COMUNICADO DE PRENSA

CUATRO ONG DE BALEARES Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ICAIB DENUNCIAN GRAVES LIMITACIONES EN EL ACCESO DE

COLECTIVOS VULNERABLES A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA

• Prosocial, Aministía Internacional, Médicos del Mundo de Baleares, Xarxa per a la Inclusió Social - EAPN y la sección de DD.HH alertan que el recorte de derechos asistenciales, que “se están produciendo incluso antes de la entrada en vigor de determinados preceptos de la norma”, aun cuando se ceba sobre los colectivos más desfavorecidos, es un problema que afecta a toda la ciudadanía y abre la puerta a la aparición de barreras de acceso a la salud

• Consideran que algunas de las restricciones previstas en el RD 16/2012 tienen difícil encaje constitucional y se alejan de los principios de igualdad y de universalidad que se vincula con el derecho fundamental a la protección de la salud

• Advierten que la ausencia de unos criterios interpretativos homogéneos y claros puede facilitar que las posibilidades de atención médica varíen de una localidad a otra o, incluso, de un centro sanitario a otro

Palma de Mallorca, 5 de julio de 2012.- Representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares y de las ONG Médicos del Mundo Baleares, Amnistía Internacional Mallorca- Eivissa, Xarxa per a la Inclusió Social – EAPN y Prosocial, han denunciado hoy en rueda de prensa, con casos y testimonios documentados recogidos por estas entidades en los últimos meses, las graves limitaciones con que algunas personas se están encontrando actualmente en las islas para acceder a la asistencia sanitaria pública, así como la existencia de numerosas barreras burocráticas que obstaculizan la obtención, por parte de determinados ciudadanos, de la tarjeta sanitaria que ahora se exigirá a todo ciudadano para poder obtener la atención médica que precise.

Estas cinco entidades aseguran que estas limitaciones, que afectan, principalmente, a personas sin recursos, españolas o extranjeras que no tienen o han perdido su empleo y/o su autorización de residencia, se están llevando a cabo incluso antes de que entren en vigor algunos de los preceptos del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Es el caso, por ejemplo, de algunos casos constatados por las ONG de personas a las que se advirtió en el mismo centro sanitario al que acudieron que no se les proporcionaría asistencia sanitaria si no firmaban un compromiso de pago o abonaban la factura por la atención requerida, o aquellas otras a las que también se obstaculizó el acceso por no disponer de la tarjeta sanitaria o tenerla caducada. En este sentido, recuerdan las organizaciones, el propio RD 16/2012 prevé que hasta el 31 de agosto de 2012 todas las personas que antes de la entrada en vigor de la norma tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España podrán seguir teniendo acceso a la misma, al tiempo que garantiza, en todo caso y sin límite temporal, que los extranjeros que se encuentren en situación irregular tendrán garantizada la cobertura sanitaria de urgencia (por enfermedad grave o accidente) y la asistencia en el embarazo, el parto y el postparto. Los menores

extranjeros, además, recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

Entre los casos documentados por estas organizaciones figuran, de hecho, algunos relativos a menores a los que se puso barreas a la hora de acceder a la asistencia en urgencias y el de otro menor al que se le cobró el precio de la atención médica recibida. La documentación de las ONG revela, asimismo, numerosos testimonios de personas adultas que reportan dificultades burocráticas de distinto signo para poder obtener la tarjeta sanitaria que les acredite como asegurados para poder acceder al sistema público de salud. Entre ellos, el de una mujer de un estado miembro de la UE, en situación regular comunitaria y con dos hijos menores a su cargo, a la que exigen aportar documento de la embajada acreditativo de que no dispone de rentas en su país de origen para aceptación de la tarjeta F6 pues de no aportarlo, aseguran, en el plazo de un mes le será retirada la tarjeta.

Más preocupantes son, quizá, el relato del caso de un niño, hijo de madre con virus VIH al que aún no se le ha realizado prueba de detección del virus por no disponer el menor de tarjeta sanitaria, o el que se refiere a un ciudadano comunitario diabético, sin papeles ni recursos, que fue ingresado por presentar tuberculosis pulmonar, patologías, aseguran estas entidades, cuyo seguimiento puede resultar difícil una vez dado de alta o bien implicar un problema de salud pública.

Otros de los testimonios recogidos por las organizaciones han permitido identificar la existencia de mujeres inmigrantes embarazadas y de menores que no son informados de su derecho a tener acceso al sistema de salud pública, independientemente de su situación administrativa, lo que, aseguran, “dificulta el seguimiento de las mujeres embarazadas o el cumplimiento adecuado de los calendarios de vacunación”.

Las cinco organizaciones que han participado en la rueda de prensa han lamentado asimismo que las autoridades sanitarias no hayan proporcionado al personal administrativo y/o de admisión ni al personal sanitario de los centros criterios claros, uniformes y homogéneos para interpretar la norma, lo que implica que estos profesionales no puedan desarrollar su trabajo con la información necesaria y, lo que es peor, “podría llegar a quebrar el principio de igualdad” y hasta suponer que las posibilidades de acceder a la atención sanitaria requerida dependa del centro de salud al que se acuda, de la localidad en la que se encuentre el solicitante o, incluso, del criterio del trabajador o trabajadora que en ese momento reciba al paciente.

Unas restricciones que afectan a todos

En todo caso, Prosocial, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Xarxa per la inclusió social - EAPN y la Comisión de Derechos Humanos del ICAB entienden que, si bien es cierto que las restricciones previstas en el RD 16/2012 “se ceban sobre los colectivos más vulnerables, pobres y/o en riesgo de exclusión social”, también lo es que algunas de las medidas de ajuste incluidas en dicha norma (el copago farmacéutico o la supresión de algunas coberturas antes incluidas y por la que ahora se exigirá una aportación económica), nos afectan a todo y pueden llegar a suponer un serio deterioro del derecho a la protección de la salud que la Constitución reconoce a todo ciudadano.

Una preocupación que ha sido compartida por el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas que en la recomendación número 19 de su análisis sobre los informes presentados por los Estados, recomienda a España que asegure, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, que las reformas sanitarias no limiten el acceso a los servicios de salud de las personas que residen en el Estado, y que evalúe “el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso al sistema de salud de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados”.

Difícil encaje constitucional

Las cinco organizaciones convocantes opinan que muchas de las medidas incluidas en el RD 16/2012 tienen difícil encaje constitucional y se alejan de los principios de universalidad y de igualdad que la propia Constitución y diferentes tratados internacionales vinculan con el derecho fundamental a la protección de la salud, así como de los criterios que establece la Ley General de Salud Pública en su artículo 6: «Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, y 6.3.: «La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública» .

Por último, las organizaciones alertan de algunos riesgos que las restricciones sanitarias pueden suponer para la salud pública, dado que limitar la atención médica de determinados colectivos (por ejemplo extranjeros adultos en situación irregular) únicamente a la atención en urgencias o el hecho de no llevar un buen control del calendario de vacunación, podría aumentar la incidencia de ciertas patologías que son transmisibles, aunque fácilmente controlables con una detección y tratamiento temprano en atención primaria o con una adecuada cobertura vacunal.