elites conflicto y narcotrafico en colombia

5/11/2018 Elites Conflicto y Narcotrafico en Colombia - slidepdf.com

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ELITES, CONFLICTO Y NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA

Gina Paola Rodríguez1

Resumen

El presente artículo analiza el actual enfoque de las políticas de seguridad

colombiana y norteamericana que tienen como premisa fundamental la idea deque el narcotráfico constituye el factor central a combatir con miras al logro de la paz en Colombia, enfoque que ha posibilitado dos políticas complementariasconcebidas a la luz de la diferenciación amigo-enemigo. De un lado, laconfrontación y el marginamiento, en tanto enemigo, de la guerrilla (FARC – ELN) bajo la etiqueta de narcoterrorismo imponiendo su periferización del marco político-constitucional. De otra parte, la asimilación y convalidación legal del paramilitarismo como fenómeno concomitante con el narcotráfico, en tantoamigo, permitiendo su inserción en el marco político-constitucional y su reciclajesocial de elites regionales a elites “nacionales”, como parece manifestarse en laactual Ley de “Justicia y Paz”.

Palabras clave: Narcotráfico, Conflicto armado, Colombia, Ley de Justicia y Paz

ELITES, CONFLICT AND DRUG TRAFFICKING IN COLOMBIA

Abstract

The following article refers to the current approach of the Colombian and NorthAmerican security policies which have as fundamental premise the idea that drugtrafficking constitutes the central factor to fight against, all this with a sighttoward the achievement of peace in Colombia. Such a focus has facilitated twocomplementary policies conceived by the light of the friend-foe differentiation.On one side, there is the confrontation and the marginalization of the guerrilla(FARC-ELN), as an enemy, under the narcoterrorism label imposing its periferization of the political-constitutional frame. On the other hand, theassimilation and legal authentication of the paramilitarism like concomitant phenomenon with drug trafficking as a friend, allowing its insert in the political-constitutional frame and its social recycling of regional elites to "national" elites,as it seems to pronounce in the current Justice and Peace Law.

Key words: Drug trafficking, armed conflict, Colombia, Justice and Peace Law

1 Politóloga y candidata a Magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora de losseminarios Ciudadanía y Multiculturalismo y Filosofía Política del Departamento de Ciencia Política de lamisma universidad. Este artículo hace parte de la investigación Capitalismo y narcotráfico: Nexos

estructurales dirigida por el profesor Oscar Mejía Quintana. Correo electrónico: [email protected].

1

mailto:[email protected]





Introducción

Uno de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos de globalización y que afecta a la

economía, la política y seguridad nacionales e internacionales y a la sociedad en general es

el narcotráfico, industria que ha aumentado considerablemente en América Latina a partir

de los años setenta.

En Colombia, el narcotráfico ha logrado insertarse de forma relativamente exitosa en las

esferas política y económica. En el primer caso, gracias a la formación de redes de apoyo

social, militar y político que le han permitido funcionalizar las estructuras jurídico-

políticas de acuerdo a sus necesidades; y en el segundo, gracias a una especial adaptación

de las políticas de crecimiento orientado a la exportación, que hacen del narcotráfico unaempresa perfilada a la demanda y la internacionalización, con una división del trabajo muy

estricta entre diferentes localizaciones, capaz de ajustarse a las dinámicas de la economía

global.

El presente artículo quiere indagar en algunos de los efectos que el narcotráfico ha tenido

en la configuración reciente del conflicto armado colombiano, con el ánimo de determinar

hasta qué punto es acertada la postura según la cual i. este (el narcotráfico) es la fuerzamotriz de aquel (el conflicto), de forma tal, que ii. la lucha contra la droga y el narcotráfico

deviene en si misma una condición necesaria y suficiente para la resolución del conflicto.

El interés por avanzar en esta perspectiva viene dado por el actual enfoque de las políticas

de seguridad colombiana y norteamericana que tienen como premisa fundamental la idea de

que el narcotráfico constituye el factor central a combatir con miras al logro de la paz en

Colombia, enfoque que ha posibilitado dos políticas complementarias concebidas a la luz

de la diferenciación amigo-enemigo. De un lado, la confrontación y el marginamiento, en

tanto enemigo, de la guerrilla (FARC – ELN) bajo la etiqueta de narcoterrorismo

imponiendo su periferización del marco político-constitucional. De otra parte, la

asimilación y convalidación legal del paramilitarismo como fenómeno concomitante con el

narcotráfico, en tanto amigo, permitiendo su inserción en el marco político-constitucional y

2



su reciclaje social de elites regionales a elites “nacionales”, como parece manifestarse en la

actual Ley de “Justicia y Paz”.

Lo que dichas políticas evidencian, es que la narcotización del conflicto armado, patente en

la fusión de la política contrainsurgente y la política antinarcóticos, supone serios problemas no solo para el entendimiento de la situación colombiana -en tanto simplifica de

manera sustancial las dimensiones del conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz

sostenible y sustentable. De ahí que se requiera una estrategia de seguridad efectiva que

debilite las opciones militares de los grupos armados, pero también, un programa de

desarrollo social y económico de amplio alcance que menoscabe su argumentación

ideológica y, por ende, ayude a generar un contexto en el que se pueda poner fin al

conflicto. Con lo anterior no se desconoce que las posibilidades de poner fin al conflicto enColombia aumentarían considerablemente si se diera solución el problema de la droga,

solución que no se reduce a un control de la oferta, como lo aducen las actuales políticas

antinarcóticos sino que debe enfocarse también a la demanda creciente de drogas en los

grandes centros de consumo en Estados Unidos y Europa.

Por otro lado, los obstáculos presentados en el actual proceso con las AUC, deben servir de

experiencia para futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en claro que el

narcotráfico, como los crímenes atroces, no son materia de negociación, si es que se quierelograr un proceso apegado a los principios del Estado de derecho. En segundo lugar, que

debe darse un debate que aclare las condiciones bajo las cuales un grupo armado ilegal

puede llegar a ser considerado con estatus político, de tal forma que, ni se desconozcan las

reivindicaciones políticas e ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la formalización

del paramilitarismo como actividad política

Conforme a lo anterior la exposición se dividirá en cuatro partes. En la primera, se haceuna reconstrucción no exhaustiva de los nexos históricos entre los grupos armados (FARC,

ELN y AUC) y el narcotráfico tratando de establecer la situación actual de esta relación.

Para esto, resulta preponderante volcar la vista sobre el tema de la financiación de estos

grupos y en particular, aquella derivada de su participación en uno o varios eslabones de la

3



cadena productiva del tráfico de drogas, con el fin de evaluar el peso de la economía del

narcotráfico en los ingresos de las guerrillas y los grupos paramilitares.

En la segunda parte, y a propósito del actual proceso de negociación entre el gobierno

nacional y algunos sectores del paramilitarismo, se quiere resaltar cómo el tratamiento

jurídico y político de los delitos de narcotráfico por parte del Estado colombiano, ocupa un

papel fundamental en el éxito o fracaso de los procesos de paz actuales y futuros. Con lo

anterior, se pone de presente cómo el narcotráfico ha adquirido un lugar cada vez más

importante, aunque no protagónico, en los procesos de negociación, que logra

desestabilizarlos y, no sabemos aún, si reversarlos. Pero aún más importante, lo que revela

la actual negociación es un proceso de convalidación de los grupos paramilitares en tres

perspectivas: una convalidación legal a través de la Ley de Justicia y Paz, unaconvalidación económica reflejada en la contrarreforma agraria y en la inmersión del dinero

ilegal del paramilitarismo en los sectores productivos, y una convalidación política

evidenciada en la expansión su esfera de influencia en las élites regionales y nacionales.

Paralelo a este proceso de legitimación forzada del paramilitarismo, se registra una abierta

confontación y periferización de las guerrillas (FARC y ELN) en tanto enemigos del actual

gobierno. En el tercer apartado, se verá como para la fecha de redacción de la presenteinvestigación apenas se han producido débiles acercamientos entre el Gobierno Nacional y

el ELN, los cuales son vistos con escepticismo no solo por algunos analistas, sino,

fundamentalmente por la dirigencia del ELN.

Finalmente, a manera de conclusión, se intentará responder al interrogante inicial,

mostrando cómo la narcotización del conflicto armado, evidenciada en la fusión de la

política contrainsurgente y la política antinarcóticos, supone serios problemas no solo para

el entendimiento de la situación colombiana -en tanto simplifica de manera sustancial las

dimensiones del conflicto-, sino para su encauzamiento hacia una paz sostenible y

sustentable.

4



En los acápites enunciados se tratará de esbozar el rol jugado por algunas elites, políticas,

guerrilleras y paramilitares en relación con las organizaciones narcotraficantes por la vía

de alianzas coyunturales. La relación de estos grupos selectos con el narcotráfico confirma

una tesis ampliamente difundida según la cual la industria de las drogas ilegales ha

penetrado la totalidad de la sociedad colombiana.2

1. Narcotráfico y grupos armados

Es una opinión compartida que el negocio de las drogas ilegales financia de forma

importante a las FARC y las Autodefensas y en menor medida al ELN, situación que ha

permitido el mantenimiento de sus fuerzas y por lo mismo, agravado las condiciones del

conflicto armado. No obstante, en lo que existen serias divergencias, es en la proporción

reconocida a la economía del narcotráfico en cada caso. Así, es posible encontrar informes

que parecen exagerar las cifras de financiamiento proveniente de las drogas, dramatizando

hasta tal punto el papel jugado por este, que logran desplazar la dimensión originalmente

política del conflicto por una reducida percepción narcotizada. De esta suerte, se ha

desconocido la complejidad de una lucha desarrollada por mas de cuatro décadas en aras

del nuevo postulado de la amenaza narcoterrorista, cuyos efectos políticos ya conocemos.

A continuación daremos una breve mirada a los nexos entre grupos armados y narcotráfico,

los cuales, como se verá, responden a un sistema de alianzas coyunturales que han

transformado su relación de una conexión marginal con las organizaciones narcotraficantes

al dominio actual de varias etapas de la producción.

1.1. Las FARC

Los nexos de las FARC con el narcotráfico se remontan a los finales de la década delsetenta. Pese a su oposición inicial frente a la economía de las drogas ilícitas, las FARC se

2 THOUMI, Francisco. El Imperio de la droga. Narcotráfico, Economía y Sociedad en los

Andes. Bogotá: Editorial Planeta, 2002.

5



vieron llevadas a admitir paulatinamente su funcionamiento en los territorios bajo su

dominio a fin de evitar la erosión de sus relaciones con la población de aquellas regiones

que veía en los cultivos ilícitos, auspiciados entonces por el cartel de Medellín, su único

medio de sustento. En este periodo, la guerrilla no asumió un control directo sobre los

cultivos sino que autorizo el cobro de un impuesto por parte de autodefensas.

Tras la VII Conferencia de las FARC en 1982, y vistos los excesos cometidos por las

autodefensas delegadas, se regularizó el cobro de impuestos directamente por la guerrilla, a

partir de acuerdos formales con las organizaciones de narcotraficantes. Los vínculos con

estas se interrumpieron hacia mediados de los ochenta por la confrontación con Gonzalo

Rodríguez Gacha en el sur de Colombia, situación que dio pie a la conformación de grupos

paramilitares agenciados por los narcotraficantes en el Putumayo y el Magdalena Medio.Este proceso conllevo a una asunción paulatina de los eslabones de la cadena productiva

por parte de las FARC en las selvas colombianas. Se pasó así del cobro del impuesto a cada

kilo de pasta o base de coca comprado por cada narcotraficante grande o pequeño a los

cultivadores, al gravamen de los mismos cultivadores, raspachines y recolectores.

Adicionalmente, se inició el cobro de impuestos por uso de pistas aéreas para el transporte

de precursores químicos y cocaína. Para 1998, las FARC ya han asumido el control total

del tráfico local en Putumayo y Caquetá, imponiendo precios fijos para la base de coca y

obligando a los campesinos a vender únicamente al frente local. En adición, inician el

almacenamiento y venta de grandes volúmenes de coca a los representantes seleccionados

de los numerosos microcateles que reemplazaron a los grandes tras la muerte de Pablo

Escobar.3

Para finales de la década del 90 se hace evidente la expansión territorial de las FARC y su

control de una parte importante de las regiones cocaleras, hecho que supuso para las

autoridades colombianas, el inicio de las actividades de refinamiento y tráfico de cocaína.Sobre este hecho sin embargo no existe completa certeza. Así, mientras para unas fuentes,

el refinamiento y el tráfico internacional del producto acabado son evidentes, para otros

3 INTERNACIONAL Crisis Group. Guerra y Droga en Colombia. Informe sobre América

Latina Nº 11 del 27 de enero de 2005, pp. 9- 10.

6



analistas, las Farc apenas se encuentran en los niveles de producción y venta de base de

coca.4

Según un Informe de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) de Febrero de 2005, el tráfico

ilícito de sustancias sicoactivas por parte de las FARC cubre las actividades de producción,cultivo y comercialización de hoja de coca y de amapola, producción de pasta y clorhidrato

de coca en laboratorios; cristalizaderos y cobro de gramaje sobre la negociación de base de

coca, así como el alquiler de pistas de aterrizaje y comercialización de los productos

derivados de las plantas anteriores.5 El conjunto de estas actividades representa el 45,8%

del total de ingresos de las FARC y ocupa el primer lugar, seguido de los ingresos

percibidos por extorsiones y secuestros.6

Lo dicho en el informe de la JID, contrasta con lo sostenido por el Internacional Crisis

Group en su informe sobre América Latina del año 2005. Según este, “la evidencia sobre la

participación de las FARC en el refinamiento y tráfico de coca es menos clara”. Esto

porque, además de la dificultad en la veracidad de las fuentes disponibles, “las cuales

pueden estar contaminadas por razones políticas o militares, no es seguro que las FARC

tengan la capacidad de traficar a escala internacional solas, o incluso que manejen algunas

de las etapas posteriores del negocio, como operar laboratorios de refinamiento de cocaína

propios, poseer plantaciones de coca, controlar rutas de envío y mantener sus conexionesinternacionales para situar la droga en otros países”.7

4 Etapas del negocio de la droga: i. cultivo, ii. Cosecha, iii. producción de la primera

pasta de coca, iv .producción de la base de coca en cocinas, v. almacenamiento y

venta de base de coca, vi. Refinamiento para transformación en cocaína, vii.

Transporte a puntos de trasbordo, viii. Transporte al exterior a puntos intermedios

(México, Antillas); ix. Destino Final (EU, Europa), x. venta en grandes volúmenes, xi.Venta en pequeñas cantidades, xi. Consumo.5 Informe de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC). República de Colombia. 24 de

Febrero de 2005. pp. 7-86 Ibid, p. 127 INTERNACIONAL Crisis Group. Guerra y Droga en Colombia. Informe sobre América

Latina Nº 11 del 27 de enero de 2005, p. 11

7



En una línea intermedia se encuentra la investigación de Sergio Uribe, “ Los cultivos ilícitos

en Colombia”, la cual da luces sobre la realización de procesos de refinamiento en las áreas

cercanas a los campos de cultivo de la guerrilla. Sin embargo, el mismo autor reconoce no

encontrar evidencia de que las organizaciones guerrilleras hayan desarrollado sus propias

redes de distribución en el extranjero, ni de que hayan exportado directamente, aunque sí se

beneficiaban sustancialmente de la industria ilegal. 8

No obstante la imposibilidad de establecer de forma definitiva el eslabón último de

participación de las FARC en la cadena de producción y trafico de drogas, resulta claro el

vínculo sostenido por estas con el narcotráfico y el producto derivado de este que nutre sus

finanzas. Sea como la mera venta de pasta de coca a microcrateles o como posible inicio de

una red internacional del tráfico de drogas, el nexo es inminente.

1.2. El ELN

El Eln tiene una participación más bien marginal en el negocio de la droga. Su actividad en

zonas cocaleras es menor que la de las FARC o las AUC, pero mantiene presencia en

regiones con cultivos de amapola y coca. Según informa el Ministerio de Defensa, en el año

2000 sólo 7 frentes del ELN estaban firmemente establecidos en zonas de cultivo de drogas

ilícitas. En el 2005, el ELN opera en cerca de diez regiones con cultivos ilícitos: La Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el occidente del Cauca, Huila,

Tolima y el centro de Nariño. Todas estas regiones cuentan además con presencia

paramilitar y/o de las FARC.

No obstante su presencia en zonas cocaleras, la relación del ELN con el narcotráfico es más

compleja. Aun cuando mantiene una condena oficial hacia cualquier vínculo entre la causa

revolucionaria y el narcotráfico, en algunos casos, como el de la columna móvil

Cienfuegos en el Cauca, el ELN ha permitido el ingreso selectivo de algunosnarcotraficantes para la compra de látex. Por otro lado, a partir de 2003, y tras su expulsión

8 URIBE, Sergio. “Los cultivos ilícitos en Colombia. Evaluación: extensión, técnicas y

tecnologías para la producción y rendimientos y magnitud de la industria”, en Thoumi,

Francisco (comp). Drogas Ilícitas en Colombia: su impacto económico, político y social,

Bogotá: Dirección Nacional de Estupefacientes, PNUD y Planeta, 1997.

8



de las zonas del sur de Bolívar por parte de los paramilitares, varios frentes del ELN han

cobrado impuestos a los cultivadores de coca. De esta forma, el narcotráfico ha entrado a

ser un rubro más del presupuesto del ELN, que según algunos cálculos alcanza el 8%9. Así

las cosas, es previsible un aumento en su participación de la actividad ilegal a futuro.

1.3. Las Autodefensas

Las relaciones entre Autodefensas y narcotráfico surten un proceso inverso al producido

con los guerrillas. Vimos en 1.1. cómo las guerrillas llegaron paulatinamente al negocio del

narcotráfico, llegando incluso a contradecir sus premisas ideológicas originales. Las

autodefensas en cambio, tienen desde sus inicios un lazo indisociable con las

organizaciones de narcotraficantes en la década del 80 y comienzos de los noventa y solo

hasta ahora, tras convertirse en una federación nacional de bloques armados y con motivo

del actual proceso de desmovilización, buscan adquirir un estatus político.

En efecto, los paramilitares deben su origen a los carteles de la droga y su expansión al

combate contra la guerrilla por el dominio de las regiones cocaleras. Desde 1996, este

proceso se ha intensificado, incrementando los niveles de violencia y desplazamiento en las

zonas de enfrentamiento. Para el año 2000, según informes del Ministerio de defensa, siete

bloques de las AUC operaban en regiones de cultivos de coca y amapola

10

. NacionesUnidas por su parte, calcula que la presencia paramilitar llega a 86 de los 162 municipios

donde se cultiva coca, ubicando frentes en el Magdalena medio, Santa Marta, la región sur

de Bolívar, el valle del Cauca, el norte de Antioquia, la región de Urabá, Nariño, el

noroccidente del Putumayo, el suroccidente de Caquetá, Meta y Guaviare, regiones estas

ultimas, en disputa con los grupos guerrilleros.11

9 RENSSEALER Lee II, “Colombia: Insurgency Inc., prepared for Internal Conflict 1998-

2005”, citado en Thoumi, El Imperio de la Droga, Opcit.10MINISTERIO de Defensa. El narcotráfico, una amenaza para la seguridad nacional,

Bogotá: noviembre de 2000.11 OFICINA de las Naciones Unidas contra la droga y el delito ( UNODC), Colombia: Coca

Cultivation Survey 2003, Viena: junio de 2004

9


http://slidepdf.com/reader/full/elites-conflicto-y-narcotrafico-en-colombia 10/

Pese a lo extraordinario de su expansión, la extensión de las zonas de cultivos de las

autodefensas no es tan grande como la de las FARC. Sin embargo, diversos estudios

parecen comprobar que la participación de las AUC en el negocio de la droga es mucho

más profunda. Esto se evidencia, en la participación de unidades paramilitares en el control

de rutas claves para el transporte de cocaína hacia el exterior, precursores químicos y

armas. Del mismo modo, los paramilitares aparecen vinculados con laboratorios de

refinamiento y con decomisos de cocaína. En un informe de la DEA del año 2001 se afirmo

que “la organización de Carlos Castaño (y posiblemente otros grupos paramilitares)

parecen estar directamente involucrados en el procesamiento de cocaína”. Pero sin lugar

dudas, mas concluyente en este sentido es la declaración efectuada por Carlos Castaño el 9

de junio de 2002 en la que acusó a dos jefes del bloque central Bolívar, Javier Montañez y

Ernesto Báez, así como a otros jefes paramilitares de “involucrarse irresponsablemente enel negocio del narcotráfico”12

En febrero de 2004, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William, Word, afirmó

que las AUC controlaban el 40% del tráfico ilegal de drogas en Colombia. Lo anterior se

compadece con la solicitud en extradición de los Estados Unidos de cinco altos jefes de las

autodefensas (Mancuso, Fidel Castaño, Jorge 40, Ramiro Vanoy y Juan Carlos Sierra) y la

introducción de doce paramilitares en la lista Tier II de narcotraficantes extranjeros. Como

en el caso de las FARC, el nexo con el narcotráfico es evidente. Mas adelante veremos

cómo, en la actual negociación con las AUC, se busca mimetizar este lazo con el

narcotráfico con los ropajes de un estatus político.

Según el Internacional Crisis Group, las AUC parecen desempeñar un papel más

importante en las etapas más lucrativas del refinamiento y la exportación de droga, por lo

que percibe mayores ganancias. De allí que se presente una suerte de contradicción el

hecho de que sus ingresos se presente en numerosos informes como bastante inferiores a losde las FARC, siendo que esta organización se mueve menos en el trafico internacional y

12 CASTAÑO, Carlos. “La verdad de las AUC ante la comunidad internacional y los

EEUU”, en Las verdaderas intenciones de los paramilitares. Corporación Observatorio

para la Paz, Bogotá: 2002 pp. 343- 348

10



depende más de los primeros eslabones de la cadena productiva, que, coincidencialmente

son los menos lucrativos.13

2. La asimilación y convalidación del paramilitarismo

El 23 de diciembre de 2002 el presidente Álvaro Uribe sancionó una ley mediante la cual

quedó facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así

careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una negociación con los

paramilitares. Una semana después, el 29 de noviembre, las AUC hicieron la primeradeclaratoria de cese unilateral de hostilidades, y el 15 de julio de 2003 el gobierno y las

AUC firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito, por medio del cual se comprometieron a

desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer como grupo armado en 2005.

Luego de más de dos años de negociaciones entre el gobierno y el principal grupo

paramilitar del país, se han desmovilizado cerca de 5.000 de los combatientes de las AUC.

Sin embargo, pese a que era una condición del presidente Uribe para negociar, los

paramilitares no han cumplido a cabalidad el cese del fuego. Este incumplimiento unido alas pugnas internas entre diferentes facciones de las AUC, que llevaron incluso a la

desaparición de su líder Carlos Castaño, al asesinato de los comandantes 'Doble cero' y

Miguel Arroyave y de tres importantes políticos del Meta, pusieron en peligro todo el

proceso durante el primer semestre del 2004.

Por su parte, la verificación de la OEA a cargo de Sergio Caramagna ha sido vista con

desconfianza. En palabras de Human Rights Watch, “la Misión de la OEA ha jugado un

papel altamente cuestionable, puesto que ha servido, principalmente para darles un sello de

aprobación a las acciones emprendidas por el gobierno colombiano”, guardando estricto

13 Internacional Crisis Group. Op. Cit., p. 22

11

http://semana2.terra.com.co/archivo/articulosView.jsp?id=80565






















silencio acerca de los problemas del proceso. Con esto, “la Misión ha contribuido a dar al

proceso una apariencia de legitimidad internacional que no se merece.”14

A continuación problematizaremos tres aspectos fundamentales del proceso de

convalidación del paramilitarismo en Colombia. En primer lugar, las deficiencias de la Leyde Justicia y Paz que, como han señalado numerosos analistas y ONG´s nacionales e

internacionales, parece dejar intacta la estructura paramilitar, sentando un precedente

desastroso en materia de verdad, justicia y reparación. De otro lado, el problema de la

concentración de la tierra desatado por la compra de alrededor de un millón de hectáreas

por narcotraficantes y grupos armados ilegales en lo que se ha denominado contrarreforma

agraria y su penetración en los negocios legales e ilegales y en el monopolio de bandas

criminales. Por último la infiltración del paramilitarismo en la política regional y nacionalagenciando el reciclaje de las elites paramilitares en las elites políticas.

2.1. La convalidación legal: la Ley de Justicia y Paz

Desde abril de 2005 circularon varios proyectos de ley que buscaban "verdad, justicia y

reparación" en las desmovilizaciones de los combatientes de grupos armados, en especial

de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante el debate así como en la

negociación, el punto central de discusión fue el narcotráfico, y específicamente el futuro

de los jefes pedidos en extradición. Otros temas como la reparación a las víctimas, el

alcance de la confesión y el tema del delito político fueron también importantes. Las

discusiones en el Congreso contaron con muy poco quórum y se vieron enrarecidas con

debates sobre las inhabilidades para votar el proyecto de los políticos que eventualmente se

beneficiaron de un proselitismo paramilitar para ser elegidos. 15

Finalmente, el 21 de junio fue aprobada la ley de Justicia y Paz promovida por el Gobierno

Nacional que regula la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales a

14 HUMAN RIGHTS WATCH. Las apariencias engañan. La desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Agosto de 2005. Vol. 17, Nº3 ( B)

15 Véase, LEY DE JUSTICIA, PAZ Y REPARACION, en Gaceta del Congreso. Año XIV, N°

390. Bogotá, D.C., Martes 21 de junio de 2005. Disponible en formato electrónico en

http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=150. Fecha de consulta: Febrero 10

de 2006.

12

http://semana2.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=85468






http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=150

http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=150









miembros de grupos armados que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente a la

reconciliación nacional. Entre otros puntos, la ley destaca i. La posibilidad de que los

desmovilizados de los grupos armados puedan disfrutar de los beneficios de ley sin

importar que hayan participado en actividades del narcotráfico antes del ingreso al grupo,

ii. La confesión de los delitos cometidos por los miembros de los grupos armados en

versión libre ante un fiscal delegado de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz,

iii. El establecimiento de un plazo de sesenta días para que la UNF para la Justicia y Paz,

junto con la policía judicial, adelante las labores de investigación y verificación de los

hechos admitidos por los imputados, iv. La imposición de penas alternativas a los

confesores consistentes en privación de la libertad por un periodo mínimo de cinco años y

no superior a ocho, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de

colaboración con la justicia, v. La rebaja de hasta una décima parte de las condenas de las personas que se acojan a la ley (jubileo), y vi. La calificación de las actividades de las

autodefensas como delito de sedición.

Una vez aprobada, el gobierno Nacional se ha dedicado a promover la Ley dentro de la

comunidad internacional. En Estados Unidos, fue bien recibida por la Casa Blanca pero ha

propiciado críticas en el Congreso y en los organismos defensores de los Derechos

Humanos. Así por ejemplo, en su informe de agosto de 2005, Human Rights Watch señala

que “la ley no asegura que los paramilitares confiesen sus crímenes, divulguen información

acerca de cómo operan los grupos, ni entreguen sus fortunas ilegalmente adquiridas”.16

En otro informe la misma ONG afirma: “El proyecto actual hace poco más que servir a los

intereses de los líderes paramilitares: no toca sus redes mafiosas ni el poder económico que

alimenta las actividades de sus grupos (…) Es un mal arreglo tanto para los colombianos

como para la comunidad internacional, y sienta un precedente desastroso parar

negociaciones futuras con otros grupos armados.”17

16 HUMAN RIGHTS WATCH. Las apariencias engañan. La desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Agosto de 2005. Vol. 17, Nº3 (B).

17 HUMAN RIGHTS WATCH. Proyecto deja intactas las estructuras paramilitares. Junio 15de 2005.

13





En el mismo sentido se han pronunciado los críticos de la ley en Colombia. Un análisis de

la Fundación Ideas para la Paz, expone los desafíos que supone la implementación de la

ley. Muchas de las debilidades de esta persisten, sobre todo en materia de investigación,

verificación y reparación: “Sin duda el texto deja mucho que desear; y sin duda en la

negociación se perdió una oportunidad única para obligar el desmonte de aparatos

coercitivos ilegales e institucionalizar las regiones. Más que un ejercicio de construcción,

fue una transacción entre las partes”.18

Además del articulado de la ley de Justicia y Paz, el proceso con los paramilitares ha sido

objeto de fuertes críticas por la excesiva conducta discrecional del Gobierno Nacional a lo

largo de las negociaciones. Las filtraciones publicadas el 25 de septiembre por la revista

SEMANA sobre cómo negocia el gobierno con las autodefensas revelaron cómo la mafia seestaba adueñando del paramilitarismo en Colombia. En el artículo Revelaciones Explosivas,

la revista divulga unas grabaciones en las que el presidente Álvaro Uribe ofrece a las

autodefensas usar la facultad discrecional para evitar la extradición y que sean juzgados por

la Corte Penal Internacional. Además, quedan en evidencia los graves problemas por las

deserciones de mandos medios y combatientes rasos y la creciente infiltración de la mafia

de la droga en todas las estructuras de los paramilitares. 19

Así las cosas, la desmovilización del paramilitarismo afronta serios retos. En primer lugar,la clara identificación de los desmovilizados, vistas las numerosas franquicias paramilitares

compradas por narcotraficantes que buscan evitar su extradición a Estados Unidos. La

advertencia sobre la mimesis de los narcotraficantes, ha sido ya efectuada por el

Internacional Crisis Group en su más reciente informe:

“una propuesta que circula entre los paramilitares y los capos del narcotráfico

sugiere que estos últimos podrían pagar para volverse miembros de los primeros con

el fin de beneficiarse de las conversaciones con el gobierno y blanquear su pasado.

Se cree, aunque no está confirmado, que Gordo Lindo, Mejía Sierra, Arroyabe,

Macaco, Don Berna, Vanoy y otros de los participantes en las conversaciones con el

gobierno son narcotraficantes que se convirtieron en paramilitares pagando grandes

18 FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de lasemana. Número 18, Junio 24 de 2005.19 Véase, “Revelaciones explosivas”, en Revista Semana, Nº 25 de septiembre de 2005.

14









sumas a las AUC por esta licencia. Así por ejemplo, Don Berna, que era desconocido

en 2001 cuando Castaño dejó su cargo por primera vez, se presentó como inspector

general de las AUC en 2002, justo cuando se iniciaron las negociaciones con el

gobierno.” 20

A la vez, varios congresistas y analistas aseguran que la ley de "justicia y paz", contiene un

"narco mico", es decir, una fisura legal que facilita que los narcotraficantes se presenten

como paramilitares y obtengan los beneficios que busca la ley para los combatientes que se

desmovilicen. Según los críticos, esto está dado por la posibilidad de incluir al

paramilitarismo como un delito político y gozar de los beneficios como rebaja de penas e

indulto, lo que podría llevar a tomar al narcotráfico como delito conexo al paramilitarismo.

En este sentido, ha resultado fundamental la discusión tendiente a definir qué es un delito

político, de manera que al hacerlo conexo, al hacer aplicable la ley, no se llegue a la

impunidad ni se utilice la definición de delito político para eximirse de pena en virtud del

narcotráfico.

De la mano de la identificación de los desmovilizados, se encuentra la necesidad de que la

ley asegure que los paramilitares confiesen la totalidad de sus crímenes, divulguen

información sobre la operación de los grupos y entreguen sus fortunas ilegales.

El segundo desafío es asegurar el futuro de las zonas abandonadas por los paramilitares,

frente a dos riesgos inminentes. De un lado, la persistencia de la influencia paramilitar

(ahora desmovilizada) y de otro, la ocupación por parte de las FARC aprovechando el vacío

institucional. El tercero se refiere al futuro de los desmovilizados. En este punto resulta

fundamental tomar con precaución propuestas como la de de involucrarlos en el Ejército.

Por otra parte, ya se han hecho evidentes las deficiencias del programa de reinserción del

gobierno a la hora de reincorporarlos a la vida civil sin que esto redunde en una absoluta

impunidad ni en el retorno de los desmovilizados a la vida criminal.

El cuarto desafío, y quizá el más complejo, es el desmonte definitivo del paramilitarismo,

más allá de la desmovilización simbólica de los ejércitos. Como ha sido demostrado por

diversas investigaciones, los miembros de las AUC han penetrado la política nacional y

20 INTERNATIONAL Crisis Group. Op. Cit, p.20

15







regional y la economía legal e ilegal.21 Gran parte de los defectos de la ley de Justicia y

Paz, consisten en el mantenimiento del poder económico y político de los paramilitares. De

ahí que resulte preponderante un tipo de desmovilización que garantice el

desmantelamiento definitivo del poder y estructura criminal de estos grupos, a partir de

medidas como el hallazgo y confiscación de sus fortunas, la investigación de sus fuentes de

financiamiento y el castigo de delitos como la extorsión y el soborno. Sobre este punto

volveremos más adelante.

2.2. La convalidación económica: contrarreforma agraria

Además de la convalidación legal agenciada por la Ley de Justicia y Paz, el

paramilitarismo ha logrado mantener e incluso acrecentar sus activos mediante el trafico de

drogas, los dedicadas al cultivo de coca o al uso como corredores estratégicos para la

movilización de armas, drogas y precursores químicos.

Como señala Carlos Medina Gallego, la contrareforma agraria del narcoparamilitarismo

surge a partir de la necesidad de efectuar un "lavado de las grandes cantidades de dinero" a

partir del "boom" cocainero del narcotráfico colombiano, de la prospección de grandes

yacimientos petrolíferos en diferentes regiones del país y de la necesidad por parte del

capital de implementar megaproyectos que permitieran articular geográfica yeconómicamente al país. 22

Según cálculos del Incora, los narcotraficantes poseen el 48% de las mejores tierras del

país, mientras que el 68% de los propietarios (pequeños campesinos) sólo posee el 5,2% del

área. Por su parte, el PNUD y el DNE estiman que los narcotraficantes compraron tierras en

21 Sobre éste punto véase la investigación de Gustavo Duncan, investigador del CEDE de la Universidad delos Andes titulada Los señores de la Guerra. Documento Cede, Universidad de los Andes. ENERO DE 2005.Edición electrónica http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf . Consultadoel 12 de Octubre de 2005. Ver también: El poder paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia,2005.22

MEDINA Gallego, Carlos. El neoliberalismo, la cuestión agraria y el conflicto social

y armado en Colombia febrero 2001.http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/neolib.htm .Consultado Octubre 12 de 2005

16

http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf


http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/neolib.htm





409 de los 1.039 municipios del país y con un especial énfasis en los Departamentos del

Valle, Córdoba, Quindío, Risaralda y Antioquia.

Del mismo modo, un documento de la Contraloría titulado " La gestión de la Reforma

Agraria y el proceso de Incautación y Extinción de Bienes Rurales" , sostiene que la comprade tierras por parte de los narcotraficantes bordea el millón de hectáreas, equivalente a casi

el 3% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables.23

En efecto, "la concentración de tierras con recursos ilícitos o mediante medios violentos ha

contribuido a la crisis agrícola y social del campo, a más de agudizar desde el punto de

vista político, el carácter señorial y dominante de la gran propiedad rural". Se trata según

Flórez Enciso, vicecontralor delegado, de "una de las más grandes operaciones de lavado dedineros del narcotráfico, y posiblemente del secuestro y la extorsión.”

Según advierte el informe, de no contenerse este fenómeno mediante una acelerada

extensión del dominio, el mapa político del país se orientará hacia una estructura autoritaria

en los niveles locales y regionales, que se reflejará más temprano que tarde en el nivel

nacional. Sin embargo, pese a la precariedad del panorama descrito, el Estado ha sido

incapaz de utilizar la figura de la extinción de dominio para compensar la concentración de

la propiedad de la tierra agrícola. De las 150.000 hectáreas que se propuso entregar estegobierno a los campesinos -110 de las cuales provendrían de la extinción de dominio-, sólo

se han adjudicado 5.000, esto es, menos del 5% de la meta propuesta

Mediante la compra ilegal de tierras, el sometimiento de las comunidades campesinas y la

cooptación de las élites locales en buena parte del país, el narcotráfico ha conseguido

debilitar las instituciones y cooptar sus propósitos de interés general y beneficio público;

en una mimesis paramilitar que se ve legitimada por los actuales procesos dedesmovilización.

23CONTRALORÍA DELEGADA para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad La Gestión

de la Reforma Agraria y el proceso de incautación y extinción de bienes rurales.http://semana2.terra.com.co/imagesSemana/documentos/Bienesruralesforofinal11_20050614.doc. Consultada el 12 de Octubre de 2005

17

http://semana2.terra.com.co/imagesSemana/documentos/Bienesruralesforofinal11_20050614.doc






Con todo esto, como afirma Mauricio García, “en muchas regiones del país nos dirigimos

hacia la consolidación de un proyecto de sociedad gansteril nunca antes visto. Un proyecto

enquistado y difícil de exterminar, ideado por una combinación oscura y poderosa de

hacendados, paramilitares, narcotraficantes y políticos locales, todos ellos envalentonados

por un discurso presidencial anti-guerrillero.” 24

2.3. La convalidación política: la cooptación de las élites

El concepto de elite se ha transformado a lo largo de la historia adquiriendo diversas

acepciones. Los teóricos clásicos de las elites, Mosca, Pareto y Michels, compartían unavisión caracterizada por el cuestionamiento al Estado democrático ( y aún el socialista)

como garante de la igualdad social, hecho que hacía posible la imposición del poder de una

pequeña minoría sobre el resto de la sociedad. Se configura así la oposición entre elites

dirigentes y masas dirigidas como presupuesto para el análisis de las relaciones sociales y

políticas.

La dicotomía elite gobernante- masa dirigida expuesta por Pareto y Mosca no exteriorizabasin embargo la diferenciación de la sociedad en toda su dimensión, hecho que ha generado

el que en las últimas décadas se haya extendido toda una controversia sobre la

configuración de la estructura de poder en las sociedades industriales modernas. Como

tema central de la polémica está el saber si dichas sociedades están regidas por una elite

dominante que controla los principales mecanismos de poder o por una pluralidad de elites,

cuyo poder e influencia están en competencia. El debate contemporáneo se definirá así

entre los partidarios de la “elite en el poder” y el establishment y los teóricos del

“pluralismo político” y el equilibrio de poderes.

En la actualidad los estudios en teorías de elites se encuentran orientados al análisis de las

redes de relaciones que existen entre sus miembros. De allí que el concepto de estructura

24 GARCÍA Villegas, Mauricio Contrarreforma Agraria, en Revista Semana, Bogotá, Julio03 de 2005.

18



ocupe un lugar fundamental, al indicar cómo el accionar de estos miembros se desarrolla en

relación directa con las instituciones cumpliendo funciones de integración, dominación y

representación de los intereses sociales. Amparándose en el Estado y la sociedad, las elites

se manifiestan como expresión de una estructura de poder con una duración determinada y

no como objetos aislados que ejercen el poder desde el vacío. En este trabajo tendremos

presente la importancia de considerar la intersección de relaciones entre diferentes

posiciones de elites así como la movilidad que tiene lugar al interior de cada una de estas,

como paso primordial para la evaluación de su influencia en la configuración institucional y

la toma de decisiones públicamente relevantes.

Gran parte del mantenimiento del negocio del narcotráfico tiene su base en la realización de

alianzas coyunturales con las elites políticas, económicas y armadas (ilegales). La industriailegal requiere tanto la participación de “campesinos, químicos, varios tipos de

proveedores, vendedores e intermediarios, pilotos, abogados, asesores financieros y

fiscales, capataces, guardaespaldas, testaferros y contrabandistas; como el apoyo de redes

que incluyen a “políticos, policías, guerrilleros, paramilitares, miembros del ejército,

empleados oficiales, banqueros, parientes leales, compañeros de infancia y otros; los cuales

se benefician de la industria, la toleran o dan protección a sus miembros pero no forman

parte directa de ella”. Se trata, en el caso de estas ultimas de un fenómeno que auspicia el

que la industria ilegal penetre y corrompa las instituciones políticas y sociales, en las

formas que ya conocemos, permitiendo que los ingresos ilegales se distribuyan e irriguen

hacia el resto de la sociedad formando lazos de la lealtad entre esta y las organizaciones

narcotraficantes.25

La relación entre paramilitarismo y narcotráfico es un tema ya tratado en diferentes

trabajos. En Los Señores de la Guerra, Gustavo Duncan sostiene que “la irrupción masiva

de redes mafiosas en las ciudades sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar yfinanciero recibido por los jefes de las autodefensas desde el campo.” Durante la última

década, los ejércitos paramilitares han sufrido una expansión geográfica sin precedentes

que los ha llevado a convertirse en parte importante de la estructura de poder político en las

zonas semiurbanas y rurales del país. “En los municipios de Colombia donde ejercen su

25 THOUMI, Francisco. El Imperio de la Droga. Op. Cit., pp. 125-126

19



dominio, los jefes de las autodefensas regulan y extraen tributos a las transacciones

económicas, amenazan y protegen a las comunidades, moldean la justicia y el orden

político de acuerdo a su conveniencia, y poseen el control, y por consiguiente las mayores

ganancias, del tráfico de drogas.” 26

Existe un segundo fenómeno alrededor del narco-paramilitarismo. Se trata de la

infiltración de redes mafiosas desde las zonas semiurbanas y rurales de las autodefensas

hacia las ciudades más grandes de Colombia, y como logro de un nivel superior, la

apropiación del poder político en las ciudades. La infiltración de los cargos de elección

popular (alcaldías y concejos) genera enormes ganancias producto de la corrupción en la

contratación pública, la impunidad frente a las instituciones del Estado y la capacidad de

crear una red clientelista propia.

Las causas de esta creciente infiltración paramilitar son las mismas de la mayoría de males

del país: la debilidad del Estado, la democracia deslegitimada por un sistema político

clientelista que termina sirviendo a los intereses de unos pocos y la eterna impunidad

reinante. El clientelismo armado es el método usado por los paramilitares para acceder al

poder político regional. Paradójicamente, anuncia Duncan, “es la debilidad económica de la

clase política tradicional una de las principales causas de la infiltración de las redes

mafiosas en las ciudades. Bajo un grado mínimo de modernización del sistema económicode una ciudad y de un tamaño de población con acceso a servicios del Estado sin necesidad

de mediación clientelista, la mayor riqueza de los políticos locales para financiar

unacampaña electoral incidirá en un menor riesgo de infiltración mafiosa en el gobierno.”

Según Duncan, “tras los intereses de una nueva élite de señores de la guerra está la tensión

entre fuerzas urbanas que pretenden construir una sociedad regida por principios

democráticos con un capitalismo moderno versus fuerzas rurales que quieren dispersar el

poder del Estado para construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas

criminales. En el nuevo contexto de la disputa por la configuración del Estado, la

26 DUNCAN, Gustavo. Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de losseñores de la guerra. Documento Cede, Universidad de los Andes. ENERO DE 2005.Edición electrónicahttp://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf .Consultado el 12 de Octubre de 2005.

20





connotación de lo del campo deja de estar vinculada a la imagen tradicional de economías y

sociedades campesinas. Ahora se trata de las áreas de influencia de municipios e incluso

ciudades intermedias que de la mano de su historia rural han experimentado procesos de

urbanización y terciarización de la economía, en gran parte gracias a los excedentes del

narcotráfico.”

Los paramilitares se están infiltrando en la política regional, en negocios legales e ilegales y

están monopolizando bandas criminales. El mismo

Ernesto Báez, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo declaró

recientemente en la cadena Super: "En un acto de honestidad con el pueblo colombiano,

quiero decir que las AUC intervienen directamente en política". Jorge Cuarenta, otro

poderoso jefe paramilitar, ha reconocido también públicamente que la alcaldía de Riohachale desviaba recursos oficiales de las Aseguradoras de Riesgo en Salud (ARS), el régimen

subsidiado de salud de los más pobres. Y en Medellín hay grafitos en las paredes que

agradecen a Adolfo Paz, otro de los hombres fuertes de Ralito, la nueva paz de Medellín.

El principal objetivo del proyecto urbano de los 'señores de la guerra' es "producir fortunas

sin precedentes que puedan trasladarse en líquido hasta las zonas rurales" y a la vez

"construir gobiernos regionales basados en la inmunidad de empresas criminales". El grado

de infiltración de estos señores de la guerra varía de ciudad a ciudad y puede ir desde el

control de las bandas criminales hasta la incursión en la política nacional, pasando por la

regulación de ciertas actividades económicas.

Su entrada a las ciudades se da por lo general a través de los barrios marginales, donde la

presencia del Estado es endeble y la prestación de los servicios públicos es insuficiente.

Con esto las autodefensas ganan la legitimidad suficiente para organizar a las comunidades:

dan directrices políticas a algunos líderes de acción comunal, conforman grupos devigilancia con jóvenes, deciden pleitos, regulan ciertos aspectos morales del barrio.

Para lavar el dinero también han incursionado en la economía lícita. Sobre todo cómo

árbitros de aquellos sectores que por estar entre lo legal y lo informal necesitan de alguien

fuerte que haga cumplir los contratos. El máximo nivel de infiltración en las ciudades

21



aparece cuando logran corromper a algunos funcionarios judiciales, de seguridad o del

gobierno local. Llegando al corazón del poder 'los señores de la guerra' garantizan

impunidad para sus negocios, información de primera mano útil para su protección e

influencia sobre decisiones políticas que los afecten.

Esta penetración no es fácil. Pero la han ido logrando -por lo menos en las localidades y

crecientemente a nivel regional- al mejor estilo de los barones electorales tradicionales,

pero apoyándose en el poder de intimidación que les dan las armas.

Colombia está sufriendo un silencioso revolcón político. Las élites tradicionales de varias

regiones vienen siendo reemplazadas desde hace unos cinco años por nuevos barones

electorales respaldados por las autodefensas. "Los señores de la guerra, como nuevas élites

locales, suplantaron a la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales".

3. La confrontación y marginamiento de la guerrilla bajo la etiqueta del

narcoterrorismo

Con los ataques del 11 de septiembre se ha producido un giro en el discurso de las políticas

de seguridad de Estados Unidos y Colombia en clave de lucha antiterrorista. La estrategia

que combina política de seguridad y política antinarcóticos adelantada por Uribe, sigue esta

perspectiva y profundiza lo emprendido en el gobierno Pastrana a través del Plan Colombia

para fortalecer las fuerzas armadas y la policía y lanzar un ambicioso programa de

fumigación aérea de las plantaciones de coca. Esto ha redundado en una explicación de la

situación colombiana en términos de “una amenaza narco-terrorista contra un Estado

democrático”. 27

La simbiosis narcotráfico- terrorismo se basa en dos supuestos fundamentales. En primer

lugar, que el control de la oferta, esto es, de los cultivos ilícitos, es el medio más efectivo para acabar con el narcotráfico: “si no hay cultivos de drogas para cosechar, no podrán

ingresar ni cocaína ni heroína a la cadena de distribución”. 28 En segundo lugar, que como

los grupos armados dependen importantemente del negocio de la droga, si se lucha contra

27 Véase el discurso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington el 25 de

marzo de 2004.

22



este y se elimina, las finanzas de estos grupos se verían mermadas y con esto su pie de

fuerza, condición que facilitaría una eventual negociación.

Si bien desde 1997, las FARC y el ELN figuran dentro del listado de organizaciones

terroristas internacionales del Departamento de Estado norteamericano, y el 10 deseptiembre de 2001 fueron incluidos los paramilitares, el nuevo enfoque de la política de

seguridad simplifica peligrosamente las dimensiones de un conflicto de mas de cuarenta

años y obstaculiza sus posibles salidas.

Este desconocimiento del conflicto ha sido visto con problemas en la comunidad

internacional, tal como lo reseñó el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas

para los Derechos Humanos sobre Colombia de 2004: "Esta nueva caracterización de la

problemática existente desde hace varias décadas en el país puede prestarse a confusiones y

problemas en varios campos, desde los datos estadísticos hasta las políticas públicas,

incluyendo la aplicación con rigor del derecho internacional humanitario", señala el

informe. La diferencia de términos utilizada por el gobierno aumentó las críticas, pues

pocos entienden cómo el gobierno intenta convertir al paramilitarismo en delito político,

mientras niega la existencia del "conflicto".

Los acercamientos entre el Gobierno nacional y el ELN han estado hasta el momentomarcados por la incertidumbre y la inestabilidad. Si bien el ELN ha mantenido contactos

persistentes con los últimos tres gobiernos, hasta el momento no se ha logrado formalizar

un proceso de diálogo con ninguno de ellos. Por ello, pareciera haber la sensación de que

con el ELN se han hecho muchas negociaciones que nunca han dado ningún resultado: la

realidad es que nunca se ha dado un proceso de diálogo formal entre Gobierno Nacional y

ELN, a diferencia de otras organizaciones guerrilleras que sí han tenido varias experiencias

en ese sentido.29

28 Internacional Narcotics Control Strategy Report, 2003. Bureau for Internacional

narcotics and Law enforcement Affaires. Departamento de Estado de los Estados

Unidos. Washington marzo de 2004.29 La única vez que el ELN estuvo en una mesa de conversaciones formalmente fue enCaracas y Tlaxcala (1991-92), pero como parte de la Coordinadora Guerrillera SimónBolívar, que en ese momento dialogaba con el gobierno de César Gaviria

23



Por lo anterior, podríamos decir que si las cosas funcionan en estos nuevos acercamientos,

por primera vez tendríamos la experiencia de tener al ELN sentado en una mesa de

conversaciones con una delegación del Gobierno Nacional. No obstante una atmósfera de

escepticismo rodea no solo a analistas y ciudadanos sino también a la dirigencia del ELN.

El ELN ha expuesto en dos documentos los obstáculos que impiden llegar a un proceso de

paz con el actual gobierno, y la importancia de adelantar un proceso de consultas con

sectores de la sociedad colombiana a propósito de los mismos. Entre estos destacan

(completar)

CONCLUSION

La relación entre conflicto y narcotráfico merece ser estimada en el contexto amplio de un

conflicto armado histórico y no en los términos simplistas de una amenaza narcoterrorista.

Así, la situación deja de resolverse en los términos propuestos por la actual administración

si se tiene en cuenta que, tanto en el caso de las FARC como en el del ELN, el dinero

obtenido por la droga todavía parece ser más un medio para conseguir un fin y no un fin en

si mismo.

La ideología política, si bien más débil y ambigua que antes, define las metas estratégicas

del ELN y probablemente también las de las FARC, por consiguiente, incluso si se les

cortan los altos ingresos por droga del pasado, todo parece indicar que el conflicto puede

seguir. La estrategia de Bogotá y Washington de combatir los grupos armados como

narcoterroristas, por útil que sea para fines propagandísticos, simplifica en exceso la

situación y propicia un enfoque tan autolimitante que se vuelve contraproducente. Se

requiere una estrategia de seguridad efectiva que debilite las opciones militares de los

grupos armados, pero también se necesita un programa de desarrollo social y económico deamplio alcance que menoscabe su argumentación ideológica y, por ende, ayude a generar

un contexto en el que se puedas poner fin al conflicto.

Con lo anterior no desconocemos que las posibilidades de poner fin al conflicto en

Colombia aumentarían considerablemente si se diera solución el problema de la droga,

24



solución que en nuestro concepto no se reduce a un control de la oferta, como lo aducen las

actuales políticas antinarcóticos sino que debe enfocarse también a la demanda creciente de

drogas en los grandes centros de consumo en Estados Unidos y Europa.

Los obstáculos presentados en el actual proceso con las AUC, deben servir de experiencia para futuras desmovilizaciones. En primer lugar, para dejar en claro que el narcotráfico,

como los crímenes atroces, no es materia de negociación, si es que se quiere lograr un

proceso apegado a los principios del Estado de derecho. En segundo lugar, que debe darse

un debate que aclare las condiciones bajo las cuales un grupo armado ilegal puede llegar a

ser considerado con estatus político, de tal forma que, ni se desconozcan las

reivindicaciones políticas e ideológicas de algunos sectores, ni se aliente la formalización

del paramilitarismo como actividad política

Con respecto a la relación entre elites y narcotráfico baste decir en este escrito que gran

parte del mantenimiento y perpetuación del fenómeno del narcotráfico en Colombia se

explica en su posibilidad de obtener el respaldo y/o agenciamiento de algunas elites

políticas, armadas y sociales cuya naturaleza es preciso describir en un trabajo futuro. Pero

además merece la pena preguntarse si las dinámicas subyacentes a las organizaciones

narcotraficantes, y las cúpulas guerrilleras y paramilitares, su capacidad para hacer

resonancia en el sistema político, transmitir, integrar y representar intereses, no puedehacerlos susceptibles de ser analizados como élites o, siguiendo la lógica del establisment ,

como contraélites.

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elites conflicto y narcotrafico en colombia

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