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El asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa el pasado lunes 12 en la Autopista del Sol confirmó el talante autoritario y repre-sor del gobierno guerrerense, el mismo que en su afán de excul-parse de los homicidios hizo una tibia purga en el gabinete. No fue suficiente. Videos, testimonios y peritajes no dejan lugar a dudas y el mandatario Ángel Aguirre Rivero deberá asumir los costos de la barbarie, que podrían incluir un juicio político. Por lo demás, ya son muchas las ocasiones en que ha ignorado las demandas de los normalistas, cuya tradición de lucha es tan grande como las carencias de las escuelas normales del país.

Una historia de lucha,

violenciay muerte

CHILPANCINGO, GRO.- Como lo hacen cada año, los estudian-tes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, entregaron un do-cumento a las autoridades estatales para pedir que se

garantice la permanencia de este plantel como modelo de oferta educativa y gene-ración de empleo. Y como cada año, el go-bierno de Guerrero los ignoró.

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS Las autoridades educativas guerreren-ses cancelaron varias veces las reuniones pactadas con los estudiantes de Ayotzi-napa. Así sucedió, por ejemplo, con la del 4 de octubre y la del 9 de noviembre, por lo que los jóvenes pidieron audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Los co-laboradores de éste les aseguraron que se-rían recibidos el lunes 5 de diciembre, pero nuevamente se suspendió el encuentro.

Incluso el 26 de noviembre el go-bernador había visitado la Normal de Ayotzinapa donde entregó un autobús y material deportivo a los estudiantes,

quienes aprovecharon la oportunidad pa-ra darle su pliego petitorio y solicitar una reunión para discutirlo.

Eduardo Meza Gómez, integrante del Comité Estudiantil de la Normal de Ayot-zinapa –ubicada en la cabecera del mu-nicipio de Tixtla–, dice a Proceso que las demandas se habían entregado por escri-to desde el 9 de septiembre a la titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, Silvia Romero Suárez.

En el pliego planteaban el incremento de la matrícula escolar para alumnos de nuevo ingreso de 140 espacios a 170, auto-

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David Cortés Flores. Comandante de la ministerial y uno de los tiradores

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Alexis Herrera es el otro estudiante asesinado.

El peritaje de la procuraduría local, in-cluido en el expediente BRA/SC/2743/2011, indica que la boca del cañón estaba “de la-do izquierdo al occiso”, en el caso de Eche-verría. En la acción policiaca del lunes 12, el flanco izquierdo estaba cubierto por ministeriales y estatales quienes, según testigos, dispararon a los manifestantes al igual que los federales.

Las actas de defunción 110251863 y 110251862 corroboran que los dos norma-listas murieron instantáneamente. La de Gabriel Echeverría señala como causa del fallecimiento un “choque hipoglucémico por hemorragia externa, consecutivo a una herida por proyectil de arma de fuego, en-trándole y saliéndole a la altura del cuello”.

La de Alexis Herrera dice que murió por “traumatismo cráneo-encefálico se-vero” ocasionado por una “herida de pro-yectil penetrante y saliente del cráneo”.

El martes 13 el gobierno de Aguirre quiso culpar a los policías federales: pre-sentó en Acapulco el fragmento de un video donde aparecen algunos de ellos golpeando a manifestantes ya sometidos y disparando sus armas. En respuesta, Jo-sé Ramón Salinas, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública federal, señaló que los peritajes de trayectoria balística in-dican que fueron ministeriales estatales quienes les dispararon a los normalistas.

Crisis política

El asesinato de los dos normalistas pro-vocó una crisis en el gobierno de Aguirre Rivero, que llegó al poder por una alianza de partidos de izquierda.

Pese a la difusión de evidencias que muestran a policías federales y estatales golpeando y disparando, las autoridades encargadas de investigar el caso no han determinado quién asesinó a los nor-malistas, aunque los gobiernos federal y estatal se confrontaron para tratar de deslindar a sus corporaciones de haber abatido a Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús, y herido de bala a otros cuatro normalistas, entre ellos a Éd-

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gar David Espíritu Olmedo, cuyo estado de salud es grave.

El lunes 12 por la noche, en la sede de la Policía Ministerial Estatal (PME), el en-tonces procurador guerrerense Alberto López Rosas aún sostenía que al menos un manifestante portaba un fusil AK-47 y granadas. Agregó que los ministeriales llegaron desarmados al lugar del conflicto y que los agentes con armas lo hicieron después, cuando los estudiantes “ya ha-bían sido abatidos”.

Durante la semana creció la exigencia de los normalistas y de diversos sectores sociales para que este hecho se investigue y se sancione a los asesinos materiales, lo mismo que a las autoridades que ordena-ron el desalojo. Incluso se pidió la desti-tución del gobernador y de su gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia.

La presión política provocó la renuncia de cuatro funcionarios estatales, dos de los cuales llegaron a la administración pública como cuota del PRD: los titulares de Segu-ridad Pública y Protección Civil, Ramón Al-monte Borja, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alberto López Rosas; del subsecretario de Seguridad Pú-blica, Ramón Arriola Ibarra, y de Antonio Valenzuela Valdez, director de la PME.

Almonte Borja es un abogado labora-lista radicado en Acapulco y fue diputado federal por el PRD. López Rosas, hijo del

líder de precaristas de Acapulco Alfredo López Cisneros, El Rey Lopitos, también se desempeñó como diputado perredista y posteriormente como alcalde porteño de 2000 a 2005. Arriola Ibarra es un general retirado del Ejército que desde el sexe-nio de Zeferino Torreblanca tenía bajo su mando la Policía Preventiva Estatal (PPE).

Valenzuela Valdez es un teniente que se dio de baja del Ejército. Fungió como director de Seguridad Pública en Acapulco durante la presidencia municipal de Ló-pez Rosas y había sido designado director de la PME en mayo pasado.

Esto no detuvo las críticas. La noche del martes 13 la procuraduría local dejó en libertad a 24 jóvenes detenidos durante el desalojo, entre ellos a Gerardo Torres Pérez, a quien López Rosas señaló públicamente como portador de un rifle AK-47 que fue disparado. Todos denunciaron que policías ministeriales y federales los torturaron.

Ahora la dependencia estatal pretende inculpar al estudiante Édgar David Espíri-tu, que convalece en el hospital del ISSSTE de esta capital por una herida de bala en el abdomen. Sus familiares afirman que está acusado de incendiar la bomba des-pachadora de la gasolinería cercana a la protesta, lo que lesionó de gravedad al empleado Gonzalo Rivas.

Antes de que la PGR atrajera la investi-gación, el miércoles 14 la Procuraduría de

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Acoso policiaco a normalistas

rizar un promedio mínimo de 7 para acce-der a la escuela y plazas automáticas para los egresados.

Reiteradamente ignorados, los estu-diantes acordaron una serie de acciones de protesta a fin de concretar la reunión con Aguirre. Su preocupación básica es que “se advierte la intención del gobier-no estatal de desaparecer” la Normal de Ayot zinapa, afirma Meza.

El jueves 8 tomaron por más de una ho-ra la caseta de cobro de la Autopista del Sol, a la altura del poblado de Palo Blanco. Luego de otras acciones, como la toma de estacio-nes de radio en Chilpancingo para transmi-tir su mensaje y demandar públicamente la reunión con el Ejecutivo, decidieron hacerse más visibles bloqueando los cuatro carriles

de la Autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marqués.

AR-15 contra piedras

Testimonios, fotografías y videograba-ciones realizadas por periodistas y por el sistema de vigilancia del gobierno estatal muestran que, el mediodía del lunes 12, decenas de policías federales y estatales armados con fusiles dispararon contra los manifestantes.

Las cámaras de vigilancia del Centro de Control, Comando y Cómputo de la Se-cretaría de Seguridad Pública y Protección Civil captaron los sucesos en dos videos: uno de 74 minutos –grabado entre las 11:40 y las 12:54 horas– y otro de 69 mi-

nutos –de las 11:29 a las 12:38–. En ellos se aprecia la crudeza de la represión y el injustificado uso de las armas.

Se ve, por ejemplo, cómo queda ten-dido boca abajo en un carril de la direc-ción sur-norte de la autopista el cuerpo de Gabriel Echeverría de Jesús, de 22 años, alumno de segundo año en la Normal de Ayotzinapa. Este joven es quien también aparece en la dramática secuencia foto-gráfica publicada en la primera plana del diario Reforma el martes 13.

En la primera imagen Echeverría de Jesús aparece de espaldas al fotógrafo, co-rriendo hacia el grupo de federales y con una piedra en la mano derecha. En la se-gunda ya está tirado en la cinta asfáltica, las manos en el pecho y los pies cruzados.

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Secuencia del plantón y desalojo violento

Cadáver de Gabriel Echeverría

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sobre los problemas que se viven en Petat-lán. No llegaron a la cita.

Que no se pasen la bolita

Coral Rojas y Victoria Bautista crecieron jun-tas, casi como hermanas. Son hijas de Mar-cial y Eva, quienes las formaron en el res-peto al medio ambiente, a la justicia y a la organización campesina ecologista. Por eso Coral estudia derecho, para defender a sus compañeros, dice. Victoria es ingenie-ra y está al frente de los proyectos ecológi-cos en la zona.

“Para eso nos educaron, para defender a la organización”, dicen casi al unísono en una entrevista realizada cuatro días después del levantón de sus padres.

Algunos testigos, según Coral, aseguran que Eva y Marcial iban vigilados desde que salieron de Petatlán.

–Sabían que iban en ese autobús, tenían toda la información sobre ellos y sus carac-terísticas. Salieron de Petatlán el martes 6 a las 11 de la noche y los secuestran aproxi-madamente a la una de la madrugada del día siguiente. Venían a la Ciudad de México a ver a Emilio Álvarez Icaza.

–¿Por qué la presencia de los militares?–Eso es lo que no entendemos. ¿Por

qué militares? No entendemos por qué se los llevaron. Queremos que el gobierno nos dé una explicación; ¿por qué se los lleva-ron? Estamos desesperadas, no tenemos noticias; queremos que las autoridades in-vestiguen y nos den la información comple-ta de qué fue lo que pasó.

El lunes 12 la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que se deslinda del plagio de Eva y Marcial y ase-gura que no desplegó ningún punto de con-

trol en la ruta que recorrió el autobús donde iban los dos ecologistas.

Cuatro días después, el comandante de la IX Región Militar con sede en Guerrero, Guillermo Moreno Serrano, informó que 24 agentes municipales y cuatro de la policía mi-nisterial de Tecpan de Galeana fueron reteni-dos por soldados para ser investigados por la desaparición de los dos integrantes de la organización campesina ecologista.

Moreno Serrano expuso que desde que se supo de la desaparición de los activistas sociales se montó un operativo de vigilancia en toda la costa grande de la entidad.

Coral y Victoria insisten: algunos testi-gos afirman que fueron militares los que in-terrogaron al principio a Eva y a Marcial poco antes de que los encapuchados los le-vantaran. El sábado 10 incluso se reunieron en Acapulco con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Almonte; con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, y con el delegado de la PGR, Iñaki Blanco, para exigirles la aparición de sus padres.

“Les dijimos que si nuestros padres están secuestrados, el tiempo es oro y esto no es un juego, pues son sus vidas (las que están en peligro). Así que les pedimos que no se pasa-ran la bolita; les dijimos que los íbamos a de-nunciar (si no lo hacían)”, comenta Victoria.

Dos días después ella y Coral se sentaron con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Chil-pancingo, en los momentos en que dos estu-diantes de la normar rural de Ayotzinapa caían asesinados por uniformados municipales.

–¿Qué les dijo el gobernador?–Que estaban investigando… Espere-

mos que cumplan –responde Coral.–¿Por qué creen que secuestraron a sus

padres?–Es lo que nos preguntamos. Nosotros

nos dedicamos al cuidado del medio am-biente y no le hacemos daño a nadie, nues-tras acciones son buenas. No sabemos a quiénes estamos afectando; si lo supiéra-mos, lo diríamos –asegura Victoria.

Ella insiste en la indolencia de las autori-dades estatales, sobre todo porque no se han movilizado, a pesar de que hay información acerca de los grupos que actúan en la zona.

–Es una zona conflictiva...–Sí. Hay muchos intereses y nuestra or-

ganización está en medio.–¿Ustedes, como familiares, se sienten

en riesgo?–¡Claro! Estamos corriendo riesgos. A

nuestros padres les está pasando lo mismo que a los demás integrantes del Movimiento por la Paz; todos corremos peligro porque estamos gritando lo que está pasando.

Dice que ella, Coral y los integrantes de la organización conocen perfectamente la región, sus caminos y sus brechas. E insis-te en que hasta el momento no han percibi-do que tengan a sus padres en la montaña. “Por eso decimos que están vivos”, confía.

Victoria y Coral aseguran que los solda-dos siempre están ahí, pues tienen una base en Petatlán: “Ellos hacen su trabajo, al igual que nosotros, aunque tenemos misiones muy diferentes. Lo que queremos es que nos dejen trabajar con el medio ambiente, nada más. Nosotros sólo nos dedicamos al cuida-do del medio ambiente”, puntualiza Coral.

Y recapitula sobre su quehacer ecológico. Dice que aun cuando la organización ha vivido tiempos difíciles, nunca se había topado con un riesgo mayor. Y resume: “Hoy nos vemos afec-tados por la delincuencia organizada y, como todos los del Movimiento por la Paz, vivimos envueltos en esta situación social de violencia. Por eso el riesgo es mayor que antes”.

VIOLENCIA SOCIAL

res. El segundo llegó armado al desalojo, a pesar de que se encontraba franco, y aparece en fotos y en video con una playera rayada verde y blanca, también en posición de tiro.

Normal con historia

Los alumnos de la Normal de Ayotzinapa están marcados por la imagen del extinto guerrillero Lucio Cabañas, quien egresó de esa institución, y por los actos de re-presión de la autoridad ante sus protestas y manifestaciones.

Durante los últimos tres sexenios los normalistas de Ayotzinapa han protago-nizado decenas de protestas en esta capi-tal: toma de edificios públicos, secuestro de autobuses, marchas y bloqueos de ave-nidas y carreteras, todo en demanda de beneficios para la subsistencia del plan-tel, sus estudiantes y egresados. En todos los casos la respuesta de la autoridad ha sido el desalojo brutal.

Entre los actos más violentos está la

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Estudiantes de Ayotzinapa. Desdeñados y sometidos

E l martes 6 Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz viajaban en el autobús Es-trella Blanca 2728 por la carretera que va de Petatlán a Chilpancingo cuando

un grupo de hombres vestidos con uniforme militar detuvo el vehículo. Era la medianoche. Lo abordaron y fueron directamente hacia los dos activistas. Tras preguntarles sus nombres, les dijeron que era una “revisión de rutina” y de-jaron que el autobús siguiera su camino.

Apenas avanzó un kilómetro, otros en-capuchados armados obligaron al chofer a detenerse. Esta vez identificaron a Marcial y a Eva por sus nombres y los bajaron del au-tobús para meterlos a una camioneta que arrancó y se perdió en la oscuridad. Desde entonces nada se sabe de ellos.

Los dos fundaron en 1989 la Organización Campesina Ecologistas de la Sierra de Peta-tlán y Coyuca de Catalán, con el propósito de frenar la tala ilegal, cuidar el entorno ambien-tal, combatir los incendios forestales e impul-sar con los habitantes de los dos municipios guerrerenses proyectos productivos autosus-tentables y de respeto a la naturaleza.

Marcial era secretario general y Eva la coordinadora de la asociación civil. Al prin-

Guerrero arraigó a 10 policías estatales por su presunta responsabilidad en los asesi-natos. Aguirre informó que cinco de éstos pertenecen a la PME y el resto son de la PPE asignados como escoltas de Arriola Ibarra, por lo que acudieron armados al desalojo.

Al día siguiente la PGJE puso a dispo-sición del Ministerio Público Federal por el delito de “homicidio y lo que resulte” a ese grupo de policías estatales y a un preventivo más. Los 11 rindieron declaración el mismo jueves en la delegación estatal de la PGR.

Proceso confirmó en documentos ofi-ciales que uno de los agentes ministeriales inculpados aún es estudiante del Instituto de Formación de la PME. Se trata de Ismael Matadamas Salinas, hijo de la comandan-te de esta corporación, Araceli Salinas. En una fotografía ampliamente difundida por los medios Ismael aparece vestido con pla-yera verde y pantalón de mezclilla, en po-sición de tiro con un rifle AR-15.

Otros dos son comandantes de la PME: Leticia Pinto Muñoz y Rey David Cortés Flo-

JOSÉ GIL OLMOS

“Todoscorremos peligro”

cipio el grupo lo conformaba un puñado de campesinos preocupados por la ecología; ahora sus asociados suman 130, y aun con escasos recursos e innumerables proble-mas recorren decenas de pueblos y comuni-dades de la sierra asolados por la pobreza, el analfabetismo, la guerrilla, el narcotráfico y los militares acuartelados en Petatlán.

A esta organización pertenecieron también Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, igualmente detenidos por militares y encarcelados de ma-nera injusta durante más de 11 años. Fueron puestos en libertad en junio pasado en cum-plimiento de una sentencia emitida por la Cor-te Interamericana de Derechos Humanos. A los dos los defendió en su momento Digna Ochoa, quien murió el 19 de octubre de 2001 en cir-cunstancias insuficientemente aclaradas.

Eva y Marcial recibieron amenazas hace año y medio, aseguran sus familiares, pero optaron por no darlas a conocer para no alar-mar a la gente. Victoria Bautista, hija de Mar-cial, relata que su padre le dijo un día que es-tuvieran preparadas por si le ocurría algo.

Él, dice, era consciente de que en la zo-na habían incursionado bandas del crimen organizado y de la presencia de caciques coludidos con autoridades locales.

“Tocamos muchos intereses. ¿De quién? No lo sabemos”, le explicó Marcial a

su hija de 25 años, titulada en ingeniería am-biental y encargada de los proyectos sus-tentables que impulsa la organización.

Esta situación llevó a los campesinos ecologistas a vincularse con el Movimien-to por la Paz con Justicia y Dignidad que en-cabeza Javier Sicilia. El 10 de septiembre úl-timo, durante la caravana del sur, Eva incluso participó en el mitin en el centro de Acapulco.

Desde el kiosco local habló sobre la de-fensa de la tierra, del medio ambiente y de los derechos humanos; también aludió al derra-mamiento de sangre en Guerrero a partir de la guerra desatada por la administración cal-deronista contra el crimen organizado.

A partir de entonces la agrupación co-menzó a participar en el movimiento paci-fista. De hecho, el miércoles 7 Eva y Marcial tenían una reunión con Emilio Álvarez Ica-za en la Ciudad de México. Venían a platicar

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Marcial y Eva. Los secuestrados

Ismael Matadamas y David Cortés. Tiradores identificados

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que vendía churros en las inmediaciones de la FEG (Carlos Pereyra 100) y la Escuela Normal de Jalisco, en la glorieta del mismo nombre, en la colonia Miraflores. Para ello pagaba derecho de piso a la federación, una antigua práctica que se ha mantenido durante años en esta organización porril.

De acuerdo con el procurador Tomás Coronado Olmos, el multihomicidio esta-ría relacionado con el reclamo por el cobro excesivo de cuotas que la FEG aplicaba al padre de familia, cuyo nombre era Arman-do Gómez. Fuentes consultadas por este semanario refieren que la agrupación ex-torsiona a los vendedores ambulantes que se instalan cerca de escuelas secundarias, del Hospital Civil y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

En un recorrido que Proceso realizó por lugares donde la FEG cobra derecho de piso, los ambulantes comentan que esa organización les exige el pago de 100 pesos semanales y la compra de una cre-dencial en 600 pesos. A cambio, no los molestan los inspectores del ayuntamien-to de Guadalajara.

Poco después de las dos de la tarde del miércoles 14, la UdeG emitió un boletín en el que informaba de la desaparición de cua-tro alumnos de la preparatoria 8 y de un pa-dre de familia. Precisó que los estudiantes desa parecidos eran Francisco Javier Carrillo García, Gabriel Morán Cervantes, Juan Valen-tín Guerrero y Óscar Ismael Gómez Saucedo, hijo de Armando Gómez. Los muchachos cursaban el tercer semestre de preparatoria.

A esa hora, peritos del Instituto Jalis-ciense de Ciencias Forenses y elementos de la Policía Investigadora ya habían loca-lizado en la parte trasera del edificio de la FEG dos cadáveres, hasta ese momento no identificados.

La policía ingresó al inmueble con una orden de cateo expedida a temprana hora del miércoles 14, a pesar de que la PGJ la ha-bía solicitado desde el sábado 10 al Juzgado 12 de lo Penal. El retraso es inexplicable.

Ese mismo día, la procuraduría recibió la denuncia de la desaparición de los cuatro jóvenes y del vendedor ambulante y padre de familia. Sus familiares los vieron por úl-tima vez el viernes 9 y al no saber nada de ellos en el curso de la noche, el sábado acu-dieron temprano a levantar la denuncia.

VIOLENCIA SOCIAL

Crímenescon trasfondo porril

represión a la protesta que los normalis-tas realizaron en el centro de Chilpan-cingo el 11 de febrero de 1998, durante el gobierno interino de Aguirre Rivero.

En esa ocasión los normalistas –apo-yados por estudiantes de las 16 escuelas que forman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México– se manifestaron frente a la sede del Poder Ejecutivo para exigir la excarcelación de su exdirigente Macario Cruz Ventu-ra, acusado de delitos considerados po-líticos: “motín, sedición y ataques a las vías de comunicación”. Luego de que cercaron el edificio gubernamental más de cinco horas, al menos 500 policías an-timotines y ministeriales desalojaron a los manifestantes en medio de una bata-lla que dejó 10 normalistas heridos y 57 detenidos, según archivos periodísticos de esa fecha.

Otra manifestación reprimida con un nivel similar de violencia tuvo lugar en noviembre de 2007, durante la adminis-tración de Torreblanca. Los estudiantes habían tomado la sede del Congreso local en demanda de plazas para egresados y la permanencia de la licenciatura de prima-ria, que pretendía desaparecer la adminis-tración zeferinista. Luego de cuatro horas, cerca de 800 normalistas fueron desaloja-dos por un millar de policías antimotines y ministeriales después de una confronta-ción que se prolongó cerca de dos horas y dejó un saldo de 250 jóvenes con lesiones provocadas por el gas lacrimógeno, 10 de ellos con heridas graves por los golpes.

No obstante, la represión a la protesta del lunes 12 no tiene precedente: dos es-tudiantes asesinados, una treintena lesio-nados –cuatro de ellos de bala, y de éstos, uno grave.

Un autobús muy caro

Los normalistas calificaron estos hechos como un acto bárbaro del gobernador Aguirre, quien ahora deberá responder por el asesinato de dos normalistas, indi-có Joel Martínez Arriaga, integrante de la dirigencia estudiantil.

En una multitudinaria marcha el vier-nes 16, los estudiantes de Ayotzinapa anunciaron que irán a la sede del Congreso de la Unión para interponer una deman-da de juicio político contra el gobernador Aguirre. Tras su marcha, los normalistas de Ayotzinapa acompañados por normalistas de otras entidades y miembros de orga-nizaciones sociales, llegaron a la sede del Poder Ejecutivo donde dejaron el autobús que en septiembre les entregó Aguirre.

“Este autobús nos lo cobraron muy ca-ro, con la vida de nuestros compañeros”, expresaron los manifestantes y ensegui-da se dirigieron al zócalo capitalino donde realizaron un mitin.

GUADALAJARA, JAL.-“Pasen y revisen todo el edificio para que vean que no hay cuerpos enterrados ni ar-mas”, dijo el presidente de la Federación de Es-tudiantes de Guadalaja-

ra (FEG), Tonatiuh Bravo Padilla, a un grupo de alumnos de sociología que a finales de los ochenta acudió a la sede fegista a pedir permiso para competir contra la planilla oficial que buscaba la representación en la Facultad de Filo-sofía y Letras.

El exdiputado Tonatiuh Bravo Pa-dilla, rector por segunda ocasión del

FELIPE COBIÁN R. Y ALBERTO OSORIO M. Centro Universitario de Ciencias Econó-micas y Administrativas (CUCEA), se refe-ría en broma a la leyenda urbana de que en los extensos terrenos de la FEG –más de media hectárea– había muchos cadá-veres enterrados.

Ahora que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) exhumó cinco ca-dáveres en los terrenos que ocupa la FEG, la anécdota adquiere un matiz tan tétrico como el del edificio que alberga a dicha federación, por cuya presidencia pasaron también los hermanos Raúl y José Trini-dad Padilla López, ambos exrectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Según los peritajes, los cuerpos desen-terrados son de cuatro estudiantes de la preparatoria 8 y de un padre de familia

Inscrito en el clima de violencia que se generaliza en el país, un multihomicidio indignó a la sociedad ta-patía, en particular a la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Cuatro jóvenes preparatorianos y un padre de familia fueron asesinados y enterrados en la sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Estas muertes se suman a la historia negra de ese organismo porril, del que surgieron políticos de todo signo, varios de ellos con muy mala reputación.

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periodo de impunidad que ellos mismos propiciaron y dirigieron”.

Mariscal declaró a los medios que el asesinato de cinco personas y la localiza-ción de sus cuerpos es “un hecho aislado” que no afecta el desarrollo histórico de la organización que encabeza.

Por su parte, el gobernador Emilio González Márquez reveló que hay al-gunas pistas de los asesinos. La procu-raduría identificó a un sujeto a quien le apodan El Tatuado como uno de los pre-suntos responsables. El viernes 16 por la tarde, cerca de 5 mil universitarios (entre estudiantes y directivos) demandaron castigo para los asesinos de los alumnos de la preparatoria 8.

Ahora, la UdeG reclama para sí el edifi-cio de la FEG. Este inmueble está en poder del gobierno estatal desde 2004, cuando la administración municipal encabezada por Emilio González entregó ese espacio al gobierno de Francisco Ramírez Acuña, ambos de extracción panista y quienes han tenido fricciones con el grupo UdeG liderado por Raúl Padilla López.

La FEG nació en 1948 al desaparecer el FESO (Federación de Estudiantes Socialis-tas de Occidente), cuyo último presidente fue Raúl Padilla Gutiérrez, padre de Raúl y de Trinidad Padilla López. Desde enton-ces, la agrupación creció al amparo del poder y de ahí surgieron políticos priis-tas; casi todos sus principales dirigentes llegaron a ser diputados o senadores. Así ocurrió con Miguel Naranjo Granda, Car-los Ramírez Ladewig –quien se convirtió en su cacique hasta su violenta muerte en 1973–, José Luis Lamadrid, José Gua-dalupe Zuno, José Manuel Correa y Fé-lix Flores, entre otros. Los gobernadores Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves también tuvieron relación con esa organización de raigambre porril.

Cuando se formó el movimiento es-tudiantil de 1968, la FEG fue baluarte del gobierno diazordacista por medio del entonces gobernador Francisco Medi-na Ascencio, quien tuvo la encomienda de sobornar a los dirigentes fegistas con puestos públicos, autos, relojes Rólex, te-rrenos y aun con el edificio donde ocurrió el múltiple asesinato, y sobre todo con pro-tección e impunidad. Así, algunos líderes, como Carlos Morales García, El Pelacuas, se convirtieron en jefes de grupos mafiosos.

Algunos de sus dirigentes murieron violentamente, como Fernando Medina Lúa o Hermenegildo Romo. Después, del seno de la FEG vendría el nacimiento, entre otros, del FER (Frente Estudiantil Revolucionario) y el FRAP (Frente Revolu-cionario Armado Popular).

Otros expresidentes del organismo estudiantil fueron más afortunados, como Enrique Zambrano Villa, Enrique Alfaro Anguiano, los hermanos Padilla

López y Carlos Briseño Torres, quienes llegaron a ser rectores de la UdeG. Este último merece mención aparte porque terminó suicidándose el 19 de noviembre de 2009 luego de ser destituido por dife-rencias con Raúl Padilla.

A finales de los ochenta, cuando Padi-lla se hizo de la rectoría de la UdeG, cortó de tajo con la FEG. En la práctica emuló a Ramírez Ladewig al crear y manejar la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la convirtió en el organismo oficial del estudiantado.

Al tiempo que se descubrieron los ca-dáveres en las fosas clandestinas de la FEG se conoció de la sentencia a 30 años de prisión que impuso el juez décimo pe-nal en contra de Iván Gómez López como

uno de los responsables del crimen contra el exdirector de la preparatoria 7 Fernan-do González Sandoval, brazo derecho del presidente de la Feria Internacional del Libro. Casualmente, González fue acribi-llado (también) un 9 de diciembre, pero de 2009, en las calles de Pablo Neruda y Patria, cerca de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El homicidio supuestamente fue or-questado por los hermanos Gustavo y Ri-chard Mancilla. Los dos eran escoltas de Padilla y estaban dados de alta en la nó-mina de la Procuraduría General de Justi-cia. Sin embargo, la fiscalía no ha ejercido ninguna acción penal contra ellos, según comenta Alfonso Partida Caballero, abo-gado de la UdeG para ese caso.

VIOLENCIA SOCIAL

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Contra la violencia fegista

Sede de la FEG. Federación en la mira

Reacciona la UdeG

Contrariamente a lo que ocurrió en no-viembre pasado, cuando se presentaron al menos 10 denuncias por la desaparición de las 26 personas que luego fueron en-contradas asesinadas junto a los Arcos del Milenio, en esta ocasión la PGJ actuó con celeridad y acudió el mismo día a las ins-talaciones de la federación.

Familiares de las víctimas estaban se-guros de que a los desaparecidos les ha-bía ocurrido algo terrible en la FEG, pues a este lugar se habían dirigido el viernes 9 para arreglar un asunto. Un compañe-ro de los estudiantes confirmó su certeza cuando les comentó a los familiares que el grupo había ido a ese lugar. También les dijo que él no los pudo acompañar por motivos de trabajo y eso lo salvó.

Los policías encontraron el edificio abandonado y se percataron de que junto a una cancha de frontón había tierra remo-vida. Por ello solicitaron la orden de cateo.

En el primer día de excavaciones, que concluyeron alrededor de las 10 de la noche, los peritos forenses localizaron tres cadáve-res. Al segundo día, el jueves 15, exhuma-ron a los otros dos. Todos fueron llevados al Servicio Médico Forense para la autopsia e identificación. Pudo comprobarse que mu-rieron por impacto de arma de fuego y por heridas de objeto punzocortante.

El asesinato múltiple puso en alerta a la UdeG. Incluso Raúl Padilla López, el hombre fuerte de esta casa de estudios desde hace 23 años, tuvo que suspender

un viaje a Los Ángeles, California, a donde acude con frecuencia.

La UdeG difundió un boletín en el que dio cuenta de la desaparición de cinco personas. También advirtió de “la exis-tencia de grupos armados que operan con plena impunidad y sin que la autoridad haga algo al respecto”. Asimismo publicó en los diarios dos desplegados dirigidos al presidente Felipe Calderón, al gobernador Emilio González y al secretario de Gober-nación, Alejandro Poiré.

En el primer desplegado, aparecido el jueves 15, la institución pedía la búsque-da y localización de los estudiantes y el padre desaparecidos. Se quejaba de “la inseguridad que priva en el país y crea una sensación de vulnerabilidad en la so-ciedad”. En el segundo demanda castigar a los culpables de la masacre, así como la desaparición de la FEG y la entrega de su edificio a la casa de estudios.

Además, los firmantes, miembros del consejo de rectores encabezados por Mar-co Antonio Cortés Guardado, se quejan por la impunidad de que goza la FEG y pi-den que “se castigue a los responsables de la red de corrupción” que a su juicio se da gracias a quienes fungen como “padrinos” políticos de ese organismo. Sin embargo, no mencionan los nombres de los presun-tos protectores.

Puntualizan: “Todo apunta a actos de extorsión a cargo de integrantes de la pseudorganización denominada Federa-ción de Estudiantes de Guadalajara (FEG) y la operación de grupos armados y porri-

les que asesinaron a cuatro estudiantes menores de edad… y al padre de uno de ellos, y los enterraron en fosas clandesti-nas en sus propias instalaciones.

“Es necesario que se aclare, sin dejar espacio a ninguna duda, la participación de este organismo gangsteril en estos atro-ces acontecimientos y se castigue a los responsables. Se deben investigar a fondo las prácticas de la FEG en la venta de pro-tección a vendedores ambulantes, el con-trol de cooperativas escolares de escuelas secundarias y los actos de violencia en las preparatorias 1, 2, 11, Vocacional, Politéc-nica, de Tonalá Norte, en la Feria Interna-cional del Libro y en las instalaciones de la FEU y otras dependencias universitarias, “y que se reintegren a la UdeG las instalacio-nes ocupadas en forma ilegal en el Hospi-tal Civil y en (la calle) Carlos Pereyra.”

Finalmente, en el documento publica-do el viernes 16 la casa de estudios mani-festó su “consternación y solidaridad con los familiares de las víctimas y con la co-munidad universitaria de la preparatoria 8, por los recientes acontecimientos”.

Negro historial

El presidente de la FEG, Israel Mariscal Quezada, se deslindó de los asesinatos y en su cuenta de Facebook aseguró que la organización ha hecho a un lado las prácticas violentas que la caracteriza-ron cuando era dirigida por personajes desagradables. Añadió que éstos ahora “intentan olvidar de dónde salieron y el

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Exhumación de los cuerpos

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dría hablar de pedazos: unos 100 pedazos de huesos, unos 30 o 40 dientes. No sé… pero en el lugar donde encontramos los pedazos de huesos y dientes, él (Meza) de-claró que enterró a alrededor de 45 a 50 personas.

La técnica Meza

En la declaración rendida el 25 de enero de 2009 por Santiago Meza (AP/PGR/BC/TIJ/217/09-M-III), se lee:

–¿A qué se dedica el declarante? –le pre-gunta el ministerio público a Meza, recién capturado.

–Que se dedicaba a pozolear, es decir, a deshacer cadáveres en sosa cáustica –se lee en la respuesta.

En el acta se señala que Meza López es un hombre casado, padre de familia, origi-nario de Guamúchil, Sinaloa, pero con do-micilio en Tecate, Baja California, tiene 45 años, estudió hasta tercer grado de prima-ria y trabaja para Teodoro García Pimentel, alias El Teo, miembro del cártel que domi-naba Tijuana.

–¿Cuál es su función específica dentro del grupo delictivo?

–Mi función específica dentro de la organi-zación es hacer el trabajo del pozole, que con-siste en que los miembros de las diferentes cé-lulas de la organización me llevan cadáveres para que sean disueltos en una solución que se prepara a base de sosa cáustica y agua.

–¿En cuántos eventos delictivos ha partici-pado por órdenes del Teo?

–Que por orden directa del Teo ha pozo-

leado como a 70 personas, pero en total son como 300, ya que también recibió órdenes del Mayel (Ismael Higuera Guerrero) y del Efra (Efraín Pérez) para pozolear cuerpos.

La declaración continúa: que aprendí a hacer pozole con una pierna de res la cual pu-se en una cubeta y le eché un líquido y se des-hizo; los cuerpos que me daban para pozolear me los daban ya muertos, y los metía comple-tos a los tambos y le vaciaba 40 o 50 kilos de polvo que compraba en una ferretería (…) me costaba el kilo de sosa 35 pesos (…) para hacer pozole me ayudaban unos chavalos.

Que la forma para la entrega de los cuer-pos me llamaba el Teo y me decía que en tal lugar me iban a dejar la mercancía a cierta hora, llegaba y me comunicaba por teléfono o radio, porque en ese momento no sabía en qué vehículo se encontraban transportando el cuerpo, entonces preguntaba y me decían que iba en tal o cual vehículo y ya hacía señas con cambio de luces y se hacía la entrega. La últi-ma vez que hice pozole fue hace 15 días.

Meza mencionó otros detalles, como que en una ocasión la vendedora de la fe-rretería Construrama le preguntó por qué compraba tanta sosa, a lo que le respon-dió que para limpiar casas. Además, el de-clarante dio cinco escuetas ubicaciones donde, dijo, había vertido el líquido en el que disolvía los cuerpos:

Utilizamos una fosa que se localiza en-trando por la libre de Tecate por el Maclovio Rojas, cruzando los ductos de agua, siguien-do todo hasta arriba, topando con una caseta y junto hay un lote baldío, y junto a la barda hay dos fosas donde se vaciaba el pozole y hay

como 60 cuerpos pozoleados. También hay un ranchito por el bulevar 2000, existe un camino rural que lleva a un centro de rehabilitación El Crea y a un lado se encuentra el rancho propie-dad de La Güera y ahí se vaciaban los cuerpos ya pozoleados.

La movilización

Cuando las familias de los desapareci-dos se enteraron de la captura de El Pozo-lero acudieron al predio del ejido Ojo de Agua, donde se supo había disuelto los úl-timos cadáveres. Ahí colocaron veladoras y rezaron por los difuntos. Por la presión que ejercieron, las autoridades mostra-ron al detenido fotografías de las perso-nas reportadas como extraviadas, para ver si identificaba alguna. Él dijo que nunca les vio los rostros porque traían la cara cu-bierta con cinta adhesiva gris.

“Ahí empezó la historia: hablé con la señora Marisela Morales (entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza-da, SIEDO) para que nos ayudara a revisar los predios donde (el detenido) dijo que enterró los cuerpos”, relata en entrevista telefónica Ocegueda, cuya agrupación for-ma parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

También le pidió revisar la presa Abe-lardo R. Rodríguez, donde un denunciante anónimo les comentó que “podíamos en-contrarlos”, dice el entrevistado. “Después fuimos a Valle Bonito, revisaron tres ve-ces y no encontraron nada, pero yo tenía

NARCOTRÁFICO

Tomada de la película “El infierno”

La técnica recreada en la ficción

16 1833 / 18 DE DICIEMBRE DE 2011

MARCELA TURATI

Familiares de personas des-aparecidas en Baja Califor-nia se preparan con el fin de acompañar este lunes 19 a los peritos de la PGR que, con perros entrenados, buscarán

restos humanos en uno de los ranchos que Santiago Meza López, alias El Po-zolero, mencionó en sus declaraciones ministeriales como uno de los lugares donde vertió el ácido en el que disolvió a 70 personas.

“Tengo mucha fe de que vamos a encontrar algo en el predio. Estoy afe-rrado a que en el rancho de la caseta que tengo localizada, quitando la lose-ta de cemento con un trascabo, vamos a hallar los restos de los 70 cadáveres que supuestamente depositó Santiago Meza”, dice Fernando Ocegueda Flo-res, fundador de la organización Uni-dos por los Desaparecidos que busca a su hijo Fernando Ocegueda Ruelas desde febrero de 2007.

La obstinación de Ocegueda y su organización, así como de las otras dos agrupaciones estatales dedicadas a la búsqueda de personas levanta-das durante la última década, ha sido el motor para obligar a la PGR a reali-zar excavaciones. La del lunes 19 será la séptima.

En enero de 2009, la noticia de la captura de Meza y sus escalofriantes declaraciones sobre la forma en que disolvía en ácido los cuerpos de ene-migos del cártel de los Arellano Félix –con la técnica de la elaboración del pozole– destapó la existencia de per-sonas que penaban en privado por la ausencia de un familiar. Y aun cuan-do recorrieron los predios donde El Po-zolero se deshacía de los cuerpos y se organizaron hasta lograr que se crea-ra una subprocuraduría estatal aboca-da a localizar los restos de los desapa-recidos y de que se creara un banco genético, hasta la fecha no han teni-do resultados.

Por esas fechas Ocegueda, quien formaba parte de la Asociación Con-tra la Impunidad, recibió “de manera anónima” una copia de la declaración que rindió Meza ante la PGR, en la que menciona los lugares donde deposita-ba los restos de los huesos y la estu-dió. Luego recorrió los lugares señala-dos, hizo rastreos, tomó videos y con las familias afectadas insistió ante las autoridades para que emprendieran las excavaciones.

–¿Cuántas personas han encontra-do? –se le pregunta a Ocegueda.

–No podría decir de personas, po-

Llevan años buscando a sus hijos desaparecidos y su ánimo no decae. Dicen que confían en que tarde o temprano localizarán sus restos. Son los familiares de las víctimas de Santiago Meza, El Pozolero, quien solía disolver en sosa cáustica a sus víctimas. Uno de los agraviados, Fernan-do Ocegueda Flores, fundador de la organiza-ción Unidos por los Desaparecidos, dice que las declaraciones de Meza en 2009, cuando señaló los sitios donde presuntamente había vertido los restos pozoleados, le dieron nuevos bríos a su búsqueda y a la de decenas de familias que, dice, ya no quieren seguir perreándole en los terrenos.

En busca de las

víctimasdel “Pozolero”

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la corazonada y el presentimiento de que ahí había algo. En febrero de 2011 volvió la SIEDO. Ese día metí una varilla en un sitio de tierra húmeda; los perros empezaron a rasguñar y encontramos los pedazos”, re-lata Ocegueda.

Varias organizaciones de familias de desaparecidos de todo el país han solici-tado a las autoridades que les permitan entrevistarse con los detenidos implica-

dos en esos casos. Dicen que sólo quie-ren que ellos les indiquen el destino final de sus víctimas. Y se quejan porque el reo no quiere encararlas y porque las autori-dades carcelarias les prohíben el acceso.

“El problema es que se tiene que ex-cavar en extensiones muy grandes, ran-chos enteros, porque (Meza) no da un lu-gar exacto de dónde pudo haber enterrado los restos. Por eso sugerí a la SIEDO que to-

máramos un video de los lugares para que se lo enseñaran en Almoloya y él señalara los lugares exactos para no andar perreán-dole en todo el terreno y no sacar nada.

“Necesitamos saber qué pasó con nuestros familiares. En Baja California solicitamos que sean interrogados los testigos protegidos de la PGR que fueron partícipes de casi 80% de las desaparicio-nes. Sabemos de unos que fueron sica-rios y a quienes se les dio carácter de tes-tigo protegido, ganando 30 mil pesos al mes y gozando de impunidad”, expone el entrevistado.

El padre de familia convertido en ac-tivista desde que un comando armado se llevó a su hijo menor señala que tiene co-nocimiento de al menos 350 casos de per-sonas desaparecidas en Baja California de 1997 a la fecha.

Algunas familias de víctimas de este delito estarán presentes durante las exca-vaciones del lunes 19, entre ellos Rebeca Gómez, madre del vendedor de autos Juan Francisco Santibáñez, desaparecido el 27 julio de 2005, a la edad de 27 años:

“Al lote del Pozolero hemos ido como dos veces, fuimos a llevar cruces afuera porque no nos dejaron entrar. Otras fami-lias estuvieron cuando se rascó en el ran-cho del Muletas (otro de los sicarios del cártel de los Arellano Félix), donde se en-contró una masa de sangre y huesos, y ahí pusieron una cruz. En la presa se excavó y se encontraron un tenis, un anillo y pren-das de vestir”, dice por teléfono la mujer, que ha sido amenazada de muerte, como Ocegueda y la mayoría de los padres que investigan el paradero de sus hijos.

Lo que le decepciona es que aun cuan-do la SIEDO coteja los restos humanos ha-llados para ver si coinciden con el perfil genético de las familias a las que se les to-maron pruebas de ADN, hasta el momen-to ninguna de las que acuden a las exca-vaciones ha dado positivo.

La señora Gómez dice que con cada nueva exhumación, con cada entrevista o cita en la procuraduría revive la angus-tia por la desaparición de su hijo, esa heri-da “siempre abierta, que no cicatriza” por desconocer su paradero.

“Cada que encuentran un nuevo terre-no se abre una nueva puerta. Tienes la es-peranza de que ahí salga algo, algo nuevo, y pues ahí anda uno, buscando y buscan-do toda la vida. Es volver a recordar las co-sas, a durar días y noches pensando, ima-ginando lo que le hicieron a mi hijo: si lo golpearon, si le dieron de comer; cómo me lo mataron, si me lo echaron en ácido –di-ce, y se asusta de sus palabras–. Eso del ácido me lo quito de la cabeza. Yo me ima-gino que me lo mataron de un balazo y ca-yó y ya; que no sufrió tanto.”

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Un reducido grupo de diputados de los tres principales partidos representados en el Congreso dio un albazo y aprobó modificaciones al artículo 24 constitucional para permitir que la Iglesia celebre ceremonias don-de quiera y cuando quiera sin pedirle autorización a nadie. Un resto de pudor impidió que la controvertida iniciativa le permitiera al clero ignorar las leyes y me-terse a la educación pública y al espacio radioeléc-trico. Legisladores consultados confirman a Proceso que la maniobra fue promovida y orquestada por En-rique Peña Nieto…

como recibir al Papa en su próxima visita con reglas más laxas para la Iglesia”, dijo Cárdenas a este semanario.

Proceso consultó a diversos legisla-dores, quienes revelaron que la desapro-bación por parte de los priistas ocurrió en ambas cámaras y que incluso el nue-vo presidente nacional del PRI, Pedro Joa-quín Coldwell, tuvo que operar para evitar “una rebelión”.

Por ejemplo, en el Senado, cuando el PRI celebraba su plenaria previa a la sesión, una legisladora reclamó: “Estamos entera-dos que es una solicitud de apoyo expreso de Enrique Peña Nieto para que se aprue-be”. En tanto, en San Lázaro las bancadas priistas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León manifestaban su malestar por el regreso de privilegios a la Iglesia.

En su visita al Vaticano en 2009 Peña Nieto le ofreció a Benedicto XVI sus buenos oficios para reformar el ar-tículo 24 constitucional. La respuesta del Papa fue que, en efecto, el tema de la “li-bertad religiosa forma par-te de la agenda pendiente” de la Iglesia.

A lo largo de 2010 Peña Nieto se reunió en dos oca-siones con el nuncio apos-tólico, el presidente de la Comisión del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, y el arzobispo pri-mado de México, Norber-to Rivera, y les aseguró que sí saldría la reforma... pero pasaron los meses y nada, por lo que los jerar-cas buscaron a Josefina Vázquez Mota para ope-rar los cambios.

Lo anterior forma parte de la versión de uno de los seglares más cercanos a la jerarquía de la Iglesia católica en México.

Según la misma fuente, que dada su po-sición delicada solicitó el anonimato, el pa-so que obligó a Peña Nieto a impulsar la reforma fue que los jerarcas católicos le en-viaron un mensaje diciendo que sería Váz-quez Mota quien operaría la reforma; Peña Nieto se comunicó con Chuayffet para que éste forzara una sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y se sacara de la congeladora la iniciativa que se presentó el 20 de marzo de 2010.

Así, sorpresivamente PRI y PAN pro-movieron la reunión extraordinaria pa-ra el miércoles 14, relatan las fuentes consultadas.

El martes 13, cinco secretarios –tres del PRI: Héctor Guevara Ramírez, Reginal-do Rivera de la Torre y Francisco Saracho Navarro, así como dos del PAN: Alberto Pé-rez Cuevas y Gustavo González Hernán-dez– solicitaron al presidente de la co-misión, el perredista Juventino Castro y Castro, una reunión extraordinaria para el siguiente día a fin de aprobar el dictamen.

Castro les explicó que legalmente es-taba impedido, pues el reglamento de la Cámara exige convocar con 24 horas de antelación, además de que dicha solicitud la tenían que hacer por lo menos seis se-cretarios y no cinco.

El hecho no les importó a priistas y pa-nistas, quienes con 19 asistentes y sin el aviso a los legisladores de PRD y PT reali-zaron el encuentro y aprobaron los cam-bios constitucionales que se sometieron al pleno el jueves 15.

La citada operación fue solicitada por Peña Nieto y sus seguidores. El dipu tado perredista y secretario de la Comisión, Nazario Norberto, dice a Proceso que fue el propio presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, quien les dijo a los priis-tas que realizaran la reunión, calificada por la oposición como “ilegal”.

Los operadores de Peña Nieto en San Lázaro mantuvieron en secreto sus preten-siones hasta el último momento. El miér-coles 14, cuando aún no se reunía la Co-misión de Puntos Constitucionales para aprobar el dictamen, desde la Cámara de Diputados salió una llamada al Senado pa-ra solicitar ayuda y avalar los cambios que se aprobarían en el pleno el día siguiente.

La respuesta de los senadores a esa llamada fue que en todo caso el tema se discutiría en febrero, cuando el Senado reiniciará sus trabajos legislativos. La ma-ñana del jueves 15, cuando el escándalo

generado por el contenido de la pretendida reforma ya estaba en los medios, la alerta llegó al Senado, que realizaba su plenaria pre-via a la última sesión.

Los senadores recla-maron una explicación por la información difun-dida en los medios, toda vez que las nuevas facul-tades otorgadas a la Iglesia la libraban de solicitar per-misos a la Secretaría de Go-bernación, la encargada de aplicar la Ley de Asociacio-nes Religiosas y Culto Públi-co. Y es que en el dictamen se “abrogaba” el tercer pá-rrafo, que la obligaba a ello.

Pedro Joaquín tuvo que asistir a la reunión para cal-mar los ánimos de los sena-dores, quienes le reclamaron

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Con “La Gaviota” ante Benedicto XVI

POLÍTICA / RELIGIÓN

El 16 de diciembre de 2009 Enri-que Peña Nieto entabló relacio-nes personales con el jerarca del Vaticano cuando Benedicto XVI lo recibió con su entonces no-via La Gaviota. Dos años después

el político mexiquense operó para la Igle-sia Católica al imponer en la Cámara de Diputados cambios constitucionales que permiten celebrar “individual o colectiva-mente” y “en público o en privado” cere-monias de culto.

del VaticanoJESUSA CERVANTES

Articulados, Iglesia y Poder Legislativo lograron la noche del jueves 15 –mediante un cuestionado proceso legislativo y votos divididos en las bancadas del PRI, del PRD y hasta del PAN– el reconocimiento constitu-cional a la “libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, y el permiso para los actos “de culto, ceremonias o de-vociones” en privado y en público.

Las pretensiones originales del grupo parlamentario priista eran mayores: que las iglesias ya no se sujetaran a las reglas

de la Secretaría de Gobernación y pudie-ran reclamar enseñanza en escuelas pú-blicas y futuras concesiones del espectro radioeléctrico.

Durante la discusión, el petista Jai-me Cárdenas señaló a Peña Nieto como el promotor de los cambios, en tanto que el priista oaxaqueño Héctor Pablo Ramí-rez Puga deslizó que la razón obedecía a la anunciada visita del Papa a México.

“Con esto, Enrique Peña Nieto hace un guiño a la Iglesia para lograr su apoyo, así

Eduardo Miranda

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Visita con

cálculo electoral

Detrás del viaje que Benedicto XVI realizará a México el próximo año se ocultan intereses y cálculos que van más allá de la fe y la doctrina. Para el investigador Elio Masferrer, la presencia del Papa incidirá en alrededor de 40% de los votantes que en 2012 decidirán quién será el próximo presidente. Es más que evidente que la visita del sucesor de Juan Pablo II ha sido organiza-da por el gobierno en turno en un gesto desesperado, uno más, por impedir la derrota panista en los comi-cios de julio del año que se aproxima.

RODRIGO VERA

La visita del Papa Benedicto XVI a México planeada para marzo de 2012 “servirá para apoyar la can-didatura del PAN a la Presiden-cia de la República”, asegura el investigador Elio Masferrer Kan,

especialista en las tendencias del voto ca-tólico durante los procesos electorales.

Añade que los tiempos políticos de la visita papal están tan minuciosamente calculados por el PAN y la jerarquía católi-ca, que el viaje está planeado para finales de marzo del año próximo, justo cuando arrancan las campañas políticas.

“Prácticamente será Benedicto XVI quien esté abriendo las campañas políti-cas, que empezarán el primero de abril… a los pocos días de su visita a México”, di-ce el experto.

–Y tres meses después será la elección presidencial…

–Sí, y para ese domingo 1 de julio to-davía estará muy fresca la visita del Papa; por ello quedará registrada en la memo-ria reciente.

–¿Pero realmente influirá mucho la vi-sita papal en el ánimo de los votantes?

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POLÍTICA / RELIGIÓN

que ese partido estuviera “siendo tan ob-sequioso con el clero, aún más que los pro-pios panistas”.

Un legislador le recordó que abrogar el tercer párrafo del artículo 24 de la Cons-titución “significaba borrar en los hechos la Ley de Asociaciones Religiosas, que es la que reglamenta las acciones de la Igle-sia”. Incluso se le reclamó que los dipu-tados del PRI hubieran aprobado en comi-siones un dictamen distinto al que ya la misma mesa directiva de dicha Comisión había aprobado y que lo único que conte-nía era el cumplimiento del Pacto de San José, que es el reconocimiento de la liber-tad religiosa.

A esa hora en la Cámara de Diputados los legisladores priistas de Oaxaca, Tabasco y Nuevo León ya habían manifestado al coor-dinador su preocupación por el contenido.

“Lo que está sucediendo allá –le dijo un senador al presidente del PRI– es que estamos enterados de que se trata de una solicitud de apoyo expreso de Peña Nieto para que se apruebe”. Joaquín escuchó en silencio los reclamos y las aseveraciones sin desmentir nada.

Cambio acotado

La discusión, negociación y aprobación de la reforma al artículo 24 en la Cámara de Diputados siguió un tortuoso camino a lo largo del jueves 15.

Dos elementos ayudaron a crispar los ánimos de los opositores de la reforma: uno, el día anterior el sacerdote católico José de Jesús Aguilar Valdés acudió a la Cámara de Diputados, un edificio público, para realizar un acto de culto: “bendecir” la sala de pren-sa. La ceremonia fue promovida por 31 re-porteros de la fuente y de ella tuvo conoci-miento en todo momento Emilio Chuayffet.

El segundo tema que se cruzaba y con-taminaba la discusión y aprobación de la reforma era la designación del nuevo pre-sidente de la Mesa Directiva, el perredis-ta Guadalupe Acosta Naranjo, quien susti-tuirá a Chuayffet.

En medio de estos dos acontecimien-tos, del reclamo por el “ilegal” proceso de aprobación en comisiones del dictamen del 24 constitucional, algunos legisladores del PRD y los del PT tomaron la tribuna en dos ocasiones para evitar la aprobación. Además una fracción del PRI se negaba a “traicionar” el espíritu de las leyes de Re-forma, que separaron a Estado e Iglesia.

Para evitar la rebelión priista, Pedro Joaquín tuvo que aceptar una negociación y “conciliar una versión final que dejara en claro que se trata de una redacción to-talmente distinta a la presentada”, revela-ron las fuentes consultadas.

El PRD en su negociación por la presi-dencia de la Mesa Directiva, la amenaza constante de la toma de tribuna del PT y

una parte del PRD y el malestar de un im-portante número de priistas generó cam-bios sustanciales al dictamen.

El primer dictamen, presentado el 20 de marzo de 2010 por el priista Ricardo Ló-pez Pescador, establecía primero la liber-tad de conciencia y religión y su manifes-tación “individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas, la difusión y la enseñanza; siempre que no constituyan un delito o una falta san-cionados por la ley”. Además derogaba la obligación de las iglesias de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas y, sobre todo, establecía un último párrafo que de-jaba ver las intenciones de que la Iglesia interviniera en la educación pública:

“El Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores lega-les para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

La Comisión de Puntos Constituciona-les elaboró un proyecto de dictamen que reintegraba la obligación de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas y respe-tando el Pacto de San José, dejó el primer párrafo de la siguiente manera:

“Todo individuo tiene derecho a la li-bertad religiosa, de conciencia y a profe-sar la que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constitu-yan un delito o falta penados por la ley.”

Éste era el dictamen que la comisión debió discutir. Pero PRI y PAN, durante la reunión de la noche del miércoles 14, pre-sentaron otro totalmente distinto, lo vo-taron y fue el que se presentó al pleno la mañana del 15, lo que generó malestar entre sus correligionarios.

El dictamen de la comisión, como lo hacía el priista, derogaba la obligación de sujetarse a la Ley de Asociaciones Religio-sas. El primer párrafo, rezaba: “Todo indi-viduo tiene derecho a la libertad de con-ciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públi-cos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propagan-da política”.

Diversos legisladores que pidieron el anonimato aseguran a Proceso que la co-ordinación del PRI presionó a los perredis-tas con impedir la llegada de Guadalupe Acosta Naranjo a la Presidencia de la Me-sa Directiva si mantenían su oposición a la reforma.

Finalmente los perredistas de la co-rriente de Acosta Naranjo, Los Chuchos,

aceptaron y votaron a favor. El PRD se par-tió en tres: Los Chuchos (20) votaron a fa-vor, los lopezobradoristas (22) en contra y 25 más prefirieron ausentarse.

Sorteado el obstáculo con los perre-distas aún quedaba la rebelión del PRI, por lo que Joaquín dio la orden para que se modificara el dictamen. El encargado de desha cer el entuerto fue Felipe Solís Ace-ro, quien incluyó la fracción derogada que obliga a las iglesias a sujetarse a la Ley de Asociaciones Religiosas.

Además modificaron el párrafo pri-mero, que quedó así: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éti-cas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta li-bertad incluye el derecho de participar in-dividual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devo-ciones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta pena-dos por la ley”.

A pesar de los cambios y pese a la ope-ración de Peña Nieto hubo 17 votos del PRI en contra –de los oaxaqueños y tabasque-ños–, 102 a favor y 115 prefirieron ausen-tarse y no votar, entre ellos Alfonso Nava-rrete Prida y Sebastián Lerdo de Tejada.

Nazario Norberto aclaró que lo peli-groso de la reforma es que se mantuvie-ran los términos “individual o colectiva-mente” y “público y privado”, pues dijo que ello abría la puerta a que la Iglesia re-clamara su derecho a ejercer su religión en edificios públicos, a enseñar en las es-cuelas públicas y a reclamar concesiones públicas de radio y televisión.

El promotor de la reforma, López Pes-cador, dijo que no significaba la participa-ción de la Iglesia en la educación, pues eso se garantizaba con el artículo 3 de la Cons-titución, ni se le permitía a la Iglesia acce-der a las concesiones de radio o televisión. Lo mismo expresó el panista Alberto Pé-rez Cuevas; incluso fue más allá: dijo que aunque algunos se quieren colgar la me-dalla, “es falso que haya sido promovido el cambio por Peña Nieto”.

Varios legisladores consideraron que las pretensiones de Peña Nieto de ofrecer-le todo a la Iglesia en busca de su respaldo político no se pudieron lograr. “Habrá que ver si lo aprobado les gusta a los jerarcas”, comentó uno de ellos.

La cercanía que inició Peña Nieto en diciembre de 2009 con Benedicto XVI es-tuvo en todo momento respaldada por el presidente de la Conferencia del Episco-pado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, quien lo acompañó al Vaticano el 16 de diciem-bre de ese año. La relación entre el Papa y Peña Nieto rindió frutos, pues de manera “personal” el Vaticano lo invitó para que asistiera el 1 de mayo de 2010 a la beati-ficación de Juan Pablo II, invitación que el mexiquense declinó.

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–Según nuestros sondeos, la visita in-cidirá sobre 40% de la población. En un sis-tema tripartidista como el nuestro, la pre-sencia del Papa podría definir la elección. Claro que ello dependerá de cómo se ma-neje la visita.

Masferrer –cuyo último libro, Plurali-dad religiosa en México; cifras y proyecciones, está por salir en librerías– recalca que fue el presidente Felipe Calderón quien hizo formalmente la invitación al Papa.

“La visita la solicitó formalmente la Presidencia de la República, principal in-teresada en que venga el pontífice, pues sabe bien que el PAN, por sus afinidades ideológicas con la Iglesia, es el partido que más puede aprovechar el viaje del Papa.

“No es gratuito que ahora se anuncié públicamente que Calderón asistirá, en ca-lidad de creyente, a una misa en la Basílica de Guadalupe, tal y como lo hacía el presi-dente Fox en su tiempo. Calderón siempre había mantenido su credo privado lejos de los reflectores. Pero ahora ya se está ponien-do en sintonía con la visita del Papa.”

Por ello, dice, cualquiera de los tres aspi-rantes que consiga la candidatura panista a la presidencia de la República –Josefina Váz-quez Mota, Santiago Creel o Ernesto Corde-ro– tendrá la bendición papal para partici-par en la contienda electoral.

–¿Qué otros indicios hay de que el PAN intentaría sacar provecho electoral del viaje?

–Si usted se fija, al Papa se le piensa llevar al Bajío, zona de fuerte raigambre cristera. Es el caso de Guanajuato, entidad gobernada por el PAN. Pese a que todavía no se define la agenda, la intención es lle-varlo a enclaves del PAN o a zonas donde históricamente el panismo ha tenido una fuerte presencia. La negociación con el Va-ticano es que el Papa no vaya a bastiones

del PRI o del PRD. Quieren que todo lo que pise sea de color azul. Esa será la tónica del viaje.”

Más político que apostólico

El primer anuncio de la visita se hizo el pa-sado 10 de noviembre, cuando el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, informó que el Papa estaba “estudiando un proyecto” para visitar México “en la próxima prima-vera”. Adelantó que en caso de concretar-se la visita no iría a la Ciudad de México, pues su altitud podría afectar la deterio-rada salud del octogenario pontífice. Indi-có que el viaje se determinaría el 12 de di-ciembre, durante una ceremonia religiosa que el Papa realizaría en honor a la Virgen de Guadalupe.

Y así fue. El pasado lunes 12, en la misa guadalupana celebrada en la Basílica de San Pedro, en Roma, Benedicto XVI confir-mó su viaje a México, que aprovechará pa-ra ir también a Cuba.

“Sostenido por el auxilio de la providen-cia divina tengo la intención de emprender un viaje apostólico, antes de la santa Pas-cua, a México y Cuba, para proclamar allí la palabra de Cristo y afianzar la convic-ción de que este es un tiempo precioso pa-ra evangelizar con una fe recia, una espe-ranza viva y una caridad ardiente”, dijo.

Aunque aún no se precisan fechas, la Santa Sede ya trabaja para que el via-je a ambos países se realice del 23 al 28 de marzo próximo. Se prevé que llegará pri-mero a México, donde permanecerá del 23 al 26 de ese mes. Los dos días restantes –27 y 28– estará en Cuba.

De esta manera, el pontífice vendrá a México poco antes del 1 de abril, fecha en que arrancan las campañas políticas y co-mienza también la Semana Santa.

Y pese a que el senador priista Fran-cisco Arroyo interpuso una impugna-ción, a mediados de marzo pasado las autoridades le entregaron una relación de contratos de compraventa con los dueños de los predios y del personal en-cargado de la operación y administra-ción del inmueble. No obstante se omi-tieron los nombres de los implicados con el argumento de que se trata de “datos personales” que no se pueden divulgar, porque ponen en riesgo la seguridad de los vendedores.

“Este criterio discrecional tiene una respuesta: si el Estado cumpliera con las leyes para darnos seguridad a todos, en-tonces por ende debe cumplir con las le-yes de transparencia”, aclara el abogado Ramón Izaguirre, exconsejero del Instituto de Acceso a la Información Pública del es-tado (IACIP) y defensor del senador Arroyo en este proceso.

Además, Proceso comprobó que las escrituras de los terrenos donde se le-vantaron las instalaciones de la Expo no están inscritas en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, por lo que tampoco por esta vía es posible conocer los antecedentes de la transacción.

Lo que sí es inocultable es la adjudi-cación directa de una escultura de 20 to-neladas y 14 metros de altura, colocada en una de las explanadas de la Expo: la denominada Victoria Alada, semejante a un arcángel que mira de frente al Cubile-te, realizada por el escultor Ricardo Moti-lla. Su costo: 39 millones de pesos.

Después de cumplir con su propó-sito, la Expo Bi-Centenario fue trans-formada –con una nueva inversión del erario estatal– en una Villa Navideña en diciembre de 2010, con pista de hielo y figuras decorativas.

En el transcurso de este año, el esce-nario previsto para la misa multitudina-ria que oficiará Benedicto XVI ha venido a menos. Luego de que el gobernador Oli-va anunció que sería habilitado como par-que tecnológico para varias universida-des e institutos del estado (entre ellos la Universidad de Guanajuato y el campus de la UNAM), el espacio ha sido utilizado como foro de conciertos.

El mismo el jueves 15, luego de des-pedir a los integrantes de la comisión es-pecial del Vaticano, Oliva voló también a la Ciudad de México para cumplir otro compromiso de su “agenda privada”: acompañar al precandidato presidencial de su partido Ernesto Cordero, de quien es uno de sus principales promotores.

El activismo de Oliva Ramírez, quien está en el último año de su sexenio, tiene su razón: por primera vez en dos décadas su partido ha visto reducir drásticamen-te su holgada ventaja entre el electorado guanajuatense.

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Precandidatos panistas. Por el voto católico

POLÍTICA / RELIGIÓN

SILAO, GTO.- El jueves 15, sonriente y eufórico, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez subió al miniauto es-tacionado afuera de las oficinas ad-

ministrativas del parque Expo Guanajuato Bicentenario –la obra más polémica de su sexenio–, y anunció: “Yo manejo”.

Junto a él se sentó Alberto Gasbarri, en-viado del Vaticano para organizar la próxima visita a México de Benedicto XVI. En su via-je relámpago al país, Gasbarri cumplió con la encomienda de acudir a los cuatro sitios previstos para las actividades del Papa. To-dos en Guanajuato.

Detrás de ambos se colocaron el obis-po de León –y arzobispo de la Arquidióce-sis del Bajío– José Guadalupe Martín Rába-go, y Óscar Negrete, secretario ejecutivo del mandatario y enlace con los organizadores de la visita papal.

Oliva llevó a sus acompañantes a la ex-planada de la expo, donde la comitiva hizo un alto para conocer algunas de las salas de exhibición. El nuncio Christophe Pierre y personal del gobierno del estado y de la Presidencia de la República iban detrás en otros dos vehículos.

Hasta el miércoles 14 Oliva Ramírez ha-bía mostrado prudencia sobre la visita de Benedicto XVI, confirmada por él mismo el lunes 12 durante la misa ofrecida en honor a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro.

Pero ese día, en la mañana, cuando Gasbarri ya se encontraba en la Ciudad de México, Oliva declaró a los reporteros en es-ta ciudad que la comisión vaticana llegaría a la entidad “en los próximos días” para reco-

El gobernador, de rodillasVERÓNICA ESPINOSA

rrer “algunos puntos del Bajío”; también les dijo que sería la nunciatura la que definirá el itinerario definitivo del Papa, quien estará en el país del 23 al 26 de marzo de 2012.

Incluso Oliva ya tenía previsto suspen-der sus actos públicos y oficiales del jueves 15 y del viernes 16. Así pudo recibir sin pro-blemas a la comisión del Vaticano y al nuncio Christophe Pierre el jueves 15 desde tempra-na hora y acompañarlos en un sobrevuelo en helicóptero por León, Silao y Guanajuato.

A las 11 de la mañana los condujo a la Casona del Conde Rul, en la Plaza de la Paz de la capital, donde se realizará la reunión protocolaria de jefes de Estado con Felipe Calderón el 24 de marzo y la Expo Bicente-nario para un evento masivo el día siguiente.

Más tarde vino el convivio en un restau-rante italiano del bulevar Adolfo López Ma-teos; luego una visita a la residencia de las monjas del Colegio Miraflores, donde Be-nedicto XVI descansará durante su estancia en Guanajuato las noches del 23 y del 24 de marzo, según el programa.

El último punto fue la Catedral de León, lugar propuesto por los anfitriones para una reunión con obispos de América Latina. Al término del recorrido, los enviados de la Igle-sia católica fueron trasladados al aeropuerto del Bajío para volar a la Ciudad de México.

Todavía el jueves 8 un representante del Instituto Mundial de Organización y Planea-ción Avanzada (IMOPA), cuyos miembros di-señan la logística de eventos masivos y visi-tas pastorales en varios países, anunció en Querétaro que se había propuesto a ese es-tado como sede de la visita.

Antonio de Rosenzweig, representante

de IMOPA, argumentó: “Somos respetuosos de que Guanajuato está haciendo una labor extraordinaria, pero es una visita nacional, no local”. De nada sirvió, pues Guanajuato, el principal bastión del panismo en el centro del país, se declaró listo para recibir a Benedicto XVI desde hace meses, cuando las autorida-des leonesas presentaron un catálogo para ser sede del Tianguis Turístico.

Fuentes consultadas por Proceso ase-guran que ese catálogo habría sido consul-tado por los encargados de la logística del viaje papal. Según esa versión, los presta-dores de servicios están dispuestos a ofre-cer descuentos, paquetes especiales y ampliación de horarios de transporte y ser-vicios para los visitantes que vengan a los eventos del Papa”.

La oferta leonesa resalta también un monumento católico: la escultura de bron-ce de 20 metros de alto del Cristo Rey que corona el santuario estilo Art Decó construi-do a mediados del siglo pasado en la cima del Cerro del Cubilete, considerado el tercer centro de turismo religioso en el país.

Escenario del derroche

El jueves 15, Oliva Ramírez convocó a los funcionarios de Seguridad Pública, Protec-ción Civil, Gobierno, Sistema de Emergen-cias, Cruz Roja y otros organismos y les pi-dió que estuvieran presentes en algunos puntos del recorrido de la comisión del Va-ticano, en particular en la Expo Bi-Centena-rio, donde se prevé organizar una misa ma-siva durante la visita de Benedicto XVI.

De acuerdo con los organizadores, se habilitarán los espacios de la Expo, situada a un costado de la planta General Motors, así como los cerros ubicados enfrente, en el cruce de la autopista Guanajuato-Silao, pa-ra recibir hasta 700 mil feligreses.

Construida por decisión de Oliva con el aval del presidente Felipe Calderón como el proyecto central de los festejos del Cen-tenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia en Guanajuato, la Ex-po se ubica en un predio de 100 hectáreas y cuenta con 11 mil metros cuadrados de exhibiciones. La obra es la más polémica del sexenio del mandatario panista (Proce-so 1759).

Hasta hoy se desconoce cuánto se in-virtió en ella, pues cuando Gabriel Macías Llamas era titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial determinó reservar la información sobre la obra hasta 2014 a propuesta de Oliva.

Esta incertidumbre suscita las sospe-chas sobre los costos reales de la obra, que al parecer rebasaron los mil 600 millones de pesos, aun cuando el gobierno insiste en que fueron mil 100 millones, manejados a través de un fideicomiso que preside el em-presario transportista Juan Carlos Muñoz Márquez, hombre cercano al PAN.

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Oliva. Chofer

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A Enrique Peña Nieto se le señala co-mo uno de los promotores de la conce-sión legislativa al clero católico. Él ha venido  cultivado la imagen del  político priista moderado con posturas religio-sas conservadoras acorde con la atmós-fera actual. Su look e impostura religiosa se asemejan más a las características dis-tintivas de un personaje panista: joven, metrosexual, conservador, eficiente, di-námico, católico, patriota, defensor de la familia, apasionado, apuesto y poco leído.

Es el embozo para satisfacer los al-tos niveles de audiencia, posicionándolo a tal grado que asegure el inevitable retor-no del  PRI a Los Pinos. Como candidato a la Presidencia de la República parece des-empolvar las viejas tesis salinistas sobre el papel político de la Iglesia y asignarle un destacado rol de aliada estratégica.

Durante su mandato como gobernador desarrolló una política de cercanía y arropó a los 14 obispos mexiquenses que de bue-na gana se dejaron consentir y con sumo agrado le acompañaron a Roma en diciem-bre de 2009 a visitar al Papa Benedicto XVI para anunciar su enlace matrimonial con la actriz Angélica Rivera. Así tendríamos que leer la postura de Víctor René Rodrí-guez, obispo auxiliar de Texcoco y  secreta-rio general de la CEM, quien calificó como “exitosa” la gestión del mexiquense.

Peña Nieto se ha convertido en los úl-timos años en un invitado permanen-te a las asambleas generales de los obis-pos. Tras un análisis comparativo, el autor puede afirmar que más de 30% de los obis-pos ubicados principalmente en el centro y norte del país miran con simpatía a Peña Nieto; puede decirse que, más que priistas, los obispos se comportan como peñistas.

Por el lado del PAN, sobre todo del pre-sidente Felipe Calderón, la relación con los obispos ha sido sinuosa. Pese a que el presidente proviene de “cuna azul”, los sectores duros del CEM miran con rece-lo y desconfianza el pragmatismo político del presidente y en especial sus alianzas con grupos neopentecostales ultracon-servadores encabezados por Rosi y Ale-jandro Orozco.

El presidente se ha empeñado en de-mostrar su catolicidad y es un hecho su intervención en la polémica reforma al 24 constitucional. Josefina Vázquez Mo-ta, a su vez, es la precandidata panista con la agenda clerical más abierta ha-cia los obispos mexicanos. En su equipo de campaña destacan católicos conser-vadores afines al Yunque; también entra a la competencia por la generosidad y la benevolencia, obsequiando a cada obis-po, en enero de 2011, un iPad, cuyo costo unitario es de 12 mil pesos.

La disputa por granjearse la benevo-lencia religiosa se incrementará hacia 2012. Y el juego sucio está contemplado. Además, la Iglesia católica posee por na-turaleza, una sólida complexión políti-ca propia; su alto clero tiene experiencia probada. La jerarquía sabe, sobre todo en las coyunturas electorales, insertar con firmeza su agenda e intereses propios.

Así lo hizo en las reformas al artícu-lo 130 constitucional hace 20 años.  Un proceso electoral implica el reacomo-do de actores, de proyectos y de grupos. Es la oportunidad porque es el momen-to de mayor debilidad del sistema políti-co, y los prelados aprendieron, siguiendo la escuela de Girolamo Prigione, a presio-nar y a sacar el máximo provecho. La pre-

gunta es si la Iglesia realmente tiene ma-yor poder o es la clase política la que se alejado de la sociedad

Estudios sobre el comportamiento de la jerarquía católica indican que los obis-pos con mayor arraigo en la permanen-cia al frente de sus diócesis tienen ma-yor peso social y político. El proceso de descentralización y la aparición de go-bernadores virreyes favorecen también la gravitación política de los prelados. De un universo de 110 obispos en activo, 56% tienen un arraigo entre cuatro y 10 años; 22% de los prelados tienen más de 11 años de residencia.

En esta franja algunos se convierten en actores fácticos del poder. Por ejem-plo, el jalisciense Juan Sandoval Íñiguez, quien adquirió un desmedido peso políti-co; el arzobispo Emilio Berlié, quien ha ac-tuado en política en Yucatán y es uno de los factores de ascenso del PRI en la enti-dad, antaño bastión panista; o el “daltóni-co” Onésimo Cepeda, capellán de la élites políticas del PRI.

Hay una paradoja, que poco impor-ta a la clase política: mientras más peso y poder político tiene la estructura ecle-siástica católica, menos influencia espi-ritual y pastoral posee entre la población. Así lo indican los datos duros de los últi-mos censos: en 1970, 96.2% de la pobla-ción se declaró católica; en 2010 el índice bajó a 83%. Y aun cuando la clase políti-ca habla de la trascendencia de la laici-dad del Estado en la democracia y en la convivencia social, en la práctica esta es transgredida.

Señores: ¿quién da más?

* Especialista en el estudio de las religiones.

sia, el candidato panista, sea quien sea, le llevará ventaja a Enrique Peña Nieto, el principal aspirante presidencial del PRI y quien está haciendo grandes esfuerzos por ganarse el voto católico.

“Pero Peña Nieto está entrampado. Si se pone demasiado clerical pierde votos laicos, y si se pone demasiado laico pier-de votos católicos. Junto con algunos obis-pos mexicanos, entre ellos el presidente del episcopado, Carlos Aguiar Retes, Pe-ña Nieto fue al Vaticano a ver a Benedic-to XVI y se sacó fotos con él, que hizo cir-cular profusamente. Fue un espectacular golpe mediático y un gancho al hígado pa-ra el PAN.

“Luego Peña Nieto anunció que iría a Roma para asistir a la beatificación de Juan Pablo II, celebrada el pasado 1 de mayo. Pe-ro desistió a última hora. Ese nuevo viaje al

un muñeco de cera que representaba al llamado “Papa viajero” (Proceso 1817).

Dice Masferrer:“El peregrinaje de las reliquias lo utilizó

la Iglesia como un termómetro para medir su poder de convocatoria en distintos pun-tos del país. Esta peregrinación y la visita del Papa son parte del mismo proyecto.”

–¿Qué se pretende finalmente con di-cho proyecto?

–Conseguir el voto de centro-derecha en las próximas elecciones presidencia-les. Esa es la pretensión del Vaticano y del PAN. Ese voto abarca una franja muy am-plia en la que abrevan principalmente el PAN y el PRI, aunque también en menor medida otros partidos políticos.

–¿De qué porcentaje estamos hablando?–Según nuestras encuestas, aproxima-

damente 60% de la población es de cen-

tro-derecha. Pero no es un bloque homo-géneo. Tiene sus matices. Por ejemplo, hay votantes de centro-derecha que son acen-dradamente católicos; otros, en cambio, son más inclinados hacia lo laico. Tam-bién hay quienes jamás votarían por un candidato de izquierda. Lo que ahora in-tenta el PAN es utilizar al Papa para ga-narse todo ese espectro de electores, blin-darlo a su favor para que no haya fuga de votos hacia otros partidos.

–¿Es viable este proyecto?–Sí, pues aquí el PAN y la Iglesia con-

forman prácticamente un bloque, al com-partir posturas como el rechazo al aborto, a la eutanasia, a los matrimonios entre per-sonas del mismo sexo, o al propugnar por una educación católica, entre otros puntos en común que los unen históricamente.

“Así, gracias a su alianza con la Igle-

POLÍTICA / RELIGIÓN

B E R N A R D O B A R R A N C O V . *

L a manera abrupta y contradicto-ria con la que actuó para reformar el artículo 24 de la Constitución, exhi-be una vez más los afanes de la clase política por congraciarse con la jerar-quía católica. Con madruguetes y arti-ficios legislativos, tal como ocurrió con las reformas en las 19 entidades en las que se repenalizó el aborto en 2009, se evita el debate y se impone el albazo. El PAN y el PRI hicieron mancuerna de nuevo para avalar una vieja preten-sión de la Iglesia católica: elevar a ran-go constitucional la libertad religiosa.

Ante la próxima visita de Benedic-to XVI a México, ambos partidos regis-tran y aun admiten el creciente peso político del clero que incide ya en el ánimo electoral; ceden también ante él, por conveniencia, temor o chantaje. ¿Por qué la libertad religiosa? Porque la agenda moral que ostenta la Igle-sia (aborto, familia patriarcal y sexua-lidad) requiere una mayor facilidad de acción de sus representantes y de es-pacios de actuación institucional.

Esto es ir más allá de la libertad in-dividual de creer o no. La libertad reli-giosa  incluye la capacidad de manio-bra societal y de acción política de la

propia Iglesia. En una reveladora entrevista concedida a este semanario en 2006, Carlos Aguiar Retes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, destapó  la inten-ción de la Iglesia para reformar el artículo 24 y reconoció que enfocaría su presión so-bre el Poder Legislativo, fundamentalmente con los líderes de las bancadas.

“Hay que entrar en relación personal con ellos, porque muchos políticos pien-san que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer”, dijo en esa ocasión (Proceso 1574).

El pragmatismo de la clase política mexicana es un factor de riesgo real, no sólo para la consolidación de la laicidad del Estado, sino para el desarrollo de la propia democracia en el país. Bajo la con-signa del “realismo político” subyace el imperio del resultado electoral cortopla-cista que ha venido liquidando las identi-dades y tradiciones políticas. La búsqueda del todo para la siguiente elección se im-pone, así como la lógica de la codicia de los grupos por el poder, dispuestos a sa-crificar raíces políticas y trayectorias ideo-lógicas.

En ese rango nadie se salva. El mismo Emilio Chuayffet, quien se presume libe-ral, declaró a finales de noviembre pasado

que quería lejos a los católicos: “No que-remos que intervengan en la vida políti-ca porque sabemos cuán lejos pueden lle-gar”. Semanas después se convirtió en el principal artífice de la reforma.

Ese gesto no pasó inadvertido para el diputado Porfirio Muñoz Ledo: “¿De cuan-do acá Chuayffet es tan católico?”, declaró. Lo mismo puede decirse de otros actores, como Beatriz Paredes, sacudida por las fe-ministas que le reprochan su complacen-cia por las reformas de 2009 que ahora tie-nen a muchas mujeres en la prisión.

También del perredista Pablo Gómez, magnánimo con las libertades de la Igle-sia católica, quien apeló a una consigna de un grupo de la vieja izquierda; o de Emilio González Márquez, el góber piadoso, cono-cido por sus donativos a la Iglesia criste-ra de Jalisco a costa del erario estatal; o el propio Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien con frecuencia se reafirma católi-co y guadalupano, e incluso ha mantenido relaciones políticas poco católicas desde su campaña política de 2006 con grupos neocarismáticos encabezados por la secta cristiana Casa Sobre la Roca. Hay muchos otros casos que tienen el mismo talante: el cálculo de la rentabilidad política a cos-ta de la congruencia.

Hasta el momento no se han definido los lugares que visitará Joseph Ratzinger, aunque tal vez estará en Jalisco, Querétaro y Guanajuato, principalmente en esta úl-tima entidad, donde encabezará diversos eventos multitudinarios, incluyendo una peregrinación al Santuario de Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, enclavado en el centro del país y lugar emblemático de la lucha cristera.

Para definir el itinerario, la semana pa-sada estuvo en México Alberto Gasbarri, encargado de la comisión vaticana que organiza los viajes del Papa. La nunciatu-ra apostólica no quiso informar a Proceso acerca de sus actividades y mantiene en reserva los preparativos. Sin embargo, tras-cendió que el enviado del Vaticano sólo es-tuvo en Guanajuato, por lo que, al parecer, se dará preferencia a esa entidad goberna-

Estado e Iglesia:¿quién da más?

da ininterrumpidamente por el PAN desde hace 20 años.

“Ya todo está cocinado –recalca Mas-ferrer–. El estado panista de Guanajuato tendrá preferencia. Ese y otros acuerdos se tomaron en noviembre pasado duran-te la última asamblea plenaria de la Con-ferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a la que asistió el líder nacional del PAN, Pablo Emilio Madero, quien incluso comió con los obispos en la sede del episcopa-do. Madero hizo en corto todos los ama-rres. Ya después, los obispos fueron a Los Pinos a cenar con Calderón para cerrar el pacto político.”

Desde hace varios años, en cada pro-ceso electoral federal, Masferrer, quien es profesor-investigador de la Escuela Na-cional de Antropología e Historia (ENAH) y preside la Asociación Latinoamericana

para el Estudio de las Religiones, encabe-za un equipo de encuestadores que analiza la tendencia de lo que él denomina el “vo-to creyente”.

El especialista indica que “como preám-bulo a la visita del Papa”, el Vaticano envió a México las reliquias del beato Juan Pablo II, que recorrieron durante cuatro meses to-do el país, desde finales de agosto hasta el jueves 15.

Estrategia

El 21 de agosto pasado el presidente acu-dió a la nunciatura apostólica para dar el banderazo de salida a la peregrinación de las reliquias, que consistían en una cápsula con sangre del beato, así como al-gunas de sus suntuosas vestimentas que usó en vida y que ahora llevaba puestas

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En 2004 Alejandro Orozco y su mujer, Rosa María de la Garza –líderes de una organización cristiana–, empe-zaron a meter las manos en la administración pública federal. Pero a lo largo de este sexenio su intromisión en el gobierno se descaró. Orozco dirige ahora el Inapam, y sus socios y allegados se han colocado en puestos desde los que inciden en políticas públicas y tienen ac-ceso a una parte del erario federal... y aparentemente todo lo lograron gracias a la amistad que los une con Felipe Calderón y con su esposa.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Los Orozco. Pastores invasores

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Con la bendición de

La secta cristiana Casa Sobre la Roca (CSR) y sus dirigentes, el matrimonio de Alejandro Lucas Orozco Rubio y Rosa María de la Garza Ramírez, están presentes en áreas asistenciales y de trata-

miento de adicciones y han incursionado este sexenio en instancias gubernamen-tales que van de las políticas de seguridad a la inspección sanitaria y el manejo de los recursos de la beneficencia pública.

Orozco es director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en tanto que su esposa es diputada federal por el PAN y sus socios han sido colocados

Los Pinos...

POLÍTICA / RELIGIÓN

Vaticano ya le pareció a su partido un ex-ceso de clericalismo. Y quizá también hubo maniobras del gobierno calderonista que le impidieron a Peña realizar el viaje.

“El PRI no es el PAN. En el tricolor hay una tradición jacobina y laica que no le permitirá a Peña Nieto aliarse abierta-mente con el clero, pese a que, según aca-ba de ventilarse en los medios, el pre-candidato priista prometió a la jerarquía católica reformar el artículo 24 constitu-cional para que se permitan actos religio-sos fuera de los templos.”

Respecto a la izquierda –abunda Mas-ferrer– es muy difícil que pueda capitali-zar electoralmente la visita papal, aun con el nuevo discurso sobre el amor que aca-ba de adoptar el otrora aguerrido Andrés Manuel López Obrador, su precandidato presidencial.

También recalca que durante las cam-pañas presidenciales, el pleno de obispos suele citar a cada candidato para que ex-terne su postura en torno al aborto y el matrimonio gay, entre otros temas espi-nosos que interesan a la jerarquía. Con la visita del Papa –dice– este incómodo inte-rrogatorio cobrará mayor relevancia y ten-drá más reflectores.

Y agrega:“En el fondo, Benedicto XVI no quiso

ir a la Ciudad de México para no toparse con el jefe de gobierno capitalino, Marce-lo Ebrard, quien despenalizó el aborto y le-galizó el matrimonio gay. ¡Imagínese!, una foto de Marcelo entregándole al Papa las llaves de la ciudad. ¡No! ¡Es inconcebible!

“Además, la arquidiócesis de la ciudad de México está a cargo del cardenal Nor-

berto Rivera Carrera, quien fue amigo y abierto defensor de Marcial Maciel, actual-mente repudiado por el Papa y el Vaticano. Maciel ya se convirtió en un lastre.

–Pero el cardenal Rivera acaba de estar en Roma, y allá declaró que es posible que el Papa venga a su arquidiócesis.

–Sí. Estuvo como cuatro semanas en El Vaticano, muy probablemente cabildean-do para que el Papa vaya a su circuns-cripción eclesiástica. Pero el cardenal ha quedado al margen por su cercanía con Maciel, por sus oscuros negocios a costi-llas del culto guadalupano y porque ha si-do un fracaso como pastor. ¡No convoca fieles! A sus misas dominicales en cate-dral irán unas 200 personas, la mitad son los guardias de seguridad que llegan con sus familias. Sus misas no despiertan ni siquiera la curiosidad de los turistas que deambulan por el Zócalo, mucho menos el fervor de los fieles.

“Otro de los factores que influye para que el Papa no venga a la Ciudad de Méxi-co son las movilizaciones de repudio a las que podría quedar expuesto. Grupos femi-nistas, organizaciones a favor de la diversi-dad sexual o indignados por la pederastia sacerdotal pueden fácilmente manifestar-se en el Distrito Federal. Benedicto XVI ha sido muy cuestionado en sus viajes por los países europeos. El Vaticano no quiere que esto se repita en México.”

–¿Entonces no es la altura de la ciudad lo que le afecta?

–Claro que no. Si realmente fuera la al-tura no estarían planeando un evento en el Cerro del Cubilete, que está a 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar. Tampoco lo

traerían en el caluroso mes de marzo, ni mucho menos lo llevarían después a la ar-diente primavera cubana.

El investigador insiste en que todo for-ma parte de “un pacto” para llevarle votos al PAN, en el que se incluye la publicitada misa guadalupana a la que asistirá Calde-rón, programada para este domingo 18 en la Basílica de Guadalupe.

“Fervoroso católico”

El jueves 15 Hugo Valdemar, vocero de la ar-quidiócesis de México, informó que la Pre-sidencia de la República ya les había confir-mado la asistencia de Calderón a misa.

“El presidente irá –dijo– en calidad de ‘ciudadano’ y de ‘creyente católico’, lo cual no tiene nada de extraño, pues es un fer-voroso católico que semanalmente asiste a misa dominical, a las parroquias de San Agustín o San Ignacio, en Polanco.”

Por su parte, Roberto Velázquez Nieto, investigador del Archivo Secreto Vaticano y especialista en las relaciones entre México y la Santa Sede, expone:

“Como candidato presidencial, en 2006, Calderón prometió a los obispos que traba-jaría para que se permitiera la educación religiosa en las escuelas públicas. Y como presidente, en alianza con la Iglesia, im-pugnó la despenalización del aborto y la legalización del matrimonio gay en el Dis-trito Federal.”

–¿Cómo se dio la invitación de Calde-rón para que el Papa venga a México?

–En realidad, desde hace más de cua-tro años el presidente viene invitando a Benedicto XVI. En junio de 2007, duran-te un viaje al Vaticano, Calderón se reunió con el Papa y lo invitó por primera vez a México. La segunda invitación se la hizo en enero de 2009, durante el Encuentro Mundial de las Familias que se realizó en la Ciudad de México. La tercera y última invitación fue el pasado 1 de mayo, duran-te la beatificación de Juan Pablo II en Ro-ma, a la que asistió Calderón.

–¿Qué características diplomáticas y protocolarias tendrá la visita?

–Bueno, Benedicto XVI vendrá en cali-dad de jefe de Estado y como tal será reci-bido por Calderón. Quizás él lo reciba per-sonalmente en el aeropuerto al momento de su llegada, o bien, puede ser la canciller Patricia Espinosa. Después, el presidente y el Papa tendrán uno o dos encuentros de carácter privado. Así es como se estila.

–¿Por qué escogería el Papa 2012 para venir a México?

–Quizá porque se cumplen 20 años de haberse reanudado las relaciones entre México y la Santa Sede... Pero también de-be tomarse en cuenta que es un año electo-ral, muy decisivo para el país y con muchos intereses en juego. Eso no puede pasarse por alto.

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Calderón, Zavala y Rivera. Cabildeo eclesiástico

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rra contra el narco, según el autor, se fun-da en valores religiosos.

Otra de las razones sociales registra-das por el matrimonio Orozco es Operación Bendición México (OBM), especie de fran-quicia de un organismo con sede en Virgi-nia, Estados Unidos, que participa ya en el programa CIJ Contigo, en el Distrito Federal.

OBM fue fundada apenas el pasado ju-lio de 2010 y su presidente, según el acta constitutiva, es Alejandro Orozco.

La Dirección General Adjunta de Ope-ración y Patronatos de los Centros de Inte-gración Juvenil (CIJ) estableció comunica-ción desde el 3 de marzo de 2011 con una representante de OBM identificada como Angélica Espinosa.

“La solicitud expresa de OBM hacia CIJ, es que se permitiera llevar a cabo con pa-cientes en recuperación, talleres de ofi-cios dirigidos por profesores de Cecati, brindando capacitación y herramientas que favorezcan la reinserción social y la-boral de los niños y/o adolescentes en tra-tamiento, buscando promover una mejor calidad de vida.

“Al existir coincidencias entre CIJ y OBM en la edad de la población objetivo, así co-mo en favorecer su rehabilitación, reinser-ción familiar, social, escolar y laboral, se consideró pilotear un taller con una dura-ción de tres meses, en una unidad opera-tiva, para realizar la evaluación correspon-diente y considerar el beneficio que pudiera tener para los pacientes”, respondió la insti-tución a una solicitud de información.

Los vulnerables

La atención a grupos vulnerables es una de las especialidades de los dirigentes de CSR, pues además de la rehabilitación de adicciones y el Inapam incursionaron en la atención a víctimas de trata. De hecho Rosa María de la Garza fue la impulsora de la legislación en la materia, como presi-denta de la comisión respectiva en la Cá-mara de Diputados.

De la Garza cuenta con la Fundación Camino a Casa –cuya acta constitutiva es-tablece que fue creada el 5 de noviembre de 2005– que se ha enfocado en la atención a mujeres víctimas de trata y violencia.

Las condiciones en que se generó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Perso-nas atiende al activismo de la diputada Ro-sa María de la Garza –quien se hace llamar Rosi Orozco–, a quien no se conocía hasta hace poco tiempo en los círculos de activis-mo a favor de mujeres víctimas.

Los tentáculos de la secta no sólo la mantienen presente en la Campaña Co-razón Azul contra la trata, sino que la di-rectora de la Fundación, Patricia Prado Hernández, participa hasta como jurado en certámenes, como el convocado por el Consejo Nacional de Población en noviem-

bre de 2010: Las personas no se venden ¡Ponte vivo! Cuídate de la trata.

Alejandro Orozco y la mencionada Fundación han sido favorecidos con cua-tro inmuebles por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) que a una solicitud de información se limitó a dar los números de expedien-te, así como los nombres de los benefi-ciarios, pero alegando que, por ser bienes asegurados, no podía proporcionar el do-micilio ni el avalúo correspondiente a ca-da propiedad por motivos de seguridad.

Una de las casas fue asignada a Alejan-dro Lucas Orozco Rubio según el expedien-te DEBI/DP-CU/PM069/07; otras tres fue-ron para la Fundación Camino a Casa, de acuerdo con los expedientes DG/DEBI/CU/PF/048/09 y terminaciones 140/09 y 141/09.

De acuerdo con el acta constitutiva de la Fundación, Orozco fungía como presi-dente. Por lo tanto ya era funcionario fe-deral en el DIF cuando el SAE le entregó a título particular y a la Fundación los in-muebles mencionados, en tanto su actual subalterno, Carlos Rivera Olivares, fue de-signado directivo de la Fundación y tam-bién era funcionario federal.

Bendecidos por el gobierno

En el DIF Orozco fue director de Atención a Grupos Vulnerables entre enero de 2007 y febrero de 2009, cuando fue designado ti-tular del Inapam. Actualmente, en ese or-ganismo, el subdirector jurídico y uno de sus principales operadores es Carlos Rive-ra Olivares.

Rivera es el apoderado de Audio y Vi-deo Sobre la Roca S.A. de C.V., la razón social por la que se operan las librerías cristianas Visión. Por lo tanto además de subordinado es socio empresarial de Ale-jandro Orozco. También es directivo de

la Fundación Camino a Casa, de OBM y de otra asociación, denominada Genera-ción con Valores. De acuerdo con su ac-ta constitutiva, esta última, registrada en 2009, tiene por objeto “establecer y difun-dir principios y valores éticos, morales y espirituales”.

En el DIF una de las subalternas de Orozco era Claudia Yolanda Calatayud Ca-no, quien fungió como subdirectora de En-lace entre el DIF y la Sedesol y también es accionista de Audio y Video sobre la Roca.

Otro colaborador de Orozco fue Ofir Er-nesto González Chávez, socio de la Funda-ción Camino a Casa además de accionista de la sociedad civil Sembrando, cuyos so-cios mayoritarios son los Orozco.

Luego de ser el segundo al mando de Orozco en el DIF, González se desempe-ñó hasta agosto pasado como director de Administración y Finanzas de la Adminis-tradora del Patrimonio de la Beneficencia Pública, organismo del que el director ge-neral es otro miembro de CSR, Ulises An-tonio de la Garza Valdés, cuñado de Oroz-co y exoficial mayor del DIF.

En la Secretaría de Hacienda –de la que depende el SAE– fue funcionario has-ta marzo pasado Patricio Enrique Caso Prado, quien ahora se desempeña como coordinador general jurídico y consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Y es socio de Rosa María de la Garza en Dicel-cris, empresa dedicada a vender equipos de comunicación.

En los ochenta Alejandro Orozco y su es-posa eran vendedores de seguros. De acuer-do con una escritura pública registrada en 1984 ambos figuran como accionistas de De la Garza, Orozco y Chávez, Agentes de Segu-ros S.A. En 1988 constituyeron Orozco Rubio y Asociados S.C. Los movimientos registra-les se extienden hasta 2002.

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Relaciones públicas “sobre la roca”

POLÍTICA / RELIGIÓN

en áreas estratégicas de la administración pública federal.

La expansión de CSR y del matrimonio Orozco-De la Garza no sería posibles sin su cercanía con el presidente Felipe Calderón y con su esposa, Margarita Zavala, quienes desde 2006 han hecho patente su relación a partir de actos de campaña primero, y el otorgamiento de cargos en la administra-ción federal, después.

El presidente de la agrupación política nacional Encuentro Social, Hugo Éric Flo-res Cervantes, quien presentó a los Oroz-co con los Calderón, afirma que la relación surgió a partir del acercamiento de pas-tores evangélicos durante la campaña del michoacano.

En entrevista con Proceso, Flores Cer-vantes sostiene que conoció a Calderón en la Universidad de Harvard cuando ambos realizaban estudios de posgrado. Se reen-contraron en México en 2006, cuando En-cuentro Social firmó un acuerdo de apoyo al PAN.

Flores Cervantes afirma que esa alian-za fue conseguida por el panista César Na-va. En ese tiempo el entrevistado asistía como un feligrés más a CSR, donde su pas-tor, Alejandro Orozco, le pidió que lo inte-grara a sus actividades políticas.

“Sin dudarlo, pues se trataba de nuestro guía espiritual, lo llevé a las reuniones has-ta que conoció a Felipe y Margarita. Realiza-mos como 80 eventos en el país; a algunos asistió Felipe, a otros Margarita. Sin darme cuenta Alejandro y Rosi integraron su pro-pia agenda y organizaban eventos al mar-gen de nuestra agrupación”, recuerda.

Como parte del acuerdo signado por el PAN, Encuentro Social obtuvo cuatro su-plencias de diputados y dos de senadores: Flores es suplente de la senadora María Te-resa Ortuño Gurza, y Orozco es suplente de César Leal. Ya en el poder, el primero fue designado oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-marnat), y el segundo, jefe de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables del DIF.

Un año después la relación se frac-turó. Flores fue acusado de diversas irre-gularidades (imputaciones que, afirma, ya venció con amparos) y fue inhabilita-do por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Afirma que el titular de la Semar-nat, Juan Rafael Elvira Quesada, estaba en desacuerdo con su designación por lo que se confabuló con el entonces ti-tular de la SFP, Germán Martínez Cáza-res, para sacarlo de la dependencia y del gobierno. Asegura que, como parte de la sujeción que debía a su pastor, obede-ció la instrucción de Alejandro Orozco de no defenderse, lo que complicó su situación.

“Para los cristianos, la voz del pas-tor es poderosa. Las recomendaciones de Alejandro me dejaron en la indefen-

titucional, financiera o de cualquier índo-le. La SSP y la PGR declararon inexistente la información pero la Policía Federal (PF) admitió haber comprado libros a la razón social Capacitación Sobre la Roca A.C.

De acuerdo con su escritura pública, Capacitación Sobre la Roca fue creada en octubre de 2005 estableciendo como obje-to “la realización de estudios socioeconó-micos de las distintas comunidades en los que los problemas sociales y económicos tengan mayor incidencia” (sic).

Aunque el monto de la compra es ape-nas de 185 mil 300 pesos, el destino que se le dio a los materiales es relevante: se le encargó, con la participación de capacita-dores gratuitos de la asociación, la forma-ción de nuevos mandos policiacos.

En septiembre de 2008 la PF hizo el pe-dido de servicio a Capacitación Sobre la Roca, consistente en el uso de derechos de autor y reproducción de los materiales di-dácticos titulados Carácter, Visión, Coraje y Liderazgo; es decir el programa conocido como Misión Carácter.

En el pedido SSP/PFP/PDA/006/2008 se estableció que dichos materiales servirían para impartir la materia “una policía con valores” a quienes cursaron la especialidad en “alta dirección para formar mandos su-periores de la policía”, impartida en el Cen-tro de Formación Policial en San Luis Potosí.

Actualmente, a las reuniones sema-nales de CSR acuden mandos medios de

la PF además de funcionarios públicos que están integrados en dos grupos: Centuriones y Fuerzas Armadas (Proceso 1799).

La editorial Grijalbo acaba de poner en circulación el libro La cruzada de Cal-derón. Su autor, Rodolfo Montes, reve-la ahí que fue Alejandro Orozco quien diseñó los contenidos que se llevan en los centros de rehabilitación Nueva Vi-da, el único programa de tratamiento de adicciones creado por el gobierno de Calderón –financiados con los recursos incautados a Zhenli Ye Gon–, cuya gue-

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Flores Cervantes. Ruptura y caída

sión durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que estaba solo, que no me es-taba apoyando, y entonces rompí e inicié mi defensa jurídica, que ya gané. Las acu-saciones eran absurdas”, sostiene.

El despliegue

Las aproximaciones de la CSR al ámbito gubernamental comenzaron en 2004. Con otra razón social –Coordinadora de Servi-cios de Apoyo a la Familia A.C.– los Orozco capacitaron a personal de las secretarías de Gobernación y del Trabajo en el Semi-nario de Alto Nivel en Cabildeo, en no-viembre de ese año.

Pero la incidencia de los Orozco y CSR en las políticas públicas relacionadas con temas de seguridad y de control de adic-ciones ha ido avanzando en la actual ad-ministración federal.

Un ejemplo es una de sus organizacio-nes: Misión Carácter. No está en los regis-tros públicos y en su sitio de internet pre-sume como sus clientes a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, al Siste-ma Penitenciario Federal, a la Procuradu-ría General de la República (PGR) y a varios gobiernos estatales, sin identificar cuáles.

Con solicitudes de información se pi-dió a esas dependencias que dijeran si esa marca o las empresas y organizaciones controladas por el matrimonio Orozco-De la Garza tenían algún tipo de relación ins-

Margarita Zavala con De la Garza

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ECONOMÍA

Finalmente Barona desistió en la úl-tima semana de noviembre, luego del mandato del juez Consuelo de que se investigara la validez de los documentos que había presentado para restructurar Mexicana.

Actualmente hay tres grupos interesa-dos en la adquisición de la aerolínea, pe-ro sus nombres se mantienen en estricta confidencialidad ante las dificultades que se han presentado e incluso las presuntas amenazas y advertencias que otros em-presarios recibieron para que no invirtie-ran en la compañía.

El ahora exsecretario del Trabajo, Ja-vier Lozano, mantuvo una posición a fa-vor de la quiebra de Mexicana. Apenas el pasado 17 de noviembre les sugirió a los trabajadores que valoraran la pertinencia de ser liquidados antes de que los activos de la aerolínea se sigan depreciando:

“La peor de las sorpresas que se pue-den llevar es que se generen expectativas de que lleguen los recursos, pero, como ha sucedido con anteriores inversionistas, el capital no se presente”, les dijo.

“Aunque no le guste al juez Felipe Consuelo, eventualmente tendría que de-clarar una quiebra de Mexicana”, afirmó Lozano, de acuerdo con el despacho infor-mativo de la agencia Notimex.

Favoritismo a otras compañías

Mexicana se ha sumado a la lista de compañías aéreas que suspendieron ac-tividades este sexenio: Avolar, Aviacsa, Ae-rocalifornia, Alma y Azteca. En contraste, las más beneficiadas con la desaparición

de la competencia han sido Aeroméxico, Interjet y Volaris.

Hay un plan para favorecer a estas tres y se demuestra en un convenio firmado el 27 de octubre de 2005 entre la SCT y los representantes de los grupos aeroportua-rios del Sureste (Asur), del Pacífico (GAP) y del Centro Norte (GACN) para otorgar “in-centivos” que beneficiaran a las dos líneas aéreas que operaban desde el aeropuerto internacional de Toluca: Interjet y Volaris.

El documento, cuya copia obtuvo Proceso, detalla cómo el gobierno fede-ral obligó a estos grupos a cobrar 50% menos en las cuotas por aterrizaje, es-tacionamiento, pasillos, seguridad y mostradores en viajes desde y hacia To-luca, subsidiando así los vuelos de Inter-jet y Volaris desde esa terminal.

La justificación fue “desconcentrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en apoyo al Programa para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País y al Programa de Impulso al Crecimiento de la Aviación Troncal y Regional que lleva a ca-bo el gobierno federal”.

El mismo convenio establece subsi-dios fiscales en servicios de radiocomu-nicación que otorgan los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexi-cano, así como en cuotas a servicios de combustible.

A raíz de la salida de Aviacsa y de Mexi-cana del mercado aeronáutico, Volaris, Interjet y Aeroméxico (especialmente su línea de “bajo costo”, Aeroméxico Connect) han sido las más beneficiadas con nuevas rutas y mayor presencia en el AICM.

Todo indica que al gobierno no le interesa que Mexicana de Aviación vuelva a volar. Más bien parece que lo quie-re evitar a toda costa. La serie de obstáculos que se le han puesto al salvamento de la que fue la principal línea aérea del país tiene trasfondo: un plan para que Aero-méxico, Interjet y Volaris llenen el hueco que deja aqué-lla. El problema es que en la rebatiña por el mercado, los beneficiados acaban siendo las aerolíneas y los capita-les extranjeros... incluso disfrazados de mexicanos.

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Mexicana de Aviación:

la quiebraplaneada

JENARO VILLAMIL

A más de 15 meses de que Mexi-cana de Aviación suspendiera sus vuelos –el 28 de agosto de 2010–, tras el desfile de 29 po-sibles compradores y el intento frustrado de tres grupos (PC Ca-

pital, Med Atlántica e Iván Barona) por ad-quirir la principal compañía nacional en este ramo, los grandes beneficiarios son los inversionistas extranjeros que están detrás de Aeroméxico, Volaris e Interjet y que pretenden quedarse con 30% del mer-cado que tenía la empresa que el grupo de Gastón Azcárraga dejó en la insolvencia.

Por otra parte, los más afectados por la ausencia de Mexicana son los consu-midores, quienes se han enfrentado a un incremento real de 40% de los precios del boletaje –según estudio del Tecnológico de Monterrey– y los trabajadores de los tres sindicatos que han buscado salvar sus fuentes de empleo y su participación accionaria de 5% en la compañía, ante el riesgo de que el 10 de febrero de 2012 la empresa se declare en quiebra y no pueda volver a volar.

Informes de la compañía revelan que Mexicana de Aviación está lista para vo-lar desde noviembre de este año, ya que en el proceso de concurso mercantil y sa-neamiento ha disminuido de 17 mil a 4 mil millones de pesos sus pasivos: con sus acreedores ha renegociado deudas de 10 mil a 700 millones de pesos, el pasivo labo-ral ha bajado a 971 millones de pesos, con el gobierno federal ha disminuido a mil 200 millones de pesos y sus gastos operati-vos están en 829 millones de pesos.

“La empresa está lista para volar. Mexi-

cana tiene mucho más valor ahora que antes. Hemos llegado a un acuerdo labo-ral con ASPA (el sindicato de pilotos) para disminuir en 65% el costo laboral, somos la tercera marca mexicana más conocida en el mundo, pero las autoridades han ido retrasando el proceso”, sintetiza Adolfo Crespo, director de Comunicación Corpo-rativa de Mexicana.

Por su parte, el juez Felipe Consuelo Soto, responsable del juicio por concurso mercantil, ha insistido públicamente en la falta de voluntad política del gobierno de Felipe Calderón para evitar que la lí-nea se declare en quiebra y deje de ope-rar definitivamente.

“Al tratarse de una empresa bandera de la aviación, con su importancia y to-do lo que tiene para iniciar el arranque, el gobierno podría dar otras facilidades a los inversionistas y a los propios tra-bajadores, esquemas de inversión que después de reactivada la empresa pueda ir recuperando”, declaró el magistrado, juez decimoprimero de Distrito en Mate-ria Civil del Distrito Federal, a la agencia CNN-Expansión.

“En estos 15 meses, de todo lo que ge-neraba Mexicana, como impulso a la eco-nomía y divisas, se ha perdido mucho”, reiteró Consuelo Soto, quien tuvo graves diferencias con las autoridades de las secretarías de Comunicaciones y Trans-portes (SCT) y del Trabajo ante el episo-dio reciente del intento de compra de Iván Barona, empresario minero, último interesado públicamente en adquirir la empresa apoyado por Med Atlántica, del español Christian Cadenas.

Calderón y Azcárraga. Por la bancarrota

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1833 / 18 DE DICIEMBRE DE 2011 35

Pero paradójicamente la flota de avio-nes comerciales disminuyó (pasó de 287 en julio de 2010 a 180 en marzo de 2011), el servicio se degradó, el precio real del bo-leto subió y las aerolíneas estadunidenses ocuparon el segmento de mercado que an-tes tenía Mexicana en vuelos al extranjero.

En septiembre de 2010, a unos días de la suspensión de los servicios de Mexi-cana (que tenía 28% del mercado) Grupo Aeroméxico incrementó su participación en 12 puntos porcentuales (46.5%), Inter-jet incrementó nueve puntos al pasar de 13 a 22% de la cuota total del mercado y Volaris ganó 5.5 puntos al subir de 12.5 a 18%, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT.

En su informe estadístico comparati-vo de octubre de 2010 a octubre de 2011, la DGAC revela que el mayor crecimiento en pasajeros transportados en vuelos na-cionales fue de Interjet: pasó de 330 mil a 546 mil (25% del mercado nacional), Aero-méxico disminuyó ligeramente de 930 mil a 887 mil (mantiene una cuota de 41%) y Volaris pasó de 327 mil a 399 mil (18% del total). Otra línea, Vivaaerobús, subió de 203 mil a 237 mil pasajeros (11%).

Por el contrario, las compañías es-tadunidenses y centroamericanas se beneficiaron con la salida de Mexicana, que antes de suspender sus operaciones transportaba más del doble de pasajeros al extranjero que Aeroméxico. Mexicana tenía 20% y Aeroméxico 10% del total.

Entre octubre de 2010 y el mismo mes de 2011 las dos empresas mexicanas que transportaban pasajeros en vuelos inter-

nacionales (Aeroméxico y Volaris) dismi-nuyeron de 5.6 a 3.9 millones de personas. En contraste, las aerolíneas extranjeras subieron de 14.9 millones a 17.1 millones. Es decir, 2.2 millones de pasajeros en vue-los internacionales fueron ganados por compañías extranjeras.

Las aerolíneas estadunidenses fue-ron las más beneficiadas con el volumen de pasajeros transportados al extranjero desde México: pasaron de 11 a 12.3 mi-llones entre 2010 y 2011. Las de Canadá aumentaron de 1.2 a 1.6 millones y las de Centro y Sudamérica pasaron de 998 mil a 1.4 millones, de acuerdo con datos de la DGAC al 31 de octubre de 2011.

La cuota de 20% que tenía Mexicana en el número de vuelos y pasajeros al ex-tranjero benefició sobre todo a las estadu-nidenses United Airlines y a Continental Airlines.

Más capital extranjero

El artículo 7 de la Ley de Inversión Extran-jera establece un tope máximo de 25% de la tenencia accionaria foránea en las compañías aéreas mexicanas. Pero en Ae-roméxico y Volaris este tope se ha violado para beneficiar a fondos de inversión ex-tranjeros, principalmente estadunidenses y centro y sudamericanos.

Al 1 de noviembre de 2011, en Aero-méxico 44.7% de la tenencia accionaria está en manos de Telecomunicaciones Holding Mx, una subsidiaria de Citigroup, accionista mayoritario de Banamex. Citi-group incrementó su participación bajo

la figura de “inversión extranjera neutra” autorizada por la Secretaría de Hacienda desde mayo de 2002.

Los otros 15 consejeros propietarios mexicanos en Aeroméxico tienen una participación mínima y pulverizada: Ban-co Inbursa, de Carlos Slim, tiene 4.98% a través del fideicomiso 1542; los pilotos po-seen 4%; Valentín Díez Morodo, del Grupo Modelo, posee 3.18%, igual porcentaje que Juan Francisco Beckman Vidal, propieta-rio del Grupo Cuervo; Fernando Canales Clariond y sus parientes Marcelo, Susana y María del Consuelo Canales tienen cada uno 1.99%; Eduardo Tricio Haro, princi-pal accionista de Grupo Lala, cuenta con 1.29%, y María Asunción Aramburuzabala –la “mujer más rica” del país– y su herma-na Lucrecia tienen poco más de 2%.

María Asunción Aramburuzabala, del Grupo Modelo, fue una de las 29 inver-sionistas que mostró interés en adquirir Mexicana de Aviación, pero finalmente desistió. Al parecer fueron las presiones y obstáculos oficiales que desinteresaron a la también exaccionista de Grupo Televisa.

El caso de Grupo Volaris, empresa creada y dirigida por Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda durante el sexenio salinista, también apunta a una mayor participación accionaria foránea, a pesar del tope.

En julio de 2010 los grupos Televisa e Inbursa vendieron las participaciones de 25% que cada uno tenía en la aerolínea, a un grupo de inversionistas que se unió al fondo de inversión extranjera Indigo Part-ners, presidido por Bill Franke, exdirector y presidente de American West Airlines. Esta firma tiene participación en la línea estadunidense Spirit Airlines, en Tiger de Singapur, en la rusa Avianova y en la hún-gara Wizz Air.

Volaris nació en 2005 con una inver-sión de 100 millones de dólares en el Fon-do Protego-Discovery, donde participaron tanto Aspe (a través del fondo Discovery Ameritas), como Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim, así como la compañía aérea salvadoreña Taca, que se fusionó con la colombiana Avianca. Estos grupos mantie-nen su participación accionaria en Volaris.

A finales de enero de 2011 el director general de Interjet, José Luis Garza, de-nunció ante la SCT que la inversión forá-nea en Volaris, Aeroméxico y Vivaaerobús (donde hay fondos de Ryan Air) violan el tope de 25% establecido en la Ley de In-versión Extranjera.

Paradójicamente unas semanas antes Miguel Alemán Magnani, hijo de Miguel Alemán Velasco, había declarado que In-terjet también evaluaba la posibilidad de una mayor participación de accionistas estadunidenses en la compañía de bajo costo, que se ha convertido en la segunda más importante del mercado nacional. G

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Originaria del municipio de Nicolás Romero, González Vargas cuenta que la tragedia de los viveristas se remonta a marzo de 2007, cuando fueron presenta-dos con el secretario general de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, quien los ca-nalizó con funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios (SOS), en ese enton-ces encabezada por Jorge Arganiz.

“Ellos (el gobierno del Distrito Fede-ral) tenían un problema porque nadie les quería fiar y necesitaban decorar aveni-da Reforma, del Caballito hasta la Fuen-te de Petróleos, para lo de Miss Universo”, promovido en mayo de ese año por la entonces titular de Turismo local, Alejan-dra Barrales, quien hoy aspira a suceder a Ebrard, relata González Vargas.

Era la primera vez que los productores organizados con González Vargas entra-ban en tratos con una entidad federativa. En sus 20 años de existencia Jardinería González había suministrado insumos a constructoras de unidades habitacionales como Grupo Demet, Came y Profusa; de autopistas como Grupo México y recien-temente con la española OHL, y renovado espacios de entretenimiento como el Hi-pódromo de las Américas.

“El licenciado Ávila nos mandó con José Luis Teherán, quien era titular de la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU). Con él firmamos varios contratos con el gobierno capitalino; luego hicimos tratos con José Luis Pérez Castañeda, que era director de Limpia e Imagen Urbana (DLIU), y aunque tarde pero nos pagaban; nosotros no nos quejábamos en principio, confiábamos en ellos, y convencíamos a nuestra gente a que aguantara que lo to-mara como inversión”, dice.

En octubre de 2007, esa empresa se encargó de la decorar avenida Reforma para un evento de automóviles de Fórmu-la Uno. Para noviembre del año siguiente, González Vargas firmó el contrato 042 por adjudicación directa para colocar miles de plantas y flores en “diferentes puntos de la red vial principal” de la ciudad.

El monto del contrato: 25 millones 982 mil 550 pesos, según la copia del docu-

mento obtenido por Proceso. El escrito es-tá firmado por el subdirector de Recursos Materiales de la SOS, José Luis Teherán Intriago, designado por el gobierno capi-talino para esas actividades desde el 5 de diciembre de 2006; por Rubén González Herrera, y por el responsable de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Percy Cancino Balcázar.

Funcionario oficioso

Julio López González, productor de Jardi-nería González, asegura que los funciona-rios del Distrito Federal no tenían hora ni lugar preciso para la entrega de los sumi-nistros. Recuerda también que una noche tuvieron que acudir con 200 mil plantas para rehabilitar el parque Río de Janeiro en la colonia Roma.

“Nos enteramos que ese día la escri-tora Guadalupe Loaeza se quejó por el descuido en el que encontraba el parque. Teherán los llamó de inmediato para que lleváramos las plantas. La entrega fue fir-mada por personal del DGSU; fueron ellos los que las sembraron”, dice.

El 20 de noviembre de 2008 Guadalu-pe Loaeza publicó en Reforma una “Carta Abierta” dirigida al entonces delegado en Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria, en la que mencionaba el estado de abando-no del parque Río de Janeiro. Cinco días después Loaeza publicó otro artículo, ti-tulado “¡¡¡Gracias!!!”, en agradecimiento a Teherán.

Pese a que el pago del primer contrato no fue cubierto, los campesinos de Jardi-nería González aceptaron seguir surtien-do plantas y flores al gobierno capitalino. Julio López González, productor de la em-presa, dice a Proceso que los funcionarios capitalinos se comprometieron a pagar y solicitaron más encargos.

La deuda siguió aumentando, dice, y exhibe 121 vales que el gobierno capitali-no le dio como comprobante y que ascien-den a 72 millones 126 mil pesos.

En cuanto al primer contrato, los funcionarios aseguraron que en cuanto la Secretaría de Finanzas liberara los re-

cursos presupuestados pagarían la duda. Incluso se organizaron mesas de trabajo para revisar cada comprobante de en-trega de materiales, así como el monto acumulado hasta octubre de 2009, ya con Fernando Aboitiz como titular de la SOS, acota el viverista Reyes Roa, negociador de la deuda.

“Él nos dijo que tenía instrucciones de Marcelo Ebrard de saldar la cuenta pen-diente; pero nos pidió que le echáramos la mano con la temporada de muertos. In-cluso nos encargó flores de cempasúchil, además de malvones rojos y verdes para el Bicentenario”, expone Roa.

Tras el cotejo de documentos, el 14 de octubre de 2009 funcionarios de las di-recciones General de Servicios Urbanos y de Limpia e Imagen Urbana, de la SOS, firmaron un acta administrativa de reco-nocimiento de trabajos y prestación de servicios para el gobierno del Distrito Fe-deral por conducto de la Dirección Gene-ral de Servicios Urbanos, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios.

En ella admitieron su deuda de más de 72 millones de pesos, así como su in-capacidad para saldarla a causa, decían, de los recortes presupuestales. El docu-mento lo firmaron José Pérez Castañe-da, Raúl Rocha Velásquez, subdirector de Limpieza Urbana y Mantenimiento de Áreas Verdes, Raymundo Galicia Mendo-

LA CAPITAL / F INANZAS

Cuando la fundación neoyorquina City Mayors lo deno-minó “alcalde del año” en mayo último por su gestión en pro del medio ambiente, Marcelo Ebrard tenía una deuda de mil 500 millones de pesos con propietarios de viveros de diversas entidades. Y la sigue teniendo pues se niega a pagar lo que debe a los campesinos que han abastecido a la capital de plantas de ornato.

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GLORIA LETICIA DÍAZ

Aun cuando la City Mayors Funda-tion de Nueva York lo denominó en mayo pasado “Alcalde del año” por ser “activo promotor en asun-tos de materia ambiental”, Marce-lo Ebrard acumula una deuda por

98 millones de pesos a los productores del campo que le permitieron reverdecer la Ciu-dad de México y colocarla como “la número uno entre 834 ciudades del mundo”, según lo reconoció él mismo al recibir el premio.

Ebrard comenzó a endeudarse con 350 viveristas del Estado de México, Morelos, Michoacán y Tabasco que desde 2007 han abastecido a su administración de plantas de ornato para playas artificiales, pistas de hie-lo, parques, avenidas y actos públicos. Hoy, sus acreedores están en la bancarrota.

Los principales afectados son los flori-cultores, a quienes el gobierno capitalino les debía hasta mayo pasado mil 500 millones de pesos, según el líder de la Confederación Pa-tronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México, Juan de Dios Barba, citado el 14 de mayo por Reforma.

Ahora, son varios los terrenos de cultivo abandonados, así como los viveros sin abo-nar. En el caso de la empresa Jardinería Gon-zález, sus instalaciones lucen descuidadas, con plantas muertas en medio de terrenos áridos a causa de los acuerdos no cumplidos por Ebrard con esa compañía, fundada hace 20 años y registrada en el padrón de provee-dores del gobierno capitalino.

El 13 de octubre de 2011, los campesinos de esa firma interpusieron una demanda an-te el Juzgado 61 de lo Civil para exigir el pa-go de 98 millones 108 mil 772 pesos que les adeuda la administración capitalina.

“El jefe de gobierno Marcelo Ebrard sabe lo que estamos pasando; nos hemos reuni-do cuatro veces, unas en sus oficinas de la calle Cuernavaca (en la colonia Condesa). La última fue en mayo, en una exposición de jardinería en el Centro Banamex. Esa vez el licenciado Ebrard llegó a mi stand y me di-jo que se pondría en contacto conmigo para pagarnos. Fue muy amable; hasta me dio mi beso y dijo que estaba muy apenado”, co-menta Amelia González Vargas, cabeza visi-ble de la empresa.

Las deudas del

“alcaldedel año”

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LA CAPITAL / TRABAJO

La afirmación es categórica: en la capital de la República no existe una política jurídico laboral pro-gresista que vele por los intere-ses de los trabajadores. Aquí, 90% de los contratos colectivos de tra-

ROSALÍA VERGARA

El DF,

Con base en el análisis de las más recientes reformas en la normatividad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que echaron por tierra cualquier posibili-dad de sindicalismo independiente, dos especialistas en derecho laboral llegan a la conclusión de que en el Distrito Federal no hay una política progresista en la materia. Es más: consideran que ahí los conflictos se resuelven siempre en favor de los patrones. En otras palabras, las conquistas laborales quedaron sepultadas en el corazón de la República.

bajo –más de cien mil– registrados ante la Jun-ta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) son de protección; es decir que son pacta-dos en secreto por los líderes sindicales y los empresarios.

panteónde las conquistas laborales

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El colmo, afirman los laboralistas Ar-turo Alcalde Justiniani y Alfonso Bouzas Ortiz, es que un gobierno presuntamente de izquierda –el del PRD– haya aprobado un conjunto de criterios que hacen impo-sible el ejercicio del derecho de asociación y de contratación colectiva. “Se condena a

los trabajadores y traba-jadoras de la Ciudad de México a vivir sometidos a los sindicatos que deci-da el patrón”, manifiestan en entrevista con Proceso.

El decreto antisindi-cal –llamado “boletín de criterios” y aprobado por la JLCA el pasado 25 de octubre– generó un gran malestar entre las organi-zaciones sindicales demo-cráticas, ya que impone requisitos que no podrán cumplir los trabajadores que deseen tener un sindi-cato real o un contrato co-lectivo verdadero. Se trata

de 330 nuevos requisitos, pero “en realidad son más de 300 obstáculos que impiden los derechos colectivos en nuestra ciudad”, añaden los entrevistados.

DF. En construcción, sin garantías

Alcalde. Condena al GDF

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za, y los jefes de departamento Raymun-do Galicia y Martín López.

Los funcionarios arguyeron también que “la obra pública, adquisición de insu-mos y contratación de servicios no pue-den suspenderse, ya que son necesarios para la prestación de los servicios urba-nos elementales”; por ello, añadieron, “se estimó viable la contratación de los tra-bajos consistentes en la adquisición de (plantas) ornamentales, asignándosele a la C. González Vargas Amelia”.

Asimismo, asentaron que la depen-dencia había solicitado los trabajos de emergencia para cumplir con el Programa General de Desarrollo 2007-2012, en cu-yo eje 6 se destaca que el combate a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) representa “la oportunidad para po-sicionar internacionalmente a la Ciudad de México como un factor de peso en el cumplimiento de las metas del milenio”.

Un acuerdo no cumplido

El 18 de febrero de 2010, meses después de la firma del acuerdo en el que el gobier-no capitalino admitió su deuda, los cam-pesinos viveristas entregaron la factura a nombre del Gobierno del Distrito Federal/SOS/DGSU.

Para el 20 de mayo siguiente, el en-

cargado de la Dirección Ejecutiva de Ad-ministración de la misma secretaría, José Cruz Rosales, dirigió un escrito a Amelia González en el que, aun cuando reconoce el adeudo de más de 72 millones de pesos, advierte que “actualmente no se cuenta con disponibilidad presupuestal”.

Sin embargo, en la contestación a la demanda presentada por los viveristas ante el Juzgado 61 de lo Civil, el gobierno capitalino considera aquélla como “infun-dada e improcedente”. La respuesta, fir-mada por el director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, León Ja-vier Martínez Sánchez, refiere que no pro-cede el pago del contrato 042 porque de una revisión realizada por la Contraloría General del Distrito Federal en 2009 “se detectaron irregularidades por un monto de 24 millones 465 mil 591 pesos”.

La base de esa afirmación, según el go-bierno capitalino, es el cotejo del contrato con la visita a los sitios donde se coloca-rían las plantas, a raíz de la cual se detectó que las especies señaladas no correspon-den a lo contratado por el gobierno capi-talino; es decir, la empresa demandante “no cumplió con las especificaciones”.

En cuanto a los más de 72 millones de deuda acumulada y reconocida en octu-bre de 2009 por Pérez Castañeda y otros funcionarios, el gobierno capitalino dice

que el documento “no fue suscrito por personas que contaran con facultades pa-ra suscribirlo, por lo que carece de valor probatorio para demostrar el pretendido adeudo por parte del Distrito Federal”, y al no existir contrato tampoco hay obliga-ción de pago.

En la respuesta a la demanda con nú-mero de expediente 1279/2011, el repre-sentante de la administración capitalina cita una investigación realizada por la Co-misión de Derechos Humanos del Distrito Federal que dio por concluida la denuncia de las personas representadas por Amelia González.

Según el documento, no existen “elementos suficientes para acreditar la violación a derechos humanos”, con-clusión que el gobierno capitalino inter-preta como suficiente para que el juez 61 absuelva a aquél “de las prestaciones reclamadas”.

A su vez, el Amelia González entregó al juzgado un documento el viernes 2 en el que notifica que los cambios de espe-cies correspondientes al contrato 042 es-tán sustentados en 12 oficios que forman parte del expediente, al tiempo que cues-tiona que después de tres años de exigir el pago del adeudo “es hasta ahora que resulta que no era lo que se había contra-tado y que como no le gustó (al gobierno capitalino), no lo paga”.

El martes 6, en la primera audiencia conciliatoria, al Tribunal Superior de Jus-ticia llegaron decenas de campesinos en espera de que el gobierno capitalino reco-nociera su falta y se comprometiera a pa-gar. Sin embargo, la Consejería Jurídica sólo cumplió con el requisito administrativo de enviar a un representante para firmar el ac-ta, pero sin capacidad de negociación.

Los acreedores se inconformaron y realizaron un plantón en el Zócalo capita-lino. Al día siguiente acudieron a una cita con el secretario Fernando Aboitiz, quien, según Reyes Roa, los trató de manera “gro-sera y déspota”.

Al final, Aboitiz le dijo a los viveristas que como habían decidido recurrir a una demanda judicial para recuperar su dine-ro, se les iba a pagar “hasta que lo diga el juez”.

Amalia González dice que tuvo que vender su parque vehicular, estimado en 7.5 millones de pesos, para mantener a flote su negocio en todo este tiempo.

“Yo sólo soy la representante. Detrás de mi hay 350 productores, que pueden ser miles de personas si consideramos que cada productor representa por lo menos a una familia de cinco a 10 miem-bros; hay gente que ya se enfermó de diabetes, gente que se fue de mojada a Estados Unidos o que ya no tiene ni qué vender para comer”.

Viveristas en bancarrota

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Los “ganones”

Alfonso Bouzas Ortiz –recientemente pre-miado por la UNAM como investigador en el área social– elaboró el informe Evalua-ción de la contratación colectiva, mecanismo de estabilidad institucional de las relaciones labo-rales, conflictividad individual en el trabajo y la forma institucional de resolverla en el Distrito Federal, donde concluyó que no hay una política laboral que realmente proteja a los trabajadores en la capital del país y que la JLCA fue irresponsable al aprobar los nue-vos criterios.

“La secretaria de Conflictos fue la que estuvo manipulando a los gobiernos perredistas y si continúa y nos descuida-mos, va a ser la próxima presidenta de la JLCA”, expresa.

El estudio de Bouzas –elaborado con información de la JLCA (obtenida en su pá-gina de internet), de la Secretaría del Tra-bajo, del IMSS y del INEGI– establece que en ninguna de las juntas de conciliación del país, incluyendo la del DF, hay un crite-rio de agrupación de los sindicatos y de la firma de los contratos.

“Precisamente en la contratación colec-tiva local es donde se presenta con mayor frecuencia la simulación contractual, los contratos colectivos de protección patro-nal, los liderazgos sindicales desvincu-lados totalmente de los trabajadores, la firma de contratos colectivos de machote, las liquidaciones de trabajadores contra su voluntad y sin respetar el monto que por ley debiera pagarse, convirtiéndose así los tribunales del trabajo en escenarios artís-ticos en los que presenciamos desde farsas hasta tragedias, con un personaje principal y reiteradamente victimado: el trabajador como actor individual y como actor colec-tivo y actor secundario, no por ello menos dañado, el empleador”, apunta.

“La información aportada por la JLCA en su página de internet va de septiembre de 2001 a 2010, pero los datos ya publica-dos cambiaron en 2009 a partir de la reno-vación de la dirigencia de la junta. Todo el trabajo que se había alcanzado de 2001 a 2008 se ve truncado, obliga a recomponer las bases y genera incertidumbre sobre lo posible de alcanzar”, indica.

Al analizar cada año por separado, Bou-zas encontró que un solo sindicato maneja una variedad de contratos, pues algunos firman o revisan más de cien por año; otros sólo uno.

En conclusión, los sindicatos fueron au-torizados por el gobierno para disputarse entre ellos la titularidad de la contratación colectiva “para despedazarse y hacer todo lo posible para imponerse frente a sus ad-versarios en la conquista de la titularidad contractual; la contradicción trabajo-capi-tal fue cambiada de lugar y ahora se da en-tre representaciones sindicales. Es posible

incluso pensar que las propias organizacio-nes sindicales no surgieron con la preten-sión por parte de los trabajadores del radio de acción que tienen establecido y que el juego del poder se los estableció.

“En el Distrito Federal los sindicatos son agencias de contratación más que representantes de los intereses de los tra-bajadores y éstos se encuentran a signi-ficativa distancia de las que debieran ser sus organizaciones y expresión del ejerci-cio de su derecho de asociación para la de-fensa de sus intereses. Por lo tanto dejan de jugar el importante papel que pueden llegar a jugar en las relaciones trabajo-ca-pital al sobreponerse los intereses de las direcciones sindicales a los intereses de los trabajadores”, destaca el informe.

DF en construcción

En años recientes ha aumentado conside-rablemente el número de obras de infraes-tructura contratadas por el gobierno del DF y la cantidad de permisos para edificación de vivienda entregados por las autoridades delegacionales se han multiplicado. Preci-samente el de la construcción es el sector donde se presentan las peores condiciones de trabajo, señala Bouzas en su trabajo.

Hay “evidencias de esclavitud y priva una absoluta simulación de la contratación colectiva. Es un sector en el que, respecto a contratos por obra determinada, al inicio de los trabajos se compra ‘la placa de una or-ganización sindical’ lo que implica firmar el contrato colectivo y se coloca en la obra sin importar el número de trabajadores y menos sus nombres, con la pretensión de que no emplace otra organización sindical por la fir-ma de contrato colectivo”, acusa.

Otro sector en el que las direcciones sindicales se comportan como mafias –al decir del especialista– es el de los traba-jadores al servicio de bares, restaurantes,

hoteles, moteles, giros artísticos, cabarets y semejantes. Alrededor de 20 organiza-ciones sindicales detentan todos los con-tratos colectivos de este sector.

Bouzas, quien durante 10 años ha in-vestigado la contratación colectiva en el Distrito Federal, llega a la conclusión de que las principales empresas comerciales –“por todos conocidas”– no realizan revi-siones o éstas siguen siendo “secreto de estado al grado de que son omitidas de la información que se publica y por ello pen-samos que tienen contratos firmados años atrás y sin movimiento”.

“De la lectura de los nombres de las empresas que celebraron contratos co-lectivos de trabajo en las anualidades 2009 y 2010 apreciamos importante presencia de empresas terciarizadoras, outsourcing y de servicios secundarios.

“El total de trabajadores que alcanza-ron empleo por la firma de nuevo contrato colectivo asciende a 18 mil para 2009, año en que contrataron colectivamente según datos de la junta 68 mil trabajadores y pa-ra 2010, 11 mil, dando un total de 58 mil trabajadores.

“Por cuanto a presencia de los sindica-tos apreciamos en los cuadros de sindicatos nacionales con mayor representación de trabajadores en 2009 que 60 representacio-nes sindicales establecieron las condiciones de trabajo para 34 mil trabajadores y para 2010, 60 representaciones sindicales esta-blecieron las condiciones de trabajo para 35 mil trabajadores”, indica el documento.

“En los mismos términos la jurisdic-ción local expresa una evidente concen-tración de la representación en tanto que 17 sindicatos concentran 622 de los con-tratos colectivos celebrados en esa anuali-dad y para 2010 son 13 las organizaciones sindicales que concentran a la mayoría de contratos colectivos con un número de 543 contratos”.

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LA CAPITAL / TRABAJO

Vuelta a la esclavitud

Varios laboralistas señalan que los au-tores intelectuales de dicho decreto son Tomás Natividad, de la Coparmex, y Gua-dalupe Guerrero, secretaria general de asuntos colectivos de la JLCA y quien –se-gún el personal de esa dependencia con-sultado y que pidió el anonimato– es la “mandamás” de la Junta desde hace mu-chos años, sin importar quién aparezca como presidente de la misma. En esta oca-sión es Ramón Montaño Cuadra.

Diversas organizaciones sindicales de-mocráticas, entre ellas el Sindicato de Tele-fonistas, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Auténtico del Trabajo, los sindica-tos de la Universidad Iberoamericana, del Montepío, de la Red de Transporte Público y otros interpusieron amparos ante diver-sos jueces de distrito denunciando el de-creto de la JLCA por violar la Constitución y convenios internacionales, pero sobre todo porque deja a los trabajadores de la Ciudad de México en estado de indefensión.

De las centrales obreras oficiales la única que se sumó a la protesta fue la Con-federación Regional Obrera Mexicana. El resto de las centrales, entre ellas la CROC y la CTM, han guardado silencio pues, afir-man los entrevistados, sus líderes viven de los contratos de protección patronal que les asignan los abogados empresaria-les. Uno de los líderes sindicales entrevis-tados manifestó: “Para qué protestamos si a nosotros no nos ponen los trabajadores; con quien debemos estar bien es con los empresarios”.

Este problema hizo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emi-tiera un punto de acuerdo para echar aba-jo los cambios a 330 modificaciones a las reglas de la junta y realizara el jueves 8 el foro “Los alcances del decreto antisindical de la JLCA-DF” que, denuncian abogados y especialistas, afectan a la democracia y a la libertad sindicales. Día a día crecen las condenas, entre otras razones porque se ha demostrado que el decreto reproduce

las mismas propuestas del PAN en su pro-yecto de ley laboral para impedir el sindi-calismo libre y autónomo.

Durante la celebración del foro aca-démicos, laboralistas y sindicalistas co-incidieron en que se trata del golpe más duro que se ha dado a la democracia y a la libertad sindical en los últimos tiempos y que, de consolidarse, servirá de ejemplo a otros estados.

Acordaron un plan de movilizaciones que incluirá denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Organización Internacional del Trabajo.

El abogado Manuel Fuentes denunció en el foro que el decreto antisindical de la JLCA viola la Constitución porque no cumplió con el trámite legislativo que debe hacer-se antes de cualquier cambio a una norma jurídica, sino que fue una simple consigna interna que se dio en una sesión del pleno que duró sólo 13 minutos, a pesar de que el documento tiene más de cuarenta páginas a reglón seguido; en él –dijo Fuentes– están

los 330 obstáculos al derecho de asociación y de contratación colectiva.

También planteó que es violatorio a los principios más elementales conteni-dos en la ley, en los convenios de derechos humanos y particularmente, al Convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT.

Arturo Alcalde Justiniani detalló cómo estos obstáculos cierran las dos únicas vías con las que cuentan los trabajado-res para acceder a un sindicato auténtico: el emplazamiento a huelga por firma de contrato y la posibilidad de quitar al sin-dicato impuesto por el patrón a través del juicio de titularidad contractual.

“El conjunto de normas aprobadas por el pleno de la Junta ahoga estas dos posi-bilidades al exigirle a los trabajadores el cumplimiento de requisitos imposibles de atender, como condición previa para ad-mitir cualquier demanda”, apuntó.

Entre los nuevos requisitos se exige que se informe previamente los nombres y categorías de los trabajadores incon-formes que buscan un contrato colectivo auténtico o un cambio de sindicato, acre-ditar la firma de cada uno y dejar cons-tancia escrita de su autorización expresa para tal fin. Además deberán exhibir do-cumentos cuya existencia depende de la empresa, como recibos de nómina firma-dos, credenciales con fotografía y sello y constancia de alta en el régimen de segu-ridad social.

Son requisitos absurdos, agrega Al-calde, “porque se convierten en una lista negra que permite al patrón despedir a los inconformes, razón por la cual ningún trabajador se va a animar a esta aventura que le exige la Junta como condición pre-via a que su demanda sea admitida”.

También subrayó que en el Distrito Fe-deral, sobre todo en la pequeña y mediana empresas, la mayoría de los trabajadores tienen una relación laboral informal. Pre-cisamente por eso buscan organizarse en sindicatos reales.

“Es absurdo que se les pidan docu-mentos de los que carecen. Con ello se acredita que la verdadera intención del decreto es blindar los contratos colectivos de protección patronal para convertir a la Ciudad de México en el cementerio de-finitivo de los derechos colectivos de los trabajadores, como no existe en ninguna parte del mundo.

“Si las autoridades logran su objetivo, no quedaría más alternativa a los traba-jadores que la lucha clandestina en sus centros de trabajo. Nada más contrario a una plataforma progresista defensora de la libertad y la democracia en el mundo del trabajo; sería dejar sin esperanza a los trabajadores de la construcción, de la lim-pieza, de los servicios y a quienes viven indefensos en los centros comerciales y en los edificios escondidos de la ciudad.”

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Bouzas. Análisis sindicato por sindicato

Montaño. Presidente de ornato

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Aprendiz

la ampliación de consumo en territorio mexicano. El agujero que Felipe Calderón encontró en la pared crece y la plaga den-tro de él también.

Y por ello, por primera vez en lo que va del sexenio, en las encuestas los mexi-canos colocan la inseguridad por encima de los temas económicos. Según el estu-dio más reciente llevado a cabo por Buen-día y Laredo, 56% de la población piensa que el país es menos seguro debido a la estrategia gubernamental y 42% cree que narcotraficantes están ganando, 89% de la población tiene poca o ninguna confianza en la policía local y 75% tiene poca o nin-guna confianza en la policía federal.

Es en este contexto que Felipe Calde-rón pronuncia un controvertido discur-so en el cual advierte que las contiendas electorales podrían ser una nueva veta para los empresarios del crimen. Sugiere que pretenden corromper a las institu-ciones e infiltrar las elecciones. Augura la simbiosis del Estado criminal y el Estado constitucional. Pero si el presidente hace esos pronunciamientos como parte de una lógica electoral, que busca desacredi-tar al PRI, el esfuerzo se le revierte. Señala con el dedo índice a quienes ensuciaron el cuarto, cavaron el hoyo, protegieron a las cucarachas y son responsables de su presencia. Pero el señalamiento presiden-cial es también una admisión de derrota. Calderón se erigió a sí mismo en cazador de cucarachas, y al final de su sexenio to-do indica que ha sido responsable de su multiplicación.

N A R A N J O

ANÁLISIS

S egún Felipe Calderón, lleva el sexe-nio cazando cucarachas. Como lo dijo en un discurso reciente, la labor de su gobierno vis a vis el crimen organizado ha sido como entrar “a una casa desco-nocida, una casa nueva, y (…) ver por ahí cucarachas corriendo por un rincón y me-tiéndose por un agujero en la pared y al levantar el tapiz o la duela de esa pared, lo que se encuentra es que está infecta-do de esos animales y esas plagas”. En su propia percepción, el presidente ha pasa-do los últimos cinco años destapando el agujero, despegando el tapiz, quitando la duela. Reconstruyendo y saneando, dice. Pero al mismo tiempo afirma que el cri-men organizado ha permeado la política y contaminado los procesos electorales. El cazador de cucarachas admite que en lugar de eliminarlas, ha contribuido a su expansión.

Indicador tras indicador lo demues-tran. La estrategia de seguridad del go-bierno federal no está funcionando. Sus cuatro objetivos –fortalecer las institu-ciones de procuración de justicia, reducir el consumo, debilitar a las instituciones criminales y liberar espacios públicos del control criminal– no han sido alcanzados. Más aún, las últimas dos metas han ter-minado por ser incompatibles entre sí. Como lo demuestra un estudio reciente del especialista Eduardo Guerrero, aun-que el gobierno logra dividir a las organi-zaciones más grandes, un regreso al statu quo ante –con el predominio de dos cárte-les dominantes– es el resultado potencial

de la política federal. El esfuerzo de fumi-gación de cucarachas no las debilita; al contrario.

Un tema debatido es si existe una rela-ción causal entre la cruzada del gobierno contra el crimen –mediante el arresto de los principales capos– y la epidemia de inseguridad que asuela al país. Y según Eduardo Guerrero esa relación existe: en 78.5% de 28 casos seleccionados por su es-tudio, la violencia en determinada región aumenta cuando se aplasta la cabeza de la cucaracha que es líder allí. En vez de disminuir, la violencia suele escalar. Un buen número de acciones gubernamenta-les, incluyendo la confiscación de ciertas drogas, la erradicación de ciertos cultivos, el arresto de ciertos criminales, incre-menta la violencia a nivel municipal.

Por otro lado, el presidente presume el número de arrestos de criminales de alto perfil llevados a cabo en su administra-ción. Eso –argumenta– reduce la amenaza que el narcotráfico crea para la seguridad nacional. Según la visión calderonista, la fragmentación de los cárteles reduce su pe-ligrosidad. Pero no queda claro que el mer-cado trasnacional de estupefacientes hoy se encuentre menos concentrado que al principio del sexenio. Un solo gran grupo tiene el control hegemónico sobre cada una de las rutas principales: el cártel del Pacífico y Los Zetas. Claramente ambos constituyen una amenaza para la seguridad nacional pero –paradójicamente– su división podría exacerbar la violencia y el crimen en am-plias franjas del territorio mexicano.

Las operaciones conjuntas entre la Sedena, la Marina y la Policía Federal ofrecen un panorama igualmente preocu-pante. Durante 2007-2008, siete operacio-nes de este tipo fueron llevadas a cabo y los resultados no han sido positivos. El despliegue de fuerzas federales ayuda a las autoridades locales a eludir su res-ponsabilidad. Y peor aún: en términos de percepción pública, coloca toda la culpa sobre el aumento de la violencia sobre los hombros del gobierno federal. Aun en estados como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas –sitios donde se instrumen-taron operativos conjuntos– el PRI gana y retiene el poder, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal.

Quizás en reacción a una política cada vez más contraproducente, la estrategia de combate al narcotráfico ha experimen-tado un viraje en el último año. El objeti-vo parecería ser –según Guerrero– centrar menos la atención en la captura de los cabecillas y más en las organizaciones de alta peligrosidad. De allí que Los Zetas se hayan convertido en las cucarachas más perseguidas, más acosadas, más asedia-das. El equipo calderonista no ha admiti-do este reposicionamiento públicamente, porque entrañaría reconocer que el enfo-que anterior –atacar a todos los cárteles al mismo tiempo– había sido erróneo. A pesar de todo lo que el gobierno federal hace y dice, la producción y la comercia-lización de las drogas sigue aumentando, genera ganancias entre 19 mil y 29 mil mi-llones de dólares, y ya puede observarse

Cazador de cucarachas

D E N I S E D R E S S E R

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ANÁLISIS

L a descomposición institucional y social que ha marcado el sexenio de Felipe Cal-derón se agrava minuto a minuto. El artero asesinato de tres jóvenes normalistas por la fuerza pública en Guerrero, los estudiantes ultimados en Guadalajara, las acusaciones penales en contra del padre Solalinde, el ataque a Norma Andrade, la desaparición de los ecologistas de Guerrero y la andanada de asesinatos y amagos a la prensa y a los defensores de derechos humanos en todo el país, configuran un escalofriante escenario de intolerancia y persecución que recuerdan las peores épocas del autoritario régimen de partido de Estado.

La situación prevaleciente rebasa la simple ausencia de un Estado de derecho. Refleja el total desmoronamiento de las mínimas reglas de convivencia y de nego-ciación política y social. Desde el principio del actual sexenio ya se advertía que la verdadera causa de la violencia en el país no eran las disputas entre los narcotrafi-cantes, sino la debilidad institucional que genera un clima de impunidad y corrup-ción en donde literalmente todo se vale. Hoy la responsabilidad de los gobernantes y de la clase política entera en la masacre nacional es más evidente que nunca.

Durante los periodos electorales los ánimos se caldean y los grupos caciqui-les actúan sin rubor alguno. Hoy los sec-tores más retrógradas del PRI, como el figueroísmo en Guerrero, ya se frotan las manos al visualizar la posibilidad de re-conquistar el poder y volver a repartir el botín entre sus amigos. Pero en esta pelea corren el riesgo de terminar descarnando a la patria a tal grado que lo único que lo-grarán será un simple saco de huesos pa-ra distribuir entre los ganadores.

El actual proceso electoral será particu-larmente difícil porque el próximo 1 de julio no solamente se renovarán los poderes fe-derales sino también se celebrarán eleccio-nes en 15 entidades federativas, incluyendo siete donde se elegirá un nuevo goberna-dor o jefe de gobierno. Como nunca antes se mezclarán las peleas brutales entre ca-ciques locales típicas de los procesos elec-torales estatales con las luchas históricas entre los intereses fácticos y de clase que

caracterizan las elecciones presidenciales. El resultado puede ser una bomba de tiem-po sumamente peligrosa que ya empieza a manifestarse a lo largo y ancho del país.

La situación se agrava aún más cuan-do tomamos en cuenta que a nivel federal el barco ya se quedó sin timón. Si bien la ciudadanía de ninguna manera extrañará al rijoso y represor Javier Lozano, al inefi-caz y controvertido Salvador Vega Casillas o al lisonjero y obsequioso operador Ro-berto Gil, el presidente de la República sin duda sentirá su ausencia, ya que son de los pocos miembros de su equipo que se mantuvieron cercanos a él desde el princi-pio. Estas salidas junto con la renuncia de Ernesto Cordero y la muerte de Francisco Blake Mora dejan a Calderón totalmente carente de operadores políticos de primer nivel para llevar a buen puerto la nave na-cional durante el último año de su sexenio. El naufragio nacional pareciera inevitable.

Pero las consecuencias de este nau-fragio serían desastrosas para la nación entera y los ciudadanos no lo podemos permitir. Frente al caos, sin duda surgirán voces que prometen “orden y paz” a toda costa. Así, por primera vez desde la paci-

ficación de las fuerzas revolucionarias a principio del siglo XX, emergería el peligro real de la cancelación de las elecciones federales y la imposición de un golpe de Estado desde las cúpulas militares y con el respaldo de la jerarquía católica.

Tristemente, algunos líderes sociales, como nuestro distinguido y admirado cole-ga de la revista Proceso Javier Sicilia, abonan a la posibilidad de este macabro desenlace al sostener que “no hay condiciones para la celebración de las elecciones”. Ante la estrepitosa caída de las preferencias elec-torales para el Partido Acción Nacional, la cancelación de las elecciones caería como anillo al dedo a Calderón quien inmediata-mente aprovecharía para alargar su propio mandato y fortalecer aún más el poder de las fuerzas armadas y la Iglesia.

Ante este oscuro escenario, resulta alen-tador que finalmente la Cámara de Dipu-tados haya nombrado a los tres consejeros electorales faltantes del Instituto Federal Electoral (IFE). Sin embargo, este nombra-miento también nos retorna, para bien y para mal, unos 15 años atrás en la historia electo-ral del país. Para bien, porque el prestigio y el perfil profesional de los nuevos consejeros se asemejan al de los consejeros nombrados en 1996, quienes fueron los responsables de conducir la alternancia política del país. Para mal, porque en el nombramiento más reciente se violó olímpicamente el nuevo re-querimiento constitucional de realizar “una amplia consulta a la sociedad” como parte del proceso de selección.

De nuevo se impuso la lógica partidista por encima de la participación ciudadana en la selección de los nuevos consejeros. Asimismo, tal y como ocurrió en los pro-cesos de negociación en 2003 y 2008, el IFE de nuevo se queda carente de una visión verdaderamente progresista del derecho electoral y de la democracia ciudadana.

No es demasiado tarde para la acción ciudadana. El naufragio total todavía se puede evitar con una participación social masiva a favor de la paz y para rescatar nuestra dolida democracia.

www.johnackerman.blogspot.comTwitter: @JohnMAckerman

J O H N M . A C K E R M A N

El naufragio nacionalAlexis Herrera, Gabriel Echeverría y David Espíritu,

los mártires de Ayotzinapa, in memoriam.

H ay que celebrar que, en medio del dolor y la violencia, López Obrador haya cambiado su discurso y comien-ce a hablar de una “República amo-rosa”. Hay, sin embargo, primero, que matizar, para no caer en contradiccio-nes, y, segundo, mirar las condiciones del país en el que AMLO quiere fundar esa supuesta república, para evitar fal-sas ilusiones.

Una república puede ser virtuosa, pero nunca amorosa. Decir república y amor es un contrasentido. El amor es contrario al poder y en consecuen-cia no puede mandar ni mandarse, no puede normar ni normarse. Es, como lo mostró Cristo, un acto gratuito de libertad ajeno a cualquier institución. Quien ama no impone, no obliga, no ordena, no hace componendas utilita-rias, es pura gratuidad y don; es, inclu-so, impotente para remediar algo –el mismo Cristo, el rostro más claro del amor, no pudo evitar que lo asesina-ran, no construyó ningún reino perfec-to y ni siquiera pudo salvar a uno de sus mejores amigos, Judas.

Ciertamente, el amor posee en sí mismo todas las virtudes, pero las po-see de manera gratuita. Quien ama no se obliga a ser generoso, por ejemplo. Es simplemente generoso. De allí esa incomprendida frase de San Agustín: “Ama y haz lo que quieras”, porque el querer de quien ama es pura virtud. Si los seres humanos pudiéramos real-mente amar no necesitaríamos de nin-guna república, cuyo fundamento es el imperio de la ley mediante un gobierno que la custodia. Una república, por lo tanto, puede ser virtuosa, pero nunca amorosa. Debe –como lo muestran los “Fundamentos para una república amo-rosa” (La Jornada, 6 de diciembre), un burdo ensayo de moral republicana y no un fino tratado espiritual sobre el amor– ordenarse en función de la virtud, cuyo bien manda. Puede, incluso, mediante

las sanciones de la ley, obligar a que nos comportemos de manera ética, es decir, a imitar al amor –toda virtud imita al amor–. Lo que no puede es obligarnos a amar.

Habría, en este sentido –el de la mo-ral, y sólo en éste–, que congratularse por la propuesta de AMLO que toca, aunque sea desde la buena intención –hasta ahora muchos de sus actos no han res-pondido a la moral que predica–, el sen-tido medular de la vida social y política.

Sin embargo, dada la emergencia na-cional, sin el mínimo suelo para articular un gramo de ética pública, ¿es posible pensar que AMLO puede acercar al país a esa república moral? Lo dudo. AMLO no sólo piensa de manera confusa y tar-día –hasta hace unos meses su discurso era el del enfrentamiento–, sino también abstracta y, en consecuencia, ajena a la realidad del país. La fractura de las élites, de la que él mismo es parte, es tan extre-ma que no sólo ha generado una incapa-cidad en las mismas élites para construir una estrategia que acote la corrupción y el crimen, sino también para acordar una agenda común y un mapa de ruta que logre reducir drásticamente la vio-lencia. Sin esto no hay manera de articu-lar la más mínima de las repúblicas.

Esa fractura y esa incapacidad se pro-yectan ahora sobre un proceso electoral que, en medio de una violencia cada vez más atroz, con territorios balcanizados por el crimen, lo único que está haciendo es extender y hacer más hondo el terri-torio de la disputa y del dolor. Por ello, es absolutamente falso decir que los ciu-dadanos tenemos opciones políticas, y que la de AMLO es una de ellas. No sólo el crimen, la inseguridad y la impuni-dad nos marginan, sino también nues-tros supuestos representantes. En los últimos años lo único que han hecho es opacarnos y convertir la democracia en el negocio de sus partidos, de los medios de comunicación, de las corporaciones privadas y públicas, y de unas cuantas

figuras políticas que mantienen su hege-monía a costos muy altos.

Todo en la élite política va en sentido contrario a cualquier democracia. Destro-zaron el IFE, permitieron que parte de esa misma élite – sea del partido que sea– esté coludida con el crimen, han mantenido el 98% de impunidad y nos negaron –el pro-pio AMLO se opuso a ella– la reforma políti-ca que habría revitalizado la participación ciudadana y blindado el proceso electoral. Así, se han lanzado a unas elecciones ig-nominiosas cuyas pugnas, que aumentan la criminalidad y la ausencia del Estado, no nos conducirán a una república, sino a un callejón sin salida. El país que miran y en el que creen competir sólo existe en su imaginación. No es el de la gente que su-fre, sino el de una élite política fracturada que sólo busca llegar al poder para simular que gobierna administrando la desgracia. Han preferido continuar la guerra a prepa-rar una paz democrática y justa.

En esas condiciones, la “República amorosa” de AMLO no es sólo un despro-pósito. Ni siquiera camina hacia la ética de sus fundamentos. Sin un cambio en el corazón de los partidos, que se traduciría en una agenda común, sin una unidad nacional y una ruta clara que se dirija, junto con los ciudadanos, a reducir drás-ticamente la violencia y aumentar la justicia, el programa de AMLO –que llega tarde– es pura retórica, pura estrategia de poder, puro pragmatismo, un infierno, como el de los otros, empedrado de bue-nas intenciones partidistas.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-dos los zapatistas presos, derruir el Cost-co-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

¿Es posible una república amorosa?Para Tomás Calvillo; para los asesinados y desaparecidos del MPJD

J A V I E R S I C I L I A

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L a reunión Cumbre que tuvo lu-gar en Caracas para crear la Comu-nidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) se caracterizó por lo vehemente de su oratoria. Allí se expresaron los sentimientos más exaltados a favor de la unidad latinoamericana, se evocaron a los líderes del siglo XIX que abogaron por la solidaridad entre los países de la región, se prometió, ahora sí, el avance hacia la integración. Algunos aprovecharon también para celebrar la ausencia de Estados Unidos, según ellos el mayor enemigo de la región.

Detrás de tantas palabras, aso-maban los problemas: las percep-ciones distintas que cada uno tiene sobre la utilidad de la nueva organi-zación, los objetivos contradictorios, la ausencia de compromisos concre-tos. La Celac no tiene sede, no tiene secretariado, no tiene presupuesto, no tiene mecanismos de seguimien-to, no tiene un mandato claro. Es una sigla más entre las numerosas orga-nizaciones para la integración que vienen operando en América Latina desde hace más de 50 años.

La creación de la Celac merece una reflexión. En parte, porque representa un retroceso respecto a lo que ya existía; en parte, porque obliga a ver con ojo crítico lo que fue presentado como una de las piezas centrales de la política exterior del gobierno de Felipe Calderón. Baste recor-dar la pompa y los festejos que tuvieron lugar durante la reunión de la Celac cele-brada en Cancún en febrero del 2010. ¿Por qué un retroceso? y ¿por qué un fracaso?

Un primer problema para la Celac sur-ge del hecho que ésta incorpora a los paí-ses del Caribe inglés. En principio, es un paso positivo para tener diálogo con esa parte del continente con la que conviene

México y la integración de América Latina

fortalecer lazos. Sin embargo, otro debería ser el camino para lograrlo. El discurso pa-ra la integración latinoamericana ha teni-do siempre un fuerte acento en la cultura, la lengua y el pasado histórico común, lo que ahora pierde pertinencia. Por lo de-más, si ya era difícil llegar a acuerdos en el pasado, ahora lo será todavía más.

La segunda dificultad surge de la iden-tidad incierta de la nueva organización. Para algunos, al reproducir a la OEA, sin los Estados Unidos y Canadá, su moti-vación principal es la exclusión de esos países, en particular Estados Unidos. Pa-ra otros, uno de los retos es convivir con las organizaciones existentes incluyendo, desde luego, a la OEA.

La tercera dificultad, en mi opinión la más compleja, es que durante los últimos años se ha pro-fundizado la diversidad de proyectos económicos y políticos, así como de alianzas externas en América Lati-na. El tema de la seguridad lo ilustra bien. Si vemos la situación desde México o Centroamérica, domina-dos por la amenaza del narcotráfico, la vinculación con Estados Unidos se ha hecho más estrecha. Si vemos desde Venezuela o Brasil, con sus vi-siones particulares de las amenazas que pueden acecharlos, tales víncu-los se han debilitado; a cambio apa-recen alianzas extracontinentales interesantes: con Rusia e Irán en el caso del primero, con Francia y Chi-na en el caso del segundo.

Desde el punto de vista econó-mico, la situación también ha evolu-cionado notablemente con algunos países de la región fortaleciendo sus lazos con países asiáticos (Chi-na ya es el primer socio comercial de Brasil), otros construyendo inte-resantes acuerdos para fortalecer

relaciones entre los países de uno y otro lado del Pacífico, lo que, en opinión de al-gunos, podría llevar a una división entre la América Latina del Atlántico y la Amé-rica Latina del Pacífico.

Tales tendencias acentúan la subre-gionalización de América Latina, fenóme-no que señala cuál será la línea a seguir para los procesos de integración los próxi-mos años. El camino de éxito pasa por la subregionalización, no por la búsqueda infructuosa de todo un subcontinente que no tiene los elementos de cohesión para aspirar a una integración política o econó-mica de gran alcance.

Dados los razonamientos anteriores, cabe preguntarse qué llevó a México a ser el

ANÁLISIS

O L G A P E L L I C E R

Finalmente el PRI accedió a proponer sólo a uno de los tres candidatos a ocu-par las plazas de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, vacantes desde el 1 de noviem-bre de 2010. La posición del tricolor impe-día cualquier posibilidad de acuerdo entre las tres principales fracciones parlamen-tarias (Proceso 1823). Sin embargo, la fir-meza mostrada por las bancadas del PAN y el PRD lo obligó a ceder.

La designación de los tres nuevos con-sejeros el jueves 15, en el último día de se-siones del penúltimo periodo ordinario de la actual legislatura, es una buena noticia para el IFE, la democracia y el país, tan-to por la importancia de que el órgano de gobierno estuviera completo como por el perfil de los tres nuevos consejeros, todos con reconocido prestigio en sus activida-des profesionales.

Lamentablemente también permite constatar al menos tres hechos perjudi-ciales para la incipiente y débil democra-cia mexicana: el primero, que las cuotas partidistas para la designación de los in-tegrantes de los órganos de gobierno de los institutos electorales son cada día más evidentes; el segundo, la prevalencia de los acuerdos cupulares, y el tercero, la falta de compromiso de los diputados con las nor-mas que ellos mismos establecen.

Respecto al primer punto debe seña-larse que entre las nuevas designaciones, quien más evidencia la identidad partidis-ta es Sergio García Ramírez, prominente priista que estuvo a punto de ser candida-to presidencial del tricolor en la contienda de 1988; fue secretario general del CEN de su partido en el periodo 2000-2001, y en agosto de 2005 fue propuesto por los dos precandidatos tricolores (Arturo Montiel y Roberto Madrazo) para ocupar la presiden-cia de ese órgano, en sustitución de Ma-drazo. Esto sin considerar su participación en los gabinetes presidenciales durante los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Su prestigio como jurista es indiscutible –aunque no en materia electo-ral–, pero también su priismo.

Por lo que toca a la consejera María Marván Laborde, de acuerdo con la infor-

Cuando el PRI cedió

mación disponible, nunca ha militado en ningún partido político, pero su cercanía con la ideología panista es clara; la mues-tra más fehaciente de ello fue su participa-ción como secretaria técnica de la fracción panista en el Congreso de Jalisco, de 1998 a 1999.

En el caso de Lorenzo Córdova no se advierte ninguna filiación partidista, y su participación como secretario técnico en el Senado de la República en 2010-2011 se dio dentro de un grupo pluripartidista.

Es factible deducir que la negociación del PRI consistió en que se le permitiera ocu-par su posición con un prominente priista, a cambio de que el PAN y, particularmen-te, el PRD –partido al que evidentemente querían dejar fuera de la negociación– pro-pusieran personalidades no vinculadas orgánicamente con esos partidos. Así hoy el PRI tiene en el Consejo General del IFE a dos consejeros (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez) con reconocida militancia en su partido y uno (Marco Antonio Baños) con evidente vinculación. Mientras que en el caso de los otros consejeros se pueden percibir afinidades e identificaciones, no hay vínculos orgánicos con el PAN o el PRD.

Los coordinadores de las fracciones parlamentarias claramente despreciaron la ciudadanización del órgano máximo de dirección del IFE, entendida ésta como la ocupación de esos puestos con personas sin militancia partidista y sin vínculos orgánicos con cualquiera de las fuerzas políticas. En contrapartida apostaron por las cuotas partidistas, aunque los coor-dinadores de las tres principales fuerzas parlamentarias utilizaron esta vía de manera muy diversa: desde el absoluto y total descaro tricolor para proponer a un prominente militante hasta la propuesta perredista de un académico, cuya relación es a través del activismo de su padre (Ar-naldo Córdova) en torno a López Obrador.

Ante el fracaso del procedimiento ini-ciado en 2010 que involucraba la partici-pación de la Comisión de Gobernación, los coordinadores de los grupos parlamen-tarios decidieron centralizarlo todo en la Junta de Coordinación Política, lo cual en la práctica implicaba que lo único importan-

te era el acuerdo de los líderes de las siete fracciones. El resto de los legisladores, co-mo fue evidente en la votación, casi unáni-me, simplemente se plegó a los acuerdos cupulares; los únicos que dejaron constan-cia de su desacuerdo, con su abstención, fueron los siete diputados petistas cerca-nos a Andrés Manuel López Obrador. La disciplina fue casi absoluta.

Sin embargo, todavía más grave fue el franco y evidente desprecio por el res-peto a la legalidad demostrado por los responsables de emitir las normas, pues ignoraron la disposición establecida en los artículos 41 de la Constitución y el 110 del Código Federal de Instituciones y Procedi-mientos Electorales, de realizar una “am-plia consulta con la sociedad”; tampoco se apegaron a los lineamientos de la Ley Or-gánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala con preci-sión que el Pleno debía aprobar la emisión de una convocatoria y que la misma debía señalar los requisitos que deben cumplir los candidatos; los plazos de cada una de las etapas; el órgano o comisión de la Cá-mara responsable de cada una de ellas, y hasta de la realización de entrevistas. To-das estas disposiciones incorporadas en el marco legal en la reforma de 2007 se obvia-ron; el consenso de las cúpulas permitió a los legisladores violar flagrantemente la Constitución y la ley.

Los tres hechos atentan contra la letra de la ley y el espíritu que alentó la crea-ción de las nuevas instituciones de las que se ha dotado el Estado mexicano para tratar de avanzar en la construcción de la democracia.

Todavía es prematuro sacar conclusio-nes acerca de las implicaciones positivas y negativas derivadas de la designación de los tres nuevos consejeros electora-les. Lo único cierto al día de hoy es que el hecho no genera la certidumbre que requiere y merece el proceso de sucesión presidencial. Hay que brindarle, al nuevo Consejo, el beneficio de la duda y esperar a que con sus acciones y decisiones logre recuperar la confianza y credibilidad que la institución ha venido perdiendo desde noviembre de 2003.

J E S Ú S C A N T Ú

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ca de los medios, pero jamás en una ley de transparencia ni en cualquier otra.

Tercero. Ya instalados en el mundo al revés, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y el Congreso de esa enti-dad, de quienes hubiera podido esperar-se todo, han puesto el ejemplo de lo que sí debe hacerse en esta materia. El pa-sado 15 de diciembre se aprobó allá una reforma de gran calado a la ley de trans-parencia. Es un cambio de 180 grados de lo que había aprobado el gobierno de Mario Marín, pues permite que Puebla pase del cabús del tren de la transpa-rencia nacional al primer vagón. Y vaya que el cambio es notable: la ley esta-blece la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante, incluye a los partidos como sujetos obli-gados (además de todos los poderes del Estado, municipios y organismos autó-nomos, que en Puebla estaban fuera del escrutinio público), introduce un exce-lente apartado dedicado a la educación en materia de transparencia, y reduce al mínimo el costo de las copias, lo que ha limitado en Puebla el acceso a la in-formación, tan sólo por citar algunos de los avances. Debo confesar que jamás pensé escribir acerca de esto, pues ha-bía perdido la esperanza en la diputada local Josefina Buxadé, artífice esencial de la reforma. No esperaba nada del se-cretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, ni del de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña Kur-czyn, ni de la presidenta del DIF, Martha Érika Alonso, quien fue mi alumna de maestría. Celebro, por el bien de Pue-bla y del país, haberme equivocado en mis apreciaciones sobre ellos en este tema. Es obvio que tal reforma resulta importante para ese estado, pero cabe destacar que hoy tiene un valor circuns-tancial para el país en lo que supone poner un alto a la regresión latente con ejemplos replicables de que sí es posi-ble dar pasos en abono de las prácticas democráticas. Lamento sin embargo el regateo que, de buena o mala fe, han he-cho algunos grupos sociales respecto de los adelantos logrados, lo que paradóji-camente en lugar de facilitar los proce-sos de transición genera incentivos para no cambiar, en perjuicio de todos.

Evillanueva99@yahoo.comTwitter: @evillanuevamx Blog: ernestovillanueva.blogspot.com

Hace pocos días, en un hecho que po-dría ser bizantino y hasta hilarante si no fuera porque sucedió en México, el sacer-dote diocesano Alejandro Solalinde Guerra debió comparecer ante funcionarios del Ministerio Público Federal para responder a una insólita acusación en el marco del des-pilfarro procesal más burdo que hayamos visto en los últimos tiempos.

Resulta que, con diligencia súbita, al-gún celoso burócrata tomaba a pie jun-tillas la seguramente prolija pesquisa de algún otro agente del orden público y, ur-gido por hacer justicia “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga”, como se suele invocar en circunstancias tan serias, aparejó papeles y acusó al padre Solalinde de maltratar y abandonar a un migrante guatemalteco.

México es la patria de origen del mayor número de migrantes que viajan a Estados Unidos, la mayoría indocumentados. Los datos provenientes del vecino país indi-can que los mexicanos son casi un tercio del total de habitantes nacidos en el ex-tranjero que habitan la Unión Americana. La cifra oficial de detenidos allá por su si-tuación irregular superó el medio millón de personas el año pasado, de las cuales el 83% fueron mexicanas.

Por su parte, México absorbe cada año un gran número de migrantes (documenta-dos, indocumentados, refugiados y víctimas de tráfico). En la literatura especializada y en los informes internacionales México es el país de origen, destino y tránsito de migran-tes tal vez más prominente del planeta y presenta uno de los panoramas migratorios más complejos del mundo. Pero también en la historia de América Latina México ha sido un generoso país de asilo para el resto de las naciones de la gran patria.

Por todas estas razones y circunstan-cias históricas, no es exageración decir que aquí está el epicentro global de todos los desafíos que implica el abordaje con-temporáneo de la migración.

A su manera y ciertamente sin buscarlo, el padre Solalinde ha devenido en símbolo de cientos de otros actores que, de forma sencilla y práctica, han marcado un eje fun-damental del tenso debate político sobre este tema, que es el aspecto humanitario.

Absurdo judicial

México aún no logra diseñar e imple-mentar una política enfocada a reducir los riesgos de las y los migrantes indocu-mentados en tránsito, y no está de más traer a colación que, durante su última visita al país, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Hu-manos de los Migrantes se declaró “con-mocionado” por los crecientes abusos contra migrantes, especialmente contra los de origen centroamericano, e hizo no-tar que el empleo de fuerzas militares en el manejo de flujos migratorios está pro-hibido por la legislación federal y la ley internacional.

El riesgo de secuestro para los migran-tes en territorio mexicano es por demás preocupante; basta una revisión a los infor-mes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pa-ra encontrar la abrumadora cifra de más de 18 mil migrantes que se reportan como víctimas de ese delito, así como de extor-sión, tortura, desaparición y muerte. Es una realidad cotidiana que al parecer sólo nos abofetea cuando las cifras se disparan. De hecho la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-nos, la señora Navi Pillay, tuvo ese sinsabor precisamente cuando se encontraba en Puerto Vallarta asistiendo al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo el año pasa-do, mientras que el país se cimbraba ante la noticia del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas.

Dentro de tal contexto, lo importante es validar y respaldar pública e insisten-temente las tareas humanitarias que de-sarrollan las organizaciones mexicanas e internacionales de ayuda a los migrantes en México y fuera de México. Estoy con-vencido de que tras la reunión que habrían sostenido el padre Solalinde y la procura-dora general de República, Marisela Mora-les, a solicitud de ella, podremos dejar de lado esa práctica tan común en América Latina de acusar a los pájaros de disparar-les a las escopetas.

*Representante en México de la Alta Comisio-nada de las Naciones Unidas para los Dere-chos Humanos.

J A V I E R H E R N Á N D E Z V A L E N C I A *

ANÁLISIS

El dilema de la transparencia

Con mi admiración al maestro don Sergio García Ramírez

E n México coexisten varias co-rrientes de opinión entre los tomado-res de decisiones. Unas privilegian la apertura informativa y la rendición de cuentas y otras trabajan exactamente en sentido inverso. El derecho funda-mental a saber, aunque esté ya previsto en el artículo sexto de la Constitución, atraviesa por un viacrucis que obliga a no bajar la guardia, al seguimiento permanente de lo que pasa en el país. Hay ahora un saldo tortuoso y digno de una amplia reflexión, incluso hasta psiquiátrica. Veamos por qué.

Primero. El 23 de junio de este año el Congreso de Veracruz echó por la borda un encomiable ejercicio de par-ticipación ciudadana sin precedente en el país en materia de elaboración de una normativa de transparencia. Entre otras cosas lamentables, eliminó la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante pa-ra los sujetos obligados. Esta reforma presentada por el diputado priista Fla-vino Ríos Alvarado fue aprobada por unanimidad y publicada en la Gaceta Oficial el 5 de julio pasado. Lo anterior ha dado pie a que el derecho a saber en ese estado pase de tener una auto-pista de cuatro carriles a un camino de terracería sin mantenimiento. En Jalis-co, una de las joyas de la corona por su bien estructurada ley de transparen-cia, el absurdo hizo rehén a su clase política. Se ha abrogado; es decir, se dejó sin efectos en su totalidad la ley y sin justificación alguna para crear una nueva con avances aparentes, pero con restricciones reales. En secreto, el 8 de diciembre pasado, el Congreso de Jalisco aprobó una nueva ley de trans-parencia que, entre otras restricciones, confunde la gimnasia con la magnesia. El artículo 106 de la ley aprobada esta-blece como delito ¡“difundir o publicar información pública clasificada como

confidencial, sin la autorización corres-pondiente”! La sanción consiste en multa hasta de 50 mil pesos y cárcel. En todo ca-so, las sanciones deben aplicarse a los ser-vidores públicos encargados de custodiar la información clasificada si se quisiera ir más allá de las sanciones ya existentes en las leyes. Esta disposición es anticonstitu-cional al establecer la censura previa y re-gular la libertad de expresión, asunto que le es ajeno a la legislación de transparen-cia. El propio presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Jorge Gutiérrez Reyna-ga, con la sensibilidad que no tuvieron los legisladores jaliscienses, ha salido al paso para hacer público su desacuerdo con esa medida. Ahora habrá que hacer un frente común para combatirla por la vía judicial.

Segundo. En un dictamen presentado por la comisión de información pública y protección de datos personales del Congre-so de Tlaxcala, en días pasados se clarificó la falta de definitividad de las resoluciones del órgano garante y, al igual que en Jalisco, se pretende legislar la libertad de expre-sión. De plano, los diputados tlaxcaltecas incurren en humor involuntario al dictar cátedra de periodismo. En efecto, el artí-culo 47 dice: “Los medios de comunicación y periodistas, en general, deberán ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información de manera responsable, rea-lizando artículos periodísticos de carácter completo, veraz, adecuadamente investi-gados y contrastados con las fuentes que sean convenientes y oportunas, de manera que se respete no sólo el derecho a la in-formación del ciudadano, sino también del derecho al debido proceso que debe regir en toda causa pública contra un funciona-rio público, así como también al respeto a la honra y al buen nombre de las personas probablemente implicadas en una investi-gación periodística”. En última instancia, estos aspectos, que en términos generales comparto, deben estar en un código de éti-

E R N E S T O V I L L A N U E V A

gran impulsor de la Celac cuando al hacer-lo sacrificó una “joya de la corona” de la po-lítica exterior mexicana, como fue durante muchos años el Grupo de Río. La respuesta tiene dos vertientes, una relacionada con reiterar la identidad latinoamericana y otra con la rivalidad mexicano-brasileña.

Un problema serio para México, país de indudable raigambre cultural latinoame-ricana, es el hecho que desde la firma del TLCAN los países sudamericanos, en parti-cular Brasil, lo han percibido y tratado co-mo un país “perteneciente al norte”, poco significativo para los procesos de integra-ción que se han puesto en marcha desde el Cono Sur. Uno de los casos más emble-máticos es Unasur, mecanismo de concer-tación política y económica inspirado por Brasil, al que México no fue invitado.

En ese contexto, la Celac representó la posibilidad de avivar el regionalismo lati-noamericano y caribeño en su conjunto, subrayando la presencia de México en la región. Celebrar la reunión en Cancún sir-vió para esos fines.

Desgraciadamente, una ocurrencia, como fue la Celac, no hace las veces de un proyecto bien estructurado para reposi-cionar a México en América Latina. Para ello se requieren al menos tres condicio-nes: tener una presencia más consistente en su vecindario inmediato, es decir Cen-troamérica y el Caribe hispano; llevar a cabo una identificación muy cuidadosa de socios estratégicos en Sudamérica, como Brasil, Chile y Colombia; establecer una agenda bien definida para que, con el apo-yo de los recursos humanos y financieros necesarios, se lleven a cabo acciones que den a México influencia y respeto en esas áreas. Lo último no ha ocurrido. Con tales omisiones, ser sede de una reunión con objetivos inciertos no es el mejor camino para desempeñar un papel relevante en el futuro de América Latina.

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de los pasajes de avión y los viáticos. Pe-ro todos dudan de que una visita familiar se repita.

El contacto de sus familiares se limi-ta a periódicas llamadas telefónicas con uno de los abogados de la defensa, Kit-son Foong, y a la constante corresponden-cia, especialmente las cartas enviadas por los hijos de los hermanos: dos varones de Luis Alfonso, una niña de José Regino y dos hijos más de Simón. Los abogados de la defensa reconocen que las misivas de los pequeños, repletas de colores, ple-garias y buenos deseos, empujan a luchar todavía más por estas vidas.

–¿Cómo se encuentran? –les pregun-tó Proceso en el único instante en el que la policía les permitió mirar al público du-rante la sesión.

–Estamos bien... –dijo Simón–Sí, animados, gracias –completó José

Regino En ese momento sus abogados les ofre-

cieron un consuelo muy menor: hambur-guesas y papas fritas que rompieron la mo-notonía del arroz y curry en que se basa su dieta carcelaria desde hace más de tres años. Luis Alfonso, Simón y José Regino, es-posados uno al otro, agradecieron humil-des el presente. Sonreían con una mueca casi infantil, de verdadera ilusión.

No hubo tiempo para nada más. Había que volver a las celdas. “Hemos perdido una batalla, pero creemos que vamos a ganar la guerra”, aseguró el abogado Foong.

Inconsistencias

La pesadilla de los hermanos González Vi-llarreal se inició el 4 de marzo de 2008. El expediente judicial dice que a las 3:15 de la tarde de ese día la policía malaya rea-lizó una redada en la fábrica de IPL Pac-kaging Industries, una empresa de emba-lajes situada en el distrito fabril de Johor Baru, al sur de Malasia, cerca de la fronte-ra con Singapur y una zona de gran trán-sito de todo tipo de mercancías.

Durante la redada la policía encon-tró en ese lugar a cinco personas: el mala-yo Lee Boon Siah, de 47 años; el singapu-rés Lim Hung Wang, de 54 años, y los tres hermanos González Villarreal: Luis Alfon-so (de 43 años), Simón (de 36) y José Regi-no (de 33).

La policía sostuvo que los cinco es-tán implicados en una red de narcotráfico porque hallaron restos de droga en los al-macenes, en los materiales de la fábrica y también en algunas ropas de los detenidos.

El informe oficial señala que se confis-caron 29 kilos 460 gramos de metanfeta-mina, que en el mercado hubieran alcan-zado un precio cercano a 14 millones de dólares.

La defensa señala que la presencia de los tres hermanos en el lugar fue casual.

Insisten en que su arresto tuvo lugar en el patio de la fábrica, sin que se haya podido demostrar que llegaron a pisar el interior del inmueble.

El abogado Foong explica a Proceso que existen discrepancias entre la lista del pri-mer informe pericial de la policía y las prue-bas que se presentaron ante el tribunal.

Así, un tercio de la droga incautada desapareció misteriosamente de los al-macenes policiacos. Además, señala que en el tribunal aparecieron sustancias ba-se y utensilios para fabricar droga que no constaban en el primer informe de la po-licía. Incluso, detalló que en este último las características de las sustancias (color, forma y composición química) eran dis-tintas a las presentadas en el tribunal.

De inicio los hermanos contrataron los servicios de un abogado malayo de nom-bre Chat Lee, oscuro expolicía que se retiró en 2009 luego de que la justicia de Malasia descubrió que realizaba actos de corrup-ción con los casos que litigaba.

En 2010 el caso fue asumido por el ac-tual equipo de abogados, formado por Kitson Foong, Ahmad Zaidi y Kamarul Hisham, quienes prestan sus servicios de forma gratuita. Sostienen que tomaron el caso debido a lo que consideran un abuso de autoridad, tanto de la policía como del sistema judicial de este país.

En la vista del miércoles 14, los tres jueces federales desecharon en 10 minu-tos el argumento de la defensa. La conclu-sión de los magistrados fue rotunda: nada de apelaciones hasta que exista el vere-dicto final. Justificaron: de aceptar este precedente se abre la puerta a un “tsuna-mi” de quejas de la misma naturaleza que colapsarían el sistema judicial.

“Estamos muy contrariados, no nos han querido escuchar”, lamentó el pena-lista Kamarul Hisham, a quien la Corte Fe-deral dejó literalmente con la palabra en la boca.

El “Juez Soga”

Pero no todo son malas noticias. Con sibi-lina prudencia los jueces abrieron la po-sibilidad de volver a revisar una nueva apelación del caso. El matiz no pasa inad-vertido para los letrados, que conocen la cronología y dónde radican las opciones de evitar la horca. “Nos han animado a ve-nir de nuevo con el veredicto de la Corte Superior en la mano para su apelación”, expone el abogado Kitson Foong durante una entrevista con Proceso.

Malasia celebra sus principales vaca-ciones anuales en enero, en coincidencia con el Año Nuevo chino, por lo que se es-pera hasta febrero de 2012 el siguiente pa-so del proceso judicial: la comparecencia ante la Corte Superior de Justicia, que pre-side el juez Mohamed Zawawi.

La Corte escuchará a todos los acu-sados y testimonios del caso, uno por uno y sin límite de tiempo. Así, cuan-do los hermanos González Villarreal realicen su primera declaración ante el juez, habrán pasado casi cuatro años desde su detención y encarcelamiento.

“No es que tengan miedo, es que es-tán aterrorizados. Imagínate el concep-to de testimoniar para salvar tu vida, ju-garte tu destino y el de tus hermanos. Sentirte responsable de su futuro por decir algo mal, equivocarte por nervio-sismo en algo que ocurrió hace cuatro años y sobre lo que te van a hacer recor-dar hasta el detalle más mínimo. Y todo eso mientras te preguntan en una len-gua que no es la tuya”, relata Foong.

Sus circunstancias en un país extraño re-cuerdan a la conocida película de Sofia Co-ppola Lost in translation, en la que una pareja de estadunidenses encarnada por Bill Mu-rray y Scarlett Johansson viven una burbuja de aislamiento cultural e idiomático en To-kio. Para paliar este inconveniente los her-manos contarán con la ayuda de traductores proporcionados por la embajada mexica-na en Kuala Lumpur, pero “siempre existe el miedo a no entender bien y a que no te en-tiendan bien”, comenta el abogado malayo.

Enfrente tendrán al que algunos ma-liciosos llaman el “Juez Soga”, Mohamed Zawawi, antiguo fiscal y hábil interroga-dor. Se trata del mismo magistrado de la Corte Superior con el que iniciaron el ca-so y que saben que no les guarda ninguna simpatía. Partidario de la mano dura, sus estadísticas son abrumadoras y elocuen-tes. Bajo su mandato sólo uno de cada 10 acusados termina absuelto y la mayoría son condenados a la horca. También es, a su vez, uno de los magistrados del país asiático ante cuyas sentencias se presen-tan más recursos de apelación. Y con más porcentaje de éxito, apuntan, esperanza-dos, los abogados de la defensa.

“Constantemente interrumpe a los tes-tigos, él mismo reformula las preguntas que no considera adecuadas, realiza comenta-rios personales innecesarios. Solía ser fis-cal, tiene un sentido fiero de la justicia y eso se percibe todavía”, describe Foong .

Los tres hermanos podrían concentrar sus esfuerzos en los órganos de apelación: en la misma Corte Federal que los ignoró esta semana y finalmente en la Corte Su-prema, el máximo estamento judicial de Malasia.

“Un solo juez puede tener prejuicios o ser parcial. La ventaja de las apelaciones es que se trata de tribunales con tres magis-trados que actúan por consenso y permi-ten el diálogo. La tendencia señala que en-tre 60% y 70% de las apelaciones a la pena de muerte se conceden”, afirma Foong.

Ahí radica la esperanza de los sinaloen-ses detenidos.

INTERNACIONAL / MALASIA

KUALA LUMPUR.- Otra batalla per-dida: la Corte Federal de Mala-sia rechazó un recurso de in-constitucionalidad interpuesto por la defensa de Luis Alfon-so, Simón y José Regino Gonzá-

lez Villarreal, los tres hermanos sinaloen-ses acusados de narcotráfico en este país y por lo cual podrían ser sentenciados a la pena de muerte.

Los abogados defensores habían pre-sentado dicho recurso con el argumento de que la policía de Malasia cometió erro-res en la custodia de las evidencias del ca-so, pues desapareció una parte de la droga que presuntamente la policía decomisó en el lugar en que fueron arrestados los mexicanos. Además, señalaron que exis-ten divergencias en los testimonios que describen los hechos.

A juicio de la defensa, estos errores im-plicaban manipulación de pruebas y, por tanto, violaciones procesales, por lo que el caso debía ser desechado por completo, con la consecuente liberación de los hermanos.

Pero la Corte Federal rechazó el argu-mento, lo que implica que el caso regresará a la Corte Superior de Justicia, donde se en-contraba en trámite, pues aún no han de-clarado ni testigos ni acusados.

El dictamen de la Corte Federal es un revés más que sufren los hermanos Gon-zález Villarreal en su enredada pesadilla por los tribunales de Malasia.

El miércoles 14 comparecieron en la sala de la Corte Federal con rostro abati-do y sin apenas levantar los ojos del suelo. Los abogados les habían advertido que se-ría difícil que el recurso prosperara; se los habían dicho con el propósito de que no se crearan muchas expectativas y ellos pare-cían tomarlo al pie de la letra.

Durante la audiencia, los hermanos atendían las explicaciones del traductor con gesto extraviado. No hablan bahasa melayu, el idioma local, y apenas José Re-gino, el menor, se defiende en inglés, pe-ro no hacían falta palabras para captar en sus rostros la decepción.

Su día empezó mal: problemas buro-cráticos en la prisión de Sungai Buloh, don-de están recluidos, impidieron su salida a la hora convenida e ingresaron a la sala del tribunal cuando la sesión había iniciado. Iban vestidos de civil, esposados unos con otros. Sin pretenderlo, uno de los herma-nos portaba escrito el destino del día en su camiseta: Next stop, se leía en el estampa-do posterior.

Dedicados desde niños a la fabrica-ción de ladrillos, los tres hermanos salie-ron de Culiacán a principios de 2008 para trabajar en el extranjero. Su numerosa fa-milia sigue convencida de la versión apor-tada por ellos mismos: emigraron para la-

PesadillaLa situación de los hermanos González Villarreal –mexi-canos acusados de narcotráfico en Malasia, donde se encuentran presos desde 2008– se complica: la Corte Federal de ese país rechazó un recurso de inconstitu-cionalidad interpuesto por los abogados de su defensa y el caso regresará a la Corte Superior de Justicia, cuyo presidente, el juez Mohamed Zawawi, condena a nueve de 10 acusados a morir en la horca. Sin embargo, aún pueden interponer otros recursos de apelación, pues a juicio de los abogados el proceso judicial presenta con-tradicciones e inconsistencias.

GUILLEM MARTÍNEZ PUJOL

borar en el departamento de limpieza de una gran corporación en Malasia. De he-cho, fueron arrestados a los pocos días de aterrizar en el país y los contactos con sus allegados en estos cuatro años han sido muy escasos.

Dos hermanas, Leticia y Alejandrina, y la esposa de Luis Alfonso, Consuelo, via-jaron en abril pasado a Kuala Lumpur pa-ra asistir a una de las sesiones de la Corte Superior gracias a la solidaridad de sus ve-cinos de Culiacán que sufragaron el costo

Ap Photo /Lai Seng Sin

mexicana

Los hermanos González Villarreal. Revés judicial

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