discurso definitivo sobre fiscalizacion

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TLAXCALA CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA LXI LEGISLATURA 1 POSICIONAMIENTO GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Con su permiso, Presidente: Estimadas Diputadas y Diputados, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Público presente. Como es del dominio público, el Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, aún se encuentra analizando las cuentas públicas de diversos entes fiscalizables. La elaboración de Dictámenes de cuentas públicas, como facultad constitucional de esta Soberanía, debe representar una herramienta efectiva de rendición de cuentas y transparencia de cómo se administra y gasta el dinero de las y los tlaxcaltecas. Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas son temas que, en los últimos años, se han consolidado como ejes centrales en el Estado Mexicano. Lo son porque están relacionados con valores y conceptos impulsados por la sociedad. Así, un manejo transparente y honesto de los recursos públicos remite a actitudes éticas y es, en función de su presencia o ausencia, como pueden analizarse los resultados sobre la gestión de instituciones y funcionarios públicos.

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Posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXI Legislatura local del estado de Tlaxcala sobre la corrupta gestión del gobernador Mariano González Zarur al frente de poder ejecutivo.

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TLAXCALA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TLAXCALA

LXI LEGISLATURA

1

POSICIONAMIENTO

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Con su permiso, Presidente:

Estimadas Diputadas y Diputados, integrantes de la LXI

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, Público presente.

Como es del dominio público, el Congreso del Estado de

Tlaxcala, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, aún se

encuentra analizando las cuentas públicas de diversos entes

fiscalizables.

La elaboración de Dictámenes de cuentas públicas, como

facultad constitucional de esta Soberanía, debe representar una

herramienta efectiva de rendición de cuentas y transparencia de cómo

se administra y gasta el dinero de las y los tlaxcaltecas.

Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas son temas

que, en los últimos años, se han consolidado como ejes centrales en

el Estado Mexicano. Lo son porque están relacionados con valores y

conceptos impulsados por la sociedad. Así, un manejo transparente y

honesto de los recursos públicos remite a actitudes éticas y es, en

función de su presencia o ausencia, como pueden analizarse los

resultados sobre la gestión de instituciones y funcionarios públicos.

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Hoy, la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas

se asocian con el desempeño de buenos gobiernos. La

Transparencia garantiza la apertura de las actividades e información

gubernamental al escrutinio público, y es la condición básica e

indisoluble para la existencia de los otros dos elementos. La

fiscalización propicia la revisión del ingreso, manejo y aplicación de

los recursos públicos por parte de actores externos. La rendición de

cuentas requiere a los gobernantes la información, explicación y

justificación de sus actos.

Bajo este contexto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional,

hace un atento y respetuoso llamado a los integrantes de la Comisión

de Finanzas y Fiscalización, así como al resto de los integrantes de

esta Legislatura, a que hagamos de la facultad que otorga a esta

Soberanía el artículo 54 fracción XVII inciso “b” de nuestra

Constitución Local -Dictaminar anualmente las cuentas públicas de los

entes fiscalizables-, un mecanismo eficiente y eficaz que rompa con

todas aquellas prácticas que dan pie a conductas ilícitas que

promueven y fortalecen la corrupción y la opacidad; que evite la

impunidad; que represente un verdadero instrumento para que se

sancione a los malos gobiernos, a los funcionarios corruptos, que

antes de pensar en Tlaxcala están viendo y velando sólo por interesas

particulares; e incluso, que sancione y prevenga la ineptitud y el

descuido, que al final del día hacen el mismo daño al pueblo

Tlaxcalteca.

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Sabemos que en estos momento se analiza por la Comisión de

Finanzas y Fiscalización, entre otras, la Cuenta Pública del Poder

Ejecutivo correspondiente al ejercicio 2013; y a los Diputados que

integran al Grupo Parlamentario del PAN, nos ocupa que la

fiscalización vista como un mecanismo efectivo para combatir la

corrupción, la opacidad y el manejo discrecional e ilegal de recursos

públicos, no sea sólo parte de un discurso, sino que se materialice

atendiendo a sus fines, en el dictamen que seguramente ya se está

preparando por la Comisión citada, en el que esperamos ver un

estudio exhaustivo y profesional, respecto de las cuentas públicas de

las Secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.

La preocupación que hoy motiva al Grupo Parlamentario de

Acción Nacional a formular el presente posicionamiento, se sustenta

en diversos sucesos que han demostrado el penoso desaseo en la

que ha incurrido el Ejecutivo Estatal en el manejo de recursos

públicos; como ejemplo citaré los siguientes:

Una vez más Tlaxcala se destaca por ser uno de los primeros

lugares en índices de corrupción al presentar importantes tasas de

incidencia que lo dejan en octavo lugar dentro de las 32 entidades

federativas de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Las cifras obtenidas revelan que la incidencia en Tlaxcala es de

12 mil 761 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, lo que nos

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dice que en una entidad con un millón 169 mil 936 pobladores

conforme con el censo del 2010, los eventos que tienen que ver con

este fenómeno social serían de 149 mil 170 en total.

No podemos olvidar, que durante 2012, el Gobierno que

encabeza Mariano González Zarur, excedió sus gastos de publicidad

oficial en 213%, es decir, 59 millones de pesos más de lo que

originalmente fue aprobado en ese ejercicio fiscal, tal como se dio a

conocer de manera oportuna por los medios de comunicación. El

gasto total de ese ejercicio fiscal para divulgar las acciones del

Ejecutivo por los distintos medios de comunicación disponibles fue de

43 millones 494 mil 315 pesos, si dividimos esa cantidad entre los

habitantes del estado da como resultado que la promoción oficial costó

alrededor de 50 pesos por tlaxcalteca. Entre 2010 y 2012, el gasto en

ese rubro se incrementó en cinco millones 515 mil 732 pesos y de

hecho, en ese año Tlaxcala se ubicó entre las 20 entidades del país

que más gastaron en publicidad oficial. Este dato fue revelado por la

publicación “Publicidad Oficial. Índice de acceso al gasto en publicidad

oficial en las entidades federativas 2013”, realizado por Fundar, Centro

de Análisis e Investigación, de la mano con la organización

internacional Articulo 19, de las autoras Ana Cristina Ruelas Serna y

Justine Dupuy.

En cuanto a la aplicación de los recursos públicos, por ignorancia

del Gobierno, el Estado de Tlaxcala habría regresado la onerosa

cantidad de 3 mil millones de pesos a la Federación por no saberlos

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aplicar, recursos que tendrían como destino obras de impacto en

beneficio de la ciudadanía Tlaxcalteca y o para darle continuidad y

terminar las obras pendientes del Gobierno anterior.

Tan solo en el estado de Puebla Rafael Moreno Valle destinará

la misma cantidad económica para la construcción, rehabilitación y

equipamiento, de espacios educativos, situación que habría podido

suceder en Tlaxcala, incluso pudiera haberse utilizado en el

saneamiento del Rio Zahuapan. De acuerdo con el “Proyecto del

rescate ecológico de los ríos Zahuapan, Atoyac, Alseseca y

Valsequillo” elaborado por la SEMARNAT en 2005, Puebla y Tlaxcala

necesitaban invertir 3 mil 540 Millones de Pesos para el saneamiento

total de las 4 cuencas hídricas que recorren ambos Estados.

En total son 70 municipios, de Puebla y Tlaxcala, los que se

encuentran dentro de la cuenca y en ellos habitan más de casi 4

millones de personas y las proyecciones son que para el año 2025

residirán en esas demarcaciones 6 millones 952 mil 922 ciudadanos,

lo que representa un crecimiento poblacional superior al 100 por

ciento. Sin embargo al gobierno del estado, y en específico al Titular

del Ejecutivo le pareció prescindible aplicar esos más de 3 Mil Millones

de Pesos.

Sumado a lo anterior, hace algunos meses la Auditoria Superior

de la Federación solicito aclaraciones al Gobierno del Estado, por

diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos, los oficios

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de notificación enviados en febrero pasado recomiendan al Gobierno

de Tlaxcala instruir “a quien corresponda” a fin de que los bienes

adquiridos con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para la

Seguridad de los Estados y del Distrito Federal, se registren en el

patrimonio del Estado, así como actualizar los indicadores para

resultados del Fondo, y con base en ellos se evalúen los resultados de

la aplicación de los recursos, lo anterior trascendió en los medios en

junio pasado.

En medios de comunicación fueron divulgados el contenido de

los oficios OASF/0252/2014 – 001 y 002, cuyo trámite se encontraba

sin respuesta a la fecha por parte de la del Gobierno del Estado, aún y

cuando corresponden a la cuenta pública de 2012. Asimismo fue

divulgado que la Auditoria Superior de la Federación ha solicitado la

aclaración sobre la documentación que acredite el ejercicio y

aplicación de recursos y sus rendimientos financieros por 70 millones

759 mil 763 pesos, a los objetivos del fondo de acuerdo a los

establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, el cual se sabe

igualmente no ha tenido respuesta.

De igual manera la Auditoria Superior de la Federación ha

solicitado que se aclare y se proporcione la documentación que

acredite el ejercicio y la aplicación de los recursos del Fondo de

Aportaciones para los Servicios de Salud por 13 millones 758 mil 159

pesos, recursos que no habían sido devengados al 30 de junio de

2013; se sabe que el trámite sigue sin respuesta.

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El Gobierno del Estado, tampoco ha dado respuesta a la solicitud

de aclaración sobre la documentación que acredite el ejercicio y la

aplicación de los recursos no ejercidos al 31 de agosto de 2013 por

cuatro millones 445 mil 824 pesos, a los objetivos del fondo de

acuerdo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal.

La Auditoria Superior de la Federación también requirió

aclaración que acredite el ejercicio y la aplicación de los recursos de la

Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal 2012 por 86 millones

87 mil 899 pesos en los recursos del programa, recursos que no

habían sido devengados al 30 de junio de 2013, pero cuyo estado de

trámite está sin respuesta.

También se recuerda, que en marzo del presente año, se dio a

conocer en los medios de Comunicación Locales y en el Medio

“Reforma” que el Gobierno del Estado, no ha reintegrado a la

Tesorería Federal la cantidad de 312.1 millones de pesos que fueron

observados por la Auditoría en el año 2012, por diversas

irregularidades, es el monto de recursos económicos Federales

desviados, no aclarados o que se guardaron en las cuentas sin ejercer

del ejercicio fiscal 2012 que debe la administración Estatal de

Tlaxcala, y que está obligada a devolver. La publicación del medio de

comunicación REFORMA se titula “Rompen estados record de

desvíos” y firmada por el Staff, se revela que las irregularidades de

todas las entidades del país suman 64 mil millones de pesos, y que

Tlaxcala no ha reintegrado 312.1 millones de pesos.

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En cuanto a las auditorias que se practican por las autoridades

del Estado se desprende lo siguiente, el 12 agosto de 2014, se informó

en diversos medios de comunicación, que la Contraloría del Ejecutivo

detectó irregularidades por 53 millones de pesos en el Programa de

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR bajo el número de

expediente TLAX/PTAR/SECODUVI/12, donde comienzan a señalarse

como presuntos responsables a José Roberto Romano Montealegre,

Titular de la SECODUVI e Ivonne de los Ángeles Rocha, “toda vez que

autorizaron para trámite de pago estimaciones por el importe total

observado, no devengado y no reintegrado a la Tesorería de la

Federación, por $53,174,931.34”.

Se sabe que el Gobierno Federal envió estos recursos para la

construcción de obras que consistirían en trabajos que nunca se

efectuaron en el Río Zahuapan. Los detalles se hallan en el informe

TIDSFCA/AOPS 13/013-125, de fecha 14 de marzo de 2013, emitido

por el Contador Público Jorge López Márquez, director de Supervisión,

Fiscalización y Auditoría, de la Contraloría del Ejecutivo.

Esta documentación fue recibida, según el expediente, el 13 de

marzo de 2013. Al inicio del informe se estipula que la queja,

223/2012/DJ/DRA sostiene que cuenta con elementos que le hacen

presumir la existencia de responsabilidad administrativa por parte de

los presuntos infractores José Roberto Romano Montealegre,

Secretario, Ivonne de los Ángeles Rocha, directora administrativa,

Jorge Arturo Franco Montiel, ex director de Obras Públicas, Emiliano

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Hernández López, jefe del Departamento de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento.

En temas distintos a las auditorias, recordemos que el gobierno

estatal ha estado omitiendo el cumplimiento de obligaciones legales,

es del conocimiento de todos que se ha incumplido en la entrega de

paquetes de útiles escolares a estudiantes de educación básica, en

alguna ocasión en su lugar les fueron entregadas 283 mil chamarras a

estudiantes con una inversión de 67 millones de pesos, con lo que a la

fecha se ha incumplido con la Ley que Establece el Derecho a un

Paquete de Útiles Escolares en Apoyo a la Lista Oficial, a los alumnos

de escuelas públicas del Estado de Tlaxcala, la pregunta es, ¿Dónde

está el recurso etiquetado para el debido cumplimiento de esta

disposición legal?

En el 2013 fue de conocimiento por los medios de comunicación

que ya que no les han sido entregados en su totalidad los paquetes de

útiles escolares optan las autoridades con arrumbarlos en uno de los

estacionamientos de la Secretaría de Educación Pública del Estado

(SEPE) y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala.

De acuerdo a un decreto de Ley, existe la obligatoriedad del

Gobierno del Estado de apoyar a las familias tlaxcaltecas con un

paquete de útiles escolares, sin embargo, permanecieron olvidados en

las instalaciones de la SEP, incluso circulo en los medios de

comunicación que el estacionamiento cuatro fue desalojado en su

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totalidad por lo que no se permitió el acceso a unidades oficiales y del

personal de la dependencia, y fue utilizada como bodega los escasos

paquetes de útiles escolares arrumbados en el piso.

De igual manera en junio de 2013 trabajadores de la Secretaría

de Educación Pública manifestaron su inconformidad por no contar

con las herramientas mínimas para realizar su trabajo, ya que les

fueron cortados los servicios de agua potable y energía eléctrica por

falta de pago de manera oportuna.

Esa situación provocó que empleados no pudieran realizar su

trabajo de manera adecuada, tras la irresponsabilidad del área

financiera, a la que le corresponde pagar los adeudos por la prestación

de servicios.

Lamentaron que el Secretario de Educación Pública en el Estado

(SEPE) Tomas Munive Osorno no pueda poner orden para instruir al

personal de la dependencia para realizar los pagos de los servicios

que requieren para desempeñarse de forma adecuada.

En cuanto a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del

Estado (SECTE), recordemos los múltiples atropellos que

acostumbran cometerse en esta dependencia, incluso en esta tribuna

se ha denunciado la prepotencia y autoritarismo por parte de la titular

de la dependencia.

De igual manera en julio de este año fue dado a conocer que

hasta esa de lo que va de la presente administración en la SECTE, 15

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inspectores han sido dados de baja por la incursión en actos de

corrupción u omisiones en el desempeño de sus funciones. Así lo

reveló la titular de la dependencia, Gisela Santacruz Santacruz, quien

precisó que esa cantidad representa la mitad del personal que anda en

operativos carreteros y que ha sido relevado.

La dependencia estatal tiene distribuidos 30 inspectores para la

aplicación de diversas verificaciones del transporte público en las

diferentes rutas que hay en la entidad, de los que actualmente la

mayoría son relativamente de nuevo ingreso debido a los despidos.

Para agregar, dicha secretaria también ha enfrentado

escándalos de sobornos, ya que salió a la luz pública declaraciones

por medio de las cuales se aceptaba que los transportistas han

entregado sumas de dinero con tal de no ser molestados en sus

respectivas rutas.

Lo anterior ya que transportistas de la empresa Tlaxcala

Cuahutenco Huamantla y de la Sociedad Cooperativa Tlaxcala S.C.L.

denunciaron que el pasado miércoles 14 de mayo del presente año, en

la localidad de San José Aztatla, el presunto representante de la

empresa, admitió entregar dádivas a funcionarios de la administración

estatal priista a cambio de la operación de la ruta Ocotlán Tepatlaxco,

san José Aztatla Contla Tlaxcala, se mencionó que por mes entregaba

800 a mil pesos a inspectores de la SECTE.

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En temas más de mayor trascendencia, todos recordamos que

diversos funcionarios de SEFOA se encuentran bajo investigación por

el caso de los fertilizantes.

El contralor del Ejecutivo, Hugo René Temoltzin Carreto, informó

a los medios de comunicación que “diversos” funcionarios adscritos a

la Dirección de Agricultura de la Secretaría de Fomento Agropecuario

(SEFOA) están sujetos a procedimientos administrativos, para

descartar o confirmar alguna relación con el caso de Misael Palafox

Pimentel, exdirector de esa área, quien fue detenido y luego salió bajo

fianza tras la acusación de desvío de recursos por 22 millones 686 mil

625 pesos en fertilizante; hecho que implicó la desaparición repentina

de 11 mil 436 toneladas de fertilizantes; lo que generó además que se

dejaran de fertilizar alrededor de 16,600 hectáreas de terrenos de

cultivo, lo que desde luego fue en perjuicio de los productores del

Estado.

Así mismo, se afirmó que varios empleados de la SEFOA,

específicamente de la Dirección de Agricultura, están sometidos a

procedimientos administrativos por el mismo tema del fertilizante

procedente del Programa de Apoyo a la Producción Agrícola,

Fertilizante Químico y Orgánico.

En el tema de salud tampoco se han rendido cuentas claras ni se

sabe en qué proyectos se está gastando el dinero de los tlaxcaltecas;

el 22 de julio del presente año, trabajadores del Hospital Regional de

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Apizaco, hicieron llegar a un conocido medio de comunicación local

una denuncia por la falta de reactivos y material para la aplicación de

exámenes médicos en las instalaciones, así como lamentable falta de

medicamentos, material de curación y artículos varios, con los que

tristemente no han contado.

En similares condiciones se encuentra el nosocomio de

Tzompantepec, trabajadores manifestaron de igual manera a los

medios de comunicación su preocupación, por no contar con el

material indispensable para hacer frente a las necesidades diarias de

quienes acuden a este centro médico para atenderse por problemas

de salud.

Además de lo anterior, también se ha denunciado que existe

desabasto de medicamentos del cuadro básico que debería cubrir el

Seguro Popular, así como los reactivos para la realización de

exámenes médicos, más cuando debido a la temporada de ingreso al

ciclo escolar, las escuelas piden exámenes medico por cantidades

importantes y es cuando no se dan abasto a la demanda.

Durante mucho tiempo se ha presumido que la SESA compra a

precios inflados los diversos materiales que ocupa para su operación,

en donde los encargados de hacer este negocio se escudan en que el

costo es mayor debido a que los proveedores lo entregan a crédito,

siendo que algunas veces el precio observado supera en casi el 100

por ciento.

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El titular del Poder Ejecutivo, durante una gira de trabajo por el

municipio de Texoloc durante junio de este año, donde inauguro la

rehabilitación del Centro de Salud, se congratuló al anunciar que en el

Centro de Salud se cumple con el 98% del abasto de los

medicamentos para quienes acuden a esté para atender su salud, su

incongruencia es tal, que mientras el Titular del Ejecutivo anuncia que

hay abasto de medicamentos la realidad es que no existe tal situación,

y eso lo saben bien las personas de escasos recursos quienes buscan

recuperar su salud en estos centros médicos.

Otro aspecto que repercute en la salud de los tlaxcaltecas y que

no es menos importante, es la falta de especialistas en los turnos en

los hospitales, ya que el Gobierno del Estado ha emprendido en los

últimos meses una política de austeridad, en la que se ha despedido y

se pretende seguir despidiendo a mil trabajadores para

supuestamente tener un ahorro, siendo que el contexto tlaxcalteca es

que no existen suficientes médicos, principalmente especialistas para

cubrir los turnos en los diferentes hospitales del Estado, sin embargo,

pareciera que se maquinan planes de desmantelar importantes y

emblemáticos nosocomios de reciente creación.

En cuanto a temas de obra pública, a la SECODUVI se le debe

prestar estricta atención al momento de analizar las cuentas públicas

que presenten. El 16 de septiembre del 2013 fue publicado en los

medios de comunicación que tan sólo de enero a septiembre de 2013,

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con más de 28 millones de pesos el titular de la Secretaría de Obras

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) José Roberto Romano

Montealegre, habría favorecido con la asignación de obras a

constructoras de familiares amigos y subordinados que crearon sus

empresas en la administración del actual gobierno del Estado.

Información en la que se señaló a la empresa ENGRANE S.A de

C.V., que se presume es propiedad de Sandra Romano hija de José

Roberto Romano Montealegre, titular de la SECODUVI y funge como

presta nombre Manuel Rodríguez Meléndez, habría facturado al

menos 9 millones 282 mil 101.50 pesos de obra pública. Para el caso

de la empresa Trejo Mendoza y Asociados S.A. de C.V.,

aparentemente la propietaria es una sobrina de la esposa de Roberto

Romano, misma que se habría favorecido con 2 millones 791 mil

887.69 pesos para obra pública en lo que iba del año 2013.

En ese entonces se supo que una persona de nombre Roberto

de la Rosa quien se presume labora en la SECODUVI, fue uno de los

que más beneficios económicos ha obtenido ya que cuenta con tres

empresas que brindan los servicios a la Dependencia Estatal, según

trascendió en medios de comunicación locales.

También se señaló a la empresa COMAPRO A. en P., misma

que supuestamente es de Roberto de la Rosa persona cercana a

Roberto Romano, la cual facturó 5 millones 759 mil 166.97 pesos, así

como la Constructora AMBREMIS S.A. de C.V. la cual, se presume

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también es de Roberto de la Rosa cobró un millón 841 mil 685.86

pesos y la empresa KAHEDI S.A. de C.V. a la que todos los

contratistas de la SECODUVI tienen que comprarle material asfáltico y

rentarle maquinaria.

Otro aparente amigo, quien es propietario de la empresa

Constructivismo Cibernético Internacional S.A. de C.V. se benefició

con 2 millones 685 mil 747.56 pesos y Rafael Ruíz Báez presunto

dueño de la casa de materiales La Comercial, todos los contratistas de

la SECODUVI tienen que comprarle el material como condición. De

acuerdo a la suma de los recursos que se habrían destinado a los

arriba descritos ascienden aproximadamente a 28 millones, 278 mil

478 pesos.

Del resumen de obra pública de la SECODUVI del año 2013, se

desprende que para asignar obra pública se ha preferido a empresas

que no son tlaxcaltecas, lo cual ha sido denunciado en múltiples

ocasiones por la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción) y por el Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández en esta

Tribuna, al solicitar la comparecencia del titular de la SECODUVI,

asunto que no ha sido atendido hasta la fecha.

Entregar la mayor parte de los trabajos y recursos de obra

pública a empresas foráneas, violenta la Ley de Obras Públicas para

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en su Artículo 17, el cual

establece que en los procedimientos de contratación, las

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dependencias, entidades y gobiernos municipales, en igualdad de

condiciones preferirán a los contratistas del Estado.

Tan solo este año, la SECODUVI ha enfrentado tropiezos en la

construcción de obras trascendentes, lo que es una muestra más de la

incapacidad de quienes están al frente de dicha dependencia,

hablamos de la clausura decretada por la Procuraduría Federal del

Medio Ambiente (Profepa) de las obras de la Ciudad Judicial y de la

Ciudad de la Salud, trabajos que realizaba la Secretaría de Obras,

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, a cargo de

Roberto Romano Montealegre.

Realmente es triste ver el nivel de corrupción que esto refleja, al

ejecutar obras sin cumplir con los requisitos legales, o lo que sería

peor, la ignorancia acerca de la normatividad establecida por la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de

los requisitos que deben satisfacerse para obtener un cambio de uso

del suelo. La tramitación de esos permisos demanda la elaboración de

un estudio de impacto ambiental, y de medidas de mitigación

proporcionales al daño infligido a la naturaleza por la obra de que se

trate.

No podemos pasar por alto la importante inversión que conllevan

estas mega obras, la cual asciende a mil millones de pesos

presupuestados en su ejecución, y en caso de construirse oficinas

centrales en el mismo lugar la inversión aumentaría en 300 millones

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adicionales en conclusión el daño patrimonial por esta omisión tan

grave puede ser de 1300 millones de pesos, esto sin contar los gastos

que han ocasionado las clausuras como pagos extraordinarios de

maquinaria, mano de obra, materiales de construcción entre otro

muchos más conceptos, de los cuales los ciudadanos tienen que ser

informados prontamente.

No se sabe si la visita a Tlaxcala de Guillermo Haro Bélchez -

Titular de la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente-

estaba programada de tiempo atrás, o si obedeció al incidente de la

ausencia de permisos en las obras de la Ciudad Judicial y de la

Ciudad de la Salud. El Gobernador tuvo que abordar el tema y ofreció

que su administración atenderá cuanto antes los requerimientos

administrativos solicitados por la PROFEPA para reiniciar a la

brevedad los trabajos en las ciudades de la Justicia y de la Salud…”. Y

dijo también que “…estamos dispuestos a hacer un gran esfuerzo para

convencer a la gente de la importancia de trabajar en apego a la

norma por sus beneficios al medio ambiente.

De la misma manera se sabe de la opacidad con la que se

maneja dicha dependencia, ya que en varias ocasiones ha enfrentado

recursos de revisión ante la Comisión de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, lo

anterior ante la negativa de transparentarse a los ciudadanos. En

cumplimiento al recurso de revisión 26/2014, la CAIPTLAX resolvió

que dicha dependencia debía informar a la CMIC sobre los montos de

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subejercicio de recursos económicos que se presentaron en la

Secretaría durante los años 2011, 2012 y 2013.

Así fue del conocimiento público que la SECODUVI informa que

durante los tres años se sub ejerció un total de 45 millones 222 mil 101

pesos, de los cuales durante 2011 el montó bajo este rubro fue de

poco más de 930 mil pesos, en el año 2012 se incrementó a poco más

de 20 millones y para el año 2013 la cantidad ascendió a poco más de

24 millones 200 mil pesos.

Debemos recordar el caso de la Central de Abastos, el motivo de

la versión oficial por el que lleva más de tres años clausurada la obra,

fue la falta de un permiso de la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes para construir una zona de desaceleración que facilitara el

ingreso y egreso seguro de los vehículos de carga al inmueble. Quien

revisó los documentos y detectó la falta del permiso fue el mismo

Romano Montealegre titular de la SECODUVI, quien aparentemente

en las obras que él ejecuta no siente la obligación de cumplir con lo

dispuesto por la ley.

Sin importar las versiones sobre los motivos de suspensión de la

obra en Xaltocan, realizada en febrero del 2011, esta podría costar a

las arcas del estado el pago de más de 600 mdp en indemnización a

Orión Global por incumplimiento de contrato.

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En tanto, el daño en Xaltocan a lo que se había construido es

definitivo, más de 17 hectáreas de terreno están desperdiciadas, las

edificaciones inservibles y de las 228 bodegas; 36 destinadas a

lácteos, 50 para abarrotes, 114 para frutas, 28 que tendrían productos

cárnicos y 52 locales comerciales, no quedó más que el proyecto.

Afirmar que el gobierno carece del recurso para concluir dicha

obra es una verdad a medias pues, recordemos, la Central se erige en

un predio particular y, la inversión es privada, de Cemex. Expertos han

señalado en los medios de comunicación que mientras más tiempo

pase antes de la sentencia, lo que en un momento fueron 400 mdp

pesos fijados como monto de la primera demanda, podría convertirse

en más de 600 mdp por costos judiciales; en cuyo caso deberán pagar

todos los Tlaxcaltecas, a través de la recaudación de sus impuestos.

En circunstancias similares se encuentra la Plaza Bicentenario,

esta era financiada con recursos extraordinarios del Gobierno Federal.

Clausurarla y desconocer el comodato a la Universidad Autónoma de

Tlaxcala (UAT) ocasionó un grave daño colateral: aquél recurso

extraordinario ya no llegó a las arcas de la universidad y por lo tanto,

esta no pudo seguir con la obra. Hoy, dice el Gobernador, “no tengo

dinero para terminarla”.

Sin embargo si ha realizado viajes nada despreciables al

extranjero, tras justificar que los mismos deben ser constantes y

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permanentes para promover inversiones al Estado, aunque en algunos

de ellos, funcionarios de su gabinete los han usado para viajes de

placer y celebrar cumpleaños con aparente cargo al erario público.

El vuelo a Alemania tiene un costo aproximado de tres mil euros.

Si se suman gastos extras podría ser en total la cantidad entre 70 mil y

100 mil euros, aproximadamente dos millones de pesos

Debemos recordar que algunos medios locales, publicaron en

septiembre del 2013, que funcionarios del Gobierno del Estado

usarían de pretexto asistir al Foro Automotriz celebrado en Alemania,

para darse unas merecidas vacaciones con aparente cargo al erario

público, el cual sería aprovechado hasta para celebrar cumpleaños de

una de las funcionarias.

Durante este sexenio no ha habido alguna obra importante,

aunque recientemente el Gobernador anunció que va a terminar

algunas que quedaron inconclusas desde el sexenio anterior.

En suceso más recientes, el día 14 de octubre de este mes se

dio a conocer que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del

Congreso de la Unión señalo que Tlaxcala perderá para el

presupuesto de 2015 en lo que se refiere al ramo 23, 642.7 millones

de pesos con respecto al presupuesto de 2014, siendo el rubro de

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Proyectos de Desarrollo Regional el que más se contrae con 375.7

millones de pesos.

El ramo 23 tiene que ver con recursos para apoyar el desarrollo

regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de

Tlaxcala a través de programas como el Fondo Metropolitano; el

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la

Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con

Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de

Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre otros.

Así mismo se dio a conocer que el principal retroceso en lo que

se refiere a recursos es en los Proyectos de Desarrollo Regional, ya

que en 2014 se ejercieron 375.7 millones de pesos para 2015 no se

ejecutará un solo peso en este rubro, siendo que al interior de este

apartado el más golpeado es la Infraestructura Social que tuvo este

año 353.1 millones de pesos y para el siguiente ejercicio no tendrá

dinero.

En el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal pasaron de

ser 113.3 millones de pesos en 2014 a 0.00 pesos para 2015, al igual

que el Fondo de Cultura que de haber tenido 33.2 millones de pesos

para 2015 será de 0.00 pesos, tal y como sucede con los Proyectos

Municipales que de contar con 28 millones de pesos para el siguiente

no habrá.

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La misma suerte corrieron los Proyectos Estatales que de ejercer

en este año 5.2 millones de pesos para el siguiente ejercicio tendrá

cero pesos, además del Fondo de Infraestructura Deportiva que paso

de 55.2 millones de pesos a no obtener recurso alguno para 2015.

En lo que se refiere al ramo 23, éste tuvo recursos por mil 054.4

millones de pesos en 2014 y por circunstancias diversas será de 411.7

millones de pesos para 2015, teniendo el estado en este apartado

642.7 millones de pesos o el equivalente a un retrocesos por 62.2 por

ciento.

Lo anterior se dio a conocer en diversos medios de

comunicación el 14 de octubre del presente año, al momento en que el

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión

dio a conocer el dato.

Recordemos que pese a lo anterior de acuerdo a la iniciativa que

envió el gobernador Mariano González Zarur al Congreso local, la

propuesta para la distribución de recursos correspondientes al

segundo ajuste trimestral del 2014, cuyo cantidad a distribuir fue de

242 millones 709 mil 863.47 pesos.

Para el caso del Poder Ejecutivo, le correspondieron 166

millones 232 mil 029.28 pesos, mientras que el poder Legislativo

únicamente 3 millones 906 mil 275.64 pesos y el Poder Judicial tan

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solo 3 millones 194 mil 884.28 pesos. En tanto que para los 60

municipios, fue de 69 millones 376 mil 674.27 pesos. Sin embargo, a

pesar de que el ejecutivo tiene el mayor presupuesto no hay

resultados significativos.

De igual manera en este mes se dio a conocer que el Gobierno

Estatal que encabeza Mariano González Zarur a inicios de su

administración, gastó 8.1 millones de pesos para habilitar un área

especializada para el Combate del Delito de Trata de Personas con el

objeto de erradicar este problema social que se presenta de manera

frecuente en el Estado.

Sin embargo al revisar las estadísticas sobre el número de

sentencias que se han logrado a lenones o de averiguaciones previas

del total de casos de este delito que son denunciados ante las

autoridades, nos encontramos con una triste inconsistencia, ya que

datos de la Comisión de Derechos Humanos muestran que sólo

existen tres sentencias condenatorias de este mal que afecta a

nuestro Estado.

A pesar de la cuantiosa inversión, los procedimientos para la

persecución de este delito han presentado varias inconsistencias en

su integración en contra de un presunto tratante, lo que ha ocasionado

que en este año varios acusados de este crimen puedan obtener su

libertad basándose solo en inconsistencias de la Procuraduría del

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Estado, esto ha permitido que los lenones continúen burlándose de la

justicia y de las autoridades de Tlaxcala.

Lo sorprendente es que esta realidad es negada ante la opinión

internacional, lo que se pudo constatar durante la vista de las asesoras

legales de la Oficina Internacional de Desarrollo de Sistemas de

Procuración de Justicia de los Estados Unidos, Janet Turnbull y

Marisol Reynal, quienes realizaron un recorrido para conocer la

infraestructura con que cuenta Tlaxcala y el trabajo de investigación

que se desarrolla para enfrentar la trata de personas en las

instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Durante este recorrido la titular de la Procuraduría General de

Justicia del Estado, Alicia Fragoso, expresó el orgullo que representa

para el gobierno del Estado que especialistas conozcan al personal

que trabaja permanentemente en la persecución y combate de este

delito, sin embargo lo que no hizo fue dar a conocer que debido a las

inconsistencias en la integración de sus investigaciones, tan solo unos

días atrás fue liberado un presunto tratante por órdenes de un Juez

Federal debido a inconsistencias de las investigaciones que realiza la

Procuraduría.

A pesar de todo lo anterior, el Titular del Ejecutivo se atreve a

culpar a los gobiernos de sus antecesores por las condiciones que hoy

enfrenta el Estado, afirma que en esas etapas se fomentó la pobreza,

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las carencias y las necesidades, esto sin tomar en cuenta los datos

que señalan durante su mandato el estado de Tlaxcala se encuentra

en franco retroceso.

Señor Gobernador, llevamos 4 años detenidos en Tlaxcala, no

hay avance, no hay crecimiento, no hay mejores condiciones de vida

paras las y los Tlaxcaltecas, carecemos de proyectos de

infraestructura y seguridad que atraigan –verdaderamente- a los

inversionistas.

Tlaxcala está detenida y sumisa ante el poder inquisidor de unos

cuantos, a quienes sólo les interesa tener el poder por el poder, sin

miras para gobernar, para construir, para avanzar.

No podemos estar sumisos, estimadas Diputadas y Diputados,

ante el Poder Ejecutivo, no señores, el Congreso del Estado es una

Soberanía Constitucional y no una ventanilla de trámite, en el que se

aprueba a manera de obligación, lo que dice el titular del ejecutivo

estatal.Como Grupo Parlamentario respaldaremos el irrestricto apego

a la transparencia, no vamos a tolerar que exista opacidad en el

manejo de los recursos de los tlaxcaltecas, con los que, por cierto,

están acostumbrados a operar elecciones.

No se equivoque, señor Gobernador, mejorar las condiciones de

educación en el estado no tiene que ver con pintar escuelas con

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grecas decorativas con los colores institucionales de su gobierno,

mejorar la educación tiene que ver con generar políticas públicas y

gubernamentales en favor de las y los tlaxcaltecas, entre ellas, por

cierto, entregar en tiempo y forma los útiles que por Ley el Estado está

obligado a otorgar.

No se equivoque, señor Gobernador, el grave problema que

enfrenta el campo no se resuelve sólo con la entrega de fertilizantes

para unos cuantos beneficiarios, de los que, por cierto, habría que

revisar si usted, señor Gobernador, no sigue siendo beneficiario de lo

que fue PROCAMPO. No se equivoque, señor Gobernador, no es con

la cerrazón, con la injuria, con la calumnia ni con la intolerancia con lo

que va a “recomponer el tejido social” es con la apertura de

pensamientos, de ideas y con la inclusión de tlaxcaltecas que vean en

favor de su Estado y no de sus intereses personales.

Una vez más reiteramos, como Grupo Parlamentario, que

vigilaremos de cerca la correcta aplicación de los recursos públicos de

las y los tlaxcaltecas. No vamos a tolerar, ni pasaremos por alto – ni

siquiera- una presunción de un mal manejo del erario público.

Todo lo anterior, motiva al Grupo Parlamentario del PAN, a hacer

el presente llamado, mismo que hacemos extensivo al Presidente de

esta Soberanía, para que evalúe la posibilidad de ejercer la facultad

que le confiere el artículo 48 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder

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Legislativo del Estado de Tlaxcala, para que el dictamen mediante el

cual se resuelva sobre la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo Estatal,

se emita con oportunidad, y sobre todo, teniendo como base un

estudio escrupuloso de la misma.

Es cuanto Señor Presidente.