Jos Oliveros Ruiz1

LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS ELECTORALES

FUNDAMENTALES: TRES CRITERIOS RELEVANTES EMITIDOS POR

LOS RGANOS FEDERALES DE CONTROL CONSTITUCIONAL

ELECTORAL (2008-2012)

The protection of fundamental electoral rights: three relevant cases ruled by

the federal electoral courts (2008-2012)

Sumario:

I. Introduccin

II. SCJN: Medios de comunicacin y libertad de expresin e informacin

III. TEPJF. Sala Superior: La facultad de inaplicacin de leyes electorales y

la oportunidad para impugnar por el primer acto de aplicacin

IV. Salas Regionales: El derecho de consulta a la comunidad en las

elecciones por usos y costumbres indgenas

V. Conclusiones

1 Candidato al grado de doctor, maestro y licenciado en Derecho por la UNAM. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense, y en Derecho Constitucional y Ciencia Poltica por el Centro de Estudios Polticos y Constitucionales, Madrid, Espaa. Investigador de Tiempo Completo "B" de la Universidad Veracruzana. Exsecretario de estudio y cuenta de la Sala Superior y Regional del TEPJF.

2

Resumen: En el documento se resalta la trascendencia de la reforma

constitucional y legal en materia electoral del 2007-2008. Sobre todo cuando se

trata de la tutela eficaz de los derechos electorales fundamentales en Mxico. Se

sostiene como hiptesis que a partir del establecimiento expreso de la facultad

interpretativa y argumentativa de los rganos federales encargados del sistema de

control constitucional electoral se ha venido construyendo una corriente

jurisprudencial mucho ms integral de los derechos constitucionales frente a los

poderes pblicos y privados. A partir de tres casos emblemticos, en el trabajo se

propone adoptar como directrices para la resolucin de todos los conflictos

electorales la aplicacin del bloque de constitucionalidad y la interpretacin pro

homine. A partir de este esfuerzo, se concluye que en la materia electoral se

estara cumpliendo con la obligacin constitucional para los juzgadores de

potenciar los derechos humanos vinculados con la integracin de la

representacin poltica.

Abstract: The document highlights the importance of legal and constitutional

reform in electoral matters 2007-2008. Especially, when it comes to the effective

protection of fundamental electoral rights in Mexico. It holds as hypothesis that

from the express establishment of the argumentative and interpretative attribution

for federal courts, the electoral constitutional control system has been building

much more comprehensive jurisprudence current constitutional rights against

public and private powers. From three emblematic cases, the document intends to

adopt as guidelines for the resolution of all electoral disputes the application of the

interpretation pro homine and the constitutional block of rights. From this effort, the

3

conclusion sustains that in electoral matters the electoral jurisdiction would be

fulfilling the constitutional obligation for the judges of enhancing human rights

associated with the integration of the political representation.

Palabras clave: Derechos electorales fundamentales, democracia

constitucional, elecciones, jurisdiccin electoral, jurisprudencia, interpretacin

constitucional.

Descriptors: Fundamental electoral rights, constitutional democracy,

elections, electoral jurisdiction, jurisprudence, constitutional interpretation.

I. Introduccin

La reforma constitucional y legal 2007-2008 ha generado una gran actividad

interpretativa y argumentativa por parte de la SCJN y de las Salas del TEPJF.

Adems de la emisin de jurisprudencia sobre la proteccin de derechos polticos,

se han generado criterios de control constitucional para decidir la inaplicacin de

una ley electoral, y se han esclarecido cuales son los principios esenciales para la

validez de una eleccin.

Como ejemplo concreto de esta actividad jurisdiccional a continuacin se

abordan en el orden mencionado, un criterio sobre derechos electorales

fundamentales emitido por la SCJN, uno de la Sala Superior del TEPJF en el cual

haya decidido la inaplicacin de una disposicin electoral, y por ltimo, se

4

abordara la decisin de nulidad de eleccin por parte de alguna de las Salas

Regionales del propio rgano jurisdiccional electoral, en la que se tome en cuenta

el control de convencionalidad, ejercicio de regularidad constitucional al cual estn

vinculados todos los tribunales del pas.

I. SCJN

Medios de comunicacin y libertad de expresin e informacin

La libertad de expresin es un derecho fundamental que comprende el

derecho de buscar, recibir y difundir informacin de todo tipo, por lo que es una

herramienta que crea y moldea la cultura y opinin pblica de una sociedad.

Sobre el tema, la jurisprudencia de la SCJN ha sostenido que:

el derecho fundamental a la libertad de expresin comprende tanto la libertad de

expresar el pensamiento propio (dimensin individual), como el derecho a buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda ndole. As, al garantizarse la seguridad de

no ser vctima de un menoscabo arbitrario en la capacidad para manifestar el pensamiento

propio, la garanta de la libertad de expresin asegura el derecho a recibir cualquier

informacin y a conocer la expresin del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la

dimensin colectiva del ejercicio de este derecho.2

2 Cfr. LIBERTAD DE EXPRESIN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. El Tribunal Pleno, el 17 de abril de 2007, aprob, con el nmero 25/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. Registro IUS: 172479.

5

En materia poltico-electoral, la SCJN ha establecido de manera expresa:

estos derechos fundamentales de libre expresin de ideas y de comunicacin y acceso a

la informacin son indispensables para la formacin de la opinin pblica, componente

necesario para el funcionamiento de una democracia representativa.3

Dada la importancia de la libertad de expresin y del derecho a la

informacin en el desarrollo democrtico del pas es menester reconocer la

relacin que existe entre su ejercicio por los actores polticos y la influencia de los

medios de comunicacin masivos como la radio y la televisin, porque a travs de

ellos se difunden, principalmente las opiniones e ideologas de los partidos

polticos y de diversos sectores sociales, pues es por su conducto que stos

pueden llegar de forma ms fcil a los ciudadanos.

En la reforma electoral 2007-2008 se estableci en el artculo 41, base III,

apartado A, de la Constitucin Federal y en el diverso 49, prrafos 4 y 5, del

Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el Instituto

Federal Electoral (IFE) es la nica autoridad para administrar los tiempos oficiales

en radio y televisin, as como la prohibicin expresa para los partidos polticos y

terceros de contratar propaganda en radio y televisin dirigida a influir en las

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de los partidos

polticos o candidatos.

3 Cfr. LIBERTAD DE EXPRESIN. LOS ARTCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. Instancia: Pleno. Jurisprudencia: P./J. 24/2007. Registro IUS: 172477.

6

En contra de la reforma al cdigo sustantivo de la materia, se promovieron

por diversos partidos sendas acciones de inconstitucionalidad. El Partido Nueva

Alianza adujo en este tema especfico:

que el legislador ordinario, al expedir una ley secundaria, como lo es el Cdigo Federal de

Procedimientos e Instituciones Electorales, pretende suprimir por completo la libertad de

expresin en materia electoral, mediante lo dispuesto en el artculo 49, prrafo 4, del

Cdigo Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, lo que violenta lo dispuesto

en el artculo 6o. de la Constitucin Federal.4

Este planteamiento fue resuelto por el Mximo Tribunal en el sentido de

sostener la constitucionalidad de la ley federal controvertida, esencialmente,

porque:

el artculo 41, base III, apartado A, prrafo tercero, constitucional establece expresamente

dicha prohibicin, de manera que en este sentido, no puede haber incompatibilidad alguna

entre lo previsto en el artculo 49, prrafo 4, del Cdigo Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales y los artculos 6o. y 7o. de la Ley Suprema, pues el legislador

federal ordinario slo reitera la prohibicin constitucional.5

4 Cfr. Accin de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008. p. 1172. 5 Cfr. RADIO Y TELEVISIN EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTCULO 49, PRRAFO 4, DEL CDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES AL REGULAR LA CONTRATACIN DE PROPAGANDA EN ESOS MEDIOS NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE INFORMACIN Y EXPRESIN. Jurisprudencia: P./J. 58/2009. Registro IUS: 166845.

7

Como se advierte, el Ms Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que los

derechos fundamentales de libertad de expresin e informacin, cuando son

ejercidos en el mbito electoral, han sido modulados por el propio poder

constituyente.

En concreto mediante la limitacin de los sujetos que pueden contratar

propaganda en los medios masivos de comunicacin, pues solo se autoriza al IFE

para realizar la asignacin de los tiempos oficiales del estado, y como

consecuencia, se prohbe la contratacin por cualquier otra persona.

Ciertamente, con la reforma se respeta la prerrogativa de los partidos

polticos de acceso a los medios de comunicacin, as como la equidad en la

contienda electoral. Pero sobre todo, se protege el derecho a la informacin de los

ciudadanos, al buscar que stos escuchen ideas, debates y propuestas que le

permitan optar por una fuerza poltica.

Con esta posicin limitadora de la influencia meditica en la propaganda

electoral se contribuye al debate pblico por otras vas, como la confrontacin

directa de ideas entre candidatos, la prensa escrita como fuente de informacin y

las conclusiones obtenidas a partir de los anlisis realizados en eventos

acadmicos, mas all de los anuncios sin un contenido, que en nada enriquecen el

dilogo poltico necesario para optar por una fuerza poltica.

8

En este orden, el anlisis de este criterio del mximo tribunal del pas

permite apreciar como el control jurisdiccional inhibe la intromisin de los poderes

fcticos en el ejercicio de los derechos de libertad de expresin e informacin,

sobre todo en un mbito tan importante con lo es la conformacin de la

representacin poltica nacional.

En efecto, la trascendencia de mantener la constitucionalidad de la

disposicin que regula la menciona prohibicin garantiza el ejercicio de las

libertades polticas sin interferencias de intereses privados que pueden incidir en

los resultados electorales, lo cual se insiste, justifica de manera proporcional y

razonable la limitacin de los derechos fundamentales a la libertad de expresin y

de informacin, mxime que es una restriccin establecida directamente por el

propio Constituyente Permanente y, por ende, una restriccin vlida en trminos

del artculo 1o. de la Ley Suprema, conforme al cual todo individuo gozar de los

derechos fundamentales que otorga la Constitucin, los que slo podrn

restringirse o suspenderse en los casos que sta prev.

Como corolario vale sealar que la reforma constitucional tuvo como

premisa el reconocimiento de la intervencin indebida de los medios de

comunicacin y los peligros para las libertades referidas, pues en la exposicin de

motivos relativa a la reforma constitucional de dos mil siete en materia electoral, se

estableci que uno de los objetivos torales de dicha reforma consista en:

9

impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campaas electorales y sus

resultados a travs de los medios de comunicacin.6

Asimismo, es un hecho pblico y notorio que una vez transcurrido el

proceso electoral federal de dos mil doce, siguen existiendo movimientos

partidistas, acadmicos y sociales que tienen como bandera democratizar a los

medios masivos de comunicacin.

Por tanto, esta decisin constitucional de modular las libertades de

expresin e informacin en el mbito electoral para preferir el desarrollo libre y

pleno de los derechos polticos, sigue siendo vigente, y el papel de la SCJN y de

las Salas del Tribunal Electoral, para mantener los fines de la norma constitucional

y legal, resulta fundamental para la democracia constitucional en Mxico.

Ahora bien, sobre la aplicacin concreta y los efectos de la modulacin de

las libertades de expresin e informacin en el mbito del ejercicio periodstico, la

jurisdiccin electoral federal ha reconocido la trascendencia de regular el peso

meditico de la propaganda electoral expresa o encubierta. Al respecto, se

estableci como criterio que la simulacin de cobertura en medios masivos de

comunicacin, a favor o en contra de un partido o candidato, constituye una

infraccin a las disposiciones constitucionales que restringen el uso de la

propaganda electoral en la radio y la televisin. 6 Cfr. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernacin; de Radio, Televisin y Cinematografa; y de Estudios Legislativos que contiene Proyecto de Decreto de reformas a la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Electoral, del once septiembre de dos mil siete.

10

Los argumentos esgrimidos por la Sala Superior del TEPJF en concreto

sealan que el Poder de Reforma de la Constitucin no consider necesario

restringir la libertad de expresin respecto del ejercicio de actividades periodsticas

ordinarias, por ejemplo, a travs de entrevistas en el marco de la transmisin de

espectculos pblicos, cuando en el contexto general de su transmisin

prevalezca el contenido del evento que se transmite y no se trate de una

simulacin.7

Por tanto concluye el citado tribunal el criterio sostenido por esta Sala

Superior no permite posibles actos simulados, a travs de la difusin de

propaganda encubierta que, slo en apariencia, sea una entrevista, crnica,

reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tenga como propsito

promocionar o posicionar a un candidato o partido poltico, con independencia de

si el concesionario o permisionario del canal de televisin, recibi un pago por ello

o procedi de manera gratuita.8

En este orden de ideas, es evidente que la Sala Superior ha seguido el

criterio de interpretacin sobre la constitucionalidad de la modulacin de la libertad

de expresin e informacin en materia electoral y ha interpretado que los lmites

establecidos en la materia electoral pueden abarcar el ejercicio periodstico.

7 Cfr. Sentencia del cuatro de septiembre de dos mil nueve, dictada en el expediente SUP-RAP-234/2009. 8 Ibdem.

11

II. TEPJF

Sala Superior

La facultad de inaplicacin de leyes electorales y la oportunidad para

impugnar por el primer acto de aplicacin

En la Constitucin Federal, as como en la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnacin en Materia Electoral y la Ley Orgnica del Poder Judicial

de la Federacin, se omite establecer cul es la oportunidad temporal o la etapa

del proceso electoral en que puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley

electoral.

En este contexto, la Sala Superior ha sustentado que las leyes electorales

son susceptibles de control constitucional por las Salas del Tribunal Electoral,

tantas veces como sean aplicadas.9

Este criterio, en mi opinin, tiene como fundamento el principio de

legalidad electoral previsto en el artculo 41, base VI, de la Constitucin Federal,

al establecerse un sistema de medios de impugnacin en materia electoral para

garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales,

as como para proteger los derechos polticos de los ciudadanos.

9 Cfr. INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE PLANTEAR POR CADA ACTO DE APLICACIN. Tesis XXXIII/2009, aprobada en sesin pblica celebrada el siete de octubre de dos mil nueve.

12

Por tanto, la aludida facultad de las Salas se puede ejercer con motivo de

cualquier acto de aplicacin de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona,

pues no existe disposicin alguna que establezca que solamente proceder con

motivo del primer acto de aplicacin.

Como se advierte, esta interpretacin realizada por la Sala Superior trae

aparejado un problema vinculado con los principios de certeza y definitividad

propios de cada una de las etapas de los procesos electorales.

Ciertamente, de manera ordinaria las etapas del proceso electoral atienden

al principio electoral de certeza jurdica, y por ende, una vez que han transcurrido

los actos que las conforman sin existir impugnaciones, o bien, habindolas una

vez que han sido resueltas, entonces adquieren la caracterstica de

inimpugnables.

Sin embargo, el citado principio de definitividad admite excepciones, como

es el caso de la nulidad genrica de eleccin, en la cual se revisan actos que

pudieran impactar la validez de la eleccin sin importar en cul etapa

acontecieron, o cuando ms all de aspectos de mera legalidad, se controvierte la

constitucionalidad de la ley que fundamenta los actos o resoluciones de esas

etapas.

Esta circunstancia tiene como consecuencia en primer lugar que la

inmodificabilidad de las reglas electorales noventa das antes del proceso electoral

13

respectivo prevista en el artculos 105, fraccin II, penltimo prrafo, en algunos

casos pueda ser excepcionada, pues la inconstitucionalidad de la norma impide

que sta subsista y que el juzgador electoral funcione como un legislador negativo

al sustituir la norma por otra que estime ajustada a la Constitucin.

Sobre este tema resulta ilustrativa la sentencia emitida el treinta de

septiembre del ao en curso, en la cual la Sala Superior determin incorrecta la

resolucin de la Sala Xalapa, por la cual inaplic el artculo 27 del Cdigo de

Elecciones y Participacin Ciudadana del estado de Chiapas, a partir del primer

acto de aplicacin, pues la mayora de los integrantes de la Sala Superior

consider que la nica oportunidad para controvertir una norma que establece

reglas para la asignacin de representacin proporcional en Chiapas, es al

momento del registro. Lo anterior, porque el carcter sucesivo de las etapas del

proceso electoral impide que se realice el control de constitucionalidad al momento

de la asignacin respectiva. 10

Como se advierte, el criterio de la Sala Superior, podra estimarse

contradictorio con la tesis relevante sobre la posibilidad de impugnar la

constitucionalidad de una ley por cada acto de aplicacin, pues hace prevalecer el

principio de definitividad de las etapas del proceso electoral sobre la posibilidad de

revisar la constitucionalidad de la ley a partir del primer acto de aplicacin en

alguna de las etapas posteriores al registro de candidatos de representacin

proporcional. 10 Cfr. SUP-REC-210-2012 y SX-JRC-143/2012.

14

Una posible salida a este problema conduce a establecer la necesidad de

utilizar en cada caso concreto la ponderacin de principios constitucionales para

lograr superar la colisin entre los principios constitucionales de certeza y de

seguridad jurdica en la reglas de la contienda, y los de legalidad electoral y

supremaca constitucional, en virtud de los cuales los tribunales electorales

federales estn obligados a no aplicar la ley inconstitucional.

Lo anterior, porque es posible reformar de forma parcial las normas

electorales aun dentro de alguna de las etapas del proceso electoral, siempre que

en cada caso se haga el anlisis de la afectacin a los principios electorales

involucrados a efecto de confirmar o abandonar la regla por la cual se opt por el

principio preferido. As, en cada resolucin que se determine la inaplicacin,

deber justificarse la razn por la que prima, en una relacin de precedencia, el

principio de legalidad electoral sobre el principio de certeza o viceversa.

En otras palabras, dado que la colisin de principios solo puede resolverse

mediante la ponderacin a favor de la satisfaccin mayor de uno de los principios

tomando en cuenta el peso del valor que predomina en la sociedad, y en caso

necesario, mediante el establecimiento de una regla de precedencia que justifique

racionalmente la decisin, la carga para el operador jurdico estriba en determinar

la regla que en el caso concreto, y solo para ese caso, permite priorizar alguno de

los principios.

15

El carcter relativo de la inaplicacin de una ley electoral durante las etapas

del proceso electoral se torna trascendente en cuanto permite solventar

violaciones evidentes a derechos fundamentales, siempre que la decisin carezca

de la fuerza para contradecir de forma absoluta la previsin de certeza en las

reglas de la contienda electoral previstas en la propia Constitucin Federal.

As por ejemplo, la Sala Superior determin inaplicar el artculo 154 de la

Ley Electoral de San Luis Potos, al prever que en el periodo de precampaas la

celebracin de reuniones debera ser de carcter privado y sin exceder de

quinientos asistentes, lo cual se consider una restriccin injustificada el derecho

de reunin de los ciudadanos mexicanos en materia poltica, el cual est vinculado

en forma indisoluble a la prerrogativa de ser votado.11

Como se advierte, lo relevante en este caso, a diferencia del que se refiere

a la asignacin de diputados por representacin proporcional en Chiapas, estriba

en la determinacin de la Sala Superior de dar preminencia al derecho

fundamental de reunin sobre los de certeza y equidad, pues ese rgano

colegiado consider, a pesar de estarse desarrollando el proceso electoral

respectivo, que deba protegerse al accionante al afectarse de forma directa y

desproporcionada un derecho fundamental, favoreciendo con ello la proteccin

ms amplia, de conformidad con el artculo 1, de la Constitucin Federal.

11 Cfr. SUP-JDC-2766/2008.

16

Por supuesto, el precandidato que result beneficiado con la inaplicacin

obtuvo mayor libertad que para realizar reuniones que aquellos contendientes que

dejaron de promover el juicio respectivo, con lo cual, pudo haberse provocado

inequidad en la contienda interna. Sin embargo, tal circunstancia pudo haberse

superado, precisamente, con la promocin de las demandas respectivas.

En este orden, parece ser que un criterio gua de la Sala Superior para

determinar el ejercicio de la facultad de inaplicacin puede ser el impacto que la

determinacin tenga en las reglas de la conformacin final de la representacin

poltica, pues aqu ha dado preferencia a los principios de certeza y seguridad

jurdica, mientras que en el caso de violaciones concretas a derechos

fundamentales de alguna persona, el tribunal ha preferido optar por salvaguardar

estas libertades, confirmando la excepcin a los citados principios.

En conclusin, la Sala Superior ha determinado de diversa manera el

tratamiento de las solicitudes de inaplicacin de leyes electorales, sin embargo, ha

dejado clara la posibilidad de ejercer la facultad de inaplicacin dentro de las

etapas de los procesos electorales federales, siempre que exista una regla en el

caso concreto que as lo justifique.

Por tanto, lo nico que estar vedado para la jurisdiccin electoral es dejar

de pronunciarse sobre el tema de revisin constitucional planteado por el

justiciable, pues atenerse a esa respuesta implicara la omisin de las facultades

17

constitucionales establecidas para el tribunal electoral, y en consecuencia, la

violacin del derecho fundamental de acceso a la justicia.

IV. Salas Regionales

El derecho de consulta a la comunidad en las elecciones por usos y

costumbres indgenas

La identidad indgena y la libre determinacin poltica para elegir de acuerdo

con sus normas, procedimientos y prcticas tradicionales a las autoridades o

representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, contenidas en

el artculo 2, prrafo quinto, de la Constitucin Federal, esta vinculada con el

ejercicio de derecho polticos fundamentales, pues la simple conciencia de

pertenencia a una determinada comunidad actualiza la factibilidad de organizarla

polticamente con el reconocimiento inmediato por parte de las autoridades

electorales que organizan las elecciones constitucionales.

Sobre este tema el TEPJF ha sostenido que el acceso a la justicia para

garantizar los derechos polticos de las comunidades indgenas tiene un espritu

de proteccin y flexibilidad mayor sobre las reglas procesales, pues se toma en

cuenta que histricamente han sido grupos sociales con altos grados de

marginacin y atraso, lo que les impide poder defender en tribunales los derechos

reconocidos por la Constitucin Federal.

18

As por ejemplo, los plazos para tener por notificado un acto que afecta a un

indgena o la comunidad a la que pertenece en su conjunto deben tomar en cuenta

las distancias y los medios de transporte necesarios para ocurrir ante las oficinas

de las autoridades involucradas en algn diferendo o afectacin a ese ncleo

social.

Otros supuestos procesales de procedencia han sido superados cuando

estamos frente a la expresin de agravios, pues se toma en cuenta que por la

marginacin en que se encuentran las comunidades tienen difcil o nulo acceso a

la educacin legal para defender sus derechos, o incluso carencia de recursos

para patrocinar abogados.

Ahora bien, cuando se trata del derecho sustantivo o sobre la omisin de

formalidades de los actos electorales, la jurisdiccin electoral ha preferido una

interpretacin formalista de los requisitos que deben cumplir los actos

materialmente electorales, lo que ha derivado en la anulacin de los actos y

acuerdos comunitarios tendentes a lograr el consenso de la comunidad para

dirimir una controversia sobre la validez de una eleccin por usos y costumbres.

As, la Sala Regional Xalapa, por mayora de sus integrantes, estableci en

sentencia del veinte de septiembre de dos mil once12, la revocacin de la consulta

comunitaria realizada en el municipio de San Jernimo Sosola, Oaxaca,

convocada para el efecto de confirmar los resultados de la eleccin de agente 12 Cfr. SX-JDC-149/2011 y SX-JDC-155/2011, acumulados.

19

municipal, que en un acto previo haba desconocido de forma implcita, al emitirse

la convocatoria a una eleccin extraordinaria.

Consecuentemente, ese rgano colegiado consider que le asista la razn

al actor, pues el tribunal local responsable, de manera errnea ratific los

resultados, al dotar de validez a un acto que el referido ayuntamiento haba

considerado nulo con anterioridad.

Por tanto, la Sala regional determin anular la consulta, y vincular al

ayuntamiento en comento para que se circunscribiera a emitir una convocatoria a

elecciones extraordinarias de agente municipal. Esta decisin se tradujo en los

hechos en un acto de declaracin de nulidad de eleccin por revocacin del acto

fundante de su validez.

Sobre el estudio de fondo una de las magistradas integrantes formul voto

particular, pues si bien estaba de acuerdo en que el acto deba anularse por vicios

propios, estim que el derecho a consultar a los integrantes de la comunidad

sobre la ratificacin de los resultados de una eleccin previa, formaba parte del

acervo de derechos reconocidos por instrumentos internacionales, los cuales

deberan haber sido considerados al resolver, en los trminos previstos por la

reforma constitucional en materia de derechos humanos del diez de junio de dos

mil once, mediante la cual se reform el artculo 1 de la Constitucin Federal, y se

incluy la obligacin de ejercer el control de convencionalidad y la interpretacin

de los derechos fundamentales en forma amplia y progresiva.

20

Como se ve, el disenso en el criterio estriba en que mayora decidi una

interpretacin formal de la propuesta de la autoridad municipal que resulta

indiferente al contexto de su emisin, es decir, al sentido que tiene la aplicacin

del derecho a la consulta reconocido en el mbito internacional y, las

consecuencias que de ste deben seguirse para la propia comunidad. Incluso, en

un mbito tan importante como someter al escrutinio de los habitantes de un

municipio la posibilidad de ratificar los resultados de la primera contienda.

Desde mi perspectiva, el criterio de la mayora, con independencia de la

correccin terica sobre la validez de los actos administrativos y la imposibilidad

para la autoridad electoral de modificar sus propios actos, adolece de una

interpretacin constitucional pro homine. Es decir, deja de considerar la proteccin

ms amplia del derecho a la consulta de las comunidades indgenas para juzgar la

preferencia de la formalidad en los actos materialmente electorales.

Por lo mismo, ese rgano colegiado omite resolver con una visin integral

del bloque de derechos fundamentales, pues deja de asumir como parte del orden

jurdico nacional los tratados internacionales, as como la jurisprudencia de los

rganos internacionales vinculante u orientadora para el estado mexicano.

Por tanto, queda claro que en asuntos relacionados con la eficacia de los

derechos fundamentales, y particularmente, con los derechos expresamente

reconocidos a favor de segmentos de la poblacin histricamente marginados o

21

desprotegidos, es preferible acudir a la interpretacin que potencie al mximo la

proteccin jurisdiccional de derechos como el de consulta, pues ese derecho

funciona como la base sobre la cual se concretizan derechos constitucionales

como el de igualdad, de identidad indgena y de libre determinacin en la

conformacin de sus representantes o formas de gobierno.

Los instrumentos para lograr tal cometido, estimo que son la interpretacin

y argumentacin progresiva y pro personae del derecho de consulta de las

comunidades indgenas, pues adems de protegerse de mejor manera los

derechos de igualdad y de autonoma previstos en la Constitucin Federal, se

logra una interpretacin constitucional de mayor nivel, al preferirse sobre la

formalidad del acto administrativo el estudio coordinado entre la Constitucin

Federal y los tratados internacionales, lo cual resulta propio de la actividad de un

tribunal constitucional.

En sntesis, es necesario que la jurisdiccin electoral federal al hacer el

estudio de constitucionalidad sobre la validez de una eleccin, en todos los casos,

lo haga desde una perspectiva integral. Es decir, a partir del orden jurdico

nacional federal y local, pero tambin desde la perspectiva de los derechos

fundamentales garantizados por los instrumentos internacionales.

V. Conclusiones

22

En relacin con la proteccin de los derechos polticos en la jurisprudencia

constitucional, cabe sealar que la SCJN, ha interpretado que la contratacin de

propaganda en los medios de comunicacin puede ser limitada sin que se

violenten otros derechos fundamentales como el de libertad de expresin e

informacin.

Tal criterio se estima que cumple cabalmente con la proteccin de derechos

fundamentales por parte del mximo tribunal, pues reconoce que las libertades

polticas dotan de contenido y dan sentido al resto de los derechos fundamentales,

y por lo mismo, se evita la injerencia de los poderes fcticos en la integracin de la

representacin poltica.

En igual sentido, la Sala Superior ha establecido que las citadas libertades,

aun en casos lmite como el del ejercicio periodstico, puede limitarse cuando

constituye una simulacin, y que esta restriccin es proporcional y necesaria, y por

tanto, se encuentra en sintona con los elementos que caracterizan a una

democracia constitucional.

En cuanto al criterio sobre la oportunidad para cuestionar la

constitucionalidad de una ley electoral, la propuesta sera establecer una regla

para cada caso concreto, la cual permita determinar la relacin de precedencia

entre el principio de certeza y el de legalidad electoral, teniendo siempre presente

la interpretacin constitucional ms protectora de los derechos fundamentales, a

menos que la modificacin de las reglas del proceso electoral, sea de tal manera

23

grave que justifique racional y proporcionalmente el dao o perjuicio al derecho

fundamental involucrado.

Por ltimo, en este trabajo se hace evidente la trascendencia de los criterios

de interpretacin constitucional integrales para dar eficacia a los derechos

fundamentales de los pueblos indgenas, pues la tutela constitucional debe ser

progresiva tanto en los aspectos procesales de las demandas que se promuevan

como en la interpretacin del acto electoral sustantivo cuestionado.

En otras palabras, es menester que los magistrados electorales asuman de

oficio el control de convencionalidad de todos los actos y resoluciones electorales,

para dotar de la ms amplia proteccin a todos los derechos fundamentales de los

pueblos indgenas, pues solo con esa visin integral del bloque de

constitucionalidad se cumplen las expectativas democrticas de los ciudadanos.