco de los compromisos europeos de la salud en todas las políticas.

• Las personas son las propietarias de sus propias vidas, por lo que es urgente contemplar el derecho a una muerte digna y sin dolor, despenalizando la actuación de las personas que mediante actos necesarios o de cooperación activa permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona a petición expresa y libre de esta última.

• También se han de crear hospitales públicos para enfermos crónicos en todas las áreas sanitarias, con medios socio-sanitarios y hoteleros suficientes con estructuras de rehabilitación suficientes, oponiéndonos a la política de concertación con clínicas y residencias privadas. Así, se

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impulsará un observatorio de salud que elabore un mapa de salud por ámbitos territoriales de actuación, para conocer, analizar e implementar medidas políticas en función de la incidencia de las patologías.

• Desarrollaremos una política valiente sobre VIH-SIDA que permita la reformulación del Plan Nacional sobre SIDA como un verdadero Plan Integral de Lucha contra el VIH-SIDA, que lo sitúe como una cuestión de estado, basado en:

• La supresión del término y del concepto “grupos de riesgo” en los cuestionarios previos a las donaciones de sangre y de semen, por su carácter discriminatorio, y sustitución por “prácticas y conductas de riesgo”.

• Campañas de prevención periódicas dirigidas a toda la población, centradas en mensajes de prevención y solidaridad, así como campañas específicas adscritas a colectivos con vivencias generalizadas de la sexualidad particulares (adolescentes, jóvenes, personas que ejerzan la prostitución), y campañas de información sobre otras enfermedades de transmisión sexual.

• Generalización y accesibilidad de la prueba rápida y gratuita, haciendo un reconocimiento oficial del 20 de octubre como día de esta prueba.

• Creación de equipos de agentes para el asesoramiento integral de personas seropositivas, para el acompañamiento en la vida de estas personas y seguimiento y asistencia en temas administrativos, sanitarios, jurídicos, laborales, etc.

• Inclusión de los tratamientos contra los efectos secundarios de la medicación en personas seropositivas dentro del Catálogo General de Prestaciones Públicas del Sistema Nacional de Salud.

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• Presión diplomática en el ámbito de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud a las empresas multinacionales farmacéuticas, y abertura de una línea de financiación de proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo para la fabricación de genéricos.

Salud mental

• Hay que elaborar, desarrollar e impulsar, con la dotación económica necesaria, un Plan Director de Salud Mental que contemple el desarrollo de recursos y acciones suficientes para atender globalmente el colectivo necesitado: unidades de salud mental de adultos e infantil, programas de apoyo domiciliario, viviendas tuteladas, centros de día, hospitales de día, hospitales de media estancia, centros de rehabilitación e inserción sociolaboral, coordinado entre todas las administraciones.

• Además, se creará una red de atención integrada y única en el ámbito socio-sanitario y se implantará un Plan de atención a pacientes psicogeriátricos, combinándolo con la creación de hospitales psiquiátricos penitenciarios así como dispositivos de reinserción sociolaboral.

Servicios sociales

• Impulsaremos el Plan Concertado Estatal para el desarrollo de los Servicios Sociales así como un nuevo Plan de Ordenación de los Servicios Sociales Generales y Especializados que atienda a la necesaria comarcalización, municipalización e inclusión de la participación de la iniciativa social en la red pública de servicios sociales. Además, se creará un marco legislativo común en materia de Ley de Servicios Sociales que establezca líneas de actuación comunes interterritoriales con claridad en las funciones y competencias correspondientes, con presupuesto mínimo estable y

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garantizado, fortaleciendo y mejorando así la estructura pública de la red de servicios sociales generales, mejorando su estructura organizativa y estableciendo un plan de financiación estable mediante el incremento del plan concertado de servicios sociales que gestionan los ayuntamientos.

• Habrá un Plan marco de mejora e inclusión social para zonas y barrios de acción preferente y colectivos con necesidades prioritarias entre los que se destacan: menores, mayores, inmigración, discapacitados psíquicos y físicos y violencia de género. Los dotaremos de nuevas infraestructuras asistenciales, terapéuticas y rehabilitadoras junto a programas especializados. Además se desarrollará una infraestructura actualizada como red de centros sociales generales y especializados que posibilite bajar la ratio de población atendida, extender sus servicios y canalizar las nuevas necesidades y demandas sociales. Por todo ello hay que crear un mapa social de recursos y un observatorio social que analice y oriente las acciones políticas en materia de bienestar social y también regular las subvenciones y convenios mediante un concierto anual y estable.

• Impulsaremos una normativa estatal y autonómica que determine bases, requisitos y condiciones de los servicios prestados por empresas privadas con el fin de reducir y eliminar la privatización y externalización de servicios.

• La realización de una Carta de Derechos Sociales es esencial como instrumento de participación y acción que sirva para obtener una información rápida y clara, un trato personalizado, calidad en los servicios públicos, la elección del profesional, la supervisión conjunta y el equilibrio territorial.

• Aprobaremos una Ley de Fomento del Tercer Sector Social con el fin de mejorar aspectos de reconocimiento, financiación e independencia de entidades sin ánimo de lucro en materia de bienestar social.

Familia

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• Equipararemos las ayudas y bonificaciones generales de las familias monoparentales con las familias numerosas. También regularemos la guarda y custodia compartida como criterio general y la mediación familiar como solución pacífica de los conflictos en el ámbito familiar como un nuevo modelo de gestión institucional basado en el principio de igualdad de la ciudadanía frente la ley, creando un servicio de mediación familiar por cada partido judicial, como mínimo.

• Se incrementarán las inversiones para poner en marcha centros y servicios para extender y generalizar la red de escuelas infantiles en el intervalo de 0 a 3 años.

• Se crearán órganos de análisis y control de los equipos psicosociales adscritos en los Juzgados de Familia, así como protocolos de actuación para todos los especialistas. También se endurecerá la normativa legislativa que sanciona con medidas civiles y/o penales las conductas de obstrucción de la relación paterno-filial .

• Diseñaremos nuevas políticas de conciliación de la vida laboral y familiar que facilitan la aplicación de la custodia compartida, con medidas de flexibilización del horario laboral de ambos progenitores, dando incentivos económicos y flexibilización laboral para todos aquellos progenitores que quieran aumentar su dedicación a la crianza de los hijos e hijas. Además, se desarrollarán ayudas directas y facilidades de acceso a la vivienda al progenitor que ha perdido la vivienda tras la separación o el divorcio. Los hijos desgravarán directamente a los dos progenitores, sea cual sea la titularidad del ejercicio de la custodia, y se equipararán, a efectos fiscales, las pensiones de alimentos a las pensiones compensatorias, con idéntica desgravación.

Desarrollo de la ley de dependencia

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• Hay que reconsiderar el presupuesto destinado a la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para reducir el calendario de implantación y aplicación, crear infraestructuras e incrementar las cuantías de las prestaciones económicas previstas.

• En cuanto los desarrollos reglamentarios y adaptaciones legislativas en cada autonomía exigiremos el financiación necesario, una cartera de servicios y prestaciones económicas suficientes y equipos de valoración calificados.

• # # También incrementaremos las cuantías de prestación propuestas para el grado III, gran dependencia, nivel 1 y 2, así como la cuantía en concepto de asistencia personal y la de cuidadores informales, mejorando la figura del asistente.

Menores

• Se creará un fondo de compensación interterritorial para eliminar las desigualdades existentes en el ejercicio del derecho a la educación. También se modificará la LORPM, ya que representa un claro retroceso al ofrecer una respuesta punitiva y vindicativa cada vez más próxima al derecho penal de adultos relegando los principios de reeducación y reinserción.

• Defendemos un modelo de justicia penal progresista con medios económicos, materiales y humanos suficientes inspirado en el interés superior del menor y no dirigido a satisfacer el populismo punitivo ni la alarma social. Además, se incluirán dentro de las políticas de protección del menor, medidas que garanticen la libertad de expresión de la sexualidad con el fin de combatir el rechazo, la estigmatización y el asedio por el hecho de decidir libremente la opción sexual y se desarrollarán programas

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específicos de atención a menores víctimas de malos tratos, violencia y abusos sexuales, en todos los ámbitos.

• Por eso hay que impulsar un plan concertado de atención a la infancia y adolescencia, mediante la provisión de escuelas de educación infantil, escuelas maternales y recursos de acogida, tanto familiar como residencial y la creación de consejos consultores de infancia, de carácter transversal y participativo además de planes de convivencia, mediación y prevención de todo los tipos de violencia, en especial, la violencia juvenil, con dotaciones de educadores sociales en los centros educativos para abordar y reducir el problema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de mejora y atención de las necesidades sociales: asistencia social, empleo, educación y sanidad.

Mayores

• Regularemos las políticas de las hipotecas inversas para los mayores con la finalidad de establecer garantías. Se harán, por tanto, Planes de vivienda específicos para la gente mayor, mediante desgravaciones fiscales de adaptación de las viviendas.

• Además, hay que tener control sobre las nuevas fórmulas de venta de viviendas a cambio de una renta, además de sobre las cesiones testamentarias hechas por residentes mayores en residencias privadas. Se aprobará y fomentará una ley de cooperativismo residencial para gente mayor, con desgravaciones fiscales para las inversiones que se hagan.

• Desarrollaremos un Plan de envejecimiento activo desde la acción intersectorial y la solidaridad intergeneracional basadas en la salud, la participación y la seguridad, estableciendo fórmulas para que la gente mayor pueda integrarse en empresas para trasladar su experiencia para sentirse útil y gozar de la vida. Estableceremos también planes especiales para atender los principales problemas de la tercera edad que afectan tanto

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cuestiones económicas, como médicas, o de soledad, rechazo familiar y marginación social. Por ello, se desarrollará la asistencia médica y social, y particularmente instrumentos para un seguimiento de actitudes de rechazo social y de malos tratos al anciano.

• Hay que definir los objetivos de la geriatría para conseguir mantener el anciano en su domicilio en condiciones funcionales e independientes con una digna calidad de vida además de desarrollar un sistema asistencial a todos los niveles con atención integral (trabajo en equipo) y movilización de todos los recursos necesarios para el bienestar. Así también se garantizará la asistencia prolongada en caso de necesidad, fuera y dentro del domicilio, reorganizando al mismo tiempo los servicios sanitarios, dirigiéndolos más hacia la prevención que hacia la recuperación.

• También se creará una red de centros de día públicos para la tercera edad, en el marco de Desarrollo de La Ley de Atención a las Personas con Dependencia. Y se establecerán unidades de larga estancia adaptadas a sus circunstancias así como residencias asistidas.

Discapacitados

• Garantizaremos el derecho a la información y comunicación a las personas sordas, con discapacidad auditiva, y sordo-ciegas, mediante intérpretes en todos los ámbitos sociales (educación, administración pública, trabajo...).

• También hay que hacer un desarrollo normativo de la Ley de Igualdad de Oportunidades, para no discriminar y dar accesibilidad universal de las personas con discapacidad, con dotación presupuestaria suficiente, además de favorecer desde las administraciones las inversiones para alcanzar la accesibilidad integral a las personas con discapacitados físicas y psíquicas (información, comunicación, transporte, espacio urbano…).

• Haremos que la Ley de Dependencia se ejecute de forma urgente en todas las Comunidades Autónomas, aplicándose con carácter retroactivo.

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• Se cumplirán las leyes de integración en terreno laboral, como la reserva y contratación del 2% a personas con discapacidad, que hoy en día no se cumplen.

• La Administración cumplirá, hará cumplir y impulsará la Accesibilidad Universal, diseñada para todos prestando especial atención al acceso a la información, comunicación y nuevas tecnologías.

• Renovaremos y adecuaremos el sistema de señales para que sea homogéneo y útil para todos.

• Propiciaremos la aplicación de un IVA reducido para todos los productos médicos, ortopédicos etc. destinados a paliar las carencias y que sean requeridos para mejorar la vida de las personas con discapacidad.

• Promoveremos el modelo educativo inclusivo, impulsando la colaboración con las administraciones educativas y exigiendo que los recursos y materiales didácticos digitales también sean accesibles.

• Potenciaremos el enriquecimiento social mediante acciones que propicien un mayor acercamiento del voluntariado a este colectivo.

• Equipararemos la pensión mínima para personas con discapacidad reconocida con grado del 65% o más al salario mínimo interprofesional.

• Eliminaremos toda voz y consideración religiosa de los consejos biomédicos y centros de desarrollo e investigación que trabajan por mejorar la vida y la salud.

• Solicitaremos y promulgaremos una nueva paridad social para que en el Parlamento y en el Senado, instituciones públicas y empresas, y en general en todo foro y centro de toma de decisiones estén representadas al menos con un 9% las personas con discapacidad.

Drogodependencias

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• Hay que establecer la regulación no penal de todas las drogas para poder controlar la calidad y el acceso a ellas y, desde la no criminalización, dotar a las instituciones de la información completa y objetiva sobre los efectos del consumo de las drogas. Frente las medidas penales, potenciaremos las de rehabilitación, reinserción social, formación y servicios a la comunidad además de la promoción de programas de disminución del riesgo y reducción del daño, así como programas de desintoxicación orientados a la abstinencia y al consumo responsable.

• Se reorientará el Plan Nacional sobre Drogas, así como los autonómicos, con el fin de hacer efectivas las líneas de actuación de educación en la responsabilidad, consumo, hacienda, etc., desde una visión integradora.

• Se aumentarán también los recursos para las personas drogodependientes y sus familias (apoyo psicosocial y jurídico, planes de reinserción social, viviendas tutelados) y se modificarán, por una lado las medidas penitenciarias para que los cumplimientos se realicen en centros adecuados de deshabituación y orientados a la reinserción social y por el otro la llamada Ley Corcuera (Ley orgánica 1/92 de21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana).

Deporte

El deporte es una actividad básica en la vida de las personas, no sólo desde el punto de vista lúdico, sino y sobretodo, desde el punto de vista de la salud, mental y corporal. El estado tiene que apoyar la difusión y extensión de la práctica deportiva, desde la escuela hasta la tercera edad, sin caer en el papanatismo de pagar por eventos que no reporten beneficio social, sino sólo a los promotores, o utilizar como ejemplos sociales personas que no lo merecen. Algunos deportes autóctonos tiene un valor cultural añadido, por tanto proponemos:

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• Apoyo a la pelota valenciana desde la administración central.• Apertura de las instalaciones escolares, fuera del horario escolar, para que

puedan ser mejor rentabilizadas.• Exigir la domiciliación fiscal en territorio español para poder representar a

España en cualquier actividad deportiva.• Austeridad en la gestión de los clubs deportivos para que no se

subvencione ninguna sociedad privada deportiva profesional con fondos públicos para evitar su fallida. 

• Fomento del deporte en la escuela orientado a educar en una vida saludable y prevenir la obesidad, sedentarismo, etc. desde bien pequeños.

• Dotación de becas para la práctica del deporte cuando se trate de una necesidad médica.

• Impulsar planes deportivos específicos para personas discapacitadas.• Apoyar planes que fomenten la igualdad en el deporte así como establecer

mecanismos de conciliación laboral y familiar también en las actividades deportivas profesionales y semi-profesionales.

• Mejora y adaptación de acesibilidad de las instalaciones deportivas públicas.

Justicia FiscalFiscalidad distributiva. Por una fiscalidad verde, progresiva, justa y que nos dé los recursos adecuados

• Hay que aligerar la presión fiscal sobre las personas corrientes. Estamos viviendo un aumento de la presión fiscal sobre la mayoría de la población a través de la aplicación de nuevas tasas impositivas, como las del estiércol, y al mismo tiempo están reduciéndose las prestaciones en educación, sanidad... Por contra, hay un fenómeno, favorecido por las políticas del PSOE y el PP, de insolidaridad por parte de las economías con más rentas

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que han visto desaparecer impuestos que las grababan. La vía de solución es una fiscalidad justa y solidaria donde todos colaboramos en función nuestros ingresos.

• Hay que mantener y en lo posible aumentar el actual nivel de ingresos para garantizar un sistema de servicios públicos de calidad, extenso y estable en el tiempo. Además, también mantendremos el carácter progresivo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, configurando una tarifa con un número suficiente de tramos, unos tipo marginales mínimos y máximos y las bases sobre las que se aplican, y estableceremos el sistema de deducciones en la cuota.

• Por tanto, hay que aplicar una mejora en el trato fiscal de las rentas salariales al mismo tiempo que se modifican los tratos privilegiados de las rentas del capital y empresariales, lo cual permite reequilibrar el peso de las diferentes rentas en el impuesto, así como ampliar su carácter redistribuidor. Porque los contribuyentes deben tributar según la renta real y, consecuentemente, la determinación de las bases imponibles debe acercarse al máximo para conseguirlo. Por tanto, el sistema de determinación de los rendimientos de las rentas empresariales que debe prevalecer es el sistema de estimación directa, el cual debe ser utilizado como norma general. Por eso se propone la supresión de otros regímenes de determinación de las rentas empresariales sujetos al impuesto.

• Además, se ha de establecer un impuesto para grandes fortunas y para grabar las transacciones financieras especulativas, siguiendo el modelo de la Tasa Tobin.

• Recuperaremos el impuesto de sucesiones y donaciones, elevando los mínimos exentos pero dotándolo de mejor progresividad, porque es de justicia que quien recibe gratis debe entregar parte a la sociedad.

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• Hay que adoptar criterios ambientales en la fiscalidad, para que también sirva para disuadir prácticas contaminantes de producción y consumo, con la creación de un fondo para el desarrollo de las energías renovables, dotado con los recursos provenientes de una tasa finalista sobre el consumo de carburantes fósiles e impuestos sobre la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos nucleares, para financiar planes de actuación que favorezcan en las zonas que soportan estas actividades.

• Al mismo tiempo se harán deducciones por eficiencia energética, especialmente en la rehabilitación de viviendas y edificios industriales y de servicios y se establecerá la ecotasa para que los turistas contribuyan al mantenimiento de nuestro entorno del que están gozando, grabando simbólicamente las pernoctacions hoteleras, el alquiler de viviendas de temporada y el alquiler de vehículos.

• Se creará un impuesto que grabe las plusvalías obtenidas con las recalificaciones del suelo, para financiar actividades en defensa del patrimonio natural y la biodiversidad.

• Lucharemos decididamente contra el fraude fiscal, impulsando actuaciones en el orden internacional para conseguir la desaparición de todos los paraísos fiscales, espcialment los enclavados en Europa.

• Además, se impondrá como condición indispensable la residencia fiscal en España para que los artistas y los deportistas puedan representar internacionalmente al Estado y beneficiarse de cualquier tipo de ayudas públicas. También se obligará tributar en España por los ingresos obtenidos en cualquier lugar del mundo en ejercicio de funciones de representación internacional (campeonatos, olimpiadas, etc.)

• Hay que modificar la legislación sobre delito fiscal, y especialmente se adoptarán las siguientes medidas:

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• Reducción del umbral mínimo cuantitativo.• Evitación de la impunidad penal de una de las conductas

características del fraude fiscal continuado, como es la distribución de la cuota eludida, ya sea entre varios tributos, entre diversos sujetos pasivos, en forma de sociedades o mediante una combinación de ambos.

• Tipificación como delito de la conducta de quienes organizan o constituyen instrumentos para facilitar el fraude de terceros, con independencia de la cuantía del fraude cometido por quienes utilizan esos instrumentos.

IVA

• Modificar la lista de productos sujetos a IVA superreducido (4%) para incluir los siguientes artículos:

• Medios de transporte individual de tracción humana (bicicletas, patines, monopatines), accesorios de seguridad y servicios de reparación relacionados.

• Servicios de transporte colectivo (más de 9 usuarios) terrestre y marítimo de viajeros dentro del mismo municipio.

• Productos de higiene íntima: Compresas, tampones y pañales (para bebés y adultos).

• Elementos de aprovechamiento de energías renovables.• Conexión a Internet.

Protección de las pensiones

• Debemos dignificar las pensiones, equiparando las pensiones españolas y valencianas a las pensiones medias de la UE (pensión contributiva mínima de 1.000 euros al mes y no contributiva de 600 euros así como pensión por orfandad equiparada al SMI y prestaciones de carácter asistencial

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equiparadas al salario mínimo interprofesional e independientes de la prestación no contributiva -salario social-).

• Reformaremos el IRPF dentro de unas nuevas competencias autonómicas, para que se revise el tratamiento fiscal de las cargas familiares y se dé mejor trato a las rentas de trabajo.

• Además, hay que homologar el matrimonio con la pareja de hecho por lo que respecta al reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad. Por todo ello, debemos fomentar el valor constitucional de la solidaridad en la contribución en los gastos públicos y modificar legislativamente la prevención del fraude y el delito fiscal reformando la financiación local y estableciendo fondos compensatorios y limitaciones legales a los niveles de endeudamiento de hacienda.

Administraciones públicas eficientes• Debemos avanzar hacia la simplificación y cooperación entre las

administraciones para mejorar los servicios a la ciudadanía y abaratar los costes administrativos, simplificando los niveles y escaleras funcionariales para reducir las diferencias de sueldo entre los diferentes grupos funcionariales, haciendo realidad que las diferencias máximas sean 1 a 3, particularmente en los cuerpos generales de la administración.

• Además hay que agilizar el paso voluntario de los funcionarios de una Administración a otra diferente y extinguir definitivamente la precariedad en la función pública mediante la implantación de los sistemas de consolidación convenientes, sin abrir la puerta, sin embargo, al favoritismo político (la Administración ha de comprometerse a ofrecer públicamente, como máximo con una periodicidad anual, la totalidad de las plazas disponibles en cada momento).

• Además, se deben crear instituciones formativas propias de las Administraciones, para asegurar la mejora constante del nivel de

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conocimientos de los funcionarios y su posibilidad de ascenso correlativo, para descargar a la Universidad de su función actual de “expendedora de títulos” que los funcionarios necesitan para progresar laboralmente.

• Establecimiento de la tecnificación total de la Administración, incluyendo las comunicaciones con la administración y eliminación de cualquier tipo de cola, mediante la universalización del sistema de cita previa telefónica y/o informática.

• Hay que hacer una reforma constitucional para convertir el País Valenciano en circunscripción única a efectos de elecciones generales y Europeas.

• Supresión de la Administración periférica del Estado en el País Valenciano con el traspaso a la Generalitat de todas sus funciones. Por último, hay que reconocer a los alcaldes como representantes del Estado y la Generalitat en el término municipal y reforzar la dimensión política y la autoridad de las administraciones municipales.

Un nuevo modelo de Administración Pública

• Hay que adoptar un modelo de Administración cooperativa en la gestión y con “ventana única” para el ciudadano, además de mejorar la eficacia de las Administraciones Públicas, implantando en todas sus áreas presupuestos por programa, estableciendo en todos los niveles procedimientos de evaluación de las políticas públicas, y simplificando los trámites administrativos.

• Hay que delimitar también los ámbitos político y administrativo, con el fin de eliminar la confusión existente entre las responsabilidades de dirección política y las de gestión. Para conseguirlo, es necesario democratizar las Administraciones Públicas, haciéndolas más transparentes y acercándolas a los ciudadanos, implementando instrumentos de participación ciudadana en la planificación, toma de decisiones, desarrollo, ejecución y gestión de

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las políticas públicas y en el control, funcionamiento y eficiencia de los servicios públicos.

• Además, es necesario establecer un código ético para la actuación de los empleados públicos, con el fin de promover modelos de conducta que integran valores éticos del servicio público como la prevalencia del interés general sobre el particular, la actuación con objetividad, imparcialidad y transparencia, la no utilización de medios públicos para fines privados, la voluntad de servicio al ciudadano y la utilización con eficacia de los recursos públicos.

• Y, por supuesto, siempre dando preferencia a la titularidad pública de la gestión, rectificando el actual proceso privatizador, mejorando la gestión de los instrumentos de Derecho Público (contratos públicos, gestión presupuestaria, procedimientos administrativos) y implantando mecanismos evaluadores de la eficacia de la actividad administrativa y de los servicios públicos, y de sistemas de exigencia de responsabilidades a los gestores.

Descentralización definitiva del Estado• Es prioritario el reconocimiento constitucional de la plurinacionalitat del

Estado, además del reconocimiento de que las nacionalidades son sujetos políticos soberanos que tienen derecho a elegir libremente su futuro y, en consecuencia, que el Estado español actual se configura como suma voluntaria de diferentes naciones que podrán ejercer su derecho a la autodeterminación. Por tanto, todas las lenguas del Estado deben ser cooficiales, permitiendo que los cuatro idiomas puedan ser empleados en el Congreso y al Senado, invirtiendo para la promoción interior y exterior de las lenguas cooficiales. Es más, el presidente del Gobierno deberá asumir como competencia propia el fomento de todas las lenguas del Estado.

• Hay que suprimir la división provincial y eliminar las Diputaciones Provinciales, transfiriendo las competencias de las diputaciones provinciales

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a la Generalitat y a las administraciones locales. Además, el Senado se tiene que convertir en una auténtica cámara de representación territorial, sino es así, el Senado no tiene ningún sentido y es un gasto inútil.

• También debemos modificar constitucionalmente el artículo 145 que prohíbe la federación de comunidades autónomas y la obligación de autorización de las Cortes Generales para hacer acuerdos de colaboración entre ellas en intereses comunes. Hay que desarrollar aquello previsto en el artículo 150.2 de la Constitución para asumir todas las competencias posibles (cercanías, puertos, aeropuertos, costas, instituciones penitenciarias, etc.) y modificar el artículo 149.1.8 de la Constitución para garantizar la posibilidad de que todas las comunidades autónomas, sin distinción, puedan legislar en materia de Derecho civil propio en las mismas condiciones.

• Hay que reformar el Instituto Cervantes y convertirlo en Instituto de Culturas Hispánicas, desarrollando su tarea actual pero con todas las lenguas del Estado, de forma proporcional a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas hablantes de cada una de ellas.

• Introducción del trilingüismo en todo el territorio estatal. En el caso de los territorios con lengua propia, se enseñará, además de ésta, el castellano y una extranjera (preferentemente inglés) y en los territorios de habla castellana, además, una extranjera y una de las otras del Estado.

• Avanzaremos hacia el concierto económico solidario con el Estado.

Paz i seguridad• El Estado se ha de comprometer activamente en la resolución pacífica de

los conflictos internacionales y con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, presionando diplomáticamente en todos los foros para la pronta resolución del conflicto y la finalización de la ocupación marroquí y también reformando el artículo 21 del Código civil español para equiparar los saharauis al resto de pueblos que conforman la “comunidad histórica

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española” y facilitando consecuentemente su acceso libre a la nacionalidad española.

• Además, el Estado debe dar apoyo a los procesos populares democráticos en curso por todo el mundo y, especialmente, los que están llevándose a término en los países árabes, cooperando con los nuevos gobiernos democráticos, además de congelando las cuentas bancarias y estableciendo una persecución penal internacional de los dictadores.

• Hay que hacer una reforma legislativa para pasar a exigir una mayoría de 2/3 de los votos favorables de Congreso y Senado para comprometer el Estado en misiones exteriores que comporten el uso de la fuerza además de modificar el artículo 8.1 de la Constitución para que la función de las fuerzas armadas no sea, en ningún caso, la de entorpecer el ejercicio del derecho de autodeterminación ni la de actuar en problemas internos del Estado.

• Realizaremos un Plan interdepartamental de seguridad que analice las causas de la delincuencia y elabore propuestas y políticas de tipo social además de dar apoyo técnico y económico a la creación de equipos de mediación y educadores sociales en todos los municipios de más de 10.000 habitantes como método de educación y prevención.

• También hay que elaborar un mapa del riesgo, características del delito, perfil delincuencial y medidas de actuación coordinado con los municipios y las comunidades autónomas como potenciar mecanismos de participación reales y efectivos entre la ciudadanía en políticas de seguridad de manera coordinada y realizada .

• El Estado debe garantizar la plena coordinación policial entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales, incorporando las policías locales a los sistemas de información policíaca.

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• Las fuerzas de seguridad del Estado tendrán la obligación de llevar las placas identificatives muy visibles. Si no lo cumplen, serán sancionados. Además, se aumentarán las penas por abuso de autoridad.

• Además, también hay que coordinar las juntas locales de seguridad de los municipios de más de 20.000 habitantes para intentar armonizar las actuaciones y los criterios de seguridad, combinándolo con la creación de comisarías de policía en todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

• De urgente aplicación es la desmilitarización total de la Guardia Civil y reconversión de los actuales cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil en un único cuerpo policial para garantizar la eficiencia y optimización de los recursos, reformulando los servicios de información de los diferentes cuerpos de seguridad con el objetivo de que no tengan en ningún caso finalidades de cariz político o partidista.

• Para tal objetivo hay que asumir por parte del Parlamento un control efectivo sobre las actividades realizadas por los servicios policiales y de inteligencia y sobre todas las partidas de “fondo reservados” gestionadas por el Estado.

• Separación inmediata de los mandos y funcionarios implicados en casos de corrupción, tortura, violación de los derechos humanos, uso de información reservada o abuso de poder.

Ayuda a los países en vías de desarrolloLa deuda externa acumulada por los países con menos recursos supone una de las causas principales del subdesarrollo. Lejos de ayudar a mejorar la situación de la población, las deudas contraídas en el pasado por estos países ahogan sus economías y detraen importantes recursos para alcanzar los objetivos del milenio. En lugar de emplearse en la mejora de las condiciones de vida, dichos recursos económicos deben emplearse en pagar estas deudas y sus intereses.

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Este hecho es más grave aún en aquellas situaciones en que el crédito fue concedido a gobiernos no elegidos democráticamente mediante elecciones justas y plurales. Las poblaciones que fueran sometidas por los mencionados gobiernos no pueden asumir como propio la deuda que contrajeron aquellos que doblaron su voluntad democrática.

Por todo ello, proponemos:

• La condonación total e incondicional de las deudas bilaterales contraídas con España por países en que los créditos no fueran utilizados para mejorar el bienestar de la población a quien iban dirigidos, ni contribuyeran al desarrollo económico, social o cultural del país; especialmente cuando, en el momento de la concesión de los créditos, los gobiernos de dichos países no hubieran estado elegidos democráticamente.

• La condonación total e incondicional de todas las deudas -de cualquier tipo- contraídas con España por los países Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), los de el África Subsahariana no incluidos en los anteriores, y los Países Menos Avanzados. La suma de estas condonaciones se estima en 2.419 millones de euros, un 0,16% del PIB, aproximadamente una cuarta parte de la deuda de la que Estado español es acreedor (2007).

• No utilizar los créditos o la deuda para imponer en los países afectados medidas de política económica que suponene una injerencia en su soberanía y autonomía y/o alteren las decisiones que hubieran tomado al respecto como, por ejemplo, supresión de barreras arancelarias o privatización de servicios públicos.

• Abandonar el crédito como forma de ayuda al desarrollo, sustituyéndolo en última instancia por préstamos cerrados en que, en el momento de la

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concesión, quede establecida la cantidad total a devolver en función de la duración estimada del mismo, no siendo ampliable la deuda.

• Promover en todos los foros internacionales la aplicación de los puntos anteriores a las deudas presentes y futuras contraídas con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o cualquier otra institución supranacional de que forme parte España; así como la democratización del funcionamiento de estas instituciones supranacionales de manera que todos los países participen en la toma de decisiones en condiciones de igualdad en derechos, voz y voto.

• Promover la creación de un tribunal internacional para resolver los conflictos financieros entre naciones y la adopción de una serie de criterios internacionales que permitan:

• La moratoria indefinida de la deuda cuando para su pago sea necesario reducir la inversión pública en bienestar social en los países endeudados;

• El repudio de deudas cuando los fondos recibidos no hubieran sido utilizados para los fines previstos o los gobiernos que hubieran contraído dichas deudas no hubieran sido elegidos democráticamente.

El actual Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) se creó en 1976 (D. Ley 16/1976, de 24 de agosto) con la finalidad de incrementar la presencia española en los países empobrecidos mediante un fondo que agilizara la concesión de créditos de Estado en Estado, lo cual redundaría “en beneficio de la exportación española de bienes y servicios". Su naturaleza crediticia y atada a la exportación española hace de estos fondos una herramienta poco eficiente de ayuda al desarrollo.

Por ello, proponemos su reforma según los siguientes criterios:

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Incremento del importe de las ayudas hasta conseguir el equivalente al 0,7% de los presupuestos generales del Estado, tal como se comprometió el gobierno español en la resolución 2626 de la ONU (1970) y al firmar el “Pacto por la Solidaridad" (1995).

Adscritas preferentemente en los países con menor índice de desarrollo humano y, como segundo criterio de preferencia, a aquellos situados en la zona mediterránea e iberoamericana.

Para ser utilizadas únicamente para la paliación de situaciones de emergencia humanitaria o para el desarrollo de infraestructuras y servicios sociales básicos (nutrición, educación primaria y sanidad) de titularidad pública y/o colectiva (cooperativas) desarrollados con los recursos productivos de la economía local, o con la ayuda de contratistas extranjeros cuando sea imperativo.

Otorgadas sin estar condicionadas a intereses comerciales o políticos y, preferentemente, a fondo perdido cuando se cumplan los objetivos de desarrollo de los proyectos o, si no hay, en préstamos cerrados donde se fije la cantidad a devolver al concederse el crédito sin posibilidad de aumentar dicha cantidad con posterioridad.

Condicionada a que los Estados receptores realicen y consoliden avances en el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que se involucre a la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con las operaciones de deuda y que los proyectos adjudicados sean gestionados de forma transparente, cumplan con los objetivos de desarrollo marcados (que serán evaluados por funcionarios desplazados en la zona) y sean progresivamente sostenidos con financiación local.

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Evaluada anualmente por el organismo gestor de las ayudas, que publicará una memoria anual con información de todos los proyectos, para que los ciudadanos sepan como se emplean sus impuestos.

De esta manera esperamos ayudar de forma más efectiva a los países receptores de ayuda al desarrollo para que se doten de servicios básicos necesarios para la población y para reactivar la economía local a menor coste, pudiendo ampliar la cobertura de este programa.

Normalización de las relaciones con la iglesia católicaAnulación de los acuerdos entre Iglesia y Estado (y todas las leyes que los desarrollan), de manera que la Iglesia Católica se rija en sus actividades en España por el Derecho común y la legislación aplicable a las asociaciones culturales.

Esto implica el fin del financiación de la Iglesia a costa de los presupuestos generales del Estado (ya han tenido 29 años para conseguir la autofinanciación), el fin de los beneficios fiscales especiales de que goza (pudiendo acogerse a las excepciones propias de asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y/o entidades benéficas privadas, según sea procedente), y la eliminación en la declaración del IRPF de la opción de destinar un porcentaje a la iglesia u otros organizaciones de interés social. Dichas aportaciones deberán realizarse en forma de donaciones, de manera que cada ciudadano elija la cuantía de su donación y el destino de la misma.

En el ámbito educativo, se dejará de impartir la asignatura de Religión en las escuelas públicas en horario escolar y se retirará la financiación a los centros privados concertados con ideario doctrinal, como son católicos, que podrán

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continuar funcionando financiándose con sus propios recursos. Los que deseen recibir dicha educación, al amparo de su libertad religiosa, podrán hacerlo fuera del horario escolar de la enseñanza obligatoria, y sufragarla y impartirla con sus propios recursos. La enseñanza de la historia de las religiones se incorporará al currículo de Historia.

En el ámbito público, implica la eliminación de los símbolos religiosos en actos, organismos y dependencias estatales. El estado continuará realizando la conservación de los edificios de culto considerados patrimonio cultural.

Supresión del apartado 3 del artículo 16 de la Constitución, que dice lo siguiente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las otras confesiones” .

Introducción del adjetivo "laico" en la definición del Estado español (arte. 1.1): “España se constituye en un Estado de Derecho laico, democrático y social, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

Modificación Presupuestos de la Casa RealAunque les partidos miembros de Compromís se definen como republicanos, nuestra aspiración no puede tiznar el control de las estructuras del estado por lo que respecta en la casa Real. Proponemos la modificación del artículo 65.1 que dice:

“El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”.

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Por:

En virtud de su condición de Jefe del Estado, el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma, con las siguientes limitaciones aplicables a todos los miembros de su Familia y Casa:

• No podrá poseer patrimonio en jurisdicciones consideradas fiscalmente opacas por el Gobierno u otros organismos internacionales.

• No podrá poseer participaciones en empresas y/u organizaciones con ánimo de lucro, invertir su patrimonio a través de sociedades de inversión o semejantes, ni conceder préstamos a cambio de una contraprestacion.

• El Estado Español será el titular de todos los bienes adquiridos con cargo a los fondo recibidos de los Presupuestos del Estado.

• Todas las actividades económicas de la Casa Real y su patrimonio serán revisadas y auditadas por el órgano competente del Poder judicial que fiscalice las cuentas y de la gestión económica del Estado, cuyos informes serán accesibles a todos los ciudadanos.

• Las donaciones y regalos realizados a un miembro de la Familia o Casa Real se entenderán realizados al Estado español. Cuando se trate de bienes tangibles de uso personal y mientras el Estado no necesite disponer de dichos regalos, el destinatario de los mismos podrá gozar en usufructo asumiendo el coste de su mantenimiento.

• Ningún integrante de la Familia y Casa real podrá ejercer ninguna función, ya sea remunerada o no, por cuenta propia o para terceros, ni ejercer cargos públicos. El ejercicio de sus cargos institucionales deberá realizarse en régimen de dedicación absoluta.

Hay que aprovechar la imprescindible y necesaria reforma de la Constitución para reafirmar la democracia para discutir la conveniencia de mantener el régimen

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monárquico. En último caso, habría que hacer cambios estéticos como la derogación de la Ley Sálica.

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