Nota de premsa drets sanitaris

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  • 1. COMUNICADO DE PRENSACUATRO ONG DE BALEARES Y LA COMISIN DE DERECHOS HUMANOS DEL ICAIB DENUNCIAN GRAVES LIMITACIONES EN EL ACCESO DECOLECTIVOS VULNERABLES A LA ASISTENCIA SANITARIA PBLICA Prosocial, Aminista Internacional, Mdicos del Mundo de Baleares, Xarxa per a la InclusiSocial - EAPN y la seccin de DD.HH alertan que el recorte de derechos asistenciales, que seestn produciendo incluso antes de la entrada en vigor de determinados preceptos de la norma,aun cuando se ceba sobre los colectivos ms desfavorecidos, es un problema que afecta a toda laciudadana y abre la puerta a la aparicin de barreras de acceso a la salud Consideran que algunas de las restricciones previstas en el RD 16/2012 tienen difcil encajeconstitucional y se alejan de los principios de igualdad y de universalidad que se vincula con elderecho fundamental a la proteccin de la salud Advierten que la ausencia de unos criterios interpretativos homogneos y claros puede facilitarque las posibilidades de atencin mdica varen de una localidad a otra o, incluso, de un centrosanitario a otroPalma de Mallorca, 5 de julio de 2012.- Representantes de la Comisin de Derechos Humanos del Colegio deAbogados de Baleares y de las ONG Mdicos del Mundo Baleares, Amnista Internacional Mallorca- Eivissa,Xarxa per a la Inclusi Social EAPN y Prosocial, han denunciado hoy en rueda de prensa, con casos ytestimonios documentados recogidos por estas entidades en los ltimos meses, las graves limitaciones conque algunas personas se estn encontrando actualmente en las islas para acceder a la asistencia sanitariapblica, as como la existencia de numerosas barreras burocrticas que obstaculizan la obtencin, por partede determinados ciudadanos, de la tarjeta sanitaria que ahora se exigir a todo ciudadano para poderobtener la atencin mdica que precise.Estas cinco entidades aseguran que estas limitaciones, que afectan, principalmente, a personas sin recursos,espaolas o extranjeras que no tienen o han perdido su empleo y/o su autorizacin de residencia, se estnllevando a cabo incluso antes de que entren en vigor algunos de los preceptos del Real Decreto 16/2012 demedidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.Es el caso, por ejemplo, de algunos casos constatados por las ONG de personas a las que se advirti en elmismo centro sanitario al que acudieron que no se les proporcionara asistencia sanitaria si no firmaban uncompromiso de pago o abonaban la factura por la atencin requerida, o aquellas otras a las que tambin seobstaculiz el acceso por no disponer de la tarjeta sanitaria o tenerla caducada. En este sentido, recuerdanlas organizaciones, el propio RD 16/2012 prev que hasta el 31 de agosto de 2012 todas las personas queantes de la entrada en vigor de la norma tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en Espaa podrn seguirteniendo acceso a la misma, al tiempo que garantiza, en todo caso y sin lmite temporal, que los extranjerosque se encuentren en situacin irregular tendrn garantizada la cobertura sanitaria de urgencia (porenfermedad grave o accidente) y la asistencia en el embarazo, el parto y el postparto. Los menoresextranjeros, adems, recibirn asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los espaoles.

2. Entre los casos documentados por estas organizaciones figuran, de hecho, algunos relativos a menores a losque se puso barreas a la hora de acceder a la asistencia en urgencias y el de otro menor al que se le cobr elprecio de la atencin mdica recibida. La documentacin de las ONG revela, asimismo, numerosostestimonios de personas adultas que reportan dificultades burocrticas de distinto signo para poderobtener la tarjeta sanitaria que les acredite como asegurados para poder acceder al sistema pblico desalud. Entre ellos, el de una mujer de un estado miembro de la UE, en situacin regular comunitaria y condos hijos menores a su cargo, a la que exigen aportar documento de la embajada acreditativo de que nodispone de rentas en su pas de origen para aceptacin de la tarjeta F6 pues de no aportarlo, aseguran, enel plazo de un mes le ser retirada la tarjeta.Ms preocupantes son, quiz, el relato del caso de un nio, hijo de madre con virus VIH al que an no se leha realizado prueba de deteccin del virus por no disponer el menor de tarjeta sanitaria, o el que se refierea un ciudadano comunitario diabtico, sin papeles ni recursos, que fue ingresado por presentar tuberculosispulmonar, patologas, aseguran estas entidades, cuyo seguimiento puede resultar difcil una vez dado dealta o bien implicar un problema de salud pblica.Otros de los testimonios recogidos por las organizaciones han permitido identificar la existencia de mujeresinmigrantes embarazadas y de menores que no son informados de su derecho a tener acceso al sistema desalud pblica, independientemente de su situacin administrativa, lo que, aseguran, dificulta elseguimiento de las mujeres embarazadas o el cumplimiento adecuado de los calendarios de vacunacin.Las cinco organizaciones que han participado en la rueda de prensa han lamentado asimismo que lasautoridades sanitarias no hayan proporcionado al personal administrativo y/o de admisin ni al personalsanitario de los centros criterios claros, uniformes y homogneos para interpretar la norma, lo que implicaque estos profesionales no puedan desarrollar su trabajo con la informacin necesaria y, lo que es peor,podra llegar a quebrar el principio de igualdad y hasta suponer que las posibilidades de acceder a laatencin sanitaria requerida dependa del centro de salud al que se acuda, de la localidad en la que seencuentre el solicitante o, incluso, del criterio del trabajador o trabajadora que en ese momento reciba alpaciente.Unas restricciones que afectan a todosEn todo caso, Prosocial, Amnista Internacional, Mdicos del Mundo, Xarxa per la inclusi social - EAPN y laComisin de Derechos Humanos del ICAB entienden que, si bien es cierto que las restricciones previstas enel RD 16/2012 se ceban sobre los colectivos ms vulnerables, pobres y/o en riesgo de exclusin social,tambin lo es que algunas de las medidas de ajuste incluidas en dicha norma (el copago farmacutico o lasupresin de algunas coberturas antes incluidas y por la que ahora se exigir una aportacin econmica),nos afectan a todo y pueden llegar a suponer un serio deterioro del derecho a la proteccin de la salud quela Constitucin reconoce a todo ciudadano.Una preocupacin que ha sido compartida por el propio Comit de Derechos Econmicos, Sociales yCulturales del Consejo Econmico y Social de Naciones Unidas que en la recomendacin nmero 19 de suanlisis sobre los informes presentados por los Estados, recomienda a Espaa que asegure, de conformidadcon el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, que las reformas sanitarias no limiten elacceso a los servicios de salud de las personas que residen en el Estado, y que evale el impacto de todapropuesta de recorte en cuanto al acceso al sistema de salud de las personas y colectivos desfavorecidos ymarginados. 3. Difcil encaje constitucionalLas cinco organizaciones convocantes opinan que muchas de las medidas incluidas en el RD 16/2012 tienendifcil encaje constitucional y se alejan de los principios de universalidad y de igualdad que la propiaConstitucin y diferentes tratados internacionales vinculan con el derecho fundamental a la proteccin de lasalud, as como de los criterios que establece la Ley General de Salud Pblica en su artculo 6: Todas laspersonas tienen derecho a que las actuaciones de salud pblica se realicen en condiciones de igualdad sinque pueda producirse discriminacin por razn de nacimiento, origen racial, tnico, sexo, religin, conviccinu opinin, edad, discapacidad, orientacin o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condicin ocircunstancia personal o social, y 6.3.: La enfermedad no podr amparar diferencias de trato distintas delas que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que impongapara el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pblica .Por ltimo, las organizaciones alertan de algunos riesgos que las restricciones sanitarias pueden suponerpara la salud pblica, dado que limitar la atencin mdica de determinados colectivos (por ejemploextranjeros adultos en situacin irregular) nicamente a la atencin en urgencias o el hecho de no llevar unbuen control del calendario de vacunacin, podra aumentar la incidencia de ciertas patologas que sontransmisibles, aunque fcilmente controlables con una deteccin y tratamiento temprano en atencinprimaria o con una adecuada cobertura vacunal.