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UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Jessy Divo de Romero Rectora

Ulises Rojas Vicerrector Académico

José Ángel Ferreira Vicerrector Administrativo

Pablo Aure Secretario

AUTORIDADES DE LA FACULTADDE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

David José Rútman Cisneros Decano

Rebeca M. Castro Soto Directora de Escuela

Lucy Ferrer C.Directora de Asuntos Profesorales

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CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS

Víctor Genaro Jansen Ramírez Director

CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y HUMANÍSTICO

Zulay NiñoDirectora Ejecutiva CDCH-UC

Ulises RojasVicerrector Académico UC

Presidente

Depósito Legal: pp201202CA4190

Esta publicación ha sido financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo (CDCH-UC)

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MEMORIA POLÍTICA

DIRECTOR

Manuel G. Feo La Cruz Polanco

COMISIÓN CIENTÍFICA

José Cerrada Cristía

Ricardo Combellas

Friedrich Welsch

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Argenis Urdaneta G.

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COMITÉ DE REDACCIÓN

Manuel G. Feo La Cruz Polanco

Víctor Genaro Jansen R.

Mónika Stenstrom

Julio Maldonado C.

Zaida Osto

SECRETARÍA DE REDACCIÓNMarialcira Azuaje A.

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Título: Memoria Politica - Nueva EtapaDirector: Manuel Feo La Cruz P.

Memoria Política es una publicación científica anual de circulación nacio-nal e internacional, editada por el Centro de Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, al servicio de la Ciencia Política dentro del enfo-que interdisciplinario que oferta la Ciencia Social contemporánea. Los artí-culos publicados son arbitrados por especialistas en cada una de las áreas abordadas por los autores.

© 2012 Centro de Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo.Av. Salvador Allende, Edificio Norte, Facultad de Ciencias Jurìdicas yPolìticas, Piso 2, Ciudad Universitaria BárbulaNaguanagua, Estado Caraboboe-mail: [email protected]

Reservados todos los derechos.Queda rigurosamente prohibida,la reproducción parcial o total de esta obrapor cualquier medio o procedimiento,incluidos la reprografía y el tratamiento informático.sin la autorización de los titulares del Copyright.

Hecho el Depósito de LeyDepósito Legal: pp201202CA4190

Publicación digital, distribución y cange: Juan Carlos Lago.

Diagramación: Miriam Ríos

Impresión: Corporación ASM, C.A.

Valencia, Venezuela

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Contenido

Ángel Cárdenas S. .................................................................................................9PUNTo FIJo: EL PETRo ESTADo UNo DE LoS FACToRES ExPLICATIVoS DEL MoDELo DE CooPERACIóN Punto Fijo: Petro- State one of the explaining factors of the cooperation model

José G. Aro ...........................................................................................................51EL CoNSENSo y LA CoNFRoNTACIóN EN EL SISTEMA PoLíTICo VENEzoLANo(1958-2008). Consensus and Confrontation in the Venezuelan political system. (1958-2008)

Pedro Yépez .........................................................................................................85ESTILo CoNFRoNTACIoNAL DE LA PoLíTICA ExTERIoR VENEzoLANA: UNA APRoxIMACIóN AL ANáLISIS DEL CoNFLICTo PoLíTICo BASADo EN LA PERSoNALIDAD DEL PRESIDENTE HUgo CHáVEz.The venezuelan foreign policy confrontational style:a approach to the analysis of political conflict based on the president Hugo Chávez personality

Rafaél Jiménez M .............................................................................................129ÉTICA. VIDEo-PoLíTICA y REDES SoCIALESEthics, video-politics and social networks

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Henry Georget ..................................................................................................143gLoBALIzACIóN y DEMoCRACIA EN VENEzUELA: ¿VIRUS o MEME? ¿INFECCIóN y REINFECCIóN, o DIFUSIóN y ADAPTACIóN? Globalization and Democracy in Venezuela: Virus or meme? Infection and reinfection, or diffusion and adaptation?

Juancarlos E. Vargas y Sharon A. Manno .....................................................159MECANISMoS DE INTEgRACIóN REgIoNAL y LA RESoLUCIóN DE CoNFLICToS INTERNACIoNALES: SoFT PowER y CoNCERTACIóN PoLíTICA (CAN, UE y ASEAN). Regional integration mechanisms and international conflict resolution: Soft Power and political agreement (CAN, EU, ASEAN).

Argenis S. Urdaneta G ......................................................................................205ESTADo FEDERAL DESCENTRALIzADo y CoNSEJo FEDERAL DE goBIERNoDecentralized federal state and the government’s federal council

REGlAMEnto dE lA REViStA............................................................245

NoRMAS DE PUBLICACIóN ..........................................................251

NoRMAS PARA LoS áRBITRoS ....................................................255

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Revista Memoria Política. Nueva Etapa Vol. 2, Nro. 1/2012: 9-49

PUNTO FIJO: EL PETRO ESTADO UNO DE LOS FACTORES ExPLICATIVOS DEL MODELO DE

COOPERACIÓN

Ángel Eduardo Cárdenas*

RESUMEN

El sistema político venezolano moderno que tuvo como origen el pacto político de Punto Fijo en 1958 ha venido deteriorándose en forma progresiva en las últimas décadas. El presente artículo tiene la finalidad de analizar las interrogantes que se plantean para entender como lo que en su momento fue un modelo ejemplar de sistema político de la región, hoy en día presente los niveles más bajos en lo que a indicadores de gobernabilidad de la región se refiere. Estas interrogantes las hemos definido: i) ¿cuál fue la causa inicial que haya hecho que el modelo funcionará por largo tiempo y fuera reconocido como uno estable?, y ii) ¿cuál fue la razón para que dicha estabilidad durara y al mismo tiempo cual fue la razón para que desapareciera? Se busca demostrar como el Pacto firmado por diversos sectores políticos venezolanos respondió en un principio a un ejercicio de racionalidad en el marco de la teoría de la cooperación utilizando los conceptos expresados por David gauthier, se aspira describir bajo qué circunstancias se generó el acuerdo, para entender cómo se cumplía con las características de un acuerdo de cooperación racional cómo

* Licenciatura en Administración, Queens University of Charlotte, North Carolina, NC. Licenciatura en Economía University, washington D.C. Maestría en Instituciones Financieras, Universidad Católica Andrés Bello. Maestría en gerencia Pública, Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). MBA. Rotman School of Management, University of Toronto. Doctorado en Ciencias Políticas (tesis en proceso), Universidad Central de Venezuela (UCV)

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surgió el pacto. En el caso de nuestra segunda interrogante se estudiará el impacto que pueda tener la presencia de un modelo de crecimiento o desarrollo basado en el petróleo (Petro-Estado) tanto en la institucionalidad de un país como en la economía política de las decisiones gubernamentales.

Revista Memoria Política. Nueva Etapa

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PUNTO FIJO: PETRO- STATE ONE OF THE ExPLAININg FACTORS OF THE COOPERATION MODEL

ABSTRACT

The modern political system in Venezuela rooted in the signing of the political pact of Punto Fijo in 1958 has been progressively declining in the last 30 years due to different social and political events that have set the country’s society in a climate of instability and poor governance. This, in turn, has set the foundation of a political transformation in the country with the end result of a political system replacement process from one more liberal democratic to one of socialist tendency. This article offers an analysis of the important questions that are posed in order to understand the transformation of an exemplary political model in the region to one that is being constantly questioned and presents the lowest governance indicators. These questions, we have defined them in the following way: i) what was the initial cause that enabled the model to function for a long period of time earning the consequent recognition as a stable one? and ii) what was the reason this stability lasted and, at the same time, it led to the collapse of it ? In this context, the following document seeks to demonstrate how the political pact signed in 1958 for different social-political actors responded to an exercise of rationality in the context of the Theory of Cooperation. To this end, we pursue the task of describing under which circumstances the pact was agreed using the literature of “Morals by Agreement” of David gauthier, so we can better understand how the pact itself complied with the characteristics of rational cooperation and answer the first question. To answer, the second question, we study the impact that an oil development model (Petro State) has in the institutional framework of the country and the political economy of the governmental decision making processes.

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Ángel eduardo CÁrdenasrevista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012

Introducción

El sistema político venezolano moderno que tuvo como origen el pacto político de Punto Fijo entre diferentes actores sociales en 1958 sin duda alguna ha venido deteriorándose en forma progresiva en las últimas decadas. La que en algún momento se consideró como una de las democracias más estables y fuertes de la región, ha vivido en los últimos 30 años diversos eventos: protestas sociales, severas crisis económicas, intentos de golpes de estado, desmoronamiento del sistema de partidos políticos, aparición de nuevos actores en el liderazgo nacional, entre otros, que han promovido un clima de inestabilidad, generando de esta manera qué en la actualidad se transite un reemplazo de sistema por uno de tendencia socialista1.

Ahora bien, al analizar el caso venezolano, son varias las interrogantes que han de ser respondidas para entender a plenitud como lo que en su momento fue un modelo ejemplar2, hoy en día presente los niveles más bajos en lo que a indicadores de gobernabilidad de la región se refiere3. La primera de ellas es ¿cuál fue la causa inicial que haya hecho que el modelo funcionara por largo tiempo y fuera reconocido como uno estable?, y la segunda, ¿cuál fue la razón para que dicha estabilidad durara y al mismo tiempo cual fue la razón para que desapareciera?

Apriorísticamente, podríamos inferir que la ausencia o el agotamiento de la causa original podrían explicar el fracaso del modelo. Sin embargo, al adentrarse en el análisis del caso venezolano, vemos como lo dinámico de la evolución de su sistema político nos ofrece otras posibilidades interpretativas que son necesarias de analizar.

Es así como algunas posturas arguyen que al verse irrespetado –por medio de la dinámica bipartidista– los acuerdos basados en las “reglas del juego” o “contrato político”

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Punto Fijo: el Petro estado uno de los FaCtores exPliCatiVos del Modelo de CooPeraCión

de 1958, el sistema estaba condenado al fracaso. otras, orientan sus esfuerzos a buscar respuestas en el campo económico y afirmar que al disminuir la renta petrolera (en el momento que caen los precios internacionales del crudo) no hubo suficiente recursos para distribuir y financiar practicas clientelares, lo cual generó un proceso de descontento social desarticulando los mecanismos de cohesión4 existentes derivando finalmente en inestabilidad política.

No obstante, la respuesta a nuestras interrogantes parecieran ir más allá del aislamiento de una sola variable explicativa. Si bien es cierto, que por un lado, los acuerdos de la “democracia institucional pactada”5, estuvieron sujetos a reacomodos lo cual dejó a ciertos sectores excluidos en el transcurso del tiempo (lógicamente provocando descontento y motivos para el alejamiento de algunos actores sociales y políticos de lo inicialmente pactado), tampoco, es menos cierto que el efecto que pudo haber tenido la caída del nivel de los ingresos nacionales y la consecuente disminución de la renta –motivada por el colapso de los mercados de bienes primarios como el petróleo– haya sido un factor de gran peso en este proceso6.

Es justamente, entendiendo que la diversidad de variables hace muy cuesta arriba la búsqueda de un denominador común ya que por más homogéneo que se quiera ser es prácticamente imposible dada la naturaleza del fenómeno estudiado, que el siguiente documento tiene como principal objetivo demostrar como el Pacto de Punto Fijo firmado en el año 1958 por diversos sectores políticos venezolanos respondió en un principio a un ejercicio de racionalidad en el marco de la teoría de la cooperación. En este sentido, y como se apreciará en el ensayo, los diferentes actores que refrendaron el mencionado acuerdo supieron anteceder la racionalidad (mediante el calculo de los costos potenciales y beneficios asociados al acuerdo) a los intereses particulares en un momento político determinado

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de la nación. De ahí que el presente ensayo se propone por un lado describir bajo que circunstancias se generó el acuerdo, y de ahí definir algunas categorías, utilizando los conceptos expresados por el académico David gauthier, en su libro “La Moral por Acuerdos” que nos ayuden a entender como el pacto cumplía con las características de un acuerdo de cooperación racional y sobre todo responder nuestra primera interrogante de cómo surgió el pacto.

De igual manera, y con el objeto de responder a nuestra segunda interrogante de cómo se mantuvo en el tiempo (y desapareció eventualmente) el acuerdo, se profundizará en un enfoque bastante manoseado pero muy relevante en los tiempos contemporáneos. Para tal efecto, se estudiará el impacto que pueda tener la presencia de un modelo de crecimiento o desarrollo basado en el petróleo (Petro-Estado) tanto en la institucionalidad de un país como en la economía política de las decisiones gubernamentales. Dicho análisis se hará a la luz de que es justamente la previa presencia de este factor al Pacto de Punto Fijo uno de las razones de mayor peso para que la concertación se diera y se pudiera mantener el tiempo, como a la vez que las consecuencias propia de su efecto institucional provocó que el mismo acuerdo llegará a su fin.

En este sentido, el siguiente ensayo se conformará en primera instancia de una sección de marco teórico donde se abordará los conceptos fundamentales del sistema político venezolano especialmente en el período del Pacto de Punto Fijo. Seguidamente, se hará un resumen de los conceptos y categorías más importantes de la racionalidad de los contratos políticos o formas de acuerdos de cooperación inspirado en las premisas hobbsianas, posteriormente se hará una descripción orgánica de los aspectos fundamentales y relevantes del Petro-Estado y cuales son sus impactos en la institucionalidad de los países. Finalmente, se explicará el caso Venezuela tomando ambos enfoques, por un lado la visión de cómo se generó un

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acuerdo de cooperación y, asimismo, se verá los impactos que la presencia de un modelo de Petro Estado tuvo tanto en el origen del Pacto de Punto Fijo como en su permanencia y fin de él.

1. 1958-1998: La democracia puntofijista

Como fue referido al comienzo de este ensayo, la era democrática venezolana se da con la formación del llamado Pacto de Punto Fijo el cual puede ser visto como un acuerdo de gobernabilidad entre diversos actores sociales justamente después de la caída de la dictadura militar que había azotado al país por espacio de diez años. Dicho acuerdo tuvo como actores principales, los que en su momento eran, los partidos políticos de mayor liderazgo representados por AD, CoPEI y URD. Adicionalmente, este acuerdo incluyó a la Iglesia, el sector empresarial y sindical del país. El factor unificador, y posible la razón para que se sentaran y coordinaran conjuntamente, de los diversos actores fue el temor de repetir lo ocurrido en el trienio 1945-1948, donde por intentar el partido Acción Democrática gobernar en forma unilateral y sin búsqueda de consensos se produjo inestabilidad, descontento llevando así a un golpe de estado que acabaría con las pretensiones democráticas de la nación para entonces7.

El pacto en si constó de unos puntos mínimos de consenso para la construcción de la nueva era política que el país vivía. En tal sentido, y apoyándonos en la excelente enumeración que Njaim, Combellas. Josko de guerón, y Stambouli (1974)8 ofrecen, los acuerdos mínimos giraban en torno a la formalización e institucionalización de unas normas compartidas que debieran tener, entre otras, las siguientes pautas:

a) Acepta la diversidad de partidos y sus diferencias entre ellos (esto con el objetivo de promover la tolerancia ínter partidista y reconocer la importancia de otras tendencias ideológicas y políticas)

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b) Un programa común y mínimo de gobierno.

c) La conveniencia de reducir una oposición sistemática (desleal) para mantener la estabilidad del sistema.

d) Promesa de participación en el gobierno (independientemente de quien resultara ganador de las elecciones a ser convocadas) por parte de los distintos partidos políticos para consolidar la estabilidad democrática post 23 de enero de 1958.

Como se puede observar el espíritu del acuerdo buscaba ante todo evitar cualquier posibilidad de fractura del sistema por falta de acuerdos o consenso, pero sobre todo reconocía la fragilidad que la incipiente democracia venezolana vivía9. Es así como la prominencia de la estabilidad pudo más que los intereses individuales de cada uno de los actores políticos del entonces. Solamente, el Partido Comunista Venezolano quien había también luchado en la clandestinidad contra la dictadura fue excluido por el temor de que su posición ideológica fuera a convertirse en un obstáculo para el novel proceso democrático.

Apoyándonos en las ideas de Pedro guevara10, se observa como el sistema político venezolano que derivó a partir de 1958 fue uno que “...que debe ser catalogado como un populismo, perteneciente a la familia de los populismos latinoamericanos, que se ha expresado bajo la forma de una democracia pluralista en la que predomina un sistema de partidos en competencia”.

Más aun, se puede apreciar que el resultado del acuerdo puntofijista fue una estructura política consolidada principalmente en un sistema bipartidista que controló el monopolio del ejercicio del poder por un largo período. En este sentido, podemos decir que el sistema político venezolano derivó en uno bipartidista acompañado de pocos actores

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(el Presidente de la República, los lideres nacionales de los partidos11, la confederación sindical de los trabajadores –CTV–, los representantes empresariales –FEDECAMARAS– y la Iglesia Católica), que se beneficiaron claramente de la necesidad de conciliación de intereses en pro de la estabilidad del sistema , que como el mismo guevara indica12 fue financiada por la importante cantidad de recursos que el país contaba (principalmente proveniente de la renta petrolera).

Es justamente en 1961 cuando se redacta la primera Constitución de la era democrática que en principio fue entendida como una que reducía a su mínima expresión la influencia presidencialista en la toma de decisiones (lo cual era coherente con la idea de mayor concertación del pacto de 1958). Sin embargo, en la practica el hecho era completamente diferente, la excesiva centralización e importante presencia del liderazgo de los partidos políticos en la toma de decisiones, no solo hizo que el Presidente de la República tuviera mayor discrecionalidad en lo referente al ejercicio del gobierno, si no que reafirmó el populismo ya mencionado anteriormente, y por ende, contribuyó a que la practica distributiva en pro de la conciliación de intereses y estabilidad del sistema continuara (bajo la tutela de las elites políticas participes del acuerdo).

Dicha forma de populismo del sistema venezolano se puede apreciar en forma palpable al tomar como ejemplo la expansión del empleo público que surgió en la “era democrática”, en la que según cifras aportadas por Asdrúbal Baptista13 el empleo efectivo14 prácticamente se duplicó al pasar de 277.150 a 520.392 entre 1960 y 1970, siendo la demanda de empleo normal15 para 1970 de apenas 215.404 personas lo cual demuestra que había un excedente de cerca el 60% (304.988 personas) de los contratados para la época. Sin duda, y como el mismo Baptista afirma, es una “anomalía” del sistema económico (y para efectos de nuestro análisis confirma la característica populista del sistema).

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Fueron justamente estas prácticas clientelares las que colaboraron en forma importante, en primera instancia a hacer que el sistema prevaleciera y que el acuerdo continuara en el tiempo. Sin embargo, a partir de los años 80’s, comienza lo que podemos calificar como el declive del establishment (coincidencialmente acompañado con escasez de recursos petroleros y repudio generalizado a las prácticas clientelares partidistas que terminaron por erosionar la poca credibilidad del sistema de partidos). Eventos como el viernes negro, el caracazo, intentos de golpes de estado, entre otros señalaban sin duda el declive del hasta ese entonces exitoso sistema democrático que había logrado conciliar los intereses en un marco populista. Finalmente, la elección de un “outsider” como el actual Presidente Hugo Chávez evidenció la expiración del puntofijismo y la necesidad de la búsqueda de una nueva alternativa o cambio de modelo político.

2. Contrato Moral y Político:

Una de los grandes retos de la mitad del siglo pasado en el campo de la filosofía política fue la búsqueda de la conexión entre la teoría y la praxis con especial atención en el campo de la racionalidad moral y su capacidad resolutiva a los problemas contemporáneos. En esta línea y parafraseando a la académica de la Universidad de Valencia, España M. Pilar gonzález Altable16 no se puede considerar que una teoría critica como una reflexión transformadora si la conexión entre la teoría y la practica no está claramente manifiesta y, sobre todo, que esta pueda plantear claramente lo que debería ser. Mas aun, y refiriéndose a Apel y Habermas como dos grandes intelectuales destacados en esta línea de pensamiento, “Los [Apel y Habermas] en definitiva defienden una teoría social global que postula una clara intención entre los fenómenos políticos, sociales y psicológicos”17.

Es precisamente esta necesidad que existe entre la conexión y capacidad explicativa que puedan tener los

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postulados teóricos con la evidencia empírica es lo que abre la puerta para que a mediados del siglo pasado se haga un esfuerzo por abordar de manera científica asuntos de gran importancia como: la libertad, la democracia, igualdad, la obligación política, entre otros. En esa línea se encuentran autores de reconocido prestigio como Rawls, Nozick, Habermas, Dworkin, entre otros, que de alguna manera tratan de dar luces sobre las estructuras normativas que rigen (o deberían) las sociedades democráticas.

No obstante, es David gauthier académico canadiense quien ha destacado en este fuerzo al intentar aplicar, y una vez mas apoyándonos en M. Pilar gonzález “D. gauthier, frente a otros pensadores inmersos en dicho proyecto, ha centrado más su reflexión sobre la teoría de la racionalidad práctica, intentando lograr una justificación desde la racionalidad de la moralidad, esto es, de las restricciones a las que el individuo ve sometida su actuación, mostrando que las restricciones que la moral establece en el mundo real interesan a los individuos racionales”.

Es en este contexto que D. gauthier publica en 1986 su obra “Moral por Acuerdos” que, y en línea con la obra de J. Rawls, buscó analizar desde un punto de vista interdisciplinario las ideas contractuales de la justicia, en el caso de gauthier hace manos de técnicas cuantitativas y economicistas como la teoría de juegos para poder plasmar la racionalidad moral en la toma de decisiones.

A partir de Moral por Acuerdos aquellos dedicados a estudiar en mayor profanidad como funcionan los acuerdos cooperativos a nivel social con el fin de alcanzar la justicia tienen mayores herramientas para su entendimiento, más aun, los involucrados en la investigación del contractualismo político, ven en gauthier como una propuesta metrológica renovada que no tiene mas que el objetivo de entender como las estructuras normativas sociales permiten que se amplíen

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las oportunidades de acción ( y de niveles de satisfacción) al ser estas limitadas a aquellas practicas institucionales sociales razonados por los individuos y aceptadas por ellos como la que mayor beneficio otorga todo esto en el marco de un proceso cooperativo.

Presupuestos teóricos

Apoyándonos una vez más en la Profesora gonzález18 la “Moral por Acuerdo” parte de dos suposiciones:

i) La concepción del sujeto del acuerdo como un individuo racional con una capacidad semántica para la representación de sus preferencias, deseos y creencias, interesado en realizar una concepción del bien, pero también con una capacidad para la afectividad y la amistad cívica.

ii) La idea de la sociedad como una “ventura cooperativa para el beneficio mutuo”19. En este sentido la sociedad no demanda simplemente o sencillamente una maximización de bienestar, sino más bien equidad y justicia, pues las decisiones sociales no solo están comprometidas con la producción de beneficios, sino también con su apropiada distribución.

Es a partir de estos supuestos que gauthier aborda preguntas como; “¿Qué hace que el individuo que busca maximizar la satisfacción de sus preferencias considere racional, aceptar restricciones sobre su conducta maximizante y por tanto participar en ese acuerdo justificativo de orden moral y someterse posteriormente a lo acordado?”. Es precisamente esta interrogante la clave para entender como se alcanzan acuerdos cooperativos a nivel social, como un individuo puede limitar su libre obtención de beneficios para privilegiar acciones conjuntas o por lo menos que tomen en cuenta a otros sujetos y decisiones.

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Para el mejor entendimiento de esto, gauthier define algunas categorías que ayudan a estructurar metodológicamente el proceso de alcance de acuerdo entre los diferentes actores:

El mercado imperfecto como una zona moralmente libre

Para gauthier todo individuo vive inmerso en las relaciones de mercado, sin embargo este no es un mercado completamente competitivo. De ser un mercado perfectamente competitivo, los individuos no tendrían limitaciones en alcanzar sus objetivos (prescindiendo de la consideración de los demás sujetos de la sociedad o de cualquier estrategia conjunta para maximización de beneficios). En este mercado perfecto todos los individuos expresan sus intenciones para alcanzar sus intereses desde una perspectiva de maximización total de su utilidad. Es así como todos los individuos toman sus decisiones de manera segura ya que son las decisiones de ellos las únicas variables a tomar en cuenta (las decisiones de los demás no afectarían en ningún momento las tomas de decisiones de cada individuo y tampoco sus beneficios\). gauthier hace el símil de que este mercado sería el mercado de bienes privados, donde los individuos pueden alcanzar su utilidad sin necesidad de estrategias conjuntas ya que las funciones de utilidad son independientes entre si, por lo cual no hay necesidad de ninguna restricción moral ya que todos los resultados que se alcancen en dicho mercado son beneficiosos por si solos.

Sin embargo, y como se apuntó inicialmente, los mercados no son perfectamente competitivos por lo cual existe incertidumbre en las tomas de decisiones ya que la decisiones de los individuos afectan a los otros individuos, al ser esta la realidad no puede haber una zona de libre moralidad como el ideal del mercado perfectamente competitivo Una vez mas apoyándonos en la Profesora gonzáles20 “ ... la interacción entre los individuos [en la sociedad] debe ser regida por unos principios normativos aceptados por todos que superen los desajustes que se producen

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por la aparición de externalidades de forma que no haya lugar para la aparición de free-riders y la cooperación social sea realmente para el beneficio mutuo. Ello supone que las restricciones de la moralidad son racionalmente necesarias para proporcionar las bases para armonizar el interés de cada uno con el interés global”21. Es precisamente este principio que sostiene la idea de la “maximización restringida” la cual va en contra de la creencia que la racionalidad instrumental, en el sentido puramente económico, no es suficiente para que se logre un orden social justo.

Principio mínimas de la concesión relativa-principio maximin del beneficio relativo

gauthier, consciente de la presencia de las externalidades, y por lo cual, de la imperfección del mercado introduce el concepto de “maximización restringida” la cual es una condición externa a la interacción racional de los individuos. En si esta maximización justifica o promueve, que cada individuo, maximiza tomando en consideración una estrategia conjunta o lo que es igual a que se considerará las elecciones de otros en la sociedad al momento de realizar una elección para maximizar, gauthier denomina esto como el principio maximin de la concesión relativa.

Este principio surge precisamente por la necesidad de cambiar la conducta racional (por medio de la misma razón) la cual apuntará, a que en entornos de interacción donde para poder alcanzar resultados óptimos se necesita elementos de cooperación, los individuos son capaces de modificar su conducta de maximización total y restringirse entendiendo que los escenarios que se derivan de tal cooperación son más óptimos para todos los participantes que los que no22.

Para gauthier esta lógica interna de la racionalidad cooperativa transciende a la concepción tradicional del hombre económico egoísta planteado por Hume23 en este sentido

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gonzález es clara al decir “En gauthier las circunstancias que llevan al individuo racional a aceptar la conducta cooperativa, y por tanto la restricción que impone la justicia, no van a ser solamente la escasez como en Hume, o la concepción del hombre económico egoísta , el individualista ilimitado, sino también la variabilidad de la escasez”24.

Tomando a gauthier, “los recursos de satisfacción o no satisfacción no son un suministro fijo sino variable. Esto quiere decir que a través de la interacción los costos disminuyen y los beneficios aumentan. Ello tendrá consecuencias tanto negativas como positivas. Los individuos envueltos en la interacción son conscientes de que cada uno es un competidor para los bienes escasos, lo que supondrá un aumento un aumento de los costos, pero al mismo tiempo todos reconocen en cada uno de los demás a un cooperador en la producción de los suministros, lo que sin duda incrementará los bienes producidos posibilitando un incremento en los beneficios que cada uno puede obtener”25.

No obstante, este proceso no se genera de manera espontánea sino que se debe generar un mecanismo regulador el cual apunte a un equilibrio, dicho mecanismo es el proceso cooperativo entre los actores que funcionará como una “mano visible” que canalizará alcanzar resultados óptimos26.

La situación de regateo inicial y el punto de Arquimedeo

Ahora bien en el desarrollo de la teoría racional de cooperación de D. gauthier una pregunta fundamental se debe hacer, y ella es, ¿cual es el punto de partida del regateo en el proceso de cooperación? o mejor dicho ¿ en que contexto los individuos deciden o actúan en la consecución de estrategias conjuntas de maximización? Para gauthier, y recurriendo a gonzález una vez más, “...quiere [gauthier] que dicha situación [el regateo inicial] sea lo más parecida al entorno social donde el individuo tiene que desarrollar su vida, se tiene que tomar en

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cuenta que lo que precisamente se va a decidir es un principio que logre garantizar la ausencia de fraude y fuerza que es algo característico de las sociedades reales, por tanto esos y otros elementos tendrán que estar ausentes de esta situación inicial” 27.

Ahora bien es importante tener cuidado de cómo se configuran las instituciones sociales en los entornos de cooperación ya que dependiendo de ellos, pueden existir arbitrariedades que no permitan interacciones cooperativas que apunten a resultados óptimos, por lo cual y según lo menciona el mismo gauthier, el punto de partida debería ser cuando se da una posición inicial de regateo lo mas equitativa posible lo que apuntaría a una igual ventaja y por ende la racionalidad necesaria de que el acuerdo debe ser alcanzado.

3. El Petro Estado

En la literatura económica y política –la cual ha dedicado cuantiosos volúmenes de estudio al fenómeno del petro-estado–, se ha definido como aquel estado que obtiene rentas del mundo exterior (por venta de un bien primario) para luego ser distribuido a nivel interno. En el caso particular de los países petroleros, a diferencia de otros estados que dependían de otro tipo de bienes primarios como los minerales, los períodos de extracción de rentas tienden a ser mas extendidos en el tiempo, por lo cual el solo hecho de tener dicho activo28 les da la posibilidad de realizar una importante transferencia de riqueza del sector externo al país poseedor del bien primario. Al repasar lo que han sido los últimos 80 años en el mundo económico, podemos ver como esto se comprueba al alcanzar estos países petroleros fuentes sustanciales de recursos vía la extracción de la renta.

Sin embargo, y a pesar de la afirmación de que aquellos países poseedores de activos logran captar una sustancial parte de la riqueza mundial, al observar en conjunto a los países

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exportadores de petróleo por excelencia29 nos percatamos que contrario a lo que se podría suponer, la situación económica de estos países es difícil, y en la carrera del desarrollo parecieran estar quedando cada vez más rezagados30. En este sentido, la mayoría de éstos países sufren en la actualidad de niveles de inflación elevada, fuga de capitales (en aquellos países que permanecen abiertos), baja capacidad industrial, elevados nivel de corrupción, inestabilidad política, altos niveles de desempleo, profundos niveles de pobreza y desigualdad entre otros31.

Ahora la pregunta fundamental ante paradójica situación, es ¿cómo es posible que países con una ventaja de recursos no hayan alcanzado mayores niveles de desarrollo o aun peor se encuentren en situaciones comprometidas después de diversos “booms” en las últimas décadas?, ¿subyace algo el hecho de que el modelo de desarrollo de un país se base principalmente en la extracción de una renta internacional para su posterior distribución interna?

La experiencia empírica y la gran variedad de análisis de los cientistas sociales en los últimos 25 años indican que si existen particularidades que impiden a los petro estados alcancen una senda de desarrollo equivalente a lo que se esperaría basado en el potencial de sus recursos naturales. Más aun, dichas particularidades poseen un carácter transversal que no solamente atentan con el hecho de que las economías logren desarrollarse a su nivel esperado, sino que interfieren directamente con la estabilidad de los sistemas políticos, en especial, afectado o “moldeando”32 los diversos arreglos institucionales y por ende, definiendo la toma de decisiones políticas a nivel gubernamental. Es así como la profesora Karl de la Universidad de Stanford en EE. UU., describe:

“La riqueza petrolera moldea las instituciones en una manera dramática que ningún especialista en el área del desarrollo se hubiera podido imaginar o entender. Esto será especialmente

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cierto cuando la explotación petrolera coincide con la construcción de un estado moderno, como frecuentemente fue el caso. Donde esta coincidencia histórica ocurre, los petro-estados se caracterizan por sesgadas capacidades institucionales. El proceso inicial de negociación entre las compañías petroleras extranjeras ansiosas de asegurar las nuevas fuentes de crudo y el liderazgo local que busca consolidar el apoyo interno de sus bases, deja un poder político excesivamente centralizado con fuerte redes de complicidad entre los actores públicos y privados que se benefician de subsidios cuantiosos y reemplazo de sistema de tributación favorables a estas elites”

Más aun, los petro-estados devienen cada vez mas dependientes del ingreso fiscal derivado de la venta del crudo, lo cual compensa la reducción en la tributación interna, y el hecho de la disminución de la productividad doméstica consecuencia de la mayor asignación de recursos a una industria intensiva en capital y con mayores niveles de rentabilidad, lo cual va en claro detrimento de otros sectores productivos como el agrícola o manufactura. Es justamente el mayor nivel de dependencia del bien primario que refuerza la lógica petro estatal, al ser el estado el dueño del recurso natural, el cual busca centralizar la toma de decisiones políticas (en especial en procesos de negociaciones con compañías extranjeras, o posteriormente en la organización de la industria nacional) y así capitalizar la mayor parte de la renta, y de esta manera financiar sus agendas reafirmando al mismo tiempo su legitimidad política.

No obstante, es justamente el ciclo descrito que ocurre en el petro estado lo que genera problemas para el adecuado desarrollo de estos estados, y eventualmente lleva a problemas de inestabilidad política. Al ser el crudo la fuente de energía

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por excelencia –y por ende una fuerza motriz importante del crecimiento económico mundial33– aquellos que la posean tendrán una ventaja importante al contar con una fuente de riqueza que podrá apalancar el crecimiento de sus economías. Más aun, esta riqueza tiende a perdurar por largos períodos de tiempo lo cual termina otorgándole a los petro estados un elevado margen de maniobra interno para definir su modelo de expansión económica.

Los recursos naturales le permiten al liderazgo “la capacidad de vivir más allá de sus medios”34, un ejemplo claro de esto es la disponibilidad de los mercados financieros internacionales para el endeudamiento externo (siempre respaldado con la idea de la abundante capacidad repago producto de las ventas futuras de crudo). De igual manera, los que ejercen el poder no cuentan con presiones para llevar adelante reformas estructurales (por lo general que traen consigo importantes costos políticos para las administraciones) como aquellas fiscales: reformas pensionales, reducción de la burocracia, aplicación de nuevos mecanismos impositivos, entre otros; y en el campo político, descentralización, sistemas más participativos y competitivos, etc. La razón final por la que no se ven obligados es que pueden financiar diferentes redes clientelares, y utilizan el ingreso petrolero al repartir la renta como vehículo de conciliación de intereses. En palabras de Karl35:

“...no solamente el petróleo provee elevadas rentas durante períodos largos en el tiempo, también facilita el endeudamiento internacional, perpetuando así la capacidad de vivir más allá de sus medios. Esto, a su vez permite, posponer por mayor tiempo los necesarios cambios estructurales que cualquier otro país en vía de desarrollo que se ven obligados al momento de ver sus indicadores macroeconómicos caer”

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Como consecuencias de este fenómeno, en los petro estados se produce resistencia a transformaciones institucionales, y cambios oportunos en las directrices gubernamentales, reduciendo de esta manera las posibilidades de reformas o de solventar problemas estructurales que puedan atentar con la estabilidad de un sistema en el largo plazo. Una vez más apoyándonos en las ideas de Karl, ella considera que los petro estados son incapaces de ajustarse a las nuevas circunstancias y sufren de falta de capacidad de innovación en materia de formulación de políticas y flexibilidad para alcanzar los objetivos de desarrollo, determinando de manera perversa el comportamiento de los políticos y los representantes del sector empresarial. De hecho, y citándola textualmente:

“Virtualmente en todos los países en vías de desarrollo exportadores de petróleo, tanto el sector privado y las autoridades políticas descansan sobre la capacidad dual de (1) extraer rentas (pagos por el crudo) externas del ambiente global de energía y (2) distribuirlas internamente usando el criterio político como mecanismo central de asignación. Esto crea lazos excepcionales entre el poder económico y político, desarrollando así redes de complicidad basado en el clásico intercambio entre el derecho a gobernar y el derecho a generar dinero”.

De ahí que observemos, como previamente comentamos, que en los petro estados no existan los incentivos de prudencia en la conducción económica y en la formulación de las diferentes políticas. De hecho, se realiza lo contrario, se tiende a solucionar la mayoría de los problemas apalancándose en la obtención de renta36 y distribuyendo ésta de una manera politizada. Como es de esperar un proceso de toma de decisiones en este contexto tiende a ser eficaz mientras los niveles de renta lo permitan; sin embargo, hipotecando dicha estabilidad a

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futuro en el momento que el influjo de renta desaparezca o aun peor no sea suficiente por la misma propensión marginal de los hacedores de políticas de perpetuar el modelo rentístico y no afrontar el reto de las reformas necesarias (tanto económicas como políticas).

4. La cooperación en 1958 y su posterior declive

Como fue expresado en la parte introductoria de este documento el Pacto de Punto Fijo reunió una serie de actores a nivel nacional que acordaron ciertas medidas o reglas de juegos con el fin de echar a andar una transición política estable y democrática en el país post dictadura militar. En ese proceso de conciliación se puede evidenciar como hubo una postura de interacción cooperativa racional que privilegió las posiciones consensuadas o estrategias conjuntas a aquellas unilaterales o totalizadoras.

Eventos como la firma de programas de puntos mínimos de gobierno para quien fuese el que ganase las elecciones llenos de tolerancia y apertura son indicativos de una consciencia de maximización restringida, pero sobre todo la claridad que para poder alcanzar el optimo desde el punto de vista político se tenía que pasar por una visión conjunta de país. Sin duda que en todo esto tuvo mucha influencia la mala experiencia del trienio adeco de 1945-1948 lo cual dejó en evidencia que posiciones de maximización total se convierten en momentos de equilibrio pero nunca en puntos óptimos de beneficios que son los que hacen estables los sistemas.

Más aun, es en este aspecto que la primera interrogante del presente ensayo se puede responder. El acuerdo o Pacto de Punto Fino se logra dar es justamente como consecuencia de esta actitud o posición racional de maximización restringida de todos los actores lo cual vino acompañado de puntos de negociación similares o se cumplía con la propuesta de elementos procedimentales equitativos que auguraban beneficios

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proporcionales o similares a la mayoría de elementos. No obstante, y como se verá en la siguiente sub sección, esto se vio acompañado de acceso a recursos financieros que se pudieron traducir en beneficios óptimos para todos los actores.

A lo largo de la primera parte del proceso, se observan que al no violentarse mucho de los acuerdos de la transición democrática, no obstante una década después la intención cooperativa racional se va cada vez disminuyendo en parte –y como será mejor explicado en la siguiente sección–, por la institucionalidad que se fue definiendo lo cual planteaba posiciones asimétricas para los diferentes actores no lográndose pasar el mensaje de la necesidad de estrategias conjuntas par alcanzar óptimos. Es así como observamos, un sector privado capturador de renta que debe alinearse con el gobierno central quien supera con creces la capacidad financiera de cualquier otro jugador y más bien son los demás actores que deben buscar plegarse a él. Como es de esperar esto comienza reconfigurar las posiciones de negociación (o puntos de partidas) y por ende la aceptabilidad de los acuerdos que se dan en esta época, ya que surge una asimetría y los costos y beneficios de la cooperación o negociación pasan de ser medianamente iguales a asimétricos.

Esta reconfiguración se traduce en nuevas instituciones sociales que poco a poco transforman la racionalidad en la elección de estrategias de elección por unas mas autoritarias que desplaza a varios actores. Sin embargo, no es sino hasta inicio de los años 80’s que se visibiliza ese cambio de conducta por parte de los actores, posiblemente es más evidente en esta época porque en ella se presentan (ver siguiente sección para mayor detalle) los serios problemas de corte fiscal que hace que la repartición de recursos a través de programas sociales, subsidios, bajas tasas impositivas, entre otras, se merme elevando aun más el descontento por el cambio de actitud cooperativa a una autoritaria o de mayor influencia de uno de los actores (como era el caso del gobierno central), es así como

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actores (sindicatos, algún empresariado, partidos políticos que no acumularon riquezas, entre otros) que desplazados de la toma de decisiones se encuentran también con que no reciben parte de la torta de recursos que el gobierno distribuye como en el marco de sus practicas clientelares, lo cual genera fricciones que llevan a la ruptura de posiciones cooperativas y surgen más bien oposiciones al modus vivendi del momento37.

Como se puede observar tanto el origen como en el sostenimiento y el declive del sistema se da en el marco de una teoría de cooperación racional. El pacto que se forma en 1958, sin duda, se da por la necesidad de sobrevivencia lo cual tomaba a todos en consideración y de ahí la posición cooperativa, fracasa es por las perversiones que el mismo sistema va desarrollando a lo largo del tiempo, terminando en un escenario de puntos de partidas desiguales entre los actores, donde no se alcanza óptimos sino equilibrios38.

5. Venezuela y su economía rentista

Al entrar en esta sub sección es importante precisar algunas particularidades de la actividad económica del país en el siglo pasado. Es así como se puede observar que hasta la aparición del petróleo a comienzos de dicho siglo, Venezuela era un país principalmente agrícola, poco urbanizado y con ingresos modestos. En este sentido, eran pocas las variaciones que la actividad económica nacional podía tener, y aun menos era el espacio que se le dedicaba al estudio de ella (presumiblemente por su insignificancia y poco peso relativo a nivel regional y sin duda a nivel mundial). No obstante, en el momento que el primer pozo petrolero estalló, el panorama de la economía nacional cambió por completo, y el país que tradicionalmente era un jugador marginal en el mercado comercial mundial se convirtió súbitamente en un importante motor al ser un gran explotador de crudo.

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Como es de esperar, este repentino cambio en la dinámica de la actividad económica, afectó de forma importante, tanto a las elites gobernantes del país, así como a la intelectualidad de la época que se planteó preguntas cruciales ¿cómo que hacer con esta nueva capacidad financiera que el petróleo traía consigo? En palabras de uno de los autores que más ha aportado en el estudio de la cuestión petrolera, Arturo Uslar Pietri39.

“A partir de 1936 el panorama económico de Venezuela comienza a hacerse atípico. La pugnaz coexistencia de las dos economías, el hecho de que la riqueza y actividad tradicionales estaban enteramente vinculadas a la agricultura, con todas las consecuencias económicas, políticas y culturales que ello implicaba, y el de que la riqueza petrolera, reciente y creciente, tenia muchos aspecto de enclave extranjero, manejado por grandes empresas imperiales e íntimamente conectado con la acción del gobierno nacional, hicieron difícil y confusa la apreciación de la situación. Podría decirse sin exageración que una sola cuestión dominó la política y el pensamiento económico desde entonces, la que podría formularse de manera muy simplista: ¿qué hacer con el petróleo?”

y, sin duda, Uslar Pietri no se equivocaba en su afirmación de la primigenia importancia que tendría la cuestión petrolera para el devenir del país. Mas aun, podemos observar como es justamente que durante los años de la Primera guerra Mundial, este recurso cobró fundamental importancia y es cuando aparece en el escenario venezolano. Esto como es de suponer, generó los primeros cuestionamiento o en palabras de A. Baptista y B. Mommer, se produjo el despertar de una conciencia nacionalista rentística, y el debate acerca de cómo

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se podría obtener mayores beneficios de la nueva situación petrolera la cual se podría alcanzar mediante la tributación a las empresas petroleras extranjeras. La idea era lograr capitalizar más que el simple impuesto que se cobraba en la época.

Más aun, otro gran debate –el cual en tiempos contemporáneos continúa– como sería la distribución de la renta adicional extraída por concepto de la utilización de los yacimientos venezolanos. Sin duda, la postura que se tomara definiría por completo el porvenir de una nación, que por mejores adjetivos que se busquen aun estaba en una etapa precapitalista. En este sentido, existía dos posiciones claras, aquellas que veían que la renta adicional que recibiría el fisco debería ser dirigida a los terratenientes dueños de las tierras, y la otra, que consideraba saludable la concentración centralizada en el estado (ya que este último podría ejercer un mejor rol en la canalización de dichos recursos en un proyecto de modernización de país). Sin embargo, no es sino hasta el año 1943 (reforma petrolera), que la legislación capta en forma plena ésta última visión, la cual marcará en forma definitiva las relaciones socio-económicas y políticas en el país.

Es gracias al petróleo que se abre una nueva opción de financiación del desarrollo. Un episodio en la historia económica de occidente que se recoge en la obra de Baptista y Mommer puede ilustrar de mejor manera esta idea: es posterior a la depresión de finales de los 20’ s en E.E.U.U. cuando éste país (producto de sus propios problemas fiscales) decide devaluar el dólar americano (quedando de esta manera el bolívar más fortalecido) yendo esto en detrimento de las exportaciones agrícolas venezolanas las cuales se encarecerían teniendo como posible consecuencia el colapso del agro40. Ante esta coyuntura surgió la necesidad de una decisión de orden de política económica que pudiera proteger a la industria o sector agrícola del país. Es así como el entonces Ministro de Economía Alberto Adriani propone una devaluación del bolívar en 100% (buscando con esto mejorar los términos de

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intercambio y facilitar el acceso a los mercados de los productos nacionales), mientras que por otro lado el Presidente del Banco Central, Vicente Lecuna se oponía a esta medida. En definitiva, la decisión fue mantener la sobrevaluación del bolívar, y subsidiar la exportación de los productos agrícolas por medio de la renta que el estado obtenía de la venta de crudo. Sin duda, este episodio demuestra una de las primeras tentaciones de –en palabras de Terry Karl– “tirar dinero a los problemas” cuestión esta última que muchos intelectuales de la época comenzarían a ver con reticencia y temor del resultado que una práctica de este tipo podría traer consigo al proceso de desarrollo, modernidad y estabilidad del país.

Es nuevamente Uslar Pietri quien lidera esta postura contraria a la parsimonia de aceptar a la renta petrolera como el motor fundamental del desarrollo del país. De hecho, no necesariamente Uslar era contrario a la integración rentística que el país vivía, sino más bien a la forma en la que se utilizaba. Es así como este autor41 advierte en forma categórica que aquel país que se alejara de las economías agrícolas (las cuales él tildaba de productivas y regenerativas) por aquellas mineras (aquí se refiere a la petrolera), se encaminaba hacía una catástrofe. Por tal motivo, era imperativo tomar una posición diferente al uso de la renta y distanciarlo de gasto corriente, y destinarlo a sectores de inversión que pudieran diversificar la economía.

Baptista y Mommer42, hacen un excelente resumen de la posición de un Uslar más maduro nueve años después de la aparición del editorial precitado, donde él en forma mas estructurada manifiesta su posición contraria a la política seguida desde el momento de la aparición de la renta petrolera:

“Para Uslar todo el problema radicaba en la política económica: de seguirse una política económica acertada el país no tenía por qué continuar deslizándose hacía el “parasitismo”. La decisión crucial era la de aprovechar

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cabalmente la renta petrolera como fuente adicional y cuantiosa para el desarrollo de las capacidades productivas. Pero con la reforma petrolera de 1943, los aumentos posteriores del impuesto sobre la renta y el auge del mercado mundial del petróleo una vez concluida la segunda guerra mundial, Venezuela entra en la segunda etapa de su historia como país petrolero. La renta petrolera llegó a niveles entonces sin paralelos, por lo que las expectativas de Uslar de revertir las tendencias, de otra manera manifiestas, se vieron muy pronto frustradas. La disparidad entre los recursos excedentes y la capacidad de absorción de capital se había hecho poco menos que abismal”.

ya en éste artículo se demuestra como el estado desarrollaba lo explicado en la sección anterior como la tentación de la integración rentística y como la presencia de la renta podía intervenir abiertamente en el modelaje institucional y derivar en toma de decisiones gubernamentales que podían ser equivocadas o contrarias al desarrollo y crecimiento de una sociedad. Para Uslar éste fenómeno de “parasitismo” terminaría llevando al país por el sendero del colapso, para otros como es el caso de uno de los principales líderes del Pacto de Punto Fijo (y primer presidente de la república después del pacto) Rómulo Betancourt reconocía el peligro mencionado por Uslar, pero lo observaba con una postura más positiva al creer que justamente el proceso de acumulación de la renta (o dependencia como lo llamaba él) promovería el crecimiento y engrandecimiento del capital humano que a su vez generaría una masa critica de productores y consumidores mejorando las perspectivas económicas de la nación43. De esta manera, la renta petrolera era entendida como el antecedente necesario para el desarrollo del país, de ahí que, la “dependencia” no era tan perjudicial.

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Sin embargo, es justamente éste autor quien realiza un trabajo científico para medir dicha dependencia que brinda luces de que tan importante era ya para ese momento el petróleo para la nación. Es así como Baptista y Mommer44 nos mencionan los indicadores (y sus valores para distintos períodos) para dicha medición. En tal sentido, de acuerdo con los autores, Betancourt utiliza tres índices: en primer término considera la relación entre el ingreso nacional, excluido el petróleo, y el valor comercial de la producción petrolera, seguidamente, toma el porcentaje qué el petróleo representaba del total de las exportaciones, y finalmente cuan importante era el ingreso del petróleo en la conformación del presupuesto. Los resultados que alcanzaban confirmaban la idea de exagerada dependencia (o parasitismo para usar palabras de Uslar) de la renta en la actividad económica venezolana. Es así como en el primer indicador, para el año 1936 era 2.71 y 1.88 para 1949 (se demuestra como cada vez era mayor la presencia de la producción). En cuanto al segundo índice en 1936 el crudo representaba el 89% de las exportaciones y en 1948 un 96%. Finalmente, la importancia del aporte de los ingresos petroleros en el presupuesto de la república era también de proporciones astronómicas, siendo 33% en 1938 y 58% en 1948.

Ante estos resultados, Betancourt sostenía que en períodos iniciales la dependencia era inequívocamente la única opción45. Más aun, al llegar un punto, la tendencia se revertiría (lo cual fue imposible por la llegada de la dictadura en 1948 la cual agravó aun mas la dependencia argumentaría él). Sin embargo, otro gran pensador venezolano como lo fue Juan Pablo Pérez Alfonso46 demuestra que después de ocurrido los primeros diez años de la democracia, la condición de supeditación de la economía venezolana (reforma petrolera) (y extensivamente de la dinámica social) a la integración rentística permanecía supremamente importante. Es así como el autor observa47 que para el año 1968 las exportaciones petroleras representaban un 93% del total y en ese mismo año el ingreso fiscal significaba

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el 71% de los ingresos públicos (lo cual exacerbaba la situación de dependencia).

Sin duda alguna, estos resultados echan por tierra cualquier pretensión de separar a Venezuela de un petro estado consumado ya antes del pacto de punto fijo, y aun peor durante la primera etapa de la democracia después del acuerdo. De igual manera, se observa como había un equivoco conceptual importante en Betancourt de cómo sería la evolución del proceso rentístico en Venezuela. Adicionalmente, y como señalan Baptista y Mommer48, el problema radicaba en la poca capacidad de absorción de capital que tenía el país (lo cual coincide con lo anteriormente citado de estar en un estado pre capitalista), lo cual hace cada vez más evidente la “indigestión económica” que un petro-estado podía vivir.

Ahora bien, y para efectos de nuestro análisis, es pertinente hacerse la pregunta ¿de cómo se canalizó específicamente esa renta extraordinaria que no podría ser absorbida –y por ende llevado a procesos productivos regeneradores económicos?– Indudablemente, por lo expuesto hasta ahora se destinó –como la misma explicación de la estructura de petro estado lo indicaba– a financiar el ineficiente aprovechamiento del de las potencialidades económicas del país a través de asignaciones que por lo general respondían a criterios políticos y no técnicos.

Específicamente, en una visión hacía adelante partiendo de enero 23 de 1958, se observa que el caso venezolano confirma esta hipótesis. No es coincidencia entonces que sostengamos la idea que fue justamente la utilización de la renta –y la existencia previa de ella en tamaña magnitud como recién se demostró– la que pudiera apuntalar la existencia del proceso democrático a partir de 1958 –conciliación de diversos intereses entre actores sociales y políticos–.

Al tomar una variable que inicialmente mencionamos en el documento como lo es el empleo público, es justamente

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el estado –dueño de la renta y encargado de la creación de dichos puestos– que puede alcanzar el mayor rédito de practicar políticas ineficientes al financiar empleos innecesarios que podían generar ganancias políticas, y sobre todo dar la impresión de un correcto ejercicio del gobierno a través de la visión instrumental de una democracia de resultados que apuntala el bienestar de todos. Es así como Baptista49 describe esta práctica de la siguiente manera:

“El Estado propietario del recurso petrolero, y, por ende, perceptor originario de la renta, goza de márgenes de acción excepcionales. Uno de ellos es la capacidad de ofrecer empleos directos”

Es importante detenerse en este punto, y profundizar un poco en las repercusiones que tenía esta dinámica practicada por el estado venezolano. Al crear empleo excedentario sin generar un costo adicional en el nivel de precios, se estaba produciendo una distribución de riqueza a individuos que en ausencia del petro estado estarían o bien desempleados o generando riqueza por realizar alguna actividad productiva (la cual no es alcanzada en el empleo público excedentario ya que no hay contraprestación importante a niveles de productividad por el salario recibido). En un período más amplio que el inicialmente citado, vemos como del año 1950 a 2001, existe un 56 % de empleo sobrante representando esto un costo fiscal importante, y lo que es peor, muy difícil de reestructurar debido a la institucionalización de la práctica50.

Complementariamente, otra estrategia que podía rendir excelentes beneficios políticos –y que solamente podía ser llevada adelante siempre y cuando se contara con un excedente de renta de la magnitud de los que dispone un petro estado– fue el ajuste de los salarios reales (transferencia neta de riqueza directa a la población, y así promoviendo el consumo vía aumento de la demanda agregada) vis-a-vis los niveles de

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productividad de la población. Según la literatura económica, aquellas economías que tienden a crecer y desarrollarse en forma positiva, el crecimiento o variación de los niveles de productividad deben superar en algún margen los aumentos de los salarios reales (es justamente dicha productividad la que impulsa aumentos salariales al obtener la economía un mayor nivel de ingreso). Sin embargo, los petro estados pueden utilizar su excedente en elevar artificialmente los salarios sin generar mayores impactos inflacionarios. En el caso venezolano al utilizar la data de Baptista51, se observa como en Venezuela durante el período 1950-1978 la productividad creció a una tasa anual de 1.5%, mientras que los salarios reales en un 3.8%. Sin duda, el mayor pico es durante la década de los 70’s (producto del primer ¨boom” petrolero) mas no deja de ser curioso que inclusive durante el período de la dictadura de Pérez Jiménez se utilizó como practica legitimadora entre la población el incremento de los salarios reales. Sin embargo, es a partir del declive de los precios del crudo en los años 80’s (y la imposibilidad o poco margen de maniobra gubernamental para poder mantener la practica) que se comienza a revertir la tendencia coincidiendo esto con la caída paulatina del sistema puntofijista.

Ahora bien, otra forma más homogénea de distribución de renta –sobre todo dada la característica poco productiva del país– era la sobrevaluación de la moneda52 la cual fungía como un subsidio directo al consumo, al ser el país un importador natural. Es así como de esta manera, se podía financiar una política estabilizadora de precios y sobre todo transmisora de poder adquisitivo a los ciudadanos de un país. Una vez mas recurriendo a la data proporcionada por Baptista53, desde el año 1934 hasta finales de los años 80’s (por un breve período hasta mediado de los 90’s), el tipo de cambio nacional se encontraba sobrevaluado. Sin duda alguna, esta practica institucionalizada en la cultura política venezolana (en la actualidad existe una sobrevaluación importante del tipo de cambio) ha probado ser

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por un lado positiva para el consumo nacional (mediante las crecientes importaciones de bienes y servicios), por otro, ha sido altamente negativo como es la destrucción o minimización del aporte del sector privado a la dinámica económica exacerbando las otras razones expuestas (falta de productividad y necesidad de empleo público ante la ausencia de opciones en el sector privado) y acentuando la necesidad de un estado de gran tamaño (como el petro estado) perpetuando así el circulo vicioso.

Como se puede apreciar este tipo de practicas fueron completamente en detrimento de las posibilidades de desarrollo, y al mismo tiempo, perpetuó la practica de dependencia de ingresos fiscales petroleros (renta) para el financiamiento del modelo de crecimiento el cual sin duda se basó en practicas clientelares, amparadas en el paternalismo que la renta extraordinaria le permitía al estado.

Precisamente, ese paternalismo o monopolio de la toma de decisiones que tuvo el estado la que hizo que la mayor parte de la actividad económica y social girará entono a él, institucionalizando sin duda una serie de reglas de juego que respondiera al mecanismo de distribución antes mencionado. Es así como al entender las elites políticas (o continuaron lo ya mostrado previamente al pacto de punto fijo) que la forma de ejercer el gobierno –ante la presencia del petróleo– era por medio de la creación de políticas públicas de corte populista acompañadas de elevado gasto público (creación de empleos, servicio de intereses de deuda foránea producto de la sobrevaluación, entre otros; que podía ser mantenido por mayor tiempo) y que a su vez le generaba el mayor rédito político, los diferentes agentes sociales comprendieron que el lograr acceder a la red de distribución podría representar grandes beneficios, de ahí que se refuerza la condición del petro estado en Venezuela. En palabras de Karl:

“La dependencia del dinero producto del petróleo permitió prima generosas a aquellos

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que tuvieran acceso al estado. Elaboraciones de pactos, resultados electorales, y el ejercicio de influencia fueron las bases para la asignación de la parte de la renta entre fuerzas contendoras, y era la autoridad política, no los mercados los que decidían la distribución de los recursos”.

Más aun, la práctica descrita hasta aquí es la que impone el mayor peso a la democracia punto fijista en el momento que cae la renta, y las clases políticas (como se describió en la definición de los petro estados) son quienes rehúsan a implementar las reformas estructurales necesarias para revertir el proceso. Es así como, a partir de la década de los 80’s , la dependencia petrolera hizo a las finanzas públicas vulnerables, transmitiendo esto directamente a la población a través de fuertes devaluaciones, procesos inflacionarios, entre otras provocando crisis de tipo social como mayores niveles de marginalidad, pobreza, criminalidad, lo cual juntándose con la practica institucionalizada de los hacedores de políticas de no enfrentar los problemas sino de “tirar dinero a los problemas” creo un descontento generalizado en la población, colaborando de esta manera, a la aparición de golpes de estados, disturbios en las ciudades , entre otros, lo que terminaría de llevar al poder a un personaje completamente ajeno al mundo político con un discurso radical de una refundación de la patria –sellándose así el final del puntofijismo– a través de una nueva constituyente y el establecimiento de un sistema que desde el punto de vista normativo luce más equitativo e incluyente54.

6. Conclusiones

A través del presente documento se ha presentado una argumentación que le da preponderancia a las variables institucionales tanto desde el punto de vista del petro estado como aquellas que se generan de la racionalidad cooperativa de los ciudadanos y por ende de sus instituciones sociales para explicar

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como el acuerdo de cooperación fundado en el Pacto de Punto Fijo en 1958 se dio se mantuvo y decayó. En el caso de la primera la presencia de una renta extraordinaria como fue (y es) la petrolera, jugó un rol fundamental tanto en el éxito como en el fracaso del llamado pacto de punto fijo. En el segundo ámbito el cambio o modificación en la intención de cooperación racional producto entre otras cosas de las asimetrías en los puntos de regateos o de negociación iniciales llevaron a que los agentes pasarán de maximizadores restringidos a totales socavando de esta manera la cooperación como la mano visible que los vinculaba.

De igual manera, se pudo demostrar que la presencia del petróleo (a través de su renta) junto con la necesidad de buscar consensos en la sociedad venezolana desde momentos previos al pacto hasta el declive de él fue un factor dinamizador de las interacciones sociopolíticas del país. Esto por medio de la influencia que tuvo en la formación de una institucionalidad que promovía decisiones centralizadas con criterios de elevada carga política (que en su momento proveyó legitimidad) sobre otros que podían tener mayor asidero técnicos y redundarán en mayor bienestar en el largo plazo para los cuerpos sociales.

Afirmamos que fue crucial en el surgimiento del Pacto, ya que aunque había una serie de factores como la presunción de la fragilidad del sistema (ante la posibilidad de un nuevo régimen dictatorial de no darse un acuerdo de gobernabilidad) que obligaba a los actores a cooperar por medio de la búsqueda de consensos, pareciera poco probable que sin la presencia de la renta petrolera, la conciliación de intereses entre los actores y la posterior profundización de la legitimidad se hubiera podido dar de la manera pacifica y poco traumática que se dio. Es así como el contar con los recursos provenientes de la venta de crudo en el tesoro nacional, daba un margen de maniobra de acentuar el populismo (que ya había comenzado a desarrollarse en el país desde la aparición del petróleo y un estado con abundancia de recursos) con distintas practicas como la de creación desmedida de empleo público, sobrevaluación de la tasa de cambio,

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política tributaria lapsa, subsidios, entre otros. Adicionalmente, la integración rentística que aquí hemos descrito, otorgó a las elites políticas un radio de acción amplio para no enfrentar el costo político de reformas estructurales importantes que ante la ausencia de la abundancia de recursos hubiera sido imposible postergar.

Paradójicamente fue esa ventaja de no tener presión alguna para llevar adelante reformas importantes, y poder mantener una institucionalidad que privilegió en todo momento las prácticas ineficientes del ejercicio del gobierno la que terminó siendo una de las causas de mayor importancia para el declive del sistema ya que desvirtuó el espíritu de la intención de cooperación racional inicial con la que se fundó el pacto. Como se explicó, al momento que se produjo el inexorable desplome en los ingresos fiscales petroleros quedó al descubierto la necesidad de reformas, pero sobre todo, la ineficiencia del ejercicio del gobierno, y por ende, las pocas probabilidades de mantener el sistema de la forma en que se había originalmente diseñado, dejando así la puerta abierta para que la sociedad venezolana considerara alternativas que en teoría buscarán reivindicar sus demandas frustradas.

Finalmente, y lo que consideramos puede ser el mayor aporte del documento, es percatarnos que Venezuela por sus propias características de petro estado junto a lo oscilante que pueden ser los ciclos petroleros puede fácilmente caer en la tentación de repetir experiencias como la que el sistema político inspirado en el Pacto de Punto Fijo vivió, repercutiendo esto en forma negativa para las perspectivas de desarrollo del país afectando negativamente el bienestar de sus ciudadanos. Sobre todo a la luz que pasa por esta renta mucho de la legitimación o intención a cooperar de los actores, pero a su vez es esta renta la que termina desvirtuando –a través de la creación de instituciones sociales– el mismo proceso cooperativo que puede vivir el país.

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REFERENCIAS

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Baptista, Asdrúbal-Mommer, Bernard. El Petróleo en el pensamiento económico de Venezuela. IESA, Caracas.1999.

guevara, Pedro; Concertación o Conflicto: el pacto social y el fracaso de las respuestas consensuales a la crisis del sistema político venezolano. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 1989.

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Luengo, Néstor Luis (2003) “gobernabilidad en Venezuela.” Ponencia Acuerdo Social.

Monaldi, F (coordinator); R. gonzalez; M. Penfold; R. obuchi; E. zambrano (2003) “Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy out comes in Venezuela.” Manuscript, IADB.

Njaim, Combellas. Josko de guerón, y Stambouli .El Sistema Político Venezolano Universidad Central de Venezuela.1974

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Pérez Alfonso, Juan Pablo. Petróleo y Dependencia, Caracas, 1971

http://www.worldbank.org

http://www.imf.org

Notas:

1 Esta última afirmación se desprende de las declaraciones del Presidente de la República Hugo Chávez que en repetidas ocasiones ha comentado que Venezuela transitará la senda de un nuevo socialismo (el cual lo ha acuñado como el Socialismo del Siglo xxI).

2 En opinión de gran cantidad de autores como Levine, Luengo, Ronaldo, et al. Venezuela fue un caso modelo para la región debido a la continui-dad democrática y alternancia en el ejercicio del poder garantizada a través de un sistema electoral eficiente. Esto, como es de suponer al con-templar las realidades internas de la mayoría de los países en las últimas décadas, contrastaba tremendamente al no ser el sistema político vene-zolano victima de golpes de estados, dictaduras militares, entre otros.

3 En este sentido, al analizar la data producida por el The world Bank Ins-titute del Banco Mundial en cada uno de sus seis indicadores estándares de gobernabilidad, se aprecia como Venezuela se encuentra por debajo del promedio de América Latina, y en ocasiones por debajo de la muestra mundial tomada para este estudio como es en el caso de que solamente el 10.3 % (o 20 países de 199) tuvieron un peor resultado que el país en el indicador de Efectividad Gubernamental (para mayor detalle, ver Kaufmann 2004)

4 Según Pedro guevara en su articulo Sistema Político Venezolano: Pre-sente y Futuro, dichos mecanismos existentes consistían en el “distri-butivismo” de beneficios como eran cargos públicos, subsidios (lo cual hacía al gasto público ineficiente), contrataciones colectivas onerosas, jugosos planes de seguridad social (incrementando esto el peso sobre las finanzas públicas), entre otros.

5 Para mayor detalle, ver Karl, T. (1997) The Paradox of Plenty: oil Booms and Petro-States. University of California Press.

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6 Como se verá en las partes subsiguientes de este documento, si bien la caída del sistema punto fijistas fue producto de una miríada de facto-res, el colapso de los ingresos fiscales petroleros jugaron un rol funda-mental.

7 Según Njaim, Combellas. Josko de guerón, y Stambouli en su articulo El Sistema Político Venezolano .1974; la posición del partido Acción De-mocrática de gobernar solo sin tomar en cuenta a las otras fuerzas polí-ticas, llevó al partido a considerar que la tarea de adelantar la revolución social era su exclusiva competencia y las opiniones o criticas contrarias a dicho ejercicio eran deslegitimadas y consideradas como expresiones reaccionarias que era necesario anular. Más aun, este comportamiento, según los mismos autores, explican en cierta forma el porqué de la poca oposición al golpe de 1948 (salvo AD, claro está) de los otros actores relevantes de la sociedad.

8 Njaim, Combellas. Josko de guerón, y Stambouli en su articulo El Siste-ma Político Venezolano. 1974. p.13.

9 Para mayor detalle, ver Levine, D. (1988) “Venezuela: The Nature, Sources, and Future Prospects of Democracy” in Democracy in Devel-oping Countries. J. Linz and S. Lipset. Lynne Rienner.

10 guevara, Pedro; Concertación o Conflicto: el pacto social y el fracaso de las respuestas consensuales a la crisis del sistema político venezola-no. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 1989. p.64.

11 Es importante aclarar que la misma Constitución de 1961 no permitía la elección de cargos subnacionales de manera directa, sino que eran nom-bramientos que dependían de la presidencia de la república. De igual ma-nera, el sistema electoral proporcional cerrado, le otorgaba mayor poder a los grandes lideres de los partidos por tanto centralizando aun mas el ejercicio del poder.

12 Ibid. pp.75-76.13 Baptista, Asdrúbal; El capitalismo rentístico: elementos cuantitativos de

la economía venezolana. Cuadernos del CENDES año 22. No 60. 2005. pp. 95-111.

14 Por esto se entiende el número de personas contratadas.15 En la literatura económica del desarrollo se entiende que el empleo nor-

mal será el número necesario para que –dado su tamaño y posibilidades

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de producción y crecimiento– la economía se desarrolle sin problemas o costos fiscales innecesarios.

16 M. Pilar gonzalez Altable.”Contrato Moral –Contrato Político: David gauthier” en Teorías Políticas Contemporáneas. 2da edición. Tirant lo Blanch . España.2009.

17 Ibid: pag. 318.18 Ibid: Pag. 320.19 Idea que fue acuñada por J. Rawls en su obra Teoría de la Justicia y que

D. gauthier comparte.20 Ibid:. Pag 323.21 Ibid:. Pag 323.22 Es justamente el comprender esta lógica interna de la racionalidad de la

interacción cooperativa que se forma la concepción de la justicia de gau-thier la cual será “...la disposición a no tomar ventaja de sus semejantes, a no buscar bienes libres, a no imponer costos no compensados, con tal de que los demás estén similarmente dispuestos” (gauthier-1986).

23 D. Hume, 1977:vol.II, L. III, part. II; 1975.24 M. Pilar gonzález Altable. “Contrato Moral-Contrato Político: David

gauthier” en Teorías Políticas Contemporáneas. 2da edición. Tirant lo Blanch. España.2009.

25 D. gauthier. “La Moral por Acuerdo”. Pag. 128. 1986.26 El acuerdo puede ser implícito o explicito, pero ningún momento puede

considerarse ficción ya que en si se establece un nuevo proceso o modo de interacción identificado como cooperación.

27 Ver sobre este punto gonzalez Altable 1997.28 Es importante aclarar que hay una vertiente de las ciencias económicas

que no observa al petróleo como un activo sino simplemente como una renta. Sin embargo, para efectos de este trabajo se entenderá como un activo que tiende a agotarse una vez las reservas o pozos desaparezcan.

29 En este grupo se incluye los países del golfo Pérsico, Venezuela, Nige-ria, Ecuador, Noruega, México entre otros.

30 Ver World Development Indicators 2006 y www.imf.org31 Para mayor información referente a los indicadores ver World Develo-

pment Indicators 2006 en http://web.worldbank.org/wBSITE/ExTER-

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NAL/DATASTATISTICS/0,,menuPK:232599~pagePK:64133170~piPK:64133498~theSitePK:239419,00.html

32 Terry Kart; The Perils of the Petro-State:Reflections on the Paradox of Plenty. Journal of International Affairs, 1999. p.16.

33 Es aceptado el rol importante que la energía tiene en los procesos indus-triales y productivos de la economía.

34 Ibid. P.36.35 Ibid. P.36.36 Aunque en la parte introductoria ya fue comentado, y en la sección del

caso venezolano se verá en mayor detalle, la creación del empleo público es sin duda una forma de solventar problemas, ya que se crean puestos de trabajo que generan remuneración sin una clara contraprestación en los niveles de productividad.

37 Esto es particularmente cierto cuando nos percatamos que en los anos 80’s y 90’s el sistema político se transforma y entran nuevos actores que van en contra (de hecho su propuesta es precisamente esa) del establish-ment que había imperado desde el Pacto de Punto Fijo.

38 Que al analizar los años 80’s se puede percatar que el nivel de con-flictividad que va a aumentando promueve nuevos equilibrios pero en ningún momento se alcanzan puntos óptimos donde todos los actores se beneficien.

39 Baptista, Asdrúbal-Mommer, Bernard. El Petróleo en el pensamiento económico de Venezuela. IESA, Caracas.1999. p. 3.

40 Según lo describen Baptista y Mommer en su obra El petróleo en el pensamiento económico venezolano, el entonces Ministro Alberto Adriani, comenta en dicha coyuntura que dada la apreciación de la moneda nacional, los precios de los productos nacionales no logran cubrir ni siquiera los gastos operativos y estaban arruinando a todos los interesados.

41 En su famoso editorial “sembrar el petróleo”, publicado en el diario aho-ra el 14 de julio de 1936.

42 Baptista, Asdrúbal-Mommer, Bernard. El Petróleo en el pensamiento económico de Venezuela. IESA, Caracas.1999. p. 19.

43 Baptista, Asdrúbal-Mommer, Bernard. El Petróleo en el pensamiento económico de Venezuela. IESA, Caracas.1999. pp- 46-48.

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44 Ibid.pp 46-48.45 Es importante rescatar esta idea al pensar que fue justamente Rómu-

lo Betancourt el arquitecto de la democracia puntofijista la cual como se ha argumentado encontró en la renta desde su principio en el mayor aliado para conciliar intereses mediante el apalancamiento financiero de las practicas clientelares. De igual manera, esta practica ‘–perpetuar un modelo rentista– presumiblemente fue una de las razones de mayor peso para el fin de la era puntofijista al momento de colapsar dicho influjo fiscal.

46 Juan Pablo Pérez Alfonso. Petróleo y Dependencia, Caracas, 1971.47 Ibid., pp.18-19.48 Baptista, Asdrúbal-Mommer, Bernard. El Petróleo en el pensamiento

económico de Venezuela. IESA, Caracas.1999. p.47.49 Baptista Asdrúbal. El Capitalismo Rentístico: Elementos cuantitativos

de la economía Venezolana. Cuadernos del CENDES AÑo 22. No 60, Septiembre-Diciembre 2005.

50 De por si, solamente durante la época de la practica del ajuste estructural en el segundo gobierno de Pérez se intentó sanear los niveles excedenta-rios del empleo en las empresas públicas (a veces por privatizaciones o por reestructuraciones) lo cual probó ser políticamente costoso.

51 Ibid., pp.104-105.52 Es importante mencionar la presencia de la enfermedad holandesa en los

países petroleros, y Venezuela no es una excepción.53 Ibid., pp.104-105.54 Esta afirmación se desprende del espíritu de la nueva carta magna de

1999 de la República Bolivariana de Venezuela la cual consagra dere-chos más amplios a todos sus ciudadanos. Un ejemplo claro de ello es el reconocimiento de derechos a poblaciones indígenas, entre otros.

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EL CONSENSO Y LA CONFRONTACIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO VENEzOLANO.

(1958-2008)

José Aro*

RESUMEN

A partir de 1958, en Venezuela, con la caída del régimen perezjimenista, se instauró, en el modo de gestión de la élite gobernante, el consenso como herramienta para la resolución de conflictos políticos, económicos, militares y sociales. A finales de los 80´con “El Caracazo”, la quiebra del sistema bancario del 94’ y los intentos de golpe de Estado, en los 90’, primero en el 92’, y después en el 2002, han puesto en jaque el sistema populista de conciliación de élites, y la confrontación inició su ciclo, no ya para la garantizar la estabilidad, que se supone dada, sino en la pugnacidad por el poder político.

Esa es la hipótesis que manejaremos en este ensayo, intentando enmarcar, los distintos momentos en los que, la coyuntura política, económica, militar y social, ha hecho mella en el sistema político venezolano y ha llevado a la clase dirigente a optar por el consenso o la confrontación para garantizar sus cuotas de poder y las garantías sociales de paz y bienestar.

Palabras claves: Democracia, consenso, conciliación, confrontación, pugnacidad.

* Licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1994. Ha desarrollado estudios en filosofía, planificación y gestión locales, gerencia para organizaciones sin fines de lucro y gobernabilidad democrática. Actualmente está culminando su carga académica del Doctorado en Ciencias, Mención Ciencias Políticas en la UCV, donde realiza Investigaciones en temas relacionados con el poder, gobernabilidad, instituciones, conflicto social, negociaciones, teoría de los juegos y toma de decisiones.

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josé arorevista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012


CONSENSUS AND CONFRONTATION IN THE VENEzUELAN POLITICAL SYSTEM. (1958-2008)

SUMMARY

Since 1958, Venezuela, with the fall of Pérez Jiménez, was established in the administration of the ruling elite, consensus as a tool for resolving political conflicts, economic, military and social. In the late 80’ whit “The Caracazo” the bankruptcy of the banking system 94 ‘and coup attempts in the 90’s, first in 92’ and then in 2002, have jeopardized the populist system of elites, and the confrontation began its cycle, not to ensure stability, which is given, but in the pugnacity for political power.

That is the hypothesis that handle in this essay, trying to frame, the different times that, the political, economic, military and social juncture, has taken a toll on the Venezuelan political system and has led to the ruling class to opt for consensus or confrontation to secure their share of power and social guarantees of peace and prosperity.

Key words: Democracy, consensus, compromise, confrontation, pugnacity.

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el Consenso y la ConFrontaCión en el sisteMa PolítiCo Venezolano.(1958-2008)

I.- A modo de presentación.

La contemporaneidad política en América Latina ha puesto a los gobiernos, desde la década de los 50’ del siglo pasado, en un péndulo entre democracias por un lado y dictaduras por el otro.

A partir de 1958, en Venezuela, con la caída del régimen perezjimenista, se instauró, en el modo de gestión de la élite gobernante, el consenso como herramienta para la resolución de conflictos políticos, económicos, militares y sociales. A finales de los 80’ con “El Caracazo”, la quiebra del sistema bancario del 94’ y los intentos de golpe de Estado, en los 90’, primero en el 92’, y después en el 2002, han puesto en jaque el sistema populista de conciliación de élites, y la confrontación inició su ciclo, no ya para la garantizar la estabilidad, que se supone dada, sino en la pugnacidad por el poder político.

Esa es la hipótesis que manejaremos en este ensayo, intentando enmarcar, los distintos momentos en los que, la coyuntura política, económica, militar y social, ha hecho mella en el sistema político venezolano y ha llevado a la clase dirigente a optar por el consenso o la confrontación para asegurar sus cuotas de poder y las garantías sociales de paz y bienestar. En el período que va desde 1958 hasta el 2008, a propósito de los primeros 50 años de la democracia venezolana contemporánea.

Vamos a basar nuestra argumentación, en los supuestos teóricos de Juan Carlos Rey1, sobre la “conciliación de élites” y el golpe de estado, y, en la revisión empírica y teórica sobre el Sistema Político Venezolano (SPV), de Miriam Kornblith, entre otros.

Finalmente presentaremos nuestras conclusiones sobre el arribo de la hipótesis en la realidad venezolana del momento político, intentando hilarlo con los autores presentados.

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II. Caracterización del Sistema Político Venezolano, entre 1958 y 2008

1. Introducción

La caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, marcó el comienzo de uno de los períodos más interesantes e importantes de la historia política contemporánea de Venezuela. Que parte con la formación de una Junta de gobierno que asume el poder y dirige el proceso político del país hacia el establecimiento de un régimen constitucional democrático. Durante este período provisional que va desde 1958 hasta 1960, asciende al primer plano la actividad política de los partidos; se convocaron las elecciones y el país entró en una etapa de democracia representativa, que devino en el “sistema populista de conciliación de élites” 2 y fue el signo dominante durante la vida política de Venezuela hasta 1998.

Luego del perezjimenismo3, la prioridad para los actores políticos era la legitimación de la democracia y la estabilidad política. Si a los inicios de la democracia, la amenaza venía de sectores conservadores que veían con poco agrado el ascenso del partido cabeza del gobierno Acción Democrática (AD), durante los años 60 las amenazas vendrían del lado contrario: la insurrección de la izquierda armada.

Con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República, se instaura un proceso de refundación de la República y se instala, en 1999, la Asamblea Nacional Constituyente, la cual redactó una nueva constitución, que fue aprobada en referendo aprobatorio por la mayoría del pueblo venezolano en diciembre de ese año. Dicho proceso devino primero en la “V República”, dando al traste con el “Pacto de Punto Fijo” originando un proceso de transformaciones y cambios democráticos, que aunado al propio devenir de la sociedad y su conjunto está en plena ebullición de un nuevo orden económico, social, militar

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y político, es decir, un nuevo sistema político, nuevas reglas y modos de relacionamiento entre los actores y la canalización de sus demandas e intereses.

Los cambios de la última década en el sistema político venezolano y las manifestaciones de crisis de los años recientes cobijan tendencias contradictorias. En la crítica al modelo que se instauró desde 1958 hay indicios de maduración democrática en la ciudadanía y ciertas organizaciones –nuevas y viejas– que pugnaban en la búsqueda de un orden justo y pluralista. Diversos intentos de reforma socioeconómica e institucional apuntan en ese sentido, junto con la aparición de nuevas organizaciones societales.

No obstante la critica a las reglas comportamientos y estructuras que sirvieron de soporte al llamado “sistema populista de conciliación de élites”, ha llevado al cuestionamiento de la democracia per se y a la búsqueda, de manera más o menos abierta, de opciones no democráticas. Los intentos golpistas de 1.992 y del 2.002, junto a las expresiones de simpatía que recibieron por parte de una parte de la población, con especial énfasis de los medios privados de comunicación y algunos personeros del liderazgo político y militar, forman parte de esta tendencia, aunque, aún en tales casos, el discurso predominante y la valoración de la mayoría de la población, reconoce a la democracia como el régimen político más valioso y deseable4.

2. El asentamiento de las bases democráticas

Tras la muerte del dictador Juan Vicente gómez, acaecida en diciembre de 1936, comienza un nuevo proceso de abanderamiento del acontecer político nacional. La llegada al poder de los generales Eleazar López Contreras (1935-1941), primero e Isaías Medina Angarita (1941-1945) después, sobrevino a una visión común positivista de modernización y democracia tutelada por el estamento militar, proveniente del

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gomecismo. El auge y presencia de la intelectualidad de la época en el gobierno, devino en un proceso dedicado a pensar el país y estuvo en posiciones de poder específicas para poner en práctica sus ideas5 modernizadoras en salud, educación, economía, política, militar y cultura. Se amplían los espacios de libertad, tolerancia y progreso social. Se sanearon las finanzas públicas gracias al petróleo, lo cual dinamizó la economía. y se legalizaron los partidos políticos.

Mas la oposición política le objetaba a Isaías Medina Angarita, una escasa confianza en la voluntad popular, por ende, se le criticaba la ausencia de la reforma política fundamental: el voto directo, universal y secreto para la elección del Presidente de la República6. Situación esta que devino en el golpe militar de 1.948, dada su renuencia a esta exigencia. Medina Angarita sostuvo la tesis de la designación del Presidente por el Congreso, como ya era recurrente en esos años. El ejército se había convertido en la más importante institución del país para conservar la estabilidad del Estado y el poder, pero no para decidir sobre los destinos de la nación. Más temprano que tarde el sector profesional anhelaría participar en las decisiones, sin cambiar el papel en el poder de los hombres en armas; es decir, sin permitir la participación de los civiles en el Estado7.

En resumidas cuentas y en un claro lenguaje:

“...el Estado y la sociedad habían tomado el camino hacia la democracia. Con altibajos, López Contreras, sorteó los obstáculos que le fueron apareciendo, y a pesar de ser una democracia restringida logró impulsarla hacia el civilismo, aun cuando su sucesor fue un militar, sólo que ese militar tenía una marcada vocación democrática y hacia el desarrollo económico. De hecho, el petróleo profundizó su presencia en la vida nacional y ejerció influencia prácticamente determinante en el hacer del país, la democracia

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se profundizó y la apertura permitió elevar la beligerancia que había sido reprimida por López Contreras., por lo que la conflictividad política se deriva entonces de la profundización de la participación del venezolano en ese hacer político. y aun cuando parece una paradoja, el gobierno democrático de Medina es víctima de la apertura y derribado por los jóvenes, que el año 28 insurgieron contra gómez, aliados con la juventud militar enfrentada al medinismo. y si bien es cierto que este golpe de Estado ha sido calificado como revolución, lo que hubo realmente fue una aceleración del proceso dentro de la primera fase del postgomecismo. Se ampliaron los derechos políticos, pero al final fue víctima de confrontaciones internas que culminaron, luego de unas elecciones democráticas, en un nuevo golpe de Estado que devolvió el poder a los militares” (Suzzarini, 2005: 5)8.

3. La búsqueda del consenso9

La fragilidad de la experiencia democrática que se vivió en el trienio adeco (1945-1948), junto a la insurrección armada, colocó a los partidos políticos venezolanos frente al reto de lograr, antes que cualquier cosa, un acuerdo para estabilizar la democracia. El aprendizaje del trienio era que la conducción sectaria y el enfrentamiento con los sectores conservadores no era la vía para la estabilidad del régimen; sino todo lo contrario, era la fórmula para generar enfrentamientos que terminarían por debilitar todos los intentos.

No era posible gobernar a espaldas del resto de los sectores de la sociedad, a pesar de contar electoralmente con una base tan amplia como la de AD. Es así como la construcción

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de la estabilidad del programa democrático pasaba por la obtención de consensos y de apoyos de los actores clave de la vida venezolana.

En otras palabras, la democracia, debía dar rendimientos positivos a los intereses de aquellos actores que, a finales de los años 50, tenían sus dudas sobre este programa, y que habían participado en el derrocamiento del régimen perezjimenista. Tal es el caso de los trabajadores, estudiantes universitarios y las autoridades universitarias, militares y la jerarquía de la Iglesia Católica.

La agenda pública consistió en una serie de políticas y programas que, si bien se dirigían a las múltiples necesidades de la población venezolana, tenían por objetivo el logro de estos apoyos hacia el sistema. La cuestión iba más allá de la programación de políticas; el mismo modo de hacer política debía convencer fácticamente al resto de la sociedad de que la democracia era un sistema que rendía frutos, es decir, que todos podían salir ganando o que salir del juego democrático podía acarrear grandes costos. Es bajo esta filosofía que puede entenderse el inicio de la insurgencia armada: el Partido Comunista fue el único actor político que fue excluido explícitamente de la firma del Pacto de Punto Fijo10, cerrando así su posible participación política. Tal como lo describe Urbaneja11, la consecución de apoyos para la democracia se convierte luego en una búsqueda obsesiva de la estabilidad del sistema. Se termina asociando la estabilidad con el consenso y, finalmente, con la aversión al conflicto.

La construcción de todos estos apoyos tenía claramente una fuente material: la renta petrolera. Por ello, el consenso se logra prometiendo a unos actores que el Estado no sacrificará sus intereses ni sus recursos y a otros que el Estado responderá a sus demandas. ya no se trataba entonces sólo de convencer a los adversarios del sistema democrático, sino de hacer entrar en el juego democrático a toda la sociedad, y como parte de ella, al

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pueblo. El elemento rentístico es importante a la hora de entender el acoplamiento de intereses y las respuestas a las demandas en la búsqueda del consenso. La renta petrolera permite, por un lado, obtener abundantes recursos para la satisfacción de las demandas y, por el otro lado, hacerlo sin tener que imponer sacrificios materiales a otros sectores de la sociedad.

El punto de partida de esta búsqueda del consenso y rechazo al conflicto es la firma del Pacto de Punto Fijo en 1958. Éste tiene, más que nada, orientaciones relacionadas con las elecciones libres y la gobernabilidad fundada en la unidad nacional, pero presenta también un programa mínimo común de orientaciones de política. Para esto los candidatos presidenciales acuerdan el respeto de los resultados electorales y el reconocimiento del nuevo gobierno. El programa mínimo común que se obtiene de este pacto contempla en sus aspectos sociales el mejoramiento de las condiciones educativas y sanitarias de la población a través del apoyo financiero del Estado, con miras a establecer un mínimo de condiciones igualitarias entre la población.

Dentro de la lógica de generación del consenso el programa suavizaba asperezas que habían creado conflictos durante el trienio adeco, dejando claro el respeto al orden capitalista y la búsqueda de canales para el ascenso social de las masas. Al parecer, uno de los temores de los sectores conservadores durante el trienio adeco era el ascenso descontrolado de las capas populares a los estilos y espacios de vida de los sectores más acomodados. Por eso, para el nuevo ensayo del programa democrático era importante que la movilidad social no representase una amenaza a los sectores sociales altos. Pero el programa mínimo común encerraba algo más que el problema de la movilidad social. Las condiciones sociales a la salida del perezjimenismo, dejaban una brecha considerable entre el desarrollo industrial y el desarrollo social, con un claro rezago de este último.

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En consecuencia, el descontento de las poblaciones marginales en torno a las grandes ciudades, así como sucedió con los sectores campesinos del postgomecismo, fue captado por AD, que ya sus líderes venían dando la pelea desde ese entonces.

El aumento de las necesidades sociales diferidas y la ausencia de canales de participación social y política, eran las principales emergencias sociales de la nueva democracia: la primera, se resolvía por la acción del Estado, y la segunda, por la acción de los partidos. A su vez eran elementos que podían alimentar las filas de la izquierda insurgente que empezaba a manifestarse en los primeros años de la década de los 60.

4. De las reglas de juego a la crisis del Pacto de Punto Fijo

Como evidenciamos, las reglas de juego fundamentales de nuestra organización sociopolítica fueron propuestas a mediados de los años 40 y ratificadas con modificaciones más o menos significativas a partir de 1958. En el trienio 1945-48 se consolidó la idea de la centralidad del Estado en el moldeado de la sociedad venezolana y en la definición de los principales rasgos de nuestro desarrollo socioeconómico. Igualmente se establecieron las bases para el funcionamiento de un orden pluralista en lo político, consagrándose en la Constitución de 1947 los preceptos relativos a la ampliación y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y las organizaciones; siendo éste uno de los aspectos más problemáticos de ese lapso.

El retorno a la democracia, luego del decenio dictatorial, significó retomar la senda del pluralismo político, pero también supuso cuestionar la forma como el mismo había sido comprendido y puesto en marcha entre 1945 y 1948. A partir de 1958 se solidificó el acuerdo entre diversos sectores en torno a algunas reglas fundamentales. La regla de la mayoría como criterio absoluto para la toma de decisiones fue sustituida

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o complementada, según las circunstancias, por la regla de la unanimidad para los casos en los cuales estaban involucrados los intereses de los sectores minoritarios pero poderosos, con capacidad para vetar decisiones o amenazar la estabilidad del sistema. Se le atribuyó al Estado un papel central en la estructuración de las principales coordenadas de la nación; la economía tuvo como factor dinamizador la renta petrolera; al sector privado se le asignó un papel secundario en la activación de la vida económica.

Con el Pacto de Punto Fijo se garantizó la plena vigencia del juego político electoral; los partidos políticos fungieron como principales –y casi únicos– canales de agregación y articulación de intereses societales, y como agentes privilegiados de mediación entre el Estado y la sociedad. En la Constitución de 1961 se consagraron muchos de estos principios y reglas, y sobre esas bases se diseñó un proyecto sociopolítico de largo alcance12.

Para Juan Carlos Rey, las transformaciones actuales del sistema político venezolano radican en la crisis del sistema populista de conciliación de élites:

“Debido a razones históricas y culturales diversas, [ ] durante todo el siglo XX los venezolanos pusieron grandes esperanzas en la acción del gobierno como el medio capaz de resolver muchos de sus problemas y necesidades. Desde los orígenes del sistema democrático, en 1958, la mayoría de los ciudadanos creyeron que el voto era la herramienta adecuada para hacer que el gobierno se interesase en tales problemas y pusieron sus esperanzas en tal instrumento y en la competencia electoral entre partidos, como los recursos idóneos para su mejoramiento y progreso, tanto colectivo como personal”. (Rey, 2002:5).

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Tanto que quedó en boca del venezolano y de los estudiosos de la cultura política la frase de “el voto castigo”, para precisamente caracterizar, cuando el partido en ejercicio del gobierno, perdía el proceso electoral siguiente.

Pero, poco a poco, se fue generando un sentimiento creciente de que los diferentes gobiernos eran incapaces de responder a los deseos y demandas de los ciudadanos. Al mismo tiempo se desarrolló sobre los partidos políticos, una sensación de que eran impotentes para influir en las decisiones gubernamentales, dando lugar a una progresiva frustración y abstención electoral.

La crisis a la que acabamos de aludir, se inicio desde finales de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez y se desarrolló al principio en gran parte en forma latente o larvada, en los años siguientes. Decimos esto por las grandes expectativas que le hiciera el gobernante a la población en el mejoramiento de sus condiciones de vida, con el proceso de endeudamiento público que se empezó confiando en los altos ingresos petroleros.

En la presidencia de Luis Herrera Campíns (1979-1984), los recursos de la bonanza petrolera se emplearon para el acrecentamiento de la burocracia gubernamental y poco en la resolución de las necesidades de la población. El 18 de febrero de 1983 se produjo el denominado “Viernes Negro”, que consistió en la devaluación del Bolívar, pasando el Banco Central de Venezuela a controlar la compra y venta del Dólar Estadounidense, dando paso al “mercado negro” de la divisa, donde se cotiza a precios más de libre mercado y especulación, así como a la “fuga de capitales” al exterior. Caso que se repetirá en las décadas de los 90’ y 2000. Situación esta que ha marcado un hito en las controversias económicas del SPV, que aún hoy se mantiene. El gobierno de Caldera II13, hizo intentos por liberal la adquisición de la divisa norteamericana, utilizando incluso sistemas de bandas. El control de divisas trajo como

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consecuencias entre otras, la corrupción de los funcionarios para su venta. El caso emblemático se da en el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) conocido como el famoso caso del chinito de RECADI.

Con Jaime Lusinchi, al cierre de la década de los 80’, se establece el Pacto social, como programa de gobierno que busca, entre otras cosas, restablecer las ya deterioradas relaciones entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Se visualiza ya, la crisis de la conciliación, y se crea, en 1984, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (CoPRE), desde donde se empiezan a vislumbrar propuestas para adecentar el Estado y ponerlo a tono con los cambios que está exigiendo la sociedad venezolana. De esta manera se eligen por primera vez, en 1988, alcaldes y gobernadores de estados, que venían siendo designados “a dedo” desde los espacios de poder, básicamente, la Presidencia de la República; los cuales sirvieron de bastión y contención a los fenómenos sociales y políticos que devinieron después.

La crisis estalló en forma espectacular al inicio del período de Carlos Andrés Pérez (CAP II)14, con el Caracazo del 27 de febrero de 1989 y las constantes movilizaciones de protesta que le siguieron y que prepararon al ambiente para los dos intentos de golpe de Estado de 1992 (febrero y noviembre).

El sentimiento de insatisfacción con el funcionamiento de los mecanismos de la democracia representativa, que era común en muchos ciudadanos, se concentró en un rechazo de los partidos y de los políticos profesionales. Se acusó a los partidos de estar controlados por políticos profesionales, que después de ganar las elecciones actuaban exclusivamente en su provecho personal, sin preocuparse por sus electores y se propusieron, aunque con poco éxito, reformas electorales tendientes a corregir o incluso a eliminar la mediatización de los partidos, por ejemplo, mediante la personalización del sufragio y la eliminación de la representación proporcional. Inclusive se elaboraron, aunque

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no fueron aprobadas, propuestas de reformas constitucionales que incluían mecanismo de democracia directa, con una gran variedad de referenda de todo tipo, que superaban en mucho los conocidos en cualquier otro país. La introducción de un referéndum revocatorio (recall) para el presidente en funciones, fue uno de los instrumentos con los que se quiso superar la crisis durante la segunda presidencia de Pérez. Inclusive se constituyó un Consejo de Notables, constituido por la intelectualidad de la época, que estructuró un plan consensuado sobre la situación del país. Fracasado tal intento y habiendo sobrevivido el presidente a los dos golpes de Estado de 1992, finalmente fue destituido de su cargo mediante un procedimiento judicial, aparentemente legal, que en realidad era un juicio político, aunque bajo la forma de un proceso penal.

Tras el enjuiciamiento de Pérez, el país vivió momentos de tensa calma política, sobrevenida por el proceso de transición que marcaron los años 93 y 94, con la presidencia interina de Ramón José Velásquez, político e intelectual venezolano, y Senador para ese entonces, quien tomó las riendas del país, designado por el congreso, para sustituir a Pérez. En su breve mandato comenzó la crisis bancaria con la quiebra del Banco Latino y se implantó el Impuesto al Valor Agregado. Su breve período fue opacado por el indulto al Narco traficante, Larry Tovar Acuña.

Las elecciones presidenciales de 1993, significaron la ruptura definitiva del bipartidismo AD-CoPEI, que ya venía dándose con el advenimiento de nuevos partidos y liderazgos a nivel regional y municipal, desde las elecciones del 88. De hecho, marcó el ascenso al poder de uno de los más connotados líderes del puntofijismo, Rafael Caldera, quien ya había sido presidente, pero esta vez del partido Convergencia, el cual fue una escisión del partido CoPEI, que el mismo fundara, en los albores de la democracia. De estas elecciones quedaron muchos sin sabores en el imaginario político del venezolano por los

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resultados, según la cual dichas elecciones habrían sido ganadas por Andrés Velásquez, del partido Caura Radical en ascenso desde el sector laboral. Con ello se profundizó la crisis de los partidos, que aún perdura hasta hoy, con otros matices.

En el gobierno de Caldera II, se forma una coalición en el gabinete y el Congreso, con los partidos que apoyaron su candidatura y algunos personeros independientes, lo cual le dio además, mayoría parlamentaria y así aprobar planes y leyes fundamentales. Por primera vez, se rompe el Pacto institucional y el Presidente del Senado no pertenece al partido de gobierno, como venía sucediendo desde 1961.

Caldera enfrenta la peor crisis financiera que haya pasado por la economía nacional en el siglo xx, que empezó en tiempos de J. Velásquez y culminó con la fuga de capitales de los auxilios financieros que el Estado otorgó a la Banca Privada y la quiebra de medianas y pequeñas empresas por el control de cambio que dificultó la adquisición de divisas. Dado lo extraordinario de la situación, las medidas fueron toleradas por los medios de comunicación y la comunidad internacional, pero no por el pueblo venezolano, que tuvo que enfrentar un férreo control de precios y una híper inflación

“Aunque Caldera prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), debió hacerlo ante la crisis económica. El nulo efecto de la práctica intervencionista en la economía del país, hace que Caldera anuncie el programa llamado Agenda Venezuela, en 1996, que prometía restablecer el equilibrio macroeconómico y apalear la inflación. Aplicando medidas tildadas por sus detractores como “de corte neoliberal” de acuerdo con las recomendaciones del FMI, que hasta entonces se había resistido a adoptar. Así, se devaluó el bolívar en un 70%, el control de cambio fue

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levantado, los combustibles se encarecieron en un 800%, se liberalizaron los tipos de interés (el IVA subió a 16,5%), se continuó el proceso de privatización de los activos del Estado y se avocó a la disciplina en el gasto público, que no surtieron efectos debido a la crisis económica mundial en ese momento. Está medidas fueron bien acogidas en el exterior, pero no en el país, en donde fueron frecuentes las manifestaciones y disturbios de la población venezolana que se sentía afectada negativamente.

En 1997, una comisión tripartita, conformada por el sector empresarial, laboral y Gobierno, asumieron la reforma del régimen de prestaciones sociales, tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. La labor de la comisión tripartita quedó plasmada en un sistema de prestaciones sociales que preveía, entre otras cosas, su pago anual y no al cese del desempeño laboral como se hacía anteriormente; al mismo tiempo, se establecieron cinco subsistemas de seguridad social con la finalidad de mejorar la actividad del Ejecutivo en la resolución de los problemas básicos de los trabajadores venezolanos.

También en el Gobierno de Caldera se inició un proceso de apertura petrolera que muchos catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo se llevó a cabo aglutinando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, para la explotación, exploración y refinamiento de petróleo y gas natural. La crisis mundial en los mercados del crudo influyó negativamente en este proceso.

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Debido a diferencias con partidos de la coalición gubernamental como el MAS, Caldera buscó el apoyo de la principal fuerza legislativa el partido AD, donde algunos de sus miembros entraron en su gabinete.

Durante el gobierno de Caldera fueron sobreseídos y salen en libertad los militares responsables de los intentos golpistas de 1992, que se agruparon en el partido político Movimiento V República (MVR), dirigido por Hugo Chávez, para lograr el apoyo de los grupos de izquierdas a su precario gobierno de minoría parlamentaria.

El segundo período de gobierno de Caldera sentó las bases del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la república. La caída de los partidos tradicionales y el movimiento populista iniciado por Caldera, dieron pie a Chávez para iniciar su propio movimiento, el cual se cristalizó al legalizar el partido MVR proveniente del MBR-200, que logró una clara victoria en las elecciones presidenciales de 1998”. (wikipedia, Rafael Caldera)

En resumidas cuentas, y parafraseando a la profesora Kornblith, pareciera que justamente aquellos rasgos que permitieron que se consolidara el sistema de partidos y se asegurara la representatividad y legitimidad de los mismos, mostraron sus aristas más negativas y fueron motivo de rechazo por parte de la población, que produjo el denominado voto castigo, en las elecciones presidenciales de 1998, para llevar a la primera magistratura nacional, a un candidato representante del sector progresista y de izquierda, contra el cual se aglutinaron los partidos del sistema que aún se niega a morir, pese a sus defenestrados síntomas de decadencia.

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5.- Del Proceso de Transformación y Cambios a la Revolución Socialista.

A comienzos del siglo xxI, la crisis ha estado marcada por vientos de cambio pero también por vientos de confrontación que hasta el presente no han cesado, ni se disipan signos de consenso, aún cuando la mayoría de la población está en búsqueda de soluciones que permitan salir del conflicto político, ideológico y económico; y enrumbar satisfactoriamente al país hacia derroteros de paz social.

Con la llegada del Presidente Chávez al poder, en 1999, se inicia el proceso de refundación de la república, tal cual lo prometió en la campaña presidencial y convoca la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, para redactar una nueva constitución, en cuyo proceso se recogieron propuestas de todos los sectores y rincones del país, y la alianza política del gobierno contó con la mayoría absoluta de los escaños. Como hecho inédito, y como parte de los cambios, la población electoral votó en un referendo aprobatorio la nueva constitución, conocida como la Bolivariana15, y en un epíteto más popular, como “la bicha”, signado por el propio presidente, como parte de una estrategia comunicacional directa para vincularse más con el pueblo llano, que hasta hoy le ha dado excelentes resultados en la consolidación de su liderazgo personal.

La nueva constitución, amplió los poderes del Estado de 3 a 5, reconociendo los poderes ciudadano y electoral. En el Ejecutivo amplió el período presidencial de 5 a 6 años, reconoció a las gobernaciones y municipios como ramas del poder público nacional y estableció la promulgación de leyes orgánicas para su establecimiento; en el Legislativo estableció un régimen unicameral y cambio la denominación del Congreso por Asamblea Nacional; en el Judicial, cambió la denominación de la Corte Suprema de Justicia por el de Tribunal Supremo de Justicia, ampliando las salas, los números de magistrados y su temporalidad en el cargo.

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La nueva constitución estableció la relegitimación de los poderes, por lo que en mayo del 2000 se convocaron elecciones generales, conocidas como las “mega elecciones”, de todos los cargos de elección popular. Estas elecciones fueron suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia a solicitud de una oNg, que demostró que el Consejo Nacional Electoral, no estaba preparado para la realización de las mismas. Sin embargo no se realizaron sino hasta julio del mismo año. Este hecho marcó una pauta en la responsabilidad ciudadana en los procesos electorales, que hasta hoy se mantiene, con veedores, observadores y surgimiento de organizaciones de la sociedad en torno al hecho electoral.

De igual manera, la Bolivariana16 amplió el reconocimiento de derechos ciudadanos en lo civil, educación, salud, social, político, cultural y económico entre otros; y reconoció la beligerancia política del estamento militar, manteniendo el sesgo en su filiación política partidista.

En lo económico, se desarrolló lo que algunos autores denominan el Neopopulismo, cuyo sustento continuó siendo la renta petrolera. Se impulsó el cooperativismo y se emplearon términos como el desarrollo endógeno para marcar el inicio de un nuevo ciclo económico. Tanto que, en la formulación del presupuesto nacional, se estableció el régimen de presentación de proyectos para acceder a los recursos, así como la elaboración del presupuesto participativo, cuyo arranque aún no se vislumbra, salvo excepciones como en el Municipio Caroní, del estado Bolívar, que contaba ya, desde los noventa con un proceso inédito en esa materia.

En el 2001, la nueva Asamblea Nacional, de mayoría Chavista17, le otorgó, al Presidente de la República, plenos poderes para que, en una Ley Habilitante, dictara leyes que pusieran a tono al país con la nueva carta magna, incluyendo la Ley de Tierras, que impulsaba una Reforma agraria, una nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca. Si bien son aprobadas

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unas 49 leyes, la oposición dirigida principalmente por la patronal más importante del país, la Federación Venezolana de Cámaras (FEDECáMARAS) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), se concentran en luchar contra las tres leyes antes mencionadas e inician el paro de diciembre 2001, para intentar frenar el paquete de leyes. Ello trajo como consecuencia el inicio de la confrontación beligerante en el país, que condujo al golpe de estado y al paro petrolero del 2002, en abril y diciembre respectivamente.

Cabe destacar que después del paro del 2001, comienzan las deserciones de personeros del gobierno y de la oficialidad militar. La cúpula de la Iglesia católica, Fedecámaras y la CTV, firman un pacto contra Chávez, en el 2002 y siguen protestas, después del golpe de estado, en apoyo al despido masivo de altos ejecutivos de la estatal petrolera, PDVSA y en la continuidad de la búsqueda del derrocamiento del gobierno.

Durante el paro y antes, durante y después del golpe, los medios de comunicación se comportaron de una forma atípica en comparación con otros países: todas las televisoras privadas de alcance nacional y los periódicos más importantes le dieron apoyo irrestricto, sin disimulo. Los primeros suspendiendo toda su programación de entretenimiento y sus anuncios comerciales para dar paso a programación política e informativa durante 18 ó 20 horas al día. Situación que aún hoy se mantiene, en unos más que en otros y no con la misma intensidad. Situación que llevó al gobierno a no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), toda vez que feneció su tiempo, dando paso a la nueva televisora estatal TEVES. No sin el debido acompañamiento de protestas a favor y en contra de dicha medida.

Como alternativa para detener la crisis fue la promovida por el Secretario general de la oEA, el colombiano César gaviria, en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela, establecida en el 2002, que permitía el diálogo entre los sectores enfrentados. Dicha mesa estaba establecida

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después del golpe y antes del paro petrolero, pero no pudo evitar el inicio del mismo, y culminó semanas después con la firma de un documento contra la violencia, pero no con la culminación del paro debido a que la petición central del bando opositor era la renuncia del Presidente, o la realización de un referendo presidencial sobre la continuidad de Chávez, el cual se realizó en la fecha que le correspondía, según la constitución y no en el inmediatismo de la oposición. Ese referéndum fue ganado por el Presidente Chávez y la oposición decretó un fraude que nunca pudo comprobar.

En el 2003, siguen las protestas sociales conocidas como “guarimbas” y la oposición se monta, además, en un sabotaje alimentario de quitar de los anaqueles, de abastos y supermercados los alimentos básicos. Por su parte el gobierno crea las misiones sociales, que es un programa social muy activo de amplia cobertura y alternancia burocrática, en las áreas de salud, educación, alimentación, producción de bienes y servicios, vivienda, entre otras, que al día de hoy ya suman 33.

Cabe destacar que en este período, la observancia a las leyes ha crecido por parte de la sociedad y en especial por quienes se oponen al gobierno, lo cual ha redundado en la garantía de los derechos consagrados en la constitución, por cuanto el gobierno ha tenido, cuando no revisar y corregir leyes, desestimarlas por la presión y contundencia de los criterios esbozados en su contra. Situación esta que se pone de manifiesto, no solo en las leyes de la habilitante del 2001, que ya mencionáramos arriba, sino también en las promulgaciones de la Ley Resorte, que la oposición llamó, mordaza, en el 2004 y la Ley de Inteligencia y contrainteligencia, llamada sapo, del 2008, que hubo de ser eliminada.

A partir de 2005, El Presidente Chávez ordenó, basándose en la Ley de Tierras, aprobada en 2001 en la Ley Habilitante, la expropiación de latifundios y tierras improductivas, para dársela a quien la quiera trabajar, por la seguridad alimentaria y para

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profundizar el proceso de transformación y cambios. Acción que fue apoyada por los campesinos sin tierras y asalariados, pero criticada por los empresarios, terratenientes y la oposición venezolana en general, considerándolas como medidas de corte comunista.

En ese mismo año la oposición decide retirarse de los comicios electorales para elegir una nueva Asamblea Nacional, como medida de desestimulo al gobierno, perdiendo su presencia en ese órgano de representación popular, con lo cual le permite al gobierno desarrollar, a través de una mayoría absoluta, que sustituye el consenso, el marco de leyes necesarios para la construcción del nuevo modelo socialista que se prefigura con mayor rigor a partir de la presentación por parte del gobierno en el 2007, del Plan Simón Bolívar, Primer Plan Socialista, con el que se inicia el nuevo ciclo del proceso y se transforma en la revolución socialista en la búsqueda del socialismo del siglo xxI, cuyos detalles no fueron claramente expuestos al país, puesto que como dice el presidente, está en proceso de construcción, cuestión que aprovechó la oposición con una campaña mediática intimadora, orientada a generar, miedo y pánico en la población, logrando frenar la reforma constitucional del 2007, que perdiera el gobierno por una “pírrica diferencia”, como la llamara el propio presidente.

Podríamos resumir, parafraseando a la profesora Kornblith, que en un contexto signado por las dificultades socioeconómicas, políticas y militares, un marco jurídico institucional débil, una creciente burocracia, una población desencantada con el liderazgo tradicional y cuyas expectativas de progreso socioeconómico se han visto sistemáticamente frustradas a lo largo del proceso democrático, con un liderazgo aferrado a sus viejos usos y costumbres y con un nuevo liderazgo en definición y con proyección y arraigo popular en altibajos, la opción democrática aún así se mantiene, aunque a la sombra del militarismo, en construcción de nuevos derroteros18.

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IV. A modo de Conclusión

En los albores de la democracia venezolana se establecieron los lineamientos del consenso y el rechazo al conflicto, y las propuestas en materia social quedaron reflejadas en la Constitución de 1961. Con esta Constitución se retoma en parte el Estado social que había sido diseñado en la Constitución del 47. El rescate constitucional que se realiza del modelo de sociedad de 1947 se conservará y ampliará en gran medida hasta la Constitución de 1999; en cuyas propuestas, la población ha puesto su esperanza para el mejoramiento de su bienestar, apostando a una justa y equitativa distribución de la renta petrolera.

Mientras que en la cultura política del venezolano, quedara, después del 58 el consenso como mecanismo de la conciliación y la estabilidad democráticas. Hasta el 92, y después en el 2002, fecha en la que se produce un nuevo golpe de Estado contra el orden democrático, se introduce un punto de inflexión en la estabilidad del régimen. En la cultura del consenso, se produce, dada la situación polarizada política e ideológicamente, no ya el rechazo al conflicto sino, la asunción de la confrontación política como nuevo escenario para dirimir las diferencias sociales y políticas, inaugurando un nuevo estadio en el SPV, pasando de decisiones tomadas por unanimidad durante el consenso, a la mayoría durante la confrontación.

En general, puede decirse que las elecciones relativamente frecuentes, sobre todo en un sistema parlamentario en el que existen las posibilidades de voto de censura, disolución del parlamento y convocatoria a nuevas elecciones, pueden ser un instrumento ideal para satisfacer a los electores, pues el propio interés en ser reelegidos y conservar el cargo, impulsará a los representantes a cumplir sus promesas electorales. Pero, en un sistema presidencialista, como el venezolano, la cuestión es más difícil, no solo por la imposibilidad de celebrar nuevas elecciones hasta que no se haya cumplido el periodo para el que fue elegido

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el Jefe de Estado, sino por la prohibición de reelección inmediata del presidente, que existía en la Constitución de 1961; a lo que había que unir la práctica habitual de los partidos de liberar de la disciplina partidista a quienes eran elegidos como Presidente. Así, el Jefe del Estado no respondía ante sus electores, pues no podía presentarse a la reelección, pero tampoco respondía frente a su partido, que lo había liberado de disciplina, de modo que, al igual que los déspotas clásicos, solo respondía ante Dios, ante su conciencia y ante la historia; o lo que es lo mismo: en la práctica era irresponsable. De modo que, a falta de otros recursos, el golpe de Estado puede parecer a algunos un remedio extremo, pero tentador, para librarse de un presidente que no cumpla con sus responsabilidades, manteniendo con ella una sombra militarista sobre el régimen democrático.

Pero no solo fallaron los principales partidos, negándose obstinadamente a introducir las reformas que corrigieran tales aberraciones; sino que también fallaron la mayoría de los ciudadanos que no pertenecían a partidos, pues en vez de estar interesados en la mejora de los mismos, a lo que aspiraban, más bien, era a que los partidos desaparecieran de la escena política.

Se creó, así, un ambiente político general hostil a los partidos y a los políticos profesionales, en el que se realzaba el papel de las personalidades sin partido, de los grandes grupos de presión, de la Iglesia, de los mass media, oNg’s y de los militares, creyendo que tales actores podían sustituir con ventaja a los desprestigiados partidos y políticos profesionales. Pero el tipo de democracia que cabe esperar, cuando esta clase de actores sustituyen a los partidos y a los políticos profesionales, es la que el país pudo apreciar con el gobierno provisional instaurado el 12 de abril”19, que encontró en la población civil una contención que pugnó por la restitución del régimen constitucional.

En todo ello soplan vientos de civilidad y ciudadanía, que, más por la tenacidad y pugnacidad que por la institucionalidad, logran garantizar derechos constituidos en

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la norma suprema y el marco legal, para adecentar el proceso democrático.

Es precisamente, esa valoración y reconocimiento de la población sobre el régimen democrático, que sostiene la estabilidad del mismo. Creemos que los momentos de consenso y de confrontación, como hemos titulado este ensayo, se corresponden con la fenomenología típica de los procesos democráticos latinoamericanos en general y venezolanos en particular. Con la variante que el liderazgo venezolano deviene de procesos históricos del caudillismo y militarismo, que aún pululan en el ideario como salvaguardas de la institucionalidad, lo cual hace que el militarismo y la autocracia se haga presente como una sombra, sobre todo en los momentos de mayor pugnacidad por el poder, en el seno del Sistema Político Venezolano. Más aún hoy día, cuando un militar está al frente del gobierno electo por votación popular, revive con más fuerza la pugnacidad por el poder político en un ambiente de polarización nunca antes vivido en el país tendiendo al conflicto por crear una hegemonía política versus la vuelta a la democracia liberal del consenso.

V. REFERENCIAS

Camero, ysrrael, Historia personal del Partido del Pueblo. Acción Democrática, eclipse de una vocación de poder. Miércoles, 13 de septiembre de 2000.

Kornblith, Miriam, La crisis del sistema político venezolano. Revista Nueva Sociedad. Editorial Nueva Sociedad Nro.134 Noviembre-Diciembre. Caracas, 1994, Pp. 142-157.

Manrique, Miguel. Las virtudes democráticas del sistema político venezolano. 2005. En http://www.analitica.com/va/politica/opinion/7836700.asp.

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Lacruz, Tito. Balance sociopolítico: Una ciudadanía social inacabada. En “Balance y perspectiva de la política social en Venezuela”. ILDIS. Caracas. 2006 (pag.111-184).

Profeballa. http://venezuelaysuhistoria.blogspot.com/2008/05/el-18-de-octubre-de-1945-el-mito_27.html

Rey, Juan Carlos. La democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación. Revista de Estudios Políticos Nº 74, Caracas, 1991, pp. 533-78.

Rey, Juan Carlos. Consideraciones políticas sobre un insólito golpe de Estado. Julio 2002. En http://www.analitica.com/bitblio/juan_carlos_rey/insolito_golpe.asp

Segnini, yolanda. Las luces del postgomecismo. Tesis Doctorado de Historia, Facultad de Humanidades y Educación. UCV, 1990.

Suzzarini Manuel y Ferrer Dilian, Para aproximarse al siglo XXI venezolano. Revista ágoRA -Trujillo. Venezuela. ISSN 1316-7790-AÑo 8- N° 15 -ENERo-JUNIo -2005.

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Caldera#Segundo_per.C3.ADodo_presidencial

Notas:

1 Juan Carlos REy, 1991.2 Término acuñado por el politólogo venezolano Juan Carlos Rey (v. Rey:

1991).3 Dícese del período de gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, 1952-

1958, en lo formal. Autores aducen su influencia desde 1948, tras el golpe de estado, y otros desde 1950, vinculándolo con la muerte de Delgado Chalbaud, quien era el Jefe de la Junta de gobierno. (v. Anexo 2)

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4 Miriam Kornblith, 1994 , Pág. 142.5 yolanda Segnini, Las luces del postgomecismo. 1990.6 ysrrael Camero, Historia personal del Partido del Pueblo. Acción Demo-

crática, eclipse de una vocación de poder. Miércoles, 13 de septiembre de 2000.

7 Profeballa, 2008.8 Las negrillas son nuestras.9 Aquí seguiremos, en principio, los planeamientos de Tito Lacruz en “Ba-

lance y perspectiva de la política social en Venezuela”. ILDIS. Cara-cas.2006 (pag.111-184) (v. Anexo 1)

10 Nombre devenido de la casa en la que se firmara el acuerdo, propiedad de Rafael Caldera.

11 Citado por Tito Lacruz, op. cit. Pág. 130.12 Miriam Kornblith, op. Cit.13 Dícese del 2do período constitucional de Rafael Caldera entre 1994 y

1999.14 Dícese del 2do período presidencial de Carlos Andrés Pérez, 1989-1993.15 Por haber agregado la denominación Bolivariana al nombre de la Repú-

blica.16 Dícese de la Constitución de 1999.17 Dícese, en el argot popular, de los seguidores al Presidente Chávez.18 Kornblith, op. Cit, P. 153.19 Rey, 2002:5

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ANExO 2

Cuadro N° 2Periodos de gobierno en el Sistema Político Venezolano

1936-2012

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos históricos, Julio 2010

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ESTILO CONFRONTACIONAL DE LA POLÍTICA ExTERIOR VENEzOLANA:

Una aproximación al análisis del conflicto político basado en la personalidad del presidente Hugo Chávez

Pedro Yépez*

RESUMEN

Este ensayo realiza una aproximación teórica a la formulación de una hipótesis alternativa al cálculo racional basado en el interés nacional de la política exterior de los gobiernos del Presidente Chávez tomando sus rasgos de personalidad como factor causal. Con fundamento en el modelo teórico de Análisis de Política Exterior de Margaret Hermann, se sugiere que existe un estilo confrontacional de política exterior, sólo posible gracias a que el Presidente Chávez es la Unidad Preponderante de Decisión. Así, sus características psicológicas permiten explicar los diferentes impasses que ha habido con gobiernos y políticos foráneos de ideas disímiles a las metas de crear un eje internacional antiestadounidense y promocionar el Socialismo del Siglo xxI. En tal sentido se indica específicamente que rasgos narcisistas y paranoides de personalidad, así como una elevada motivación de poder pudieran estar en la base del referido estilo de política exterior.

Descriptores: Política exterior venezolana, Presidente Hugo Chávez, personalidad y conflicto político

* Licenciado en Psicología. (UCV), Especialista en Derecho y Política Internacionales. Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro gual” (IAEDPg), Doctorando en Ciencias Políticas. Maestría En Relaciones Exteriores (Tesis Sin Realizar).

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Pedro yéPezrevista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012


THE VENEzUELAN FOREIgN POLICY CONFRONTATIONAL STYLE:

A approach to the analysis of political conflict based on the president Hugo Chávez personality

ABSTRACT

This essay performs a theoretical approach to the formulation of an alternative hypothesis to the rational calculation based on the national interest of the foreign policy on the governments of President Chávez considering his personality traits as causal factor. Based on the theoretical model analysis of foreign policy of Margaret Hermann, it is suggested that there is a confrontational style of foreign policy, which is only possible due to the fact that President Chavez is the Preponderant Decisional Unit. Thus, his psychological characteristics explain the different impasses that have taken place with governments and foreign politicians of dissimilar ideas to the goals of creating an anti-American international axis and promoting the socialism of the 21st century. To this respect it is specifically indicated that narcissistic and paranoid personality traits, as well as a high power motivation may be at the base of the above-mentioned style of foreign policy

Key words: Venezuelan Foreign Policy, President Hugo Chávez, personality and political conflict.

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estilo ConFrontaCional de la PolítiCa exterior Venezolana: Una aproximación al análisis del conflicto político basado en la personalidad del presidente Hugo Chávez

INTRODUCCIÓN

Comúnmente se acepta que el conflicto forma parte de las relaciones entre las personas, pues es un fenómeno que se sustenta en la naturaleza humana, al menos desde el punto de vista psicosociológico (Jansen, 2008). Lo que no es común aceptar es que el conflicto ocurra en las relaciones entre los Estados por la influencia de la naturaleza de las características individuales del decisor, al menos desde el punto de vista del Neorrealismo Político. En efecto, desde este paradigma de estudio de las relaciones internacionales, se considera que el factor individual, es decir, el líder, tiene poco o ningún efecto sobre las relaciones interestatales debido a que éstas son resultado de los determinantes sistémicos de la estructura internacional. Semejante argumento es igualmente sostenido por la visión neorrealista de la política exterior, área en la que se presupone la racionalidad del decisor.

Asumir que la política exterior como proceso obedece a decisiones racionales fundamentadas en el interés nacional, equivale a decir que cualquiera sea el individuo encargado de tomar las decisiones, el resultado será el mismo. En tal sentido el factor personal no es una variable, sino una constante y, por lo tanto, carece de valor explicativo para el análisis de la política exterior.

Ahora bien, cuando se observa y compara las políticas exteriores de naciones con características similares en términos de recursos y potencial de poder, el postulado de que para un liderazgo racional que maximice la posibilidad del Estado de alcanzar sus metas, solamente ciertas acciones son plausibles (Hermann y Hagan, 1998) no siempre parece cumplirse. Aún así, desde Tucídides, se ha considerado que el mundo de la política obedece a su propia lógica, una en la que hay poco tiempo y espacio para que decisores y líderes permitan que sus creencias, necesidades o ideales nublen su visión en asuntos internacionales (Tetlock, 1998).

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En el caso de la política exterior venezolana, tal como se ha venido desarrollando durante los gobiernos del Presidente Chávez, el presupuesto de racionalidad es, como menos, discutible. Cada vez más, se ha vuelto notorio un estilo particular que, grosso modo, pareciera reñido con la idea de cálculo racional basado en el interés nacional.

Algunos ejemplos, solamente tomados de las “efemérides” de la política exterior venezolana del año 2007, pueden servir para provocar la discusión:

Según álvarez (2008), el ingreso definitivo de Venezuela al MERCoSUR se ha visto demorado, debido en buena medida a la retórica encendida del presidente Chávez, dirigida abiertamente a los Poderes Legislativos de Brasil y Paraguay, así como también al de Chile. La tensión con estos tres países fue desatada por la ira del presidente venezolano cuando algunos parlamentarios de dichos Estados manifestaron preocupación por la calidad de la democracia venezolana.

Señala el autor que tampoco hubo economía de insultos y amenazas por parte del Primer Mandatario venezolano a los medios y personeros políticos de Argentina y Venezuela que reclamaron explicaciones en torno al decomiso en un aeropuerto de Buenos Aires de un maletín con 800.000 dólares en manos de un ciudadano venezolano que viajaba al país austral en compañía de un alto ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA. Pero el escándalo de la valija no fue el único incidente internacional que afectó a Venezuela. Dice álvarez que un no menos importante impasse tuvo lugar en Chile, durante la Cumbre Iberoamericana, marco en el que el presidente Chávez protagonizó una discusión con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez zapatero, en la que descalificaba al ex mandatario José María Aznar de modo tal que provocó la abrupta intervención del Rey de España,

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Don Juan Carlos I de Borbón. Tras la solicitud de silencio que le hiciera el Monarca español, el líder venezolano, aparte de los consabidos improperios, amenazó con congelar las relaciones bilaterales y revisar el estatus de las empresas ibéricas en el país. otro episodio de conflicto interpersonal que degeneró en problemas de política exterior implicó al Presidente colombiano álvaro Uribe. En este caso la tensión fue originada por la decisión de este último de suspender las gestiones que el Presidente Chávez realizaba en aras de la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Si bien, según reconoce el autor, el gobierno venezolano respondió diplomáticamente, reconociendo que se trataba de una decisión soberana de Colombia, a los pocos días el Primer Mandatario criollo transformó el evento en una confrontación directa con el Presidente Uribe y, al igual que con España, decidió “congelar” las relaciones binacionales y llamó a consultas a su embajador en Bogotá.

Por último, para cerrar esta semblanza, álvarez (2008) reseña las dificultades que el verbo presidencial ha creado en materia de relaciones exteriores incluso con gobiernos amigos como el de Bolivia. En esta caso, el Presidente venezolano, viendo las complicaciones que se le presentaban al proceso constituyente propulsado por el Presidente Evo Morales, llegó a amenazar reiteradamente a los opositores del ex líder cocalero y al “imperialismo” con convertir a Bolivia en el “Vietnam de las ametralladoras” si Morales era depuesto. Las declaraciones fueron, a tal punto, altisonantes, que los propios dirigentes del partido de gobierno boliviano demandaron moderación al presidente venezolano.

Como puede colegirse de los acontecimientos arriba señalados, luce forzado concebir el interés nacional que se puede alcanzar con las actuaciones del Presidente Chávez. Los fines del Estado (aunque no necesariamente los del gobierno) no parecieran haber servido de guía a una política

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exterior que, a falta de otro nombre, bien podría denominarse confrontacional. Entonces, si no son estos fines supremos los que impulsan la conducta exterior venezolana, ¿qué lo hace?

A juzgar por el protagonismo directo del Primer Mandatario en los hechos descritos, pudiera pensarse de entrada que tal vez tengan alguna relación con él o, más concretamente, con su personalidad. De ser así, como ya se asomó al inicio de esta introducción, las explicaciones sistémicas, neorrealistas y racionales no serían las más felices. Queda entonces la posibilidad de echar mano de los determinantes domésticos. Desde esta perspectiva, sin embargo, tampoco pareciera a simple vista que se pudiera ir muy lejos en la comprensión del estilo confrontacional de política exterior, salvo por el hecho, eso sí, de que dicho estilo también lo aplica el Presidente en la política interna. Así las cosas, resta recurrir a la hipótesis individual, esto es, a considerar al líder como el factor causal de la tendencia al conflicto que se observa en la política exterior venezolana. y bien usado resulta el término hipótesis, pues el objetivo del presente trabajo es, desde un plano conjetural, analizar teórica y cualitativamente, la posibilidad de que el sello de conflicto en política exterior esté siendo estampado por el Presidente de la República.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Definición del estilo confrontacional de la política exterior venezolana

Según gonzález Urrutia (2008), la política exterior de los gobiernos del Presidente Chávez ha ido poco a poco alejándose de los principios asociados a la promoción de la democracia, la libertad y la convivencia entre las naciones que

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habían prevalecido desde el comienzo de la era democrática venezolana. Estos principios, dice gonzález Urrutia (2006), que incluso en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 aparecían reflejados en el fomento de la multipolaridad y la integración latinoamericana, han dado paso a la búsqueda de la expansión del proyecto revolucionario denominado Socialismo del Siglo xxI allende de las fronteras nacionales.

A juicio de gonzález Urrutia (2006), la consolidación del Presidente Chávez en la política doméstica que vino aparejada a su triunfo en el referéndum revocatorio del año 2004 constituye el hito temporal que marca la radicalización de la política exterior, así como la definición de la multipolaridad en términos de los mecanismos ideologizados de inserción internacional y la conformación de nuevas alianzas geopolíticas intra y extrarregionales, todo lo cual es recogido tres años más tarde en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 y expresado en medidas que incluyen (gonzález Urrutia, 2008):

En cuanto a América Latina y el Caribe: la consolidación de un reordenamiento político y de cooperación a través de iniciativas como la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) y la Alianza para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), así como el Banco del Sur y el fortalecimiento de relaciones entre el gobierno venezolano y organizaciones de la sociedad civil de los países de la región.

En cuanto a Medio Oriente y Eurasia: la intensificación de relaciones con países que presenten coincidentes intereses “antiimperialistas”, tanto en lo bilateral, por ejemplo a través del intercambio de tecnología, como en lo multilateral, promoviendo posiciones comunes.

En cuanto a Asia: la construcción de un nuevo marco de comercio, más directo y en oposición a los centros económicos hegemónicos.

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En cuanto a Europa: aparte del relacionamiento con los gobiernos de España y Portugal, se propone la vinculación directa con gobiernos locales en materia de cooperación, así como de intercambio y promoción ideológica con movimientos sociales y partidos políticos afines.

Estos objetivos específicos, sin embargo, se subsumen en dos generales que, en palabras de Cobo (2008), son, por una parte, la consolidación de un eje antiestadounidense con Venezuela en su liderazgo y, por la otra, la ya aludida promoción de movimientos fundamentados en el llamado Socialismo del Siglo xxI. En tal sentido, podría argüirse interpretando a Romero (2010) que, en su esencia, el leitmotiv de la política exterior venezolana es la creación de una nueva institucionalidad latinoamericana (Vg. UNASUR, ALBA) y de polos alternativos de poder en la región, signados por una orientación política de izquierda o, al menos, antiestadounidense. Para tales fines, la estrategia más recurrida consiste en el desarrollo de un movimiento continental “progresista” que, en la praxis, se traduce como el apoyo a grupos políticos y sociales ideológicamente afines al proceso revolucionario venezolano (gonzález Urrutia, 2008). Paralelamente a la creación de semejante movimiento hemisférico, se ha venido dando una suerte de dialéctica de la confrontación con aquellos países que son considerados adversarios ideológicos, actuación que a juicio del autor, representa un rasgo cardinal de la política exterior actual.

La confrontación como rasgo de la conducta externa del Estado se ha materializado en dos planos distintos que, con frecuencia se yuxtaponen, a saber, el discursivo y el decisional. Así, a la provocación de roces y tensiones con otros gobiernos y figuras políticas foráneas por vía de la palabra, se han sumado acciones basadas en instrumentos de la diplomacia, que han ido desde el retiro de embajadores, “enfriamiento de relaciones” e, incluso, rupturas diplomáticas,

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hasta acciones de política de seguridad como el incremento en la compra de armamento y el despliegue de efectivos militares en zonas fronterizas (gonzález Urrutia, 2008).

Así las cosas, y siguiendo al autor, es dable afirmar que “[…] la expansión continental del Proyecto Bolivariano se ha revelado como uno de los ejes centrales de la actual política exterior” (4).

La estrategia para la aplicación de la política exterior de exportación del modelo venezolano ha significado en la práctica, según lo comenta gonzález Urrutia (2008), el quebrantamiento más o menos solapado y no poco frecuente del principio de No Injerencia en los asuntos internos de otros países, tal como se ha evidenciado, según señala Cobo (2008), en los casos de los embajadores venezolanos Roger Capella en Argentina, Pavel Rondón en Colombia, Vladimir Villegas y Roy Chaderton en México, Julio Montes en Bolivia y Armando Laguna en Perú. Este tipo de acciones, en consonancia con el estilo confrontacional que se ha venido perfilando, ha producido reacciones adversas por parte de los gobiernos afectados que no están aliados con el Primer Mandatario venezolano, así como el acrecentamiento de un clima general de animosidad en torno a las relaciones exteriores de Venezuela.

La política exterior venezolana ha procurado, al margen de las relaciones entre los Estados, la formación de vínculos con sectores de las sociedades de los países de la región para que funjan como red de apoyo político al modelo de desarrollo socialista propugnado por Venezuela (Cobo, 2008). La forma de penetración en dichas sociedades, apunta la autora, se cimienta en los programas de ayuda en salud y educación, por ejemplo; buscándose una base popular de seguidores, así como de grupos políticos opositores al gobierno nacional de aquellas naciones donde éste no es afín

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al venezolano, principalmente en las esferas parlamentarias y de gobierno local, de suerte tal que dichos grupos realicen lobby a favor de Venezuela. En este orden de ideas y tomando como base la noción de política exterior dual de Estado tradicional-revolucionario acuñada por Romero (2010), puede hablarse de una doble agenda diplomática. La primera, que es pública y consistente con el proceder usual de las relaciones exteriores, mantiene los contactos oficiales de Estado a Estado; la segunda, privada como una suerte de diplomacia paralela según Romero (2003), es la que fomenta los vínculos con organizaciones sociales alternativas (Vg. el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil).

Es por ello que la diplomacia venezolana no se agota en los compromisos de Estado en el marco de la diplomacia tradicional, sino los trasciende hacia una dimensión política-ideológica que se expresa en la solidaridad revolucionaria, lo que a su vez impulsa una inquietud por parte de muchos gobiernos sobre cuándo el gobierno del presidente Chávez respeta los mecanismos diplomáticos y cuándo no (Romero, 2010: 10-11).

Esta forma de hacer política exterior, más allá de las repercusiones que tiene en la imagen del país, por el rechazo que, pese a todo, genera en las sociedades donde busca difundir el proyecto socialista del nuevo siglo, es generador de conflicto en una doble vertiente, a saber, regional, por el potencial desestabilizador sobre la ya de por sí endémicamente frágil democracia latinoamericana y la generación de enfrenamientos entre países (Shifter, 2007); así como también en el plano interno de cada país ideológicamente disímil de Venezuela en los que se procura asentar la influencia, pues puede llegar a afectar su gobernabilidad (Cobo, 2008).

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Identificación del Presidente de la República, Hugo Chávez, como definidor del estilo confrontacional de la política exterior venezolana

Llegado a este punto, conviene aclarar que, para seguir hablando de lo que se ha dado en llamar en el presente trabajo estilo confrontacional de política exterior, se requiere identificar la unidad predominante de decisión en materia exterior. De no hacerlo, resultaría de entrada insostenible la conjetura de que dicho estilo responde a las características personales del Primer Mandatario venezolano, Hugo Chávez, pues bien podría deberse a la burocracia imbricada en las tareas de relaciones exteriores o, incluso, a grupos no gubernamentales domésticos de presión, sólo por citar dos ejemplos. Así las cosas y para cumplir con la tarea de identificación de la unidad de decisión predominante, se parte de la clasificación de las Unidades de Decisión de Autoridad de Hermann1 (2001), según la cual, entre las tres unidades posibles en política exterior, a saber (i) el líder individual, (ii) el grupo o burocracia y (iii) la coalición de actores autónomos, el decisor predominante es aquél que cuenta con capacidad suficiente para comprometer los recursos nacionales en la ejecución de una decisión y evitar que ésta pueda ser revertida por otros factores de poder.

Con base en la clasificación anterior, se puede afirmar que la unidad decisional predominante es el líder individual, en este caso, el Presidente Chávez. Ahora bien, es importante decir que dicha identificación no es, de modo alguno, caprichosa; antes bien, se sustenta doblemente en consideraciones teóricas sobre las condiciones que favorecen la preeminencia del líder individual, y en hechos políticos interconectados que apuntan a semejante preeminencia. Esquemáticamente, y en apego a los postulados de greenstein (en gallagher, 2005 y Kim, 2006) y Margaret Hermann (en Kim, 2006), se tiene:

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Postulados teóricos Correspondencia fáctica

El actor político ocupa una po-sición estratégica de poder en el campo decisional o el poder gu-bernamental se concentra en la figura del líder.

El poder político del Estado se concentra en el presidente Chávez. La Asamblea Nacional, así como el Tribunal Supremo de Justicia se componen, en su mayoría, de par-tidarios del Presidente2.

Existen contextos grupales en donde la decisión de una perso-na o su actitud es visible para los demás, y la variación personal es reducida.

El Presidente Chávez no permi-te el disenso y las personas que ocupan los más altos cargos del Ejecutivo Nacional son casi ex-clusivamente nombradas por él.

La forma de asumir el poder es dramática, verbigracia, revolu-ciones, asesinatos o ser elegido por una mayoría abrumadora.

Al margen de haber colaborado en un golpe de estado que le brin-dó notoriedad en 1992, Chávez gana las elecciones por amplía mayoría en 1998, 2000 y 2006.

El jefe de Estado tiene amplia au-toridad en materia de política ex-terior, lo cual es particularmente notorio en los regímenes totalita-rios, en donde la maquinaria polí-tica se convierte en un conducto de la psicología dictatorial.

La Constitución Nacional le otor-ga enormes facultades al Presi-dente en política exterior y la Ley de Servicio Exterior se reforma para ampliar la discrecionalidad decisional del Presidente en los nombramientos del personal di-plomático (ver cuadro 1).

El jefe de Estado tiene interés en la política exterior.

Ejemplo: Diplomacia presiden-cial directa signada por hipe-ractivismo (constantes viajes) (Romero, 2003).

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Postulados teóricos Correspondencia fáctica

El jefe de Estado es carismático. Un liderazgo carismático florece en tiempos de perturbación y an-gustia, y el dirigente en cuestión parece ser capaz de llevar las riendas de la nación de manera efectiva, y de proporcionar a los mandantes suficiente satisfac-ción personal que los mantenga clamando que él se conserve en el poder.

Ejemplos: Buen manejo de la retórica. Identificación emocio-nal y directa con “el pueblo” a través de cadenas nacionales, arengas, mítines, marchas, etc. Política distributiva populista. Uso del locus de control externo en la explicación de los resulta-dos de gobierno negativos (Vg. los ministros no cumplen sus ins-trucciones)

La situación está cargada con una significación simbólica o emocional y el grado de implica-ción afectiva es alto.

Ejemplo: El ALBA simboliza la realización del choque “an-tiimperialista” contra Estados Unidos y los ataques verbales al Presidente Uribe, una defensa de la soberanía nacional

La organización institucional en política exterior de la nación está poco desarrollada y diferenciada.

El ministerio de relaciones exte-riores carece de sentido orgánico en su organización burocrática. La Asamblea Nacional no objeta ni discute las decisiones del Eje-cutivo (Vg. autorizaciones al Pre-sidente para los viajes al exterior)

La situación nacional se encuen-tra en crisis o transformación. Mientras mayor sea el aumento de una crisis, más elevado es el impacto de la personalidad de un jefe de Estado y más centraliza-da es la toma de decisiones.

Desde la asunción del poder en 1999, y cada vez más, el Presi-dente se ha encargado de des-montar el aparato Estatal para crear una nueva forma de orga-nización política, según lo pre-gona su revolución socialista (ver cuadro 1)

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CONSIDERACIONES TEÓRICAS

A continuación se presenta sucintamente, el modelo teórico que sirve de basamento para el análisis de la influencia de la personalidad del Presidente Chávez en la configuración del estilo confrontacional de la política exterior venezolana.

Identificación del enfoque teórico empleado para el análisis

El basamento teórico sobre el cual se enmarca el presente estudio corresponde al modelo de análisis desarrollado por Margaret Hermann (1999) respecto a la Unidad de Decisión de Autoridad individual, esto es líder predominante (Hermann, 2001). En tal sentido, el caso se presenta siguiendo los componentes en los que la autora divide su modelo teórico y se explica en función de las variables claves que aparecen reflejadas en cada componente, obviamente con un énfasis especial en las características personales del líder, teniendo en cuenta que éste representa la unidad decisional escogida.

H e r m a n n (en wilson, 2006) desarrolló un marco teórico con el objeto de responder la pregunta ¿cómo las características idiosincrásicas de los líderes políticos afectan la conducta de política exterior de sus gobiernos? La

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autora divide su modelo en tres distintas secciones, cada una de las cuales contiene diversos factores a tomar en cuenta para responder la pregunta enunciada.

Con detalle, los factores que componen el modelo teórico son:

Naturaleza de la situación: se compone del evento ante el cual el líder debe actuar y del medio en el cual se encuentra inserto. Este factor es esencial para la comprensión del efecto que pudiera tener el líder en sí mismo. Tal como lo expresa De Rivera: “la importancia de la personalidad del individuo depende de la situación en la cual se halle” (en wilson, 2006: 17). De acuerdo al análisis de Hermann, esta variable está constituida por tres tipos de condiciones que dan pie a circunstancias que permiten que las características personales del líder tengan mayor impacto, a saber (wilson, 2006):

Situaciones en las que el líder político cuenta con un amplio margen de decisión, por ejemplo, cuando el sujeto posee un gran “capital político” basado en popularidad, se encuentra en una mejor posición para lograr cambios en la política exterior o imponer su voluntad.

Situaciones que son definidas por el líder mismo o son interpretadas por él, tales como eventos novedosos o ambiguos.

Situaciones en las que el líder participa directamente en el proceso de toma de decisiones, como cuando la nación enfrenta una crisis.

Características personales: Hermann (1999) afirma que hay cuatro tipos de características personales que son las más relevantes cuando se trata de la toma de decisiones, ya que, con frecuencia, las variables de estos grupos de rasgos han sido descritas como determinantes idiosincrásicos de la conducta política. Estos tipos son:

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Creencias: entendidas como los presupuestos fundamentales que el líder tiene acerca del mundo político.

Motivos: se refieren a las razones que activan la acción política. En este caso, los motivos más comunes son: poder, logro, deber, afecto, necesidad de independencia y necesidad de estructura.

Estilo decisional: se refiere al método o patrón cognitivo-emocional con el cual el líder preferentemente realiza las decisiones. Tal como lo señala wilson (2006), el estilo decisional está compuesto de los siguientes cinco factores: (i) confianza; (ii) apertura a la información; (iii) propensión al riesgo; (iv) capacidad para posponer la decisión sin que eso genere ansiedad y; (v) capacidad para ajustarse a la incertidumbre. A estos factores, Hermann agrega dos factores más, a saber, la preferencia por el compromiso y la planificación en vez de la actividad.

Estilo interpersonal: alude a las maneras características con las cuales un líder trata con otros. En este punto, como puede colegirse, entran en juego directamente los rasgos de personalidad del individuo. Por ello, aquí cabría una gran variedad de factores. La sensibilidad a la conducta de otros, la suspicacia, manipulación, paranoia y la capacidad de persuasión son ejemplos frecuentes de las formas como un líder se relaciona con otros.

Para Hermann (en wilson, 2006), estos cuatro tipos de características de personalidad afectan dos aspectos distintivos de la política exterior, que son respectivamente:

Estrategias de política exterior, entendidas como los planes básicos de acción del gobierno en dicha materia y que pueden oscilar entre posturas de cooperación y competencia.

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Estilos de política exterior, entendidos como los métodos que un gobierno usa para formular y ejecutar su política exterior y que pueden ir desde la diplomacia presidencial directa y personal hasta las relaciones institucionales, reglamentadas o burocratizadas.

Dice la autora que estos dos aspectos se ven influidos por los factores individuales del líder, pues si las creencias de éste prefiguran una visión de mundo, normalmente en términos de armonía o conflicto, entonces es más probable que el líder, en tanto máximo decisor, procure llevar el gobierno por caminos consistentes con su visión particular y despliegue un estilo ora conciliador, ora confrontacional.

Filtros de las Características personales: Hermann (1999) concluye su modelo teórico con lo que ha dado a llamar “filtros”. Este término hace referencia a tres características personales que modulan o afectan la influencia de las anteriores sobre la política exterior. Estos filtros son:

Interés en la política exterior: considera la autora que debe existir, al menos, un interés general del líder en los asuntos de política exterior para que las características personales tengan efecto. En ese sentido, a mayor interés, mayor es el involucramiento directo del líder, mayor es su preocupación por ser consultado y/o participar en las decisiones. Por el contrario, un escaso interés llevaría al líder a delegar la autoridad en el aparato burocrático, eliminando cualquier influencia de sus rasgos personales en las políticas subsecuentes.

Entrenamiento en política exterior: una vez establecido el interés, el entrenamiento y la experiencia en materia de política exterior favorecerá o limitará el efecto de las características personales, pues con el conocimiento del área viene aparejado un más amplio repertorio conductual de política exterior que en el caso contrario,

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donde con mayor probabilidad los rasgos idiosincrásicos tendrán mayor peso. Por otro lado, el conocimiento mismo fungirá de estímulo discriminativo que permitirá diferenciar decisiones de política exterior fundamentadas en la “racionalidad” de aquellas que responden a predisposiciones personales subjetivas.

Sensibilidad general al ambiente: se refiere al grado en que un individuo está abierto y responde a los estímulos del medio en el cual opera. En este orden de ideas, se tiene que un líder poco sensible al ambiente, tenderá a procesar los estímulos exteriores de forma tal que se ajusten a su punto de vista, mientras que un líder con alta sensibilidad al entorno, modificará su punto de vista si los estímulos externos lo demandan como una medida de ajuste a la realidad.

ANÁLISIS DEL CASO

Descripción de las variables personales del Presidente Chávez con incidencia en el estilo confrontacional de política exterior

Naturaleza de la situación: este punto del modelo de análisis de Hermann, en sentido estricto, no es aplicable al examen de estilo confrontacional de política exterior pues no se está tratando una decisión concreta, sino un modo de conducta, una forma de hacer y ejecutar la política exterior. En todo caso, es lícito pensar que, si el estilo respondiera a una decisión, entonces el evento que conlleva a dicho estilo es la presencia en el hemisferio de gobiernos, con Estados Unidos a la cabeza, que no coinciden con el formato ideológico que supuestamente sustenta Revolución Bolivariana y la percepción de peligro que para la supervivencia, concomitantemente, representan tales gobiernos.

Ahora bien, cabría preguntarse, ¿cuál es el fin político, si lo hubiera, que subyace al estilo conflictivo de política exterior?

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Al respecto, pareciera haber dos fines que son, tomando prestada la nomenclatura psicoanalítica, uno manifiesto y otro latente. Por el lado de lo manifiesto está la confrontación así llamada ideológica con Estados Unidos en tanto pináculo del sistema económico capitalista, posición que el Primer Mandatario venezolano le atribuye a partir de la antigua elaboración de “imperialismo, fase última del capitalismo” formulada por Lenin en torno a la obra de materialismo histórico de Marx.

Por otro lado, acaso menos evidente, está el afán propio de cimentar la posición geopolítica de Venezuela en la región, para lo cual el estilo confrontacional y los conflictos subsecuentes con gobiernos y figuras poderosas le rinden un gran valor simbólico al Presidente, al tiempo que le permiten ofrecer a sus seguidores una justificación de sus fallas, dado que siempre las puede atribuir al otro, llámese Estados Unidos o Colombia, por ejemplo.

Lo dicho hasta ahora describe una de las condiciones de la naturaleza de la situación según el modelo teórico de Hermann, concretamente, la definición propia y personal que el líder realiza de la situación, con base en su interpretación, igualmente idiosincrásica, del contexto que, según él, lo obliga a responder de manera confrontacional ante las amenazas externas. Las otras dos condiciones son todavía más claras, a saber, el amplio margen de capacidad decisional que posee el Presidente Chávez, tanto en lo interno como en lo externo (subregional). En lo interno, baste recordar la enorme concentración de poder en manos del Presidente y la práctica subordinación de las ramas legislativa y judicial a su mandato, así como el gran “capital político” basado en popularidad. En lo externo, al tiempo que también goza de popularidad merced de su discurso antinorteamericano, favorecido por el alejamiento de Estados Unidos frente a América Latina y su conducta belicista en el plano internacional (Vg. caso Irak); cuenta con ingentes recursos económicos provenientes de la renta petrolera, recursos ofrecidos abiertamente para la ayuda a aquellos países que sean

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cónsonos con sus ideales “progresistas”, a través de iniciativas como el ALBA y Petrocaribe, por ejemplo.

Por su parte, la condición de participar directamente en el proceso de toma de decisiones también se cumple en este caso, no solamente por su pronunciado interés en los asuntos exteriores, sino además por el carácter crítico que, en la visión del Primer Mandatario venezolano, poseen para la Revolución Bolivariana las amenazas de gobiernos y personalidades ideológicamente disímiles.

Características personales: antes de entrar en los rasgos de personalidad del Presidente Chávez, conviene advertir que las siguientes elaboraciones son hipotéticas, principalmente derivadas de la observación y análisis cualitativo de la conducta verbal del primer mandatario, por tanto sin comprobación empírica.

Creencias: con base en la formulación realizada por walker (2000) del constructo Código operacional de Leites, en el que se diferencia las creencias filosóficas del líder en torno a la naturaleza armoniosa o conflictiva de las relaciones internacionales, así como sus creencias instrumentales respecto a los medios más idóneos para alcanzar las metas en política exterior, podría decirse, como hipótesis, que Chávez se ubicaría en el código operacional caracterizado por:

Creencias filosóficas: el conflicto es temporal y su causa son los estados belicistas. El error en los cálculos y el entreguismo son los factores que originan las guerras. Los oponentes son racionales y susceptibles de disuasión. En cuanto a las metas, el optimismo es justificable pues el futuro político es relativamente predecible y el control sobre los desarrollos históricos es posible.

Creencias instrumentales: las metas deben ser óptimas y establecidas dentro de un marco comprehensivo. Se controlan los riegos limitando los medios antes que los fines. Cualquier táctica y recurso son apropiados,

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incluyendo el uso de la fuerza cuando éste ofrece la perspectiva de una gran ganancia con un riesgo limitado.

Ahora bien, al considerar el constructo de complejidad conceptual empleado por Hermann (1999), referido a la capacidad del individuo para tolerar la ambigüedad de la información y no percibir los eventos en términos absolutos, las creencias arriba mencionadas deben ser matizadas, por cuanto es muy probable, a partir de lo que el discurso maniqueo y reduccionista ad absurdum y ad Hitlerum del Presidente Chávez sugiere (Vg. amigo-enemigo, Imperio estadounidense-Latinoamérica, escuálido-pueblo, seguidor bueno-opositor fascista), que el líder venezolano mantiene una creencia sobrevalorada del carácter conflictivo de las relaciones internacionales y del mundo político en general que, en lo concreto, se manifiesta en su propensión al impasse con todo aquel Estado o líder mundial que no comparta sus ideales o que se atreva a sojuzgarlo.

El reductio ad Hitlerum resulta preclaro cuando se califica al segmento de venezolanos críticos (fascistas, oligarcas, escuálidos, traidores, etc), tanto como cuando se refiere a Estados Unidos y su mandatario anterior (imperio y Mr.Danger, respectivamente). Así las cosas, y considerando la aparentemente también sobrevalorada creencia de poseer control sobre los eventos (Vg. Chávez le aseguró al gobierno de Bush que sólo él era capaz de garantizar el suministro de crudo a EEUU, en caso de que perdiera el referéndum revocatorio de agosto 2004); resulta plausible entender la creencia de Chávez de poder confrontar a los gobiernos e individuos que considera discrepantes sin que ello genere consecuencias negativas para el país.

Motivos: en cuanto al sustrato motivacional de la conducta de política exterior del Presidente Chávez, puede afirmarse que prevalece la motivación de poder, entendida como la necesidad de influenciar a los otros. De acuerdo con las orientaciones de personalidad en política exterior de Hermann, señaladas por winter (2003), es dable señalar que el Presidente se ubicaría en la

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categoría de personalidad “influyente” (ver tabla siguiente), toda vez que es notorio su interés en tener un impacto en la conducta de política exterior de otras naciones (Vg. amenazas de cortar el envío de petróleo a EEUU, limitar los beneficios de pago de la factura petrolera a República Dominicana, retirar la planta de aluminio de Costa Rica) y en ejercer un rol de liderazgo regional o internacional, para lo cual es necesario alcanzar protagonismo, el cual consigue a través de la generación de conflictos con otros, en especial cuando estos pueden ser definidos como figuras antagónicas dentro de las categorías dicotómicas que suele emplear para clasificar a los demás, las cuales siempre le permiten reducirlos en términos de buenos y malos.

Tabla.- Orientaciones de personalidad en política exterior según Margaret Hermann

Orientación Definición Variables

ExpansionistaInterés en ganar control sobre más territorio, recursos o población.

• Motivación de poder• Nacionalismo• Creencia en el control

de los eventos• Autoconfianza• Desconfianza hacia los

otros• orientación por la tarea

Activo-independiente

Interés en participar en la comunidad internacional, pero según sus propios términos y sin engendrar una relación de dependencia con otros países.

• Motivación de afiliación• Nacionalismo• Creencia en el control de

los eventos• Complejidad

cognoscitiva• Autoconfianza• orientación por la tarea

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Influyente

Interés en tener un impacto en la conducta de política exterior de otras naciones, en ejercer un rol de liderazgo regional o internacional

• Motivación de poder• Creencia en el control de


cognoscitiva• Autoconfianza• orientación interpersonal

Mediador / integrador

Preocupación por servir para reconciliar las diferencias entre otras naciones, en resolver los problemas en la arena internacional

• Motivación de afiliación• Creencia en el control de


cognoscitiva• orientación interpersonal

oportunista

Interés en tomar ventaja de las circunstancias, en ser oportuno y manejar con efectividad las demandas y oportunidades del momento

• Complejidad cognoscitiva

• orientación interpersonal

Desarrollista o incremental

Compromiso con el continuo mejoramiento de la propia nación, aprovechando al máximo la ayuda de otros países o de organizaciones internacionales

• Motivación de afiliación• Nacionalismo• Complejidad

cognoscitiva• Autoconfianza• orientación interpersonal

Fuente: winter, David (2003) Personality and Political Behavior, en Sears, David, Leonie Huddy & Robert Jervis (compiladores) Oxford Handbook of Political Psychology.

Estilo decisional del líder: la otra variable de personalidad del modelo de Hermann (1999) es el estilo decisional del líder. A este respecto, y considerando los factores señalados por wilson (2006), puede decirse, otra vez como hipótesis que requiere

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una comprobación empírica, que el Presidente Chávez ha de poseer una alta autoconfianza, que es reforzada por (i) el halito de invencibilidad electoral (Vg. referéndum revocatorio del año 2004) o de capacidad para neutralizar los efectos de una elección adversa (Vg. relanzamiento y triunfo de la propuesta de elección indefinida a contrapelo de la Constitución); (ii) la popularidad doméstica e internacional (Vg. llegó a ser calificado de enfant terrible de la diplomacia) y; (iii) la falta de consecuencias negativas que había tenido su conducta exterior (Vg. casos de Colombia y EEUU, a los que amenazaba con cierre de las fronteras a sus productos y suspensión de la venta de petróleo, respectivamente).

Sobre el factor de estilo decisional “apertura a la información”, baste recordar lo dicho en relación con la posiblemente baja complejidad conceptual, pues siendo así, el Presidente Chávez tiene escasa capacidad para procesar grandes cantidades de información y, además, aquélla que resulte disonante con sus creencias es desechada o desvirtuada. Siguiendo la tipología de estilo de liderazgo en política exterior de Preston (en Palotay, Amon, Bauer, Salonen, Steurer & wawrinec, 2004), que distingue entre (i) la necesidad de control e involucramiento directo en el proceso político y (ii) la necesidad de información y sensibilidad al contexto; podría

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decirse que el Presidente se ubica en la categoría de “centinela”, esto es, líderes con alta necesidad de control e involucramiento decisional directo y baja necesidad de información y sensibilidad al entorno.

Matriz.- Necesidad de poder, de información y estilo de liderazgo en Política Exterior

Experiencia Política

Extensiva Limitada

Nec

esid

ad d

e P

oder

Alt

a

DirectorLas decisiones son tomadas de manera centralizada. Establece controles directos y un alto involucramiento en el proceso político. Se apoya más en sí mismo que en los expertos, quienes juegan un papel ornamental.

MagistradoLas decisiones son también centralizadas. Éstas pasan por su control directo. Sin embargo, el líder se apoya en expertos, y no solamente en sí mismo, para diseñar las líneas generales de política que deben seguir los otros.

Baj

a

AdministradorLas decisiones son alcanzadas de forma colegiada y no de manera directa y centralizada. Los controles son escasos por parte del líder, pero se apoya poco en el consejo de expertos.

“Delegador”Las decisiones no son para nada centralizadas y el estilo colegial en el proceso político es mayor que en los tipos anteriores, delegando la confección y ejecución a sus subordinados. Se apoya sobremanera en expertos.

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Com

plej

idad

Cog

nosc

itiv

a Alt

a

NavegadorTiene una alta necesidad de información; elevado interés en la política exterior y gran sensibilidad a los limitantes ambientales. Es un buscador activo de información proveniente del entorno político y de agentes foráneos.

ObservadorMuestra alta necesidad de información, así como interés general en temas políticos, mas no así en los de política exterior, en donde se vale de expertos. Su sensibilidad a los limitantes ambientales es escasa.

Baj

a

CentinelaPosee una limitada necesidad de información, pero sí un alto interés en la política exterior. Evita la búsqueda de información. La sensibilidad a los limitantes ambientales es reducida y, por ello, se apoya en consejeros.

“Rebelde”Es escasa su necesidad de información, así como el interés en la política exterior. Evita la búsqueda extensiva de información. La sensibilidad a los limitantes ambientales es reducida, pero no se apoya en consejeros.

Fuente: Palotay, Manuela; Amon, Martina; Bauer, Eva; Salonen, Elina; Steurer, Jürgen & wawrinec, Alex (2004) “Persönlichkeit & Politik”. Elaboración propia.

Por otro lado, el factor propensión al riesgo es presumiblemente elevado en Chávez si se considera, por ejemplo, el golpe de estado que intentó coronar en el año 1992, el cual por demás es evidencia de la propensión a creer en la propia capacidad para controlar los eventos, variable cognitiva predisponerte para la conducta de riesgo, junto con la escasa sensibilidad a las señales (de peligro) provenientes del entorno. Esta limitada sensibilidad, no obsta sin embargo para que el

Experiencia Política

Extensiva Limitada

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presidente manifieste, como se verá más adelante, una elevada desconfianza hacia los otros.

Finalmente, las capacidades de estilo decisional “postergación de la decisión” y “ajuste a la incertidumbre” no resultan del todo claras en la conducta del presidente. Tentativamente, puede argüirse que el aplazamiento es un rasgo distintivo de la personalidad de Chávez (Vg. “Por ahora”), así como pudiera ser bajo su ajuste a la incertidumbre, dadas sus tendencias al control directo de las decisiones en temas de interés como la política exterior y su poca apertura a la información (de lo cual, errores como afirmar un hecho y luego tener que retractarse son muestras3).

E s t i l o interpersonal: en lo relativo a esta variable, puede conjeturarse la presencia de dos rasgos particularmente relevantes en la personalidad del Presidente, como son el narcisismo y la paranoia4 (ver cuadros 3 y 4). La identificación de dichos rasgos, por demás comunes en líderes políticos con fuerte vocación autoritaria5 (ver cuadro 5), obedecen al hecho de que, por un lado, el Presidente Chávez ha demostrado un particular interés por captar la atención en situaciones públicas, sobre todo, en los escenarios internacionales multilaterales. Dicho interés, vale decir, se inscribe en la línea

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de la autoafirmación o resaltamiento de las propias tendencias (Vg. la alocución ante la Asamblea general de Naciones Unidas en la que acusa percibir un fuerte olor a azufre, aludiendo al presidente Bush, quien previamente había estado en el podium; o la participación en las llamadas “anti-cumbres” o “cumbres sociales o de los pueblos”, según su propia nomenclatura, en el marco de los encuentros Unión Europea-América Latina). Aunado a ese interés por mostrarse, se encuentra su dificultad marcada por admitir el disenso y las críticas o por congeniar con aquellos que no muestren un trato hacia él acorde con sus expectativas. Al respecto, baste recordar los numerosos impasses tenidos con líderes y países tan disímiles como el otrora presidente de México, Vicente Fox o con el entonces candidato presidencial peruano, Alan garcía, así como las decisiones de retirar a Venezuela de la CAN y del grupo de los Tres, por problemas con Colombia (gonzález Urrutia, 2006).

Por el lado de la paranoia, es suficiente mencionar que son innumerables las denuncias de orquestados planes en su contra (desde la desestabilización del gobierno cuando aumentan las protestas populares, hasta golpes de estados y magnicidios). Ahora, si bien cabe la posibilidad de que ésta no sea más que una impostura para desviar la atención de los problemas domésticos o para aglutinar la población a su alrededor en una suerte de solidaridad orgánica, pudiera en efecto tener suspicacia frente al otro, habida cuenta del poder que ha alcanzado mediante el control del aparato estatal y a despecho de importantes sectores de la sociedad y grupos de influencia (con la consabida fragilidad

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de un poder que, por demás, descansa en la imagen personal); así como de la precariedad de las alianzas que ha construido con otros gobiernos basándose en el ofrecimiento de beneficios productos de la renta petrolera, sea merced a concesiones comerciales a empresas foráneas privadas o públicas de capital chino, ruso o español, por citar algunos ejemplos, así como con ayudas directas, en el caso de los países de menor desarrollo, del tipo Cuba, Bolivia o las islas del Caribe oriental.

Filtros: Por último, en cuanto a los filtros de las características personales, como ya se ha tratado a lo largo del análisis, Chávez posee un vivo interés en los asuntos exteriores y la diplomacia presidencial es prueba de ello, mas tiene posiblemente escasa sensibilidad al ambiente debido a la rigidez cognitiva que lo caracteriza (de aquí que sus creencias sean poco permeables al cambio e intente imponerlas por vía de la persuasión, chantaje o amenazas), así como por causa del tercer filtro, es decir, de un entrenamiento limitado en política exterior, lo cual implica que dispone de un poco complejo repertorio de conductas, más aún cuando se considera que su formación

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profesional es militar, campo en el que la negociación no es la norma, pero sí lo es la formación de escenarios de conflicto a partir de los cuales diseñar sus estrategias, las cuales, si se observa lo que ha sido la conducta del Presidente en política interior y exterior, puedan ser fácilmente categorizadas en función de dichos escenarios (Vg. quien me sigue es mi aliado, quien me objeta, mi enemigo).

SÍNTESIS DEL CASO

Aproximación explicativa sobre la influencia de las variables personales del Presidente Chávez en el estilo confrontacional de política exterior

Una vez desglosados los aspectos más resaltantes de la personalidad del Presidente Chávez, conviene sintetizarlos en términos explicativos del estilo confrontacional de política exterior y sus repercusiones en cuanto a la generación de conflicto en la región.

En primer lugar, queda suficientemente claro que el Primer Mandatario cuenta con la capacidad legal y real para definir la política exterior, no sólo en sus aspectos sustantivos, sino también formales; al tiempo que, como cabeza del Ejecutivo, maneja una cuota de poder lo bastante alta como influenciar las otras ramas del Estado, en caso de que desde alguna de ellas se hiciera reparos a los conflictos que suscita en la escena internacional. De hecho, en ausencia de un diálogo nacional con otros factores políticos, la única posibilidad de que Presidente revirtiese su estilo confrontacional sería que éste hiciera mella en su popularidad entre los sectores sociales nacionales que lo soportan (estratos socioeconómicos C, D y E), para quienes, aparte de que los temas de materia exterior son de magro interés, pareciera ir dirigido el discurso internacional conflictivo, como un modo de mantener su apoyo. Esto podría verse de dos

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formas, por un lado, el conflicto aviva el vínculo emocional directo con el líder, del cual se ha nutrido para imponer sus decisiones, incluso cuando vulneran el marco jurídico interno o generan un perjuicio en las relaciones exteriores del país y; por el otro, sirve de justificación a los problemas domésticos, en el sentido de que el conflicto nunca se presenta como una acción deliberada, sino no como una reacción a los embates que, desde el exterior, propinan agentes foráneos al proceso revolucionario, sean gobiernos o figuras particulares.

En otro orden de ideas, asumiendo que la búsqueda de conflicto responda a una decisión destinada a mantener la visión de enemigo externo, se requiere de cuenta propia el involucramiento directo del Jefe de Estado para que el conflicto pueda generar el impacto exterior necesario, a los fines de la realización de los objetivos de crear un frente antiestadounidense y afianzar la influencia de Venezuela en la región. Así, la naturaleza de dichos objetivos precisa la llamada diplomacia presidencial, actividad por demás preeminente en el quehacer venezolano de política exterior, no sólo por la supeditación de los poderes nacionales al Ejecutivo, sino por la menguada institucionalidad de los órganos de política exterior. Más específicamente y dentro del plano político, el estilo confrontacional sirve al fomento de la capacidad de influencia de Venezuela en la región, aprovechando el distanciamiento latinoamericano frente a Estados Unidos por su poco interés en los asuntos hemisféricos; así como sirve, a un mismo tiempo, a exacerbar el malestar de aquellos sectores de las sociedades de la región provocado por los sempiternos problemas de pobreza, desigualdad y exclusión, frente a sus gobiernos nacionales.

Ahora bien, si el estilo confrontacional no respondiese a una decisión calculada (dentro de las posibilidades de racionalidad humana) para el logro de los objetivos que guían la política exterior venezolana, ¿a qué factores se debería? La

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respuesta que luce más plausible, y se dice sólo plausible pues requeriría de un estudio empírico, es predominantemente de tipo psicológico. En concreto, a esta altura del trabajo resulta suficientemente sugestiva la hipótesis de que la tendencia a caer en el conflicto a través de un estilo de política exterior confrontacional se debe a los rasgos de personalidad del Presidente Chávez. Varios elementos lo sugieren:

El involucramiento presidencial directo en los asuntos exteriores es tan conspicuo como el hecho de que muchas de las afirmaciones que realiza en esta materia y que suelen provocar conflictos surgen de manera inmediata y contingente con alguna información que le resulte adversa. Por ejemplo, las críticas al Presidente Uribe (entre las múltiples que ha habido) no se hicieron esperar luego que éste declinara la participación de Venezuela en las labores de liberación de secuestrados por las FARC. De igual modo, las amenazas de romper relaciones diplomáticas con Perú si Alan garcía resultaba electo ocurrieron justo después que en dicha nación, se levantaran voces denunciando la presunta intervención venezolana en el proceso electoral a través del apoyo al candidato Ayanta Humala.

En un punto imbricado con el anterior y dado el pronunciado interés del Presidente Chávez en política exterior, así como su inclinación por la diplomacia presidencial, podría decirse que las decisiones no siempre parecieran responder a un análisis previo, pues en este tipo de diplomacia, las respuestas que se demandan en un momento particular suelen ser rápidas. En este caso, pueden servir de ilustración el anuncio del Primer Mandatario de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel tras los ataques realizados por éste a Hamas dentro de los territorios palestinos o la expulsión del Embajador estadounidense acreditado

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en el país, Patrick Duddy, luego que su homólogo y connacional, Philip goldberg, fuera acusado por el Presidente de Bolivia, Evo Morales, de liderar una conspiración interna y externa contra el proceso de cambios sociales que impulsa su gobierno.

Las declaraciones que emite el Presidente Chávez, así como sus discursos, se presentan de manera espontánea en muchas ocasiones, al menos en su forma exterior. Retomando el ejemplo de la expulsión del Embajador Duddy, se recordara que la decisión fue comunicada, no por vía de nota verbal, lo cual es la costumbre diplomática, sino de manera pública y haciendo uso de un lenguaje escatológico6.

A la luz de los elementos arriba señalados, sería todavía válido argüir que, por más impulsivos e irreflexivos que parezcan, pudieran formar parte de una estrategia, de una suerte de guión que refuerce su identidad frente al público de su interés y facilite la identificación emocional de dicho público con él. Incluso se esto fuera así y cada palabra del Presidente Chávez fuera indicada por un cuerpo de consultores, sigue siendo útil la hipótesis psicológica, ya que él, como todo ser humano, elige los consejos que desea acatar en función de sus propias disposiciones personales. En otros términos, él no está obligado a mostrar un estilo conflictivo interpersonal dentro de la esfera política si éste no es cónsono con lo que considera racionalmente conveniente. Pues inclusive la racionalidad es un rasgo humano.

Con base en el principio de consistencia entre la conducta y la personalidad, según el cual no importa que el estilo confrontacional sea o no producto directo del Presidente, en tanto es él quien elige hacerlo, surge una nueva interrogante, a saber, ¿cuáles son los rasgos de personalidad que lo impelen a conducirse (o a aceptar conducirse) de modo tal que provoque el conflicto? La contestación, si bien es especulativa por no contar

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(por ahora) con un sustento empírico, es: los rasgos narcisistas y paranoides de personalidad combinados con motivación de poder.

Como quiera que, siguiendo a Shifter (2007), no han sido pocas las evidencias del afán que tiene el Presidente Chávez por generar y expandir su influencia en la región, para lo cual se ha servido de discursos y acciones confrontacionales contra EEUU7 y todo aquél que lo contraríe, puede decirse que la propensión a provocar o caer en conflicto forma parte de su repertorio conductual como consecuencia de una alta motivación de poder sustentada en una susceptibilidad narcisista y una visión paranoide del entorno. A manera de explicación tentativa, puede decirse que la necesidad por alcanzar dominio sobre otros países o la región entera, que es la motivación de poder, es producida por un sentido hipertrofiado de autoimportancia. Este percepción de sí mismo, sea consciente o inconsciente, lo vuelve particularmente sensible a las acciones de los demás, de quienes aspira que le provean reconocimiento y que lo reafirmen en su fantasía de gloria y poder. En tal sentido, cuando las acciones de los otros no van en correspondencia con su expectativa, el Presidente Chávez desarrolla sentimientos de ira que, imposibilitado para aceptarlos dentro de sí pues dañarían aún más la autoestima que recubre con el narcisismo, proyecta en esos otros, a quienes entonces descalifica por considerarlos sus agresores. Este mecanismo, llamado proyección, es el fundamento de sus rasgos paranoides, los cuales explican su inhabilidad para disculpar las faltas que cree ver en los otros y su tendencia a considerar que existen conspiraciones en su contra.

Ahora bien, al aplicar la explicación psicológica anterior concretamente a la política exterior del Presidente Chávez y su estilo confrontacional se puede decir que:

El rasgo narcisista pudiera estar en la raíz de su búsqueda denodada por tener ascendencia regional. Así, por ejemplo, podría entenderse que los cuantiosos recursos económicos que ha manejado el gobierno

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venezolano, hayan sido tomados en parte para sustentar un esquema generador de nuevas relaciones de dependencia de los países menos desarrollados de América Latina y el Caribe, ya no con Estados Unidos, sino con Venezuela.

No se estaría cayendo en un desaguisado si se dijese que la relación de poder que mantiene Venezuela y, en especial, Chávez como cabeza visible de la política exterior, con los países que se incorporan a las iniciativas de cooperación venezolana (Vg. ALBA, Petrocaribe) satisface las necesidades de reconocimiento del presidente, de cuya voluntad depende el flujo de la ayuda, así como su cierre.

La motivación de poder cabe para explicar en parte las relaciones bilaterales de cooperación con los pequeños Estados del hemisferio, si se considera que así puede elevar las posibilidades de expansión del proyecto político “socialista”, en el entendido de que es necesario contar con alianzas o, por lo menos, con la aquiescencia de las demás naciones de la región para esquivar las denuncias que desde adentro y afuera se formulan al gobierno en temas como derechos humanos y democracia.

La propensión al conflicto con EEUU en particular, deviene de su necesidad narcisista de aceptación incondicional y protagonismo. Así, en tanto la nación del norte no le provee lo primero, sirve para el fin protagónico, toda vez que la confrontación con la primera potencia del mundo le permite ganar la atención de muchos y los elogios de aquellos que sienten disgusto por EEUU.

En otro sentido, la conformación de un bloque antiimperialista en la región podría significar un mayor reaseguramiento personal frente a temores de pérdida de poder derivados de posibles tendencias paranoides.

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No es un secreto que dicha amenaza de pérdida, real o no, es un miedo manifiesto del Presidente Chávez. Incluso, si el miedo no fuese tal, las palabras con las que lo denota, sirven secundariamente como distractor y agente homogeneizante en lo interno (Vg. conspiración del “Imperio”).

De igual modo, la consolidación del eje mencionado en el punto anterior simboliza la victoria sobre el adversario al cual, narcisistamente, se ha igualado: EEUU; pues allí donde éste fracasó (léase ascendencia sobre la región), él triunfa (con su propuesta de multipolaridad y cooperación sur-sur). Así, el aumento de la influencia regional concomitante, fortalece su poder y satisface a su ego hipertrofiado en un escenario donde, dadas sus tendencias a la simplificación cognitiva y rigidez de las creencias, los países, como las personas, se dividen en amigos y enemigos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

De acuerdo con el marco teórico de Hermann, puede sugerirse que los rasgos de personalidad del Presidente Chávez, narcisismo y paranoia, son determinantes en el estilo confrontacional de la política exterior venezolana de sus gobiernos, tanto por el hecho de que existen y se cumplen todas las condiciones que dicha autora y greenstein (en gallagher, 2005 y Kim, 2006) identifican como favorecedoras para la influencia del líder individual en la política exterior, como por el hecho de que, efectivamente, el Primer Mandatario ha aprovechado dichas condiciones para asumir el liderazgo en la conducción de la conducta exterior del Estado venezolano.

Las cuatro características personales que Hermann (2001) identifica como factores claves de influencia en materia exterior (creencias, motivos, estilo decisional y estilo

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interpersonal), generan una impronta distintiva, tanto en las estrategias de política exterior, como en el estilo con el cual se plasman dichas estrategias. Vale decir aquí que las cuatro variables personales están determinadas por los componentes narcisistas y paranoides del Presidente. Así, en cuanto a las creencias, se puede aducir que la visión del mundo político en términos de conflicto deviene de sus temores paranoides, los cuales lo vuelven más prono a responder de forma agresiva ante todo estímulo que considere hostil. Por otro lado, la motivación de poder que parece caracterizarlo tiene un sustrato narcisista. Al respecto podría sugerirse que, para el Presidente, las necesidades de admiración y fantasías de éxito sólo pueden ser alcanzadas mediante el ejercicio del poder, de aquí que busque tan afanosamente influir sobre los demás, llámense sociedad venezolana, naciones suramericanas o región latinoamericana. A su vez, las necesidades narcisistas de reconocimiento y trato especial lo convierten en una persona particularmente sensible a las respuestas de los otros, de suerte tal que toda respuesta que no esté en consonancia con las expectativas y deseos que desde su sentido hipertrofiado de autoimportancia se ha formulado, provoca sentimientos de rabia que descarga con las palabras y acciones que moldean el estilo confrontacional de la política exterior. En el estilo decisional del Presidente, específicamente en cuanto a su autoconfianza, propensión al riesgo y apertura a la información, es lícito suponer que tales características están marcadas por narcisismo, toda vez que éste componente de su personalidad lo lleva a considerarse un ser especial, con amplias capacidades, las cuales le sirven para moldear la estructura política regional y acaso también la internacional, a través del Socialismo del Siglo xxI y la multipolaridad. Así, con tal confianza en sí mismo, se cree capaz de correr riesgos y de actuar con base en la información que considere conveniente, la cual, por demás, debe ser cónsona con su visión particular de la política mundial, ya que en caso contrario significaría una herida a su narcisismo. Resulta evidente que con tales convicciones personales, la política exterior no puede ser menos

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que conflictiva, sobre todo, cuando está dirigida a aumentar la influencia del Presidente sobre la región.

Por último, en referencia al estilo interpersonal debe decirse que su efecto en la política exterior es, quizá, el más acentuado de los revisados hasta ahora. Como ha sido notorio durante los gobiernos del Presidente Chávez, el estilo de política exterior es netamente presidencial y, siendo así, son más directa y manifiestamente evidentes sus rasgos narcisistas y paranoides. De hecho, no escapa a la observación del lego que es en el trato con otros Jefes de Estado y de gobierno donde ha ocurrido la mayoría de los conflictos. En tal sentido y recordando las palabras de Hermann en torno al peso que tienen las variables personales en la estrategia y el estilo de política exterior, puede decirse que, tanto en la formulación de los planes (conformación de un eje antiestadounidense y difusión de la revolución socialista) como en el modo con el que se ejecuta (provocación del conflicto), la política exterior venezolana es una política personal, acaso personalista.

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Notas:

1 Conviene aclarar que dicha clasificación se emplea en el análisis de de-cisiones individuales y concretas. Así, las formulaciones presentadas en este trabajo, en tanto se refieren a una tipología de política exterior, de-ben ser consideradas como aproximaciones tentativas y de ningún modo concluyentes. Sin embargo, para poder hablar de un estilo de política exterior definido por el Presidente Chávez, es necesario constatar que él es el máximo decisor en dicha materia y, por tanto, el estilo deviene directamente de él o, al menos, tiene su aquiescencia.

2 “Al respecto dice Shifter (2007: 2) que el Presidente [...] Chávez ha recu-rrido a prácticas autocráticas y autoritarias para consolidarse en el poder. A raíz de estas prácticas ha concentrado una gran dosis de poder en sus manos con poco o ningún contrapeso”.

3 Por ejemplo, la denuncia de violación del espacio aéreo venezolano por un avión estadounidense que formulara el Presidente el año pasado, cuya evidencia (una foto) resultó ser tomada de Internet.

4 Estos rasgos solos de ningún modo representan criterio diagnóstico de los trastornos de personalidad.

5 Al respecto, resultan asaz comprehensivos los trabajos realizados por Kim, Chung-Hwan (2006) Political Personality and Foreign Policy Behaviour: A Case Study of Kim Jong-Il and North Korea’s Negotiating Behaviour Re-garding the Nuclear Issue; Byman, Daniel & Pollack, Kenneth (2001) Let Us Now Praise Great Men: Bringing the Statesman Back In, (los capítulos destinados a Adolf Hitler y Napoleón Bonaparte) y; Birt, Raymond (1993) Personality and Foreign Policy: The Case of Stalin.

6 “«Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis de mierda», remarcó Chávez en un acto político nocturno en el céntrico estado de Carabobo, en el que dijo que también ha ordenado el inmediato regreso a Cara-cas del embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo álvarez, «antes de que lo echen» de washington” (El Mundo.es Internacional, 12/9/2008).

7 Se tiene que coincidir con Shifter (2007: 8) cuando dice que el Presiden-te “Chávez se engrandece con el encendido intercambio de opiniones que se genera con los funcionarios del gobierno de washington, convir-tiéndolo en el en el centro de atención y consolidando su imagen cuida-dosamente labrada de paladín de los desposeídos.

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ÉTICA. VIDEO-POLÍTICA Y REDES SOCIALES

Rafael Jiménez Moreno*

RESUMEN

Las redes sociales se han convertido en una fuente, no solo de información, sino de valoración del mundo político. De igual manera, la irrupción del espectáculo en la política ha generado una intensa disputa, en torno al valor de los medios como de los mensajes que allí se dicen. El texto pretende mostrar algunos puntos de vista en torno a la ética política y la libertad de expresión.

Palabras claves: redes sociales, libertad de expresión, ética, democracia

* Comunicador Social (UCAB, 1994), Magister en Administración de Empresas (IESA, 2001). Actualmente se desempeña como Editor Asistente de la Revista Debates IESA. Correo Electrónico: [email protected], [email protected]).

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raFael jiMénez Morenorevista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012


ETHICS, VIDEO-POLITICS AND SOCIAL NETWORKS

ABSTRACT

The so called 2.0 world has been increasingly a source of measure and valuation of the political realm. The notion of spectacle in politics has generated an intense debate on the value of the media and its messages. This paper pretends to show some different points of view about politics, ethics and freedom of speech.

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étiCa. Video-PolítiCa y redes soCiales

Karl Kraus sostiene en uno de sus más cáusticos aforismos que los periodistas escriben porque no tienen nada que decir, y tienen algo que decir porque escriben. No seré yo, comunicador social de todas las horas, quien desmienta la sospecha del brillante polemista vienés, dado que si hoy me atrevo a concurrir ante ustedes ha sido porque previamente he escrito unas cuantas líneas a petición de un grupo de amables pero desprevenidos expertos en asuntos de ciencias políticas.

Me han puesto hablar de ética, video-política y redes sociales. y lo haré gracias a la mística todera característica de los periodistas, profesionales que nunca se han acobardado frente a ningún tema, a no ser el relacionado con el monto de los sueldos. Espero que luego de una divagación inicial pueda concluir en un aspecto vital para la salud de la democracia venezolana: la necesaria actualización del principio de libertad de expresión. Deseo iniciar mi intervención con un acto de sinceridad. Las siguientes palabras no estarán teñidas de «objetividad» alguna, debido a que esta manida entelequia siempre me ha parecido el burladero de todos aquellos sujetos que evitan llamar las cosas por su nombre. Por tanto, es conveniente decir que mis reflexiones parten de una perspectiva política liberal, aunque evitaré en todo momento pontificar como un talibán o vociferar incoherencias como un miembro de la barra brava.

De las muchas definiciones de democracia, me quedo con la propuesta por Ralf Dahrendorf a partir de las aportaciones de Karl Popper. El liberal alemán, nacionalizado británico, singularizó el sistema democrático como «la voz del pueblo capaz de crear instituciones que controlan el gobierno y hacen posible cambiarlo sin violencia» (Dahrendorf; 2003, 10). Me gusta este concepto porque no ancla el espíritu democrático en la realización de sucesivas elecciones y consultas populares ni en el cambiante entramado de dispositivos legales que muchos leguleyos pretenden hacer pasar por Estado de

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Derecho. Por el contrario, se nos dice que la evolución pacífica de una nación está vinculada con la posibilidad de un cambio pacífico de mando, con la actuación efectiva de las instituciones democráticas contra la voracidad del poder, y con la participación decisiva del pueblo en los procesos de consulta y decisión pública. Se trata, sin duda, de una visión que, puesta a idealizar la condición humana, no apela a los grandes hombres, sino más bien al talante republicano de la totalidad de los ciudadanos.

Sin embargo, el concepto de Dahrendorf pierde utilidad a la hora de vincular las nociones de democracia y video-política. En este sentido, resulta más ilustrativa la definición ensayada por el investigador norteamericano Albert Dicey (1905) quien concibe la democracia como un gobierno de opinión. Una perspectiva teórica ha servido para dar sustancia a los relatos distópicos construidos alrededor de los medios de comunicación de masas. Además de la capacidad alienante del dispositivo tecnológico, que a través de un bombardeo de imágenes y sonidos puede, supuestamente, alterar los estados de conciencia de las personas. También se pueden contabilizar los efectos negativos derivados de la mercantilización de la noticia.

El periodismo de investigación cedió su paso a un periodismo de amplia difusión de opiniones; opiniones, raras veces contrastadas con hechos y tradiciones ideológicas. En un ensayo publicado en la mítica revista Vuelta, en agosto de 1994, el polígrafo italiano Roberto Calasso califica la opinión como la túnica de Neso del pensamiento. “La opinión puede decir de todo, pero no puede decirlo todo. Porque la opinión tiene un estilo, y sólo estudiando sus mínimas peculiaridades de dicción se podrá tener acceso a los crímenes desmesurados, a los venenos familiares, al guiño de la propia muerte, en suma, como dice precisamente la opinión, a la realidad cotidiana. Seguimos todavía la retórica de la opinión, continuamos

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usando su figura capital: la frase hecha. ¿Cuál es el órgano de la opinión? La entera e inmensa red de la comunicación” (Calasso; 1994, 23).

No está solo Calasso en su suspicacia frente al denominado cuarto poder, principal suministrador del mercado de opiniones institucionales o subversivas. giovanni Sartori, en su panfleto Homo videns: la sociedad teledirigida, no se anda por las ramas a la hora de cuestionar el profundo daño que entraña para la vida democrática la conversión de la ciudadanía en teleaudiencia. De acuerdo con este autor, la televisión, punta de lanza de la industria mediática, anula la capacidad de análisis lógico abstracto del individuo y lo condena al mero acto de ver. Aunque las secuelas negativas también se expresan en la escasa independencia de la clase política, que, en lugar de atender una agenda propia de lucha, ya sólo se ocupa de gestionar los temas coyunturales planteados por los encuestados en programas informativos. Ellos dicen, con el comunista francés Alexandre Rollin, «tenemos que seguirlos, somos sus líderes».

La televisión, según Sartori, causa también la emotivización de la política, esto es, una política dirigida y reducida a episodios emocionales. “La cuestión es que, en general, la cultura de la imagen creada por la primacía de los visible es portadora de mensajes «candentes» que agitan nuestras emociones, encienden nuestros sentimientos, excitan nuestros sentidos y, en definitiva apasionan (…) Apasionarse está bien cuando se hace en su momento y su lugar, pero fuera de lugar es malo. El saber es logos, no es pathos, y para administrar la ciudad política es necesario el logos” (Sartori; 1997, 119).

En Venezuela, el enfrentamiento de los sistemas público y privado de televisión produjo como consecuencia la exaltación del pathos y el surgimiento de un fuerte clima de polarización política, que ya no tiene un correlato apropiado en

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la distribución de la propiedad de los medios de comunicación. Tras haberse registrado una suerte de equilibrio de impotencias (de acuerdo con el francés Alain Touraine) los acontecimientos políticos vividos entre el 11 y 13 de abril llevaron al gobierno a emprender una política de hegemonía comunicacional, de dominación del espectro radioeléctrico. De llegar a contar, en 1998, con dos emisoras de radio y un canal de televisión; pasó a tener, una década más tarde, cinco televisoras nacionales e internacionales ideológicamente sincronizadas y 35 televisoras comunales con orientación progubernamental. Una explosiva fuente de video-política que se ha consolidado con el efecto propagandístico de dos circuitos radiales de cobertura nacional (con 200 emisoras afiliadas), 600 estaciones de radio comunales con orientación progubernamental, una agencia nacional de noticias, 72 periódicos vecinales con orientación progubernamental, 24 sitios web y 66 portales de comunicación bolivariana alternativa. Bastó una década para que la revolución bolivariana se convirtiera en el primer comunicador mediático del país, gracias al efecto consolidado del parque propio, el para-estatal y las 3 mil horas gastadas por Chávez en cadenas radiotelevisivas (Pasquali, 2008).

Uno de los grandes hallazgos del historiador canadiense Harold Innis fue darse cuenta de que cada nuevo medio de comunicación tiende a crear un peligroso monopolio de conocimiento (Burke; 2002). A pesar de que los gobiernos y las grandes corporaciones de medios privados han intentado colonizar o reglamentar los nuevos medios de comunicación, podemos decir que existen numerosos lugares de libertad en el ciberespacio. y si bien, internet nos ha traído virus troyanos y gusanos, spams e imágenes adulteradas por Photoshop y foros de discusión que representan la antítesis del ágora griega, también es cierto que ha contribuido a la publicación de nuevos contenidos, y ha coadyuvado a la consolidación de fuentes alternativas de información para una audiencia recelosa de la veracidad de las noticias y datos puestos a circular por

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despachos oficiales y medios de comunicación tradicionales, tal como ocurrió, por ejemplo, en el año 2003, con la invasión de Irak por parte de Estados Unidos.

La escuela espontánea de periodismo ciudadano ha surgido en la esfera privada como un intento, si se quiere liberal, de oponer un contrapoder civil a un poder también civil. Un equilibrio de poderes que pretende operar en el mundo de la información libre, oportuna y veraz. Un mecanismo de reforzamiento de los tejidos institucionales. Una iniciativa que hace de la democracia una suerte de página wiki, en permanente construcción por parte de un amplio conjunto de usuarios «empoderados».

La masificación de la conexión banda ancha, que ha permitido la transmisión de pesada información multimedia en cuestión de segundos; y la creación de decenas de herramientas de software, que ha facilitado la emisión y distribución de textos, fotos y videos, han redundando en la consolidación de las redes sociales tipo Facebook y Twitter; las cuales, a pesar de tener su lado banal, como por ejemplo aquella de que Fulano «tagueó» a Sutano en una rumbita en Playa El Agua, o de que Pepe y María informan a todo el mundo de que están en una relación, han servido para encender el ambiente político en Irán, Moldavia, China y guatemala.

Manuel Castells, en el estudio Comunicación móvil y sociedad: una perspectiva global, nos dice: “La comunicación inalámbrica expande el terreno de la autonomía frente a los medios de comunicación de masas que caracteriza a Internet. Las redes horizontales de comunicación y las múltiples fuentes de información a escala global permiten una difusión relativamente autónoma y el intercambio de información, ideas e iniciativas. Las comunicaciones inalámbricas amplifican dicha autonomía mediante la capacidad de crear redes de información que conectan, de forma instantánea o en el momento escogido, a individuos conocidos desde cualquier

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punto a cualquier otro punto. Esto ha creado un medio de comunicación de gran volumen que es, al mismo tiempo, personalizado: en la mayoría de casos, los mensajes se reciben desde emisores conocidos. Este elemento la distingue de la distribución masiva de mensajes desde un emisor a diversos receptores mediante dispositivos móviles. La lógica de una red en cadena desde fuentes identificables aumenta la credibilidad del mensaje, y se convierte en una forma efectiva de propagar la información que se considera fiable” (Castells; 2006, 391).

Este nuevo entorno mediático, trae consigo algunos problemas:

• Problemas desde la perspectiva del emisor: Las personas que sirven de contrapeso civil a un poder civil lo hacen bajo una formación intelectual en medios tradicionales. Lo nuevo es la plataforma tecnológica. El enfoque de selección y tratamiento de los contenidos es viejo. De hecho, no pocas veces los periodistas ciudadanos copian los vicios de los tabloides sensacionalistas o tendenciosos. Son, pues, paparazzis ciudadanos.

• Problemas desde la perspectiva del receptor: Demasiada información plantea la denominada paradoja de la plenitud, concepto que Joseph S. Nye, profesor de la Escuela de gobierno de la Universidad de Harvard, aborda en los siguientes términos: “Una plenitud de información produce una pobreza de atención. Cuando estamos abrumados por el volumen de información al que nos enfrentamos resulta difícil saber en qué debemos concentrarnos. La atención -y no la información- se convierte entonces en un bien escaso, y quienes logran distinguir las señales valiosas de las interferencias ganan poder. Quienes editan, filtran y asesoran cada vez están más solicitados y esto supone una fuente de poder para quien pueda decirnos hacia dónde dirigir nuestra

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atención (...) el poder relativo a la circulación de datos lo obtienen quienes pueden preparar y validar fiablemente la información, clasificando lo que es correcto y lo que es importante (...) La credibilidad del emisor se torna entonces un valioso recurso de poder debido al diluvio de información gratuita y a la «paradoja de la plenitud» propia de la era de la información (Nye; 2003, 103)”

• Problemas desde la perspectiva del mensaje: Los mensajes son instantáneos y multimedia, enviados de manera simultánea a usuarios de diversas plataformas tecnológicas. Redactados casi siempre en función de un límite de palabras. Esto es, los 140 caracteres de Twitter desplazan a las cinco preguntas del periodismo tradicional.

• Problemas desde la perspectiva del código: El surgimiento de un nuevo lenguaje vinculado a la mensajería de texto y los status de las redes sociales.

• Problemas desde la perspectiva del canal: No todos tienen acceso. Existen también los denominados analfabetos tecnológicos. otro peligro: Confundir al canal con la realidad.

• Problemas de legitimación de voceros y líderes: ya no son los puntos de ratings la fuente de legitimación de la video-política, sino la cantidad de visitas en youTube y el número de amigos en Facebook o de seguidores en Twitter.

Se echa de menos una ética liberal de moderación del nuevo poder. Mientras mayor es el poder, la responsabilidad asumida limita la libertad de expresión. La explosión de la web 2.0 nos invita a parafrasear a Benjamin Constant y plantear la transición de «la libertad de expresión de los antiguos» a «la libertad de expresión de los modernos». Un nuevo concepto

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de libertad de expresión que exige la necesidad de repensar un marco ético más completo para la experiencia democrática.

Es tiempo ya de que al socialismo del siglo xxI (¿?) se le anteponga una concepción de la libertad de expresión también del siglo xxI. Por ello, resulta impostergable poner en vigor la recomendación formulada por el eminente comunicólogo venezolano Antonio Pasquali (2009): “Con la venia del purismo jurídico, es el momento de relativizar las vetustas definiciones de «libertad de expresión» heredadas de épocas cuyo menguado horizonte comunicacional era el ‘parler, écrire et imprimer libtrement’ (1789). Las tecnologías las han envejecido, desplazando la frontera de la libertad de «expresión» a la de la «comunicación». Llevamos dos siglos totemizando el anglosajón ‘freedom of speech and of the press’ norteamericanos de 1776 y 1791, y la ‘libertad de opinión y expresión’ de la oNU de 1948 (…) La diferencia entre mi libertad de expresarme con un artículo al mes en un solo periódico y la del autócrata que se expresa en cadenas multimediales ante el país entero y cuando le viene en gana, indica a las claras que lo sustantivo del artículo 19 de la Declaración Universal es su nunca citada parte segunda, la que garantiza a todos una idéntica libertad de comunicarse ‘sin limitación de fronteras, por cualquier medio de difusión’. Donde veamos «libertad de expresión» hemos pues de leer «libertad de comunicar»”.

Compartimos con Antonio Pasquali que la «libertad de expresión del siglo xxI» debe abandonar la concepción lineal de tres siglos de antigüedad para sustituirla por un complejo prisma de cinco facetas indisociables, donde se incorporen las libertades no sólo de emisión sino también de recepción: 1) Libre selección del código expresivo (“Franco prohibió a los catalanes el uso de su propio idioma; lo mismo hizo Canadá con los inuit”); 2) Libre elección del medio para envío o recepción de mensajes (“limitar el uso de internet o cerrar por

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la fuerza un canal de televisión o una emisora de radio tipifican un doble cercenamiento de emisión/recepción”); 3) Libre acceso a fuentes informativas (“sus restricciones cercenan la libertad de recepción y generan un black-out o manipulación del mensaje”); 4) Libre escogencia de contenidos del mensaje (“cualquier tema no expresamente vetado por las legislaciones democráticas”); y 5) Libre selección de públicos receptores (“es el alcance del mensaje; la vieja noción de free low”). En palabras de Antonio Pasquali: “La «libertad de expresión del siglo xVIII» se agota en el cuarto aspecto; hoy concebimos que la moderna libertad de expresión no se da sin su co-presencia balanceada en las cinco mencionadas áreas. Todo lo anterior evidencia que en Venezuela sí sufrimos un importante déficit de libertad comunicacional por graves limitaciones en los puntos 2, 3 y 5. De los dos contrincantes, es entonces el gobierno el que miente. En efecto, para demostrar que habría libertad de expresión, Chávez sólo puede apelar al debilitado argumento del siglo xVIII reduciéndola al cuarto aspecto, y fingiendo que los demás aspectos no existen”.

Limitar la libertad de expresión a la posibilidad de hablar o gritar en un sitio o en una circunstancia determinada equivale, en la práctica, a señalar que hasta en el ensangrentado espacio de un patíbulo podemos encontrar fehacientes testimonios de libertad de expresión (¿qué víctima no ha dirigido un postrero insulto a su verdugo antes de la ejecución de la pena de muerte?). A nuestro juicio, parece contener mayor hondura humana y legal que, en todo caso, el principio de libertad de expresión, en su manifestación más libertina e insultante, guarde estrecha relación, no con la posibilidad de que alguien recuerde la madre del gobernante en la plaza pública, sino con la certeza de que luego del desahogo verbal el protestante no vaya a ser reprimido. ¿o es qué acaso los únicos que tienen derecho a apelar a un léxico airado y pendenciero son los poderosos. ¿El pueblo llano no? Sin embargo, para alivio de puritanos y gazmoños, en el fondo no se trata de un

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problema de tacos y groserías, ya que resulta obvio que los rábulas del régimen aluden a la obscenidad inaceptable para, por carambola, cerrarle el paso a las ideas y críticas razonables que utilizan el mismo canal –la voz, el micrófono, la cámara, la hoja impresa– para exteriorizarse. Se busca de esta manera penalizar el grito para acallar de paso el tono directo, sincero y sereno. El tono verdaderamente democrático.

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gLOBALIzACIÓN Y DEMOCRACIA EN VENEzUELA: ¿VIRUS O MEME? ¿INFECCIÓN Y REINFECCIÓN, O DIFUSIÓN Y ADAPTACIÓN?

Henry georget*

RESUMEN

Utilizamos el concepto de “meme” acuñado por Richard Dawkins para estudiar cómo la idea de democracia ha arraigado en Venezuela. Ponemos énfasis en el carácter cambiante e históricamente determinado de democracia y sus avatares en nuestro país al calor de los procesos de globalización. Concluimos que el concepto de democracia tiene una implantación sólida en Venezuela, pero no un significado unívoco y que la lucha por imponer una u otra acepción sigue su curso.

Palabras clave: Meme, democracia, liberalismo, populismo, Venezuela

* Licenciado en Historia, UCV (1990); Master of Arts in History, University of Illinois at Urbana-Champaign (1997); Master of Science in Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign (1999). Profesor instructor, EEPA, UCV, 1990-1994; Library Director and American History Adjunct Faculty, Keiser University, Kendall campus. email: [email protected]

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Henry GeorGetrevista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012


gLOBALIzATION AND DEMOCRACY IN VENEzUELA: VIRUS OR MEME? INFECTION

AND REINFECTION, OR DIFFUSION AND ADAPTATION?

ABSTRACT

we use the concept of “meme” coined by Richard Dawkins to study how the idea of democracy has taken root in Venezuela. we emphasize the changing, historically determined character of democracy and its avatars in our country under the globalizing process. we conclude that the concept of democracy is solidly established in Venezuela, but does not have a single meaning and that the struggle to impose a specific definition is ongoing.

Keywords: Meme, democracy, liberalism, populism, Venezuela.

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globalizaCión y deMoCraCia en Venezuela: ¿Virus o MeMe? ¿inFeCCión y reinFeCCión, o diFusión y adaPtaCión?

Introducción

Presentamos el presente trabajo como una contribución a la discusión sobre democracia y globalización. Quisiéramos hacer de entrada dos observaciones: Primera, no es una obra rigurosamente académica debido a circunstancias de tiempo y acceso a recursos; desafortunadamente, el trabajo se presenta de manera un tanto esquemática y sin suficiente apoyo del aparato crítico, sobre todo hacia el final. Segunda, el autor es historiador de formación, así que los politólogos deberán perdonar si incurro en simplezas o demuestro mi ignorancia en cuanto a los debates e ideas que definen a la Ciencia Política contemporánea. Hecha esta aclaratoria, espero que al menos las ideas presentadas sean dignas de consideración y reflexión. He adoptado un tono un tanto coloquial de manera deliberada con la esperanza de que haga más llevadera la lectura.

En 1976 Richard Dawkins, en su magistral libro The Selfish Gene, introdujo el concepto de “meme”. Buscando una regla universal de la biología que tuviera la misma validez y aplicabilidad que las leyes de la física, Dawkins planteó la idea de que toda forma de vida evoluciona de acuerdo a un diferencial de supervivencia de entidades reproductoras. Especulando que aparte del ADN podría haber otros replicadores, trasladó el concepto al campo de la cultura humana. El equivalente cultural del gen es el “meme” (pronunciado en inglés de modo que rime con gene, gen). El meme puede ser una idea, frase, modo de hacer algo, una moda, un paso de baile, etc. Los memes se propagan de cerebro a cerebro de modo parasitario y pueden agruparse en complejos coadaptados. Por ejemplo, la idea de democracia puede ir asociada con la idea de una persona, un voto. Esta última idea puede hacerse tan fuerte que se haga inseparable con la primera, de modo que no reconozcamos a un sistema como democrático si no existe el principio de un voto por persona. De ese modo, otras ideas de voto asociadas a la democracia pueden verse bloqueadas por el complejo democracia/una-persona-un-

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voto, convirtiéndose en un conjunto estable desde el punto de vista evolutivo. Los memes también evolucionan por un proceso de selección natural, sujetos a variación, mutación, competencia y herencia.

Un ejemplo de meme exitoso es el concepto de meme mismo, incluido en los diccionarios de lengua inglesa y usado ampliamente en círculos académicos. Por otra parte, el concepto de meme es neutro; puede referirse tanto a ideas positivas como negativas, incluso dañinas para el portador. En el contexto de este trabajo, no obstante, hemos optado por usar el término meme en un sentido positivo, como algo orgánico e intrínseco al organismo social; mientras que usamos “virus” para referirnos a un idea invasiva, externa y ajena, con efectos negativos para el huésped. Entonces, ¿Podemos referirnos a la idea de democracia en Venezuela como un virus o un meme? Ése es el asunto de estas líneas1.

I. ¿De dónde vienen las ideas?

La pregunta puede parecer ociosa, pero está íntimamente vinculada a nuestro tema. Por una parte, tenemos la antigua polémica entre materialismo e idealismo. Para los últimos, las ideas no son sólo un reino autónomo, sino la fuente de toda realidad. Para los materialistas, no obstante, es la materia la que determina las ideas y, más concretamente, las condiciones materiales determinan las formas de pensamiento. Marx y Engels expresaron esa idea de manera compacta: Life is not determined by consciousness, but consciousness by life (Marx-Engels; 1932: I.A.4). Así, el reino de las ideas no tiene una existencia separada, sino surge de la actividad vital (productiva, en su forma más reduccionista).

Aunque partiendo de un análisis no limitado estrictamente a la religión, sino tomando en consideración las condiciones sociales y económicas del período de la Reforma, Max weber

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planteó un rol importante de la religión en el proceso de desarrollo del capitalismo. La avaricia es universal en el tiempo y en el espacio: hombres y mujeres de toda condición y en todas las épocas han buscado beneficios materiales. Pero para weber lo resaltante del capitalismo no es la acumulación para el disfrute, ni la vida dispendiosa; sino la acumulación para la reproducción del capital y la postergación del goce de una manera casi ascética. weber coloca en el centro del proceso de surgimiento del capitalismo la ética protestante, con su idea del “llamado” (calling en inglés, Beruf en alemán) y más específicamente calvinista, con el dogma de la predestinación (weber; 1958: 79, 98-112).

ya sea que suscribamos un enfoque materialista o idealista (y el autor de estas líneas se inclina por la primera) no podemos negar que el mundo de las ideas tiene una dinámica propia y que las ideas concurren a un espacio (apropiadamente llamado “mercado” en nuestra realidad capitalista) donde se confrontan, se refutan, se apoyan y se transforman, no sólo en función de las condiciones materiales que les dieron origen, sino a través de mecanismos sociales de propagación y discusión, como la televisión, la Internet, la mensajería móvil, la radio y hasta el boca a boca, las bolas y los rumores. Ésa es la arena en que se desenvuelven los memes.

II.- Democracia, ¿concepto introducido de contrabando?

La democracia en Venezuela no es, obviamente, una idea autóctona. Su llegada a nuestras costas podríamos decir que es en forma de contrabando, en el equipaje de otras ideas como “independencia” o “república”. Al plantearse la independencia de España y proponerse una forma republicana, se estaba proponiendo solapadamente, algún tipo de régimen democrático, como veremos.

A diferencia de otras naciones de Iberoamérica, como Brasil, México y Haití, que fueron total o parcialmente

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monarquías e incluso imperios, en Venezuela sólo se consideró seriamente la forma republicana y es el único tipo de gobierno que hemos tenido desde la independencia. La república tiende a ser implícitamente más o menos democrática, y es en este punto cuando conviene aclarar un poco a qué nos referimos cuando usamos este término.

Vemos a la democracia como un concepto emergente y en construcción. Podemos decir que sociedades como la Atenas de Pericles, los Estados Unidos de Jackson, la Francia de León Blum o la Alemania de ángela Merkel han sido o son democracias, pero en cada caso nos referimos a realidades muy diferentes. Dependiendo de la clase social, la raza, el sexo, la edad, o la condición de inmigrante, una persona podía ser considerada ciudadana con pleno derecho en algunos de estos ejemplos, o estar completamente excluida. Por otra parte, la expansión del universo de ciudadanos con plenos derechos ha distado de ser un proceso uniforme y en ascenso. Por el contrario, ha habido numerosos avances y retrocesos, siendo aquéllos por lo general el producto de denodadas luchas.

En Venezuela los derechos civiles, y en particular el derecho de elegir y ser elegido estuvieron muy restringidos en los primeros 40 años de vida republicana. Estas restricciones reflejaban las tendencias políticas imperantes en Europa más que en los Estados Unidos, en particular el sufragio censitario. Para votar era necesario no sólo ser varón mayor de edad, sino disponer de propiedades y/o rentas determinadas. Además en algunos casos las elecciones eran indirectas. El resultado es que el electorado representaba un porcentaje muy pequeño de la población total e incluso de la población masculina (Fundación Polar; 1997: II, 201-203).

Una voz solitaria objetaba este tipo de régimen, un pensador original (quizá el único que ha tenido Venezuela) llamado Simón Rodríguez, quien abogaba por una “República social” basada en una educación popular que no excluyera a nadie

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por su raza o por su condición social. Una población educada sería una sociedad de ciudadanos con criterio (Rodríguez; 1982: 86-89, passim).

III.- Democracia en expansión

A lo largo del siglo xIx se produce una expansión paulatina del universo electoral al irse reduciendo, hasta eliminarse, los requisitos de propiedad y/o renta. Por otra parte, la abolición de la esclavitud abre formalmente la puerta a un sector de la población hasta entonces totalmente excluído. Sin embargo, los avances son contrarrestados a veces por retrocesos, como la implantación de elecciones indirectas en lugar de directas o la inexistencia del voto secreto.

Este proceso de retroceso alcanza su momento culminante en la primera mitad del siglo xx, cuando la llegada de los andinos al poder conduce a un régimen autocrático disfrazado de democracia, pero con elecciones de tercer grado, exclusión de los analfabetas (en un país abrumadoramente analfabeta) y “reformas” constitucionales a la medida del dictador.

Pero hacia mediados del siglo, la tendencia vuelve a revertirse temporalmente con la llegada de Acción Democrática al poder tras los eventos del 18 de octubre de 1945. Se establece entonces el sufragio universal, directo y secreto para hombres y mujeres mayores de edad, sin restricciones por causa de analfabetismo. Tras la elección de una Asamblea Constituyente y la redacción de la Constitución de 1947, se realizan unos comicios con libertades sin precedente en Venezuela, en el que resulta electo Rómulo gallegos. En este período surge con fuerza la radio, que desempeña un papel protagónico en la difusión de los acontecimientos y en el discurso político de la época.

El derrocamiento de gallegos marca un nuevo paréntesis en el proceso que venimos reseñando, con la subida al poder

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de la camarilla militar encabezada por Marcos Pérez Jiménez. La dictadura intenta legitimarse mediante un nuevo proceso constituyente en 1952, pero fracasa estrepitosamente al votar el pueblo masivamente en contra de la fuerza oficialista. Queda entonces al desnudo el carácter arbitrario y antidemocrático del régimen.

IV.- Democracia y sociedad de masas (medios, cultura pop y cultura popular, globalización).

A partir de 1958, se reinicia un período democrático mediado (y media-tizado) por los medios de comunicación de masas. Aquellas masas que habían irrumpido en 1936, 1945 y 1958, al abrirse períodos de transición democrática, ahora se van a instalar permanentemente en el discurso político y en la re/presentación social. A la prensa, la radio y la televisión, que traen noticias locales e internacionales con una demora mínima, se le va a sumar, mediados los años 60, el satélite de comunicaciones en órbita geoeatacionaria que permite la transmisión de imágenes de TV “en vivo, directo, vía satélite”, como se empeñarán en destacar los locutores de la época. Comienza entonces a producirse una reducción acelerada de las barreras espacio-temporales. Los venezolanos pueden no sólo ver la llegada del hombre a la Luna en julio de 1969, o la Copa Mundial de Fútbol en México en 1970; sino vivir también casi en el momento de producirse la ofensiva del Tet en Vietnam (iniciada a finales de enero de 1968); el asesinato de Martin Luther King, Jr. en abril; las protestas estudiantiles en París en mayo; el asesinato de Robert Kennedy en junio; el aplastamiento de la Primavera de Praga por el Pacto de Varsovia en agosto: la violencia en Chicago durante la convención del Partido Demócrata ese mismo mes; todo esto solamente en 1968. obsérvese que en 1970, la invasión estadounidense de Camboya, en el marco de la guerra de Vietnam provoca, no sólo las manifestaciones en Kent State University y la muerte de 4

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estudiantes (inmortalizada en la canción Ohio de Neil young) sino protestas globales, incluyendo la UCV, donde también mueren estudiantes abaleados.

Los década de los 60 es la década de la globalización emergente gracias a las telecomunicaciones, que permiten que la “fábrica de sueños” de Hollywood, ahora acompañada por la mini-fábrica televisiva, difunda el modo de vida americano como nunca antes. No en balde Sukarno se quejará de que una película de Doris Day en la que aparece en la cocina junto a un refrigerador puede tener efectos revolucionarios en un país donde una nevera es un lujo (MacLuhan y Fiore; 1967: 65).

En Venezuela, los programas enlatados muestran la cotidianidad de la sociedad de consumo estadounidense, en la que una familia de clase trabajadora vive en una casa propia, con jardín, carro(s) y todos los enseres electrodomésticos al uso. En un país en el que la penetración estadounidense es muy superior a la de otros países latinoamericanos, debido a décadas de explotación petrolera, no es de extrañar que Venezuela sea el único país suramericano donde el béisbol es un deporte de masas, el deporte de masas por excelencia. Recuerdo, si se me permite referir una experiencia personal, crecer viendo comiquitas en inglés, sin doblaje y sin subtítulos(!) La música que venía del norte no era para nosotros Rock and Roll, sino “música americana” (aunque formara parte de la “invasión inglesa”, como los Beatles o los Rolling Stones).

Por lo demás, la programación televisiva, ya fuera nacional o enlatada, mostraba el modo de vida americano como el ideal a seguir, ya fuera “Hechizada” o “Casos y cosas de casa” (versión tropical de I Love Lucy con Desi Arnaz y todo, encarnado en Jorge Félix). Inevitablemente, los enfoques morales y problemas sociales de la sociedad americana se filtraron en las conciencias venezolanas. Recuerdo que usar colores vivos para vestir estaba negado para los hombres. Mi papá, por ejemplo, jamás habría ido a un juego de pelota con

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una camisa roja (¡ni hablar de rosada!). Por otra parte, veíamos en TV “Mi bella genio” bastante ligera de ropa, aunque nunca pudo mostrar el ombligo. En la serie “Viaje a las estrellas” el capitán Kirk y la teniente Uhura hicieron historia con uno de los primeros besos interraciales en la TV estadounidense.

¿Cómo se relacionan estos datos culturales del proceso de globalización con el proceso democrático en Venezuela? Por una parte, el crecimiento sostenido de la economía y del estándar de vida venezolanos (crecimiento sostenido e ininterrumpido desde 1936 hasta 1977) al amparo de la renta petrolera, generó una nueva realidad social: Una clase media numerosa, una esperanza de vida creciente, gracias al control de enfermedades endémicas, un alto grado de alfabetización. Haciendo uso de nuevo de mi memoria, recuerdo que en los años 60 y 70, si una persona tenía un trabajo regular, del tipo que se podía obtener con un título de bachiller, podía aspirar a comprarse un carro, enseres electrodomésticos e incluso una vivienda (el problema principal no era el costo, sino la disponibilidad). Muy pocas sociedades latinoamericanas experimentaban una situación similar.

obviamente todo esto era posible gracias a la renta petrolera y el Estado sirvió una función redistribuidora medianamente aceptable. Aunque el factor capital recibía una remuneración mayor que el factor trabajo (y recordemos que la mayoría de los fondos provenían del Estado), al menos los resultados en materia de educación y salud permitieron que amplias capas antes marginales de la sociedad mejoraran su situación.

Como acertadamente señala Manuel Caballero, ver los 40 años del llamado “puntofijismo” (la democracia producto la irrupción popular del 23 de enero de 1958) como un todo indiferenciado es negar la realidad histórica. Esos 40 años pueden dividirse en 2 partes más o menos iguales: un período de “ascenso” y uno de “caída” (Caballero; 2000: 9). Es en el

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período de ascenso en el que encontramos los rasgos que otorgan durabilidad al concepto de democracia en nuestro país, mientras que el período de caída ha puesto a prueba su vigencia. El período llamado “quinta república” abierto a partir de 1999 merece discusión aparte.

El carácter amplio y unitario de la lucha contra la dictadura perezjimenista se vio reflejado en las posiciones adoptadas y luchas emprendidas por la Iglesia, estudiantes, empresarios, obreros y finalmente los militares. La unidad de las Fuerzas Armadas, rota en 1945, no había sido restablecida en la práctica, a pesar de las depuraciones de Pérez Jímenez, que llevaron a la cárcel, al retiro o al exilio a centenares de oficiales. Dicha unidad tampoco se logró con la caída de MPJ, como lo evidencian los numerosos movimientos militares de 1958 y durante el mandato de Rómulo Betancourt. De hecho, el restablecimiento de la unidad de mando de las Fuerzas Armadas en la persona del Presidente de la República (un civil) va a ser la primera prioridad de RB.

La década de los 60 fue, a pesar de la convulsión política que significó la lucha armada por parte de la izquierda marxista, un período de crecimiento económico extraordinario en nuestra historia. Parece increíble recordar que durante esa década, los dos países de mayor crecimiento en el mundo fueron Venezuela y Japón. El apoyo al gobierno de Betancourt por parte del campesinado se mantuvo sólido, a pesar de los intentos del PCV y del MIR de crear guerrillas rurales.

*** Explicar cómo la idea de democracia se fortaleció en los 60 y 70 a pesar de los retos extrademocráticos de izquierda y derecha. Ejemplo de conversación con mi padre sobre golpes de estado. ***

*** Explicar cómo se retrocedió en los 80 y 90. La crisis económica, aunada a la falta de coraje y liderazgo político (Lusinchi y la quema de reservas, CAP y la ilusión del retorno a

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los 70) llevó al descrédito del sistema. El caracazo y los golpes de 1992 como puntillazos finales. ***

V.- La quinta república.

*** El desmantelamiento de las instituciones de la 4ta y su reemplazo no por instituciones de la 5ta sino por un liderazgo personal. HRCF líder no en cuanto presidente sino en cuanto HRCF ***

VI.- Democracia arraigada pero, ¿Cuál democracia?

A manera de conclusión, podemos señalar lo siguiente: El concepto de democracia llegó a nuestras costas a comienzos del siglo xIx, asociado a las ideas de independencia política de España y a la forma republicana. Como en todas partes, la democracia, inicialmente muy restringida por razones de clase, sexo, raza, edad e ingreso, fue expandiéndose; pero no de una manera progresiva y sin interrupciones ni retrocesos, sino conflictivamente. A comienzos del siglo xx parecía casi extinta, pero el rápido desarrollo a caballo de la explotación petrolera la puso sobre el tapete nuevamente. El liderazgo político venezolano, a través del estudio, la práctica política, la cárcel y el exilio, afinó la concepción de democracia, siempre con un marcado sentido social e igualitario.

El proceso abierto en 1958 produjo enormes mejoras económicas, políticas y sociales, pero no lo suficientes ni duraderas como para avalar totalmente la idea de democracia. En particular, los venezolanos parecen esperar, más que derechos políticos y participación en la toma de decisiones, derechos sociales y participación en el reparto de la renta fiscal. Aún así, la mayoría apoya la democracia como sistema y la prefiere a cualquier otro, a pesar de sus deficiencias2.

En cuanto a la dicotomía presentada al comienzo del trabajo sobre la democracia como virus o meme, pensamos que el

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proceso de globalización es inseparable del auge de la democracia como idea. Quienes piensan que la forma “venezolana” de democracia se construye sobre la base del rechazo a la democracia liberal o la democracia representativa, sin duda conciben a éstas como virus en el organismo nacional. Pero no deben olvidar que las formas alternativas planteadas (más bien por plantear) se construirán, o se están construyendo, si se quiere ser optimista, más que en Venezuela, en otras partes del mundo, con el concurso de pensadores, políticos y dirigentes sociales a escala planetaria, comunicados entre sí como nunca antes.

Por nuestra parte creemos que la “ruptura” puesta sobre el tapete a partir de 1999 (y antes) es más aparente que real y no representa más que epidérmicamente un cuestionamiento de los supuestos sobre los que se construyó la democracia en 1958. Ciertamente hay un rechazo al “puntofijismo”, pero éste no es la esencia de la democracia venezolana, su esencia tiene que ver con estabilidad política y social garantizada por la renta petrolera a través del papel redistribuidor del Estado.

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Notas:1 No es este el lugar para reseñar las críticas (justificadas) que los se-

miólogos han hecho del concepto de “meme” como versión diluida del término “signo”. Ver, por ejemplo, (Kilpinen: 2005?).

2 Como en la famosa frase de winston Churchill: It has been said that de-mocracy is the worst form of government except all the others that have been tried.

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MECANISMOS DE INTEgRACIÓN REgIONAL Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERNACIONALES: SOFT POWER Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA (CAN, UE Y ASEAN).

Sharon Aiko Manno*

Juancarlos E. Vargas**

RESUMEN

El concepto de soft power dentro de las teorías del poder ha sido especialmente útil para comprender los cambios más recientes que han operado en el sistema internacional y además constituye una nueva y controvertida herramienta dentro de la Teoría de las Relaciones Internacionales. Los autores de la obra “Power and Interdependence”, Joseph Nye y Robert Keohane desafían pero a la vez se apoyan en las teorías realistas para explicar el mundo globalizado, complejo e interdependiente en el que los Estados-

* Aspirante a Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Magíster en Asuntos Estratégicos (Universidad de la oNU-Universidad Nacional de Australia) y Magíster en Economía Internacional y Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sofía (Tokio, Japón). Licenciada en Estudios Internacionales (UCV). Profesora de Política Internacional en el Centro de Estudios de Postgrados de la FCJP (UCV) y Profesora de la Escuela Europea de gerencia (EEg, Valencia-España).

** Actualmente es Visiting Scholar, en la Escuela de Derecho de Duke University, Carolina del Norte, EEUU, como Becario Fulbright-Laspau. Aspirante a Doctor en Ciencias Políticas (UCV), Magíster en Derecho Internacional (Universidad Complutense de Madrid), Especialista en Derecho y Política Internacional (UCV) y Abogado (USM). Profesor de Derecho Internacional Público (UCV y UCAB). Profesor de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado del Centro de Estudios de Postgrado (FCJP, UCV).

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SHaron aiko Manno / JUanCarloS e. VarGaSrevista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012

Naciones son cada vez más débiles y donde nuevos actores ocupan el antes limitado escenario internacional.

Si bien estos autores explican cómo el soft power se manifiesta en situaciones de interdependencia compleja, una forma poco examinada de soft power, que sirve de fuente, fortalece e incluso ha redimensionado los procesos de integración regional. A través del análisis de procesos de integración tan diversos como el de la Comunidad Andina de Naciones, la Unión Europea y la Asociación de Países del Sudeste Asiático, queda demostrado el trascendental papel que juega el soft power durante el establecimiento y evolución de estos esquemas, pero además, el significativo y notable impacto del soft power como herramienta de política exterior de la cual pueden disponer con mayor eficiencia y eficacia en la medida que la integración avanza y se profundiza.

Palabras clave: Soft power, interdependencia compleja, concertación política, Comunidad Andina, Unión Europea y Asociación de Países del Sudeste Asiático.

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MeCanisMos de integraCión regional y la resoluCión de ConFliCtos internaCionales: soFt PoWer y ConCertaCión PolítiCa (Can, ue y asean).


REgIONAL INTEgRATION MECHANISMS AND INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTION: SOFT POWER AND POLITICAL AgREEMENT

(CAN, EU, ASEAN).

ABSTRACT

within the framework of the power theories, the concept of soft power has been useful to understand the most recent changes that have been taking place in the international system. It also represents a newly and controversial tool in the context of the International Relations Theory. The authors of the essay “Power and Interdependence”, Joseph Nye and Robert Keohane, challenge but at the same time use realistic theories in order to explain the complexity and interdependence of a globalized world in which Nation-States get weaker while new actors fill the once limited international scenario.

Although these authors explain how the soft power appears in situations of complex interdependence, there is a sort of soft power not very well examined, which serves as a source, strengthens and has even remodeled the regional integration processes. Through regional integration processes analysis as diverse as the Andean Community, The European Union and The Association of Southeast Asian Nations, it becomes clear the significant role played by the soft power in the establishment and evolution of these schemes, but also the soft power remarkable and significant impact as a tool of Foreign Policy which can be used with more efficiency and effectiveness as the integration process advances and deepens.

Key words: Soft Power, complex interdependence, political concertation, Andean Community, European Union and the Association of Southeast Asian Nations.

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I. Introducción

El concepto de poder ha sido objeto de diversos análisis y debates en las ciencias sociales, pero el más ampliamente utilizado es el relacionado con la capacidad para ejecutar acciones y obtener los resultados que se desean, a través de la autoridad, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Esta definición de poder, sugerida por Max weber, enfatiza que tal capacidad o influencia existe incluso en contra de la voluntad de otros actores, en un contexto determinado.

Con esa breve definición, pareciera que las diferencias entre poder y otros conceptos como influencia, autoridad, fuerza, coacción, y dominación son muy vagas o ambiguas. Autores como Bierstedt (1964), arguyen que el concepto de poder siempre es compulsivo; en cambio aquello a lo que podemos someternos de manera voluntaria, a través del convencimiento y no la fuerza, es sólo “influencia”, más no poder. Sin embargo, al realizar un análisis mucho más crítico del concepto, es posible encontrar perspectivas y teorías, entre las que destaca una sociológicamente muy interesante porque evalúa el ejercicio del poder sin el uso de la fuerza, la amenaza o la autoridad.

El concepto de soft power, introducido por Joseph Nye, objeta las definiciones de weber y de Bierstedt (1964) y amplía el análisis en materia de poder dentro de las relaciones internacionales. Para Nye (2004), el poder consiste en la capacidad para obtener lo que se desea a través de la atracción y no la coacción, coerción o disuasión. Específicamente en las relaciones internacionales, el poder se obtiene a través del atractivo de la cultura, los ideales políticos y las políticas de un país que resultan atractivos a otros. En este caso, el poder no es sinónimo de los recursos que lo producen, aunque los requiere.

El soft power trata mucho más de una estrategia efectiva al momento de dar forma a las preferencias de otros. El atractivo depende de dos aspectos neurálgicos, la

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legitimidad y la autoridad moral. Nótese que no se señala la autoridad como la entendida por weber para explicar el concepto de poder, sino más bien la combinación de varios recursos entre los que destacan la cultura, los valores políticos, y la política exterior. Por tratarse de un concepto antagónico al de hard power y mucho más amplio que el concepto de poder tradicionalmente utilizado por la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales, no extraña que se le haya asociado también con estudios y análisis de estrategias para la resolución de conflictos.

La integración regional constituye otro fenómeno que también ha sido ampliamente estudiado por sus implicaciones para la consecución y el mantenimiento de la paz. Por ejemplo, Karl Deutsch (2006:51) aborda la integración a partir de la noción de “comunidad de seguridad”, y según él, los países que se integran en una comunidad de seguridad, resuelven sus disputas por vías pacíficas y eliminan el flagelo de la guerra. Para efectos de este ensayo, se entiende por integración regional la transformación de países previamente separados, en componentes de un sistema coherente donde existe un grado significativo de interdependencia y un propósito convergente con objetivos previamente valorados por todas las partes. Por lo general, los procesos de integración ocurren entre países soberanos, situados de manera próxima en una misma región, y gracias a la voluntad del poder político de los Estados.

Este artículo plantea como eje central la interrogante acerca de ¿si soft power e integración pueden ser fenómenos considerados simbióticos, y si su combinación disminuye las posibilidades de hegemonías dentro de una región determinada? Como se dijo antes, abundan los estudios sobre el efecto pacificador que tiene el proceso de integración regional, pero pocas veces se ha examinado cómo el soft power podría verse maximizado gracias a la integración regional y cómo a su vez el soft power es una precondición para impulsar procesos de integración exitosos.

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Asimismo, se le presta una importante atención a la relación entre soft power e integración, partiendo de las ideas expuestas por Joseph Nye y Robert Keohane en su obra “Power and Interdependence”. Para lograr este objetivo se analizará cómo surge el soft power en las relaciones donde existe interdependencia compleja y cómo en consecuencia, los esquemas de integración regional constituyen un espacio idóneo para el desarrollo del soft power. El término integración es bastante amplio, pero frecuentemente se le entiende como el proceso de unificación del territorio y de la población de los Estados contratantes. Este proceso avanza sobre la base de aproximaciones sucesivas, de etapas subsiguientes, cuya superación dependerá del grado de decisión política que estén dispuestas a adoptar sus integrantes (Morales Paúl, 1980: 112).

Son varios los esquemas de integración donde podría examinarse la relación entre interdependencia compleja y soft power como medio para solucionar e incluso prevenir conflictos internacionales, pero en este artículo se revisarán solamente tres procesos de integración regional: la Comunidad Andina (CAN), la Unión Europea (UE) y la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), cada uno de estos procesos son manifestaciones de mecanismos de integración en continentes diferentes, así como con características y evolución disímil. De este modo será posible evaluar el papel que el soft power y la paz como objetivos fundamentales o subyacentes, jugaron en el establecimiento de estos esquemas, y comparar sus efectos en materia de concertación política. Se tiene como premisa la importancia y el papel protagónico que los mecanismos de concertación y otras actividades relacionadas han tenido en la ambiciosa tarea de coadyuvar a mantener la paz.

En el caso de la CAN, se observa cómo a lo largo de su evolución se ha recurrido al soft power para contribuir a resolver problemas que han aquejado a la región andina y que van más allá de la estricta integración económica, como problemas fronterizos, estabilidad democrática, narcotráfico,

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amenazas a la seguridad, entre otros. La Unión Europea es un claro modelo de combinación positiva de integración y soft power. Allí se han incluido temas tales como la ciudadanía europea, los asuntos de justicia interior y una política exterior y de seguridad común, que suponen un connotado uso del soft power, así como la construcción de un nuevo tipo de soft power que pone mucho énfasis en la cooperación intra-europea y hacia el exterior.

Por otra parte, y más recientemente, llama mucho la atención el soft power de China y su impacto en la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) así como la posibilidad que este soft power induzca un proceso de integración asiático más ambicioso. La ASEAN, es un esquema de integración estudiado más que todo como un exitoso modelo de solución de controversias que como bloque económico y comercial, tiene una historia y un presente en el que la búsqueda de la paz, la seguridad y el crecimiento han sido su motor primario. Vale la pena analizar los elementos y factores que han permitido a los diez países que componen a la ASEAN mantener la paz por más de cuarenta (40) años, y además lograr el consenso en las decisiones adoptadas.

Este estudio invita una evaluación mucho más profunda del poder que bilateral y multilateralmente tienen estos tres esquemas de integración, especialmente el soft power de la Unión Europea sobre otras regiones como áfrica, Medio oriente y América Latina, o el soft power de China sobre la región de Asia Pacífico y América Latina; sin embargo, este trabajo se dedicará fundamentalmente a explicar cómo los procesos de integración arriba indicados, constituyen en sí mismos manifestaciones de soft power.

II. Soft Power e interdependencia compleja

Joseph Nye y Robert Keohane (2001), emplean un concepto de poder que se entiende como el recurso en las

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relaciones internacionales derivado de las asimetrías en la interdependencia. Este poder permite influir y orientar las relaciones entre actores internacionales. La interdependencia asimétrica entendida como una fuente de poder, es una idea que puede encontrarse también en los trabajos de Albert Hirschman (National Power and the Structure of Foreign Trade) y en el de Kenneth waltz (The Myth of National Interdependence).

Para Nye y Keohane (2001), el mundo globalizado es un mundo cada vez más interdependiente en economía, comunicaciones, aspiraciones humanas, etcétera. Según ellos, los tradicionalistas ni los modernistas cuentan con un esquema adecuado para entender la política de la interdependencia global. Los modernistas creen en la pérdida de vigencia de los Estados y de su control sobre la fuerza militar; mientras los tradicionalistas insisten que la interdependencia militar continua existiendo, pero no logran interpretar la interdependencia multidimensional de hoy. La noción del interés nacional es cada vez más difícil de usar como herramienta de análisis, puesto que la premisa de que los Estados actúan para maximizar su poder, se hace ambigua.

Tradicionalmente sólo la fuerza militar dominó cada uno de los campos del poder, pero ahora, los recursos que producen poder y capacidad para influir son más complejos. El poder, según los mencionados autores es la capacidad de un actor para lograr que otros hagan algo que de lo contrario no harían, o la capacidad para tener control sobre los resultados. Ahora, ese control sobre los resultados no depende exclusivamente del poder militar, por el contrario, los recursos de poder son variados y resultan de la dinámica de interdependencia entre las partes.

La interdependencia compleja se caracteriza por la existencia de canales múltiples que conectan diversas sociedades, incluyendo lazos formales entre élites gubernamentales e informales entre élites no gubernamentales, cara a cara y a través

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de telecomunicaciones; una agenda de relaciones interestatales con múltiples temas que no se organizan de manera jerárquica y en donde los temas de seguridad militar no dominan la agenda de manera consistente; y por último, la fuerza militar es descartada como una opción de solución de conflictos entre gobiernos donde predomina la interdependencia compleja, debido a que dicha fuerza militar puede ser irrelevante (Nye y Keohane, 2001:25).

III. Soft Power e Integración

Lindberg y Sheingold (1970) definen la integración como procesos mediante los cuales las naciones anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores e internas de forma independiente entre sí, buscando tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de decisiones a nuevos órganos centrales. Por su parte Mariño (1999) dice “se entiende por proceso de integración regional el proceso convergente, deliberado (voluntario) –fundado en la solidaridad–, gradual y progresivo, entre dos o más Estados, sobre un plan de acción común en aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera” (p.112). Para Sunkel (1970) “las definiciones de integración económica atestiguan las penurias que provoca la teoría tradicional ante hechos que no están a su alcance. Dicha teoría está implícita en la definición, de manera que ésta retiene la eliminación de los obstáculos” (p.29).

En todo caso, los procesos de integración invitan a la pregunta sobre las motivaciones que hacen a los Estados querer formar parte de una comunidad más amplia y ceder parte de su soberanía. Según wilhelmy (1988:56), dos pueden ser las respuestas, por una parte, el empleo de la fuerza, o la amenaza de usarla, por parte de una autoridad central o, en ausencia de esta autoridad, como ocurre en la vida internacional, por un Estado o coalición dotados de poder suficiente para utilizar la fuerza o dar credibilidad a la amenaza de hacerlo; y por la otra,

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la acumulación de valores e intereses compartidos, una situación a la cual se llega a través de la interacción entre sus distintas unidades, y por procedimientos consensuales. Este estudio se centra en los procesos que se llevan a cabo según esta última perspectiva.

Los procesos de integración, vistos bajo esta perspectiva, son iniciados por Estados soberanos que emprenden el proceso integrador en forma voluntaria y deliberada, así como de manera gradual. Las etapas deben ser cada vez más profundas y dispersas; de allí la necesidad de la progresividad y la convergencia del proceso. Por lo general, se inicia con acercamientos económicos, pero lentamente y dependiendo de cada proceso –conforme a lo estipulado por los Estados Partes-, la agenda va abarcando e incluyendo nuevos temas de las áreas sociales, culturales, jurídicas, y hasta políticas de los países miembros (Mariño, 1999:113).

Como se indicó, la integración es un proceso evolutivo que tiene como propósito central acelerar el desarrollo económico y social. Se evidencia que no es un concepto jurídicamente puro pues se requiere de decisión política. Ahora bien, por ser un proceso evolutivo, la integración económica tiende a presentarse a través de distintas formas o grados de intensidad, estas distintas formas son las zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados comunes, y uniones económicas. Las zonas de libre comercio se caracterizan por la eliminación de las barreras aduaneras y las restricciones cuantitativas, pero cada uno de los Estados Partes mantienen sus aranceles; las uniones aduaneras, tienen como rasgo fundamental que además de la eliminación de las restricciones comerciales tienen un arancel externo común; los mercados comunes van más allá, puesto que los Estados Partes se obligan a eliminar las restricciones a la libre circulación de los factores productivos; y en las uniones económicas se presentan cada uno de los elementos antes indicados, pero se les suma la armonización económica,

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incluyendo medidas monetarias a fin de eliminar cualquier obstáculo a la uniformidad en tales políticas (Crazut, 2003:11).

Cabe destacar que el concepto de integración económica de Belassa (1980) sintetizó los principales aspectos antes descritos, pues la define: como un proceso y una situación de las actividades económicas, acompañada de acciones dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes Estados-Naciones. Asimismo, si se aprecia desde la óptica de los negocios, la integración viene a caracterizarse por la ausencia de formas de discriminación entre economías nacionales. Para interpretar esta definición, se debe distinguir claramente entre integración y cooperación, pues esta diferencia es tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. Mientras que la cooperación involucra acciones que tienen como propósito disminuir la discriminación, el proceso de integración implica medidas dirigidas a suprimir algunas de las formas de discriminación.

No obstante, en el campo jurídico, la integración surte efectos como consecuencia de la creación de órganos supranacionales, con capacidad creadora de derecho de validez erga omnes (Morales Paúl, 1980:114). Para Sainz Borgo (2001) la supranacionalidad es una institución inicialmente de naturaleza política, que fue empleada “(…) por primera vez en la Declaración Shuman de 1950, declaración que dio lugar a la creación de la Comunidad del Carbón y el Acero, pero que tiene una estructuración jurídica que ha evolucionado y se ha adaptado al nuevo tiempo” (pp.243-271). Asimismo, dentro de un proceso de integración para que esté presente la supranacionalidad debe existir un órgano supranacional, el cual debe ser capaz de crear normas jurídicas vinculantes, a través de decisiones, reglamentos y muchas de esas decisiones tendrán el carácter de auto-ejecutables, es decir, serán de aplicación inmediata a los ciudadanos de los países integrantes del mercado común u otras formas de integración (Morales Paúl, 1980:137).

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Ahora bien, como se indicó, las motivaciones que hacen que un grupo de Estados soberanos tomen la decisión política para iniciar un proceso de integración y constituir órganos supranacionales exigen de alguna manera la presencia y acumulación de valores e intereses compartidos así como una creciente relación de interdependencia.

IV.- El Soft Power dentro de las teorías de poder: perspectivas realistas y cosmopolitas

Joseph Nye y Robert Keohane (2001) han señalado haber iniciado sus estudios sobre “el poder” a raíz de la percepción de que los análisis y presunciones realistas, tienen serias limitaciones para entender la política de la interdependencia. Sin embargo, el punto de partida para los estudios de Nye y Keohane son las teorías realistas, desde las cuales realizan una aguda crítica sobre la cambiante naturaleza del sistema internacional y la forma de entenderlo. Nye y Keohane tratan de construir un modelo nuevo, denominado interdependencia compleja, como herramienta para el análisis del sistema internacional. Este modelo enlaza el tradicional análisis realista y neorrealista sobre poder con elementos liberales de la interdependencia.

Los mencionados académicos critican el excesivo énfasis de la Escuela Realista dentro de la Teoría de las Relaciones Internacionales y consideran que tanto dicha escuela como la liberal, pueden complementarse y no excluirse recíprocamente. Asimismo, dejan en evidencia las debilidades de los tres principales argumentos de la Teoría Realista: (i) los Estados son unidades coherentes y los actores predominantes en la política mundial; (ii) la fuerza es el instrumento más efectivo de poder y (iii) existe una jerarquía en los temas donde la seguridad militar está por encima de los asuntos económicos y sociales (Nye y Keohane, 2001:21).

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La obra “Poder e Interdependencia” fue concebida para explicar los cambios en el sistema internacional de los años 70´s combinando aspectos de ambas teorías. El argumento central de ésta es explicar que la interdependencia asimétrica puede ser una fuente de poder y este argumento vincula el énfasis liberal en interdependencia con el enfoque realista del poder. No obstante, es de señalar que la teoría predominante en la visión de Nye, no deja de ser la realista, al admitir la superior importancia del poder como fuerza militar, en la búsqueda y satisfacción de los intereses nacionales.

Manipular vulnerabilidades económicas o sociopolíticas, envuelve riesgos. Las estrategias para manipular la interdependencia podrían atraer estrategias de respuesta. Debe tenerse presente, además, que el poder militar domina el poder económico en el sentido de que los medios económicos por si solos probablemente serán poco efectivos contra el uso serio de fuerza militar. Así, incluso con la efectiva manipulación de la interdependencia asimétrica en un área no militar, podría acarrear riesgos de respuesta militar (Nye y Keohane, 2001:14).

El soft power es difícil de manejar y conducir, pues sus recursos están fuera del control de los gobiernos y sus efectos dependen de la aceptación de las audiencias receptoras. Pese a que los efectos del soft power pueden tomar mucho tiempo en hacerse evidentes, no puede subestimarse el impacto de ese poder. El mejor ejemplo es en la guerra contra el terrorismo: ningún arma puede efectivamente dar fin al fenómeno del terrorismo, solo la combinación del soft power y el hard power puede ofrecer la esperanza de una disminución de la incidencia de tal fenómeno. En este sentido, EEUU tendría que adoptar políticas que sean atractivas para los moderados dentro del terrorismo islámico y utilizar la diplomacia de

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manera efectiva para hacer llegar mensajes sustentados en intereses comunes.

En este orden de ideas, autores como Romero (2008) señalan que se ha venido estableciendo un espacio cada vez más amplio para el soft power con el propósito de

(...) discutir sobre el reparto equitativo del desarrollo, la interdependencia mutua, la gobernanza mundial, la promoción de la democracia y de los derechos humanos y el papel de las economías emergentes, junto con los problemas derivados de la degradación ambiental y el cambio climático, el crimen transnacional, el contrabando, el terrorismo, la corrupción administrativa, el colapso de la Ronda de Doha, el resurgimiento del proteccionismo y las dificultades para reducir las barreras comerciales (p.1).

Una buena manera de utilizar el soft power es ajustando el estilo y sustancia de la política exterior e invirtiendo más capital en intercambios, de todo tipo. Por ejemplo, fortalecer las relaciones a todo nivel, en todas las áreas, y participar en proyectos de desarrollo que así lo requieran, es otra manera, así como también las acciones y políticas que puedan ser vistas y entendidas como legitimas y portadoras de autoridad moral. Esta manera de utilizar el soft power es la que coincide con los procesos de integración que aspiran a incrementar los niveles de interdependencia, de cooperación y de armonía en políticas económicas, sociales, culturales y jurídicas. La integración en consecuencia se convierte tanto en herramienta como en extraordinario espacio con las condiciones ideales para potenciar el impacto y eficacia del soft power.

El mundo actual, caracterizado por su complejidad, dinamismo y una gran incertidumbre acerca de su estructura y composición futura, pone de relieve las debilidades de la Teoría

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Realista para comprender los cambios que se están presentando. Para oszlak (2007), por ejemplo hoy día predomina una agenda mundial que incluye, entre otros aspectos: problemas relativos a migraciones, medio ambiente, terrorismo, corrupción, tráfico de estupefacientes, revolución comunicacional, movimientos de capital golondrina, y mercados financieros online. Todas estas manifestaciones tienen un elemento en común: las fronteras nacionales se vuelven móviles y porosas, o simplemente se disuelven.

La nueva agenda internacional lleva a la necesidad de redefinir los estudios de seguridad internacional, pues en los análisis clásicos, el foco principal recaía sobre “enemigos claramente definidos” y los retos a la seguridad provenían del posible uso y/o amenaza de la fuerza armada, es por ello que los estudios en la materia eran sinónimos de estrategia militar y del arte de la guerra. Con el fin de la guerra Fría, y debido a la rapidez de los cambios impulsados por la dinámica de globalización, ha surgido una nueva agenda. Los temas no son realmente novedosos, pero son percibidos como nuevas amenazas, principalmente porque entre 1945 y 1989, y más específicamente antes del 11 de septiembre de 2001 habían sido ignorados (Vargas y Manno, 2011:139).

Esta situación afianza la impotencia y la debilidad de los Estados-Nacionales, como modelos de organización política para la gobernabilidad del sistema internacional (Habermas, 2001:176). En este contexto de interdependencia compleja, Nye y Keohane (2001) creen que una hegemonía o un liderazgo unilateral están completamente descartados. La propuesta de estos autores, es la de un liderazgo múltiple o compartido, en la visión de la cooperación, o incluso, similar a la propuesta cosmopolita, auspiciado de manera legítima y con autoridad moral, principalmente por los países poderosos y con mayor responsabilidad global sobre los bienes públicos. En materia de seguridad, como se señaló, es apreciable, a partir del 11 de septiembre de 2001, una mayor preocupación

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sobre el tema. Esta toma de conciencia se asocia al concepto de comunidad global, el cual se basa en la existencia de valores comunes que es necesario defender.

Existen temas de alta importancia para las relaciones entre las sociedades y los individuos, como: la economía, el comercio global, el desarrollo, la seguridad internacional, la protección del ambiente, y la vigencia de los derechos humanos (Vargas y Manno, 2011: 254). La existencia de estos temas ha generado que, en la actualidad se discuta si es factible la construcción de una comunidad de seguridad ampliada o si por el contrario sería más efectivo el diseño de comunidades a escala subregionales (Tulchin, 2005), pero en todo caso, estas tendencias auguran a los procesos de integración muchas posibilidades para su evolución y profundización.

Aunque el multilateralismo es cuestionado por quienes indican la persistencia de barreras arancelarias, así como por elevados subsidios implementados por los países industrializados, situación que atenta contra el acceso a los mercados de los países en vías de desarrollo (Tulchin, 2005), no se debería dejar de lado la globalización y el regionalismo, pues son dos procesos vinculados, que en opinión de Sanahuja (2007), propicia un grado de interdependencia más elevado entre Estados, economías y sociedades con nuevas demandas de gestión y regulación que sobrepasan la capacidad de respuesta de los Estados.

La diplomacia preventiva y el enfoque cosmopolita ganan espacio y son objeto de análisis como medios para promover la gobernabilidad del sistema internacional. La diplomacia preventiva, debe apoyarse en la alerta temprana, “la cual consiste en predecir los conflictos antes que se materialicen, utilizando para ello la recopilación de información de diversa índole (...), se hace necesario evaluar posibles factores causales del conflicto para encontrar la solución más adecuada (Vargas y Manno, 2011: 255).

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Por su parte, la gobernabilidad democrática cosmopolita ha sido desarrollada principalmente por Held (1997), Archibugi (2005), Strange (2001) y Kaldor (2005). Si bien estas propuestas han sido criticadas, debido a la “posibilidad de dar paso a nuevo tipo de hegemonía cultural, así como por la pretensión de trasladar el proceso de toma de decisiones, que es providencia del Estado-nación y su soberanía a un espacio político unificado (…)” (Vargas y Manno, 2011: 258). No se debe menospreciar el rol que en el pasado han desempeñado la conciencia y cultura común para resolver conflictos que se derivaron por el surgimiento de sociedades multiculturales donde imperaron una gama de diferencias, estas sociedad posteriormente llegaron a ser Estados-nacionales apoyándose en la unificación de la conciencia, los valores y la cultura.

V.- Soft Power y Comunidad Andina

Los orígenes de los mecanismos de integración latinoamericanos se remontan a los inicios de la década de los sesenta del pasado siglo. En 1960 se creó, en Montevideo, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALALC). Ésta pasaría a convertirse a partir de 1980 en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la cual se “creó con el propósito de impulsar la liberación comercial entre todos los países de la región y servir de paraguas a los diversos programas de integración sub-regionales” (Boersner, 1996:273).

La Comunidad Andina (CAN) es un proceso de integración regional que busca alcanzar el desarrollo integral de sus miembros. El antecedente de la actual Comunidad Andina fue el Pacto Andino, el cual “(…) nace como una opción frente a la Asociación Latinoamericana de Comercio, ALALC. La Declaración de Bogotá del 16 de agosto de 1966 suscrita por los Jefes de Estados de Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y Bolivia se considera el acta fundacional del Pacto Andino”(Sainz Borgo, 2007:128). Dicha declaración es un

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instrumento de vital importancia para comprender el alcance de la primera fase del proceso de integración andino, en el que los Estados comenzaron a fijar posición sobre la importancia de la integración para el desarrollo regional, sobre la necesidad de una política exterior coordinada con el principio de la no intervención y el fortalecimiento de los regímenes democráticos (Sainz Borgo, 1996).

La incorporación del Estado venezolano al mecanismo de integración regional andino se materializó con el Consenso de Lima de 1974. Posteriormente, en 1976, Chile abandonó el Pacto Andino, como consecuencia del golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet Ugarte.

A lo largo de la evolución de la Comunidad Andina se ha recurrido al soft power como medio para alcanzar la concertación política para contribuir a resolver problemas que van más allá de la integración económica, y que han aquejado a la Región Andina, como: conflictos, problemas fronterizos, estabilidad democrática, narcotráfico, amenazas a la seguridad, etcétera. A continuación se mencionan brevemente algunas de las fuentes de soft power que han estado presentes dentro de la CAN para hacer frente a las mencionadas amenazas: (i) En fecha 12 de noviembre de 1979 se constituyó el Consejo Andino de Cancilleres con el propósito de diseñar un Política Exterior coordinada para prevenir y hacer frente a los principales problemas de la región; (ii) En fecha 17 de diciembre de 1989 se suscribió la Declaración de galápagos, la cual vino a representar el primer compromiso andino en materia de paz, seguridad y cooperación; (iii) En el ámbito de las reuniones del Consejo Presidencial Andino desde sus inicios, se han emitido declaraciones e iniciativas en pro del fortalecimiento y mantenimiento de la democracia; (iv) En fecha 26 de agosto se firmó el tratado de paz entre Ecuador y Perú, así como el Convenio para llevar a cabo la profundización y aceleración del libre comercio entre estos dos Estados; (v) Durante el xIII Consejo Presidencial Andino se aprobaron tanto el Plan Andino para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos

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conexos (Decisión 505), así como la normativa comunitaria para facilitar la libre circulación de personas (Decisiones 503 y 504); v) el 17 de junio de 2002 se adoptó la Carta Andina para la Paz y la Seguridad, la cual incluye, entre otros aspectos, las acciones que se deben implementar para luchar contra el terrorismo, y plantea la suscripción de nuevos compromisos para la formulación de una política de seguridad comunitaria; y vi) Durante la celebración de la II Cumbre Suramericana de Jefes de Estado, los presidentes de la CAN suscribieron la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Adicionalmente, suscribieron un documento que establece las bases para consolidar vínculos en materia de cooperación política, económica y comercial con el hemisferio americano, la Unión Europea, el Asia Pacífico, y otras zonas de proyección (CAN, s/f: 19).

El mecanismo de integración andino ha dado demostraciones de la importancia que le concede a la democracia, como valor para lograr sus objetivos, pues la estabilidad democrática, la paz y el respeto a los derechos humanos son valores indispensables para la integración. Sobre el particular, la CAN ha dejado clara su vocación democrática mediante un conjunto de pronunciamientos y acciones que se han implementado desde los países andinos en pro del mantenimiento y fortalecimiento de los regímenes democráticos, lo cual ha contribuido a potenciar el soft power de la región.

Entre las actuaciones desplegadas por la CAN para proteger la democracia, cabe mencionar las medidas adoptadas a finales de la década de los setentas con el propósito de contribuir con el cese de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, así como para oponerse y desconocer, en 1979, el gobierno de facto de Alberto Natusch Busch en Bolivia (Rincón Eizaga, 2003). Asimismo, es importante reseñar las actuaciones de Colombia, Perú y Venezuela dentro del ámbito de los grupo Contadora y de apoyo, las cuales fueron respaldadas por el grupo Andino, a fines de mantener la paz y la democracia en Centroamérica. Esta

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iniciativa luego pasaría a denominarse Mecanismo de Consulta y Concertación Política, conocido primero como grupo de los ocho, y al ampliarse como grupo de Rio (Alegrett, 2001).

Vista la importancia de la democracia como valor esencial para la CAN, es importante recordar la Declaración sobre Democracia e Integración, adoptada por el Consejo Presidencial Andino, en fecha 07 de agosto de 1998, a iniciativa del entonces Presidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango. Dicho instrumento reconoció, entre otros aspectos, que la CAN es una comunidad de naciones democráticas, que la vigencia plena de la democracia ha sido un requisito fundamental para el diálogo y la cooperación política, fundamentos del proceso de integración andina.

otra manifestación de soft power dentro de la CAN está representada por la Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la pobreza, la cual fue adoptada en julio de 2001. Entre sus postulados se considera oportuno destacar, entre otros aspectos, las siguientes iniciativas, las cuales se pueden subsumir dentro del concepto de poder blando: a) la voluntad de fortalecer la cooperación política en el proceso de integración subregional otorgando prioridad a la agenda social; b) las alusiones al buen gobierno y a la administración eficiente y transparente como mecanismos de participación ciudadana, que se consideran esenciales en la utilización adecuada de recursos para superar la desigualdad social; y c) la disposición de luchar contra la corrupción, al reconocer que ésta atenta contra la estabilidad de la democracia (Comunidad Andina (CAN), 2001).

otro programa interesante a los efectos del soft power, es la “Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo” aprobado por la CAN durante 1999, el cual está orientado al reconocimiento de las fronteras como eje central en el ámbito del proceso de integración. Por otro lado, los temas comerciales proporcionan a los Estados de la región

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andina oportunidades para ejercer autonomía relativa, lo cual podría ser una forma de poder blando, si se tiene presente que EEUU requiere de socios comerciales en la región donde cada socio posee alguna influencia sobre los demás (Aggarwal et al, 2004).

Como se puede apreciar en el caso concreto de la CAN, se evidencia que este mecanismo de integración regional ha venido demostrando su interés por el ejercicio del soft power, al promover la apertura a temas que van más allá de lo estrictamente económico, como las iniciativas y acciones supra mencionadas.

VI. Soft Power y Unión Europea

La Unión Europea (UE) es considerada el proceso de integración más exitoso que se ha llevado a cabo desde de la Segunda guerra Mundial. Su evolución invita al estudio del proceso desde una perspectiva funcionalista, para intentar reproducir el modelo en otras regiones, y eventualmente, a través del modelo de la interdependencia propuesto por Nye y Keohane (2001), e incorporando ideas cosmopolitas, alcanzar una definitiva paz mundial. Si bien el modelo europeo brindó por mucho tiempo esperanza al respecto, la crisis financiera ha impactado negativamente no sólo en la imagen de la UE como esquema de integración, sino en los mecanismos de concertación política y en los procesos de toma de decisión. La situación de grecia, para citar un ejemplo concreto, ha puesto en evidencia vulnerabilidades que no se observaban a simple vista, pero que ahora asoman profundidades de altísimo riesgo. No obstante, para los estudiosos de la integración, el modelo de la Unión Europea es un extraordinario esfuerzo de concertación, cooperación e integración que pese a los sinsabores financieros: el rescate de bancos, los préstamos a grecia y España y la angustia en la zona euro, tiene aun el deseo de sobrevivir y perdurar.

Desde el punto de vista teórico-histórico, el elemento político de mayor importancia que destaca en la Unión Europea

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es el de la “supranacionalidad”, el cual existe desde el mismo momento en que se creó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), por el Tratado de París en 1951, señala:

Los miembros de la Alta Autoridad ejercerán sus funciones, con plena independencia, en interés general de la Comunidad. En el cumplimiento de sus deberes, no solicitarán ni atenderán instrucciones de gobierno ni organismo alguno. Se abstendrán de todo acto incompatible con el carácter supranacional de sus funciones. Cada Estado miembro se compromete a respetar este principio y a no intentar influir sobre los miembros de la Alta Autoridad en la ejecución de sus tareas (Tratado de París, 1951, Art. 92.2).

Posteriormente el Art. 92 del tratado de la CECA fue modificado, eliminándose la expresión “supranacional”; pero a lo largo de décadas de integración europea, el proceso se ha ido profundizando y ha ido evolucionando hacia un complejo sistema, que contempla cada vez más elementos de supranacionalidad. Esto se puede constatar cuando se incursiona en los sucesivos tratados que han ido modelando, desde sus orígenes hasta la actualidad, el proceso de integración de Europa.

El derecho comunitario es un exponente del derecho internacional que ha encontrado como área para alcanzar su mayor desarrollo dentro de la UE:

(...) Inicialmente, el estudio de la normativa jurídica surgida con motivo de la creación de las comunidades europeas, se le consideró como una rama especifica del Derecho Internacional, por haberse estimado que se trataba preferentemente de relaciones entre Estados soberanos o entre éstos y las instituciones multilaterales de carácter internacional creadas por los Tratados

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comunitarios, pero las experiencias (...) pusieron en evidencia que se están perfilando normas y conceptos doctrinarios novedosos y relativamente especializados que requerían de mayor atención, pues si bien los mismo tienen vínculos, muy estrechos con el Derecho Internacional también lo tienen, presumiblemente de manera más directa, con los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Comunidad (...) (Crazut, 2003: 39).

Es posible afirmar que los orígenes de este proceso de integración descansan en la convicción que muchos líderes europeos tuvieron inmediatamente después del fin de la Segunda guerra Mundial, sobre la necesidad de un sistema que brindara altas perspectivas de estabilidad y paz. Hoy probablemente los valores de la Unión Europea siguen siendo iguales a los de sus orígenes, pero se han agregado nuevos elementos de importancia como libertad, democracia, derechos humanos y respeto hacia el medio ambiente. La historia de Europa se explica a través de sus innumerables conflictos y las maneras en que han logrado superarlos. No puede decirse que la historia ha terminado, como en algún momento señalara Fukuyama, sino más bien que los retos se multiplican en la medida en que este proceso de integración evoluciona hacia un modelo cada vez más ambicioso. De las lecciones aprendidas en Europa, una que muchas veces ha enseñado la guerra, es que el poder permite el triunfo, pero no es la herramienta adecuada para construir y mantener la paz. La Europa de hoy entiende que parte del reto de su integración esta en un nuevo tipo de poder, en nuevas formas de consenso y de concertación, dentro de las que destaca el soft power de las grandes y medianas potencias (pero fundamentalmente de Alemania y Francia), para garantizar una paz y prosperidad duradera.

En el nuevo orden internacional que surge después del fin de la guerra Fría, tanto las grandes potencias como los

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países en vías de desarrollo participan del reajuste de las fuerzas en la política internacional, el nacimiento de nuevos Estados, el auge creciente de la globalización y de la interdependencia, el surgimiento de nuevos actores así como la expansión de la agenda de los graves problemas internacionales tales como el terrorismo, el calentamiento global, la crisis en materia de derechos humanos, entre otros tópicos que hoy preocupan a las naciones del mundo.

El hard power tal y como se conoce en el mundo teórico ha dado claras evidencias que no es el mejor recurso para el logro de los objetivos en el marco del manejo de los conflictos y menos aún en la reconstrucción y estabilización de los Estados. El caso de Kosovo es un claro ejemplo de ello, tal como señaló Joseph Nye, el soft power está jugando un rol fundamental dadas las nuevas realidades del ámbito internacional. En este sentido, un Estado puede alcanzar los resultados que prefiere en política mundial porque otros Estados quieren seguirlo o están de acuerdo con alguna situación que produce ese efecto. Este segundo elemento del poder –que ocurre si un país logra que otros países deseen lo que el desea– podría ser llamado cooperativo o poder blando en contraste con el poder duro. Si un Estado puede hacer que su poder aparente legitimidad ante los ojos de otros, encontrará menos resistencia a sus pretensiones. Si su cultura e ideología son atractivas, otros la seguirán voluntariamente, e igualmente si es capaz de establecer normas internacionales consistentes con su sociedad, es menos probable que deba cambiar. Además, al lograr apoyar instituciones que hagan que otros Estados quieran canalizar o limitar sus actividades del modo que el Estado dominante prefiera, podría sobrar el ejercicio costoso del poder coercitivo o duro (Nye, 1990).

Europa está consciente de la importancia del manejo del soft power y lo ha reflejado dentro y fuera de la región, muestra de ello, se aprecia en el interés de cada uno de los Estados miembros de procurar implementar y/o acudir cuando

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sea necesario al poder blando de la Unión Europea, a fin de influir y direccionar las estrategias de otros países, cuya política exterior afecta el bienestar, la paz y la seguridad de Europa. Es fundamental para la UE encauzar las políticas a implementar de manera que el logro de los objetivos establecidos dentro de los lineamientos del mecanismo de integración sea posible, con la anuencia del sistema internacional. El modelo de integración europea constituye una fuente de soft power que ha servido de inspiración y magnetismo a otras regiones que conforman el sistema internacional. Un esquema de integración como éste, donde se comparte la soberanía y se construyen relaciones estrechas e interdependientes entre los miembros, con la capacidad que se deriva de sus experiencias para resolver conflictos y alcanzar altos niveles de desarrollo se convierte en un modelo de gran relevancia para el mundo interdependiente de hoy.

Una de las evidencias claras del poder de atracción que llegó a poseer la Unión Europea fue su rápida expansión y profundización a través del tiempo. Se trata aún, a pesar de la crisis económica, de un esquema que en principio contó con sólo seis (6) miembros y un reducido número de políticas y objetivos, hoy en día, ya cuenta con veintisiete (27) Estados Partes, que reúnen más de medio billón de ciudadanos y una economía llegó a ser definida como la más grande entidad comercial integrada del mundo.

Por estas razones, es importante identificar los elementos que contribuyeron al éxito de Europa en su proceso de integración más allá de lo meramente económico, y específicamente en lo político. Se trata de un esquema iniciado por países industrializados, con economías más o menos simétricas, y con una élite consciente de la necesidad de negociar para complementarse y alcanzar acuerdos.

El papel que una Europa unida, segura y próspera puede jugar en un mundo tan complejo e interdependiente como el de

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hoy, exige un soft power que pueda influir en temas como el cambio climático, los derechos humanos, terrorismo, seguridad energética, así como en el diálogo entre civilizaciones, áreas en las que Europa tiene experiencia y conocimiento. La Unión Europea tiene claros sus objetivos en el marco de la política internacional y sus políticas consistentes y sostenidas en cada uno de los ámbitos que integran la agenda internacional así lo han demostrado, esto ha contribuido a reforzar sus mecanismos y a su vez en aumentar la credibilidad en el proceso de integración, sus valores y procedimientos, lo que a su vez conlleva a crear elementos que sustentan su legitimidad.

Establecer estrategias y políticas claras de soft power le permitirían a la UE consolidar la influencia en el espacio global, afrontar los nuevos retos del orden internacional y a su vez, promover cambios y reformas cónsonos con sus aspiraciones, permitiendo incluso darle una nueva forma a los polos de poder globales jugando un rol preponderante en el sistema.

En este orden de ideas, la Unión Europea desde sus inicios y a lo largo de su evolución ha llevado a cabo múltiples esfuerzos para la consolidación de vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación para el desarrollo a lo largo y ancho del globo terráqueo. Es así, como ha implantado una serie de políticas orientadas hacia los Estados de América Latina, Asia y áfrica, así como también, ha creado mecanismos que procuran un acercamiento clave con los países vecinos a la Unión, que no forman parte de ella. La bandera en la que se apoyan dichas políticas que representan el accionar de la UE hacia el exterior se sustenta en tres principales ámbitos:

La Política de Cooperación al Desarrollo es uno de los tres componentes sobre los que se asienta la acción exterior de la Unión Europea, junto con la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Comercial Común.

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Dado, además, que la UE entiende el desarrollo como un objetivo, no solo social y humano, sino también político y económico, muchos de los instrumentos puestos en marcha dentro del conjunto de sus relaciones exteriores tienen (...) esta triple vertiente (Krsnik, 2009).

Ejemplo de la aplicación del soft power por parte de la Unión se encuentra en una de las iniciativas que han impulsado un mayor acercamiento con Estados ubicados fuera del esquema de integración, específicamente la Política Europea de Vecindad (PEV), la cual fue creada a inicios del presente siglo, y tiene como objetivo principal “(...) evitar el surgimiento de nuevas líneas divisorias entre la UE ampliada y nuestros vecinos y en vez de ello fortalecer la prosperidad, estabilidad y seguridad de todos” (European Commission, 2004).

Dentro de la anterior iniciativa se han beneficiado los siguientes Estados: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, georgia, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, los Territorios ocupados en Palestina, Siria, Túnez y Ucrania. Si bien, en principio, esta política se fundamenta en la necesidad de consolidar lazos bilaterales con cada uno de los Estados a beneficiarse de ésta, se han creado también vínculos multilaterales a través de mecanismos que integran el área del Mediterráneo, el Mar Negro y Europa oriental.

Los valores en los que se fundamentan políticas tales como la PEV son esenciales para entender la vinculación entre el uso estratégico del soft power por la Unión Europa para alcanzar el logro de sus objetivos:

Dentro de la PEV la UE ofrece a los vecinos una relación privilegiada, construida sobre un compromiso mutuo de valores comunes (democracia y derechos humanos, imperio de la ley, buena gobernanza, principios de economía de mercado y desarrollo sustentable). La PEV va más allá de las relaciones existentes para ofrecer una asociación política y una integración

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económica más profunda, incremento de la movilidad y más contactos persona a persona. El nivel de ambición de la relación depende de hasta qué punto estos valores son compartidos (European Commission, 2004).

Ahora bien, al leer “entre líneas” se encuentra que el nivel de compromiso con esos valores que impulsa la Unión Europea es un requisito fundamental para poder contar con los privilegios del trato preferencial y las ayudas al desarrollo. Es allí donde es posible apreciar que están claros los objetivos de la UE y sus mecanismos para lograr que sus políticas sean atractivas, y por ende puedan disuadir a otros Estados a compartirlas, sin embargo, se encuentra una delgada línea entre el soft power y el hard power oculto tras el slogan de la cooperación, la cual en muchos casos tiene “condiciones”: La PEV entonces define la naturaleza del poder blando de la UE; es la credibilidad del método de la Comunidad dentro de la UE en sí mismo que otorga la potencialidad para persuadir a otros fuera de sus fronteras. Como corolario de ello, se reduce a la intención de implementar poder blando, con el propósito que el compromiso de los Estados miembros sea mayor, lo cual coadyuva a la preservación del orden internacional sustentado tanto en el imperio de la ley como en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza (Landaburu, 2006).

Desafortunadamente todos conocemos los efectos que la crisis financiera ha dejado en la euro zona. El esquema de integración que otrora brindara certidumbre, seguridad, transparencia y sobre todo “credibilidad”, comienza a fracturarse ante dudas sobre las verdaderas capacidades de pago de los paises endeudados, particularmente grecia y España, y ante un panorama de necesidades sociales en ascenso, no cubiertas.

Sin embargo, la política de vecindad europea permite a la UE crear mecanismos para establecer canales de cooperación atractivos para sus vecinos con el objetivo de lograr que en el seno de esos Estados se produzcan una serie de reformas acordes

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con sus metas en materia de política exterior; y es aquí donde podemos observar claramente la vinculación entre el soft power y el hard power en estas políticas.

otro aspecto que se considera pertinente mencionar es la promoción del mecanismo de integración regional de la UE, fundamentándose en la positiva experiencia que ésta representa. Dicha promoción viene de la mano con el objetivo de la expansión del libre mercado (y el asegurar el acceso de sus productos a distintos mercados del mundo) y, a la vez con la expansión del modelo de integración europeo. Al promover la integración regional, (...) la UE activamente influencia formas emergentes de gobernanza regional en otras partes del mundo (...) Primero, la UE promueve la integración de mercados nacionales en economías regionales para beneficiarse de las economías de escala al suplirlos con bienes de la UE. Segundo, a través de la negociación de acuerdos comerciales interregionales, la UE tiene una poderosa herramienta para moldear el marco de gobernanza económica en regiones contrapartes (Leal-Arcas, 2009).

Con dicha política hay un beneficio doble, debido a que los Estados que celebran acuerdos con la Unión Europea obtienen mejores condiciones de acceso al mercado europeo y viceversa, ahora bien, se incluyen a su vez otros objetivos, en los cuales se conceden beneficios similares a los concedidos a otros países en el marco de la vecindad europea con el propósito de alcanzar distintas metas de política exterior en regiones tales como la del Norte de áfrica y del Medio oriente (Leal-Arcas, 2009).

otro mecanismo que ha utilizado la Unión Europea, que se puede enmarcar dentro del soft power es el de la Política de Cooperación con Asia, Caribe y el Pacífico. En este sentido, las Convenciones de yaondé (1963) y Lomé (1975-1995) constituyen el marco jurídico en el cual se sustenta el esquema de cooperación con los llamados países ACP. En principio, el objetivo principal de dichos acuerdos fue consolidar un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y sus antiguas colonias,

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con lo que se busca crear condiciones favorables para el acceso al mercado europeo y a su vez, instaurar programas de ayuda económica para el desarrollo.

Ahora bien, dichos mecanismos con los años se orientaron hacia nuevas consideraciones que implicaban la existencia de una serie de condicionamientos en aras de obtener los beneficios que se promovían. La principal novedad de Lomé IV está representada por la incorporación de criterios políticos referidos al buen gobierno y al respeto de los derechos humanos como condicionantes para acceder a las ayudas financieras (Krsnik, 2009).

Posteriormente, con la firma del acuerdo de Cotonou (2000) comenzó a evidenciarse la resistencia de algunos Estados que dejaban claro que se podría estar tratando de un mecanismo de coerción encubierto, pues el lenguaje del acuerdo de Cotonou combina ideas de consentimiento y coerción. Por una parte, el consentimiento se logra a través del ‘diálogo’, ‘asociación’ y el rol los Estados de la ACP ‘apropiándose’ de sus propias estrategias de desarrollo, mientras que la coerción aparece dentro de los Acuerdos de Asociación Económica (AAEs), así como mediante la implementación de revisiones frecuentes de las provisiones de ayuda que incluyen condicionalidades adjuntadas. En consecuencia, el consentimiento se presenta en una primera instancia y la coerción se utiliza después (Landaburu, 2006).

Este es un ejemplo en el cual no queda muy clara la distinción entre el soft power y el hard power tal y como es aplicado en el marco de la Unión Europea, si bien en principio dichas políticas parecieran buscar a través de los valores y los intereses compartidos el logro de los objetivos, cuando entran en juego países más débiles pareciera que a través de condicionamientos es que se logra la anuencia de éstos hacia las bondades de las políticas que la UE promueve y no a través del poder de la atracción sustentado en principio legítimos de autoridad moral para persuadirlos.

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Una vez vistos los casos anteriores vale la pena formular la siguiente interrogante: ¿En dónde se encuentra el límite entre el poder blando y el poder duro dentro de la UE?, es decir entre la persuasión y la coerción, pues para algunos autores pareciera que la Unión Europea maneja el tema oscilando entre uno y otro tipo de poder para alcanzar sus objetivos de política exterior.

Ese límite cada vez será más dificil de identificar, pues variará según la coyuntura política y social de la UE. Tanto la crisis económica, el impacto de los atentados terroristas de Madrid y Londres y las revueltas sociales de los llamados “indignados” en Madrid y más recientemente el atentado terrorista en oslo y Utaya así como los actos violentos y “vandálicos” en varias ciudades de Inglaterra, no sólo lesionan el soft power europeo sino que exigen a los líderes de este esquema de integración un “repensar” de sus políticas, a lo interno de sus países y hacia el exterior con el fin de mantener y potenciar el poder conquistado y no permitir que el mismo, virtualmente, se vea menoscabado por la imagen de una Europa colapsada socialmente. Aunque estos eventos hacen evidente una realidad que ha sido encubierta desde hace tiempo. La inequidad social, étnica y religiosa, el choque cultural por temas raciales y religiosos, así como las grandes diferencias políticas y económicas entre los países fundadores de la UE y los nuevos miembros, tiene y continuará teniendo importantes repercusiones en el sistema internacional y definitivamente en la forma en que se expresa el soft power de la UE. Constituye un gran reto para este poderoso esquema de integración lograr acuerdos respecto a temas delicados como la tolerancia religiosa, el movimiento migratorio entre países miembros, la inmigración ilegal y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad nacional y continental. Luego, traducir y expresar estos acuerdos, en una política exterior coherente y cónsona con sus objetivos políticos e internacionales.

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VII. Soft Power y ASEAN

Con la Declaración de Bangkok, de fecha 08 de agosto de 1967, suscrita por los Ministros de Relaciones Exteriores de Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas e Indonesia (posteriormente se incorporarían Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya), se creó la Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN), la cual está integrada por Estados pertenecientes a la subregión del sudeste asiático, según yoghi Kodama (1996) dicho esquema de integración ha mostrado diversos signos que permiten catalogarlo como un mecanismo que ha tenido un éxito relativo debido, entre otras cosas, a buenos niveles de cooperación y coordinación, un buen nivel de institucionalización, un esquema cerrado al que sólo pertenecen países asiáticos, la estructura jerárquica avanzada compuesta por reuniones ministeriales y diversos comités que ha tenido un funcionamiento acorde siendo los miembros de la ASEAN países en desarrollo. Se considera que el principal éxito de la ASEAN se encuentra en el ámbito político siendo que:

(...) el éxito de la ASEAN en la arena política ha creado una imagen positiva como un cuerpo cooperativo, aun cuando el logro de la ASEAN en el área económica ha sido menos exitoso. La ASEAN ha ganado un cierto nivel de influencia política al hablar con una sola voz en temas controversiales –destaca el conflicto de Camboya–, el tema de los refugiados de Indochina y, más recientemente, la disputa por las islas Spratly (Kodama, 1996:95-96).

Los objetivos principales de la ASEAN se encuentran definidos en la mencionada Declaración de Bangkok. Dichos objetivos se pueden resumir en: (i) lograr mayores niveles de desarrollo económico, progreso social y desarrollo cultural; (ii) promover la paz y la estabilidad regional; (iii) crear mecanismos de cooperación y asistencia recíproca en temas de interés común;

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y (iv) establecer vínculos con otros organismos regionales para consolidar canales de cooperación. Es importante resaltar que dichos objetivos están sustentados en principios establecidos en el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, suscrito durante el año 1976. Entre los indicados principios destacan: a) El respeto recíproco por la independencia, soberanía, igualdad e identidad nacional; b) la no interferencia en los asuntos internos de otros países; c) el derecho de cada Estado a desarrollar su nación libre de interferencias externas o coerción; d) la renuncia al uso de la fuerza y e) el uso de medios pacíficos y la cooperación efectiva para solucionar las controversias.

Se considera que en principio la ASEAN evolucionó de manera lenta debido a las realidades que afrontó la región durante el período inmediatamente posterior a su creación, entre ellas la guerra de Vietnam y el contexto de la guerra Fría. Posteriormente, empezó a fortalecerse impulsada por las necesidades que afrontaban los Estados Partes en materia de seguridad, así como en el área de cooperación económica y social. En este sentido, en el año 1976 con la firma del tratado de Amistad y Cooperación en la región del Sudeste Asiático, se le otorga mayor institucionalidad al esquema, al establecerce la Secretaría en la ciudad de yakarta.

Las políticas comunes que siguieron los Estados ASEAN en materia de liberalización comercial y la posición unitaria, que asumieron durante el conflicto de Camboya, demostraron que este mecanismo tenía cierta solidez, esto contribuiría a crear un clima favorable para orientar los esfuerzos de la subregión en materia de cooperación en distintos ámbitos. El peso que tienen los temas de naturaleza política dentro de la ASEAN es fundamental, de hecho:

(...) la cooperación de la ASEAN en asuntos políticos se observa en las consultas internas de sus cabezas de gobierno en las reuniones

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ministeriales, en donde temas comunes son discutidos y posiciones conjuntas son creadas (...) la ASEAN se ha vuelto reconocida como un grupo político, aún cuando la solidaridad entre los miembros pueda ser dudosa, considerando la diversidad en cuanto a cultura y políticas domésticas (Kodama, 1996: 97).

Entre las razones a las que se recurre para explicar los logros de la ASEAN como mecanismo de integración y cooperación entre los países del Sudeste asiático se hayan:

Primero, la coordinación de la ASEAN y la cooperación han sido extraordinarias; (...) la estructura jerárquica de la ASEAN, a través de las cumbres, reuniones ministeriales, y varios comités parece ser relativamente avanzada. Los éxitos económicos de los miembros de la ASEAN tienden a ser visto como logros de la ASEAN en sí misma, y el éxito relativo de la ASEAN puede considerarse como una forma exitosa de cooperación regional entre países menos desarrollados. (...) Adicionalmente, los logros de la ASEAN en el ámbito político han creado una imagen positiva (Kodama, 1996: 95-96).

Desde su concepción inicial, el mecanismo de la Asociación de Países del Sudeste Asiático fue considerado un esquema cerrado, enfocado principalmente a la subregión del sudeste de Asia. No obstante, los Estados Partes consideraron necesario estrechar lazos con otros países, de conformidad con uno de los objetivos del esquema, como la necesidad de establecer vínculos de cooperación con otras organizaciones regionales e internacionales. De esa forma es como la ASEAN creó el mecanismo de diálogo con Japón y la Unión Europea (vinculado este último con la materia de beneficios arancelarios). En este orden de ideas, la ASEAN comenzó a instaurar el esquema de diálogo con países, como: Australia y Nueva zelanda. Dicho

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mecanismo fue denominado “Conferencias Post-Ministeriales de diálogo con la ASEAN”. Unos años después, este mecanismo se ha institucionalizado como un medio político de consulta en la región. Entre los Estados que se benefician de éste están: Australia, Canadá, la República Popular de China, India, Japón, Nueva zelanda, Corea, Rusia, y Estados Unidos, Asimismo, la ASEAN ha establecido vínculos con otros mecanismos, como la Unión Europea y el Mercosur, entre otros.

Las relaciones de diálogo de la ASEAN no están exclusivamente concentradas en temas económicos, aunque durante las primeras conferencias post-ministeriales sólo destacaban consideraciones económicas. Desde la Cuarta Cumbre en Singapur, las conferencias post-ministeriales han discutido asuntos de interés común en el ámbito de seguridad global y otros asuntos trasnacionales (ASEAN, s/f).

Estos mecanismos, fundamentados en el diálogo, constituyen una estrategia de soft power, a través de la cual la ASEAN ha venido logrando distintos objetivos en los temas que comprende la agenda de política internacional de la región, además ha permitido concertar ideas que coadyuvan a crear espacios para la cooperación en distintos ámbitos de interés común, esto sustentado, principalmente en la percepción exitosa que se tiene del mecanismo en la subregión. Sobre el particular, las relaciones de diálogo de la ASEAN con terceros países y otras organizaciones regionales e internacionales han sido fructíferas, específicamente se han materializado a través de la cooperación extendida, ha sido gracias al diálogo, como la ASEAN, en gran medida, ha logrado expandir esfuerzos en cuanto al desarrollo socio-económico, a fines de asegurar mayor acceso a los mercados extranjeros, tecnología y capital. Adicionalmente, la ASEAN ha conseguido presentar opiniones en asuntos globales y regionales con impacto y ha asegurado apoyos de otros países para la defensa de sus posiciones en distintos asuntos, es por

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ello que no sólo ha servido a la causa de su desarrollo, sino que ha contribuido de manera con la causa del entendimiento y acercamiento internacional (Kodama, 1996).

Se desprende de lo anterior que la Asociación de Países del Sudeste Asiático ha fungido como mecanismo que ha hecho posible el fomento de la cooperación en la región, lo que constituye una manifestación de soft power. otra ventaja que posee la ASEAN es la diversidad de sus miembros, la cual podría servir de incentivo para que otros Estados se adhieran a este esquema. La ASEAN está conformada por Estados como Singapur, que aunque posee una extensión territorial poco extensa ha alcanzado un nivel importante de desarrollo, además cuenta con países que se han industrializado paulatinamente como Tailandia y Malasia, y otros Estados menos desarrollados como Indonesia e incluso países socialistas como Vietnam (Kodama, 1996).

En el ámbito económico, la ASEAN cuenta con un plan para establecer un área de libre comercio dentro del esquema, lo que viene precedido por factores tales como el progreso económico de los Estados miembros, el cambio hacia una orientación más liberal basada en las exportaciones y el comercio, la interdependencia económica, la efectividad de los canales de cooperación recíproca que se han establecido y la proliferación de tratados de libre comercio en otras regiones (Kodama, 1996).

En el ámbito político, se ha considerado que: el “estilo de la ASEAN” ha llegado a ser conocido como el comportamiento de la diplomacia basada en la no interferencia, en la consulta y el consenso (Cerna, 2009). Ello fundamentado en los principios estipulados en la Carta de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, como: (i) el fortalecimiento de la democracia; (ii) el imperio de la ley y el buen gobierno; (iii) el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; y (iv) la promoción de justicia social. Esa congruencia entre principios y políticas también constituye una fuente de soft power, toda

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vez que en la medida en que un estado u organismo exhiba coordinación entre sus principios y políticas hacia lo interno, mayores serán las posibilidades de lograr que otros Estados compartan sus objetivos atraídos por el uso del llamado “poder blando”, que como se ha indicado no busca coaccionar si no persuadir.

En el año 1993, en la vigésimo sexta Reunión Ministerial de la ASEAN, se estableció el Foro Regional1, con el propósito de crear canales constructivos de diálogo, consulta y diplomacia para atender intereses comunes en la región, consolidación de confianza, cooperación política, seguridad regional y diplomacia preventiva en la región de Asia y Pacífico:

La vigésimo séptima Reunión Ministerial de la ASEAN (1994) determinó que “El Foro Regional de la ASEAN podría convertirse en un efectivo foro de consulta en el Asia-Pacífico para promover el diálogo abierto sobre cooperación política y en materia de seguridad en la región. En este contexto, la ASEAN debería funcionar con sus socios para establecer patrones más predecibles y constructivos de relaciones en el Asia Pacífico (ASEAN Regional Forum, 1994).

Cabe destacar que el mecanismo objeto de estudio se amplió a lo que se denomina “ASEAN + 3”, que es un foro que agrupa a los diez (10) Estados miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático incorporando a los vecinos de la región del Noreste de Asia: China, Japón y Corea del Sur; este foro le da un nuevo impulso a la este mecanismo en materia de cooperación en la región. Se considera que se está ante otra expresión de soft power debido a que el esquema ASEAN ha venido incorporando a otras potencias vecinas a la región asiática que podrían coadyuvar de manera profusa al logro de sus objetivos. Por otra parte, se ha señalado que el proceso ASEAN + 3 podría suavizar las tenciones entre las potencias

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regionales y coadyuvar a alcanzar la paz y estabilidad de Asia oriental. Aunado a lo anterior, existe un floreciente consenso para implementar una “agenda blanda en la cooperación de A+3” (Hsiao y Yang, s/f).

Un ejemplo de lo indicado, está representado por la forma como Corea del Sur desde el año 1991 ha contribuido con los Estados de la ASEAN en distintos proyectos para impulsar la cooperación, al igual que algunos países miembros han resultado beneficiados de la ayuda prestada por este país, sin embargo, Japón como China han sido más cautelosos en la puesta en práctica de las acciones de diplomacia relacionadas con iniciativas de poder blando dentro de la ASEAN. Para los tres, el poder blando abre nuevos enfoques para el liderazgo regional.

Por su parte, la República Popular China también ha desarrollado estrategias de soft power, que han sido implementadas en el marco del mecanismo de cooperación ASEAN +3. Para ello, China se aprovecha de su liderazgo en la región a través del fortalecimiento de los vínculos que tiene con la Asociación de Países del Sudeste Asiático en el ámbito comercial. Es importante recalcar que para los Estados miembros de la ASEAN China constituye un mercado de importancia, en el cual pueden distribuir sus productos de manera preferencial, algo similar ocurre en el ámbito de las inversiones extranjeras. La creciente influencia de China en el sudeste asiático y en otros lugares es principalmente económica y no militar (poder duro). La Creciente capacidad de China para afectar las acciones de otros Estrados, en gran medida, se debe al rol que desempeña como fuente de ayuda externa, así como comercio y a la inversión. La República Popular China también ha ejercido el poder en la región mediante la diplomacia preventiva y la concertación política, además en menor medida, la admiración que despierta la República Popular China como modelo a seguir para alcanzar el desarrollo, su cultura antigua, y un énfasis en

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“compartir los valores asiáticos.”Por otra parte, las comunidades chinas de ultramar han desempeñado importantes aportes a las economías, sociedades y culturas del sudeste asiático. Junto con la oferta de incentivos económicos, China ha logrado disipar preocupaciones que existían de una posible amenaza militar o económica, pues ha demostrado a sus vecinos que procura por ser miembro responsable de la comunidad internacional, y produce beneficios reales a la región asiática (Lum et al, 2008).

En el caso concreto de Japón, ocurre algo similar a lo que anteriormente se señaló con relación a la República Popular China, pues como potencia, la nación nipona también ha venido compitiendo por el liderazgo dentro de la región, y es por ello en gran medida, que sus vínculos con la ASEAN se materializan a través de un ejercicio claro de soft power, empleando incentivos como: donaciones, complementación en el ámbito cultural, establecimiento de redes en la arena económico-comercial, entre otros, a fines de asegurar el logro de los objetivos de su agenda en la región.

VIII.- Conclusiones

Queda evidenciado cómo a pesar que el principal propósito de la CAN es la integración económica, este mecanismo de integración ha recurrido al soft power desde sus orígenes para hacer frente a problemas políticos, sociales, económicos, conflictos armados, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Si bien se trata de un proceso de integración que ha tenido que enfrentar obstáculos y dificultades como la pobreza, ruptura del orden democrático dentro de sus Estados miembros, pobreza, tensiones diplomáticas, se debe reconocer que se ha acudido a al poder blando como medio para la concertación política para prevenir y solucionar dichos problemas. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo una mayor institucionalización en torno al poder blando se traduciría en la superación de las diferencias que han frenado el fortalecimiento de la Comunidad

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Andina, y más concretamente pasar de ser una unión aduanera para consolidarse como un mercado común, y en la medida que se tome conciencia de la importancia del soft power para facilitar la integración, se logrará replicar la experiencia europea.

El modelo de integración europeo es ejemplo de la eficiente combinación del proceso de integración con el uso del soft power. Los valores y políticas de la Unión Europea tienen un impacto mayor hoy dentro del Sistema internacional con relación al que podrían tener los Estados Partes de manera individual. La Unión Europea, más allá de la crisis económica que enfrenta en la actualidad, se ha convertido, a través de la cooperación internacional, en una fuente de atracción y de influencia. El caso de la ASEAN, mucho menos ambicioso y más modesto respecto a sus objetivos de integración, es igualmente un buen ejemplo de la simbiosis entre integración y soft power, especialmente evidente en el caso de ASEAN + 3 con las políticas de la República Popular China y de Japón.

Nye y Keohane (2001) admiten no haber desarrollado una teoría general para el análisis de la política internacional en condiciones de interdependencia compleja, toda vez que argumentan la necesidad de construir una teoría que incorpore el análisis sobre la relación entre la interdependencia internacional y las políticas nacionales.

Por otra parte, la teoría puede no ser relevante para Estados comunistas o Estados menos desarrollados, puesto que entre las características arriba señaladas de la interdependencia compleja, están la multiplicidad de objetivos y una agenda de temas compleja y variada, que ha sido el resultado de la evolución y desarrollo del estado de bienestar en el siglo xx. Por ejemplo, el uso de la fuerza se ha hecho más costoso para las grandes potencias, por varias razones: riesgos de escala nuclear, resistencia de la gente en países débiles y pobres, los negativos o inciertos efectos de las metas económicas, y la opinión pública sobre los costos humanos en el uso de la fuerza.

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Pero más allá de las posibles bondades del estado de bienestar, es notable cómo el mundo globalizado e interdependiente exige nuevas estructuras y nuevos procesos de integración, donde surja un novel sentido de identidad compartido. Los retos de seguridad contemporáneos no sólo provienen del área tradicional que supone como amenaza solamente el uso de la fuerza en contra de la voluntad de otro, sino que contrario al siglo pasado, provienen de amenazas que no pueden ser controladas por el Estado soberano. Esta nueva realidad exige que los ciudadanos se comprometan con las sociedades a las que pertenecen, éstas a su vez con las naciones en las que están imbuidas, y las naciones, con el mundo como un todo único, con órganos supranacionales encargados de la coordinación de las políticas comunes. Esta nueva identidad que se manifiesta en el traspaso de lealtades a niveles superiores, involucra el uso efectivo del soft power, y la conciencia universal de la necesidad de procesos de integración más ambiciosos.

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Nota:

1 Estados Partes: Australia, Bangladesh, Brunei, Camboya, Canadá, China, Corea, Unión Europea, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Mongolia, Nueva zelanda, Pakistán, Papúa Nueva guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor, Estados Unidos y Vietnam.

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ESTADO FEDERAL DESCENTRALIzADO Y CONSEJO FEDERAL DE gOBIERNO

Argenis S. Urdaneta g.*

RESUMEN

El Consejo Federal de gobierno creado por el constituyente en 1999, había permanecido por una década sólo como parte del texto constitucional, y sólo ocasionalmente, con motivo de los sucesos de abril de 2002, fue convocado para enfrentar la situación postconflicto.

La infuncionalidad del CFg, un órgano para la negociación vinculada a las actividades de planificación y coordinación, y el diseño y desarrollo de políticas para la descentralización, lucía conveniente para los intereses del régimen y su tendencia re-centralizadora, lo que explicaba la respectiva omisión legislativa al no discutir de nuevo, la ley sancionada por la Asamblea Nacional y devuelta por el Ejecutivo nacional (veto) en 2005; no obstante, en 2010, se produce un cambio táctico con la aprobación de la Ley orgánica del Consejo Federal de gobierno y su Reglamento, así como la correspondiente activación del Fondo de Compensación Interterritorial, con la innecesaria eliminación de los fondos ya existentes, lo que implica una utilización distorsionada tanto del Consejo como del Fondo.

* Abogado (UC); Magister en Ciencia Política (USB); Doctor en Ciencia Política (UCV); Profesor Jubilado (UC); Presidente Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (2011-2013)

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argenis s. urdaneta g.revista Memoria Política nueva etapa Vol. 2, nro. 1/2012

En este trabajo estudiamos la regulación tanto del Consejo Federal de gobierno como del Fondo de Compensación Interterritorial en el contexto del proceso de concentración de poder desarrollado en esta primera parte del siglo con especial atención al ámbito de la federación descentralizada.

Palabras clave: Estado Federal, descentralizado, Consejo Federal de gobierno

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estado Federal desCentralizado y Consejo Federal de gobierno


DECENTRALIzED FEDERAL STATE AND THE gOVERNMENT’S FEDERAL COUNCIL

ABSTRACT

The government’s Federal Council created by the constituent in 1999, had been for a decade only as part of the constitutional text, and only on the occasion of the events of April 2002, he was summoned to manage the post-conflict situation.

The non functional qualities of the gFC, an organ for the tied negotiation to the activities of planning and coordination, and the design and development of decentralization policies, seemed convenient for the interests of the regime and its re-centralizing tendency, what explained the respective legislative omission when not discussing again, the law sanctioned by the National Assembly and returned by the national Executive (power of veto) in 2005; nevertheless a tactical change takes place in order to a distorted way of using the Council and the Interterritorial Compensatory Fund, when organic law of gFC and its Regulation and the corresponding activation of the Fund, with the unnecessary elimination of the funds already existent was approve.

In this paper we study the regulation of government’s Federal Council as well as the Interterritorial Compensatory Fund, in the context of the process of concentration of power developed in this first part of the century, with special attention to the environment of the decentralized federation.

Key words: Federal State, Descentralized, Federal Council of government

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ESTADO FEDERAL DESCENTRALIzADO Y CONSEJO FEDERAL DE gOBIERNO

1. INTRODUCCION

No obstante haber sido creado por el constituyente en 1999, el Consejo Federal de gobierno había permanecido por una década sólo como parte del texto constitucional, y sólo ocasionalmente, con motivo de los sucesos de abril de 2002, pudo reunirse, aunque con la ausencia de la representación de la sociedad organizada por la inexistencia de una ley que normara su participación, para enfrentar la situación postconflicto en la búsqueda de acuerdos que permitieran la gobernabilidad del Estado federal descentralizado.

Se entendía que la funcionalidad de este órgano parecía inconveniente para los intereses del régimen y su tendencia re-centralizadora, así como lo es la creación de la Hacienda Pública Estadal; lo que se infería de la devolución de las respectivas leyes por parte del Ejecutivo Nacional, y la omisión de discutirla de nuevo, por parte de la Asamblea Nacional; por lo que, de cierta manera, sorprende la promulgación, en febrero de 2010, de la respectiva ley, y casi inmediatamente la aprobación del respectivo reglamento.

En este trabajo estudiamos la regulación tanto del Consejo Federal de gobierno como del Fondo de Compensación Interterritorial en el contexto del proceso de concentración de poder desarrollado en esta primera parte del siglo, previa revisión de los antecedentes inmediatos.

2. FEDERACION Y DESCENTRALIzACION

Partimos de la premisa del pacto federal nacido en 1811 y renovado, tanto en la Constitución de 1961 como en la de 1999, siendo que en ésta última el constituyente declara que

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el Estado venezolano es una federación descentralizada. Así las bases constitucionales del Estado federal descentralizado, las encontramos en la Exposición de Motivos, el Preámbulo y diversos dispositivos de la Constitución de 1999. En su Exposición de Motivos se explica: “...el diseño constitucional consagra un Estado Federal que se define como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar el anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que requiere nuestra realidad”. Mientras en el Preámbulo expresa: “...con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica... en un Estado de justicia, federal y descentralizado...” De allí que podamos afirmar que cualquier acuerdo nacional por un proyecto de país pasa por confirmar las cláusulas de ese renovado pacto federal.

2.1 Constitución y Estado Federal Descentralizado

En el texto constitucional de 1999, en sus Principios fundamentales, se establece que: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. (art. 4)

Asimismo, encontramos un conjunto de disposiciones referidas al tema de la Descentralización:

• Art. 157: establece la posibilidad de la transferenciade competencias a estados y municipios. Cláusula descentralizadora, equivalente a la contenida en el artículo 137 de la Constitución de 1961

• Art. 158: consagra la descentralización como políticanacional para “...profundizar la democracia, acercando el poder a la población...” lo que era una recomendación de la CoPRE

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• Art. 164: establece las competencias exclusivasde losestados. Aunque en contradicción con el contenido del art. 156, en el que se establecen las competencias del Poder Nacional, con una amplia lista que supera a la anterior Constitución

• Art. 184: establece la posibilidad de transferenciade servicios, por parte de Estados y Municipios, a comunidades y grupos vecinales organizados, previa demostración de su capacidad para prestarlo

• Art.185:creaelConsejoFederaldeGobierno

• Art.206:establecequelosestadosseránconsultadosporla Asamblea Nacional, a través del Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos

En cuanto a la organización del Estado, se reconoce la federación, aunque se mantiene cierto sesgo centralista y presidencialista. Así para organizar políticamente la República, el territorio nacional se organiza en municipios y se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales (art. 16, encabezamiento). y en cuanto al Poder Público, distingue en su distribución vertical: Municipal, Estadal y Nacional; y en lo que respecta al Poder Público Estadal, podemos destacar:

• Losestadossonconcebidoscomo“entidadesautónomase iguales en lo político, con personalidad jurídica plena... obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional” (art. 159)

• EscompetenciaexclusivadelosEstadosdictarsupropiaConstitución: (art. 164)

• ElGobernadoreselegidoporunperiodode4años,conreelección inmediata y por una sola vez; rinde cuenta de su gestión ante el Contralor (art. 160 y 161)

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• Con respecto a las competencias concurrentes, en elencabezamiento del art. 165 se distingue las leyes de base (nacionales) y leyes de desarrollo (estadales)

• Se prevé la transferencia de competencias, serviciosy recursos a los municipios; el ordenamiento estadal regulará los mecanismos (art. 165, único aparte)

• Se consagra la creación del Consejo Estadal dePlanificación y Coordinación de Políticas Públicas (art. 166)

2.2. Desarrollo legislativo y estrategia financiera para la descentralizaci{on

El desarrollo legislativo posterior a la promulgación de la Constitución vigente, en lo que respecta a la descentralización y a la condición de los estados miembros dentro de la federación venezolana, ha estado signado por un sesgo que responde a una visión centralista de los actores del Poder Central que, con una interpretación errada del texto constitucional, se expresa de manera especial en las leyes para el financiamiento de la descentralización.

En ese sentido y atendiendo a la necesaria estrategia financiera para la descentralización, que se había iniciado en la década de los noventa y debiera continuar en la primera del siglo xxI, se destaca que el modelo que ha prevalecido, tiene un fuerte acento distributivista, lo cual genera una carencia fiscal que inhibe el desarrollo de las capacidades de gestión del gasto público regional, y así ante las necesidades eventuales de nuevos recursos para las regiones, los Estados se ven obligados a reclamar recursos al gobierno central, lo que tiende a generar tensión intergubernamental. Pero, mantener este modelo multiplica los intentos del gobierno central de escamotear recursos a los estados, lo que permite el aumento del desorden administrativo y genera más roces

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intergubernamentales; por lo que se ha pensado en un modelo de corresponsabilidad fiscal (De la Cruz, 1992: 32-36), en el cual se inscribe la propuesta constitucional de crear la Hacienda Pública Estadal (Disposición Transitoria Cuarta, num. 6), así como en la instauración de un sistema de compensación, el cual se corresponde con el Fondo de Compensación Interterritorial, también previsto en la Constitución (art. 185), que no había sido regulado aunque estuvo previsto hacerlo como parte de la Ley de Hacienda Pública Estadal, proyecto que quedó engavetado en la Asamblea Nacional, luego de ser devuelto por el Ejecutivo nacional.

Las finanzas de las entidades federales y locales han estado signadas por la distribución centralista de los recursos mediante el situado constitucional, con las variaciones producidas en 1989; por lo que las estrategias recomendadas han estado dirigidas hacia un esquema mixto, que permita a cada entidad federal desarrollar la explotación de actividades económicas, y la creación de un sistema impositivo regional y local que complemente el financiamiento desde el Estado; a los fines de dotarlos de la relativa autonomía financiera que se requiere para enfrentar los compromisos crecientes del proceso de descentralización, ya que los ingresos por tasas no son suficientes para cubrir los gastos de mantenimiento de los servicios que los generan, y sobre los cuales deben asumir responsabilidades los Estados. La transferencia de competencias y de servicios no tiene sentido si no va acompañada de instrumentos fiscales y financieros que permitan su ejercicio. y para todo esto la coordinación de actividades gobierno central-estados requiere la delimitación de sus competencias, lo que ha sido un problema tanto en los 90 como en esta década.

Ahora bien, en un esquema de redistribución fiscal para el financiamiento de la Federación descentralizada interviene el juego de intereses de los correspondientes actores, los cuales, en términos generales, se identifican

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con las tendencias federal-descentralizadora y unionista-centralizadora, en pugna desde el siglo xIx, una vez declarada nuestra independencia, y que ha explicado la coexistencia de textos constitucionales federales con regímenes y gobiernos centralistas (Ayala Corao, 1990: 69-74; Brewer-Carías, 1990: 10-12). A lo que no escapa el proceso constituyente de 1999, productor de una nueva Constitución que consagra el Estado federal descentralizado, pero con disposiciones ciertamente contradictorias con esa intencionalidad, como se aprecia en los casos del presidencialismo observado en el recargado artículo 156, así como el establecimiento del Parlamento unicameral, entre otros. y esos intereses contradictorios se reflejan con más fuerza en la legislación, lo que produce un grado mayor de confrontación en el desarrollo de la aplicación de las previsiones legales. Pero ese reconocimiento de la federación requiere de una estrategia financiera derivada de una política de Estado, ausente en los noventas, presente tímidamente en el texto constitucional de 1999, pero aun sin desarrollo práctico, por no formar parte de las políticas del régimen actual.

Por otra parte, para que la descentralización signifique fortalecimiento del Estado federal descentralizado, tal como está previsto en la Constitución de 1999, se requiere de entidades federales y locales fuertes que puedan asumir, con suficiente grado de certeza, la autonomía que se consagra en el texto constitucional. Pero el proceso legislativo de desarrollo y aplicación de la Constitución, se ha caracterizado por dificultar el financiamiento de la descentralización con la inclusión de mecanismos centralistas, amparados en un concepto erróneo de la necesaria coordinación, establecida como principio en nuestra Constitución, para el tratamiento de materias de competencia concurrente (art. 165), lo que nos hace recordar la conjugación de verbos del Estado planteada por Pedro J. Frías, citado por Colomer V. (1995: 86), cuando se trata de la autentica estructura federal, en el sentido de coordinar sin especular, controlar sin anular, promover sin marginar, ayudar sin presionar; a lo que

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pudiéramos agregar como corolario: coordinar y colaborar, sin asfixiar.

En una revisión somera de algunas leyes para la descentralización se observa que, aunque deberían formar parte de una estrategia financiera de la descentralización para la consolidación de la federación, ellas contienen las preocupantes contradicciones a las que nos hemos referido antes. Se trata de la Ley de asignaciones económicas especiales para los Estados y el Distrito Metropolitano de Caracas derivadas de minas e hidrocarburos, el Decreto con fuerza de Ley general de Puertos, y la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización FIDES. Pero es conveniente advertir, que esas contradicciones no se agotan en leyes que se refieren al financiamiento de la descentralización, sino que afectan también a aquellas cuya materia es la organización del Estado federal descentralizado, como es el caso de la Ley orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados.

2.3. Estado federal y proceso de concentraci{on de poder

Existe una tendencia hacia la concentración de poder, que ha venido desarrollándose desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución vigente, pues en su contenido, no sólo se observa una importante contradicción entre los artículos 156 y 164, con respecto a las competencias del Poder Público Nacional y el Poder Público Estadal, sino que el contenido de todo el artículo 156, en concordancia con el artículo 236 que establece las atribuciones del presidente de la República, implica un reforzamiento del presidencialismo, a pesar de que en la Exposición de Motivos se haga referencia un semipresidencialismo flexible. Ese proceso de concentración de poder se produce en los ámbitos de la federación y del poder público (concentración político-institucional), de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad (concentración político-social), del capitalismo rentístico y la

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reversión de políticas económicas para re-fortalecer el Estado (re-concentración político-económica) y de la Fuerza Armada (toma centralizada del poder armado). Para Manuel Rachadell (2009) se trata de

...un proceso de concentración del poder y de centralización de la Administración, que se realiza mediante leyes y omisiones legislativas, actos y actuaciones de la administración, vías de hecho, decretos leyes, que son anteriores y posteriores al intento fallido de reforma de la Constitución... (p. 40)

En el desarrollo de esta tendencia, las reglas no escritas, como reglas de juego, cumplen un papel muy importante; lo que a su vez se vincula al desarrollo de una ‘estrategia’ de la confrontación, entendida como conjunto de tácticas dirigidas a la ‘confrontación del enemigo’, aun cuando se trate, simplemente, del adversario electoral; así las reglas no escritas terminarían siendo las reglas del juego político. A ello ha contribuido la utilización de la casuística como práctica judicial, asumida como un instrumento político y como parte de un conjunto de tácticas dirigidas a un mayor control de poder, más que como estrategia de desarrollo de un proyecto político. y esa práctica es acompañada por una dinámica legislativa para el desarrollo de la Constitución, enmarcada en la conjunción hegemonía política – legalidad, como medio de utilización de la institucionalidad para la imposición de un proyecto político; y esto se corresponde con la aprobación de leyes sin consenso, el Ejecutivo Nacional actuando como legislador, mediante el uso excesivo de su iniciativa y la utilización de la fórmula de las ‘leyes habilitantes’, al tiempo que el Tribunal Supremo de Justicia, con la ‘amplitud’ de sus sentencias, actúa también como legislador, lo que significa la consecuente disminución de la autonomía e importancia que el Poder Legislativo tiene en todo sistema democrático, y el desmedro del significado que la ley tiene en toda república.

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La concentración de poder ha sido vista como problema, en razón de los riesgos que ello implica, en ese sentido Noam Chomsky (2006: 88) nos plantea que “…se puede confiar más en la posibilidad de progreso sobre la base de esos instintos humanos, que sobre la base de las instituciones de un poder centralizado, que casi de manera inevitable actuará en beneficio de sus grupos más poderosos”; además de tender “…a potenciar los peores instintos humanos, los instintos de rapacidad, de destrucción, de acumulación de poder y de destrucción de los otros...”, los cuales “...surgen y operan en ciertas circunstancias históricas...”

Ahora bien, el proceso de concentración de poder que tratamos en este trabajo, se corresponde con una estrategia de relación directa líder-masa, entendiendo tal estrategia como parte de un proyecto político, lo que enciende las alarmas en cuanto a la posibilidad de dominación total. Lo que no significa que se puede hablar de experiencia totalitaria, en todo caso existe una tendencia, un sesgo hacia la dominación total. En nuestro caso se trata de la existencia de un tipo de liderazgo que ha sido identificado como carismático, y que se corresponde con el resurgimiento del personalismo político. En ese sentido, graciela Soriano de garcía Pelayo (1996), quien ha tratado este tema sistemáticamente, nos dice:

El suceder histórico político de las repúblicas de Hispanoamérica se ha caracterizado, durante los más de ciento cincuenta años de vida independiente, por la presencia del personalismo entendido como ejercicio personal del poder, bien como expresión de la pura voluntad de dominio únicamente sujeta a su propio arbitrio, correlativo a la debilidad institucional y/o al escaso arraigo de la norma, bien inscrito dentro de la normativa vigente, amparado tras el ‘estado de excepción’ previsto en los textos constitucionales para situaciones extraordinarias. (p.9)

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Mientras que Elías Pino Iturrieta (2007) considera que la influencia del personalismo en nuestra realidad institucional data desde la conquista, y afirma que “así como la Conquista en buena medida dependió del interés del conquistador, la República dependió del interés del mandón y eso no se acaba en el siglo xIx, sino que parece continuar hasta nuestros días...”

Por tanto, no se trata de un fenómeno que ha quedado en un rincón del pasado, sólo como para ser mencionado como dato histórico, como podría creerse como consecuencia de nuestra experiencia democrática de la segunda mitad del siglo pasado; se trata de un fenómeno “…demasiado reciente, sin certificado de defunción, vivo, cuyo retroceso eventual en cualquier momento puede no ser garantía de su no recurrencia definitiva…”, entre otras cosas porque siempre se expresa una “…actitud teórica o efectiva favorable a la promoción del ‘personalismo’ como solución alternativa a situaciones difíciles o criticas imputadas a la democracia… amenaza que en Hispanoamérica está siempre latente en épocas de crisis…”, anunciando “…en cada situación crítica, un cambio de régimen capaz de retrotraer en décadas a desarrollos políticos, siempre difícilmente encaminados…” (graciela S. de garcía P., ibídem: 11)

Ahora bien ese ejercicio personal del poder, vinculado a la estrategia de la relación directa líder-masa, se corresponde con un concepto de pueblo vinculado al concepto de hombre-masa, quien queda a merced del razonamiento lógico, cuya premisa es lo evidente por sí mismo, razonamiento que tiene la particularidad de ser la única capacidad de la mente humana independiente de la experiencia, de allí que al no haber organizaciones fuertes de la sociedad conforme a sectores o clases sociales, se den mejores condiciones para la existencia del hombre-masa (Hanna Arendt, 2003: 700-705). Las condiciones del hombre-masa se producen en hombres aislados, que son impotentes ante el dominio del terror y de cualquier expresión de poder, ese aislamiento se da en la soledad, la que distingue de la vida solitaria, ya que se

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expresa más aguda y claramente en compañía de los demás, donde se confirma la pérdida del sí mismo y de la confianza en el mundo, necesarios para realizar experiencias.

La Federación como problema

Como premisa teórica para tratar este aspecto, tomamos los planteamientos de Tsebelis y de Penfold.

george Tsebelis (2006: 177), basándose en Riker (1975), afirma que “…el federalismo es un equilibrio entre unidades constituyentes que desean participar en la federación (y no alejarse de ella) y el gobierno central que no les quite su autonomía...” Ambas condiciones deben mantenerse, para evitar que la federación se desplome o se disuelva, transformándose “…en grupo de estados independientes o en uno unitario…” Actúan como factores para mantener esta situación de equilibrio, interviniendo como jugadores con veto: a) el bicameralismo, especialmente el Senado, que es la Cámara federal, 2) las mayorías calificadas en la toma de decisiones, sobre determinados temas, en ambas cámaras, y 3) el sistema de partidos, en sus diferentes variantes. (Subrayado nuestro)

Por su parte, Michael Penfold (2008: 51) concibe la descentralización como un equilibrio inestable, lo cual explica con los juegos de transgresión y los juegos de coordinación, partiendo de distinguir que en “...el juego tipo dilema del prisionero, los actores tienen el incentivo individual de no cooperar...”, mientras que en los de coordinación, “...no existe un conflicto de intereses entre los actores; más bien existe una armonía entre los intereses de cada uno de ellos. El problema básico es que los actores no saben en qué dirección coordinarse...” (Ibídem: 52-53) y al aplicar los juegos de transgresión a la dinámica de la descentralización, se entiende que el gobierno central intentará “...transgredir en contra de los intereses de los gobernadores...”, lo que hará aislándolos uno a

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uno; ya que carece de “...incentivos para mantener... y proteger el proceso de descentralización...”, siendo que la única manera de obligarlo “...a mantener el acuerdo descentralizador es mediante restricciones institucionales...” (Ibídem: 58-59)

Esto explica las recurrentes perturbaciones, como las antes referidas en la experiencia de los noventas, con respecto a las relaciones intergubernamentales y especialmente en materia financiera, las que a veces derivan en tensión, poniendo en riesgo la permanencia del sistema federal; por lo que Penfold (Ibídem) se refiere a la necesidad de blindar la institucionalidad.

…el aspecto central para sostener un proceso de descentralización viene dado, formalmente, a través de un proceso de blindaje institucional que incrementa los costos del gobierno central de manipular el sistema e incluso de revertirlo … la capacidad de coordinación de los gobernadores, puede impedir políticamente que el sistema sea manipulado o revertido… en aquellos casos en que coexistan ambos elementos, el proceso de descentralización estará mejor blindado. (p. 61)

Ahora bien, en Venezuela la situación de tensión entre las tendencias federal-unitario, centralista-descentralizador es histórica, y así observamos que los efectos del actual proceso de concentración de poder, la federación se presenta como un problema; y es que no ha cesado, desde 1811, la confrontación entre federalismo y centralismo, así consideramos la Constitución de ese año como una Constitución Federal, mientras las de 1819 y 1821 son centralistas y la de 1830 se le ha denominado centro-federal, y a lo largo del siglo xIx, al igual que en la primera parte del siglo xx, se produce un conjunto de cambios constitucionales en los que predomina una u otra tendencia, hasta la Constitución de 1961, que conteniendo rasgos propios del centralismo, asume la federación como

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un desideratum y la reconoce como una forma de vida a la que históricamente ha aspirado el pueblo venezolano, de allí las recordadas cláusulas de los artículos 22 y 137, que permitían la posibilidad de la elección de gobernadores (el primero) y la descentralización administrativa (el segundo), ambas cláusulas más el concepto de municipio como entidad territorial con autonomía, consagrado en esa Constitución, son aspectos institucionales que permitieron la apertura de un proceso de reformas que dieron cabida a la experiencia de la descentralización. La decisión política de esas reformas constituía una respuesta institucional a la situación de crisis vivida en la década de los ochenta, así la década de los noventa constituyó una experiencia muy importante, década en la que los venezolanos se estaban acostumbrando a diferenciar gobiernos nacionales, regionales (estadales) y locales (municipales), lo que se expresó en algunos casos como diferenciación de comportamientos electorales, siendo que en algunos municipios se votó en 1998 y 2000 por candidatos y se eligió gobernantes de diferentes tendencias en cada nivel de la distribución vertical del poder público; asimismo cabe destacar la participación de candidatos a Presidente que habían sido alcaldes o gobernadores, tanto en las elecciones de 1993 como en las de 1998. En esa década, aunque con dificultades (algunas de ellas de carácter institucional) se desarrollaron relaciones intergubernamentales con cierto equilibrio, con la presencia tanto de juegos de transgresión como de cooperación.

La década de los 90 es el momento de las autonomías territoriales y de la descentralización como medida necesaria en los sentidos económico, político y administrativo, tendencia que venía dándose a escala global, siendo la nuestra sólo una expresión local de esa tendencia. Con el reconocimiento y desarrollo de las autonomías territoriales se supera la concepción, de carácter constitucional (1961), de los gobernadores como agentes del gobierno Central y de los alcaldes como expresión del órgano legislativo local.

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Con la Constitución de 1999 no sólo se mantiene la declaración de que nuestro Estado es federal, sino que expresamente se le caracteriza como ‘federal descentralizado’ para diferenciarlo de la experiencia vivida bajo la vigencia de la Constitución de 1961, que fuera calificada por la doctrina jurídica nacional como federación centralizada, por lo menos hasta 1990. De tal manera que el Constituyente de 1999 asume la continuidad del proceso de descentralización de la década de los noventa, lo que se expresa en el artículo 164, que en buena parte recoge la lista de competencias de los estados contenidas en la Ley de descentralización (LoD) de 1989. No obstante, el texto constitucional contiene una contradicción importante entre algunos numerales de los artículos 156 y 164, sobre todo en lo que respecta a las materias de puertos, aeropuertos y carreteras, lo que se reflejará en la legislación de desarrollo de esas disposiciones constitucionales, en las que se evidencia una tendencia centralista que ubica a Ministros (funcionarios designados por el Presidente) por encima de gobernadores y alcaldes (elegidos por el pueblo y cabezas de entes territoriales con autonomías), como lo son los casos de las leyes del FIDES y Asignaciones Especiales (LAEE).

Asimismo, en la Constitución de 1999 se contribuye a la creación de algunas ilusiones participativas como lo es el caso de los Consejos de Planificación, sobre todo en los dos extremos de la distribución vertical de Poder Público, así los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), y el caso del Consejo Federal de gobierno, la experiencia de la infuncionalidad de este último durante una década, ha sido más que evidente. y como una derivación de los CLPP se ha planteado la creación de los Consejos Comunales, lo que ha llevado a hablar del Poder popular, y esto se afianza, de manera confusa en la propuesta presidencial de Reforma Constitucional, derivándose de ella que los Consejos Comunales terminarían desplazando, en la práctica, a los municipios, lo que podría crear un espejismo: la ilusión de

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poder del pueblo, ya que de acuerdo con la ley que los rige, pero más claro aun en la propuesta presidencial de reforma, esos consejos serían dependientes de la Presidencia de la República, cuestión que se reafirma en las denominadas leyes del Poder Popular o del Estado Comunal.

A esto debemos agregar la participación de la Fuerza Armada, especialmente el componente guardia Nacional, en este proceso de concentración, que también se le ha denominado proceso de re-centralización, lo que implica la participación de la Fuerza Armada en actividades que no se corresponden con sus funciones, y por lo que a este proceso se le ha calificado de re-centralización militarizada.

De tal manera que podemos afirmar que para el fortalecimiento de la tendencia histórica a favor de la centralización, en este caso de la re-centralización, con el desarrollo de una estrategia de concentración de poder, el hecho de que en la década de los noventa (90) se hubiera desarrollado un proceso de descentralización política y administrativa que tendía a favorecer el Estado federal, constituía un problema; por lo que se imponía como táctica: asumirlo y reconocerlo normativamente, lo que sucedió con la Constitución de 1999, para luego revertirlo con el ejercicio del poder, mediante el control de recursos, la infuncionalidad del Consejo Federal de gobierno, y la contribución operativa de la Fuerza Armada, así como con la implementación de la polarización político-electoral continuada, independientemente de la separación de elecciones, a lo que ha contribuido la actitud de algunos sectores de oposición, y luego desmantelarlo institucionalmente, lo que parecía ser parte de la intencionalidad de la propuesta presidencial de reforma constitucional; y lo que también se ha pretendido hacer con parte de los 26 decretos con fuerza de ley, así como con la confrontación que se anunció luego de los resultados del 23 de noviembre de 2008 y que se ha puesto en práctica en 2009, luego de la aprobación de la enmienda, con

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la reversión inconstitucional de competencias de los estados en materia de puertos y aeropuertos y autopistas y carreteras, así como la designación de autoridades regionales iniciada con la autoridad única del Distrito Capital, designada por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital. y más recientemente con Ley orgánica del Consejo Federal de gobierno y su reglamento.

Vale destacar, no obstante, que debido a la importancia institucional que había adquirido el proceso de descentralización política y administrativa en la década de los 90, los estados y municipios tuvieron un papel de relevancia en los momentos críticos luego de superado lo ocurrido el 11 y 12-04-02. El Presidente convocó el Consejo Federal de gobierno (18-04-02), sin que se hubiera aprobado la ley para su funcionamiento, pero se buscaba crear un escenario para la concertación federal, para alcanzar acuerdos que redujeran la tensión entre los tres niveles del Poder Público, así como la gobernabilidad del Estado Federal descentralizado. Asimismo se realizó la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de gobernadores (08-06-02), con la participación del Vice-Presidente Ejecutivo, surgiendo el denominado ‘Consenso de Anzoátegui’, con el que se acordó impulsar y profundizar el proceso de descentralización, y cuyas cláusulas se referían a las relaciones intergubernamentales, muy especialmente vinculadas al tema del financiamiento de la descentralización, así como al incumplimiento y atraso de los mecanismos de redistribución, lo que incluía la promulgación de las leyes del Consejo Federal de gobierno, orgánica de Hacienda Pública Estadal y del Fondo de Compensación Interterritorial, teniendo en cuenta la sostenibilidad de largo plazo de las Finanzas Públicas; de estas leyes sólo la del Consejo Federal de gobierno, que incluye el Fondo de Compensación Interterritorial fue aprobada, casi 8 años después de estos acuerdos.

Asimismo, hay que destacar que las elecciones regionales y locales de 2008 producen un resultado paradójico que anuncia

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la continuidad de la tensión federalismo-centralismo. Tanto el Presidente como la ‘oposición’ ganaron, pero perdieron; mientras los seguidores del Presidente ganaron 17 gobernaciones y 263 municipios, la oposición ganó 5 estados (zulia, Miranda, Carabobo, Táchira y Nueva Esparta), tres de ellos los de mayor población, a lo que hay que agregar la Alcaldía Metropolitana de Caracas, pero además ganó dos alcaldías muy importantes Maracaibo y Sucre (Petare), esta última es emblemática por ser una zona muy popular de la llamada gran Caracas. Pero ese proceso electoral fue una expresión más del proceso de concentración del poder y en contra de las posibilidades del desarrollo del Estado federal descentralizado previsto en la Constitución, al extremo que los resultados fueron dados por Caracas, siendo que se trataba de unas elecciones regionales, en las que el peso descansa en las juntas electorales regionales (estadales) y municipales, quienes son las que proclaman. y es que tal como lo señala Michael Penfold (2008: 126) “…la única forma institucional que en su aspecto político no pudo ser revertida, fue la elección directa de gobernadores…”, se pudo diluir “…los efectos fiscales y administrativos de la descentralización…”, pero se ha tenido que “…convivir con la incómoda realidad política creada por las reformas de 1989 y profundizadas por la Constitución…”, con la extensión del periodo a cuatro años, con reelección, y “…la posibilidad aún no materializada de transferir instrumentos tributarios”, lo que se produciría con la Hacienda Pública Estadal; a lo que debemos agregar el diseño institucional de las elecciones separadas.

Lo acontecido en estas dos décadas de evolución e involución de la descentralización, pareciera indicar que la elección y reelección de gobernadores y alcaldes, en un sistema de elecciones separadas, pudiera ser una fórmula irreversible; lo que a la larga operaría a favor de la federación descentralizada, a pesar de la estrategia de confrontación y la continuada polarización político-electoral. Podríamos decir que este aspecto se va convirtiendo en la parte blindada del diseño institucional

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del Estado federal descentralizado. No hay que olvidar que la diferencia entre la fallida reforma de 2007 y la enmienda de 2009 es la ampliación de la propuesta de reelección indefinida a gobernadores y alcaldes.

3. EL CONSEJO FEDERAL DE gOBIERNO

El constituyente de 1999 elimina el Senado como Cámara de representación de los estados federados, y pretende compensarlo con la creación del Consejo Federal de gobierno y con la elección de tres diputados fijos por cada estado, no afectados por la proporción derivada de la aplicación de la base poblacional del 1,1% (art. 186). Pero ni esto último es compensación a la inexistencia del Senado, ni el Consejo constituye un órgano político, sólo es un órgano de planificación y coordinación; por tanto no hay instancia para la deliberación política en la federación.

Así en la Exposición de Motivos de la Constitución 1999 se expresa

“Como órgano constitucional de carácter interterritorial se crea el Consejo Federal de gobierno… un órgano producto de la fase más avanzada del federalismo, el federalismo cooperativo, superación histórica de lo que ha sido denominado federalismo dual que entendía al Estado como producto de un pacto entre los distintos entes políticos territoriales los cuales tendrían una esfera de soberanía no delegada a la Unión...Las funciones de este Consejo Federal de gobierno serán básicamente las de planificar y coordinar horizontalmente las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y la administración del Fondo de Compensación

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Interrterritorial destinado al financiamiento de inversiones públicas con el fin de promover el desarrollo equilibrado de las regiones de menor desarrollo relativo” (p. 64-65) [Subrayado nuestro]y el artículo 185 constitucional señala que a este Consejo corresponde “…la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios…”

Con una mora de nueve años la Asamblea Nacional sanciona la Ley orgánica del Consejo Federal de gobierno, la cual es promulgada en fecha 22-02-10 (go Extr. Nº 5963); ley que forma parte de un proceso de legislación que pretende alcanzar la modificación de la Constitución de 1999 por mecanismos distintos a los previstos en ella. Lo que comenzó con los famosos 26 decretos con fuerza de ley, y continúa con las leyes para la re-centralización aprobadas entre 2009 y 2010, son leyes que repiten o se fundamentan en el contenido de la propuesta de reforma constitucional improbada en 2007; de allí que se puede afirmar con cierta seguridad que se trata de leyes inconstitucionales. Poco tiempo después fue dictado el Reglamento de esta ley, por Decreto 7.306 de fecha 09-03-10 (go Nº 39.382). En la peculiar manera de este régimen entender la legalidad, el texto de este reglamento no sólo va más allá del espíritu, propósito y razón de la ley respectiva, sino que en las Disposiciones generales asume tareas propias del constituyente, especialmente en las definiciones (art. 3), en la que podemos destacar, por extrema, la ordenación del Territorio; y al definir el ámbito de aplicación, al extenderlo más allá del Consejo Federal de gobierno hasta “…las entidades político-territoriales… en el ámbito territorial y social donde ejercen su competencias”.

Conforme a lo establecido en su artículo 1, el texto de la ley distorsiona la razón de ser de este órgano; ya que

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no es lo mismo encargarse de la planificación y coordinación del proceso de transferencia de competencias a estados y municipios, que establecer los lineamientos de esa planificación y coordinación de políticas y acciones, las cuales ahora no están referidas al proceso de transferencia a estados y municipios, sino para el adecuado desarrollo regional; asimismo “…atiende al establecimiento del régimen para la transferencia de las competencias entre los entes territoriales…”, pero también “…a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado”.

Incluir de manera confusa a las “…organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado”, implica una dosis de retórica observable también en el texto de la propuesta de reforma constitucional de 2007. Con esto, se expresa un nuevo concepto de soberanía, que no es la soberanía popular a la que se refiere el constituyente de 1999, sino la “…del Estado…”, agregando la confusión de los entes híbridos que se han venido proponiendo desde la fallida reforma de 2007 (los del llamado Poder Popular). Confusión que continúa en el art. 2 de la Ley, al referirse al establecimiento de “…los lineamientos que se aplican a los procesos de transferencia de las competencias y atribuciones de las entidades territoriales, hacia las organizaciones de base del Poder Popular”. Así, se mal interpreta la transferencia de servicios a las comunidades, prevista en el art. 184 constitucional, pues las competencias las tienen los entes estatales no las organizaciones de la sociedad; por tanto la transferencia de competencias sería entre los entes territoriales, expresión genérica que utiliza el legislador, obviando el concepto de autonomías territoriales, lo que pudiera servir para una reversión encubierta, más claramente observable en la reforma del Reglamento.

Además, al referirse a estas organizaciones de base se está excluyendo al resto de las organizaciones de la sociedad, y si tales organizaciones de base se confunden con entidades estatales,

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como se observa en la propuesta de reforma constitucional, se estaría excluyendo a toda la sociedad organizada, la que por naturaleza no es Estado. Así se Restringe el concepto de sociedad organizada, chocando con la Constitución, sólo a los consejos comunales, comunas y cualquier otra organización de base del Poder Popular (Art. 4). y hay que advertir que la Constitución se refiere a la sociedad organizada, que es un concepto amplio, y no a ese híbrido del Poder Popular. Las organizaciones del Poder Popular no están previstas en la Constitución, sino en el Proyecto de reforma constitucional.

Esta ley concibe al Consejo Federal de gobierno como órgano o ente centralizado que centraliza las políticas de desarrollo regional. Define políticas a ser desarrolladas por los entes territoriales, entendidos éstos como inferiores en jerarquía; así en su art. 2, aparte único, se establece que “Los lineamientos del Consejo Federal de gobierno serán vinculantes para las entidades territoriales”.

De acuerdo con la ley, la función de planificación del Consejo va dirigida a “…apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo…”, lo que se haría preferentemente a través de los Distritos Motores de Desarrollo, entes creados por esta ley, con los parámetros previstos en el Proyecto de reforma constitucional, para “…el fortalecimiento del Poder Popular, en aras de facilitar la transición hacia el socialismo” (Art. 5 y 6). Mientras el Reglamento, por encima de la Constitución, crea la Autoridad Unica Distrital, lo que lejos de contribuir a la armonización de los intereses nacionales, estadales y municipales como lo señala la Exposición de Motivos de la Constitución, se convertiría en un elemento de desconocimiento fáctico de la autoridad de la cual están investidos funcionarios electos como son los gobernadores y alcaldes. La creación de los Distritos Motores se correspondería con la llamada nueva geometría del poder, incluida en los Cinco Motores de la Revolución, y prevista

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en la fallida propuesta de reforma constitucional. Asimismo, el Reglamento vincula los Distritos Motores de Desarrollo a lo que denomina Unidades de gestión Territorial (art. 18-26), constituidas por los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial, además de los Distritos Motores, desagregados en “…ejes comunales, Comunas, zonas de desarrollo, ejes de desarrollo y corredores productivos…” y en perjuicio de los estados y municipios, y bajo el riesgo o amenaza de su disolución fáctica, aunque no formal, se establece que el ámbito espacial de tales unidades de gestión territorial “…podrá o no coincidir con los límites políticos administrativos de los estados, municipios o dependencias federales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley orgánica de ordenación del Territorio”.

A pesar de la confusa y contradictoria redacción, de la lectura detenida de los respectivos artículos se podría entender que los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial orientarían la planificación territorial, mientras los Distritos Motores de Desarrollo conformarían una estructura orgánica, mediante la cual se ejecuta y desarrolla los planes aprobados. No obstante, en el artículo 19 (contrastable con el artículo 21) se define al eje estratégico de desarrollo como:

…unidad territorial de carácter estructural Supralocal y articuladora de la organización del poder popular y de la distribución espacial del desarrollo sustentable, endógeno y socialista, con la finalidad de optimizar las ventajas comparativas locales y regionales, los planes de inversión del Estado venezolano en infraestructura, equipamiento y servicios, la implantación y desarrollo de cadenas productivas y el intercambio de bienes y servicios. (Subrayado nuestro)

Por otra parte, en el Reglamento (art. 40 y 41) se prevé la reversión y reasignación de recursos, atribuciones y competencias;

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en el caso de la reversión de competencias, se sigue la lógica de la inexplicable reforma de la Ley de Descentralización LoD, de contenido evidentemente inconstitucional, ya que no se puede revertir ni por acto legislativo, ni por acto administrativo, las competencias conferidas por el constituyente, esto sólo podría darse en relación con las competencias que por acto legislativo se transfirieran en desarrollo de lo previsto en el artículo 157 constitucional, conforme a lo previsto en la respectiva ley de transferencia y nunca por acto de gobierno o por acto administrativo; transferencia que es sólo competencia de la Asamblea Nacional, conferida especialmente por el constituyente (art. 157), no delegable por ley habilitante, pues la amplitud del contenido del tercer aparte de artículo 203 constitucional está referida a las materias competencias del Poder Público Nacional (art. 156 constitucional) y no para sustituir a la Asamblea Nacional en esta especialísima facultad de variar el régimen competencial establecido en Constitución. Asimismo hay que repetir que no se transfiere competencias a las organizaciones de la sociedad, y si se tratare de las llamadas organizaciones de base del poder popular, tanto su existencia como las posibles transferencias sólo estarían relativamente legitimadas de haberse producido la aprobación de la propuesta de reforma constitucional de 2007.

En el Reglamento también se incluye un nuevo concepto, el de los Consejos de co-gobierno nacional, vinculado al de Sistema de planificación participativa territorial (art. 47-58); de acuerdo con esto, tal cogobierno lo conformaría las entidades político territoriales, junto con los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPCPP) y Locales de Planificación Pública (CLPP); el Consejo Federal de gobierno, especialmente a través de su Secretaria y las instancias tecno-políticas (CTE, oTR, URE); y las organizaciones del poder popular (Consejo del Poder Popular). El Sistema de Planificación Participativa Territorial lo constituyen, en orden jerárquico, el CFg, los CEPCPP, los

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CLPP, las Comunas y los Consejos Comunales. Esta visión centralizada de la federación es rematada con lo dispuesto en el artículo 58:

Las reuniones de coordinación y encuentro de las instancias de gobierno y cogobierno estadales y municipales, actuando bajo la filosofía del Sistema de Planificación Participativa Territorial, podrán identificar y proponer ante el Ejecutivo Nacional proyectos de alto interés para la región o los estados miembros de la región, los cuales dada su complejidad y dimensión requieran ser ejecutados por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. (Subrayado nuestro)

La coordinación aquí planteada no se produce entre entes en relación de equilibrio, pues se trata de una relación de jerarquías bajo una visión centralista, por lo que el equilibrio interterritorial buscado no implica el fortalecimiento de los entes territoriales como entidades autónomas, sino su participación “equilibrada” como partes de un sistema centralizado. Además, la expresión co-gobierno aquí utilizada, implica una concepción centralista, en la que se considera que existe un solo gobierno, el gobierno Nacional, por lo que corresponde a los entes territoriales la cooperación subordinada, en tal esquema no podríamos hablar de autonomías territoriales, por tanto no se trataría de una Federación.

Aparte de la retórica observable en instrumentos normativos aprobados o en proyecto, desde la fallida propuesta de reforma constitucional, que reflejan el voluntarismo personalista que aspira a construir el socialismo por decreto, se revela también la improvisación que ha caracterizado al régimen, y que en este caso evidencia que para el momento de la aprobación de la Ley no había suficiente claridad sobre lo que estaba planteado hacer, lo que lleva al diseño institucional

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defectuoso, constantemente modificable, a medida que la práctica vaya obligando; se trata de un permanente ensayo, lo que se evidencia con la reforma del Reglamento en mayo de 2012.

3.1. Integración del Consejo Federal de Gobierno

Conforme a la Constitución (art.185) el Consejo Federal de gobierno lo integran: el Vicepresidente Ejecutivo, quien lo preside, los Ministros, los gobernadores, un alcalde por cada estado y representantes de la sociedad organizada. La Secretaría la integran: el Vicepresidente Ejecutivo, dos Ministros, tres gobernadores y tres alcaldes.

En la ley se distingue Plenaria y Secretaría, en cuanto a la integración de la plenaria, el legislador, como hemos señalado, agrega a “…los voceros… de las organizaciones de base del Poder Popular, cuya selección y número determine el reglamento de esta Ley” En este sentido, es importante recordar que la integración del Consejo Federal de gobierno la definió el constituyente y sólo dejó al legislador que definiera la representación de la sociedad organizada, lo que no implica restringirla a las organizaciones de base del llamado Poder Popular, y menos remitirlo a un reglamento. Asimismo, cabe destacar que en la Disposición Transitoria Segunda se prevé, que mientras se apruebe el Reglamento la selección de los voceros de las organizaciones de base del poder popular le corresponderá al Ministro del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, disposición que no hubo oportunidad de aplicar en razón de la aprobación temprana del Reglamento (dieciséis días continuos después).

Al respecto el Reglamento de esta ley, en su artículo 11, distingue dos criterios para tal selección: 1) “…la división político-territorial, atendiendo a un criterio poblacional… dos voceros… de los consejos comunales de las Regiones…”, y uno

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por la Región Sur, sumando once voceros; 2) Nueve voceros postulados por “…los movimientos y organizaciones sociales…” sectoriales, con exclusión del sector empresarial, se trata de un vocero nacional por sector. Surge la pregunta: ¿Cuál es el criterio para definir qué organización representa a cada sector?, aunque la respuesta no aparece en el texto del reglamento, se puede inferir de la lectura del primer aparte del referido artículo que eso será resuelto por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana. Además en el artículo 12 se establece cuales son las condiciones de elegibilidad de esos voceros, lo que debió ser materia de la ley.

En cuanto la representación de los alcaldes, la Ley atribuye al Presidente del CFg la convocatoria de la reunión respectiva (art. 12). Esta convocatoria obedece a un criterio centralizador. Existen las Asociaciones de Alcaldes, las que podrían designar su representante, y pudiera el CFg y no su Presidente fijar una fecha tope. o pudo preverse una fórmula como la prevista en la Ley sancionada y devuelta en 2005 (artículo 37: “…se seleccionarán dentro de los noventa días siguientes a la fecha de las elecciones municipales por la decisión de, al menos, la mitad más uno de los alcaldes… de cada estado”). Aunque en la lógica del Estado federal descentralizado debiera ser el gobernador quien convocara a tal reunión, o mejor, el Consejo Legislativo quien normara tal elección.

La Ley establece un año de duración en el cargo de representantes de los alcaldes (art. 12), mientras el Reglamento, además, establece dos años para los voceros de la organizaciones de base del poder popular (art. 11, segundo aparte), no se conoce los criterios para tal distinción, pero ello debió ser materia de ley.

En cuanto a la instalación de la plenaria la ley establece un quórum de mayoría absoluta de sus integrantes, mientras que la toma de decisiones se hará por mayoría de los presentes (art. 15). No se sabe cuánto sería, en números absolutos, esa mayoría para el quórum; pero está claro que el número

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de gobernadores (23) y de alcaldes (23) es fijo, y con el Reglamento, el número de los voceros de las organizaciones de base del Poder Popular sería 20 (11+9), no así el de ministros, pues se ha creado Ministerios para resolver crisis, y para el momento de haber sido dictado el Reglamento sumaban 26, lo que significa que por los momentos gobernadores y alcaldes representan el 50% de los integrantes, lo que en principio es una ventaja para los actores de la descentralización, y con el posible y ocasional aumento del número de Ministerios, podrían disminuir hasta representar un 45%, lo que en principio sigue siendo ventajoso para los actores de la descentralización. No obstante, por tratarse de un órgano de coordinación de políticas entre entes representantes de los tres niveles del Poder Público en su distribución vertical, y en atención al equilibrio inestable referido antes en este trabajo, se debiera procurar el consenso y, de no alcanzarlo, sus decisiones deberían ser de mayoría calificada, lo que permitiría la acción de jugadores con veto para la preservación del debido equilibrio que implica la federación, mientras las decisiones funcionales podrían ser por mayoría absoluta. Es obvio que nos estamos refiriendo a un diseño institucional, por lo que no se toma en consideración las actuales ventajas numéricas, circunstanciales, del sector llamado oficialista.

El Reglamento establece, además, que sólo habrá una reunión plenaria anual, y el Presidente del Consejo “…podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando… lo considere conveniente, previa autorización del Presidente… de la República…” (art. 6), lo que estaría fundamentado en numeral 4 del artículo 17 de la Ley, e implicaría concebir este Consejo como un ente adscrito al Ejecutivo Nacional; asimismo establece una fórmula que habitualmente se utiliza para la reunión de asambleas de asociaciones civiles, siendo que no logrado el quórum requerido en el artículo 15 de la Ley, “…se convocará a una segunda y última reunión, la cual se realizará con los miembros asistentes a la misma” (art. 8), por

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lo que huelga repetir comentarios del párrafo anterior sobre la necesidad del consenso y mayorías calificadas; pero además, por corresponder la descentralización a un equilibrio inestable como lo hemos señalado antes, los problemas que se pudieran presentar para la instalación o realización de reuniones de la plenaria debieran ser resueltas por un órgano judicial, en este caso correspondería al Tribunal Supremo de Justicia. En todo caso, luce inconveniente, por cuestión de funcionalidad, restringir la Plenaria a una reunión anual.

En cuanto a las atribuciones del Presidente del Consejo Federal de gobierno (Ley: art. 17), aunque este órgano no pertenece al Ejecutivo Nacional, al requerir autorización para la convocatoria a sesiones (art. 17, num. 4), se revela una dependencia del Presidente de la República, y si bien es cierto que el Vicepresidente Ejecutivo pertenece al Ejecutivo Nacional, cuando actúa en su condición de Presidente del CFg no lo está haciendo por delegación del Presidente de la República (Constitución: art. 239, num. 9), es una función muy especial (Constitución: art. 239, num. 6) como lo sería, por ejemplo, la del Vicepresidente de USA en el Congreso. En ese sentido, en la Exposición de Motivos (p. 74), al explicar lo que considera como “…un nuevo sistema de gobierno semipresidencial flexible…”, asume la creación de la figura del Vicepresidente Ejecutivo como sustento de tal sistema, y destaca como su segunda función la que “…corresponde a sus facultades para dirigir y coordinar el proceso descentralizador, para armonizar los intereses nacionales, estadales y municipales; y, para garantizar el debido equilibrio en el desarrollo económico y social de las regiones…”. Por tanto, es absurdo que el Presidente del CFg convoque a sesiones “…previa autorización del Presidente de la República”. Asimismo, se establece como atribución del Presidente del CFg “Presentar a consideración del Presidente… de la República los asuntos tratados en la Plenaria” (art. 17, num. 5); cuando debiera ser, por la naturaleza de este órgano,

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informar al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional de lo decidido por el CFg, ya que este órgano no es una comisión de la Presidencia de la República, no obstante que es lógico pensar que tanto el Vicepresidente Ejecutivo como los Ministros mantengan informado al Presidente de la República, pero lo que decida del Consejo pudiera implicar la derivación de decisiones, tanto del Ejecutivo Nacional como de la Asamblea Nacional, lo que hace recordar la necesidad del Senado como Cámara federal.

En lo que respecta a la Secretaría del Consejo, en el artículo 19 de la Ley se señala que de los dos Ministros que la integran, uno de ellos sería “…el Vicepresidente… del Consejo de Ministros… encargado… del desarrollo territorial…” Debemos destacar dos cuestiones con respecto a este texto, la primera está referida a la fallida reforma constitucional de 2007, en ella se pasaba de un Vicepresidente Ejecutivo, a varios Vicepresidentes, con la creación de tales Vicepresidencias se estaría aplicando la reforma negada; y en segundo lugar, pareciera preferible, por práctico, que la designación de los Ministros correspondiera al Presidente de la República atendiendo a la conveniencia del Ejecutivo Nacional en materia de políticas de descentralización y desarrollo regional. Para la designación de los tres gobernadores y los tres alcaldes, seleccionados de entre los integrantes de la Plenaria, el Reglamento (art. 15, num. 2 y 3) establece que se atenderá al “…criterio de representación de las principales zonas geográficas del país”, se entiende que se trata de las regiones previstas en el artículo 34. y pasando por encima de la Constitución, el Reglamento, atribuye a la Secretaría la incorporación de tres voceros de las organizaciones de base del poder popular a sus reuniones; en todo caso podría el legislador atribuirle la posible invitación ocasional, a sus reuniones, de representantes de la sociedad organizada o de expertos, nunca la incorporación de integrantes distintos a los previstos por la Constitución.

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En cuanto a las atribuciones de la Secretaría, destacamos dos de ellas. En el numeral 10 del artículo 20 de la Ley, se expresa: “Elaborar el proyecto y los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Regional, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación, para someterlo a consideración del Presidente… de la República...” Consideramos que el Plan de Desarrollo Regional debiera ser decisión del Consejo Federal de gobierno, someterlo a consideración del Presidente de la República es asumir este órgano como un ente adscrito al Ejecutivo Nacional. y en el numeral 16 se le atribuye la capacitación de las organizaciones de base del Poder Popular, cuando al tratarse de comunidades (sociedad organizada) debiera corresponderle a estados y municipios, que son quienes habrán de hacer la transferencia de servicios, según el artículo 184 constitucional. De nuevo se requiere aclarar que no se trata de transferencia de competencias, a menos que tales organizaciones formaran parte del Estado, lo que las haría distintas a las organizaciones de la sociedad, y eso sólo podría ser posible conforme a la improbada reforma constitucional de 2007.

Con un sentido centralizante se reforma el Reglamento para atribuirle expresamente al Presidente de la República la creación de las Autoridades Unicas de Areas, dándoles la condición de servicios desconcentrados sin personalidad jurídica (art. 24); entidades que se fortalecen con nuevas atribuciones (art. 25).

3.2. El Fondo de Compensación Interritorial

Los orígenes de la propuesta de crear el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) se encuentran “…en proposiciones de la CoPRE, así como en la Constitución española, teniendo como objetivo paliar el desequilibrio existente entre entidades territoriales de mayor desarrollo

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relativo y las que presentan un grado menor…”, buscando así, la “…implementación del principio de solidaridad…” (María de los Angeles Delfino, 2009: 25)

Este fondo ya fue creado por el constituyente, correspondiéndole al legislador regularlo. y aunque, en estricto sentido, no debe implicar la eliminación del FIDES, ya que, de conformidad con lo previsto en el art. 156, num. 13 constitucional, es posible la coexistencia del FCI con otros “...fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial”, de acuerdo con la Exposición de Motivos (p. 74) la creación del FCI implica “...la transformación del actual Fondo Intergubernamental para la Descentralización...”

Ahora bien, conforme a la práctica que se ha consolidado en esta primera década del siglo, de legislar por decreto, es el Ejecutivo Nacional quien, en sustitución fáctica del legislador nacional, no por delegación de Ley habilitante, se encarga de normar lo relativo a este tema de los fondos. Así, dedica el Capítulo IV del Reglamento a la administración de FCI, crea como “…instancia tecno-política…” (cursivas nuestras) el Comité Técnico de Evaluación (CTE), asimismo se crea en cada región una oficina Técnica Regional (oTR) y en cada estado una Unidad Receptora Estadal (URE). Las oTR se instalarán en seis regiones del país (occidental, Central, Llanos, Centro-occidental, oriental y Sur), y las Corporaciones Regionales de Desarrollo podrán actuar como oTR (art. 27-34). Por cierto, en esta nueva organización de las regiones el estado Carabobo fue desplazado a la Región Centro-occidental, sin criterio conocido, por lo que nos preguntamos qué papel juega CoRPoCENTRo con sede ubicada en Valencia; con esto se hace evidente la adopción de criterios políticos de interés circunstancial para la conformación de las regiones, lo que se facilita cuando esto se hace mediante reglamento.

Con la reforma de mayo de 2012 se le da al FCI la condición de servicio desconcentrado sin personalidad jurídica,

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que depende del CFg, con patrimonio separado del presupuesto de gastos de la República.

El Reglamento (art. 35, literal d), al tratar los ingresos del FCI, incluye los provenientes de la Ley de Asignaciones Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos LAEE, tomando la previsión, en evidente sustitución del legislador, sobre la aplicabilidad, en cuanto sea procedente, de “…las normas y principios establecidos en la Ley orgánica del Consejo Federal de gobierno y en el presente reglamento”, hasta la modificación de la LAEE (Disposición Transitoria; artículo único). Asimismo, hace referencia a cuatro apartados especiales (art. 36), el primero “...para el impulso de los Distritos Motores de Desarrollo...”, que tiene como fuente principal los recursos de los ejecutivos nacional, estadal y municipal; los otros tres implican la sustitución del FIDES, pues tienen como fuente principal los recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado IVA, 15% de lo recaudado anualmente por este concepto; uno de esos apartados es “…para la inversión en los estados y municipios...”, correspondiente al 65% de ese monto anual, distribuyéndose 37% para los estados y 28% para los municipios; otro “…para el fortalecimiento del poder popular...”, 30% de ese monto anual, lo que equivale a lo previsto para las comunidades en la Ley del FIDES; y un tercero “...para el fortalecimiento institucional, de las entidades político-territoriales...”, a lo que corresponde 5% restante del referido monto anual.

Este artículo fue reformado en mayo de 2012, para incluir las Dependencias Federales organizadas en Territorios Insulares; añadir la transferencia de recursos a fondos especiales para atender contingencias naturales y sociales y políticas de reconstrucción y transformación que previamente decida la Secretaria del CFg a solicitud del Ejecutivo Nacional; ampliar el aparatado para el fortalecimiento institucional; así como para agregar dos nuevos fondos: el Autogestionario de

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Vivienda y Habitat y Economía Productiva, y el zamorano para el desarrollo Territorial. Revelando un mayor sesgo centralista.

En cuanto a la administración del FCI el artículo 21 de la Ley da la administración al Presidente del CFg, quien lo ejerce a través de la Secretaría, texto que resulta contradictorio con los art. 24 y 20, num. 6, pues el primero (art. 24) establece que: “La administración… estará a cargo del Consejo Federal de gobierno, a través de su Secretaría…”, mientras que en el art. 20, num. 6 se da como atribución a la Secretaría: “Dirigir, supervisar, evaluar y controlar la administración del Fondo de Compensación Interterritorial”. Tal contradicción vendría a estar “aclarada” por el artículo 29 del Reglamento, que establece que: “La Secretaría del Consejo Federal de gobierno es el órgano facultado para administrar los recursos del Fondo…”, pero para entenderlo así, tendríamos que asumir la peculiar forma de entender la legalidad que el actual régimen tiene, olvidando un principio según el cual el reglamento no puede estar por encima de la ley.

4. REFLExIONES FINALES

La aprobación de la Ley orgánica del Consejo Federal de gobierno y su Reglamento forma parte de un proceso de legislación con el que se ha pretendido modificar la Constitución de 1999 por mecanismos distintos a los previstos en ella, enmarcado en una peculiar manera de entender la legalidad que este régimen ha mostrado, revelando una tendencia a la dominación total, y fundamentándose en el contenido de la propuesta de reforma constitucional improbada en 2007, lo que advierte de su carácter inconstitucional. y con la activación del Fondo de Compensación Interterritorial, pareciera que se encontró la forma de atender a la continuidad de las políticas re-centralizadoras, a pesar de las dificultades económicas, y atendiendo a la concentración en materia financiera (re-centralización financiera), se asume la existencia de este fondo como único, disolviendo los ya existentes (FIDES-LAEE).

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Todo esto se inscribe en un proceso de concentración de poder, que ha venido desarrollándose en esta primera parte del siglo, y que afecta de manera especial la permanencia del sistema de Estado federal descentralizado, alcanzado en la década de los noventas y afianzado institucionalmente en la Constitución de 1999.

Durante la primera década del siglo, la infuncionalidad del Consejo Federal de gobierno jugó un papel importante a favor de la tendencia re-centralizadora que caracteriza a este régimen, afectando el equilibrio inestable que implica la descentralización, en beneficio de una posible ruptura del equilibrio de la federación que derivaría en la existencia de un Estado aparente y formalmente federal, pero realmente centralizado, hasta su posible formalización como Estado unitario.

No obstante, existen evidentes condiciones como para que otro sea el futuro de nuestra federación descentralizada. Así, conspiran contra la tendencia centralista-unitaria, 1) la experiencia democrática de la segunda mitad del siglo xx, especialmente en su última década (noventas) que ha permitido un cierto desarrollo de elementos que contribuyen a la creación de una cultura democrática; 2) el diseño institucional de las elecciones separadas, unido a la irreversibilidad de la elección directa de gobernadores y alcaldes; pero especial y paradójicamente, 3) la dependencia de la renta petrolera en el desarrollo e instrumentalización de las políticas re-centralizadoras. Todo esto revela importantes debilidades que le dificultarían al actor re-centralizador enfrentar eficazmente el resurgimiento de una crisis, tanto económica como política, en la que la descentralización reapareciera como forma de enfrentarla y superarla. Así se podría apostar a “…las fortalezas de la tradición cívica, frente a la visón heroica del gendarme necesario, propia de una tradición personalista…” (M. Penfold, 2008: 181)

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REFERENCIAS

Arendt, H (2003) Los orígenes del totalitarismo. 3.- Totalitarismo. Madrid. Alianza Editorial.

Ayala C (1990) Naturaleza y alcance de la descentralización estadal. Leyes para la descentralización política de la federación. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana

Brewer-C, A. (1990) Bases legislativas para la descentralización política de la federación centralizada. (1990: El inicio de una reforma) Leyes para la descentralización política de la federación. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana

Chomsky, N / Foucault, M (2006) La naturaleza humana: justicia versus poder. Un debate. Buenos Aires. Katz Editores.

Colomer V, A (1995) Constitución, Estado y Democracia en el umbral del siglo XXI. Valencia (España). Ediciones Nomos.

De la Cruz, R (1992) La estrategia de la descentralización en Venezuela. Descentralización, gobernabilidad, democracia. Caracas. CoPRE. PNUD. Nueva Sociedad.

Delfino, M (2009) La involución de la descentralización. Descentralización y centralización del poder en Venezuela. Caracas. Fundación Manuel garcía Pelayo. Cuadernos del Centenario Nº 10.

Penfold, M (2008) Dos tradiciones, un conflicto. El futuro de la descentralización. Debate. Caracas.

Pino I Elías (2007) Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en Venezuela. Caracas. Editorial Alfa.

Rachadell, M (2009) La centralización del poder en el Estado federal descentralizado. Descentralización

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y centralización del poder en Venezuela. Caracas. Fundación Manuel garcía Pelayo. Cuadernos del Centenario Nº 10.

Soriano de garcía Pelayo, g (1996) El personalismo político hispanoamericano del siglo XIX. Criterios y proposiciones metodológicas para su estudio. Caracas. Monte Avila Editores Latinoamericana.

Tsebelis, g (2006) Jugadores con veto. Cómo funcionan las ins-tituciones políticas. Fondo de Cultura Económica. México.

Constitución y textos legales:

(2000) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. [Con exposición de motivos] (go Extr. Nº 5453 / 24-03-00) Vadell Hermanos.

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (go Extr. Nº 5963 / 22-02-10)

Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (Decreto 7.306 / go Nº 39.382 / 09-03-10 // Reformado por Decreto Nº 8959, con fecha 17-05-12. go Nº 39924).

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Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Centro de Estudios Políticos y Administrativos

REgLAMENTO DE LA REVISTA MEMORIA POLÍTICA

CAPÍTULO I De los Fines y Propósitos

Artículo 1. El presente reglamento rige la legalidad de la organización, funcionamiento, rigurosidad y operatividad de la Revista Memoria Política del Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo; publicación científica de circulación nacional e internacional al servicio de la ciencia política dentro del enfoque inter y transdisciplinario que ofrece la ciencia social contemporánea.

Artículo 2. Política Editorial de la Revista.a) Estar abierta a todas las corrientes del pensamiento

universal, las cuales se expondrán y analizaran bajo los principios de libertad, amplitud, transparencia y flexibilidad dentro de la rigurosidad que exige el conocimiento científico.

b) Promover la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, coparticipativa y autogestionaria, con la finalidad de enriquecer el conocimiento de la ciencia política.

c) Estimular la participación en redes comunes de información y publicación, nacional e internacional, a fin de procurar la expansión e integración los institutos y organismos indexadores de publicaciones científicas en el área de la ciencia política.

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CAPÍTULO II De la Organización, Funcionamiento y Evaluación

Académica

Artículo 3. La organización interna de la Revista la constituyen una (01) Dirección, una (01) Comisión Científica, un (01) Comité de Redacción y una (01) Secretaría de Redacción.

Artículo 4. Funciones del Director:a) Presidir el Comité de Redacción.b) garantizar la periodicidad y permanencia de la revista.c) Mantener actualizado el perfil académico de la revista.d) Representar a Memoria Política ante las asociaciones

de editores y demás instituciones afines.e) Establecer relaciones y alianzas estratégicas con

instituciones nacionales e internacionales.f) Procurar fuentes de financiamiento locales, nacionales

e internacionales.g) Designar a la persona responsable de la Secretaría de

Redacción de la revista.h) Las demás atribuciones inherentes al ejercicio del

cargo.

CAPÍTULO III Del Comité de Redacción

Artículo 5. La evaluación interna de la revista corresponde al Comité de Redacción.

Artículo 6. Son funciones del Comité de Redacción:a) Definir áreas y líneas prioritarias para la revista.b) Aceptar o rechazar los trabajos que hayan sido

consignados para su publicación o condicionar su

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publicación a la realización de las modificaciones elaboradas por el árbitro.

c) Mantener un registro actualizado de los índices anualizados impresos en las diferentes publicaciones de la revista.

d) Verificar el cumplimiento de las Normas de Publicación, dentro de los veinte días hábiles, contados a partir de la recepción del artículo o trabajo de investigación.

e) Someter al arbitraje de especialistas los trabajos inéditos, dentro de los veinte días hábiles siguientes, contados a partir de su recepción.

f) Remitir al autor los comentarios realizados por los árbitros.

g) Aprobar la solicitud de retiro del autor, siempre que fuere procedente.

h) Aprobar las Normas de Publicación y las Normas para los árbitros, previa consulta a la Comisión Científica.

Artículo 7. El Comité de Redacción podrá rechazar artículos:a) Cuando el tema desarrollado no sea original, inédito y

actualizado.b) Cuando el artículo haya sido elaborado por más de tres

(03) autores.c) Cuando los autores no cumplan con las Normas de

Publicación.

Artículo 8. Los autores podrán presentar sus artículos durante el primer semestre de cada año.

Artículo 9. La revista será publicada durante el último trimestre de cada año.

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CAPÍTULO IV De la Comisión Científica

Artículo 10. La Comisión Científica de la revista estará conformado por prestigiosos investigadores de nivel nacional e internacional, quienes participan como asesores del Comité de Redacción a fin de visualizar los procesos de rigurosidad, actualización y profundización de las temáticas planteadas en cada una de las publicaciones así como, la acreditación científica de los autores.

CAPÍTULO V De la Secretaría de Redacción

Artículo 11. Funciones de la Secretaría de Redacción:a) Responder por la logística operativa del proceso de

impresión y distribución de la revista.b) Tramitar ante el CDCH todo lo relacionado con la

publicación de la revista.c) Hacer revisiones periódicas al proceso de impresión.d) Mantener al día el canje nacional e internacional.e) Mantener actualizada una base de datos de suscriptores

nacionales e internacionales.f) Llevar control sobre los usuarios, usufructuarios de

donaciones y distribución gratuita.g) Cumplir funciones de secretaria del Comité de Redacción.h) Las demás atribuciones inherentes al ejercicio del cargo.

CAPÍTULO VI De los Autores

Artículo 12. Con el envío del artículo a la Dirección de la revista los autores ipso iure declaran acatar y cumplir voluntariamente

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con el presente Reglamento, las Normas de Publicación y las Normas para los Árbitros.

CAPÍTULO VII Disposiciones Finales

Artículo 13. El material publicado en esta revista no podrá ser reproducido total o parcialmente sin previa autorización del Comité de Redacción.

Artículo 14. Las instancias institucionales de la Universidad de Carabobo y la revista no se hacen responsables de las opiniones emitidas por los autores.

Artículo 15. A los fines legales pertinentes la revista Memoria Política está registrada nacionalmente bajo el Nro. pp201202CA4190 (Depósito Legal) del libro que para estos fines lleva la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El registro señalado es de naturaleza permanente y deben ubicarse en un lugar visible dentro de los datos de identificación de la revista.

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NORMAS DE PUBLICACIÓNde la Revista Memoria Política del Centro de Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo

Los trabajos científicos deben ser considerados para su publicación por el Comité de Redacción de la revista Memoria Política, y cumplir con las siguientes normas:

1. Memoria Política sólo considerará para su publicación trabajos inéditos y que no hayan sido propuestos simultáneamente a otras revistas.

2. Los trabajos deben incluir el título del artículo (español e inglés), nombre del autor, cargo, grados académicos, institución de adscripción y dirección postal, institucional o electrónica, un resumen en español y otro en inglés (abstract) con su respectivo título, tres palabras clave y nombre del proyecto de investigación del cual es resultado, si es el caso. En lo que respecta al abstract el título será una traducción fiel y exacta del título en español. En ningún caso los resúmenes podrán exceder las 250 palabras.

3. Los trabajos propuestos tendrán una extensión máxima de 40 páginas (aproximadamente, 12.000 palabras), tamaño carta, escritas a doble espacio, incluyendo notas, cuadros y referencias bibliográficas.

4. Las tablas y gráficos deberán presentarse en Microsoft word o Excel, a un tamaño máximo de 15 x 15 cm de ancho. Las fotografías deberán ser en blanco y negro 9.5 cm de ancho máximo, en papel brillante, bien contrastadas y nítidas y no escribir en el reverso de las mismas por razones técnicas.

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5. Los trabajos deben ser enviados al Comité de Redacción de la Revista con dos copias en papel, en letra Times New Roman, 12 puntos y una en CD, en el procesador de palabras Microsoft word a una sola columna, a la siguiente dirección: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Centro de Estudios Políticos y Administrativos”, Edificio Norte, Piso 2, Campus Bárbula, Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela o también pueden ser remitidos como documento a la dirección electrónica de la revista: [email protected].

6. El título debe ser explicativo y además dar cuenta del contenido del trabajo. Si es posible, no debe exceder de 8 palabras.

7. Las referencias bibliográficas deben ir al final de cada trabajo, en forma consecutiva y ordenada alfabéticamente. El orden de las referencias es el siguiente: Apellido del (los) autor (es); inicial del nombre (es); año; título del libro; edición; lugar de publicación (ciudad o país), casa editora.

8. Las notas explicativas o comentarios deben reducirse al mínimo. Su justificación obedece sólo a observaciones de contenido que sean imprescindibles. Se colocarán al final del texto.

9. Los autores deberán considerar las normas internacionales sobre referencias bibliográficas en la elaboración de sus trabajos.

10. El limite de autores por trabajo no podrá exceder de tres (3). El trabajo firmado por más de un autor es aceptado con la presunción que todos los autores han revisado y aprobado el original enviado.

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11. El Comité de Redacción de Memoria Política someterá al arbitraje de especialistas aquellos documentos recibidos, conforme con las Normas para los Árbitros. Los comentarios realizados por los árbitros serán remitidos al autor para que efectúe las modificaciones que le sean sugeridas, si las hubiere.

12. El Comité de Redacción de Memoria Política se reserva el derecho de aceptar o rechazar los trabajos que hayan sido consignados para su publicación o a condicionar su publicación a la realización de las modificaciones elaboradas por el árbitro.

13. Los trabajos que no cumplan con las Normas de Publicación, o cuyo contenido no constituya una contribución científica y humanística original, o que presente observaciones de fondo que hagan imposible su publicación, serán devueltos al autor.

14. El autor cuyo trabajo haya sido aceptado para su publicación en la revista, si desea publicarlo con posterioridad en otra revista académica nacional o internacional, deberá solicitar al Comité de Redacción la autorización para tal fin, debiendo constar en la publicación a realizarse la referida autorización.

15. El Comité de Redacción de Memoria Política se reserva el derecho de publicación y ubicación del trabajo en cualquiera de las secciones que conforman la estructura de la revista.

16. El Comité de Redacción al aceptar la publicación, no se hace responsable del contenido expresado en el trabajo publicado ni de los juicios u opiniones emitidos por los autores.

17. Los autores recibirán dos (2) ejemplares de la revista en la cual haya sido publicado sus trabajos.

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NORMAS PARA LOS ÁRBITROS de la Revista Memoria Política del Centro

de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

de la Universidad de Carabobo

° Todos los trabajos presentados para su publicación en la revista Memoria Política del Centro de Estudios Políticos y Administrativos deberán ser arbitrados por profesionales e investigadores expertos, calificados en las áreas de especialización de los trabajados considerados.

Podrán exceptuarse de este requisito aquellas colaboraciones solicitadas especialmente por las autoridades del Centro de Estudios Políticos y Administrativos (CEPA), a investigadores con reconocimiento nacional e internacional, sobre tópicos y materias especializadas de gran interés por su aporte al avance del conocimiento de las ciencias políticas.

° El sistema de arbitraje deberá procurar garantizar la objetividad, idoneidad e imparcialidad de los veredictos emitidos acerca de la calidad de los trabajos presentados a la Dirección de Memoria Política; a este fin, la Dirección tendrá especial cuidado en la adecuada selección de árbitros con credenciales reconocidas.

° El sistema de arbitraje adoptado será el conocido como «doble ciego», el cual asegurará la confidencialidad del proceso y mantendrá en reserva las identidades de los árbitros, así como de los autores, evitando el conocimiento recíproco de los mismos.

° Los trabajos presentados por miembros del CEPA deberán ser arbitrados igualmente, y no podrán serlo

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por ninguno de los restantes miembros de este centro de investigaciones. El arbitraje de estos trabajos deberá ser realizado por árbitros externos al CEPA

° El veredicto de los árbitros concluirá en una recomendación acerca de la conveniencia de la publicación del artículo o trabajo presentado para su consideración por la Dirección de la revista Memoria Política. Estas recomendaciones deberán concentrarse en las siguientes calificaciones:

- PUBLICABLE SIN MoDIFICACIoNES. En este caso el documento no requiere de modificaciones relevantes, por lo cual la Dirección de Memoria Política lo incluirá en el próximo número.

- PUBLICABLE CoN MoDIFICACIoNES MENoRES. En este caso el documento requiere de pocos ajustes de tipo formal, esencialmente pequeñas y pocas correcciones de edición, lo cual no implica la modificación sustancial de la forma en que el trabajo ha sido presentado y que en ningún caso se refieren al fondo o contenido del artículo o investigación presentado.

En caso de que un artículo sea evaluado como publicable con modificaciones menores, la Dirección de la Revista se reservará la atribución de realizar dichas modificaciones, con el propósito de incluir este artículo en el próximo número.

- PUBLICABLE CoN MoDIFICACIoNES MAyoRES. Con esta calificación los árbitros estarán recomendando la realización de sustanciales o numerosos ajustes al documento original, lo que

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implica la modificación en forma notable de la forma en que el trabajo ha sido presentado y que incluso refieren al fondo de la materia tratada por el autor.

En caso de que un artículo sea evaluado como publicable con modificaciones mayores, la Dirección de Memoria Política enviará el documento en cuestión, a fin de que sean consideradas las observaciones de los árbitros por el (los) autor(es); luego de corregidas éstas, y una vez que nos haya sido enviada la versión definitiva del artículo, ésta será nuevamente revisada por los árbitros, de manera de que éstos verifiquen si el autor realizó las modificaciones sugeridas. Una vez que los árbitros den su aprobación de lo anterior, dicho documento será publicado en el próximo número de la Revista.

- No PUBLICABLE. Esta calificación sugiere la inconveniencia de publicar un artículo, el cual posee, en general, serias deficiencias globales que lo convierten —en las condiciones como ha sido presentado— en desestimable como contribución original y valiosa en el área del conocimiento, especialidad de la publicación del Centro de Estudios Políticos y Administrativos.

° Los criterios generales de evaluación que deberán ser considerados por los árbitros a la hora de emitir su calificación sobre los trabajos sometidos a su evaluación, serán como mínimos los siguientes:

- Importancia del tema;

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- originalidad del planteamiento;

- Actualidad de la bibliografía;

- Calidad de la redacción;

- Modo de presentación, en términos que favorezca la comprensión y facilite la exposición del tema tratado.

° Los árbitros consultados deberán en todo momento justificar y razonar sus opiniones o calificaciones, especialmente cuando sus veredictos recomiendan la no publicación o publicación con modificaciones de los trabajos sometidos a su evaluación.

° La Dirección de la revista Memoria Política ordenará lo conducente para el adecuado cumplimiento de lo anterior.

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la edición de la revista Memoria Política, Vol. 2, nro. 1 - 2012, editado en los talleres de ediciones Corporación asM, C.a.,

en Valencia, Venezuela. en su composición se emplearon tipos Califorinan FB y times new roman en papel Bond base 20,75

gramos. el tiraje consta de 100 ejemplares impresos y 100 ejemplares digitales (Cd’s).

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