LA ESTIGMATIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

LÍDERES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, COMO FUNDAMENTO DE LOS

OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS MISMOS, A

PARTIR DE LA LEY 1448 DE 2011.

WILLIAM FERNEY GALLO NUMPAQUE

DOCENTE

LUZ ANGELA TABARES

METODOLOGÍA VIII (ANTEPROYECTO TRABAJO DE GRADO)

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE COLOMBIA- BOGOTA

FACULTAD DE SOCIOLOGÍA- BOGOTA 25 DE NOVIEMBRE 2015

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TABLA DE CONTENIDO Pág.

Introducción…………………………………………………………………………….2

Planteamiento del Problema………………………………………………………….....3

Justificación……………………………………………………………………………..7

Pregunta de Investigación…………………………………………………………….....8

Objetivos………………………………………………………………………………...9

Estado del Arte…………………………………………………………………………..9

Marco Teórico………………………………………………………………………….14

Diseño Metodológico…………………………………………………………………..20

Bibliografía……………………………………………………………………………..23

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Introducción

Los Derechos Humanos actualmente se han visto desdibujados en el contexto actual; los

conflictos armados, los intereses individuales, las dinámicas mundiales y las condiciones

geopolíticas a nivel nacional e internacional, han conllevado a supeditar la protección y

promoción de esas garantías mínimas sobre el individuo en su condición de ser humano.

De esta manera, los Derechos Humanos día a día van quedando opacados en un idealismo,

especialmente cuando estos son vulnerados por las lógicas dominantes y resultado de

estas prácticas surgen personas fuera del ente institucional que en voz de lucha y protesta,

buscan por medio de acciones legales trabajar por revindicar dichos Derechos.

Con esto en mente, la figura del Defensor de Derechos Humanos va jugar un papel clave,

en la construcción de otras formas de percibir y actuar en la sociedad ajena a la violencia.

Por ello, el presente trabajo pretende determinar la continua estigmatización sobre esta

población, tomando como base el ejercicio de los medios de comunicación,

particularmente, los medios escritos que a través de sus prácticas discursivas, pueden

influir directa o indirectamente, en la representación social de los Defensores de Derechos

Humanos.

Igualmente, los antecedentes históricos de la problemática, el análisis normativo de la

Ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras y la revisión documental de la

prensa escrita de los medios de comunicación sobre el caso del asesinato de la líder de

restitución Ana Fabricia Córdoba, van hacer insumos de gran relevancia para llevar a

cabo esta investigación y profundizar en el tema objeto de estudio. Por tanto, es imperante

reflexionar acerca de este tema en particular en el contexto local, como también analizar

las implicaciones (positivas o negativas) que genera el ejercicio de esta labor social de

defensor de derechos humanos, aún más en un país que actualmente adelanta un proceso

de paz para mitigar el conflicto armado al interior de su territorio.

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Planteamiento del problema

Para abordar dicha temática, es necesario, el contexto socio – histórico del proceso de

persecución y estigmatización de los y las defensores de derechos humanos líderes de

restitución de tierras, a partir de la vigencia e implementación de la Ley 1448/2011. Con

fundamento en lo anterior, es pertinente establecer que como consecuencia del accionar

tanto de miembros de los grupos guerrilleros, como de grupos paramilitares y del ejército,

“en los últimos 30 años (…) se han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a

abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más

numerosa del mundo” (Human Righs Watch, 2013).

Paralelamente surge la Ley victimas de restitución de tierras -ley 1448 de 2011, por la

cual se dicta por disposiciones legales y constitucionales, donde “se establecen medidas

de reparación, asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado” (Ley 1448/2011.

Art. 72 Inciso 2). Esta ley fue sancionada en el año 2011 por el congreso de la república

de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón como garantía

normativa frente a la reivindicación de las victimas inmersas en el conflicto armado, la

ley establece medidas tanto administrativas como jurídicas para que las víctimas del

conflicto armado puedan acceder a un proceso de restitución de tierras.

De esta manera, la Ley 1448 de 2011 plantea el diseño e implementación de una política

mixta de reparaciones, con una vertiente dirigida a la restitución de tierras por vía judicial,

y otra dirigida al diseño y reparación integral a las víctimas por vía administrativa, que

comprenderá el otorgamiento de una indemnización, medidas de rehabilitación, de

satisfacción y garantías de no repetición. Es así que el documento contiene mecanismos

jurídico-administrativos de corte cualitativo donde enfoca algunos aspectos sobre el

ejercicio de reparación y el enfoque diferencial sobre víctimas del conflicto armado, el

diseño de políticas y las sanciones correspondientes.

Actualmente en el País, el proceso de restitución ha sido paulatino, debido a las

condiciones sociales del momento. Si bien es cierto la ley plantea las estrategias de forma

efectiva en materia de reparación y restitución. Es importante considerar que la ley 1448,

plasma los elementos para que se ejecute de manera eficaz la restitución de las víctimas

y la reivindicación de derechos.

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Es así, que esta investigación se centra, en la continua estigmatización y persecución de

los defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras en Colombia y los

obstáculos existentes para su acceso efectivo a la justicia; específicamente a partir de la

Ley 1448 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de tierras.

El fenómeno del desplazamiento forzado, se ha configurado como una de las principales

problemáticas derivadas a raíz del conflicto armado colombiano, el cual se caracteriza

por constituir “el aumento de flujos migratorios Campo- Ciudad principalmente (…)”

(Silva, A.& Guataqui, J. 2008), en donde la Población víctima de este flagelo, se ve

obligada a salir de sus sitios de origen, por situaciones de orden público primordialmente.

El desplazamiento forzado interno, surge como una categoría dentro del sistema global

de migraciones, en respuesta a aquella movilización que no cruza fronteras; es decir, es

una movilización interna (Posada, 2009). Podría decirse, que las personas se ven

obligadas a migrar a un lugar donde no sean vulnerados sus derechos; donde no arriesguen

su integridad física. Particularmente en Colombia, tenemos una situación bastante

compleja de analizar y de abordar, debido al conflicto armado de larga duración que

hemos afrontado. La población víctima de conflicto, “se ha visto obligada a abandonar

cerca de 6 millones de hectáreas de tierra (…) gran parte de las cuales fueron usurpadas

por grupos armados, sus aliados y otros terceros.” (Human Righs Watch, 2013)

Como consecuencia del crecimiento paulatino de la problemática y en el marco de una

“justicia transnacional”, la cual se ve en principio materializada por la Ley 975 del 2005

y de manera posterior por otros referentes normativos (Centro Internacional de Justicia

Transicional, 2013), se crea en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de

víctimas y restitución de tierras (Ley 1448/2011). Esta ley, nos define el desplazamiento

forzado como la migración de un individuo, dentro del territorio colombiano, el cual debe

abandonar “su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su

vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o

directamente amenazadas (…)” (Ley 448/2011. Art. 60 Parágrafo 2), todo lo anterior ha

causa directa del conflicto armado. Es importante comprender, que las víctimas de

“desplazamiento forzado” no solo sufrieron la vulneración de sus derechos al verse

obligadas a dejar sus territorios. Estas personas, se encuentran envueltas en otra

problemática más compleja, al tratar ubicarse en sus nuevos sitios de vivienda o en un

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nuevo territorio, ya que este no corresponde a su “espacio geográfico originario, ni a sus

mismas condiciones y niveles de vida”; razón por la cual, se ven sometidas y obligadas a

vivir y constituir “nuevas formas de vida” en los centros urbanos (Gallego, 2009).

Los daños que sufren las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, traen grandes

implicaciones para su cotidianidad y sus relaciones sociales, familiares, laborales,

económicas entre otras. Es por esto que el debate se centra en un primer momento, en los

derechos a la reparación integral, a la verdad y la justicia de las mismas; y en una segunda

fase, a la restitución de tierras. El cuestionamiento y la reflexión en torno a la ley radican

en la efectividad o eficacia de esa respuesta estatal frente a esta problemática. Entonces:

“La tensión entre atender a las víctimas de desplazamiento y a la población

vulnerable, sumada al hecho de que el número de víctimas sigue aumentando, ha

puesto en primer plano el debate sobre cómo ajustar y reformular las políticas de

prevención y atención de los desplazados y sobre cómo evitar o mitigar sus efectos

sobre el desarrollo económico y social del país” (Bohada, M. 2010).

Frente al aspecto específico de la restitución de tierras, la Ley 1448 plantea una serie de

principios, instrumentos y procedimientos tanto administrativos como judiciales,

mediante los cuales se pretende garantizar “la restitución jurídica y material del inmueble

despojado, o en subsidio, la restitución por equivalente o el reconocimiento de una

compensación” (Ley 1448/2011. Art. 72 Inciso 2) a las víctimas de desplazamiento

forzado y despojo. A pesar de que con la ley se genera un logro importante en el

reconocimiento de los derechos de las víctimas, se evidencian una serie de factores que

obstaculizan la materialización de los efectos y objetivos de la misma, impidiendo así el

acceso efectivo a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado y de despojo.

(Corporación Viva la Ciudadanía, 2012)

Algunos de estos obstáculos, corresponden a varios factores como el desconocimiento de

la Ley 1448/2011 por parte de las víctimas, acompañado en algunos casos de amenazas y

hostigamientos por parte de los actores armados, quienes se acogen a esta normativa

“muchos de los desplazados que hasta el momento han intentado recuperar tierras a través

de la ley de víctimas y otros mecanismos de restitución, han sufrido abusos generalizados

vinculados con estos reclamos, incluidos asesinatos, nuevos incidentes de desplazamiento

forzado y amenazas de muerte”. (Human Righs Watch, 2013)

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Esta clara muestra de persecución y hostigamiento a los reclamantes de tierras, se

constituye como uno de los mayores factores que influyen en que el proceso de restitución

avance de forma progresiva. Por otro lado, se puede identificar una desconfianza en la

administración de justicia por parte de las víctimas y de los líderes de restitución de

tierras, existiendo a su vez condiciones socio-económicas precarias que impiden acudir

al aparato de administración de justicia. (Corporación Viva la Ciudadanía, 2012). Frente

a la institucionalidad, se determina que existen trabas administrativas que impiden el

acceso a los beneficios de la ley, hay poco presupuesto destinado a respaldar la ejecución

de la misma, y hay una insuficiencia en el contenido de dicho precepto jurídico, relativo

a la cobertura y alcance frente a las víctimas del desplazamiento forzado. (Fundación

social, CODHES. 2011)

Frente a la eficacia de los mecanismos creados por la ley 1448/ 2011, con el fin de

adelantar el proceso de restitución de tierras, según el II Informe de la Comisión

Colombiana de Juristas, se puede decir que, aunque se ha generado un avance mínimo

con la implementación de la ley, en la práctica los recursos con que se cuentan son

insuficientes para que la restitución sea efectiva. “El fondo de la Unidad de Restitución

de Tierras, no dispone de predios para restituir en equivalencia ni de recursos para cubrir

las compensaciones, lo cual implica que las víctimas cuentan con mínimas posibilidades

de reasentamiento” (CCJ, 2013)

Es por esta razón, que emerge la figura de los “defensores y defensoras reclamantes de

tierra”, como consecuencia o efecto directo de la ineficacia del proceso de restitución de

tierras y por la insatisfacción de los derechos y garantías fundamentales de las víctimas

de desplazamiento forzado y despojo, a raíz del conflicto armado (Human Righs Watch,

2013). El “derecho a la tierra”, comienza a configurarse como una de las principales

reivindicaciones de las víctimas del conflicto y de los defensores de derechos humanos.

De manera casi simultánea, comienzan estas personas a ser el blanco de atentados,

hostigamientos y persecuciones. “La lucha por la tierra ahora está estrechamente ligada

con la vindicación de los derechos a la verdad y la reparación (…) De acuerdo a los

registros de diferentes organizaciones no gubernamentales, en el año 2011 fueron

asesinados al menos 28 personas, todas líderes campesinos, víctimas del desplazamiento

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y despojo, vinculados a procesos de restitución de tierras” (Campaña por el derecho a

defender los Derechos Humanos en Colombia. 2011)

Es así que el fenómeno de la estigmatización se ha configurado contra estas personas a

nivel social y a su vez desde la relación con las conductas delictivas que se producen

contra este tipo de población. A partir del momento que empezó a regir la Ley 1448 y el

proceso de restitución de tierras, para el año 2011 fueron asesinados 53 líderes de

restitución, de los cuales 9 de ellos perdieron su humanidad, en el Urabá antioqueño

(Revista Semana, 2012. Párr.: 1).

Bien pareciera, por todo lo anterior, que este fenómeno al no mitigarse ni tener medidas

correspondientes por parte del estado colombiano, va seguir escalando de manera

significativa, y como resultado de ello, una continua vulneración de derechos humanos,

tanto a las personas que ejercen esta labor, como a las mismas víctimas del conflicto

armado que no han podido retornar a sus lugares de origen, dada la lógica de la violencia

y los intereses particulares de quienes participan en ella.

Por tanto, es probable que la implementación de la ley 1448 de 2011, genera mayor

actividad social por parte de los líderes de restitución debido a los diferentes obstáculos

que se presente del mismo proceso, lo cual para el caso de Fabricia Córdoba en Medellín.,

su labor le produjo a grupos ilegales y al mismo Estado inconformidad por el trabajo que

venía realizando en materia de restitución de tierras, lo anterior desencadeno una

persecución sistemática a ella y su familia, dando como resultado la muerte de manera

fulminante de esta líder social.

Justificación

La persecución y estigmatización hacia los defensores de derechos humanos, genera una

des-legitimidad hacia su labor social, frente a la sociedad. El componente de violencia

hacia esta población es cada vez más reacia, especialmente cuando estamos inmersos en

la lógica de un conflicto armado.

De este modo, es importante rescatar la figura del defensor líder, en el ejercicio de su

labor y en las condiciones de vulnerabilidad que se pueda encontrar, debido a las lógicas

dominantes de algunos sectores legales e ilegales que imperan en el contexto actual y que

obstaculizan el desarrollo de las actividades de la población objeto de estudio.

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Cabe señalar la relevancia de analizar la situación de los defensores de derechos humanos,

puesto que estas personas se esfuerzan por promover y proteger los derechos civiles y

políticos como también la promoción de los derechos culturales, sociales y económicos,

especialmente en el marco del conflicto armado apoyando a las víctimas del mismo. Otra

labor de gran importancia es la de “(…) crear un espacio en el que se pueda ejercer y

proteger el derecho a disentir específicamente y a la libertad de expresión.“ (Amnistía

Internacional, 1999), ya que este derecho ha sido vulnerado de múltiples formas ya sea

por diversidad de pensamiento, afinidad política, etc.

Igualmente, este estudio puede ser utilizado como insumo académico sobre el tema de los

y las Defensores de derechos humanos, haciendo hincapié en el caso de Ana Fabricia

Córdoba como Defensora líder, en situación especial de riesgo, teniendo en cuenta que

su actividad como líder causo de manera fulminante su muerte y la de su familia de forma

sistemática y continua.

Por tanto, esta investigación puede contribuir a profundizar más en la problemática de

estudio, evidenciando las condiciones sociales, políticas y culturales en las cuales se

encuentra esta población, como también el grado de vulnerabilidad al cual están expuestos

por su labor como defensor, situándolo en una condición de riesgo inminente a este y a

su círculo más cercano.

Pregunta de investigación

¿Cómo influye el proceso de estigmatización en el asesinato de la líder de restitución de

tierras del Urabá antioqueño Ana Fabricia Córdoba en la generación de obstáculos para

el acceso a la justicia de la misma a partir de la ley 1448 del 2011?

Objetivo general

Comprender el proceso de estigmatización en el asesinato de la líder de restitución

de tierras Ana Fabricia Córdoba a partir de la vigencia e implementación de la

ley 1448 de 2011.

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Objetivos específicos

Identificar el contexto socio – histórico y los principales obstáculos para el acceso

a la justicia del proceso estigmatización de la líder de tierras Ana Fabricia

Córdoba.

Determinar los medios o mecanismos de reproducción del estigma, frente a la

criminalización y muerte de la líder Ana Fabricia Córdoba.

Establecer los efectos producidos como consecuencia del proceso de

estigmatización de los defensores de derechos humanos. Caso de Ana Fabricia

Córdoba.

Estado del Arte

La continua violación sistemática a los Derechos Humanos, la represión por parte de

algunos actores (legales/ilegales) a quienes piense u opinen diferente se ha configurado

como una acción sistemática en diferentes partes del mundo. Sin embargo Colombia no

es la excepción frente a estos hechos, es por ello que a continuación se evidenciaran

estudios realizados previamente acerca del conflicto armado, desplazamiento forzado y

defensores de derechos humanos, quien por su labor social, son o han sido los más

afectados por esta lógica de la violencia.

Como antecedente, es importante resaltar las diferentes dinámicas violentas que han

devenido históricamente en algunos países, en materia de derechos humanos. Por ejemplo

Chile, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Según el Informe de Derechos Humanos de Chile (2015), asegura que bajo esta dictadura,

fueron desaparecidos 3000 personas, en el lapso de tiempo que el gobierno se mantuvo

en el poder. Personas que eran líderes sindicales, líderes políticos de izquierda y algunos

que fueron exiliados de su país.

“Durante la dictadura militar bajo el general Pinochet miles de personas fueron torturadas,

asesinadas, desaparecidas y exiliadas. Aunque la democracia ha vuelto al país, la

impunidad siguió imperando y la lucha por la verdad y justicia continúa” (Equipo Nizkor.

2015. Párr.:1). Por ende, a pesar de los esfuerzos realizados por revindicar a las víctimas

de esta dictadura, contemporáneamente todavía quedan secuelas de algunos hechos como

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también la impunidad de los victimarios, autores materiales que en su mayoría

pertenecían a las Fuerzas Armadas Chilenas.

Aunque la coyuntura no se ha subsanado de fondo, todavía hay cierta polémica con el

cuerpo Armado de Chile, “los familiares de las víctimas de la represión piden que los

militares condenados sean degradados (…) “Estos tipos han abusado de la más absoluta

impunidad en estos 25 años” (Equipo Nizkor. 2015. Párr.:1).

Es así, que este informe de Derechos Humanos, está construido desde una perspectiva

histórica con base en algunos casos de la dictadura chilena, como también el recuento

mismo de este fenómeno, que permite detallar las causas e implicaciones sociales de la

dictadura militar y como se entiende actualmente en el ejercicio reivindicativo de

derechos y las exigencias por parte de la población chilena que todavía se siente afectada.

En el contexto colombiano se encuentra la investigación de la Economista María del

Pilar Bohada (2010), que pretende evaluar los efectos producidos por el desplazamiento

forzado en la ciudad de Pasto, especialmente en zonas de estrato 1 y 2, es por ello que el

análisis de este fenómeno es de suma importancia para poder comprender la situación de

vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas del conflicto armado colombiano.

Para el caso de la ciudad de Pasto, metodológicamente involucra dos aspectos: primero

sus condiciones geográficas y ubicación de la ciudad, donde cuenta con 382.610

habitantes y también concentra gran cantidad de víctimas del conflicto armado

(Bohada,2010).También se tuvo en cuenta las coyunturas que acaecía este territorio en

términos de acceso a recursos, protección, y ayuda a la población vulnerable, en esa lógica

era más factible acceder a los asentamientos de desplazados y víctimas.

Los hallazgos de mayor relevancia en Pasto se resumen de la siguiente forma: en

seguridad, se evidencia que la llegada de población desplazada a este tipo de lugares,

genera inseguridad asociándolos, con la delincuencia y con grupos al margen de la ley.

Por otra parte respecto a gastos alimentarios, es probable que la gente desplazada dependa

más de la ayuda alimentaria, dado que sus recursos económicos no alcanzan para subsistir

y el poco acceso a la moneda lo invierte en gran cantidad en recursos alimentarios, por

tanto son más vulnerables a este aspecto en su lugar de destino o asentamiento.

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En infraestructura social, Bohada (2010) plantea que la lógica del conflicto y el

desplazamiento han generado una mirada positiva en este punto, “dado que las

condiciones sociales de los territorios en el caso de Pasto, potencializa la inversión de

recursos estatales, en la salud y en la educación, traducido en construcción de escuelas,

hospitales y casas”.

Frente al criterio sobre a confianza en las instituciones y la comunidad, la investigación

arroja que en primera medida el estado debe reconocer las víctimas del conflicto y darles

la reparación pertinente. Por otro lado las relaciones con la comunidad y la población

asentada es algo complejo dado sus condiciones de vulnerabilidad, sin embargo se trabaja

paulatinamente en algunos sectores de la región para lograr una total inclusión y

aceptación de los más vulnerados por parte de la población en general.

Por último, los aportes a esta investigación, se pueden abordar de la siguiente manera: en

primera medida se identifica un continuo rechazo y marginación hacia las víctimas del

conflicto armado colombiano, por ende es posible que esta situación también la vivan los

líderes de tierras y más aún dada su labor social en la defensa de los Derechos Humanos.

Ahora, este estudio también visibiliza las dinámicas que vive el desplazamiento forzado

en términos de la fragmentación de relaciones sociales, condiciones de vida y aspectos

culturales, la victimización constante por partes de grupos armados legales e ilegales, y

una continua persecución y al acceso efectivo al sistema institucional para revindicar sus

derechos.

Paralelamente está el informe sobre la situación de defensores de derechos humanos que

data acerca de la continua persecución a esta población entre los años de 1992 y 1999.

Situación por la cual muchas de estas personas han sido exterminadas o exiliadas del país.

Este informe se basa en el observatorio para la protección de los Defensores de Derechos

Humanos (1999), donde manifiesta que organizaciones de defensores de derechos

humanos y líderes vienen siendo víctimas del flagelo de la violencia y de la persecución

de actores del conflicto como: Fuerzas Armadas, Guerrilla y paramilitares.

Es así como la violencia reacia viene atentando con quienes promueven y garantizan los

derechos fundamentales de las personas, con base en este informe para 1997 las

acusaciones a miembros y organizaciones se hallan en directa relación con las amenazas,

persecuciones y la apertura de investigaciones judiciales y procesos por parte de la justicia

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regional, “el allanamiento de las oficinas de diversas organizaciones, entre ellas la

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la

Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJYP) y la Corporación Minga”

(Mejía,2000.Párr.:17).

Metodológicamente, este informe se diseña con la recolección de información de los

comunicados expedidos por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los

Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional para los Derechos

Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura

(OMCT)”(Mejía,2000.Párr.:1). Así mismo almacena información de Fernando Mejía,

del año 1999 sobre la situación de Defensores de Derechos Humanos.

En ese orden de ideas, se le “recomienda al estado investigar y penalizar a los máximos

responsables de estos hechos, como también castigar a sus propios agentes estatales

quienes han cometido infracciones al derecho internacional humanitario y a los derechos

humanos” (Mejía,2000. Inciso No II), también reconocer la legitimidad de las

organizaciones su labor y el respaldo hacia las mismas en materia de defensa y promoción

de los derecho humanos.

Ahora bien, para el año 2011, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

presenta su informe, de la situación de los y las defensores de derechos humanos, en el

continente americano. Para el caso colombiano se puede rescatar lo siguiente: es necesario

dar un reconocimiento internacional del derecho a defender los derechos humanos, por

ende a partir de la declaración universal de los derechos humanos, es más que suficiente

para definir de manera oficial la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí

mismo. Además “el sistema interamericano reconoce la labor de la defensa de los

derechos humanos debe ser un ejercicio que no debe tener ningún tipo de restricción

geográfica, política o social y que esta labor debe ser efectiva, reconocida e indiscutible”

(CIDH, 2011. Pág.: 6).

Además los defensores y defensoras de derechos humanos, enfrenta una serie de

obstáculos que intimidad y bloquean el ejercicio de su labor social en pro de la defensa

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de los derechos humanos, de acuerdo al informe de la CIDH. (2011), lo más predominante

es: Asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, hostigamientos, actividades de

inteligencia e injerencias ilegales y criminalización de los defensores. Sin embargo es

visible que en algunos casos son los mismos agentes estatales quien atentan contra estas

personas quedando en total vulnerabilidad frente al sistema jurídico interno, recurriendo

así al derecho internacional para revindicar sus derechos vulnerados.

Este informe fue construido desde un enfoque cualitativo, con base en las visitas que

realizo las diferentes delegaciones de la CIDH y de naciones unidas a los países del

continente. 1 . Por tanto este informe sobre los y las defensores derechos humanos

evidencia la situación por la cual atraviesa este tipo de población, en cada uno de los

estados, su estado de vulnerabilidad y las acciones para la protección de los mismos.

En Colombia, es necesario destacar a los defensores de derechos humanos en especial

situación de riesgo; dichos grupos son: “líderes sindicales, líderes campesinos y

comunitarios, líderes indígenas y afro, operadores y operadoras de justicia, mujeres

defensoras de derechos humanos (CIDH, 2011, Pág.:102). Es así que los defensores son

víctima significativamente de violación al derecho a la vida, recomendando a los estados

adoptar medidas para la protección de dicho derecho.

Cabe señalar, que en el informe (CIDH, 2011) sobre la situaciones de vulnerabilidad de

derechos a los defensores son alarmantes, para el periodo 2006-2010 se presentaron 68

violaciones al derecho a la vida, de las cuales se encuentra 5 desapariciones forzadas, en

ese orden de ideas para el 2011 el primer trimestre la situación aumentada de manera

exacerbada con 96 casos de agresión a defensores de derechos humanos de los cuales 9

habían sido asesinados y 4 desaparecidos. Estos hechos acaecidos se concentran en el

Urabá Antioqueño, Cauca y Sucre principalmente con líderes y lideresas de desplazados,

delitos atribuidos en gran parte de agentes estatales, paramilitares desmovilizados,

seguidos de las FARC-EP y el ELN.

De esta manera, los aportes de este informe son de gran relevancia, dado que abre un

panorama al contexto colombiano sobre la vulnerabilidad de derechos que tienen los

defensores de derechos humanos. También se puede rescatar que el informe discrimina

1 Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Honduras, México, Salvador, Ecuador, Perú

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por regiones particulares del país donde se concentra en gran parte el conflicto armado y

las victimas del mismo, en este caso con la población objeto de estudio.

Lo anterior, permite hacer una análisis documental de lo que ha sucedido en los últimos

años, en materia de derechos humanos en Colombia, y reafirmar la posibilidad que el

conflicto armado interno no ha permitido garantizar de manera eficaz los derechos de las

personas que han sido afectados por este fenómeno de gran impacto.

Por otro lado, está la ley victimas de restitución de tierras -ley 1448 de 2011, por la cual

se dicta por disposiciones legales y constitucionales, donde “se establecen medidas de

reparación, asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado” (Ley 1448/2011.

Art. 72 Inciso 2). Esta ley fue sancionada en el año 2011 por el congreso de la república

de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón como garantía

normativa frente a la reivindicación de las victimas inmersas en el conflicto armado, la

ley establece medidas tanto administrativas como jurídicas para que las víctimas del

conflicto armado puedan acceder a un proceso de restitución de tierras.

Marco Teórico

Una aproximación a los Derechos Humanos

Esta investigación, se fundamenta desde la teoría de la acción de Pierre Bourdieu,

entendiendo que los Derechos Humanos, son un campo históricamente constituido que

denota un conjunto de relaciones sociales y conflicto en las mismas, como también

reivindicaciones sociales, políticas, culturales y económicas en el tiempo. “Es por tanto

un espacio de lucha y relaciones simbólicas” (Araneda, 2012 Cita a Bourdieu,

2005.Pág.:11). Es así que “Los derechos humanos son un producto de la historia siempre

que esta sea entendida como acción humana. Esfuerzo y lucha por el reconocimiento de

individuos, grupo, clases y pueblos” (Papacchini, 2003. Pág.: 44).

De esta manera, los Derechos Humanos conllevan a ese grado de emancipación, donde,

empieza a emerger un sujeto reflexivo y constructivo de su realidad, que lucha por una

reivindicación constante de aquello que le fue vulnerado en sus derechos perse como

persona, basado en “hacer valer” el cumplimiento de obligaciones hacia él y la

transformación social de su entorno.

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Con todo y lo anterior “hoy existe, una fuerte discrepancia entre principios y prácticas

de los Derechos Humanos” (Araneda, 2012 cita a Sousa Santos, 2006.P.186). “Esta

distancia se expresa hoy en la desigualdad, exclusión social y consecuente disminución

de vida para la mayoría” (Araneda, 2012. Pár.: 4). Por tanto los Derechos Humanos como

derechos inalienables contemporáneamente se manifiestan en Derecho, positivizado, en

la norma jurídica mas no en el ejercicio de la praxis.

Con base en lo precedente, los Derechos Humanos, han pasado por unas fases históricas

que le han permitido constituirse como actualmente se conocen. Hechos como la

Declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776, “filosóficamente, la

declaración hace énfasis en dos temas: derechos individuales y el derecho de revolución.

Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también

influenció en particular a la Revolución Francesa en 1789” (Human Right Watch. 2008.

Párr.: 5)

Por otro lado se encuentra la carta de derechos de 1791, le sigue la declaración de

derechos del hombre y del ciudadano, declaración que surge por hechos históricos como

la revolución francesa y por último se encuentra la declaración universal de los Derechos

Humanos. Este documento es que el actualmente rige todo el ejercicio de los derechos

humanos y es vinculable al Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Llegado este punto los Derechos Humanos se han interpretado de múltiples manera, por

ejemplo según Papachini, (2003) plantea que:

“Los Derechos Humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios

considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada

época histórica de las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones

van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema

normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional”

(Pág. 43)

Interpretando lo precedente, es necesario comprender que esos bienes primarios que

señala el autor son derechos inherentes al individuo como el respeto a la vida, la libertad

y la dignidad Humana. Es así que la definición más global de los Derechos Humanos que

hace una aproximación hacia todas estas reflexiones expuestas anteriormente, obedece a

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la propuesta de la ONU (2013) la cual define estos derechos “como las garantías

esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni

ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad”

(Párr.:1).

Por tanto el ejercicio de los Derechos Humanos y la garantía de los mismos se

materializan en acciones concretas que ejecutan algunas personas como los defensores

de derechos humanos, que en su labor, trabajan por revindicar esas garantías que han sido

vulneradas de varias formas sea en el ámbito de la legalidad o la ilegalidad.

¿Quién es un defensor de derechos humanos?

Entiéndase por Defensor o defensora de derechos humanos “toda persona que de

cualquier forma promueva o procure la realización de los derechos humanos y las

libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional” (CIDH,

2011.Pág:4). Los defensores de derechos humanos son aquellos que simbolizan la

protección y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente

cuando estos son anulados por la lógica dominante.

Es importante analizar la situación de los defensores de derechos humanos puesto que

estas personas se esfuerzan por promover y proteger los derechos civiles y políticos como

también la promoción de los derechos culturales, sociales y económicos, especialmente

en el marco del conflicto armado apoyando a las víctimas del mismo. Otra labor de gran

importancia es la de “(…) crear un espacio en el que se pueda ejercer y proteger el derecho

a disentir específicamente y a la libertad de expresión.“ (Amnistía Internacional, 1999),

ya que este derecho ha sido vulnerado de múltiples formas ya sea por diversidad de

pensamiento, afinidad política, especialmente en la población objeto de estudio.

En un primer momento, es necesario establecer la importancia del papel desarrollado por

los defensores de derechos humanos en una sociedad en conflicto interno como lo es

Colombia. “el papel de los defensores de los derechos humanos es también fundamental

en los países que atraviesan un periodo de importantes reformas o de transición.”

(Amnistía Internacional, 1999). A lo largo del devenir histórico de Colombia, hemos

presenciado la creación y desarrollo de grupos al margen de la ley que en su modus

operandi se han servido de violaciones de derechos humanos con el fin de satisfacer

17

intereses de todo tipo (económico, político y militar).

Es así, que ciertos particulares, bien sea de manera individual, en grupos o reunidos en

organizaciones, asumen la defensa de estos derechos, surgiendo la figura del defensor de

derechos humanos. (Sentencia T590 de 1998) El recrudecimiento del conflicto, la

sistematización y generalización de las acciones delictivas inherentes a la confrontación

armada y la victimización de gran parte de la población civil, manifiesta una agudización

progresiva de la violencia en Colombia. Es así, como en Colombia se concretó “Un

conflicto donde predominan las agresiones a civiles indefensos y el desplazamiento

forzado de la población rural (…)” (Mejía, F .2000)

En un ámbito más concreto, los defensores de derechos humanos comprendiendo a Pierre

Bourdieu (1979) son sujetos que están inmersos en un sistema de enclasamiento de sus

acciones, donde se les configura de una manera particular, al apropiarse de unas prácticas

y propiedades ya establecidas. Además estas persona ssimbolizan protección y garantía

de los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente cuando estos son

vulnerados por la lógica del conflicto armado. Es imperioso resaltar que a menudo el

desafío que asume el defensor, implica poner en riesgo su propia integridad y la de su

círculo cercano, llegando a padecer una situación similar a la sufrida por las victimas a

las cuales reivindica. Es así como se generan “reacciones desproporcionadas, violentas e

injustificadas contra los defensores y sus organizaciones.” (Mejía, F .2000)

La Estigmatización en los Defensores de Derechos Humanos

Para dar un análisis a la problemática planteada, desde una perspectiva teórico conceptual

nos enfocaremos en el concepto de estigma propuesto por Erving Goffman, desde el

interaccionismo simbólico. Es importante aclarar, que lo que se pretende es hacer una

abstracción conceptual (concepto de estigma), con el fin de contrastarlo con la realidad

en estudio y sus implicaciones contemporáneamente.

De este modo, Erving Goffman, determina el estigma como “el proceso en el cual la

reacción de los demás estropea la identidad normal” (Goffman, E. 2008).En palabras más

simples y haciendo una interpretación de lo precedente, se puede entender el Estigma

como un atributo o efecto totalmente desacreditador. En el marco del conflicto armado,

se genera así un grave contexto de vulnerabilidad de estas personas, “Situación en la que

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han cobrado vigencia la estigmatización, amenaza, persecución, judicialización y

exterminio de promotores y defensores de los derechos humanos y, en general, de toda

persona que opine o manifieste alguna actitud frente al conflicto(...)”(Mejía, F .2000)

Desde Goffman este tipo de estigma, estaría basado en creencias falsas, específicamente

desde los conceptos de desacreditado y desacreditable. El primero, es donde el estigma

se puede visibilizar, de manera inmediata, en el caso de los defensores se reproduce por

medio de la violencia física, discursos oficiales, medios de comunicación, etc. (Goffman,

E. 2008) En el segundo caso, es decir de manera desacreditable se entiende donde

“Aquella persona en la cual su diferencia no se revela de manera inmediata y no se tiene

de ella un conocimiento previo” (Goffman, E. 2008)

Por consiguiente, la estigmatización que ha permeado a los defensores de derechos

humanos, también provoca consecuencias para revindicar sus derechos como personas.

La obstaculización para acceder al sistema jurídico y la lentitud de los proceso legales

son algunas de esas falencias que viven día a día estas personas en el ejercicio de su labor.

El acceso a la justicia en el marco de los Derechos Humanos

El acceso a la justicia desde una visión teórico conceptual, será abordado desde el marco

de la sociología jurídica, teniendo en cuenta los planteamientos de Boaventura de Sousa

Santos. Dicho autor, cita a Cappelletti (jurista italiano), definiendo el derecho al acceso

de la justicia como “El sistema por el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o

resolver sus controversias bajo los auspicios generales del Estado. Primero el sistema

debe ser igualmente accesible para todos y segundo debe conducir a resultados que sean

individual y socialmente justos....” (Sousa Santos, B. 1998)

De acuerdo con la anterior definición, el derecho al acceso de la justicia, se puede

entender en palabras más sencillas como la forma de hacer valer los derechos legalmente

reconocidos y a ser tratados de forma igualitaria, como también el poder acceder a los

mecanismos que permitan el ejercicio de los derechos, ante el sistema de justicia. (Sousa

Santos, B. 1998).

Para Boaventura de Sousa Santos, existen tres clases de obstáculos para acceder a la

justicia, los cuales son de tipo económico, social y político. Los Económicos, se refieren

a los costos del litigio, a la capacidad económica de las partes, a la lentitud del proceso,

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especialmente frente al acceso a la justicia de las clases bajas. Existen condiciones socio

económicas, que influyen en este fenómeno. (Sousa Santos, B. 1998) “… los ciudadanos

de menores recursos tienden a conocer muy poco sus derechos y, en consecuencia a tener

más dificultades para reconocer un problema que los afecta como un problema jurídico”

(Sousa Santos, B. 1998). Los sociales, se refieren más a la desconfianza en el aparato de

administración de justicia, y los políticos, al desconocimiento de derechos, y el acceso

recursos o mecanismos para reivindicarlos o repararlos. .

Por lo anterior, es imperante comprender como los campos simbólicos, a partir de los

medios de comunicación, influyen en las dinámicas de un Habitus establecido, en este

caso el de los defensores de derechos humanos. Habitus que se puede entender como “una

estructura estructurante (…) que produce acciones, al tiempo que es producido por el

condicionamiento histórico-social (...) y engendra conductas objetivamente adaptadas”

(Chauvirè, Christiane & Fontaine, Oliver, 2008. Pàg.68).

De la misma manera hay que tener en cuenta, que estos campos, “imponen una visión,

una división” del mundo a aquellos que son parte interesada y que están involucrados en

sus juegos y sus desafíos” Christiane & Fontaine, Oliver, 2008. Pàg.:17). Interpretando a

Pierre Bourdieu, el campo son espacios históricamente constituidos, que plantean sus

reglas y su funcionamiento propio. Para el caso de los medios de comunicación, se debe

entender que esto se vale de diferentes capitales que construyen el campo, capitales

basados en lo intelectual y en lo social, donde de alguna forma, la comunicación que

manifiestan los diarios de prensa, conllevan de manera implícita a relacionarse con los

demás, trasmitiendo una idea de algo en particular.

Para el análisis de esta investigación, también es relevante mencionar el ejercicio de la

representación de la realidad, que pueden ejercer los medios de comunicación a través de

unas dinámicas de lucha o violencia simbólica. Esas dinámicas se encuentran inmersas

en un sistema de enclasamiento donde las “propiedades mejor enclasadas son las que

están expresamente designadas para funcionar como signos de distinción o marcas de

infamia, estigmas” (Bourdieu, 1979).

20

Diseño Metodológico

El enfoque metodológico de esta investigación tiende hacer de carácter cualitativo y se

fundamenta en el análisis de discurso, siendo este el más relevante, debido a que responde

a la pregunta de investigación y hace mayor uso de las técnicas que orienta a este tipo de

metodología, particularmente el análisis de contenido y la revisión documental. El

ejercicio del discurso, comprendiendo a Van Dijk (1996) es un suceso de comunicación,

es una caracterización que incorpora algunos de estos aspectos funcionales (Quien utiliza

el lenguaje, como, cuando y para que). Es decir, las personas utilizan el lenguaje para

comunicar ideas o creencias.

Igualmente hay que tener en cuenta que la noticia como discurso se sustenta “como una

forma particular de práctica social, institucional. Esta práctica discursiva de la producción

o de la recepción de la noticia puede analizarse teóricamente en dos componentes

principales: un componente textual y un componente contextual. El componente textual

analiza sistemáticamente las diferentes estructuras del discurso periodístico en diferentes

niveles. El componente contextual analiza los factores cognitivos .y sociales, las

condiciones, los límites o las consecuencias de estas estructuras textuales e,

indirectamente, su contexto económico, cultural e histórico” (Van Dijk, 2005. Pág.:250)

De este modo el análisis del discurso y de contenido se va centrar principalmente en los

diarios de prensa, es imperante resaltar el ejercicio del discurso desde los medios de

comunicación especialmente la prensa periodística basado en dos periódicos; El Tiempo

2como periódico nacional y El Colombiano 3de Medellín como medio regional, teniendo

2 El Tiempo, es un periódico Colombiano fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo, que en sus inicios empieza

publicar con un tinte ideológico conservador sacando a la luz pública las realidades del país bajo esta tendencia política.

Hacia 1913, Eduardo Santos hace compra de este diario dando así un vuelco político, debido a que Santos estaba

inclinado por la corriente liberal. De igual forma el ascenso al poder de Enrrique Olaya Herrera, fueron respaldadas

por El Tiempo fruto de la campaña electoral y claro esta como Jefe de debate Eduardo Santos.

Para 1946, El Tiempo jugo un papel fundamental en la esfera política, por un lado, Gabriel Turbay candidato apoyado

por Eduardo Santos y la disidencia a cargo de Jorge Eliecer Gaitán y Mariano Ospina Pérez, desencadenaron la

violencia política entre Liberales y Conservadores, consecuencia final la muerte de Gaitán conocida actualmente como

el Bogotazo.

Finalmente estos hechos produjeron el cierre del periódico por tres días, posterior en el gobierno de Rojas Pinilla la

censura de la prensa y el control de la hegemonía liberal que tenía el diario y que actualmente se revela todavía con

tendencias políticas particulares frente a las elites que gobiernan el país.

3 El colombiano es el principal diario de la ciudad de Medellín, se fundó en 1912 y quien duro por 22 años al mando

de la dirección fue la hija de uno de los fundadores Ana Mercedes Gómez, que actualmente ya no se encuentra en el

21

en cuenta que en este territorio fue donde acaecieron los hechos de la líder Ana Fabricia

Córdoba.

Es así, que la revisión de estos documentos va ser de gran importancia puesto que los

medios de comunicación en sus discursos establecen una “comprensión del discurso

como texto y como acto de habla que dependen de varios factores cognoscitivos

importantes, que incluyen los conocimientos, las creencias, los deseos, los intereses, los

objetivos, las actitudes, las normas y los valores de los usuarios de la lengua” (Van Dijk,

1997. Pág.:98). Para este caso en particular el ejercicio discursivo que manejan ambos

periódicos va permitir entender como de acuerdo al lenguaje, se comprende el mismo

fenómeno en dos dimensiones y las intenciones que trasmiten allí como medios de

comunicación tanto nacional como regional

En ese orden de ideas, la investigación pretende determinar los medios o mecanismos de

reproducción del estigma, frente a la labor de los líderes de restitución de tierras,

particularmente frente al caso del homicidio de la líder Ana Fabricia Córdoba. Lo cual

exige hacer un análisis detallado de la información recaudada, con la finalidad de observar

los elementos anteriormente mencionados y obtener una perspectiva sobre el escenario

de los defensores de derechos humanos en Colombia y sus implicaciones sociales en el

contexto actual.

Para ello, es importante mencionar que en un primer momento, se realizara un análisis

socio-histórico de la ciudad de Bogotá y Medellín ubicando en contexto también el Urabá

Antioqueño. Es de mencionar que Bogotá se incluye en el análisis, fundamentándola

como plaza política, porque es allí donde se discute, diseña y se implementa la ley de

víctimas y de igual forma se pone en marcha desde la directriz gubernamental el ejercicio

de la norma jurídica. Entonces este análisis más que Bogotá como ciudad, es Bogotá

como detonante de las decisiones políticas y jurídicas.

diario. Este periódico es distintivo por evidenciar noticias de corte político en la región paisa y además de apoyar

significativamente las campañas del Expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El diario forma parte de los Periódicos Asociados Latinoamericanos, donde pertenecen grandes casas editoriales del

país, además el periódico tiene marcada una división entre las familias Gómez Martínez y Los Hernández dueñas del

mismo, como al interior del diario por tensiones políticas, particularmente por la defensa del senador Uribe Vélez y el

rechazo constante al gobierno de Juan Manuel Santos. Por tanto el periódico a pesar de tener buena imagen en esta

región las fricciones ideológicas y políticas han generado que la prensa se polarice o se posiciones en una sola

perspectiva.

22

Ahora bien, Medellín y el Urabá Antioqueño se toman como referencia, teniendo en

cuenta que fue allí en esta ciudad donde se desencadeno el crimen de Ana Fabricia

Córdoba y los hechos de persecución de manera sistemática a los miembros de su familia.

De igual forma el departamento de Antioquia pertenece a la región del Urabá Antioqueño,

región en la cual Ana Fabricia realizaba su labor como líder social, en materia de

restitución de tierras y en donde las dinámicas del conflicto armado son muy marcadas

debido a la presencia de grupos armados en la zona, legales e ilegales, lo cual de alguna

forma incidió en las labores de Fabricia Córdoba y su desplazamiento de esta zona del

país, resultado de la violencia que está presente en la actualidad.

En un segundo momento, se pondrá en marcha la revisión y análisis documental, los

cuales se centraran en fuentes secundarias como lo son; notas de prensa informativa

acerca de los sucesos que acaecieron el 7 de junio de 2011, y la labor de esta líder social.

Así mismo, el periodo de tiempo seleccionado, es el mes de junio de 2011. Lo anterior,

debido a que en lapso de tiempo mes fue el crimen de Ana Fabricia, como también hay

que tener en cuenta que en el 2011 se implementa y empieza ejecutar la Ley 1448 de

2011, ley de víctimas y restitución de tierras y por ende es importante analizar esas

dinámicas entre la labor de una líder de tierras con base en una norma jurídica que orienta

dicho ejercicio reivindicativo.

Por tanto el caso de Ana Fabricia Córdoba se fundamenta en que “esta líder comunitaria

(…) huyo de las múltiples amenazas y matanzas de las que fueron víctimas varios de sus

familiares en la región del Urabá” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 2011, Párr.:

1). Como también el ejercicio de su labor le propicio esta condición de vulnerabilidad,

inmiscuyéndola en la lógica de la violencia y la obstaculización de sus acciones como

líder de tierras

Llegado a este punto, el discurso analizado desde los medios de comunicación va

comprender de qué manera se abordan los hechos y más aún en victimas que cumplen

una labor social en el país como es el caso de Ana Fabricia Córdoba y que su persecución

ha sido sistemática desplegando otras víctimas del círculo social más allegado a ella,

especialmente su familia que actualmente, la gran mayoría fue asesinada.

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