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INFORME SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN 2015 ESPAÑA

Resumen La constitución protege la libertad religiosa y reconoce una vinculación especial con la Iglesia Católica. No existe una prohibición de ámbito nacional que impida el uso de los velos que cubren el rostro, pero trece municipios lo han restringido; no se han impuesto multas por incumplimiento. El gobierno incrementó la protección policial de las comunidades judías y aprobó una ley sobre el derecho de retorno de los sefardíes, reflejo de los años de estrecha colaboración con los líderes de la comunidad. El gobierno también firmó un acuerdo con las confesiones evangélica, judía y musulmana que facilita la asistencia a personas que desean practicar su fe en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). En los colegios públicos, los gobiernos financian a los profesores que imparten la asignatura de religión católica, islámica, protestante o judía cuando la solicitan un mínimo de diez alumnos. Estas clases no son obligatorias. Los alumnos que optan por no cursar la asignatura de religión deben cursar una asignatura alternativa que incluye temas sociales, culturales y religiosos de carácter general. El Ministerio de Justicia declaró que, al facilitarse el acceso a los permisos y mejorar los vínculos con los municipios, los musulmanes abrían una media de un lugar de culto cada tres días. Después de los violentos atentados perpetrados en París en enero, grupos musulmanes denunciaron un incremento de los delitos de odio no violentos. Aparecieron comentarios antisemitas y anti musulmanes en las redes sociales y en discursos públicos. Se denunciaron pintadas con insultos en mezquitas. Las autoridades centrales y locales investigaron y procesaron varios casos de expresiones de odio contra los judíos y los musulmanes. La nueva Comisión Asesora de Libertad Religiosa, establecida por el Ministerio de Justicia en enero, era la encargada de preparar un informe anual sobre la libertad religiosa. La comisión está encabezada por el ministro de Justicia y compuesta por representantes de los ministerios de la Presidencia, Asuntos Exteriores, Hacienda, Interior, Educación, Empleo y Sanidad, entre otros. Funcionarios de la Embajada y del Consulado de Estados Unidos se reunieron regularmente con funcionarios gubernamentales para hablar del antisemitismo, el sentimiento anti musulmán y la preocupación por la discriminación social de las minorías religiosas. En mayo, el Enviado Especial para el Seguimiento y la Lucha contra el Antisemitismo visitó Madrid y se reunió con líderes de la comunidad judía, funcionarios gubernamentales y miembros de la comunidad para informarse sobre el antisemitismo, mostrar su apoyo a la ley sobre el derecho de retorno de los sefardíes y promover la educación sobre el Holocausto. Sección I. Demografía religiosa El gobierno de Estados Unidos estima que la población es de 48,1 millones de

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habitantes (julio de 2015). Según un sondeo realizado en abril por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el 68,8 por ciento de los encuestados se identificaban como católicos y el 2,3 por ciento como fieles de otros grupos religiosos. Además, el 15,6 por ciento se describían como “no creyentes” y el 10,3 por ciento como ateos. La Conferencia Episcopal Española (CEE) estima que hay 34,5 millones de católicos. El gobierno calcula que hay 1,4 millones de cristianos evangélicos y otros protestantes; la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) calcula que son 1,2 millones, de los cuales 800 000 son inmigrantes. El gobierno calcula que hay 2 millones de musulmanes; la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) estima que hay 1,86 millones, mientras que otros grupos islámicos estiman que la población es de hasta 2 millones. La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) estima que hay 40 000 judíos, mientras que el gobierno calcula que hay 45 000. Otros grupos religiosos son el cristianismo ortodoxo (1,5 millones según el gobierno); los Testigos de Jehová (170 000 según los medios de comunicación); el budismo (80 000 según el gobierno); la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día (mormones, que ascienden a 50 000 según los medios de comunicación); el bahaísmo; la Cienciología; el hinduismo; la Ciencia Cristiana; y otros grupos cristianos. La mayoría de no cristianos se encuentran en las regiones de Cataluña, Andalucía y Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sección II. Respeto a la libertad religiosa por parte de los gobiernos

Marco legal La constitución garantiza la libertad religiosa, pero permite una limitación en su manifestación si es “necesaria para el mantenimiento del orden público”, por ejemplo, para limitar las aglomeraciones en instalaciones pequeñas o espacios públicos. Otra ley (conocida coloquialmente como “Ley mordaza”), que entró en vigor en junio, limita las manifestaciones. Ninguna de las leyes se ha aplicado explícitamente contra grupos religiosos. La constitución establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión o sus creencias. La constitución afirma también que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, sin embargo, “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica” y las demás confesiones. El Estado no exige que los grupos religiosos se inscriban en el Registro de Entidades Religiosas; sin embargo, estar inscritos les otorga privilegios que les permiten comportarse como tales. Los grupos inscritos en el Registro de Entidades Religiosas pueden celebrar servicios religiosos legalmente; adquirir, arrendar y vender propiedades, y actuar como entidades jurídicas en procesos civiles. Para que el Ministerio de Justicia confirme el alta en el Registro, los grupos religiosos deben tener notorio arraigo. Para que a los grupos religiosos les sea reconocido el

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notorio arraigo, deben contar con un número de miembros “relevante” sin especificar, llevar presentes en el país un tiempo “considerable”, que en julio estaba establecido en treinta años, y tener un “nivel de difusión” que demuestre presencia en la sociedad. Los grupos deben también presentar documentación que acredite su naturaleza religiosa en la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, que mantiene el Registro de Entidades Religiosas. No es necesario que las diócesis y parroquias católicas se inscriban para gozar de ventajas, ya que la CEE representa a toda la comunidad católica ante el Estado. El islam, el judaísmo, los Testigos de Jehová, el budismo, la Iglesia Evangélica, los mormones y la Iglesia Ortodoxa son grupos inscritos con notorio arraigo. Si el Ministerio de Justicia considera que un solicitante de inscripción no es un grupo religioso, el grupo puede ser incluido en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. La inclusión en el Registro de Asociaciones concede carácter legal tal como autoriza la ley que regula los derechos de las asociaciones, pero no da derecho a celebrar servicios religiosos. Estar inscrito también permite que los grupos establezcan acuerdos bilaterales de cooperación con el Estado. El Estado tiene acuerdos de cooperación con la Santa Sede y las comunidades católica, protestante, judía e islámica. Estos acuerdos conceden a los grupos religiosos ciertas ventajas fiscales y validez civil a los matrimonios que celebran y les permiten tener profesores en los colegios y capellanes en los hospitales, las Fuerzas Armadas y, en algunos casos, las prisiones. El acuerdo con la Santa Sede engloba asuntos legales, educativos, culturales y económicos, la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos y los religiosos. A 4 de marzo, el gobierno garantizaba la asistencia religiosa en los centros de refugiados conocidos como CIEs para que los grupos evangélico, judío y musulmán puedan proporcionar asistencia directa a sus fieles. Existe un acuerdo similar con la CEE. La legislación tributaria ofrece a los contribuyentes la opción de asignar hasta un 0,7 por ciento de sus impuestos a la Iglesia Católica y/o a organizaciones no gubernamentales (ONGs), pero no a otros grupos religiosos. Algunas comunidades autónomas tienen acuerdos con grupos religiosos para fomentar el apoyo por parte de la sociedad, como permitir la asistencia religiosa en los hospitales y las prisiones. Por ejemplo, el gobierno de Cataluña tiene acuerdos con tres grupos religiosos: católicos, protestantes y musulmanes. Según la ley, las autoridades pueden investigar y procesar como "delitos terroristas" los delitos cometidos por grupos neonazis. La reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio establece que la negación del genocidio es un delito si se incita a actitudes violentas. La definición de delitos de odio se ha ampliado para incluir actos de

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“humillación o menosprecio” hacia las víctimas a causa de su religión, con penas de prisión de uno a cuatro años. Los gobiernos locales están obligados a considerar las solicitudes de terreno para uso público y la apertura de lugares de culto. Si un municipio decide denegar una solicitud, después de sopesar factores como la disponibilidad y el valor añadido para la comunidad, el ayuntamiento debe explicar su decisión al solicitante. No existe una ley de ámbito nacional que limite el uso de los velos que cubren el rostro. En varias localidades existen ordenanzas municipales que prohíben el uso del niqab en los edificios públicos y establecen multas de hasta 600 euros (653 dólares). La legislación de trece municipios, la mayoría de Cataluña, limita el uso del niqab. Los gobiernos financian a los profesores que enseñan religión católica, islámica, protestante o judía en los colegios públicos cuando la solicitan un mínimo de diez alumnos. Estas clases no son obligatorias. Los alumnos que optan por no cursar la asignatura de religión deben cursar una asignatura alternativa que incluye temas sociales, culturales y religiosos de carácter general. El desarrollo de los planes de estudio y la financiación de los profesores de religión es responsabilidad de las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, Aragón, el País Vasco, Canarias, Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde los planes de estudio y la financiación son competencia del gobierno central, según lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía. Los grupos religiosos inscritos en el Ministerio de Justicia son los responsables de seleccionar a los profesores de religión de su confesión. El Ministerio de Educación o la entidad autonómica responsable de la educación certifica las credenciales de los profesores. El Estado financia los servicios religiosos dentro del sistema penitenciario para católicos y musulmanes. No incluyen esta disposición los acuerdos de cooperación entre el Estado y los grupos judío y protestante, que se autofinancian. El reglamento militar permite la celebración de funerales militares para católicos, evangélicos, otros protestantes, judíos y musulmanes si lo solicita la familia del fallecido.

Prácticas del gobierno El 11 de junio, se aprobó una ley sobre el derecho de retorno de los judíos sefardíes que permite a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España en 1492 solicitar la ciudadanía una vez demostrada su condición de sefardíes y cumplidos una serie de requisitos. La FCJE presionó en favor de esta ley y su aprobación fue muy elogiada por la comunidad judía, aunque se expresó cierta preocupación acerca de la dificultad de superar pruebas de educación cívica y lengua y de los costes asociados a la solicitud y al viaje. La tasa de solicitud es de 100 euros (109 dólares) y, si la solicitud

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es aceptada, el solicitante o su representante legal debe confirmarla en persona. Esta ley entró en vigor el 1 de octubre, fecha en que el Ministerio de Justicia publicó un formulario de solicitud en línea. Fuentes de la comunidad judía calculaban que, de los cuatro millones de miembros de la diáspora sefardí en el mundo, podrían presentar la solicitud hasta doscientos mil desde Israel, Estados Unidos, Turquía, Marruecos, Túnez y Latinoamérica. Las comunidades judías declararon que esperaban un especial interés por parte de las comunidades judías en Turquía y Venezuela, aunque añadieron que la necesidad de cumplir con los requisitos relativos a la lengua, el viaje y la tasa de solicitud podría constituir un factor disuasorio. La comunidad Baha’i de Madrid trabajaba con el Ministerio de Justicia en el desarrollo de su solicitud de notorio arraigo. A final de año, no le había sido concedido. En algunos casos, los municipios exigían que los lugares de culto de grupos religiosos inscritos recibieran una autorización municipal para celebrar servicios religiosos. Cada municipio establecía su propio procedimiento para solicitar la autorización. Algunos grupos islámicos, como la Federación de Comunidades Musulmanas Africanas de España (FCMAE), declararon que no se había restablecido el nivel de apoyo gubernamental recortado con motivo de la crisis económica de 2008, lo que limitaba su capacidad para viajar a conferencias y representar adecuadamente a la creciente comunidad musulmana. En junio, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de la FEREDE, que forma parte de la comunidad religiosa protestante inscrita ante el Estado, que había solicitado que en los formularios de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se incluyera una casilla que permitiera que los ciudadanos destinaran una parte a la Iglesia Evangélica de la misma forma que pueden destinarla a la Iglesia Católica. La Audiencia Nacional confirmó la desestimación de la solicitud de la FEREDE por parte del Ministerio de Hacienda porque la entidad no tenía un acuerdo de cooperación con el Estado. En septiembre, el Ministerio de Justicia firmó un acuerdo con los dos secretarios generales de la Comisión Islámica de España (CIE) para modificar los estatutos de la entidad y su representación ante el Estado. Alrededor de 800 miembros de la comunidad musulmana protestaron por la medida, que, según el Ministerio de Justicia, tomó después de que la mayoría de los representantes de la comunidad musulmana se quejaran de la ineficacia del sistema de dos secretarios generales. La modificación estableció un órgano de transición por un periodo de seis meses y pidió la celebración de elecciones para que 25 representantes de la comunidad musulmana en el ámbito nacional eligieran a un presidente de la CIE que reemplazara a los dos secretarios generales. No se había fijado la fecha para la adopción de los nuevos estatutos ni para la elección del presidente.

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El 4 de marzo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, firmó un acuerdo con los grupos religiosos evangélico, judío y musulmán que hacía posible la asistencia religiosa en los CIEs. Los firmantes fueron el secretario ejecutivo de la FEREDE, el presidente de la FCJE y los secretarios generales de la CIE. El Ministerio del Interior había firmado un acuerdo similar con la CEE anteriormente. El entonces enlace del Ministerio de Justicia con las comunidades religiosas, Ricardo García, afirmó que entre junio de 2012 y diciembre de 2014 se habían inaugurado 280 lugares de culto musulmán, es decir, una media de uno cada tres días, muestra de que se había resuelto el problema de la falta de concesión de licencias a las comunidades religiosas por parte de los municipios. A pesar de la protección existente en el ámbito nacional, algunos grupos religiosos minoritarios afirmaron que seguían teniendo dificultades para que se les concedieran licencias de obra y otros permisos para los lugares de culto por parte de gobiernos locales. Grupos musulmanes continuaron denunciando dificultades para la obtención de permisos para la construcción de nuevas mezquitas, especialmente en el centro de las ciudades. Afirmaron que los municipios diferían las decisiones sobre las solicitudes de terreno para el establecimiento de lugares de culto, algunas de las cuales permanecen años sin contestar. Algunos municipios de Cataluña establecieron una moratoria para la apertura de nuevos lugares de culto; dichos municipios declararon que sus corporaciones municipales necesitaban más tiempo para estudiar el impacto de dichos espacios. Varios grupos islámicos querían construir la segunda mezquita más grande del mundo en Medina Azahara, cerca de Córdoba, para que fuera el centro del islam en Europa. La mezquita sería financiada por Arabia Saudí y/o los Emiratos Árabes Unidos. El terreno ya se había adquirido a través de intermediarios, pero el gobierno municipal retrasaba continuamente el proyecto y los ciudadanos cuestionaban la construcción de una mezquita tan grande en una ciudad con no más de 1 000 musulmanes (la asociación musulmana local aseguraba que había 4 500). Asimismo, un grupo de musulmanes financiaba la obra de una mezquita en la ciudad de Salt, en Cataluña, que se detuvo debido a la falta de fondos. La ciudad ordenó que se reanudaran las obras lo antes posible para liberar los espacios que se estaban utilizando como centros de oración de modo que pudieran ser utilizados para otros fines. Las obras de la mezquita se reanudaron a finales de septiembre de 2014 y continuaron hasta finales de año, pero en 2015 se detuvieron de nuevo debido a la falta de fondos. Algunos observadores explicaron que la prohibición existente en el islam de pagar intereses por los préstamos podría ser la causa del proceso de construcción tan prolongado por parte de la comunidad. Sin embargo, representantes de la comunidad musulmana catalana atribuían la no construcción de una sola mezquita en toda Cataluña a la discriminación religiosa. El Estado empleaba a 49 profesores de educación islámica en todo el país según la CIE, que certificaba que cumplían los requisitos.

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Algunos representantes de la comunidad judía declararon que, por motivos políticos durante un año electoral, no recibieron protección “militarizada” tras los atentados terroristas perpetrados en París en enero de 2015, aunque dijeron que las autoridades incrementaron las medidas de seguridad y la protección policial en los centros comunitarios y lugares de culto judíos. Según un líder de la comunidad judía, el incremento de la presencia policial hizo que los vecinos se sintieran amenazados porque su proximidad a una sinagoga podía convertirlos en blanco terrorista. Este temor aumentó las tensiones entre los vecinos y la comunidad judía. No se informó de que los municipios hicieran cumplir la prohibición de los velos que cubren el rostro. La Comunidad de Madrid y la Generalitat de Catalunya continuaron haciendo un seguimiento de los delitos de odio, que incluyeron ciertos delitos con motivación religiosa. Los delitos de odio aumentaron un 13 por ciento desde 2014 y un 23 por ciento estaba relacionado con la religión. En junio se hizo público que Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid, había retuiteado comentarios antisemitas en 2011. Tras la indignación pública, renunció a su nuevo cargo como responsable del área de cultura y deportes del Ayuntamiento, pero mantuvo su puesto de concejal. La Oficina de Asuntos Religiosos creó una herramienta en internet para proporcionar información sobre las religiones minoritarias, como sus lugares de culto, la disponibilidad de cementerios y las leyes que orientan sobre los derechos de los grupos religiosos minoritarios. La Oficina era la encargada de informar a los gobiernos locales de sus responsabilidades respecto a los grupos religiosos minoritarios, especialmente en el caso de las normativas o restricciones municipales que afectan al derecho de culto. La Fundación Pluralismo y Convivencia continuó sus actividades de divulgación entre los municipios y gobiernos locales con comunidades musulmanas grandes para mejorar o establecer el diálogo y garantizar que los derechos religiosos se entendían y respetaban. La Fundación también asumió un nuevo papel de trabajo con las comunidades musulmanas para detectar signos de radicalización, como parte del nuevo Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta del gobierno central, aprobado el 30 de enero. Como parte de su misión, la Fundación concedía fondos a grupos religiosos minoritarios para proyectos de promoción de la tolerancia y el diálogo, como conferencias sobre diversidad religiosa, investigación sobre minorías religiosas y proyectos culturales para aumentar el conocimiento de las religiones minoritarias por parte de la sociedad. La nueva Comisión Asesora de Libertad Religiosa, comisión interministerial creada por el Ministerio de Justicia en enero, fue la encargada de redactar un informe anual sobre la libertad religiosa. La Comisión está encabezada por el ministro de Justicia e

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integrada por representantes de los Ministerios de la Presidencia, Asuntos Exteriores, Hacienda, Interior, Educación, Empleo y Sanidad, y representantes de la Iglesia Católica, la FEREDE, la FCJE, la CIE, los mormones, la Federación de Comunidades Budistas de España y la Iglesia Ortodoxa de España. El 3 de febrero, el presidente de la Generalitat de Cataluña fue el anfitrión de una recepción para los líderes de todas las comunidades religiosas de la región para conmemorar la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. España es miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Sección III. Respeto de la libertad religiosa por parte de la sociedad Líderes musulmanes denunciaron que los musulmanes encontraban oposición social para construir o ampliar lugares de culto. Según la Oficina de Asuntos Religiosos del gobierno autonómico catalán, en Cataluña, los musulmanes, en ausencia de mezquitas, continuaban rindiendo culto en aproximadamente 265 oratorios. Entre los factores para la ausencia de mezquitas citados por los líderes musulmanes se encontraba la oposición de grupos vecinales y de algunos partidos políticos. Seguían expresándose comentarios antisemitas y anti musulmanes. Durante los ocho primeros meses del año, la policía registró 1 324 casos de delitos de odio, el 23 por ciento de ellos relacionados con la religión. Después de los atentados perpetrados en París en enero, los musulmanes fueron acosados especialmente y siguieron sufriendo prejuicios sociales y desafíos relacionados con la integración en la comunidad, como daños a mezquitas. En diciembre unos vándalos pintaron insultos y amenazas en una capilla católica en la Universidad Complutense de Madrid. Tras los atentados de enero en París, hubo cuatro actos de vandalismo contra mezquitas. El 8 de enero, unos vándalos pintaron una cruz gamada e insultos en la entrada del centro islámico de San Juan de Lagos (Burgos). El 9 de enero, se pintaron insultos en la mezquita Abu Baker de Madrid. El 12 de enero, amenazas e insultos en la sede de la Liga Morisca en Jerez de la Frontera (Cádiz). El 11 de enero, insultos en el Centro Cultural Al-Andalus de Jaén. En junio, Xavier Bosch, escritor del periódico Mundo Deportivo, afirmó en una columna que “el lobby judío” formulaba las reglas y que agentes de la inteligencia israelí habían formado parte del Fútbol Club Barcelona. La comunidad judía de Madrid envió una carta de protesta al periódico que no recibió respuesta. En agosto, el festival de música Rototom Sunsplash, que se celebra en la Comunidad Valenciana, retiró la invitación a un músico de reggae judío estadounidense a petición de una organización que apoyaba el boicot a Israel. Los medios de comunicación informaron de una amplia crítica generalizada por parte de funcionarios

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gubernamentales y ciudadanos que presionaron a los organizadores para que se disculparan públicamente y volvieran a invitar al músico, que aceptó y actuó sin incidentes. En agosto, la CIE protestó porque el gobierno no anunciaba vacantes ni contrataba a más profesores para satisfacer la demanda de educación islámica, para lo que decía eran necesarios 750 profesores en todo el país. Musulmanes en Cataluña denunciaron que, tras los atentados de noviembre en París, se sentían temerosos y aislados de la comunidad y que estaban siendo vigilados. Las autoridades mencionaron que habían aumentado los comentarios contra el islam en los blogs y las redes sociales, pero no citaron nuevos delitos de odio. En Cataluña, el Grupo de Trabajo Estable de las Religiones (GTER), que englobaba a las comunidades judía, protestante, musulmana, católica y ortodoxa, continuaba manteniendo reuniones para promover la cooperación. Sección IV. Política del gobierno estadounidense Funcionarios de la Embajada y del Consulado de Estados Unidos se reunieron regularmente con funcionarios gubernamentales para hablar del antisemitismo, del sentimiento anti musulmán y de la preocupación por la discriminación social de las minorías religiosas. Funcionarios de la Embajada se reunieron también con líderes de grupos religiosos y miembros de la comunidad, entre los que se encontraban imanes de mezquitas locales, líderes de la juventud musulmana, ONGs y líderes musulmanes de Madrid y Barcelona. La Embajada mantuvo diversas reuniones y conversaciones telefónicas con rabinos, líderes judíos y la FCJE, que mantenía relación con todas las comunidades judías del país y era la interlocutora con el gobierno en su nombre. Funcionarios de la Embajada y del Consulado escucharon las inquietudes de los miembros de la comunidad relativas al libre ejercicio de sus derechos religiosos y las transmitieron a los correspondientes funcionarios del gobierno. Durante una visita a Madrid en mayo, el Enviado Especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Seguimiento y la Lucha contra el Antisemitismo se reunió con funcionarios gubernamentales, ONGs y miembros de la comunidad judía. El Enviado Especial subrayó la importancia de la libertad de expresión y la protección contra el antisemitismo y recomendó la educación para combatir la discriminación religiosa. Funcionarios de la Embajada y del Consulado asistieron a actividades, conmemoraciones, mesas redondas y conferencias de las comunidades religiosas sobre libertad religiosa, tolerancia, servicio e integración de las comunidades religiosas minoritarias. En julio, la Embajada organizó un iftar para musulmanes de diferentes regiones del país y representantes de mezquitas locales, grupos de jóvenes y mujeres musulmanes, líderes empresariales de la comunidad, ONGs de inmigrantes musulmanes, etc. para fomentar el diálogo interreligioso. El Embajador expresó su

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apoyo a la igualdad de oportunidades para los musulmanes que sufrían discriminación. El iftar dio lugar a numerosas reuniones con miembros de la comunidad musulmana que mantuvieron al corriente a los funcionarios de la Embajada y contribuyeron a dar forma al mensaje de Estados Unidos a los funcionarios gubernamentales. En marzo, el Consulado General en Barcelona participó en una celebración del Día Internacional de la Mujer organizada por dos asociaciones musulmanas en la ciudad de Terrassa. La actividad contribuyó a promover la tolerancia religiosa y los derechos de las mujeres en la sociedad musulmana. La participación de los representantes del Consulado General demostró el apoyo de Estados Unidos a la iniciativa y estimuló la cobertura por parte de la prensa. El Consulado General también colaboró con la Asociación Intercultural Ibn Rochd en un proyecto para prevenir la exclusión social de los jóvenes musulmanes a través del deporte. En diciembre, el Embajador acogió una cena de Janucá a la que asistieron una muestra representativa de miembros de la comunidad judía y representantes de otras confesiones, como la católica, la musulmana y la ortodoxa. Esta oportunidad le permitió reiterar el apoyo de Estados Unidos a la libertad religiosa, el diálogo entre confesiones y la lucha contra el antisemitismo, y subrayar el apoyo a la labor de promoción de la tolerancia religiosa.