UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

 

 

 

 

 

MODELOS DE ESTADO Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

 

 

 

AUTOR: DIEGO ESCOBAR ÁLVAREZ

 

 

 

 

 

 

Artículo en preparación. (No citar)

Ultima revisión: ABRIL DE 2014

 

 

CONTENIDO

1. Introducción.

                                                                             

2. Sobre la unidad de análisis.

3. Los modelos del Estado y sus correspondientes modelos gestión.

   3.1 El Estado Moderno de Derecho y el Modelo Burocrático.  

   3.2 El Estado de Bienestar y el Modelo Tecno-burocrático.  

   3.3 El Modelo del Estado Neoliberal y el Gerencialismo.

 

4. De la administración pública al gerencialismo en lo público: dos corrientes al mando

4.1 Corriente de reformas gerencialistas –tipo NPM- desarrolladas por la OCDE

4.2 Corriente de Reforma Gerencial del Estado-RGE desarrollada por el CLAD

5. Coletilla

6. Bibliografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN

La idea principal del presente ensayo es la de precisar la profunda diferenciación conceptual  y operacional existente entre los abordajes de las propuestas de Gerencia Pública desarrolladas e impulsadas, por un lado, desde los años 80’s por la OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- y por el otro, la propuesta desde finales de los años 90 por el CLAD-Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, las que a su vez tienen en común el cuestionamiento de los modelos de administración pública burocrática y su versión tecnoburocrática, propias de los modelos de Estado Liberal y de Bienestar, respectivamente.

En efecto, la OCDE impulsó una reforma estatal de amplio espectro, iniciada a finales de los años 70’s en la Gran Bretaña, que a la postre significó el desmantelamiento del modelo de Estado de Bienestar y la transición hacia otro modelo, rotulado como Estado Neoliberal, lo que no solo implicó el cambio radical de las funciones misionales y estructuras del modelo de Estado vigente hasta el momento, sino también del modo de gestión y organización dominante o Modelo Burocrático, para imponer a cambio el denominado New Public Management–NPM o su traducción más corriente al español: Nueva Gerencia Pública –NGP, centrado en la búsqueda de resultados con las 3 E’s: eficiencia, eficacia y economía.

Dos décadas después, el CLAD, ante la evidencia de que por la vía del modelo Neoliberal de Estado y de su modo de gestión no solo no se resolvieron los problemas de los Estados Latinoamericanos, sino que se agravaron y generaron nuevas dificultades por la imposición de la NPM y del gerencialismo puro, cuya matriz conceptual se fundamenta en la idea de superioridad de la gestión privada sobre la gestión pública, propusieron entonces su visión alternativa de no desmantelar el Estado, sino de reconstruir su capacidad de gestión, sin regresar al Estado de Bienestar, pero alejándose a la manera de una tercera vía, del Modelo Neoliberal de Estado para lo que sería menester acometer una Reforma Gerencial del Estado–RGE, que mantuviera atributos gerenciales para un nuevo modo de gestión publica pero en el cual la eficiencia, la eficacia y la efectividad no fueran un fin en sí mismos, sino un medio para la consecución de resultados sociales, económicos y políticos.

Analizando individualmente los atributos de la NPM y RGE hay muchos en común, como se podrá evidenciar más adelante, pero hay uno que es distintivo en la RGE que es el referido a la Profesionalización de la Función Pública, entendida como la construcción de un núcleo estratégico de estirpe burocrática que le garantice una alta dosis de continuidad a la formulación, diseño, implementación, regulación y evaluación de políticas públicas. Pero, ¿por qué en la formulación de la NPM este aspecto no se plantea como condición necesaria? Sencillamente porque esta dotación fue desarrollada desde hace más de un siglo en la mayoría de los países que hoy son miembros de la OCDE, aunque en muchos de ellos ha sido desmantelada y en gran medida la búsqueda de flexibilidad pregonada por ésta corriente contribuyó al recorte de las “vetustas” dotaciones de servicio civil.

Pero hay un factor medular que distingue a estas dos corrientes de nueva gestión pública: mientras el NPM encierra un contenido ideológico e instrumental más centrado en el Mercado, la RGE tiene una concepción más democrática, es decir, la primera tiene una construcción

marcadamente Mercado-céntrica porque su eje es garantizar el pleno funcionamiento del Mercado, máxima articulación de relaciones mercantiles, económicas y materiales, como principio organizador de la sociedad, mientras en la segunda la concepción tiende a ser mas Estado-céntrica o Socio-céntrica porque su eje es el Estado, como articulador fundamental de las relaciones sociales. Ahora veamos el asunto mas detenidamente.

2. UN COMENTARIO SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS.

¿Por qué es importante el abordaje y análisis de estos temas de la gestión ? Mi punto de vista al respecto es que los debates sobre la Reforma del Estado están dominados primordialmente por cuestiones políticas, económicas y sociales, mientras que los aspectos gestionarios y organizacionales han sido olvidados o relegados a planos secundarios de cuestiones técnicas, ignorando que la cotidianidad de la presencia y la actuación del Estado -independientemente de su ideología, sistema político-económico, políticas públicas, etc.- se materializa a través de la intervención de múltiples organizaciones, que cumplen diversas operaciones o regulaciones para garantizar el ciclo de las políticas públicas. Es por esta -casi obvia- razón por lo que consideramos altamente relevante la atención a los temas relativos a la gestión cuando se están tratando asuntos referidos al Estado, mas allá del debate ideológico, pues como lo señala Oszlak (1994), finalmente “…el Estado es lo que hace” y sus cometidos se materializan en la sociedad en la medida en que interviene a través de sus aparatos administrativos.

Para sustentar ésta afirmación nos nutrimos del concepto de que el Estado Moderno-liberal que surge después de la Revolución Francesa, está constituido por 4 poderes públicos, cada uno de los cuales cumple una función específica como órgano competencial del Estado:

a) Poder constituyente que ejerce la función constituyente,

b) Poder legislativo, la función legislativa,

c) Poder judicial, la función jurisdiccional y,

d) Poder ejecutivo, la función administrativa;

en todas ellas hay gestión y resultados, pero en los tres primeros poderes sus funciones y actuaciones se agotan en la emisión de actos jurídicos (reformas constitucionales, sentencias, leyes, fallos judiciales, etc.), mientras que la actuación del poder ejecutivo con su función administrativa exige operaciones materiales, movilización y financiación de recursos y ejecución de tareas de la más diversa naturaleza, alcance y complejidad, que se acometen a través de todo tipo de organizaciones con variedad de misiones, objetivos, diseños, especialidades, regímenes, tamaños, racionalidades, plazos, alianzas y participantes, etc., para cumplir los mandatos de política pública del poder ejecutivo y de los actos jurídicos de los otros tres poderes.

Esta es una razón fundamental para entender que los temas administrativo-organizacionales, hoy llamados genéricamente Políticas Públicas de Gestión Pública, no son una cuestión menor en los asuntos de Estado y Gobierno, pues adquieren una connotación política, ya que la subestimación de la complejidad del fenómeno organizacional en la política pública, puede hacerla inimplementable, lo cual in-extremo sería como si no existiese la Política Pública. Expresado en otras palabras, el sustento organizativo-gestionario no es un tema menor de “simples” técnicas administrativas, por cuanto el grado de éxito o fracaso de la Política Pública se constituye en una vía para crear/ampliar/reducir espacios de gobernabilidad. No queremos afirmar que la (in)gobernabilidad dependa exclusivamente de la capacidad de gestión, pero ésta

es indudablemente una condición necesaria (aunque a veces no sea suficiente), lo que pone de presente su protagonismo en los procesos políticos de una sociedad.

3. LOS MODELOS DE ESTADO Y SUS CORRESPONDIENTES MODELOS DE GESTIÓN

Para desarrollar mas ampliamente lo planteado unas líneas atrás, me apoyaré en un concepto que comparto plenamente, según el cual en cada forma o Modelo de Estado se desarrollan particulares patrones de gestión y organización, es decir su correspondiente Modelo de Administración Pública.

Veamos con cierto nivel de detalle los tres modelos Estado-Administración Pública surgidos desde la caída del Régimen de Estado Absolutista en Europa por la Revolución Francesa en 1789, cuna de las democracias modernas:

 

3.1 El Estado Moderno-liberal de Derecho y el Modelo Burocrático

Vamos a obviar en este ensayo la discusión entre historicistas y universalistas o entre evolucionistas y positivistas sobre la formación del Estado, porque que desborda su alcance. Pero para los fines del mismo vamos a tomar partido por las tesis de varios profesores e investigadores latinoamericanos entre quienes destaco a los argentinos Guillermo O’Donell y Oscar Ozslak, el mexicano Omar Guerrero y el colombiano Edgar Varela, en los que hay consenso respecto de los biógrafos del Estado Moderno, para situar su cuna en suelo francés como producto del hito histórico de la Revolución Francesa que con sus ideales de igualdad, fraternidad y solidaridad refundan la civilización occidental judeo-cristiana con los principios liberales políticos supremos de:

a) igualdad ante la ley,

b) libertad individual y

c) derecho a elegir y ser elegido,

que se le adscriben a ese naciente Estado Moderno de Derecho-Liberal como sus cometidos esenciales. Pero hay un cuarto principio liberal que proviene del liberalismo económico de John Locke y Adam Smith como sus principales estandartes:

d) el derecho a la propiedad privada,

a su goce y a la felicidad, basado en las tesis de la división del trabajo, la especialización, el mercado y “la mano invisible”, aquella que a la larga corrige los intercambios asimétricos puntuales entre participantes en el mercado y es garantía de la prosperidad y el bienestar general. Desde entonces, este principio le proporciona al Estado Moderno un rótulo de Estado Capitalista y en consecuencia le asigna como uno de sus cometidos esenciales la conservación y reproducción del sistema. Esta idea es clave para entender el énfasis de la NPM y su carácter Mercado-céntrico.

En el Estado Moderno o de Derecho o Liberal cuyo postulado clásico, según el constitucionalista alemán Otto Mayer (1896), retomado por León Pérez Cortiñaz (1986) es: “cuanto menor sea la esfera de acción del Estado, tanto mayor será la esfera de libertad de los individuos”. La legitimidad de este modelo de Estado descansa en la creencia de que las leyes regulan la conducta de las personas -tanto naturales como jurídicas- por lo que el Estado está en la obligación de hacer cumplir esas leyes para garantizar los cuatro principios liberales ya

referidos. Para ello, sus funciones principales son:

a) la administración de justicia,

b) la hacienda pública,

c) la defensa de la soberanía nacional y,

d) las relaciones interiores e internacionales;

Todo lo demás queda en manos del Mercado como supremo asignador de recursos económicos y sociales, concomitantemente al Estado se le consagra el derecho de intervenir pero sólo cuando se violan las leyes o se incumplen los contratos, para castigar al culpable. Por esto también se le conoce a este modelo como Estado Gendarme o Policía y Estado del Laissez-faire Laissez-passer (dejar hacer, dejar pasar).

Para entender las formas de administración pública correspondientes al Estado Moderno de Derecho contamos con la obra cumbre de Max Weber (1918, Economía y Sociedad) que escrutando al fenómeno burocrático como explicación fundamental del éxito de las grandes organizaciones públicas y privadas de la época, nos legó una construcción metodológica y analítica que nos provee de un arsenal conceptual y teórico muy profundo, todavía vigente en el plano del análisis metodológico y teórico de las organizaciones: el Modelo Ideal de Burocracia, el cual está en cuestionamiento, crisis, decadencia e impopularidad desde hace cincuenta años, pero especialmente desde las dos últimas décadas del siglo pasado es, en casi todos los desarrollos conceptuales e instrumentales contemporáneos “el rival” a vencer y desmontar como el causante estructural y funcional de los males del Estado y la sociedad. En efecto muchos de los motivos  y argumentos que se esgrimen para justificar  el gerencialismo de hoy son en gran parte contestatarios frente a las limitaciones del modelo weberiano para operar en los entornos globalizados y turbulentos característicos de estas nuevas épocas.

La burocracia se plantea como modelo de organización encargado de ejercer la autoridad racional-legal, pues según Weber el tipo puro de dominación legal comporta un elemento definitorio que es la evolución del derecho tradicional al derecho racional, es decir, el derecho fundado en concepciones formales, en el consentir racional de un conjunto de normas, ya sean éstas pactadas o conquistadas. En este contexto las características de la burocracia son las siguientes:

Una estructura de cargos cuyos contenidos y límites funcionales y competenciales son definidos por las normas, en un arreglo jerárquico de modo que en cada nivel organizativo los cargos inferiores están bajo la autoridad y tutela de un cargo superior. Está reglamentado el derecho de inspección por parte de los superiores y el derecho de queja por parte de los subordinados Especificación de las áreas precisas de competencia, resultantes de la división sistemática del trabajo, tanto a nivel horizontal como vertical y de la diferenciación de funciones y del desempeño de las mismas por alguien investido de autoridad que puede usar la coerción dentro de condiciones y límites preestablecidos y normatizados La existencia de un cuadro administrativo constituido por funcionarios  nombrados, técnicamente calificados y adecuados a las especificaciones de la organización que tienen su comportamiento moldeado por las normas técnicas y legales que regulan el ejercicio de los cargos. (Los funcionarios electos o designados no son estrictamente burocráticos en tanto su reclutamiento es eminentemente político).- El acceso al cuadro administrativo, o el ascenso dentro de él, se alcanzan demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos, mediante concurso u oposición con otros. El salario asignado es el correspondiente al nivel jerárquico del cargo y está calculado en proporción a la complejidad de las funciones y responsabilidades que su campo competencial le adscriba.

Obviamente, todo ello está normatizadoSeparación entre la propiedad de los medios administrativos y los activos de la organización usadas en el ejercicio del cargo versus la propiedad personal del funcionario. Separación que también comprende la del lugar de trabajo y el domicilio del burócrata; por ende, surgimiento de la “oficina” , con un papel análogo al de la fábrica para el obrero.Distinción y separación de los propósitos organizacionales y los personales del funcionario, cuya conducta en el cargo es profesional: neutral e impersonal (es decir , independientemente de las condiciones de ideología, raza, género, religión, etc. de quien solicita el servicio) y orientada por las normas pertinentes.Registro sistemático de actos administrativos, decisiones, normas, órdenes escritas, institucionalizando los métodos formales de comunicación y de archivo, tales como el expediente.

La teoría clásica de Max Weber ha sido rebasada por la realidad en muchos casos, pero a decir verdad en muchos otros en la práctica, aún no se ha llegado al modelo, como en Latinoamérica en donde en ningún país se concretó el modelo a falta de la concreción del eje de la meritocracia o carrera administrativa, por lo cual el resto de los atributos se cumplen de manera casi ritual. Sin embargo, el modelo es un marco de referencia obligado para entender los fenómenos burocráticos, preburocráticos y postburocráticos.

Según García-Pelayo (1978) la palabra burocracia tiene una pluralidad de significaciones:

a. Como un sistema de gestión y administración altamente racionalizado y de máxima eficiencia técnica, caracterizado por la organización jerárquico-autoritaria, la asignación de funciones en virtud de una capacidad objetivamente demostrada, la rigurosa delimitación de competencias entre las distintas ramas que lo integran, la estructuración con arreglo a normas y a reglas técnicas objetivas e impersonales, el procedimiento escrito en la tramitación y resolución de los asuntos, etc., es decir, a la manera en que Weber la concibe como tipo ideal de organización dotada de superioridad técnica frente a cualquier otra forma organizativa.

 

b. Como un sistema de racionalidad y funcionalidad aparentes y de arbitrariedad y disfuncionalidad reales, cuyo resultado es la ineficiencia y caracterizado por actuar con un formalismo ignorante de la realidad, por la sumisión de lo concreto vital a abstracciones desvitalizadas, por la pedantería (detallismo), por la rutina administrativa (ritualismo), por la dilación en las resoluciones y la evasión de la responsabilidad y por la sumisión dogmática a los criterios de superioridad o del precedente (incapacidad adiestrada), en fin, por ser un sistema de organización incapaz de corregirse en función de sus errores y cuyas disfunciones se convierten en uno de los elementos esenciales de su equilibrio interno.

 

c. Pero también por burocracia se entiende un cuerpo o conjunto de personas (funcionarios) jerárquicamente organizados y caracterizados por:

Carecer de propiedad sobre el objeto, los medios y el producto de la gestión. No ser elegidos por los administrados, sino nombrados por autoridad superior.Estar dotados de un saber específico.Tener como profesión única o principal el servicio a la organización burocrática.Actuar leal y metódicamente y sometido rigurosamente a su actividad, a las formas y contenidos de unas normas o precedentes, aunque ello contradiga sus propios criterios y convicciones.En este sentido se entiende como un puro instrumento de gestión rigurosamente subordinado y situado como eslabón intermedio entre gobernantes y gobernados en rigurosa dependencia de los primeros en virtud de una relación jurídica y ética.

d. Pero también en otros contextos se entiende como un sistema político, no solo administrado sino también dirigido por funcionarios, de cuyas capas superiores se reclutan los miembros de la clase política, de tal modo que la burocracia acumula los poderes de decisión política y ejecución administrativa, o sea que la trilogía del concepto anterior gobernantes – burocracia – gobernados, de carácter hegeliano, se reduce a la dualidad burocracia – gobernados.

 

 

3.2 El Estado de Bienestar y el Modelo Tecno-burocrático

Para las primeras décadas del siglo XX, los enormes desarrollos del taylorismo-fordismo en Estados Unidos y su difusión a Europa y al mundo, alcanzan formidables aumentos de productividad industrial y riqueza, pujan una ola de especulación financiera que finalmente termina por quebrar la Bolsa de Nueva York en 1929, dejando expuesta una dramática realidad de desempleo, pobreza y exclusión de amplios sectores de la sociedad, dejando en evidencia que las promesas de prosperidad general de “la mano invisible del mercado” no se habían cumplido.

La caída de Wall Street actuó a nivel mundial como un juego de fichas de dominó y ante el colapso atribuido al Modelo de Estado Liberal se determinó por parte de las autoridades del mundo capitalista, salvar al sistema recambiando el Modelo de Estado por otro que interviniese allí donde hubiese que hacerlo y al costo que fuera, para regular el mercado y garantizar universalmente los derechos sociales y el acceso a los servicios públicos y, en el caso de América Latina, convertirse en el motor y actor del desarrollo y del bienestar social. La metáfora era pasar de árbitro a director técnico, sin  dejar de ser lo primero.

Para la época se contaba con importantes desarrollos en la ciencia, la economía, la administración, la tecnología, la teoría de los sistemas y entonces se refunda una nueva legitimidad basada en la creencia de que el desarrollo de las ciencias y de la administración permitiría realizar óptima y satisfactoriamente los objetivos del Estado, ya no expresado solamente como un mero constructo de legalidad, sino a través de las políticas públicas dirigidas a garantizar al mayor número de ciudadanos la inclusión social y el bienestar general, sin dejar de ser un Estado de Derecho.

Además, se recambia el postulado clásico del Estado, en este nuevo Estado llamado Intervencionista, Administrativo o de Bienestar que pasa a ser (según Pérez Cortiñaz, citado): “Cuanto mayor queramos que sea la esfera de libertad del individuo, tanto mayor y eficiente deberá ser la esfera de acción del Estado”, lo que conlleva automáticamente un aumento en sus cometidos esenciales, que en esta nueva versión de Estado incluyen, además de las clásicas del Estado de Derecho:

a) Dotación universal de servicios públicos,

b) Garantía de servicios sociales,

c) Ampliación del bienestar y,

d) Promover el desarrollo económico,

con la consecuente ampliación automática de la misión y las obligaciones del Estado lo que conlleva a amplísimos cambios orgánicos, administrativos y funcionales, y a operar con otras lógicas, criterios de decisión y evaluación del desempeño; se cambia de la legalidad propia de la acción y la evaluación del Estado de Derecho y la Burocracia Legal-Racional a la eficacia del servidor público que pasa de ser un burócrata a un tecnoburócrata; no se pierde la condición de legalidad de la actuación de los poderes públicos y especialmente del ejecutivo, porque se sigue operando en un Estado de Derecho, pero ahora es insuficiente porque los nuevos desafíos (con

nuevas herramientas científicas, administrativas y tecnológicas) deben ser asumidos con eficacia que ya es el nuevo criterio de decisión, acción y evaluación. La nueva promesa es la intervención de “la mano visible del Estado” a cambio de “la mano invisible del mercado”

Según García-Pelayo (1978), se puede entender la tecno-burocracia como un sistema de dirección y gestión propio del Estado Administrativo, sustentado total o parcialmente en la ciencia y la técnica o también como una estructura de poder en la cual los técnicos suplantan o sustituyen total o parcialmente a los políticos en los procesos de toma de decisiones y fijación de políticas y a los burócratas tradicionales en la operación de las decisiones o en la participación de la decisión misma. Sus principales características son:

Relaciona objetos o personas consideradas como objetos o “elementos” del sistema.Se sustenta en una legalidad “natural” derivada de la ciencia y la técnica.Permite manipulación de los objetos para adecuar la consecución de un resultado.Evalúa  la acción por su funcionalidad o eficacia.Al error en la elección o aplicación de la regla sigue el fracaso y la sanción, que es también socialEl sistema de reglas es plural y la jerarquía de sus componentes depende del problema a resolver o del objetivo a  alcanzar.Su función es aumentar el área de dominio sobre los objetos y las personas consideradas como objetos.

La estructura burocrática clásica o buro-estructura es desplazada por otra denominada tecno-estructura, o sea aquella estructura que soporta las funciones de los tecnócratas. Ambas tienen en común que:

Sus miembros no son elegidos, sino designados.Función y propiedad están separados.La gestión es impersonal: se aplican reglas objetivas (técnicas o científicas) y la actuación se le imputa al Estado, a la Administración, a la Organización, etc.

Pero en cambio difieren notablemente en que las reglas de la buro-estructura son de carácter primordialmente jurídicas, mientras en la tecno-estructura son primordialmente técnicas, lo cual tiene varias consecuencias:

a. Respecto a las reglas de organización y funcionamiento: mientras en la burocracia son fijas y de imperatividad formal, en la tecnoburocracia son flexibles y adaptables al progreso técnico o especificidad del problema y el imperativo es fáctico, según la necesidad de las cosas

b. Respecto de la jerarquía de la autoridad: en la burocracia es monocéntrica, rigurosa y formalizada en orden de supra y subordinación en el cual el control lo ejerce la superioridad, en el modelo tecoburocrático es pluricéntrica y flexible, según la coyuntura o circunstancia dada. El control es ejercido por personas u órganos que posean competencia técnica-científica, aún en casos en que el nivel jerárquico formal sea inferior.

c. Respecto de la línea de comunicación: en el modelo estrictamente burocrático es ascendente – descendente: descienden órdenes y controles, ascienden informes y reportes de actuación. En el segundo es multidireccional, según el imperativo fáctico

d. Respecto de asignación de roles o papeles: en el primero prima la institucionalización por cargos permanentes con competencias delimitadas por normas legales. En la tecnoburocracia domina la constitución de equipos  ad-hoc (para la situación o el caso), con funciones y atribuciones según las necesidades cambiantes.

La anterior sinopsis es presentada en forma de contraposiciones polares para efectos de análisis, pero en la práctica se presentan articulaciones y yuxtaposiciones de unas sobre, otras en mayor o menor grado, dando lugar a un concepto de tecno-burocracia en el cual las relaciones de funcionalidad o disfuncionalidad, convergencia o divergencia, tensión o acoplamiento de ambas subestructuras son variables en cada caso.

NOTA: Es importante advertir que en la mayor parte de la literatura de circulación contemporánea en los medios académicos especializados cuando se alude al fenómeno burocrático (Crozier, Poulantzas, Morgan, Perrow, Aktuof, Dávila, Chiavenatto, Kliskberkg, Ozslak, Varela, Guerrero, Etzioni, Osborne y Gaebler, Etkin, Motta, Prats, Aguilar, Baena del Alcázar, Bresser-Pereyra, Lahera, Hintze, Cunill, De Lima, entre muchos), no se hace distinción entre lo originariamente burocrático y la versión tecnoburocrática, en gran medida porque en ésta también la sumisión de todo proceso de gestión a la racionalidad legal, como elemento estructurante del modelo, termina subsumiendo la segunda en la primera a pesar de las diferencias, que a la postre son fundamentalmente funcionales como las señaladas aquí. Mi hipótesis comprobada empíricamente al respecto a partir de la lectura de la literatura referenciada es que ambos modelos se asumen como una sola categoría, la burocrática, pues en ninguno de estos textos se hace la diferenciación en el uso corriente de su lenguaje académico. Esta misma línea indiferenciada la mantendremos a continuación en este ensayo al referirnos a la burocracia.

 

3.3 El Modelo del Estado Neoliberal y el Gerencialismo

Durante los años 70’s del siglo XX, la economía capitalista mundial sufre dos reveses trascendentales. El primero, a raíz de la creación de la OPEP-Organización de Países Exportadores de Petróleo, se aumentó considerablemente el precio del hidrocarburo lo que para una civilización construida sobre la base del petróleo, considerado hasta entonces como “barato y renovable” , constituyó un punto de inflexión en su crecimiento económico por el mayor costo que demandó su sostenimiento y en particular, un Estado agrandado con una marcada intervención en todos los asuntos de la sociedad: educación, salud, agricultura, obras públicas, vivienda, cultura, deporte y recreación, seguridad y convivencia, plataformas urbanas y de servicios públicos industriales y domiciliarios, comercio exterior e interno, seguridad social, recreación y hotelería, turismo, banca, industria básica y estratégica, puertos marítimos, fluviales y aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, transporte urbano e interdepartamental, etc., en un escenario de gasto público en aumento frente a nuevas demandas sociales y con fracturas de gobernabilidad, con una frondosa nómina pública, con prestaciones sociales y privilegios laborales, cuyo sostenimiento se convertía en una carga fiscal difícil de financiar por la nueva estructura de costos de la economía mundial.

El segundo aspecto, que es un coletazo del primero, tiene que ver con la deuda pública externa, porque ante esta nueva realidad económica los países ricos reclaman el pago de los préstamos efectuados en forma abundante y relativamente fácil durante la bonanza de la segunda posguerra en la intención primaria de colocar sus excedentes y secundariamente con la premisa de que estaban contribuyendo a la construcción de infraestructura básica y equipamiento industrial requerido para inducir el desarrollo de los países de América Latina, como rezaba la reinante teoría del desarrollo de la CEPAL  -Comunidad Económica para América Latina y el Caribe (Pulecio, 1991), sobre la creación de una base tecno-productiva propia para el desarrollo de mercados nacionales y sustitución de importaciones. Pero ese desarrollo no se consolidó y la deuda que pretendió financiarlo se convirtió en impagable, por lo que la estructura capitalista sufrió un nuevo golpe que la llevó a extremos de crisis. Así, los países ricos tambalearon –y los

pobres aun más- ante la crisis fiscal que enfrentaron.

En este escenario, entre otras reacciones, la Primera Ministra Británica Margaret Tatcher decidió a finales de la década de los 70’s asumir el liderazgo para enfrentar la crisis con las recetas propias de su ideario conservador, proclamando y ejecutando el desmonte del Estado de Bienestar porque, como lo sostiene el profesor e investigador Edgar Varela Barrios, la cúpula del orden capitalista no estaba dispuesta a financiarlo más. Rápidamente las potencias económicas mundiales emprendieron sus propias reformas y las impusieron al resto del mundo, configurando lo que el profesor Varela justamente denomina como la “Globalización de la Reforma del Sector Público”, la que ha contado con el Banco Mundial y el FMI- Fondo Monetario Internacional como organismos disciplinadores y a la OMC- Organización Mundial de Comercio como punta de lanza del proceso de derribamiento de las restricciones comerciales y poner al frente nuevamente al Mercado como organizador de una nueva fase de expansión del capitalismo a nivel orbital, por encima de ideologías y bloques polares.

En la Gran Bretaña, en la década de los 80´s del siglo XX, se suprimen 600.000 empleos públicos y se privatizan la mayor parte de las empresas público-estatales . Es la materialización de los vientos reactualizadores del viejo Estado Liberal Económico que en un movimiento pendular desestima “la mano visible del Estado” a cambio de “la mano invisible del mercado”. Los neoliberales Friedman, Von Mises, Hayeck, a la cabeza, cuestionan radicalmente la necesidad del Estado.

En 1989 se promulga el “Consenso de Washington”, documento adoptado por los círculos del Alto Gobierno, el Congreso y la Reserva Federal de USA, el FMI y el Banco Mundial, como un decálogo de directivas político económicas y un manual para desmantelar y privatizar el Estado de bienestar, de nefastas repercusiones para América Latina.

Según Omar Guerrero, en su libro “Del Estado Gerencial al Estado Cívico” (Universidad Autónoma de México, 1999), con base en un ideario fundamentalista, la antigua mitología liberal fue renovada y propuesta como una verdad revelada que haría posible redimir de sus males a las enfermas sociedades occidentales y predicaron el retorno a la vida sencilla del intercambio mercantil, retornándose a la filosofía económica elemental de Adam Smith y al rigor existencial de los primeros angloamericanos. Ante una sociedad natural como la propuesta por el neoliberalismo, el Estado Administrativo resultaba artificial y estorboso y nada más natural que abolirlo y así se emprendió la tarea. Ludwig Von Mises había dicho (citado por Guerrero, pag. 8) “… en este punto el liberalismo moderno se halla por completo de acuerdo con el viejo liberalismo.” De aquí la categoría de “neo-liberalismo”.

El desmonte del Estado de Bienestar se logra, según Oscar Oszlak (1994), Director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, siguiendo 4 estrategias o modalidades de instrumentación: la privatización, la desmonopolización, la desregulación y la descentralización, siendo la más importante de ellas la primera, que en el fondo significó una redefinición de las fronteras entre lo público y lo privado. Omar Guerrero (1999) en un análisis muy agudo al respecto, desglosa el concepto de privatización en dos etapas o categorías analíticas: a la primera la llamó exoprivatización  como proceso mediante el cual el Estado transfiere la producción de bienes y servicios, hasta ahora exclusiva o monopólicamente públicos, a la empresa privada, vía enajenación del patrimonio público o por concesión de su operación u otras modalidades como arriendos, comodatos, licencias de uso, etc. La segunda etapa de la estrategia neoliberal consistió en la endoprivatización, como la introducción de las ideas, metodologías y técnicas utilizadas por el espíritu empresarial privado, en la gestión de los asuntos públicos o lo que quedaba de ellos, cuyo rótulo universal es el New Public Management. Mientras que la exoprivatización afecta al qué de la administración pública, la endoprivatización lo hace con el cómo.  

Según Oszlak (1994) en el recambio del modelo de Estado o Reforma del Estado, a nivel global,

desde China a Honduras o desde Uganda hasta Gran Bretaña –se reconocen tres momentos de la reforma: en primer lugar la transformación del papel del Estado a la manera de un nuevo tratado de límites entre lo público y lo privado o Reforma del Estado. Este momento se desenvuelve a la luz de tres planos de articulación:

-el primero, el funcional u horizontal, en el cual se delimitan las funciones e intervenciones del uno y del otro respecto de la sociedad: o sea quién hace qué;

-el segundo, el jerárquico o vertical, en el cual se establecen o reconocen la supremacía o el poder de uno sobre otro: o sea, quién manda a quién y,

-el tercero, el material, en el cual se define quien asume los gastos y la inversión y quien se queda con los excedentes: o sea, quién paga a quién y, entonces, quién gana y quien pierde. Según este marco analítico lo lógico es que quien acumule mas excedentes, podrá contar con mayores recursos económicos y con ellos acceder mayor poder político para imponer las agendas y los límites funcionales. 

El segundo momento consiste en la racionalización de las estructuras organizativas del Estado, ( o reforma administrativa, más de carácter intraburocrático) como resultado de la definición de las nuevas fronteras público-privadas (o reforma del Estado), pero ya no se trataría de hacer cambios de organigramas o de rediseñar la arquitectura organizacional, acorde con el mejor conocimiento y las técnicas organigramáticas y de administración pública de amplio uso hasta entonces para mejorar la funcionalidad de determinados arreglos estructurales, sino que se trata de la demolición y el desguace de las viejas construcciones burocráticas erigidas durante décadas.  

Finalmente y consecuente con la despublificación de muchos servicios y tareas y la contracción de su aparato institucional como resultado del proceso cumplido en el anterior momento, se proporciona una justificación indiscutible: sobra personal y se procede a la reducción de las plantas de personal y con ellas de los sindicatos en el sector público, lo cual hace parte de un imperativo fiscal y político justificatorio del nuevo Modelo de Estado Neoliberal.

Lamentablemente en el caso de América Latina y en Colombia en particular, de acuerdo con evidencias empíricas que tuvimos oportunidad de conocer, este último momento se llevó de manera mas político-electoral que técnico- racional, privilegiando criterios de supervivencia de maquinarias burocrático-electorales, dando lugar a lo que el propio Oszlak denominó como el “síndrome sobra-falta” según el cual en algunas dependencias quedaron con exceso de supervivientes de perfiles inadecuados para las nuevas responsabilidades establecidas en el ente reformado, mientras que al mismo tiempo quedaron faltando los perfiles que la nueva situación demandaba. Por lo tanto, el escenario de la ineficacia, ineficiencia e inefectividad quedaba a la orden del día, quedando a merced de la proclividad privatizadora.

 

 

 

4. GERENCIA PÚBLICA EN EL SIGLO XXI: DOS CORRIENTES AL MANDO

Consecuentes con el sesgo ideológico del neoliberalismo que repudia todo lo que se relacione con Estado de Bienestar, Administración Pública y Modelo Burocrático propone que la gestión de lo público migre desde el “modelo oficina” hacia el “paradigma gerencial”, entendido en referencia con las grandes corporaciones privadas exitosas. Pero ¿qué es la gerencia?. Según uno de los gurúes del tema en la empresa privada, Peter Drucker (1966, La Gerencia de Empresas) la gerencia “…es el órgano que tiene a su cargo la dirección de una empresa

comercial y justifica su existencia suministrando bienes y servicios con resultados económicos. En esto reside su razón de ser y marca la diferencia entre el éxito y el fracaso”.

La transposición de este concepto a lo público fue tarea fácil. Uno de quienes mejor lo explicaría mas tarde, Owen Hughes (1994, La Nueva Gestión Pública, Ministerio de las Administraciones Públicas, Madrid) lo resolvió con la siguiente fórmula: “Administración significa seguir instrucciones, mientras que gerenciar es conseguir resultados”. Esta formulación encierra una idea paradigmática de que la administración  pública ya no puede ser más una tramitadora de expedientes, legalista, lenta, ritualista, apegada al procedimiento y a los manuales, que debe romper con su pasado burocrático para convertirse en una productora de resultados, en la que el debido proceso y los procesos políticos no deben considerarse como obstáculos para la acción gerencial, sino como los entornos naturales para su ejercicio, el cual debe responder ahora por las 3E: eficiencia, eficacia y economía, como nuevos valores legitimadores de la también nueva gestión pública ó NPM

Los nuevos criterios de gestión se implantan con tal fuerza de alcance universal, que valga recordar que Naciones Unidas en 1981 adoptó el término de “gerencia pública” (public management) en el sentido de “un sistema de gestión semejante al de la empresa privada”, reflejando la inconformidad con las dimensiones jurídicas y políticas de la Administración Pública Tradicional.

No vamos a ocuparnos ahora de la base teórica y epistemológica de la gerencia pública en forma profunda sobre lo cual volveremos en un ensayo en preparación. Entonces procuraremos ilustrar los descriptores de las dos corrientes de reformas gerencialistas: La NPM desarrollada por la OCDE para los países del “primer mundo” pero con pretensiones universalistas y la RGE propuesta por el CLAD dos décadas después para América Latina.

 

4.1 Corriente de reformas gerencialistas –tipo NPM- impulsadas por la OCDE:

La OCDE que agrupa hoy a 34 de los países más ricos del mundo (sólo 3 latinoamericanos: Chile, México y Brasil de reciente membresía) iniciaron a finales de los 70’s, con el liderazgo de la Gran Bretaña el desmonte del Estado de Bienestar y de su correlato gestionarlo -el modelo burocrático de administración pública, para instalar a cambio el modelo de Estado Neoliberal y el gerencialismo como nuevo paradigma de gestión pública, otorgándoles una impronta Mercado-céntrica. Joan Prats (1994, “La Modernización Administrativa en las Democracias Avanzadas”, Ed. Cárdenas y Zambrano, Bogotá) da cuenta de la ruptura que en los años 70 se opera sobre de los grandes consensos de los 60, argumenta cómo la crisis económica, la crisis del Estado de Bienestar, la emergencia de nuevos valores legitimadores del sector público -enfatizando en estos últimos el sistema de las 3E’s y la revalorización conceptual del Management público.

Para referenciar los principales conceptos tributarios de esta corriente, cuáles son los focos temáticos y los valores subyacentes, me apoyaré en la ponencia del profesor mexicano Gildardo Héctor Campero “Marco Histórico y Teórico de la Gerencia Pública” presentada en el XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, realizado en noviembre de 2006 en Ciudad de Guatemala.

Según Campero los rasgos característicos del “gerencialismo” o reformas estilo Westminster (ó NPM) han sido los siguientes:  

Servicio al cliente, mejorando la capacidad de respuesta; poner al cliente en primer lugar, atender sus expectativas y hacer públicas las cartas de compromiso con énfasis en un modelo de intercambio privado.  

Autonomía operativa de los gerentes, principalmente en materia de presupuestos, contratos y recursos humanos, para garantizar el logro de las metas Medición y contractualización del desempeño, uso de indicadores y tableros de control de gestión - Transparencia y rendición de cuentas;  Reducción de los recursos humanos y congelamiento de salarios; tercerización y flexibilización- Uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación ;  Privatización, y nuevas formas de asociación con organizaciones privadas y no lucrativas para la prestación de servicios.  

 

El credo y los principales dogmas de la NPM y la “reinvención del gobierno” han sido expuestos por las Naciones Unidas, en su Informe Mundial del Sector Público. Globalización y el Estado. 2001, como sigue:  

Énfasis en los resultados y otorgar importancia a la medición del desempeño, el monitoreo y la evaluación;  Acentuar la reducción de costos;  Insistencia en disminuir la espera de actuación del Estado;  Promover la privatización, la contratación de servicios externos (“outsourcing”) y la descentralización de servicios prestados por el Estado, y otras funciones del gobierno consideradas no-esenciales;  Centrarse en tareas las atribuciones esenciales y de alta prioridad;  Devolución de responsabilidades decisorias, tanto cuanto sea posible al usuario final;  Provisión de servicios costeables y eficaces, por parte del sector privado. No tanto por las prácticas y los métodos, sino también por el lenguaje y los valores del sector privado, y en parte como un intento por ‘desburocratizar’ a la administración pública. Aun más, por el supuesto de que, en algunos casos, el sector privado puede prestar servicios costo-eficaces e incrementar la competencia;  Orientación hacia el cliente y designar a los ciudadanos como ‘clientes valorados’;  Enfatizar el ‘empoderamiento’ de los usuarios, de los grupos de interés (“stakeholders”) y de la gerencia participativa.  

 

En cuanto a la “Reinvención del Gobierno” (Osborne y Gaebler, 1992, versión en español de editorial Paidós), libro que se convirtió rápidamente en un best-seller mundial y que tuvo una vigorosa difusión en América Latina, los autores de la modalidad norteamericana del NPM propusieron una nueva forma de conducir los negocios públicos expuesta en diez principios, para cuya exposición me apoyo en la excelente reseña del profesor chileno Juan Manuel Manso: i. Gobierno catalizador : mejor llevar el timón que remar. Este es el principio básico de la propuesta. Implica transformar el gobierno tradicional de proveedor directo de servicios a uno catalizador; esto es: promotor, coordinador, activador y armonizador de las iniciativas de los sectores privados, comunitarios y de otras organizaciones sin fines de lucro para la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad. Los autores sostienen que para lograr este objetivo se tienen que separar lo que son las decisiones sobre dirección o formulación de políticas, de lo que son las decisiones relativas a actividades relacionadas con la prestación directa de los servicios. Como metafóricamente expresan los autores “..la tarea del gobierno consiste en llevar el timón de la nave, no en remar. Prestar servicios es remar, y el gobierno no es muy bueno remando” (pag, 55).

ii. Gobierno propiedad de la comunidad: mejor facultar que servir directamente. El objetivo de este principio reside en fortalecer las comunidades y la participación de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales que les afectan. La ineficiencia de los gobiernos

,“no reside tanto en las personas (funcionarios públicos) que trabajan en sus agencias; el verdadero mal se encuentra en los sistemas, estructuras, reglas, procedimientos y leyes que los atrapan e inhiben su capacidad creativa” (pag 43). Los autores sostienen que “... para que los programas de gobierno realmente funcionen es necesario sacar la responsabilidad de éstos de las manos de los burócratas y traspasarla a la gente a la cual están orientados servir” (pag, 89).

iii. Gobierno competitivo: inyectar competitividad en la prestación de servicios. La característica esencial de un gobierno empresarial es exigir criterios de competencia en la prestación de servicios mediante la eliminación de monopolios estatales y la liberación de las fuerzas de mercado. Los autores están plenamente convencidos de que promover la competencia entre el sector privado y el sector público tiene diversos y positivos efectos, entre éstos: “ obliga a los monopolios públicos a responder a las necesidades de los consumidores; los proveedores se ven obligados a mantener bajos sus costos y a responder rápidamente a los cambios en la demanda; estimula y premia la innovación; eleva la moral y el orgullo en los empleados públicos; fomenta la eficiencia y la responsabilidad de la gerencia pública, pero más importante aún: crea un sentido de mejor aprovechamiento de los presupuestos públicos” (pags 125-130).

iv. Gobierno inspirado en objetivos: la transformación de las organizaciones regidas por reglas. Las instituciones públicas tradicionales están orientadas a cumplir con una gran cantidad de reglas, regulaciones y actividades inútiles, más que actuar inspiradas en objetivos. En las agencias públicas, “todas las reglas se han establecido con las mejores intenciones; pero sus efectos acumulativos son paralizantes” (pag 170). Por el contrario, las organizaciones basadas en el espíritu empresarial tienden a minimizarlas y a poner atención en definir claramente su misión y objetivos.

v. Gobierno dirigido a resultados: financiar el producto, no los datos. La preocupación de los gerentes públicos –dicen los autores- debe cambiar de prioridad. Debe pasar de la preocupación por los insumos y procesos a la medición del rendimiento, pues las agencias del sector público deben comenzar a evaluar sus desempeños más por la calidad de sus resultados que por el fiel cumplimiento de los reglamentos burocráticos. Plantean los autores que las organizaciones exitosas buscan soluciones, confían en sus empleados, miden cuantitativa y cualitativamente los resultados del trabajo y vinculan los incentivos salariales al desempeño de sus empleados. Medir los resultados –agregan los autores- es importante por varias razones: “ lo que se mide, se hace; si no se miden los resultados, no se puede distinguir entre el éxito y el fracaso; si no se puede reconocer el éxito, no se lo puede recompensar, si no se puede recompensar el éxito, probablemente se recompense el fracaso; si no se puede reconocer el éxito, no se puede aprender de él; si no se puede reconocer el fracaso, no se lo puede corregir” (pag 236).

vi. Gobierno inspirado en el cliente: satisfacer las necesidades del cliente, no las de la burocracia. Osborne y Gaebler sostienen que, a diferencia de las burocracias tradicionales que solo tienden a servirse a si mismas, el objetivo del modelo de gobierno empresarial que proponen es servir a los ciudadanos. Basados en la filosofía de la calidad total, agregan los autores que la mejor forma para obtener calidad en la prestación de los servicios públicos es satisfaciendo las necesidades de los clientes. En este sentido abogan por que el tradicional concepto de ciudadano se reconceptualice por el de cliente o comprador de servicios. vii. Gobierno de corte empresarial: ganar en lugar de gastar. De acuerdo a Osborne y Gaebler es difícil para los administradores de las agencias del sector público pensar como inversores si no conocen sus costos reales. La mayoría de los administradores públicos –dicen - no tienen idea de lo que cuesta producir los servicios que

ofrecen. La experiencia muestra que por lo general sus costos verdaderos llegan a exceder hasta en un 30 por ciento los costos inicialmente considerados en sus presupuestos. Para los autores, reinventar el gobierno necesariamente pasa por desarrollar en éste una perspectiva de inversión, y el hábito de considerar sus gastos como si se tratara de inversiones. Por otra parte, sostienen que si se desea que los gestores públicos piensen como empresarios entonces es necesario proveerlos de incentivos. Los autores explican detalladamente diversos modos a través de los cuales se podría lograr tal propósito, entre éstos: ahorro y ganancias compartidas, capital de innovación, fondos empresariales, centros de utilidad, entre otros. viii. Gobierno previsor : más vale prevenir que curar. Los tradicionales gobiernos burocráticos se centran en suministrar servicios para combatir los problemas, más bien que en desarrollar estrategias para anticiparlos. Así, para afrontar la enfermedad las burocracias tradicionalmente orientadas fundan servicios de salud. Para hacer frente al crimen establecen más policías. Para combatir incendios compran más coches de bomberos. Por el contrario, los gobiernos empresariales aplican criterios de planificación estratégica para visualizar el futuro a objeto de reformular su misión y objetivos, identificar los problemas más urgentes y tomar las decisiones necesarias.

ix. Gobierno descentralizado: de la jerarquía a la participación y el trabajo en equipo. La esencia de este principio -dicen Osborne y Gaebler- consiste en otorgar un mayor grado de autoridad para tomar decisiones a los funcionarios de los niveles organizacionales más bajos. En otras palabras, esto significa: acercar las decisiones a los clientes; reducir las jerarquías burocráticas, y fomentar la participación y el trabajo en equipo. Un gobierno descentralizado ofrece, además, la ventaja de acceder más rápidamente a la información y a los cambios tecnológicos para mejorar y agilizar la toma de decisiones. x. Gobierno orientado al mercado: provocar el cambio a través del mercado. Osborne y Gaebler, sostienen que los mercados no solo existen en el sector privado; también existen en el sector público, aunque a éstos normalmente se les denomina sistemas. Pero, agregan los autores, son mercados del mismo modo que son mercados el sistema financiero, el sistema bancario, el sistema de asistencia sanitaria.   

Como aplicación práctica de este modelo, se puede mencionar que en el marco de la agenda que el Vicepresidente norteamericano Al Gore presentó en 1993 al Presidente Bill Clinton como el “Informe sobre la Revisión del Desempeño Nacional. Creación de un gobierno que trabaje mejor y cueste menos”, propone reinventar un gobierno que ponga en primer lugar a la gente, mediante:

 La reducción del gasto innecesario;El servicio a sus clientes;La facultación de los empleados públicos;El auxilio a las comunidades en la solución de sus propios problemas, yLa promoción de la excelencia. Y que para tal efecto, se debería: Crear un claro sentido de misión;Conducir más y actuar menos;Delegar autoridad y responsabilidad;Remplazar las regulaciones con incentivos;Desarrollar presupuestos basados en resultados;Exponer a la competencia las operaciones federales;

Buscar soluciones de mercado, no administrativas, yMedir el éxito con la satisfacción del cliente.

El éxito de la reforma aplicada en el ámbito estadounidense, al menos el marketing que se desplegó sobre la misma y el condicionamiento que entes multinacionales impusieron para servicios de asistencia técnica y consultoría en temas de gestión pública y modernización del estado y sus organizaciones en América Latina, implicaron una amplia difusión e intentos de réplica en la región. 

4.2 Corriente de Reforma Gerencial del Estado-RGE desarrollada por el CLAD:

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional de carácter intergubernamental. Se constituyó en el año 1972 bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras regiones.El CLAD es un organismo internacional de obligada referencia en las áreas de su competencia. Además del reconocimiento que ha logrado entre los gobiernos de Iberoamérica, diversos organismos públicos internacionales suelen solicitar su colaboración. Igualmente, desarrolla actividades de investigación y fortalecimiento institucional en conjunto con distintas instituciones gubernamentales de cooperación e instituciones de investigación y docencia de Europa, Estados Unidos y Canadá. Institucionalmente participa en otras instancias internacionales y es la secretaría técnica permanente de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado que se realizan en el marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Actualmente cuenta con 26 países miembros entre quienes están España y Portugal.

En lo que respecta a la posición del CLAD respecto del cambio del modelo de Estado y de gestión pública, se diferencia notablemente de la OCDE, por cuanto reconoce particularidades propias de América Latina pues declara que “… la Reforma Gerencial presupone, completa y modifica la primera gran reforma del Estado Moderno, la reforma burocrática weberiana, que instauró un servicio público profesional y meritocrático, condición esencial para que la administración pública gerencial sustituya a la administración pública burocrática. En este punto se encuentra la especificidad y desafío de América Latina: Ningún país de la región completó la construcción del modelo burocrático weberiano en los moldes de las naciones más desarrolladas…” (CLAD, Concejo Científico, Documento Doctrinario, 1998). Es decir, en otros términos que, más que un atributo del modelo gerencial, la profesionalización de la función pública se eleva a la altura de un condicionante del desarrollo.

Esta posición doctrinaria del CLAD promulgada en el documento “Una nueva gestión pública para América Latina” (1998), frente a esta coyuntura histórica de recambio del modelo de Estado es de proponer para América Latina una “tercera vía” diferente a la del Estado de Bienestar y la del Estado Neoliberal: no destruir o desmantelar el Estado, sino de reconstruir su capacidad de gestión para enfrentar los 3 grandes retos específicos para  la región: a-redemocratizar el aparato estatal, b-retomar el crecimiento económico y c-reducir la desigualdad

social , para lo cual valida la incorporación de prácticas gerenciales del sector privado a sector público pero mediando esos tres grandes objetivos, por lo cual rotula su propuesta como Reforma Gerencial del Estado –RGE y le asigna 9 atributos o características, alrededor de las cuales se han venido produciendo líneas conceptuales, investigaciones, estudios de caso, foros, congresos mundiales, libros, revistas, boletines, etc., que dan cuenta de un prolífico desarrollo de esta corriente conceptual.

Frente al hecho de que la política Latinoamericana este enmarcada por una mezcla de partidos débiles, clientelismo, liderazgos personalistas, etc., se hace necesario crear nuevas instituciones políticas, económicas y administrativas que potencien el desarrollo económico y la democracia y que garanticen los recursos financieros y administrativos para la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, así como para aumentar la gobernabilidad democrática y la legitimidad del sistema político.

La Reforma Gerencial busca el aumento de la capacidad del Estado y además propende por la democratización del poder político para fortalecer esa capacidad del Estado para promover el desarrollo económico y social para resolver de manera verdadera los problemas de América Latina. Aunque se debe aclarar que se reclama la eficiencia del aparato público estatal, la eficiencia a todo costo no es una solución planteada porque no puede aspirarse a la optimización de recursos públicos sin ofrecer buenos servicios y sin resolver los problemas sociales, lo cual será incompatible con los valores cívicos, políticos y sociales que se promueven y que es a lo que se debe apuntar como problemas a resolver en esta parte del continente.  

En concreto el CLAD planteó en su “documento doctrinario” de 1998 nueve características centrales de su propuesta , de las cuales presento resúmenes y transcripciones parciales (pags 13 a 20):

a. La profesionalización de la alta burocracia. Se debe consolidar un núcleo de servidores públicos en las tareas estratégicas del Estado, fundamental para la continuidad en la formulación, supervisión, regulación y evaluación de las Políticas Públicas, que desarrolle capacidades de gestión y de responsabilidad ante el sistema político. Es necesario neutralizar  su clientelización y su politización, mediante la adopción sistemática de este rasgo del modelo weberiano en este ítem. Este es un atributo estructural y distintivo frente a la NPM y contempla dos dimensiones:i- la objetiva: referida a las credenciales y procedimientos mediante los cuales se acreditan las calidades en términos de formación, experiencia y competencias laborales requeridos por los perfiles de los cargos, lo que además supone un proceso permanente de planeación de los recursos humanos, tanto en su cantidad como en su calidad para adecuarlos a los requerimientos de de las distintas dependencias , con base en las necesidades cambiantes del servicio. Sin embargo, esta característica no alude a que todos los miembros de la organización tengan título profesional, como en algunos ecenarios se ha querido entender; simplemente se trata de que cada uno según su oficio demuestre tener las competencias laborales y las credenciales formales requeridas. ii- La subjetiva: orientada a garantizar el uso de criterios técnicos y objetivos de actuación y decisión por parte de los responsables, para encarar con neutralidad afectiva las situaciones relacionadas con la prestación del servicio público, es decir, independientemente de la condición partidista, de género, raza, estrato socio-económico, religión, oficio o cualquiera otra condición que se imponga al solicitante, mas allá de la de ciudadano con derechos, para atender o resolver asuntos de su competencia. Esta dimensión también se orienta a que, no sólo los servidores públicos sino tambien la propia organización, adquieran una serie de atributos tales como la transparencia, honestidad, responsabilidad, adhesión a valores democráticos y defensa de una ética de lo público.

b. Transparencia en la administración pública. La administración pública debe ser transparente y sus administradores deben ser responsabilizados democráticamente ante la sociedad. Esto tiene que ser así porque la profesionalización de la burocracia no la hace totalmente inmune a la corrupción, fenómeno mundial que ha aumentado en demasía en América Latina. Es preciso actuar directamente en la relación entre política y administración, disminuyendo la politización de la maquinaria gubernamental, haciendo más transparentes las decisiones públicas e invirtiendo en el fortalecimiento de los patrones salariales y éticos del funcionariado. Al hacer que los administradores públicos sean más autónomos y asuman mayores responsabilidades ante la sociedad, la Administración Pública Gerencial se constituye en un instrumento fundamental para la defensa del patrimonio público y de los principios republicanos.

c. Descentralizar la ejecución de los servicios públicos es una tarea esencial en el camino de la modernización gerencial del Estado latinoamericano. En primer lugar, las funciones que pueden ser realizadas por los gobiernos subnacionales y que antes estaban centralizadas, deben ser descentralizadas. Esta medida procura no sólo obtener ganancias en eficiencia y efectividad, sino también aumentar la fiscalización y el control social de los ciudadanos sobre las políticas públicas.

Asimismo, la Reforma Gerencial del Estado en el ámbito subnacional será más exitosa en la medida en que se adelanten las reformas político-institucionales, toda vez que la burocracia local latinoamericana ha sido el locus privilegiado del patrimonialismo. De esta manera, el potencial de democratización de las relaciones entre el Poder Público y los ciudadanos, contenido en el modelo gerencial, sólo podrá ser plenamente realizado en el caso de que sean modificadas las relaciones entre la clase política, la burocracia y la sociedad civil en el plano local.

d. Descentralización organizacional. En las actividades exclusivas del Estado que permanezcan a cargo del Gobierno Central, la administración debe basarse en la desconcentración organizacional. Los organismos centrales deben delegar la ejecución de las funciones hacia las agencias descentralizadas. El principio que orienta este cambio es el de que debe existir una separación funcional entre las estructuras responsables de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas y autónomas, ejecutoras de los servicios, y de esta manera, orientar la administración pública a través del control de los resultados obtenidos por las agencias autónomas.

e. Orientar la administración pública gerencial por el control de los resultados. La Administración Pública Gerencial se orienta, básicamente, por el control de los resultados, contrariamente al control paso a paso de las normas y procedimientos, como se hacía en el modelo burocrático weberiano. En el caso latinoamericano, sin embargo, las normas y procedimientos estatales tendrán que recibir todavía una atención especial, en razón de la fragilidad histórica del Estado de Derecho. Más que en Europa y en los Estados Unidos, la autoridad estatal en nuestro continente debe garantizar la seguridad jurídica, la imparcialidad administrativa y la responsabilización judicial de autoridades y funcionarios, condiciones esenciales para establecer mercados eficientes y democratizar el espacio público Esto no quiere decir que exista una antinomia entre gerencialismo y predominio de las normas y procedimientos en nichos exclusivos de la autoridad estatal. Por el contrario, es preciso combinar estas lógicas, para lo cual se debe definir bien el espacio de cada una de ellas. En el caso de la lógica gerencial, ella es fundamental en la organización interna de las agencias públicas - marcadas por el “burocratismo” - en la relación entre ellas, y sobre todo, en la prestación de los servicios públicos.

La evaluación del desempeño burocrático establece si las metas fueron o no alcanzadas. La definición de objetivos también requiere de tres mecanismos:  

- El establecimiento de un modelo contractual entre el organismo central y las agencias descentralizadas denominado contrato de gestión que tiene como base las metas cuantitativas definidas a priori y luego evaluadas, lo cual constituye un instrumento que permite la estimación de la eficiencia, eficacia y efectividad, como el aumento de la transparencia de la administración pública.

- Modificación de la rígida jerarquía, la cual caracterizaba al modelo burocrático Weberiano. Ahora se busca que los funcionarios sean responsables de las metas y conscientes de la misión y de la organización y la mejor manera es delegando el poder y la autonomía a los gerentes.

- Construcción de instituciones y entrenamiento de personal calificado, que posibilite la evaluación del desempeño tanto organizacional como individual.

f. Mayor autonomía gerencial de las agencias y gestores. La mayor autonomía gerencial de las agencias y de sus gestores debe ser complementada con nuevas formas de control. En lo primordial, el control deja de ser el control burocrático que buscaba estimar si todos los procedimientos se habían cumplido en forma correcta, para preocuparse más por las ganancias de eficiencia y efectividad de las políticas. Con la Reforma Gerencial del Estado, el control que antes era llevado a cabo sólo por los administradores y las estructuras internas de control externo e interno, ahora pasa a ser, adicionalmente, la combinación de cuatro tipos de control: – Control de resultados, realizado a partir de indicadores de desempeño estipulados de forma precisa en los contratos de gestión. – Control contable de costos, que abarcará no sólo el control de los gastos realizados, sino también el descubrimiento de formas más económicas y eficientes de hacer cumplir las políticas públicas. La adquisición de esta última habilidad fue designada en la reforma administrativa inglesa, como la incorporación de una “conciencia de costos” en el servicio público. A partir de esto, los funcionarios públicos comenzaron a valorar el buen uso del dinero público, y así a respetar más a la población pensada como contribuyente. – Control por competencia administrada, o por cuasi-mercados, en los cuales las diversas agencias buscan ofrecer el mejor servicio a los usuarios. Esta competencia puede traer ganancias de eficiencia y efectividad al sistema, ya que la pugna obliga a una utilización más racional de los recursos y porque la tendencia es a aumentar la gama de servicios a disposición de los ciudadanos. – Y por último, el control social, por medio del cual los ciudadanos evaluarán los servicios públicos o participarán en la gestión de los mismos. Además de estos controles vinculados con el modelo de la Reforma Gerencial del Estado, es preciso reforzar el control judicial sobre actos ilícitos y para garantizar la uniformidad en el trato a los ciudadanos. Esta cuestión reviste una importancia extrema en América Latina, dada la histórica fragilidad de los órganos judiciales en la región, al contrario de la experiencia estadounidense e inclusive la europea.

g. Unidades administrativas autónomas. En el modelo gerencial de administración pública es preciso distinguir dos formas de unidades administrativas autónomas. La primera es aquella que comprende a las agencias que realizan actividades exclusivas de Estado, y en consecuencia son, por definición, monopólicas. En este caso, la descentralización tiene como finalidad aumentar la flexibilidad administrativa del aparato estatal. Con respecto al segundo tipo de agencia descentralizada, que actúa en los servicios sociales y científicos, el CLAD sostiene que el Estado debe continuar actuando en la formulación general, en la regulación y en el financiamiento de las políticas sociales y de desarrollo científico-

tecnológico, pero que es posible transferir el suministro de estos servicios a un sector público no-estatal en varias situaciones. De antemano, es preciso establecer que no se trata de la privatización de los servicios públicos en el área social. El Estado continuará siendo el principal financiador, y más que esto, tendrá un papel regulador en el sentido de definir las directrices generales y de poder retomar la aplicación de determinadas políticas, en caso de que sus ejecutores no estén realizando un trabajo acorde con lo esperado por los ciudadanos.

h. Orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano - usuario. Otra característica importante de la Reforma Gerencial del Estado es la orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano-usuario. Se trata de una revolución en la administración pública, ya que el antiguo modelo burocrático weberiano era auto-referenciado, vale decir, dirigido más hacia la afirmación del poder del Estado y de la burocracia estatal que a responder a las demandas de los ciudadanos. El CLAD asume el compromiso de promover la incorporación a la práctica de las administraciones públicas latinoamericanas, de este aspecto de democratización del Poder Público contenido en el modelo gerencial. Con este cambio, los ciudadanos deben participar tanto en la evaluación como en la gestión de las políticas públicas, especialmente en el área social. En el caso de la evaluación, varias reformas administrativas en todo el mundo están introduciendo instrumentos para estimar los resultados de los servicios públicos a través de la consulta popular. En lo que se refiere a la gestión, las comunidades están asumiendo la responsabilidad por programas en las áreas de educación, salud y vivienda, como puede comprobarse en diversas experiencias exitosas en América Latina. Este es un proceso que está reinventando la noción de gobierno, porque modifica la relación entre el Estado y la sociedad. Los ciudadanos son llamados a asumir un papel activo en la organización de la acción colectiva, y más específicamente en aquellos problemas que interfieren con su vida cotidiana y la de sus familias - como la seguridad en el barrio, la gestión de la escuela de los hijos, etc. De este modo, la población puede salir de aquella posición reactiva que la caracterizaba durante la hegemonía del modelo burocrático weberiano.

i. Modificar el papel de la burocracia en relación con la democratización del poder público. De acuerdo con los principios de la Reforma Gerencial, es preciso aumentar el grado de responsabilización del servidor público en tres aspectos:-ante la sociedad, tornando la administración pública más transparente, orientada hacia la rendición de cuentas. En este sentido, es preciso entrenar a los funcionarios públicos para que comiencen a tratar a los ciudadanos como consumidores cuyos derechos deben ser respetados. Además de esto, la burocracia tendrá que percibir al usuario del servicio como un posible aliado en la búsqueda por resolver los problemas; -ante los políticos electos en términos de la democracia representativa, sean del gobierno o sean de la oposición; y -ante los representantes formales e informales de la sociedad, que estén actuando en el ámbito de la esfera pública no-estatal. En resumen, la Reforma Gerencial busca aumentar la eficiencia, la efectividad y la democratización del Poder Público, y a partir de esto, fortalecer la capacidad del Estado para promover el desarrollo económico y social. El CLAD estima que la revigorización del Estado latinoamericano hará que éste se centre y gane efectividad en la promoción de la educación, la salud, la vivienda, los programas de renta básica, el desarrollo científico-tecnológico y el comercio exterior. Asimismo, la implantación exitosa del modelo gerencial capacitará al Estado para ofrecer fundamentos macroeconómicos estables, creando condiciones para la elevación de la inversión privada nacional y multinacional, así como para aumentar la competitividad internacional de los países de América Latina. En consecuencia, la Reforma Gerencial no opta por los principios del mercado como el ordenador por excelencia de los nuevos rumbos del sector público. La propuesta del CLAD es que el camino para modernizar la administración pública pasa por la redefinición de las relaciones entre la sociedad y el Estado, con la construcción de una esfera pública que de hecho involucre a la sociedad y a los ciudadanos en la gestión de las políticas públicas

Si bien estas nueve características de la RGE son las que están comprendidas en el pronunciamiento del Concejo Científico del CLAD en 1998, posteriormente se han dado otros desarrollos a través de un mecanismo que se valida por parte de los gobiernos miembros, cual es la aprobación de las “cartas y códigos iberoamericanos” que son marcos conceptuales, normativos (en el sentido del deber ser) e instrumentales, que refuerzan temas ya planteados o abren nuevos que están indisolublemente asociados al planteamiento original.

Desde entonces, se han adoptado 5 cartas y códigos suscritos por las autoridades nacionales miembros del CLAD, de carácter no vinculante, para que con base en ellas cada país realice las adaptaciones pertinentes de acuerdo con sus condiciones internas, su normatividad y su grado de desarrollo relativo. En dichas cartas se desarrollan y amplían los conceptos, instrumentos, técnicas, estrategias, de las características asignadas inicialmente a su modelo de la RGE:

Carta Iberoamericana de Función Pública (Santa Cruz Bolivia, 2003)  Código Iberoamericano de Buen Gobierno (Montevideo, 2006)  Carta Iberoamericana Gobierno Electrónico (Santiago de Chile, 2007)  Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (San Salvador 2008)  Carta Iberoamericana de participación ciudadana en la Gestión Pública (Lisboa Portugal, 2009).  Posteriormente, en noviembre de 2010, con ocasión de los bicentenarios de independencias nacionales latinoamericanas, el CLAD promulgó el documento “Gestión Publica Iberoamericana para el siglo XXI”, en el cual hace un balance crítico de los legados de la administración pública del subcontinente, los logros y limitaciones de la aplicación de la RGE, enfatizando en 5 áreas prioritarias (pags 8 a 16 ):

-Democratización de la gestión pública: actuar en pro de la democratizacion de las instituciones politicas y de gestion publica de tal manera que se logre configurar una esfera publica mas transparente y participativa, proporcionando los elementos para que todos puedan tener acceso a las decisiones o influirlas en alguna medida. -Profesionalización de la función pública: tener como meta la profesionalizacion de la funcion publica, por medio de una burocracia meritocratica -tanto en la seleccion como en la linea de carrera - motivada, responsable por sus actos y flexible, apoyada en mecanismos de formacion y actualizacion profesional, siendo capaz de actuar de manera agil y emprendedora para dar cuenta de las demandas de los ciudadanos.

-Nuevas tecnologías de gestión , destacando los instrumentos de gobierno electrónico: utilizar las mas modernas tecnologias de gestion, destacando las politicas de calidad, desburocratizacion y, especialmente, el gobierno electronico, el cual debiera favorecer la busqueda de la eficiencia, efectividad y democratizacion del Estado, sin transformarse en un fin en si mismo y garantizando las condiciones para que su uso sea inclusivo y pedagogico para los ciudadanos.

-Gestión por resultados orientados al desarrollo: Orientar a la administración pública predominantemente hacia los resultados para el desarrollo, modificando los incentivos formalistas que rigen a las organizaciones y a los gestores públicos. Para ello será fundamental crear una gestión basada en metas e indicadores, los que deben servir para el aprendizaje organizacional (mejoramiento de las políticas) y para informar a los ciudadanos sobre el estado

de avance de las acciones gubernamentales. Se debe resaltar que esta orientación debe estar en un marco de ética pública.

-Mejorar los patrones de gobernanza pública de modo que se pueda contar con un Estado fuerte y capaz de producir politicas públicas destinadas a fortalecer la ciudadanía social. Ello sólo será posible con gobiernos menos jerarquizados y menos uniformadores -y más matriciales y creativos-; más descentralizados, con una mayor coordinación intergubernamental y orientados hacia un soóido proyecto nacional; y capaces de articular, regular y coordinar redes y asociaciones con otras esferas sociales, dirigiendo un proceso interdependiente de producción de bienes públicos

Igualmente el documento refocaliza los desafíos del Estado Latinoamericano , planteando una agenda modernizadora y unos objetivos orientadores para el siglo XXI, como temas sustantivos de agenda de gobierno y políticas públicas, entre los cuales tienen gran preponderancia los siguientes que paso a enumerar, pero izando las banderas de su convocatoria en el sentido de que las líneas modernizadoras cobran sentido en tanto sirvan para la mas completa realización de los fines del Estado (pags 20 a 23):

 -La mejoría y la transformación de la gestión pública deben servir para alcanzar los objetivos más profundos del Estado. Es decir, luego de presentar de qué manera debe ser modernizada la administración pública iberoamericana, es preciso decir la finalidad (los para qué) de este proceso.

-Es fundamental acoplar la reforma de la gestión pública con la reforma del Estado en el sentido más general, fortaleciendo las instituciones del sistema político democrático. Vale resaltar que, en este proceso, es preciso revalorizar el papel de los políticos, esenciales para la reformulación del Estado. Obviamente que eso debe estar acompañado por el aumento de la responsabilización (accountability) democrática. -La reforma fiscal es otro aspecto clave para la administración pública latinoamericana. Es preciso tener, al mismo tiempo, una estructura tributaria justa y que sea capaz de financiar la expansión de las políticas sociales, sin que ello sea una carga demasiado grande para la sociedad.

-La modernización de la gestión pública no puede ser vista como una mera selección de los medios más adecuados. Ella depende de la selección de los fines que se busca obtener. En este sentido, el objetivo más general de la administración pública es el desarrollo sustentable, considerado en términos económicos, políticos, sociales y ambientales. Se debe poner especial énfasis en la busqueda de la ciudadanía social, de modo que la gestión pública de mejor calidad debe estar presente en las políticas de Educación, Salud, Seguridad Pública, Combate a la Pobreza y la Desigualdad Social. Vale la pena repetir lo siguiente, ya que es una condición para que nos libremos de una vez por todas del legado histórico de América Latina: es en dichas áreas sociales en donde el Estado debe invertir sus recursos financieros y sus competencias administrativas más valiosas.

-Además     de     esta     “línea-maestra”,     los     gobiernos     precisan     hoy     hacer     frente a una agenda de temas emergentes, la mayoría de ellos con gran impacto sobre América Latina. Entre ellos cabe destacar los siguientes: -El ambiente es una cuestión estratégica para todo el mundo, pero lo es mucho más para diversos países latinoamericanos en los cuales la diversidad natural y la riqueza son esenciales. La cuestión debe ser tratada, no como un obstáculo al desarrollo, sino como un activo

económico y político que la región posee, y que debiera beneficiar a su población y contribuir al desarrollo ambiental del planeta.

-Las políticas públicas iberoamericanas deben tomar en cuenta las desigualdades de género, garantizando derechos iguales para todos y todas, incluyendo la población homosexual, por lo que el desarrollo y la implementación de políticas de igualdad e inclusión resultan claves para toda la región.

-El respeto a la diversidad étnica es otro asunto que debe estar en el centro de la agenda de varias naciones de Iberoamérica. En especial el tema de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos que fueron históricamente perjudicados por el desarrollo nacional y que deben ser incluidos a dicho proceso en tanto ciudadanos plenos. -Como sucede en gran parte del mundo, Iberoamérica está pasando por una transformación demográfica que apunta al envejecimiento de la población, lo que pone de manifiesto tanto problemas de previsión social como la necesidad de elaborar políticas públicas orientadas a la tercera edad. Pero algunos países de América Latina tienen, también, un número bastante alto de jóvenes, la mayoría de los cuales pertenece a los sectores más pobres de la sociedad. -Uno de los mayores problemas de América Latina, en especial, es el tráfico de drogas, que está debilitando la autoridad estatal y creando una situación de anomia en varias naciones. Es de suma importancia preparar a la administración pública para luchar contra este problema, no sólo en términos de seguridad pública sino, también, para tratar las dependencias de substancias químicas, en el marco del compromiso de repensar la política de lucha contra las drogas en la región. -Los gobiernos deberán buscar el mejoramiento de la calidad de vida en los grandes centros urbanos y metrópolis de América Latina, sin descuidar las políticas de promoción de desarrollo de las poblaciones rurales, en donde éstas continúan excluidas. En las grandes ciudades vive gran parte de la población de la región y, al mismo tiempo, estos lugares congregan gran parte tanto de la riqueza como de la pobreza de estos países.

-De manera cada vez más frecuente el Estado debe prepararse para hacer frente a problemas urgentes, como catástrofes naturales, crisis económicas y accidentes de infraestructura que exigen de manera especial un funcionamiento mucho más ágil de las organizaciones gubernamentales.

-Una de las cuestiones emergentes pero igualmente importante dice relación con la creciente internacionalización de los fenómenos políticos, sociales y económicos. Esto exigirá el diseño de una gestión pública capaz de reaccionar ante las informaciones y presiones globales, así como dar prioridad a la integración regional. De todos modos, para lidiar con esta nueva temática, será necesario modificar el perfil de la burocracia y de los gestores públicos, además de modificar la estructura de las políticas públicas en el sentido de incrementar el diálogo permanente con el plano internacional.

Finalmente, un puente entre los medios y los fines de la gestión pública contemporánea puede ser muy bien comprendido en base al conjunto de indicadores denominados las E (s) de la Administración Pública: economía de recursos; eficiencia (hacer más con menos -optimización- ); eficacia (producir determinados bienes o servicios de calidad); equidad (cuestión esencial en nuestra región); ética (como combate a la corrupción y conducta orientada por el interés público); capacidad emprendedora (de los gestores públicos); equilibrio entre las acciones gubernamentales (o coordinación); y empoderamiento ciudadano… La gestión pública iberoamericana debe continuar en el buen camino de las transformaciones e innovaciones de los últimos años, pero también debe combatir los problemas e insuficiencias señalados en el documento.

Para finalizar esta sucinta transcripción de la agenda, es esencial ampliar y reforzar la integración regional. La cooperación entre los países se ha fortalecido a partir de la horizontalidad de las experiencias de gestión. Además, el CLAD es la principal organización diseminadora del debate y de la constante búsqueda de las soluciones en el campo de la gestión pública. De ese modo ayudará a los países a alcanzar el desarrollo sustentable y, pasados ya los doscientos años de la independencia latinoamericana, el mundo iberoamericano podrán ahora reforzar más sus lazos en pro de la prosperidad común.

5. COLETILLA

Como conclusión general que me queda después de una profusa lectura de los documentos doctrinarios del CLAD y las cartas iberoamericanas, así como otras publicaciones relacionadas, no me queda duda de que estamos frente a una nueva escuela de pensamiento sobre gestión pública de alcance iberoamericano, que se diferencia en el fondo y en la forma del modelo anglosajón y sus diversos matices. De manera suscinta planteo los siguientes elementos diferenciadores:

No se puede transponer acríticamente el concepto de la eficiencia de la gerencia privada a la gerencia pública; la primera es un fin en sí misma porque es la esencia del modo capitalista; en la segunda, la eficiencia corresponde a una categoría de medio que sirve para alcanzar fines públicos, es decir, políticos, categorías que son consustanciales al concepto de un Estado Democrático.

Lo contrario sería dejar la administración pública bajo el dominio del mercado, de los empresarios y de los afanes mercantilistas como sustitutos del proceso político para asignar recursos; es despolitizar lo público o dejar al Estado sin política, lo cual es por definición, una contradicción.

 En este sentido, la propuesta de la RGE se acerca más a la recuperación de procesos políticos y de una amplia participación ciudadana en el diseño, control y evaluación de la implementación de las políticas públicas, buscando (re)implantar en la sociedad y en la gestión de lo público, valores neo-públicos y una sociedad más socio-céntrica. En definitiva una buena gestión de lo público en el contexto de La Reforma Gerencial del Estado, con su carácter Estado-céntrico, consiste en buscar permanentemente un equilibrio entre estas tres dimensiones:a. Lograr buenos resultados (variable administrativa)b. Que respondan a las necesidades y expectativas de la población (variable política)c. Utilizando eficientemente los recursos disponibles. (variable económica) 

 

 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA

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