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MEMORIA POLÍTICA / PRÓLOGO


Prólogo

UN CAPITULO de historia. Así podrían definirse estas páginas en las que Raúl Alfonsín dirige su mirada y evoca, con la perspect iva que le permite el paso

del t iempo, una serie de sucesos que marcaron las peripecias de su gobierno pero que también le dieron significado a los veinte años -entre fallidos y

esperanzados- durante los cuales la democracia sigue intentando consolidar- se entre nosotros.

Bienvenida sea la presencia de la primera persona en los relatos de histo - ria polít ica. Y de ningún modo porque el hecho de part ir de la subjet ividad

del protagonista nos garant ice la posesión de la verdad sobre los sucesos que narra, sino porque ese sesgo personal de los recuerdos permite a quien bus-

que reconstruir un momento histórico conocer también la forma en que un actor principal vivió los hechos, saber qué fuerzas o qué razones (o ambas)

estuvieron detrás de sus decisiones. Conocer, en fin, las tramas más finas de un proceso incorporando el habla de quien, de otra forma, sólo es hablado

por la Historia. Muy parco ha sido nuestro siglo veinte en prodigar esos test imonios. No

existen memorias presidenciales, a diferencia de lo que sucede en otras culturas y en otras lógicas de negocio editorial. Y cuánto enriquecerían ellas

nuestras miradas sobre el pasado! Ni Roca, ni Yrigoyen, ni Agust ín Justo, ni Perón, ni Frondizi, ni ninguno de los caudillos militares que fueron ocupan-

do de facto la presidencia de la Nación, han dejado memoria de su experiencia en el paso por el poder, achicando así nuestra visión sobre el dramát ico

siglo veinte argent ino. Alfonsín revisa algunos momentos clave de su gobierno, y coloca su mira-

da también en otros acontecimientos posteriores pero muy significat ivos como


el polémico "Pacto de Olivos". Desfilan por el texto el análisis de definiciones

y episodios tan trascendentales como la polít ica de derechos humanos bajo su gobierno, el juicio a las Juntas Militares, las asonadas de Rico y Seineldín, las le -

yes de punto final y obediencia debida, el ataque que efectuaron los rezagas de la guerrilla al cuartel de La Tablada, la hiperinflación y el trámite de su renuncia

ant icipada, para concluir su memoria, ya fuera de la presidencia, con los vericue- tos del Pacto que llevó a la reforma de la Const itución en 1994.

De todos esos temas, el más impactante, e l que con mayor énfasis subra- ya lo que la gest ión de Alfonsín tuvo de ruptura con un largo pasado de im-

punidades y amnist ías frente a las vio laciones del estado de Derecho que ja- lonaron por lo menos cincuenta años de vida argent ina, fue el de la manera

en que se diseñó y puso en marcha una política de derechos humanos que fuera ejemplificadora hacia el pasado, pero que a la vez pudiera hacerse car -

go de sus consecuencias hacia el futuro. No sé si curiosamente o como producto natural de una sociedad que es

renuente para autoinculparse de sus defecciones, la bandera de los derechos humanos en la presidencia de Alfonsín, valorada en todo el mundo como un

ejemplo con escasas (o ninguna) réplica, ha sido entre nosotros menosca- bada, al punto que desde altas tribunas pudo insinuarse que en los veinte

años de democracia nada se había hecho en ese sent ido -por lo cual, quienes desde ahora tomaban esa tarea en sus manos, aparentemente desde la nada

histórica, debían pedir perdón a la sociedad-. Esa operación subest imatoria alcanza su cifra máxima en la persuasión que

cierta comunicación ha transmit ido con la fuerza de una lápida: lo que queda como saldo del período 1983-1989 en materia de derechos humanos no es la

Conadep, el Nunca más y el inédito juicio y condena a las Juntas Militares, sino las leyes de punto final y de obediencia debida. En esa línea mendaz de razo -

namiento, esos instrumentos legales que acotaban en el t iempo y en el nú- mero el desfile de militares en los juzgados han sido equiparados al indulto

dispuesto por Carlos Menem en una misma saga de debilidades y defeccio - nes. Esta afirmación omite la presentación de un simple dato que marca la

diferencia esencial entre ambos momentos: en 1989, al final de la presidencia de Raúl Alfonsín, había siete altos jefes militares condenados a pr isión


-algunos de ellos, a perpetua-, 27 procesados, tres condenados por su act i-

tud en la guerra de Malvinas, y 92 procesos y 342 sanciones disciplinarias co - mo resultado de los tres levantamientos militares encabezados por Rico y

Seineldín. No eran pocos -pese al punto final y la obediencia debida-los que estaban somet idos a la Just icia: al punto que el indulto menemista benefició,

nada menos, que a 220 militares y a 70 civiles. Pese a lo rotundo de estas cifras, muchos son todavía renuentes a reconocer lo que la historia seguramen-

te enfat izará con el t iempo: que el período abierto en 1984 ha sido, en materia de derechos humanos, un jalón único y que ese mér ito debe atribuirse al

coraje cívico con que Alfonsín encaró la cuest ión, mientras el candidato del just icialismo aprobaba la autoamnist ía dictada ilegalmente por los militares

del Proceso. El camino elegido -por otra parte anunciado ya en la campaña electoral-

implicaba la presencia de dos dimensiones: de un lado la referida al deslinde de los niveles de responsabilidad entre quienes dieron las órdenes, quienes

las cumplieron y quienes se excedieron por interés personal o por mera crueldad. Por el otro, la necesidad de descubr ir y reconstruir la verdad de lo

sucedido para, una vez cumplida esa tarea que se reflejó en las estremecedo - ras páginas del Nunca más, proceder a la alternat iya del juicio y del cast igo a

los violadores de los derechos humanos. Primero el conocimiento de la verdad para establecer la condena ét ica de la sociedad; luego, el rigor de la ley y

el ejercicio de la just icia. Esas dos misiones que la reconstrucción de la democracia exigía para tor -

narse verosímil, debieron cumplirse en el marco de situaciones difíciles producto de las reacciones de la Argent ina corporat iva que se negaba a aceptar

las nuevas reglas de la democracia y del limitado margen de maniobra del nuevo gobierno. Alfonsín, con lujo de detalles desconocidos hasta hoy, repa-

sa la trama de esos momentos cruciales en los que el cruce de los host iga- mientas castrenses y sindicales -tres alzamientos militares; trece paros gene-

rales- llenaron de zozobra a la sociedad y pusieron en jaque a su economía, y en los cuales el peronismo, salvo en los momentos iniciales de la llamada

"Renovación", no supo jugar el papel de socio leal de la reconstrucción de- mocrát ica, sino que, por el contrario -hábil como es en los tejidos corpora-


tivos-, exacerbó la competencia por el poder hasta que, en 1989, en medio

de un desmadre económico del que el triunfo electoral de Carlos Menem no fue ajeno, consiguió su objet ivo de tronchar el período presidencial.

Esos primeros años de la transición democrát ica que le tocó pilotear a Alfonsín transcurrieron así entre el tembladeral de los juicios por violación

de los derechos humanos, la desobediencia militar para repr imir a los alzados en rebelión, la agitación sindical y el inicio de la crisis de la deuda que esta-

llaría con vio lencia años después, pero que desde entonces ya obstaculizaba la recuperación económica, en un mundo, a diferencia del de hoy, de tasas de

interés altas y de precios bajos para los commodit ies. En ese cuadro lleno de dificultades, Alfonsín quiso inaugurar, más allá

de la just icia retroact iva que había implicado el ju icio a las Juntas, una suer - te de refundación inst itucional a través de iniciat ivas que fueron desde la

creación del plural Consejo para la Consolidación de la Democracia y su propuesta de reforma de la Const itución hasta el traslado de la Capital

Federal al sur del país. Todos esos anhelos finalmente se frustraron y, a par - tir de 1987, con el triunfo peronista en las elecciones intermedias, el gobier -

no fue perdiendo iniciat iva polít ica hasta su abandono prematuro del poder. Pero aun a los tropezones, el estado de Derecho se mantuvo en pie.

En páginas de fina agudeza, Ortega y Gasset reconstruyó, a través de un análisis del desempeño de Mirabeau, los rasgos arquet ípicos del polít i-

co, advert ibles, sobre todo, cuando deben manejarse transiciones de una si- tuación histórica a otra, momentos que suponen la combinación de cont i-

nuidades y rupturas en la cual la mezcla de audacia y de prudencia resulta indispensable. Toda autént ica polít ica -comenta Ortega- incluye "un im-

pulso y su freno", una fuerza de aceleración y una fuerza de contención. (La expresión la recogerá el uruguayo Carlos Real de Azúa para explicar,

años después, la larga duración del batt lismo en la polít ica oriental.) Yagre- ga Ortega que ese equilibr io es el que permite "acomodar las cosas y sal-

var la subitaneidad del tránsito". Raúl Alfonsín tuvo conciencia desde un principio de la fragilidad de la

situación en la que debía desplegarse la voluntad polít ica y moral por superar más de medio siglo de autoritarismos de diverso tipo. Y el tema de


los derechos humanos violados resultaba el experimentum crucis de esa tenta-

tiva de condenar el pasado sin poner en cuest ión, nuevamente, al futuro. ¿Qué podía hacerse desde el Estado para reconstruir una nación destruida,

pero en donde no se había producido una revolución? Es cierto que la salida del régimen dictatorial no había sido producto de un pacto cívico-militar

como en otros países del cont inente en los que pr imó la ley del olvido, pero también lo era que el llamado Proceso había cesado luego de la implo -

sión originada tras la catástrofe de Malvinas y no por obra de una inexisten- te rebelión popular. A part ir de esa constatación eran posibles tres

alternat ivas: el o lvido, como lo propuso, sin ninguna voz en contra, el candidato peronista Luder; el procesamiento de todos los que pudieran resul-

tar imputados, o el ju icio y condena de los principales actores. Como es sabido, esto últ imo es lo que se decidió, configurando un caso único n i

siquiera comparable con los juicios de Nuremberg, porque ellos se realizaron en una nación vencida y ocupada por tropas extranjeras. Pero, como

recordaba al principio de estas notas, c ierta historia interesada prefiere recordar a Alfonsín no como el promotor de esos juicios inéditos sino como

el impulsor de la obediencia debida. Y se pregunta el ex presidente: "Han pasado muchos años y aún hoy

me formulo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces: más allá de las consignas bienintencionadas, ¿alguien creía y aún

cree seriamente que en ese t iempo, con una democracia que recién emer- gía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil

quinientos o dos mil oficiales en act ividad de las Fuerzas Armadas?". La respuesta es, para el sent ido común, obvia, pero, sin embargo, hoy parecen

tener más repercusión algunos gestos retóricos en un t iempo que ya no convoca riesgos, que aquella solitaria audacia democrát ica de haber juzga-

do y condenado, veinte años atrás, a las Juntas Militares responsables del terrorismo de Estado.

Por fin, vaya una consideración personal. Muchos de quienes componen mi generación descubrieron a part ir del proceso iniciado en 1983, conmovi-

dos por el rezo laico del Preámbulo, el valor de la democracia y del estado de Derecho que hasta entonces habíamos despreciado en nombre de otros idea-


les, sin advert ir que no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Fuimos

hijos de la violencia y de la ilegalidad argent inas; en ellas nos nutrimos y a ellas servimos hasta que el horror de la dictadura y del terrorismo de Esta-

do, las prisiones, las muertes y los exilios nos mostraron definit ivamente el largo rostro cruel de nuestra historia y la necesidad de art icular las viejas ban-

deras sociales con los nuevos aires que a ellas podía proporcionarles la democracia. Más allá de consideraciones coyunturales, de comprensibles discre-

pancias sobre asuntos puntuales, de juicios que ya remiten al análisis histórico, sería imposible no reconocer en ese logro una enorme deuda con

Raúl Alfonsín.

JUAN CARLOS PORTANTIERO Junio de 2004

MEMORIA POLÍTICA / PREFACIO

Prefacio

ESCRIBÍ este libro con la convicción de que no podía hablar acerca del futuro, como era mi deseo, sin mirar hacia atrás, sin revisar y analizar las accio -

nes más significat ivas y también las más cr iticadas de mi gest ión. En un pasaje del Génesis, un ángel le advierte a Lot: "iSálvate! jNo mires

hacia atrás ni te detengas! jEn ello te va la vida!". Su mujer quiere ver el ex- terminio de Sodoma y Gomorra. Mira hacia atrás y queda convert ida en una

estatua de sal. ¿Qué la llevó a mirar hacia atrás? La curiosidad, pensarán algunos, pero, en todo caso, era una curiosidad para observar con odio y ren-

cor el fin de sus enemigos. Yo creo que es necesario mirar hacia el pasado con ojos que contribuyan a la convivencia.

En este libro busco poner en negro sobre blanco muchas de las circunstancias gravísimas que soportamos todos los argent inos entre 1983 y 1989,

las decisiones tomadas por mi gobierno, el contexto interno e internacional en el cual se inscribieron cada una de ellas y algunas de las consecuencias de

esas decisiones dos décadas más tarde. Éstos son temas, además, que se dis - cuten en la actualidad.

Pretendo abordar aquí los temas y las cuestiones más difíciles, compromet idas y cr it icadas de mi gobierno y de mi vida polít ica para asumir una de-

fensa que no es, en este caso, tanto personal como de convicciones, valores y sent idos de la polít ica; explicar la forma en que he actuado ante los princi-

pales desafios y ofrecer elementos de juicio para revisar una serie de lugares comunes y sentencias categóricas adversas que se instalaron como una ver -

dad inapelable en el imaginario colect ivo de nuestra sociedad. Es muy probable que este libro sea cr it icado desde los extremos del arco

polít ico y posiblemente por muchos independientes, pero no me pesarán es-


tas crít icas si las mismas contribuyen a desarrollar una polémica franca que

sirva efect ivamente para enriquecer el análisis y la comprensión de estos años centrales para nuestra vida democrát ica.

Toda nación es el resultado de un proceso histórico integrador de grupos inicialmente desart iculados. Detrás de cada unidad nacional hay un gran proyecto

capaz de asociar en la construcción de un futuro común a fuerzas étnica, religiosa, cultural, lingüíst ica o socialmente diferenciadas entre sí. Uno de los rasgos dis-

tint ivos de la Argent ina ha sido nuestro fracaso en delinear con éxito una empresa nacional de esta naturaleza. Otros países conocieron en el pasado terribles

luchas internas, pero supieron diso lver sus antagonismos en unidades nacionales integradas, cuyos componentes se reconocen como parte del conjunto en un uni-

verso de principios, normas, fines y valores comunes. Esta integración, aunque intentada varias veces, nunca alcanzó a prosperar en la Argent ina, que mantuvo

la división maniquea de su propia sociedad en universos polít ico-culturales inco- nexos e inconciliables como una constante durante todo su it inerario histórico.

Nuestra historia no es la de un proceso unificador, sino la de una dicotomía cristalizada que se fue manteniendo básicamente igual a sí misma bajo sucesivas

variaciones de denominación, consistencia social e ideología. Ahí están, como expresiones de esta división, los enfrentamiento s entre unitarios y federales, en-

tre la causa yrigoyenista y el régimen, entre el conservadur ismo restaurado en 1930 y el radicalismo proscripto, entre el peronismo y el ant iperonismo. Bajo

signos cambiantes, el país permaneció invariablemente dividido en compart i- mento s estancos, que en mayor o menor medida se concibieron a sí mismos co -

mo encarnaciones del todo nacional, con exclusión de los demás. La Argent ina no era una gran patria común sino una conflict iva yuxtaposición de una patr ia

y una ant ipatria; una nación y una ant inación. Como unidad polít ica y territorial, la nación se asentaba en el precario do -

minio de un grupo sobre los demás y no en una deseada art iculación de to - dos en un sistema de convivencia. Con el desarrollo económico, el país fue

creciendo en complejidad, generando en su sociedad una progresiva diferen- ciación interna entre grupos polít icos, corporativos y sectoriales, todos los

cuales incorporaron aquella vieja mentalidad. La Argent ina ingresó a la segunda mitad del siglo XX con part idos com-


part imentados, organizaciones sindicales compart imentadas, asociaciones

empresarias compart imentadas, fuerzas armadas compart imentadas, unidades culturalmente dispersas que apenas ocasionalmente se asociaban en par -

cialidades mayores también excluyentes entre sí, pero nunca en esquemas de convivencia global. En estos procesos de asociación, lo que se unía nunca era

el país sino un conglomerado interno que sólo lograba afirmar su propia unidad en la visualización del resto del país como enemigo.

En la actualidad, todavía hay rastros de ese canibalismo polít ico que ha te- ñido la práct ica polít ica: hay quienes sost ienen que la Unión Cívica Radical rea-

liza una oposición desdibujada tanto frente al actual gobierno, como durante la presidencia de Eduardo Duhalde. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Oponerse

por principio es una forma nueva de hacer polít ica? jQué más quisieran la derecha reaccionaria, la izquierda drást ica o los poderosos de la Tierra!

Corremos el riesgo ser io de que nos derrote el neoliberalismo. Sus gurúes sí piensan para adelante, sí planifican para el futuro. Son cómplices de la glo -

balización insolidaria, conspiran contra el Mercosur y desean un alineamien- to automát ico con Estados Unidos. Son los nuevos cipayos de este siglo.

La polít ica implica diferencias, existencia de adversarios polít icos, esto es totalmente cierto. Pero la polít ica no es solamente conflicto, también es cons-

trucción. Y la democracia necesita más especialistas en el arte de la a sociación polít ica. Los part idos polít icos son excelentes mediadores entre la sociedad,

los intereses corporat ivos y el Estado, y desde esa perspect iva hemos señala- do que lo que más nos preocupa es la falta de diálogo con los part idos polít i-

cos. No será posible resist ir la cant idad de presiones que estamos sufriendo y sufriremos, si no hay una generalizada voluntad nacional al servicio de lo que

deberían ser las más importantes polít icas de Estado. Necesitamos t iempo en democracia, en las normas comunes, en la incor-

poración rut inaria de las reglas compart idas, para formar costumbres, porque ellas condicionan el diseño y las práct icas inst itucionales, las acciones concre-

tas y las rut inas societales. Toda mi act ividad polít ica buscó fortalecer la autonomía de las inst itucio-

nes democrát icas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de Derecho estuvieran separados de cualquier personalismo. Nuestro país


tuvo un talón de Aquiles: no podíamos garant izar la alternancia democrát ica

del gobierno. El objet ivo de toda mi vida ha sido que los hombres y mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir en democra-

cia. Para ello era y es necesar io que además de inst ituciones democrát icas haya demócratas, porque só lo así las inst ituciones democrát icas pueden sobre-

vivir a sus gobernantes. Las ideas que sostengo en este prefacio me han acompañado toda la vi-

da. En enero de 1972 escribía en la revista Inédito: Es imposible pretender hacer una interpretación realis ta de la actualidad, sin

tener en cuenta la dinámica del cambio. Quienes quieren efectuarla compu -

tando exclusivamente, por decir lo de algún modo, tanques, regimientos,

r iquezas o medios informativos, en verdad son los menos realistas, porque

niegan la historia -el devenir- al tener en cuenta sólo uno de los términos

de la contradicción: el que defiende los valores del pasado en procura de

afianzar su permanencia. Lo real es distinto o, por lo menos, más amplio.

Al Iado, simultáneamente frente a los defensores del statu qua, se levantan

con vigor históricamente incontenible nuevos valores, nuevos temas, nue-

vas respuestas, nuevas propuestas, nuevas soluciones. (Compilación de

Legasa, 1985.)

En 1981 volvía sobre el tema en La cuestión argentina, editado clandest inamente:

Toda mi vida he sostenido la necesidad de comprender que la democracia

exige muchas veces. el sacrificio de parte de los objetivos propios para po-

der defender los grandes principios que la sustentan. [.. .]

No se puede concebir la lucha por la democracia y el gobierno del pueblo,

sin el pueblo. No se trata de procurar el gobierno para un sector , sino de res -

taurar en los hombres de nuestro país la convicción de que pertenecen a una

sociedad y que el destino de esa sociedad les pertenece, de manera que pase lo

que pase con la Argentina será lo que los argentinos quieran que pase.


En Democracia y consenso* sostengo:

Frente a la injusticia que cada vez se nos presenta con más fuerza como al -

go intolerable, quienes así la percibimos y decidimos actuar para combatir -

la lo hacemos desde dos perspectivas di ferentes y complementarias.

Una, filosófica: el filósofo comprometido comprende la necesidad de

profundizar en el pensamiento especulativo, para desentrañar las causas rea -

les de esa injusticia y luego mostrar los caminos a recorrer para superarla,

si es posible con la fuerza suficiente como para que esas ideas se convier -

tan, nada más que por su enunciado, en una praxis generada por la fuerza

de su convicción. Esta tarea debe llevarse a cabo en forma r igurosa, exigen-

te y sin concesiones y debe establecerse un diálogo permanente con quie-

nes atacan el problema desde la otra posición.

La otra política: el político ético paradigmático comprende, primero que

nada, la necesidad de actuar a l servicio de la verdad, la libertad y la igualdad.

Se inspira en las grandes üneas del pensamiento progresista y define su obje-

tivo fundamental como el de eliminar la mayor cantidad posible de obstácu -

los para la realización del hombre en la sociedad. Tiene una particular sen-

sibilidad ética. Una tensión, casi una angustia constante. Una conciencia

exigente y un especial sentido de culpa. También coraje para rechazar cual -

quier seducción del oportunismo, bondad para comprender las debilidades,

fuerza para imputar las responsabilidades, sagacidad para adivinar intencio-

nes, prudencia para evitar regresiones, paciencia para esperar resultados, te -

nacidad para aferrarse a sus convicciones, flexibilidad para avanzar en cam -

biantes circunstancias.

Pero el filósofo no puede exigir le al político que actúe temerariamente,

aunque se acepte que su misión es hacer posible lo imposible, y cuando no

lo hace considerar que actúa rupócritamente. Tiene que exigir le valentía pa -

ra llegar al límite y templanza para r econocerlo. Del mismo modo, el políti -

co no puede exigir le al fIlósofo soluciones de inmediato, sino una búsque-

da comprometida.

Asumí como Presidente de la Nación argent ina ellO de diciembre de 1983.

Veinte años de democracia es un t iempo razonable para poder revisar y dis- *Alfonsín, Raúl, Democrtlt1tl y consenso, Buenos Aires, Tiempo de Ideas y Corregidor, 1996.


cut ir sus hitos fundamentales a la luz de nuestra historia polít ica más amplia,

sin el apasionamiento y el sent ido de urgencia con que no s enfrentábamos en cada momento de la transición que inauguramos entonces, tras la larga

noche del autoritarismo.

RAÚL R. ALFONS1N Buenos Aires, octubre de 2003

MEMORIA POLÍTICA / LA VISTA DESDE EL HORIZONTE

1. La vista desde el horizonte

Después de julio de 1989

EN MI ÚLTIMO mensaje ante la Asamblea, el1 de mayo de 1989, sostuve que

nos aproximábamos a un acontecimiento histórico, como lo era una sucesión presidencial en los marcos de la normalidad inst itucional. Siempre pensé -y

lo dije var ias veces- que la prueba decisiva del éxito del camino iniciado en 1983 era llegar a las elecciones de 1989. Lo que no se pudo conseguir en los

períodos const itucionales iniciados en 1952, en 1958, en 1963 y en 1973, es- tábamos a punto de lograrlo entonces. Nada ni nadie iba a arrebatarnos esa

conquista cívica. En esa competencia cívica, e l gobierno que concluía su mandato era, ne-

cesar iamente, un protagonista más, un objeto de examen, de apoyos y de re- chazos. Su acción se ubicaba en el ojo de la tormenta; lo sabía bien y así lo

asumía. ¿Cómo no saber, también, que en situaciones de tan grave crisis como las que padecían las democracias pobres de América Lat ina, la argent i-

na entre ellas, los gobiernos que se hacían cargo de las mismas inevitablemente se transformaban -por acción o por omisión- en los chivos

expiatorio s de las frustraciones part iculares o colect ivas? Me hacía cargo de todo esto y, por lo tanto, no ignoraba hasta qué punto arreciaban las crít i-

cas al desempeño gubernamental. Ellas se fundaban en cuest iones objet ivas que afectaban la vida cotidiana de los argentinos, en las que cabían respon-

sabilidades personales, pero también en un enorme endurecimiento de la campaña electoral.

Nadie podía cuest ionar la legit imidad del disenso y el derecho a la crít ica


por parte de la oposición, como tampoco podía ésta desconocer el clima de

libertad en el que se desenvolvía. A lo largo de las pasadas generaciones, los argent inos habíamos vivido somet idos a pesadas influencias ant idemocrát i-

cas. Formas variadas de autoritarismo, sectarismo, oscurant ismo, exclusivis- mo, fundamentalismo habían ejercido durante esa etapa un poder modelador

sobre nuestra personalidad nacional y sobre la personalidad individual de cada uno de nosotros.

En este marco histórico se sucedieron dictaduras e intervalos const itucionales. Pero con la part icular idad de que casi todos estos últ imos exhibieron

también, tanto en el comportamiento de los gobiernos como en el de las oposiciones, est ilos y modalidades propias de aquella cultura autoritaria que

pujaba por prevalecer en el país. De este modo, nuestro pasado reciente se había dist inguido, desde 1930,

no sólo por el recurrente empleo de la fuerza para derr ibar gobiernos constitucionales, sino también por la peculiaridad de que, aun a través de esos go -

biernos const itucionales, lograban abrirse camino práct icas y conductas de- rivadas de la misma cultura polít ica que inspiraba al golpismo.

Nuestra vida nacional de los sesenta años anteriores incluyó así, junto a numerosas dictaduras, a gobiernos const itucionales con presos polít icos,

provincias intervenidas, universidades avasalladas, sindicatos somet idos a control estatal, desbordes represivos, bandas parapoliciales, práct ica sistema-

tizada de la tortura, estado de sit io endémico, correspondencia violada, ejer - cicio ilimitado del espionaje interno, medidas encaminadas a impedir la libre

expresión de ideas. El autoritarismo, la violencia y la arbitrariedad eran norma de las dicta-

duras y, a l mismo t iempo, tentaciones a las cuales se cedía con deplorable frecuencia durante los interregnos const itucionales, a part ir de un funda-

mento cultural que por momentos parecía ser común a los dos modos de gobernar el país.

Sobre este trasfondo histórico, la experiencia iniciada en la Argent ina el 10 de diciembre de 1983 cobraba significados, valores y méritos que no po-

dían ser ignorados. El gobierno que presidía era el primero en toda la histo - ria del país que llegaba a las postrimerías de su mandato sin presos polít icos,


ni leyes persecutorias, ni órganos de prensa clausurado s, ni policías bravas, ni

interventores instalados en provincias, sindicatos o universidades. Ni un solo gesto de nuestra trayectoria en el poder reflejó las inclinacio -

nes autoritarias de las que estuvieron plagados gobiernos const itucionales del pasado.

Ni un solo paso dado por nuestra administración estuvo encaminado a oprimir, amenazar o int imidar. Nos tocó administrar el país en medio de la

mayor y más profunda de sus crisis económicas. Más precisamente, en medio de una crisis que acentuó hasta extremos inadmisibles la tensión de las

relaciones entre el Norte y el Sur, bloqueando las ya precar ias vías de crecimiento del vasto mundo emergente.

Nuestro país estaba sufriendo su cuota de esta crisis, con característ icas todavía más agudas que el resto de América Lat ina y que trajo consigo gra-

ves situaciones de intranquilidad social, a caballo de las cuales la oposición polít ica al sistema desencadenó infames campañas desquiciadoras.

En un país donde el ejercicio de facto o const itucional del poder estuvo tradicionalmente asociado con la tentación de preservar el orden me-

diante recursos autoritarios, a nuestro gobierno le tocó en suerte un momento histórico más cargado que cualquier otro de elementos propicios

para esa tentación. En otros términos, nuestro gobierno no sólo se dist inguió por haber re-

sist ido esas tentaciones, sino también por haber las resist ido cuando ellas estaban en su momento histórico de mayor fuerza, de mayor apremio. Creo

que estamos en nuestro derecho si pretendemos que esta labor sea reconocida en todo su valor.

Es cierto que en el campo económico recogimos una nación en crisis y no conseguimos superar las dificultades económicas. Esto puede atribuirse a

errores y limitaciones de mi gest ión, pero no se puede desconocer que nuestra crisis formó parte de una crisis estructural mundial, cuya solución sólo

podía emerger de grandes iniciat ivas colectivas, que abarcaran a enteras regiones del planeta con centenares de millones de personas invo lucradas, y

nunca de una iniciat iva singular de un gobierno de un país perifér ico. Sin embargo, en aquel momento asist imos a un curioso fenómeno polít ico -


cultural de distorsión evaluativa que mostró a algunos polít icos, a ciertas concen-

traciones de poder corporat ivo y a muchos medios de difusión asociados consciente o inconscientemente en una gigantesca campaña de acción psicológica

apuntada a presentamos como un gobierno cuya característ ica central, dist int i- va y definitoria era la de no haber superado la crisis económica y no la de haber

cumplido aquella epopeya democrat izadora en circunstancias tan terriblemente adversas a su realización.

La tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia. Con la cooperación de casi toda la sociedad nos entregamos a

esa tarea. Y tuvimos un éxito tal que el país terminó olvidando cuáles eran sus preocupaciones, sus dudas y ansiedades en 1983.

Entonces todo parecía natural. Natural que el pueblo estuviera a punto de expresarse en las urnas. Que no hubiera estado de sit io , que cada uno pu-

diera decir lo que quisiera. Natural que no hubiera proscripciones, que no hubiera presos polít icos ni provincias intervenidas, que no hubiera sindica-

tos intervenidos. Sin embargo, todo eso junto no se había dado nunca en nuestra historia.

Sabía que se vivían horas decisivas en materia económica a pocos días de las elecciones presidenciales. Sabía que deberían ser horas de alegría pero se

habían transformado también en horas de ansiedad. El Estado estaba dese- quilibrado en sus cuentas y con un financiamiento decreciente. A ello había

contribuido la incert idumbre polít ica sobre el rumbo que seguiría la econo- mía en el futuro. ¿Quién podía ignorar lo? Nadie podía negarlo: exist ían una

enorme desconfianza y una tremenda inseguridad. Las co nsecuencias pega- ban de lleno en los hogares argent inos, sobre todo en los más humildes. La

inflación se había acelerado yeso provocaba desazón. En esos t iempos difíciles de una transición que no era sólo polít ica,

sino también económica y part icularmente social y cultural, reflexionaba sobre la obra de gobierno, sin triunfalismo s, pero sin aceptar resignada-

mente que nada se había hecho, que estábamos peor que antes, que, en últ ima instancia y aunque no se lo dijera, esa difícil transición hacia la de-

mocracia no había valido la pena. Estaba seguro de que no era así. Y no se trataba de soberbia, de orgullo personal, de obcecación. Se trataba, so -


bre todo, de ayudar a que las mujeres y los hombres argent inos, especial-

mente nuestros jóvenes, no bajaran los brazos. Y que la agresión verbal a un gobierno que cubrió sólo el primer tramo de un largo camino hacia

la consolidación de un sistema de libertad e igualdad en la Argent ina, no se transformara en un cuest ionamiento global de la democracia como ~

forma de vida. En 1983 cayó sobre todos nosotros una carga enorme. Luego de décadas

de frustraciones nos propusimos establecer las bases para cambios funda- k mentales en un modelo de país en crisis que ya no daba más. Y buscamos en-

carar esas transformaciones -que siempre son costosas- en el marco de la más amplia democracia y con el menor costo social posible. Un objet ivo guió

nuestros pasos desde entonces: mantener unidos los necesarios esfuerzos con las imprescindibles libertades y el equilibrio social.

En el camino que emprendimos desde 1983 hemos cometido errores. ¿Cómo negarlos? Pero es un hecho que, como parte posit iva de esa heren-

cia, la sociedad terminó por asumir que la gran mayoría de las transformaciones propuestas, y que por dist intas razones no logramos efectuar o lo

hicimos imperfectamente, eran imprescindibles para que el país pudiera alcanzar niveles de desarrollo y prosperidad razonables. Temas que en aquel

momento parecían imposibles de abordar se incorporaron naturalmente al debate polít ico posterior.

Colocamos las bases del desarrollo: la lucha contra el egoísmo corpora- tivo, contra el prebendarismo del Estado, contra el capitalismo sin riesgos,

contra el aislamiento frente al mundo. Ésa fue la plataforma de despegue que construimos para la transición económica, para que nuestros sucesores

pudieran art icular democracia con crecimiento y con prosperidad. No es precisamente lo que hicieron, visto desde la actualidad.

En ese camino, racionalmente elegido, no quisimos, a fin de salvaguardar ese bien precioso que es la democracia y evitar la violencia que la destruye,

generar polít icas que a veces se implementan en los gabinetes técnicos. Esos gabinetes parten de la presunción de que las sociedades complejas como la

nuestra son espacios vacíos en los que puede ser experimentada cualquier propuesta de laboratorio. Las consecuencias inmediatas son, bien lo sabemos


ahora, la desocupación y el hambre para millones de familias.

Pero tampoco quisimos generar polít icas con un facilismo oportunista. Era irresponsable pensar en distribuir lo que ya no exist ía. Más a la corta que a la

larga, una demagogia de ese t ipo también generaría vio lencia, ante las perspectivas inevitablemente frustradas y frente a la lucha despiadada entre los grupos

que ambicionaban que sus demandas fueran prontamente sat isfechas. Dije antes que en la trajinada empresa que nos tocó poner en marcha co -

met imos errores. Pésimo gobernante sería aquel que se creyera al abrigo de toda falla. Quien es incapaz de reconocer un error es todavía más incapaz de

corregirlo. No fue ése, por cierto, nuestro caso. Dije que hubo cosas que "no supimos hacer, cosas que no quisimos hacer y cosas que no pudimos hacer",

y esa frase quedó luego estampada como un inventar io de los fracasos de mi gobierno, cuando lo que quería transmit ir era, precisamente, la agenda de

cuest iones que habíamos logrado comenzar a abordar, abriéndonos camino entre las dificultades, y que quedaban como tareas pendientes para el futuro.

Es cierto, hubo cosas que no supimos hacer. A veces nos equivocamos en los cambios básicos que debíamos llevar a cabo. Por error de diagnóst i-

co en algunas oportunidades; por falta de perseverancia en la aplicación de las polít icas o por mal cálculo de los t iempos en otras. Y aunque honrada-

mente pienso que se hizo mucho, sé que no avanzamos al r itmo que quer ía- mos para transformar de raíz un sistema económico perverso, para moder-

nizar un Estado burocrát ico e inmanejable, para quebrar de cuajo con un funcionamiento cerrado de la economía, de espaldas al mundo y poco efi-

ciente. Eso quedó como parte de una herencia para nuestros sucesores. Hubo también cosas que no quisimos hacer: a veces postergamos o sim-

plemente no efectuamos ajustes que un cálculo descarnado podría considerar benefic ioso, pero que en lo inmediato acarreaba costos sociales y sacrifi-

cios imposibles de sobrellevar para sectores importantes de la sociedad. La polít ica que aplicamos en mater ia de cambios estructurales implicaba,

al contrario, sopesar prioridades y obligaciones, necesidades económicas y urgencias sociales, sobre la base inamovible de cont inuar construyendo la de-

mocracia. Por eso, no creo que en este caso haya que hablar de errores, sino de situaciones en las que decidimos disminuir la velocidad en nuestra marcha


hacia las transformaciones de estructura que el país necesitaba.

Hubo, por últ imo, cosas que no pudimos hacer. En primer lugar, por la presencia de obstáculos y dificultades objetivas. Factores externos, como fue-

ron en su momento la caída de los precios de los productos agropecuarios o el manejo casi usurar io de las tasas de interés desde los centros del poder eco -

nómico internacional, así como algunas penurias internas, hicieron que inicia - tivas necesarias y posit ivas que proyectábamos llevar a cabo debieran ser de-

moradas o abandonadas. Sólo mencionaré, a t ítulo de ilustración, el triste privilegio de haber tenido que soportar la más terrible de las inundaciones de

que tengamos memoria y, más tarde, una de las más despiadadas sequías. He hablado de dificultades objet ivas que obstaculizaron logros o impidie-

ron alcanzar ciertas metas. No fueron las únicas. Hubo también dificultades subjet ivas. La sociedad argent ina ha visto entorpecida y amenazada su mar-

cha por el egoísmo sectorial, e l corporat ivismo, la especulación y el fomento irresponsable de la inflación, que en su manifestación polít ica expresan au-

toritarismo de diverso signo. La preocupación por estos resabios autoritarios que, aunque debilitados,

todavía persist ían entre nosotros, tuvo en nuestro caso un interés preciso. Siempre he pensado que nuestro ordenamiento inst itucional favorecía la

persistencia de act itudes que configuran los principales componentes de ese autoritarismo. Pienso, al decir esto, en la propensión al hegemonismo, en el

hecho de que gran parte de nuestra vida nacional estuvo modelada por la presencia de agrupaciones polít icas o corporat ivas que se sent ían llamadas

a protagonizar con exclusividad el dest ino de la nación. Buena parte del pensamiento polít ico argent ino fue refractario, cuando no abiertamente

host il, a la idea de que la nacionalidad pudiera expresarse en pluralidad. Y aun en el pensamiento democrát ico se escondía muchas veces la creencia

subyacente de que el mosaico de la pluralidad argent ina, aunque aceptado en principio, debía estar integrado por una fuerza polít ica esencial y otras

de naturaleza accesoria. Siempre creí que la marcha emprendida hacia la democrat ización del país

tenía que incluir formas de acción contra esos atavismos polít icos y culturales, formas que incluyeran también correct ivo s para aquellas inst ituciones de


nuestro sistema polít ico que aseguraban la cont inuidad de tales rémoras.

Con ese espíritu propusimos en su momento a la ciudadanía y a las de- más fuerzas polít icas el proyecto de una reforma const itucional que apunta-

ra a redefinir en un sent ido más democrát ico la naturaleza del gobierno. Lamentablemente, nuestra propuesta de reforma no encontró durante

largos años el indispensable consenso para hacerla efect iva. No se trat a, en- tiéndase bien, de descargar culpas en los demás. Nunca lo hemos hecho: un

inconmovible sent ido de la obligación nos hizo asumir todo traspié, toda solución insat isfactoria, todo fracaso, como responsabilidad propia. Nues-

tros adversarios deben reconocer que jamás los hemos convert ido en víct i- mas propiciatorias de culpas que quizás no siempre fueron nuestras. La re-

forma de la Const itución formaba parte de una deuda con la sociedad que no queríamos contraer, pero que la realidad nos impuso en esos años. Y la

asumimos. Siempre estuve convencido, pese a todo, de que las creencias y act itudes

de los argent inos tenían aspectos y potencialidades posit ivas y que éstos pre- valecerían por sobre las tramas de intereses creados y comportamientos reac-

cionarios. Amamos la libertad, habíamos aprendido a apreciar y defender la democracia. Con ella sufrimos padecimientos y frustraciones, pero sabíamos

también que, sin ella, esos mismos padecimientos se hubieran mult iplicado. Pero esas creencias y act itudes dejaban aflorar también aspectos negat ivos:

egoísmo, espíritu sectorial, disposición para la especulación, tendencia a creer en diversos mesianismos. Eran el lado oscuro de nuestra cultura polít i-

ca, los fantasmas a los que obst inadamente algunos se aferraban, quizá por temor a los riesgos imaginarios del futuro.

Sin embargo, esos aspectos negat ivos eran parciales y no alcanzaron para que nos ganara el escept icismo. Hubo una transición a la democracia que se

desarrolló a nivel de las inst ituciones polít icas. Pero hubo también otra tran- sición a la democracia que se cumplió en nuestras propias conciencias. Ella

pasaba ante todo por destruir esos fantasmas y por crear autént icas expecta- tivas de transformaciones profundas, sustentadas en la realidad, para nuest ro

país. Y ella habría de conducimos a fruct ificar el capital cultural-democrát ico que ya era patrimonio inalienable de la sociedad argent ina.


Después de exterior izaciones como las de Semana Santa, Monte Caseros,

Villa Martelli y La Tablada, no se puede ignorar de buena fe la profundidad de los problemas que tuvimos que resolver para asegurar la democracia. Si

aquello fuera todo lo realizado, si en esos cinco años y medio no hubiésemos hecho otra cosa que promover y dir igir la formación de esa democracia que

supimos defender, yo ya tendría la seguridad de haber cumplido. Ningún gobierno antes que el nuestro tuvo que enfrentar tantas calami-

dades al mismo t iempo. En esas condiciones fue inevitable que todos pade- ciéramos. La alternat iva no era padecimiento o bienestar. La única alternat i-

va era mayor o menor padecimiento. Mayor o menor equidad en el reparto de las cargas. Sin embargo, no nos conformamos con establecer la democra-

cia, afianzar la paz y administrar equitat ivamente la crisis. Nos propusimos cambiar el país.

Lanzamos ideas que a los cortoplacistas les parecieron ilusorias: una nueva forma de organización inst itucional -a través de la reforma de la Const i-

tución-, una reorganización territorial que debía empezar por el traslado de la Capital y culminar en la descentralización económica, el desarrollo de la

Patagonia y la integración efect iva con Brasil y Uruguay. En 1985 lanzamos el Plan Houston, convocando al capital internacional

a part icipar, junto con empresas argent inas, en el más grande esfuerzo de ex- ploración que se haya realizado jamás en el territorio argent ino. Logramos el

autoabastecimiento petrolero. La producción de hidrocarburos de 1988 fue la más alta de toda la historia de la Argent ina, desde el descubrimiento del

petróleo en 1907. En once meses -un récord mundial- hicimos un gasoducto de 1.400 ki-

lómetros de distancia: antes de que llegara el invierno de 1988 llegó el gas a Buenos Aires desde Loma de la Lata, Neuquén, pasando por Bahía Blanca.

En petroquímica apelamos al capital privado. El polo petroquímico de Neu- quén sería construido con capital de riesgo.

En materia de energía eléctrica, la Argent ina construyó obras (hidroeléc- tricas, térmicas convencionales y nucleares) que práct icamente duplicaron la

capacidad instalada total existente en aquel entonces. Realizamos la mitad de la obra civil de Yacyretá, proyectamos construir, junto con Brasil, la presa


de Pichi Picún Leufú. Ya habían pasado gobiernos civiles y militares, gobier-

nos de dist into signo y todos habían hablado del problema de las empresas públicas. Pero nunca, nunca se habían elaborado soluciones concretas como

las que propusimos para Aerolíneas Argent inas o ENTEL, la empresa telefó - nica, sin perder la mayoría argent ina.

Construir la democracia, afianzar la paz, iniciar la reforma del Estado y la economía, fijar la agenda para la próxima década y, mientras tanto, combat ir

la crisis y absorber los golpes. Ésa fue la tarea que nos impusimos y que, paso a paso, buscamos cumplir. En 1989, la Argent ina había cambiado. Ya no

era la de 1983. Y nunca más volver ía a ser, afortunadamente, la Argent ina anterior a 1983.

MEMORIA POLÍTICA / LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO (1983-1986)

2. La reconstrucción del estado de Derecho

1983-1986

Juicio a las Juntas Militares

LA INSTALACIÓN en 1976 de la dictadura militar más atroz que sufrió el país no dejó margen para resistencias legít imas, pero también es cierto que gozó

de un consent imiento tácito de una parte importante de la sociedad argent i- na y el silencio cómplice o el acompañamiento de algunos medios de comu-

nicación, en un exceso de autocensura, o directamente de complacencia. A pesar de dominar todo el aparato estatal, la dictadura militar se abstuvo de

procesar y condenar a nadie, salvo alguna excepción marginal, mientras que mediante "acciones directas", sin juicio ni ley, hizo desaparecer a miles de

personas, asesinó, torturó, encarceló y expulsó del país a otros miles. Ni siquiera actuó dentro de los extensos y difusos márgenes que otorga-

ba la "legalidad autoritaria" diseñada por ellos y para ellos; todo se hizo a l margen de la ley y, por supuesto, al margen de toda consideración ét ica y ju-

rídica. Nunca exist ió mayor ausencia de seguridad jurídica en nuestro país y nunca se estuvo más lejos de la noción del estado de Derecho que durante

los años del proceso militar, entre 1976 y 1983. Pero paradójicamente es el período en que más dinero se le prestó a la Argent ina, lo que demuestra la

enorme hipocresía de los organismos internacionales de crédito en aquel entonces.

La derrota militar en la Guerra del At lánt ico Sur en junio de 1982 provo- có el colapso de la dictadura militar, y la misma sociedad que había sufrido


-o, en muchos casos, tolerado, por desconocimiento, por convicción o por

temor- la violación sistemát ica de los derechos humanos y la falta de liber - tades públicas se levantó para romper con el pasado autoritario. Hubo un

quiebre en nuestra historia, porque tal vez nunca se había llegado tan lejos en ~~

la degradación moral de la República, y entonces la mayoría de los argent i- nos abrazó la causa de la recuperación de la democracia en forma definit iva.

Lo que mi gobierno hizo a part ir de 1983 fue marchar de inmediato en la dirección del esclarecimiento y el cast igo de las violaciones a los derechos hu-

manos, el establecimiento de la igualdad ante la ley, la reinserción de las Fuer- zas Armadas en el estado de Derecho y la formulación de una polít ica que

marcara una clara línea divisoria respecto del pasado. En nuestro país, los crímenes y delitos cometidos en dictaduras siempre

habían quedado impunes, y nuestro propósito fue terminar de una vez y para siempre con esa tradición. Por un imperativo ét ico impostergable y por el

convencimiento de la complementariedad entre democracia y just icia, el go - bierno a mi cargo abrió los cauces jurídicos para que las aberrantes violacio-

nes a los derechos humanos cometidas tanto por el terrorismo de grupos po - lít icos armados como por el terrorismo de Estado fueran invest igadas y

juzgadas por una Just icia independiente. No exist ía, por otra parte, una fórmula preestablecida sobre la mejor ma-

nera de enfrentar los crímenes del pasado. Cada sociedad debe elaborar su propia respuesta, de acuerdo con sus peculiares condiciones y característ icas

polít icas y sociales, y nosotros lo hicimos en un contexto lat inoamer icano en el que comenzaba a terminar la noche de las dictaduras y aparecía la luz de

las transiciones democrát icas y la recuperación de las libertades ciudadanas. Quienes denunciamos la violación de los derechos humanos durante el

llamado "Proceso de Reorganización Nacional" intercambiamos ideas acerca de cómo cast igar a los culpables y cómo establecer bases sólidas para que

esas vio laciones no se repit ieran jamás. Éramos conscientes de que se trataba de una situación histórica inédita: por un lado, por la magnitud y el carác-

ter de lo ocurrido bajo la dictadura; por otro lado, porque su invest igación y juzgamiento implicaba colocar a las inst ituciones armadas de la nación bajo


la lupa de una just icia independiente, pero al mismo t iempo, preexistente.

En la implementación del procedimiento se debía superar una ser ie de obstáculos jurídicos y fáct ico s, y considerar los límites que nos imponían la

Const itución y la prudencia: la conmoción pública provocada por la inves- tigación y la acción de la Just icia; la duración de los procesos, que no de-

bían prolongarse demasiado, y las categorías de personas a quienes se haría responsables.

En el tratamiento de esta delicada cuest ión exist ían tres diferentes alter - nat ivas y debíamos elegir una de ellas:

.El olvido, fuera mediante una ley de amnistía o a través de la inacción; vale decir, dejar pasar el t iempo hasta que el tema se agotara en sí mismo.

Sabíamos que esta forma de tratar el problema era la que se había seguido casi siempre en la mayor ía de los países del mundo, salvo, en parte, a l

final de la Segunda Guerra Mundial, y que no debía ser una opción váli- da para nosotros.

.El procesamiento de absolutamente todos los que pudieran resultar imputados. No exist ía ni existe ninguna nación, en ninguna parte del pla -

neta, donde se haya aplicado. Al considerar esta opción también tuvimos en cuenta, más allá de las razones polít icas, las de t ipo jur ídico y fáct ico.

.La condena de los principales actores, por su responsabilidad de mando, para quebrar para siempre la norma no escrita, pero hasta ese momento

vigente en nuestro país, de que el crimen de Estado quedara impune o fuera amnist iado.

Durante la campaña electoral de 1983 expuse clara y enfát icamente que este últ imo era el camino que habíamos elegido. Íbamos a actuar aplicando el es-

quema de los tres niveles de responsabilidad para encarar el procesamiento de quienes estuvieran bajo acusación de haber violado los derechos humanos

durante la dictadura: los que habían dado las órdenes, los que las habían cumplido en un clima de horror y coerción, los que se habían excedido en el

cumplimiento. Afirmé explícitamente que si resultaba elegido para gobernar el país iba a aplicar la just icia con ese cr iterio:

Así lo hicimos y fue un proceso único en el mundo, por sus característ i- cas y por sus resultados. No conozco otros casos en América, en Europa, en


Áfr ica, o en Asia, de países que hayan podido juzgar y condenar a los máxi-

mos responsables de delitos de lesa humanidad como nosotros lo hicimos, con la ley en la mano.

En nuestro país teníamos antecedentes que hoy han sido olvidados. En mayo de 1973, se consagró la impunidad mediante la sanción de indultos y la ley

de amnist ía (votada también por el radicalismo), por un lado, y la no persecu- ción penal de quienes habían asesinado y ordenado asesinatos, tales como los

ocurridos en Trelew, el 22 de agosto de 1972, donde fueron muertos numerosos presos polít icos. Pocas semanas después se produjo en las cercanías de

Ezeiza una nueva explosión de violencia polít ica que dejó un trágico saldo de muertos, heridos y torturados. A pesar de que muchos funcionarios cono-

dan a los responsables de esa masacre, nadie fue procesado ni condenado. Tampoco se estableció una comisión invest igadora ni hubo esclarecimiento

oficial de los sucesos. Por el contrario, se recurr ió a la acción de grupos alen- tados por el Estado, como la Triple A, para reprimir a grupos subversivos y

contestatarios. Un procedimiento reñido con la ét ica y con la ley que dejó una secuela de muchísimos muertos y creó las condiciones para el colapso de las

inst ituciones y el arribo de la más feroz de las dictaduras de nuestra historia. Había que evitar que se repit iese este ciclo histórico de la impunidad y sen-

tar el precedente de que a part ir de 1983 no se tolerarían nunca más episodios al margen de la ley. Estaba convencido de que todo proceso de transición de-

mocrát ica debía intentar un objet ivo prioritario y excluyente: prevenir la comi- sión futura de violaciones a los derechos humanos. Pertenece obviamente a l

ámbito de la polít ica el decidir las medidas deseables, las necesarias y las posibles en torno de cuest iones en las que se encuentran en juego muchas veces

principios morales. No es sencillo adoptar decisiones en este terreno en procura de efectos que se advert irán recién en la convivencia futura de una sociedad.

Se trataba entonces de reforzar la valoración social sobre la importancia de los derechos humanos, del respeto al estado de Derecho, de la toleran-

cia ideológica. Por un lado, la represión ilegal de la guerr illa se había llevado a cabo desde las propias Fuerzas Armadas y de seguridad, comprome-

tiendo a gran cant idad de personal en su ejecución, bajo el manto de una ideología just ificatoria de tal comportamiento. Ello provocaba el serio rie s-


go de reacciones de naturaleza corporat iva, en defensa de camaradas, o de

las ideas que se habían difundido por tanto tiempo, agravado esto por el hecho de que, en los primeros años de toda transición, las autoridades civiles

no poseen el total dominio y control de los resortes de la seguridad estatal, dado que, por el mismo carácter transicional del proceso, algunos de éstos

se encuentran en manos de personas que estuvieron involucradas en episo - dios de violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, no se podían construir los cimientos de la naciente democracia en nuestro país desde una claudicación ét ica. El comienzo de la vida

democrát ica argent ina exigía poner a consideración de la sociedad, explícita- mente, el tema de la represión ejercida desde el Estado. Y llevar a los respon-

sables de la violencia ante los tribunales. Pero había que hacer la sin perder de vista la situación de fragilidad de la democracia. Muchas veces me pregun-

té si por defender los derechos humanos que habían sido violados en el pasado no arriesgaba los derechos humanos del porvenir. Es decir, si no esta-

ba poniendo en peligro la estabilidad de la democracia y en consecuencia, la seguridad de los ciudadanos.

Además, dist intos sectores y agrupamientos sociales habían radicalizado sus demandas de manera extrema. Algunos sectores de la derecha, afines

con el pensamiento militar, demandaban reconocimiento hacia quienes ha- bían posibilitado la democracia derrotando al enemigo marxista, y enten-

dían que toda polít ica de revisión del pasado const ituía un ataque a las Fuer- zas Armadas. De otro lado, algunos organismos y movimientos de derechos

humanos exigían la aparición con vida de los desaparecidos y el "cast igo a todos" los responsables. Estaban también quienes entendían que el juzga-

miento de los graves delitos cometidos generaría en las máximas jerarquías castrenses un clima de tensión, miedo y resent imiento que pondr ía en peli-

gro a la recién recuperada democracia. Es decir, basaban su opinión en la posibilidad de un nuevo golpe militar, algo que por entonces nadie podía

descartar de plano. En este contexto de la realidad concreta, no en el abstracto del gabinete

cient ífico o la elucubración intelectual sin compromiso, es que hubo que trazar las estrategias y las medidas que combinaran lo deseable y lo posible pa-


ra saldar las deudas del pasado; pero siempre teniendo en miras el futuro,

pues las decisiones que se tomaran en el período de transición resultarían cla - ve para poder cimentar la cultura polít ica de la nueva democracia.

El 12 de diciembre de 1983, dos días después de asumir el gobierno, pro - moví la derogación ante el Congreso de la ley de autoamnist ía que consagraba

la total impunidad para los responsables de la represión y, a través de los decretos 157 y 158, pusimos en marcha el procesamiento de los responsables de la

violencia que ensangrentó al país. Y lo hicimos solos, ya que el Part ido Just icia - lista (PJ), a través de su candidato, había afirmado la validez y const itucionali-

dad de esa autoamnist ía, pretendiendo que no se podría someter a juicio a los represores (sin perjuicio de lo cual había recibido el cuarenta por ciento de los

votos del electorado en las elecciones en las que recuperamos la democracia). 1 Para resolver la tensión entre las exigencias const itucionales, adoptamos

una alternat iva intermedia aspirando a que esta solución sat isficiera el objetivo de rapidez y de selección de los responsables a través de la intervención

del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas: el tribunal milit ar intervenía en primera instancia, pero su decisión debía ser apelada obligatoriamente an-

te la Cámara Federal, la que también podía intervenir en caso de denegación o de retardo de just icia. Finalmente, esto último fue lo que ocurrió. Con la

reforma del Código de Just icia Militar, por primera vez en la historia enco- mendamos el juzgamiento de los máximos responsables de los ilíc itos a las

Cámaras Federales, anulando la tradición corporativa de que los militares de- bían ser juzgados por sus propios camaradas.

Además, ampliamos las garant ías procesales de dicho Código, estable - ciendo un procedimiento oral para asegurar en plenitud el derecho de defen-

sa en juicio. Obviamente, la reforma se efectuó al amparo del criterio, reiteradamente aceptado por nuestra jurisprudencia, de que el principio de

irretroact ividad de la ley no debe regir para la legislación procesal, tanto más cuando la misma ext iende ampliamente las garant ías de los procesados.

Sabíamos que era imperioso limitar los procesos en el t iempo y en el nú- mero de los casos judiciables. Así lo recomendaban elementales considera-

ciones de prudencia. Pero por las características inherentes a todo sistema democrát ico, estos límites no fueron sat isfechos: la polít ica siempre se defi-


ne a part ir del concurso de una serie de voluntades autónomas, sobre todo

en lo que t iene que ver con el límite de t iempo. La renuencia del Consejo Su- premo para juzgar estos hechos alargó inconveniente y peligrosamente el

tiempo de las actuaciones. Sin embargo, el proceso siguió su marcha sortean- do todos los obstáculos y se sumaron a la causa los materiales e informes

recogidos por la Conadep. Entre el 22 de abr il y el 9 de diciembre de 1985 se realizó el ju icio oral y

público a quienes integraron las tres juntas militares de la dictadura que ha- bía gobernado el país hasta hacía apenas dos años. Una mult itud acompañó

el inicio de las sesiones frente a los Tribunales; se informó sobre el desarro - llo del juicio con profusión y cualquier ciudadano podía asist ir al recinto con

sólo hacer una cola y solicitar su ingreso. Fueron test igos de la Fiscalía y de la defensa 832 personas. Fue una tarea llena de valent ía y patriot ismo la lle -

vada a cabo por los test igos, los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocam- po, y los jueces que part iciparon de aquel juicio. También los abogados de-

fensores cumplieron con gran corrección su labor. Finalmente, la histórica sentencia de la Cámara integrada por Ricardo Gil

Lavedra, León Arslanián, Jorge Torlasco, Andrés D' Alessio y Guillermo Ledesma estableció la existencia de un plan criminal organizado y fijó así el

primer nivel de responsabilidad al sentenciar la culpabilidad de los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agost i, Roberto Viola

y Armando Lambruschini, con penas que iban de los ocho años de prisión hasta la cadena perpetua y la inhabilitación permanente. El resto de las cau-

sas se giraban nuevamente al Consejo Supremo y el epicentro de los procesos judiciales se trasladaba a las Cámaras Federales de la Capital y del inter ior

del país, que debían tomar los casos dentro de su jurisdicción.

La Conadep

Dentro de la polít ica que llevamos adelante resulta fundamental la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), lla-

mada a invest igar el drama de la desapar ición forzada, los secuestros y asesinatos cometidos.


El caudal de información que reunió resultó decisivo para que la Fiscalía

pudiera elaborar y formular en un lapso breve su acusación en el ju icio a las Juntas Militares. También sirvió para las acusaciones en otros juicios inicia -

dos contra el personal de seguridad y militar involucrado. Se logró la recons- trucción del modus operandi del terrorismo de Estado y el relevamiento de su

infraestructura. Se contabilizaron 8.960 casos de desaparición de personas y se ident ificaron unos 380 centros clandest inos de detención; entre ellos, la

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), El Olimpo, Automotores Orlett i, La Perla, Pozo de Banfield y Mansión Seré.

La Conadep se creó el15 de diciembre de 1983 como parte de la polít i- ca de Estado inst ituida para esclarecer el pasado violento de la Argent ina.

Fue, además, la respuesta específica del gobierno a los reclamos de const i- tuir, con el mismo fin, una comisión par lamentaria bicameral. Ése era el plan-

teo de muchos dir igentes de los organismos de derechos humanos y de algunos part idos polít icos que pensaban que sólo una comisión de ese t ipo podía

llevar adelante la tarea, munida de poderes especiales. La propuesta se des- cartó porque estábamos convencidos de que no era la solución que el pro -

blema requer ía. Era fácil prever que una comisión bicameral podía verse envuelta en ma-

nejos polít icos, tener dificultades para llegar a acuerdos efect ivos en cuanto a la mater ialización de los objet ivos perseguidos, entrar en conflicto con el

Poder Judicial y, en definit iva, fracasar en el cumplimiento de su misión. Los hechos nos dieron la razón. En varias provincias se crearon comisiones de

ese t ipo. Ninguna logró funcionar a pleno y con efect ividad, ninguna se des- tacó en el esclarecimiento de los hechos que se le habían encomendado.

~ El decreto 187/83 le asignó a la Conadep las funciones de recibir de-

nuncias y pruebas, remit irlas a los jueces competentes, averiguar el dest ino o paradero de las personas desaparecidas, determinar la ubicación de niños

sustraídos, denunciar la ocultación de elementos probatorios y emit ir un informe final, con una explicación detallada de los hechos invest igados. El

decreto estableció, además, la obligación de todos los funcionarios del Poder Ejecut ivo Nacional y de organismos dependientes o autárquicos, de


prestarle colaboración. La Conadep no fue facultada a emit ir juicio sobre

hechos o circunstancias que pudieran const ituir materia exclusiva del Poder Judicial. Ello fue coherente con el principio de la división de poderes y la

naturaleza de la Comisión, y concordó con la polít ica de poner exclusiva - mente en manos del Poder Judicial la tarea de juzgar a los responsables. El

decreto est ipuló un plazo de seis meses para cumplir con la misión, que se extendió luego a nueve meses.

La elección de los miembros no fue fácil. Se requería const ituir un grupo que estuviera formado por personas sin tacha en su compromiso con la de-

fensa de la democracia y los derechos humanos, que gozaran de prest igio en la vida pública del país y, además, que pudieran organizar y poner en marcha

la Comisión con dedicación y efect ividad. La elección fue un acierto en to - dos esos respectos. Un hecho revelador es la pront itud con que fue posible

const ituirla. Práct icamente, todas las personas incluidas en la lista original aceptaron el ofrecimiento y estuvieron dispuestas a iniciar de inmediato la di-

fícil tarea. La única excepción fue la de Adolfo Pérez Esquivel, premio No- bel de la Paz, que rechazó la invitación alegando no compart ir la polít ica del

gobierno en la materia. Los miembros de la Conadep fueron: Ricardo Colombres Gurista, ex ministro de la Corte Suprema de Just icia de la Na-

ción), René Pavaloro (eminente médico cirujano), Hilar io Pernández Long (ingeniero, rector de la Universidad de Buenos Aires dest ituido por el golpe

militar de 1966), Carlos Gatt inoni (obispo metodista protestante), Gregorio Klimovsky (filósofo, cient ífico, renunciante a sus cátedras univer sitarias en

1966), Marshall Meyer (rabino), Jaime de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi (filósofo, jurista, renunciante a sus cátedras universitarias en 1966),

Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y el escr itor Ernesto Sabato, a quien los miembros eligieron para presidir la Comisión. Se invitó también a la Cáma-

ra de Diputados y al Senado de la Nación a integrar la Comisión, nom- brando tres representantes cada uno. El Senado, con mayoría just icialista,

nunca envió los tres miembros que le correspondían. En la Cámara de Diputados ninguno de los legisladores de los part idos representados acep-

tó el cargo, con excepción de la Unión Cívica Radical (UCR). En definit i- va, concurrieron los diputados radicales Sant iago López, Hugo Piucill y


Horacio Huarte.

Los miembros de la Conadep trabajaron ad honorem. Sus secretarios (Raúl Aragón, Graciela Pernández Meijide, Alberto Mansur, Daniel Salvador y

Leopoldo Silgueira) y el personal (cerca de cien personas provenientes en casi su totalidad de organismos de derechos humanos) cobraron sueldos equi-

parados a los del Poder Judicial. Esto permitió que pudieran dedicarse de lle - no al trabajo en la Comisión. Se ordenó al Ministerio del Inter ior dar el

apoyo administrat ivo, logíst ico y financiero necesario. El gobierno no influ- yó ni interfir ió en sus decisiones y act ividades. La decisión de crear una co -

misión de ciudadanos que se abocaran a la dura tarea encomendada sin sufrir presiones polít icas ni padecer cortapisas de cualquier otra índole se

concretó plenamente. Vista a la distancia, la tarea llevada a cabo por la Conadep fue ciclópea.

Superados unos primeros momentos de indecisión, recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos y pronto fue visualizada por la ciudadanía

como una ent idad altamente responsable, dedicada a la angust iosa tarea de echar luz sobre uno de los capítulos más terribles de la historia de nuestro

país. Era un trance doloroso que la salud y el afianzamiento de la naciente democracia exigían.

Se libraron más de mil oficios a organismos gubernamentales requirien- do dist intos t ipos de información, se recibió el test imonio de numerosas per -

sonas detenidas que habían sido liberadas y, en base a ello y a informaciones adicionales, se realizaron diligencias en edificios militares y de fuerzas de se-

guridad que permit ieron ident ificar var ios cientos de centros clandest inos de detención.

Con el objeto de facilitar las denuncias de personas domiciliadas lejos de Buenos Aires, la Conadep instaló una sede en la ciudad de Córdoba y auto -

rizó a que en Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca personas allegadas a los organismos de derechos humanos y a asociaciones locales de abogados reci-

bieran denuncias. Además, envió al interior del país grupos formados por secretarios y empleados para que recibieran denuncias.

La apropiación ilegal de niños fue uno de los aspectos más terroríficos del régimen represivo desatado por la dictadura. El secuestro de niños ocu-


rría durante los procedimientos de detención o cuando detenidas-desapare-

cidas daban a luz en los centros clandest inos. La apropiación se concretaba con un registro falso de la ident idad de los chicos.

Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron de la Conadep ayuda para ubicar niños secuestrados o nacidos en caut iverio y, sobre todo, para comenzar

a ut ilizar la tecnología de ident ificación por ADN. En 1987 se sancionó la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genét icos (ley 23.511) ya part ir de

allí se logró ubicar a numerosos niños que habían sido secuestrados. La Comisión adoptó un procedimiento apropiado para llevar a la Just icia

las denuncias recibidas: no presentar casos aislados sino casos colect ivos ela - borados en base a las personas desaparecidas que habían estado en un cen-

tro clandest ino de detención. También incluyó en cada caso los nombres de presuntos responsables mencionados en los test imonios y pidió su invest iga-

ción judicial. Al concluir sus funciones, la Conadep había puesto en conocimiento de la Just icia más de mil denuncias de personas desaparecidas.

Con el apoyo de la American Associat ion for the Advancement of Science, gest ionó la visita de peritos forenses y genetistas norteamericanos para aseso -

rar y ayudar en la posible ident ificación de las víct imas. La doctora Mary-Claire King, de la Universidad de Berkeley, integrante del grupo, dio impulso a la ut i-

lización de datos genéricos para la ident ificación de las filiaciones de los niños recuperados.

El 20 de sept iembre de 1984 los miembros de la Conadep presentaron en la Casa de Gobierno su informe final. Fue uno de los momentos más emo-

cionantes de mi gest ión presidencial. Una mult itud silenciosa colmaba la Plaza de Mayo. Sábato entregó las abultadas carpetas y pidió la pronta publi-

cación del material. Hacerlo conocer a la opinión pública nacional e internacional era, precisamente, uno de los objet ivos que teníamos. El informe fue

publicado el 28 de noviembre, gracias al esfuerzo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA).

La primera edición, de 40.000 ejemplares, se agotó en cuarenta y ocho horas. Luego fue traducido al inglés ( la versión norteamericana lleva un prólogo del

Ronald Dworkin, eminente filósofo del derecho), italiano, alemán, portugués, haciendo conocer el caso argent ino en el ámbito internacional.


Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas es,

sin duda, uno de los documentos más desgarradores de nuestra historia. Con minuciosidad, sin el empleo de frases alt isonantes, con el simple expediente

de acumular datos comprobados y de transcribir declaraciones formuladas en las denuncias, pone en evidencia la tragedia que vivió nuestro país. Des-

pués del Nunca más, nadie en la Argent ina puede ignorar o negar lo ocurrido durante la dictadura.

La misión patriót ica realizada por los integrantes de esa Comisión fue de una enorme envergadura. Cumplieron con su deber de una manera abnega-

da y sin estridencias, sufrieron con paciencia amenazas, frases de descrédito y descalificación. Lograron lo que a muchos parecía imposible: que en unos

pocos meses se pudiera elaborar, procesar e informar acerca de las desapariciones, la apropiación de niños y los mecanismos siniestros del terrorismo de

Estado. El Informe y la documentación obtenida resultaron esenciales para la acusación fiscal en el ju icio a las Juntas Militares. S i el régimen militar de los

años setenta nos había hecho trágicamente famosos, a part ir de entonces la democracia argent ina se enorgullecía de ser un país que enfrentaba el pasa-

do, que no le temía a la verdad y que denunciaba con nombre y apellido los trágicos sucesos que habían enlutado su territorio.

Propósitos y dijicultades En cuanto a la doctrina internacional sobre enjuiciamiento de violaciones a

los derechos humanos ocurridas en el pasado, no siempre estábamos acom- pañados. Había estudiosos que analizaban las dificultades de la aplicación re-

troactiva de la just icia. Lawrence Weschler sostuvo que la transición demo - crát ica brasileña fue posible gracias a que los polít icos civiles respetaron la

amnist ía. Samuel Hunt ington, después de analizar diferentes experiencias, incluyendo a la argent ina, y de ofrecer una lista de argumentos a favor y en

contra de los juicios por derechos humanos, llegó a la conclusión de que cuando la transición democrát ica se consigue a través de la transformación

dd régimen anterior, las persecuciones penales deben ser evitadas dado que los costos polít icos sobrepasan en mucho los beneficios morales.

Mucho más duro fue el profesor de la Universidad de Yale Bruce Ackerman, que en su tesis The Future of Liberal Revolut ion advirt ió sobre lo que denomina


"d espejismo de la just icia correct iva", con el argumento de que los revolucio -

narios liberales que intentan forjar un nuevo sistema democrát ico usualmente poseen un gran capital moral y poco capital organizat ivo. En consecuencia, al

involucrarse en un proceso de just icia retroact iva se arriesgan a perder el capi- ,~ tal moral debido a la escasez de capital organizat ivo. Ut iliza la experiencia argen-

'; t ina señalando que mi gobierno logró "sólo un puñado" de condenas que evi- ( denciaron, a su cr iter io, el fracaso de esa polít ica.

r t

é El profesor Juan ünz, también de la Universidad de Yale, sostuvo, aún

con mayor dureza, que los gobernantes de los sistemas democrát icos en transición t ienen una tendencia a llevar adelante una polit ica que se podría

denominar "de resent imiento" contra las personas y las inst ituciones que se ident ifican con el viejo orden. AfirmÓ que las democracias construyen su le -

git imidad sobre la base de la lealtad al Estado o a la Nación y que; entre otros, los oficiales del ejército tienen una mayor ident ificación con el Esta-

do o la Nación que con un régimen part icular y rechazan la ident ificación part idaria del Estado.

Numerosos amigos me pedían que cerrara la cuest ión de los derechos humanos hacia el pasado. Durante una visita de Estado, el presidente de Italia,

Sandro Pert ini, me dijo preocupado: 'íoPiníshela con los militares, caro presidente!". A su vez, el gran dir igente del movimiento obrero, Luciano La ma, el doctor

Giorgio Napolitano, figura consular del Partido Comunista, y también Gian- carlo Pajeta, el memorable lider de la resistencia contra el fascismo, solicita -

ron a nuestro embajador en Roma, Alfredo Allende, que me transmit iera con urgencia que debía establecer una suerte de armist icio con los militares, ya

que nuestro gobierno había ido -sostuvieron- demasiado lejos en su fervor por la defensa de los derechos humanos y los juicios a los militares.

Creo que es oportuno detenerse un minuto para insist ir en la sencilla fi- losofía que guiaba nuestra línea de acción. El punto central de cualquier es-

trategia de transición respecto de los crímenes de una dictadura reside en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido. Toda represión ilegal se hace en la


clandest inidad, en la oscur idad, en el silencio. Nadie proclama públicamente

la realización de secuestros, torturas o asesinatos. Era necesar io, entonces, desentrañar de manera objet iva frente a la sociedad todo lo que en verdad

pasó. Descubrir y reconstruir la verdad es el mejor medio para que se produzca el repudio social a práct icas aberrantes y un camino idóneo para res-

tablecer la dignidad de las víct imas. Pero no bastaba la verdad. Era preciso que fuera convincente, y su mejor

efecto era que se la admit iera sin retaceos. La Comisión de Verdad y Recon- ciliación que funcionó años después en Sudáfr ica, a instancias del obispo

Desmond Tutu, ha dicho que la unidad y reconciliación son posibles si la verdad es establecida por una agencia oficial, con procedimientos justos y reco-

nocida plenamente y sin reservas por quienes perpetraron los hechos. La Conadep fue, como recordaba más arr iba, la primera comisión en el mundo

en su género y produjo un dramát ico informe de una ser iedad incontrastableo La difusión de la verdad en el caso argent ino const ituía sin dudas una

precondición necesaria, pero aparecía como insuficiente para consolidar debidamente los valores democrát icos. Para ello, surgía entonces la alternat iva

del cast igo. Tratar de enjuiciar y sancionar a los vio ladores de derechos humanos. Así fue como, cumplidos los plazos de actuación del Consejo Supre-

mo de las Fuerzas Armadas, la causa contra los ex comandantes pasó a la es- fera civil, tal como lo establecía la ley, y fue tomada por las Cámaras

Federales de apelaciones. No puedo dejar de recordar que en esos primeros meses de 1984 exist ían ya planteas y maniobras subrept icias dest inadas a er i-

zar la sensibilizada piel de los militares mediante toda clase de absurdas acusaciones contra mi gobierno y mi persona.

Se sucedieron en pocos meses dos jefes de Estado Mayor del Ejército, los generales Jorge Arguindegui y Gustavo Pianta; debí remover también al jefe

del Estado Mayor Conjunto, el general Jorge Fernández Torres; se produjeron explosiones de bombas o amenazas permanentes contra altos funciona-

rios y contra los propios mandos. Contaba con un verdadero hombre de Es- tado para encarar una nueva relación con las Fuerzas Armadas, Raúl Borrás,

pero gran parte de sus esfuerzos se hallaban absorbidos en desact ivar el terreno minado. Bajo ese clima debíamos garant izar que los fiscales de la Cá-


mara Federal avanzaran con las 15.000 fajas iniciales que contenía la más im-

portante causa contra ex dictadores que el mundo conociera hasta entonces. Por supuesto, hubiera sido deseable que la persecución fuera contra to -

dos los que hubieran cometido delitos, pero hacerla colocaba en ser io riesgo al proceso mismo de la transición. Resultaba absolutamente impensable lle -

var adelante el proceso a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad (la mayoría en act ividad) que participaron de una u otra manera en

la represión ilegal. Los tres alzamientos militares que se produjeron más tar - de dan acabada muestra de lo delicado de la cuest ión, pues los reclamos ero-

sionaban la autoridad del ejercicio del poder presidencial, depositario de la soberanía popular.

Nuestro objet ivo no podía ser el juicio y la condena a todos los que de una u otra manera habían vulnerado los derechos humanos, porque esto era

irrealizable, sino alcanzar un cast igo ejemplificador que previniera la reitera- ción de hechos similares en el futuro. Necesitábamos dejar una impronta en

la conciencia colect iva en el sent ido de que no había ningún grupo, por poderoso que fuera, que estuviera por encima de la ley y que pudiera sacrificar

al ser humano en función de logros supuestamente valiosos. Queríamos pre- venimos como sociedad; sentar el precedente de que nunca más un argent i-

no sería sacado de su casa en la noche, torturado o asesinado por funcionarios del aparato estatal.

Con esa convicción pronuncié un discurso en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 5 de julio de 1985, al que le asigné una part icular im-

portancia porque expresó mi posición ante ellas. Vale la pena recordar aquí algunos párrafos de aquel mensaje: '

[...] Ustedes, señores, mejor que nadie conocen y son absolutamente conscientes del profundo caudal de enseñanza de todo orden que emana de la

dolorosa herida abierta en el sent imiento de todos los argent inos. Actualmente, debemos admit ir que la magnitud de la tarea por realizar

es de tal envergadura que no resolveremos nuestros problemas militares con los estrechos márgenes conceptuales de una reestructuración ni de una reor -

ganización y menos aún de un redimensionamiento de las fuerzas. La tarea implica e invo lucra cada uno de esos pasos pero reclama más


aún. Por ello los invito a que de aquí en adelante defrnamos nuestro reto co -

mo una real y verdadera reforma militar, que ni más ni menos de eso se trata, si verdaderamente queremos dotar a la Nación de las fuerzas armadas

que la situación requiere. [. ..]

Nuevas fuerzas que en definit iva garant icen acabadamente la integridad territorial de nuestro vasto país en el marco de la estrategia que claramente

surge de nuestra actual situación. La reforma militar, con el objet ivo superior que acabamos de definir, de-

berá procurar un nuevo tono moral en el marco dd absoluto respeto al orden inst itucional, alimentado por el entusiasmo profesional que proporcio-

na la convicción de sumarse cada uno, individualmente y en conjunto, al gran proyecto de la reconstrucción nacional.

[.. .] Un comportamiento ejemplar en el marco de una obligada austeridad no

hace sino confirmar las expectat ivas que nos alentaron cuando, desde el comienzo de nuestra gest ión, expresamos nuestra convicción de que la rela-

ción entre el comandante y sus hombres partía del concepto de obediencia, entendida como un adecuado balance entre la libertad libremente cedida y

la autoridad decididamente ejercida. Relación que se nutre también en la idea de lealtad concebida como camino de ida y vudta que vincula espiri-

tualmente a superiores y subordinados en la misión de defender la sobera- nía y las inst ituciones de la Nación.

.Véase el texto completo en las páginas 251 a 264. Este comportamiento es absolutamente necesar io en la hora actual, por -

que creo que no exagero si digo que la Argent ina afronta hoy el mayor de- safío de su historia, el de su propia reconstrucción a part ir de un estado de

postración y decadencia que la ha corroído en todos los órdenes. Aunque el aspecto económico de la reconstrucción aparece hoy en pri-

mer plano por la dramat icidad de sus apremios, esto es sólo parte de una tarea global que nos obliga a realizar, replantear y reformular hábitos estruc-

turales, formas de convivencia y nodos de articulación entre los dist intos sectores de la sociedad.


r... ]

Los golpes de Estado han sido siempre cívico-militares. La responsabilidad indudablemente militar de su aspecto operat ivo no debe hacemos olvidar

la pesada responsabilidad civil de su programación y alimentación ideológica. El golpe ha reflejado siempre una pérdida del sent ido jurídico de la socie -

dad y no sólo una pérdida del sent ido jurídico de los militares. r... ]

Nada más erróneo que reclamar la supervivencia de estructuras, conductas o práct icas autoritarias como forma de prevención contra el terro -

rismo. Hacerlo significaría regalar le al terrorismo las condiciones de su propia reproducción.

El camino por seguir es precisamente el inverso. Emprender una gigantesca reforma cultural que instaure entre nosotros un respeto general por

normas de convivencia que garant icen los derechos civiles, que generalicen la tolerancia, resguarden las libertades públicas, dest ierren de la sociedad ar-

gent ina el miedo. Todo eso se llama democracia. Han pasado muchos años y aún hoy me formulo la misma pregunta que daba

vueltas en mi cabeza en aquel entonces: más allá de las consignas bien inten- cionadas, ¿alguien creía y aún cree seriamente que en ese t iempo, con una de-

mocracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil oficiales en act ividad de las Fuer -

zas Armadas? No sólo era fáct icamente imp osible, sino que los argent inos no habían votado en esa dirección. El 40 por ciento de los votantes al part i-

do just icialista había aceptado de hecho la irrevocabilidad de la amnist ía: su candidato presidencial señaló oportunamente que el decreto de la dictadura

que colocaba todo bajo "el ju icio de Dios" cerraba la cuest ión. Y creo que la mayo t ía del 52 por ciento que me votó tampoco pretendía que juzgara y en-

carcelara a miles de oficiales militares involucrados en la represión. Por lo tanto, hubiera sido absolutamente irresponsable pretender un

universo de juzgamiento de tan amplio alcance cuando las consecuencias de "

~t esa acción, le jos de prevenir futuros delitos, podía promoverlos nuevamen-


te o causar perjuicios mayores a la aún incipiente democracia. Por últ imo,

hay que recordar que la condena judicial es un instrumento pero no el úni- co ni el más importante cuando se trata de la formación de la conciencia

moral colect iva. Esta filosofía es legít imamente discut ible y ent iendo que se pueda no estar de acuerdo con ella. Pero fue la que elegimos y la que pre-

sentamos explícitamente a los argent inos antes de llegar al gobierno. Nadie puede argumentar que modificamos nuestra posición una vez que asumi-

mos la responsabilidad de gobernar. Hicimos lo que habíamos decidido hacer y lo que habíamos informado al pueblo antes de recibir su apoyo. Que-

ríamos instalar una bisagra en la historia de la vio lación de los derechos humanos en nuestro país. Crear conciencia acerca de su importancia. Y

ahora, al cabo de los años, creo que lo hemos cumplido con creces. Hoy ningún argent ino está dispuesto a mirar hacia el costado si a lguien se atre-

ve a violar los derechos humanos. 1 La constitucionalidad del criterio conforme al cual una ley de facto con contenido a be-

rrante no es una norma válida de nuestro sistema jurídico fue aceptada por la Corte Suprema

de Justicia, que incluso elaboró en fallos ulteriores los efectos de este nuevo tratamiento de las

leyes ilegítimas.

MEMORIA POLÍTICA / PLANTEOS Y MANIOBRAS

3. Planteos y maniobras 1987-enero de 1989

La ley "de punto final"

TRAS EL juicio a las Juntas Militares quedaba por delante enfrentar el tema de

la obediencia debida. El éxito de la delimitación de responsabilidades que procurábamos dependía de la forma en que los jueces encararan esta delica-

da cuest ión. La Cámara Federal de Buenos Aires, por ejemplo, actuando co - rrectamente, había llegado a sustanciar el juicio oral y público en las causas

contra los ex jefes de la Policía Bonaerense, generales Ramón Camps y Pablo Ricchieri, con condenas de 25 años de cárcel, además de condenar también

al ex comisario Migud Etchecolatz a 23 años de prisión. El proyecto del Poder Ejecut ivo propuso una norma interpretat iva del

art ículo 511 del Código de Just icia Militar y del art ículo 36, inciso 6, del Có- digo Penal que, tomando en cuenta las especialísimas circunstancias de pre-

sión, propaganda y terror en las que fueron cometidos los hechos, creaba una presunción revocable de error sobre la legit imidad de las órdenes

impart idas para quienes se hubieran atenido a ellas sin capacidad decisoria. El Senado, a propuesta del senador Elías Sapag, modificó sustancialmente

la iniciat iva del Poder Ejecut ivo e introdujo una excepción expresa para los actos atroces y aberrante s, con lo que se abrió una puerta para una incr i-

minación que no tenía límites definidos. Esta evolución de los hechos, más las campañas de acción psicológica siempre act ivas, incrementaron el clima

de grave intranquilidad en los cuadros de las Fuerzas Armadas. Cada uno de sus hombres comenzó a sent irse amenazado. El t iempo se prolongaba y la

Just icia no se expedía. Por otro lado, había disparidad de criterios entre los


juzgados respecto de cómo establecer los grados de responsabilidad y abor-

dar cada causa. Esto nos impulsó a promover una ley para poner un límite en el t iempo

a los procesos y hacer efect ivo así el objet ivo inicial de la rapidez. Estableci- mos que luego de un plazo prudencial se produciría la caducidad de la ins -

tancia, ya que los jueces avanzaban lentamente en los juicios, y ya habían transcurrido nada menos que tres años desde el comienzo del gobierno. Ne-

cesitábamos apurar los procesos y culminar de una vez con una situación que precarizaba la estabilidad democrát ica.

La Ley de Caducidad de la Acción Penal (23.492), malllamat la "de punto final", fue sancionada el 23 de diciembre de 1986. Pero sus efectos en su apli-

cación judicial fueron inversos a los buscados. La ley, paradójicamente, actuó con un efecto boomerang. La oposición lanzó campañas y movilizaciones, y la

Just icia comenzó a actuar con una hiperact ividad en los procedimientos desconocida hasta ese momento. Se mult iplicaron las citaciones y los procesa-

mientas de militares, que debían presentarse en mult itud de juzgados. Nues- tro propósito, dir igido a centralizar los juicios en los pr incipales responsables,

se vio superado a tal extremo que todos los militares se sint ieron juzgados. A part ir del criterio de los niveles de responsabilidad habíamos est imado

que ser ían alrededor de un centenar los oficiales que quedarían sujetos a proceso judicial. Estas previsiones fueron desbordadas totalmente, lo que con-

tribuyó a agravar el clima militar, que fue aprovechado por sectores fundamentalistas y autoritarios para producir los amotinamientos de Semana

Santa. Creo que es importante señalar que el delicado tema de la cuest ión militar se enmarcaba en un clima social tenso y complejo: en los casi seis años

de mi gest ión se produjeron más de tres mil paros y 13 huelgas generales. Desde junio de 1985 a mayo de 1986 hubo 411 paros, cifra única en el

mundo a pesar de que el nivel de desocupación era del seis por ciento, ínfimo en comparación con el dieciocho por ciento alcanzado en la gest ión que me

sucedió y el más del veinte por ciento al que trepó last imosamente luego. Si- multáneamente, se me acusaba de disparatados planes: entregar armas largas

a militantes radicales, organizar campamentos para instrucción militar, entre otros. En el plenario de la Confederación General del Trabajo (CGT) realiza -


do en Paraná en sept iembre de 1986 fui acusado de ser "una cont inuidad de

la dictadura, que no sabe ejercer la democracia". "Estamos en estado de gue- ,~ rra", dijo en esa oportunidad un destacado dirigente sindical.

El t iempo jugó en nuestra contra y mi gobierno quedó en el centro de un cruce de intereses corporat ivos y de especulación polít ica. En la primera eta-

pa, la just icia militar no había comprendido la verdadera naturaleza de su in- tervención y había ocasionado una demora injust ificada de la solución. Cuan-

do la situación derivó al ámbito de la just icia civil, la morosidad primero y la hiperact ividad después produjeron una situación insostenible.

Fue entonces cuando intervinimos a través de direct ivas impart idas a los fiscales y de proyectos legislat ivos tendientes a reorientar la acción de los jue-

ces. Vale la pena recordar una vez más que esto transcurr ía en medio de sucesivas campañas que denunciaban, por un lado, mi presunta claudicación

ante presiones militares y, por el otro, mi supuesto empeño en destruir a las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, en los primeros meses de 1987, la Cáma-

ra Federal de San Mart ín condenaba a Mario Firmenich, que había sido ex- traditado de Brasil, a 30 años de prisión, y el mismísimo José López Rega era

traído a la Argent ina para responder por los crímenes de la Triple A. Una mirada retrospect iva coloca inevitablemente bajo la lupa a los dist in-

tos actores que tenían por entonces una responsabilidad histórica que, tal vez, los excedía. Creo que así como tuvimos jueces va lerosos hubo otros que

no siempre estuvieron a la altura de las circunstancias que demandaba una transición democrát ica, con sus riesgos y dificultades. El conflicto originado

en la proliferación de juicios a miembros de las Fuerzas Armadas como consecuencia de la diversidad de los criterios aplicados entorpeció la posibilidad

de encarar las profundas reformas necesar ias y conspiró contra la paz y la unidad que requería la transformación inst itucional.

Los mecanismos de la ya reformada just icia militar y de un Poder Judicial desacostumbrado a una actuación independiente como pilar del sistema re-

publicano no permit ieron una rápida solución al problema. Las Cámaras Fe- derales habían sido bastante dubitat ivas respecto de la posibilidad de hacer -

se cargo de los juicios. Esto se agudizaba en algunas ciudades del interior del país, debido a que las presiones militares eran más notorias. En Córdoba, la


Cámara que tenía que tratar el caso del general Menéndez y del campo clan-

dest ino La Per la fue una de las más renuentes. Esta situación prolongaba un clima de intranquilidad e incert idumbre. Si el procesamiento había tardado

más de tres años en concretarse, era de esperar que las condenas o absolu- ciones llevar ían por lo menos otro tanto. Además, el número de los procesa-

mientos no se ajustaba a lo que podía esperarse de la aplicación del esquema de los tres niveles de responsabilidad, lo que generaba situaciones cada vez

más difíciles en el seno de las Fuerzas Armadas. Tales situaciones eran, desde luego, frecuente mater ia de análisis en mis

conversaciones con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, con los jefes de Estado Mayor de las tres fuerzas, absolutamente leales a las inst ituciones,

y, ocasionalmente, con otros oficiales superiores. A través de est as conversaciones, yo recibía información sobre lo que ocurría en el ámbito interno de

la inst itución militar, y los mandos eran informados a su vez acerca de los pasos que estaba dando o por dar el gobierno en relación con las cuest iones

que preocupaban a la oficialidad. El gran problema radicaba en que, a través de estas conversaciones, los

mandos militares tomaban conocimiento de proyectos y expectat ivas gubernamentales que luego resultaban totalmente contradictorios con lo que

determinaban los jueces. Decidíamos una medida, informábamos a los mandos, y luego la Just icia tras tocaba la decisión, creando así situaciones

confusas. Un ejemplo preciso en este sent ido es lo que ocurrió con la ley de punto

final. Antes de que ésta se sancionara, yo había informado a los jefes de Es- tado Mayor sobre la existencia del proyecto. Les había manifestado que la ini-

ciat iva respondía al propósito de aplicar el esquema de los tres niveles de responsabilidad y les había comunicado finalmente la apreciación de que, como

resultado, los procesamientos quedarían previsiblemente limitados al centenar originalmente est imado. Toda esta información, por supuesto, fue re-

transmit ida luego por los jefes de Estado Mayor a los mandos inferiores de sus respect ivas fuerzas.

Los desajustes que se produjeron después entre las expectat ivas que esta información generaba y el curso concreto de la acción judicial socavaron la


credibilidad de los jefes ante sus subordinados, en un proceso de corrosión

que deterioraba part icularmente la situación del entonces t itular del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú, cuya arma era la más afectada por los juicios y, '

en consecuencia, la más expuesta a manifestaciones de intranquilidad interna.

El amotinamiento de Semana Santa

A mediados de marzo de 1987 llegué a la conclusión de que urgía adoptar una medida de fondo, pues a esta altura era claro que la Just icia no iba a ac-

tuar en un plazo que no expusiera a un grave riesgo la ya resquebrajada cadena de mandos de las Fuerzas Armadas, co n las previsibles consecuencias

para el sistema const itucional. En un discurso que pronuncié en la localidad cordobesa de Las Perdices

adelanté mi decisión. Reiteré allí el esquema de los tres niveles de responsabilidad y dije que, para asegurar su aplicación, haría uso de todas las faculta-

des const itucionales inherentes a mi cargo. Pedí entonces que se me prepararan dos opciones posibles para asegurar

la contención de los procedimientos dentro de los límites que emanaban del esquema de los tres niveles.

Comenzamos a trabajar sobre un proyecto de disponibilidad de la ac- ción penal que preveía la renuncia del Ministerio Público al ejercicio de la

acción en los casos comparat ivamente menos graves, fuera por complejida- des en la prueba o por la incidencia del art ículo 514 del Código de Just icia

Militar, consagratorio del pr incipio de que es responsable el superior del que emana la orden.

Elaboramos, también, un proyecto de ley que, aplicando el principio de la obediencia debida, disponía la no punibilidad de todos los oficiales de ran-

gos infer iores hasta el de teniente coronel. A principios de abril de 1987, ambas propuestas ya estaban elaboradas y sólo restaba optar por una de

ellas. La pr imera presentaba varias ar istas legales difíciles de compat ibi lizar en lo inmediato con nuestros hábitos jurídico-penales y, en consecuencia, me

decidí por la segunda, que habría de ser promulgada en mayo tras un acelerado trámite parlamentario. Es la que pasó a conocerse como ley "de obe-


diencia debida".

Esta ley era claramente dist inguible de la amnist ía o el indulto, por cuan- to no consagraba el olvido sino que dist inguía entre quienes tenían autono-

mía decisoria y quienes estaban subordinados a un sistema que exigía el aca- tamiento de las direct ivas superiores. Lo sustancial de toda esta historia es que

ninguna medida, absolutamente ninguna medida adoptada por mi gobierno durante la crisis que se desataría en las Pascuas de aquel año, o después de di-

cho episodio, respondió al propósito de sat isfacer exigencias de militares amotinados o generales renuentes. Ninguna de ellas fue negociada o pactada

con los insubordinados ni con los jefes de Estado Mayor, los que, por otra parte, debieron moverse en un más que espinoso terreno, siempre acatando

la subordinación al poder civil y leales a las inst ituciones de la Nación. El proyecto de ley sobre la aplicación de la obediencia debida ya estaba

preparado, con una primera redacción y listo para ser enviado al Congreso antes de que estallara la cr isis militar de Semana Santa. Si yo lo ret iraba por

la sola razón de que coincidía casualmente con una demanda de los insubordinados, también hubiera sido irresponsable en medio del clima que estába-

mos viviendo. Tengo presente que le expresé a mis colaboradores mi fast i- dio ante la posibilidad de que, después del alzamiento, ese proyecto de legis -

lación se interpretara como producto de la presión. Pero, ¿exist ía otra alternat iva? Por un lado había un alzamiento militar

-porque objet ivamente de eso se trató-, y por el otro, un Ejército que era en parte renuente a reprimir. Además, algunos sectores de la prensa pedían que

cesaran los juicios. Al respecto deseo aclarar que yo le había pedido a Ríos Ereñú que, en lo posible, evitara 'derramamiento de sangre. Los desenlaces

de esta situación, en el caso de que no lograra resolver la cuest ión, incluían una pueblada que podía desatar acciones sangrientas y un colapso de la au-

toridad const itucional, en un difícil marco de reiterados anuncios de bombas colocadas en las escuelas y rumores de cualquier especie.

Ante una encrucijada de esta naturaleza, la mejor opción era proteger la vida de los ciudadanos, evitar la sangre, evitar los enfrentamientos. En defi-

nit iva, hablar de derechos humanos es precisamente actuar responsablemente de cara al futuro. Eso es lo que hice, con total conocimiento de que la san-


ción de la ley acarreaba grandes costos políticos que cualquier gobierno

hubiera deseado evitar. Esto nos demuestra que la solución adoptada por los poderes del Estado (ya que la ley fue promovida por el Ejecut ivo, sanciona-

da por el Congreso y convalidada por el Poder Judicial al no declarar su inconst itucionalidad) era la única que permit ía consolidar la democracia y man-

tener a sus inst ituciones protegidas de los ataques de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, con apoyatura civil como de costumbre, cuyo único obje -

tivo era desestabilizar el sistema que con tanto sufrimiento había logrado alcanzar nuestro país.

Recordemos versiones y pronunciamientos increíbles, aparecidos en medios de difusión en aquel entonces: El gobierno radical es una continuidad de la dictadura. (Declaración hecha

durante el Plenario de la CGT, diario Clarín , 1 de octubre de 1986.)

El ser nacional sufre hoy el embate de un enemigo poderoso. Ese enemigo

se llama Raúl Alfonsín y la Coordinadora. Él y sus "herederos" tienen co-

mo una de sus metas principales la destrucción de las Fuerzas Armadas san -

martinianas. (Fragmento de la columna que el detenido Ramón Camps pu -

blicaba semanalmente en el diar io La Prensa , 4 de julio de 1987.)

[Las Fuerzas Armadas] lucharon, sufr ieron y murieron en defensa de la so-

beranía y de la libertad de su patr ia para oponerse a una agresión extranje-

ra. (Fragmento de la declaración del Consejo Supremo de las Fu erzas Arma-

das en reclamo porque la Cámara Federal de Córdoba tomó a su cargo la

causa Conadep-La Perla, La Nación , 12 de marzo de 1987.)

En el ámbito castrense existe preocupación por la difusión dada en los últi -

mos días a un fragmento del discurso que un mayor de apellido Durán pro-

nunció en la ciudad de Salta, y en el que amenazó con "pasar a degüello a

los traidores y tránsfugas". (El Informador Público , 19 de junio de 1987.)

La dir igencia alfonsinista es la continuación del anarco-estudiantado, del fu-

bismo reformista y destructor carente de proyectos, iluminados por lo fran -

cés, hijos ideológicos del maridaje marxista y del socialismo europeo.

(Fragmento de un escrito atr ibuido a oficiales intermedios del ejército, El

Informador Público , 1987.)

Contraofensiva al fonsinista: formaría una fuerza militar propia y procuraría la

detención y el confinamiento de 300 civiles. (Título de tapa de El Informador

Público , 29 de mayo de 1987.)

[para el entrenamiento de milicias armadas], según fuentes radicales, funcio-


nan incluso varios campamentos ad hoc en diversos puntos del país. (Nota

de tapa en El Informador Público , 22 de mayo de 1987.)

De AIfonsín puede decirse que aparece [. . .] en esa guerrilla perifér ica o pa -

ralela: gestos de "solidaridad", discursos fúnebres y, sobre todo, una jamás

desmentida actividad de abonado defensor de los "combatientes".

(Fragmento de la columna que el detenido Ramón Camps publicaba en La

Prensa , 20 de Junio de 1987.)

[. . .] acerca de la puesta en marcha, por parte del gobierno, de un silencioso

operativo destinado a entrenar fuerzas especiales de choque que desarrolla -

r ían sus prácticas de combate con el armamento y la modalidad operativa de

los grupos comando. (El Informador Publico , 1987.)

El gobierno dice: "No hay hipótesis de conflicto". Pero estamos en guerra.

Esto es una incongruencia completa [. . .]. Brasil está fortificando y moder -

nizando sus efectivos. Los desplazamientos que hacen no son hacia Vene-

zuela o Colombia, o Bolivia o Paraguay, sino a la Argentina. (Entrevista de

Daniel Lupa a tenientes primeros del Ejército, La Prensa , junio de 1987.)

[La Policía Federal] es represiva y peor de lo que puede hacer Pinochet. (De-

claraciones de Saúl Ubaldini a la revista Gente , 15 de septiembre de 1988.) La cr isis militar de abril de 1987 se prolongó entre el atardecer del miércoles

15 y el domingo 19. La ley de obediencia debida ya estaba lista en la primera quincena de abril para ser enviada al Congreso. Muchas veces me han pre-

guntado por qué se produjo la insubordinación militar si ya estaba lista como proyecto. ¿Acaso no habíamos informado a los militares acerca de su

existencia? Efect ivamente, no todos los militares estaban al tanto de las medidas que

pensábamos aplicar. Creo que esto ayuda a explicar la paradójica situación que se produjo. Yo, por supuesto, había informado al general Ríos Ereñú so -

bre la existencia y la naturaleza de este proyecto. Él, a su vez, transmit ió la información a los altos mandos de su fuerza, con pedido de reserva. Cuan-

do estalló la crisis, la información permanecía recluida en el ámbito cerrado del Estado Mayor General y los jefes de cuerpo, sin haber trascendido hacia

el nivel de los mandos intermedios, qQe fue precisamente la franja donde se produjo el problema.

Desde algún t iempo antes, Jaunarena y yo teníamos una idea bastante pre-


cisa del modo más probable en que la cr isis podía estallar. El problema, se-

gún preveíamos, iba a producirse cuando algún oficial citado por la Just icia se negara a concurrir y buscase refugio en una unidad o dependencia militar.

Cuando los hechos efect ivamente se produjeron, se ajustaron bastante a la hipótesis que nos habíamos planteado, aunque las circunstancias resultaron

ser las menos previsibles. El miércoles de Semana Santa le pregunté a Jauna- rena si teníamos un panorama despejado que me permit iera pasar unos días

de descanso en Chascomús. Luego de consultar con Ríos Ereñú, el ministro de Defensa me contestó que, si bien el cuadro general no era claro, una sus-

pensión del viaje podía dar mayor importancia que la pert inente a una situa- ción considerada controlable.

Sin embargo, el 14 de abril de 1987, el mayor Ernesto Barreiro, citado para responder a acusaciones de tortura, comunicó a su superior, el general Pé-

rez Dorrego, que se presentaría con su abogado defensor ante el juez federal de la ciudad de Córdoba. Una vez instalado en dependencias del III

Cuerpo del Ejército, comunicó su decisión de no presentarse ante la Just icia al general Pichera y posteriormente pidió apoyo al teniente coronel Luis Polo

y se refugió en la unidad de la cual aquél era jefe, el Regimiento 14 de Infan- tería Autotransportada.

El general Sánchez le ordenó al comandante del!!! Cuerpo que resolvie- ra la situación. Según se me informó, Polo le expresó que "protegería al ca-

marada" que le había pedido ayuda y que no permit iría que se lo sacara de su cuartel. Ambos fueron declarados en rebeldía y dados de baja. La not icia

trascendió rápidamente a los diarios, que recibieron comunicaciones de todo el país apoyando a Barreiro.

Pese a que la información disponible no disipaba mis dudas, decidí seguir la sugerencia y part í rumbo a Chascomús. El secretario general de la Presiden-

cia, Carlos Becerra, me despertó telefónicamente desde Buenos Aires a las tres o cuatro de la mañana para informarme acerca de la situación, y poco des-

pués part í de regreso a la Capital a bordo de un helicóptero despachado por el coronel Yago de Grazia, jefe de la Seguridad Presidencial. En la Casa Ro -

sada, entretanto, todos los oficia les de las tres armas que desempeñaban funciones en la sede presidencial se habían reunido para preparar un informe so -


bre la situación. Integraban el grupo: el jefe de la Casa Militar, brigadier

Héctor Panzardi; mi asesor militar permanente, coronel José Mar ía Tisi Baña; mis tres edecanes -teniente coronel Julio Hang, capitán de fragata Norberto

Varela y comodoro Jorge Baravalle-, y el ya mencionado coronel De Grazia. Cuando llegué a la Casa de Gobierno la encontré llena de funcionarios,

legisladores, dirigentes polít icos del radicalismo y de la oposición, colaboradores y amigos. Una de las primeras cosas que hice fue recoger informa-

ción, y se me definió la situación como un hecho disciplinario circunscrip - to al Ejército.

El panorama que teníamos al mediodía, no del todo claro aún, indicaba que la crisis parecía enteramente focalizada en Córdoba, mostraba a la Ar-

mada y a la Fuerza Aérea en una act itud de prescindencia y ofrecía indicios de que el clima general imperante en las Fuerzas Armadas era el de evitar

enfrentamientos entre militares. Almorcé también ese día con los oficiales dest inados en la Casa de Gobierno, quienes estaban de acuerdo en que el pa-

no rama era grave. Me ofrecieron referencias acerca de Barreiro, a quien des- cribieron como una figura que no presentaba las característ icas de un líder.

Advirt ieron, sin embargo, que este oficial estaba agitando en ese momento

una bandera que reflejaba el sent ir general de la inst itución y que por ello po - día cosechar muestras de simpat ía, aunque ésta pudiera no incluir aproba-

ción de los procedimientos empleados. También me expresaron que esta situación mater ializaba una hipótesis ya

analizada, que podría haberse dado en la Armada y cuya repercusión era di- fícil de mensurar. Mientras todo esto ocurría, y sin que aún lo advirt iéramos,

surgió otra vert iente de la crisis. Por la mañana de ese día jueves, el teniente coronel Aldo Rico abandonó su regimiento en San Javier, Misiones, para

trasladarse en avión al Aeroparque de la Capital Federal. Al mediodía ya estaba en Campo de Mayo tomando bajo su control la Escuela de Infantería.

Un nuevo foco de insubordinación había aparecido. Consideré entonces que estaba en juego la estabilidad inst itucional y re-

solví convocar de inmediato a la Asamblea Legislat iva: no cederíamos ante semejante provocación.


Sin embargo, cuando a las cinco de la tarde del jueves me dirigí al Con-

greso para pronunciar aquel discurso en el que anuncié mi propósito de no negociar con los insubordinados, teníamos una noción muy imprecisa de lo

que estaba pasando en Campo de Mayo. Desconocíamos su verdadera importancia. Todavía estábamos convencidos de que la crisis seguía centraliza -

da fundamentalmente en Córdoba y que, una vez resuelto el problema allí, se resolvería en todas partes.

En el caso de Barreiro, había de por medio un juez, una citación, ligamen- tos con el mundo civil que sirvieron para que la información circulara con

mayor rapidez. La operación de Rico, en cambio, se desarrolló en la int imidad de Campo de Mayo y tardó más t iempo en trascender a otros ámbitos.

Mi discurso ante la Asamblea tuvo un marco reconfortante, no sólo por la confluencia que se produjo entre los más variados grupos polít icos y socia-

les, sino también por la magnitud de la concentración popular que cubr ía la plaza y sus adyacencias. Si en aquellas horas me inquietaba algún margen de

duda acerca de cuál habría de ser la act itud final del Ejército ante el cuadro de insubordinación que afrontábamos, aquel edificio del Congreso y aquella

plaza me dieron la certeza de que mi gobierno habría de contar con un ma- sivo apoyo popular para hacer frente a la crisis.

Esas horas también me depararon experiencias bastante risueñas vistas en la perspect iva de la anécdota. Llegué al Congreso acompañado por el vocero

presidencial, José Ignacio López, y por Hang, además del personal de custo - dia. Nuestro ingreso a la sede parlamentaria coincidió con el de Saúl Ubaldini

y un nutrido grupo sindical, en act itud solidaria. Esto determinó que mi trayecto dentro del edificio hasta el recinto de la Cámara baja tuviera un marco

de confusión, hacinamiento, forcejeo y tensión. En medio de ese tumulto, los miembros de la custodia presidencial cerraron filas a mi alrededor, desplega-

ron mayor energía para abrirme paso hacia la Cámara y, no bien ingresamos al recinto, hicieron cerrar la puerta. Afuera quedaron José Ignacio López y mi

edecán militar. Yo recién me di cuenta de que éstos no estaban presentes cuan- . do me dispuse a leer mi mensaje y no encontré a mis dos acompañantes, que)

llevaban el texto. Por fortuna, ambos lograron abr irse camino con gran esfuer - zo y pudieron entregarme las cuart illas a t iempo.


Ya en la noche del jueves tuvimos información más precisa sobre la gra-

vedad de lo que estaba ocurriendo en Campo de Mayo. Conversé con Ríos Ereñú, que evidentemente tenía problemas en la conducción, por lo que re-

solví convocar a los mandos del Ejército para la mañana siguiente. Con anterioridad, Ríos Ereñú me hizo presente su decisión irrevocable d~ pedir su

pase a situación de ret iro no bien se superara la cr isis. Perdíamos de esa manera a un excelente jefe militar, consustanciado con la democracia. Y, para-

dójicamente, el Ejército perdía a su más inteligente defensor. Algo me había ant icipado: él había dado instrucciones a los jefes de unidades para que

acompañaran a sus subordinados a las respect ivas citaciones judiciales y se sent ía desilusionado.

Entretanto, traté de obtener información sobre Rico. ¿Qué clase de per - sona era? ¿Qué ideas tenía? Los datos que recogí lo definían como un hom-

bre muy dist into de Barreiro. Me fue descr ito como un líder de las tropas de comando, ex combat iente en la guerra de las Malvinas. Su ideología fue ca-

racterizada como de orientación nacionalista. Evidentemente, no estábamos ante un caso como el de Córdoba. Y; cu-

riosamente, mientras en la noche del jueves tomábamos conciencia de la gravedad del brote surgido en Campo de Mayo, nos llegaron las primeras not i-

cias de que la situación en Córdoba parecía evo lucionar hacia un desenlace favorable. Una serie de gest iones oficiosas -en las que part iciparon jefes del

: Ejército y la Fuerza Aérea, autoridades eclesiást icas y el t itular de la Secreta - ría de Inteligencia del Estado (SIDE), Facundo Suárez- dieron sus frutos y el

mayor Barreiro abandonó la unidad en la que se refugiaba. Aunque esto pa- recía ser alentador, los sucesos de Campo de Mayo nos preocupaban grave-

mente. Algunos est imaban que había una relación entre estos hechos y los de Córdoba, lo que llevaba a presumir que la act itud de Barreiro abría el cami-

no hacia una solución definit iva. Otros asignaban al episodio de Campo de Mayo un contenido polít ico-militar dist into , que amenazaba directamente a

la autoridad gubernamental y cuya peligrosidad era muy superior. Aun cuando los hechos fueron presentados como internos del Ejército y

no se hizo explícita referencia al gobierno ni a las restantes inst ituciones, re- sultó evidente que la crisis desencadenaba un problema polít ico y que, al cau-


sar conmoción en la opinión pública, desbordaba largamente el marco inst i-

rocional invocado. Con estas preocupaciones me ret iré a dormir en la Casa de Gobierno. Fue la primera vez que lo hacía allí desde mi asunción como

Presidente. A la mañana siguiente, la situación se agravó porque hubo un mayor número de amotinados en la Escuela de Infantería y algunas not icias

acerca de sus contactos polít icos. Decidí realizar la prevista reunión con los mandos del Ejército.

En un primer momento consideré la posibilidad de hacer me acompañar por todo el gabinete para recibir a los jefes militares. No estaba seguro de que

el lenguaje de los oficiales no fuera a reflejar el c lima imperante en algunos sectores de los cuadros intermedios. Pensé que una reunión organizada de

esa manera podía tener un efecto más disuasivo. Finalmente, después de conversar con algunos asesores dejé de lado la

idea. La reunión se celebró en mi despacho, y en su transcurso, los comandantes de cuerpo y el director de Inst itutos Militares expusieron un informe

sobre la situación existente en sus respect ivas áreas. Luego de escucharlos, los invité a trasladarse a la Sala de Situación para que elaboraran un plan de

acción que pusiera fin a la crisis y les dije que me har ía presente noventa minutos más tarde para escuchar sus proposiciones.

Aproximadamente una hora después me hicieron saber que ya estaban en condiciones de reanudar su encuentro conmigo. Reunido nuevamente con

ellos, tomé conocimiento del esquema operacional que habían elaborado: los efect ivos del Cuerpo de Ejército 11, con asiento en Rosario, bajo las órdenes

del general Ernesto Alais, se desplazarían hacia la provincia de Buenos Aires, mientras que los del Cuerpo de Ejército IV, de La Pampa, bajo las órdenes

del general Juan Carlos Medrano Caro, se dirigirían hacia Córdoba. Los detalles se acordarían sobre la base de esta decisión. Concluida la reunión, Rios

Ereñú formuló a los per iodistas una enérgica y muy buena declaración de apoyo al orden inst itucional. Alais, por su parte, ya había ordenado a los efec-

tivos de su cuerpo que marcharan rumbo a la Capital Federal, siguiendo instrucciones del jefe del Estado Mayor.

Yo estaba inquieto en cuanto a la instrumentación de este plan. Un motivo de temor era la posibilidad de que todas las unidades con asiento en Córdoba


se unieran para resist ir un eventual avance de las tropas del Cuerpo IV. Se me

dijo que esto era poco probable, por cuanto las unidades estacionadas en Córdoba, al ser sondeadas sobre su disponibilidad para actuar contra e l amo-

tinado Regimiento 14, habían dado a entender que no lo atacarían pero que tampoco lo defenderían.

Otro motivo de preocupación, bastante más serio, era la posibilidad de que el traslado de tropas del Cuerpo II a la provincia de Buenos Aires sólo

sirviera para agrandar el mot ín. Temía lo que en mis anteriores conversacio - nes con Rios Ereñú llamábamos un "golpe de Estado técnico". Rios Ereñú

denominaba así a una acción que apuntara a lesionar por etapas la autoridad del Poder Ejecut ivo, hasta llegar al colapso. Me había dicho que, por el pro-

blema de los juicios, la operación podía iniciarse con un ataque que tuviera por blanco al propio jefe del Estado Mayor General del Ejército, para pro -

vocar su relevo, y que luego vendrían otras acciones. También tenía presente que una negat iva generalizada a reprimir una in-

subordinación militar podia provocar el derrumbe de la autoridad civil. Cuan- do acepté las proposiciones para la recuperación de las unidades, expresé que

las acciones deberían iniciarse el domingo 19, a las 10.00 horas. Además, acla- ré que seguiría actuando en todo lo posible con la intención de evitar el de-

rramamiento de sangre. La orden fue impartida el viernes a la tarde. La prensa ignoraba el detalle de la hora de iniciación del ataque y por eso atribuyó

lent itud al desplazamiento del general Alais. El domingo 19, a las 7.00, el Cuerpo de Ejército Il se encontraba en

Campo de Mayo para cumplir con la orden. El ministro Jaunarena, a las 8.00, ordenó a Ríos Ereñú ret irar las fuerzas de Campo de Mayo, orden que fue

cumplida. Ríos Ereñú indicó a Alais que permaneciera en Los Polvorines hasta nueva orden.

Por un lado, tenía dificultades y, por el otro, como dije, yo había pedido a Ríos Ereñú que en lo posible evitara el derramamiento de sangre. Todo esto

ocurrió en medio de versiones que atribuían al gobierno el propósito de usar a la Policía Federal y a la Gendarmería Nacional para repr imir en Campo de

Mayo. Naturalmente, carecían de fundamento, ya que dichas fuerzas de seguridad fueron movilizadas, pero para custodiar los medios de comunicación.


Simultáneamente, en la Escuela de Infantería, Rico se reunía con polít i-

cos y personalidades de diferentes sectores que iban a Campo de Mayo con la intención de mediar, y algunos, seguramente, especulando o buscando ré-

ditos polít icos. Al caer la noche del sábado, mantuve una reunión con Jaunarena y el je-

fe de la Fuerza Aérea, br igadier Ernesto Crespo, para analizar el resultado de las gest iones mediadoras. Las demandas de los amotinados er an inaceptables.

Además de expresar su disconformidad con los juicios, pedían que se retro - trajera la situación al miércoles anterior y que Ríos Ereñú fuera reemplazado

en la jefatura del Estado Mayor por un general seleccionado entre cinco pro - puestos por los propios insubordinados.

Eran exigencias que const ituían una agresión directa a la autoridad del co - mandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Implicaban, de hecho, que debía-

mos tolerar, sin sanción alguna, las rebeldías y desobediencias. Esa noche, Crespo me manifestó que la Fuerza Aérea estaba plenamente comprometida

con el orden const itucional y agregó que tanto él como su fuerza me apoya- ban y combat irían, de ser necesario, si alguien intentaba quebrar el orden ins -

titucional. Recuerdo sus palabras: "En mi familia nunca ha habido traidores". Su posición podía parecer contradictoria, pero en realidad tanto la Fuer-

za Aérea como la Armada sostenían hasta ese momento una act itud de prescindencia, basada en la presunción de que la situación creada era una cues-

tión interna del Ejército. Por lo tanto, resultaba impensable una intervención represiva de la Fuerza Aérea. Sólo abandonaría su act itud de prescindencia si

la situación que tenía a la vista llegaba a ser la de un claro ataque al orden institucional del país.

Ese gesto fue para mí una nota de aliento en medio de una jornada que, como la de ese Sábado de Gloria, había sido de una tensión intolerable. Te-

nía entendido que en el mismo sent ido se había expresado el almirante Aro - sa en una conversación telefónica con Ríos Ereñú. Había indicios de que no

era infundado el temor de que algunos efectivos pudieran engrosar el mot ín. También había fracasado un intento de desplazar hacia Córdoba tropas del

Cuerpo de Ejército IV y, para completar e l cuadro, un encuentro entre Rico y Ríos Ereñú -quien había hecho comparecer en su despacho al oficial insu-


bordinado- culminó sin que se hubiera logrado el menor avance hacia una

solución del problema. Esa noche, Ríos Ereñú presidió una reunión con numerosos jefes de uni-

dad, en la que los exhortó a reflexionar sobre la situación y sus consecuencias, pero nada de esto sirvió para revert ir el deterioro de la situación en el

Ejército ni el de la figura de su jefe de Estado Mayor. A pesar de ello, en la noche del sábado la tensión decreció un poco. En esas horas tuve algunas

reuniones, una de ellas con el intendente de San Isidro. Algunos colaboradores pidieron a la muchedumbre reunida en la Plaza de Mayo que abando-

nara el lugar y regresara al día siguiente para enmarcar la firma de un documento de reafirmación democrát ica por parte de todas las fuerzas polít icas.

El jefe de la Fuerza Aérea, al concluir la reunión conmigo, formuló declaraciones en las que hacía notar la posibilidad de una solución. A través dd

teniente coronel ret irado Vila Melo, oficiales de la Fuerza Aérea y el obispo castrense monseñor Manuel Medina cont inuaron con las gest iones mediado-

ras sobre la base de las ideas que intercambiáramos previamente. En la madrugada del domingo tuvimos not icias concretas del progreso

alcanzado en las conversaciones. Se me informó que Rico aceptaba una so - lución sobre la base del respeto a las inst ituciones de la Nación y el encua-

dramiento de los sucesos de esa Semana Santa en la just icia militar. Insist ía en el relevo de Ríos Ereñú y pedía una solución polít ica al problema de los

juicios. En otros términos, Rico y sus seguidores renunciaban a sus reivindicaciones centrales de pocas horas antes.

El ret iro de Ríos Ereñú ya estaba en curso (y los insubordinados habían renunciado a la exigencia de intervenir en la designación de su sucesor). La re-

clamada "solución polít ica" al problema de los juicios era una fórmula tan amplia que podía dar cabida al nuevo proyecto de ley que mi gobierno había

decidido enviar al Congreso para asegurar la aplicación de los tres niveles de responsabilidad.

Todo parecía indicar que estaban dadas las condiciones para que Rico y sus seguidores depusieran la act itud que habían adoptado. En medio de este

nuevo cuadro, yo estaba seguro de que una segunda visita de Jaunarena a la Escuela de Infantería aportaría sin dificultades la solución final al problema.


Alrededor de las 8.30 del domingo hice comunicar a la guarnición de Cam-

po de Mayo que sobre esas bases se iba a conversar durante el día. Esa mañana, la Casa de Gobierno volvió a llenarse de gente. Llegaron los

dirigentes polít icos, radicales y opositores, que iban a suscribir el documen- to de reafirmación de la democracia. El respaldo brindado por quienes lide-

raban la renovación peronista era, para mí, un hecho polít ico de gran signi- ficación histórica. Hacia el mediodía, ya había también bastante gente en la

plaza. Jaunarena, a quien yo había ordenado horas antes que mantuviera una entrevista final con los insubordinados, partió en helicóptero alrededor de las

11.00 rumbo a Campo de Mayo. Yo tenía la seguridad de que a las 12.30 es- taría en condiciones de salir al balcón de la Casa Rosada para anunciar la fi-

nalización de la cr isis. Al mediodía, mi edecán Hang se comunicó telefónicamente con Campo

de Mayo y lo atendió el ayudante de Jaunarena, quien le dijo que las cosas no andaban demasiado bien. Señaló que había "mal ambiente" y que la conver-

sación se prolongaba mucho. La reunión se estaba desarrollando en el despacho del general Naldo Dasso,

director de Inst itutos Militares. Rico, según me contó más tarde Jaunarena, llegó al lugar acompañado por su segundo, el teniente coronel Enrique Venturino, y

otros treinta hombres armados. Este solo hecho bastaba para demostrar que la act itud de Rico y sus seguidores ya era dist inta de la que se había exterior izado

horas antes en la reunión con monseñor Medina. También estaba presente el general Augusto Vidal, segundo de Dasso y

hombre bien visto hasta entonces en e l nivel de los cuadros medios. Su nombre figuraba incluso en la lista de cinco oficiales propuesta por los insubor-

dinados para el reemplazo de Ríos Ereñú. Resultaba sorprendente que Rico, en la reunión de la mañana con Jaunarena y Vidal, hubiera dado a entender

que este últ imo lo había traicionado, hecho que indujo al general a ret irarse inmediatamente del lugar. Los comportamientos extraños de Rico ese día se

completaron con un nuevo endurecimiento de sus demandas, que práct icamente volvieron a ser las del vienes 17.

A las 13.30 cont inuaba la espera en la Casa de Gobierno. Ya había una Mult itud impresionante en la Plaza de Mayo y yo tenía temor de que la gente


empezaba cansarse. A las 13.45 se produjo otro contacto telefónico entre

Campo de Mayo y la Casa Rosada. Esta vez fue Jaunarena el que habló con Hang. "Todo fracasó", informó el ministro, "están totalmente descontrola-

dos. Quieren que venga el Presidente. Yo les he dicho que no. Que se acaba- ron las conversaciones. Vuelvo a Buenos Aires". Yo estaba impaciente por

anunciar a la ciudadanía reunida en la Plaza la buena nueva. Cuando vi que Hang colgaba el aur icular, le pregunté "¿Listo?", casi encaminándome ya ha-

cia el balcón, pero la not icia fue muy mala. Recuerdo que exclamé: "jPero esta gente me va a sacar de las casillas!", frase que, a pesar del dramat ismo de la

situación, provocó risas a mi alrededor. El dramát ico relato de Jaunarena, pro - tagonista de la reunión en Campo de Mayo, es ilustrat ivo de lo que ocurr ió.*

El cuadro que tenía frente a mí en ese momento era estremecedor: por un lado, un grupo alzado que parecía insensible a cualquier intento de per-

suasión; por el otro, un ejército que no sabía si estaba en condiciones de producir una acción represiva efect iva.

Mi única fuerza de disuasión, en esa dramática circunstancia, era la de aquella gigantesca y paciente muchedumbre que cubría la Plaza de Mayo, se

prolongaba por la avenida Rivadavia, Diagonal Norte y Diagonal Sur, junto con otras muchedumbres que a la misma hora colmaban o tras plazas en de-

cenas de ciudades argent inas. A favor de Rico podía contarse la decisión de usar la fuerza, sin ningún

apego a la ley, y el escaso entusiasmo de reprimirlo por parte de muchos de sus camaradas de armas. A favor de mi gobierno, la legalidad const itucional

y el apoyo de la gente a la democracia recuperada en 1983. La prescindencia de la Fuerza Aérea y de la Armada, que como dije an-

tes, veían esta cr isis como un problema interno del Ejército, y la simpat ía generalizada de los camaradas del Ejército con la causa "carapintada" me de-

jaron casi sólo con el apoyo de la gente. Fue entonces cuando pensé en hacer valer el peso de la voluntad popular

manifestada en las plazas de toda la República, y le pregunté al edecán mili- Véase páginas 265 a 267.


tar que me acompañaba en ese momento cuánto t iempo me llevar ía llegar ca- minando, junto con la gente que estaba reunida en la Plaza de Mayo, hasta la

puerta más cercana de Campo de Mayo. Tenía conciencia de la gravedad que implicaba ut ilizar este recurso extremo, movilizar el pueblo para defender la

democracia y la libertad. Hang me contestó que por la distancia que debía- mos recorrer serían necesarias var ias horas, y entonces pregunté sobre la po -

sibilidad de trasladamos en colect ivos y camiones. Estaba decidido a defen- derel sistema, aunque supiera el riesgo enorme que correríamos tanto yo

como la gente que se trasladara hasta Campo de Mayo. Ante esta pregunta, me enteré un t iempo después, el canciller de enton-

ces, Dante Caputo, hizo que llamaran con urgencia al brigadier Crespo, quien llegó en menos de cinco minutos, y a quien le contó lo que estaba pasando y

muy especialmente mi intención de recurrir a la movilización popular. Nunca dudé de la lealtad de muchos de los oficiales que me aco mpaña-

ron en mi gobierno, y Crespo era uno de ellos. No obstante, él seguía viendo el problema como un tema interno del Ejército, por eso es que estoy

convencido de que fue recién al enterarse de mi decisión cuando tomó conciencia de la gravedad de lo que podía pasar.

Finalmente, pedí un vaso de agua, como siempre antes de pronunciar un discurso, y les dije a Hang y a un par de personas más que saldría al balcón

para anunciar que a las cinco de la tarde me encontraría en la puerta ocho de Campo de Mayo, es decir, en el acceso más cercano a la Capital Federal. Es-

ta decisión generó a mi alrededor expresiones de alarma y sugerencias de reconsideración.

En ese momento se me pidió que demorara mi salida al balcón porque Crespo deseaba hablar conmigo. Cuando llegó me dijo: "Si usted desea ir a

Campo de Mayo, yo lo acompaño, señor Presidente". "Bueno, usted sabe lo que esto significa, señor br igadier", respondí. Pa-

recía claro que un ofrecimiento como el de Crespo sólo podía interpretarse como una expresión de apoyo total por parte de su arma. Me interesaba, por

lo menos, darle a entender que mi interpretación era ésa. "Sí, señor", afirmó. Decidí aceptar y salí al balcón para anunciar al pueblo que me trasladar ía


personalmente a Campo de Mayo para reclamar la rendición de los alzados.

Pedí a la gente que me esperara en la Plaza, lo que implícitamente significa - ba que no marchara hacia Campo de Mayo. Entretanto, mis colaboradores,

legít imamente preocupados, siguieron ideando recursos, incluido el de llamar a personas que pudieran influir sobre mí, para disuadirme del traslado.

Recibí una llamada de Alais, quien dijo estar en condiciones de reprimir. "Gracias, general", le respondí, "pero ya lo he decidido". Sin que yo lo su-

piera, habían decidido acompañarme el brigadier Panzardi, mis tres edecanes, el coronel De Grazia, el jefe de la custodia policial de la Presidencia, comi-

sar io Pedregoza, y un fotógrafo de la Casa de Gobierno, además de Crespo, su ayudante.

Cuando descendimos en el Batallón 601, me esperaba el general Mario Sánchez, enviado por Ríos Ereñú para acompañar me. Crespo quedó a bor-

do del helicóptero para no dar la sensación de que se inmiscuía en una cues- tión que, a su entender, debía ser resuelta por el arma en cuyo seno se había

planteado. Con todo, al separarme de él me dijo: "Señor Presidente, nosotros hemos procurado hasta ahora que el problema lo resolviese el Ejército, pero

si fracasa esta gest ión, estamos listos para hacer lo que corresponda". Nos trasladamos en automóvil a la Dirección de Inst itutos Militares y allí

permanecí conversando con el general Dasso, quien me sugirió que no con- curriera a la Escuela de Infantería, como una manera de preservar mi auto -

ridad y segur idad física. Acepté este criterio. El general Vidal, cu mpliendo instrucciones mías, part ió poco después rumbo a la Escuela de Infantería pa-

ra buscar a Rico. Ordené a Hang que lo acompañara como un modo de cero tificar mi presencia en Campo de Mayo. La misión de ambos tuvo sus pro.

blemas, según el relato que me hicieron posteriormente. Llegaron en un Ford Falcon a la Escuela de Infantería, pero encontraron que ésta tenía la entrada

tapiada con bolsas. Tuvieron que dar un rodeo a pie por la vecina Escuela dc Ingenieros y cruzar un cerco. Ya del otro lado, fueron conducidos por algu

nos cent inelas hasta el lugar donde estaba Rico. Allí se encontraron con un clima marcial: bandera, formación milita

y gran despliegue de seguridad. De esta manera habían planeado recibir me. Rico dio muestras de frustración y desconfianza al enterarse de qu,


el encuentro habría de celebrarse en otra parte. Expresó dudas sobre la

garant ías de su retorno y mi edecán se ofreció a permanecer allí hasta qu aquél regresara. Finalmente prevaleció la confianza y Rico terminó tras

ladándose con el grupo al puesto de mando del general Dasso, donde y' me encontraba.

No fue un traslado fácil. Rico, acompañado por su segundo, el teniente coronel Venturino, y por otros dos miembros del grupo insubordinado

teniente coronel Gustavo Marnnez Zuviría y el capitán Gustavo Breid Obeid-, se dispuso a salir de su bast ión en un vehículo precedido por otro

en el que viajaban Vidal y Hang, justo en el momento en el que una compac- ta masa de manifestantes llegaba al lugar. El vehículo de Vidal y Hang logró

salir y pasó por la cabeza de la manifestación, pero Rico y su gente quedaron bloqueados. Fui informado por radio acerca de la situación y ordené a la Po -

lic ía Federal que, mediante helicópteros con altopar lantes, se exhortara a la gente a ret irarse de la zona. Carlos Becerra, al mismo t iempo, movilizaba a

varios dirigentes polít icos para que trataran de frenar el flujo de manifestantes hacia Campo de Mayo.

Ninguno de estos recursos dio resultado y finalmente ordené a Hang que buscara un helicóptero en el aeródromo militar para trasladar a Rico y sus

acompañantes. Cuando finalmente llegaron a la Dirección de Inst itutos, Rico y Venturino entregaron espontáneamente su correaje y armamento e ingre-

saron al despacho de Dasso para encontrarse conmigo. Afuera quedaron Mart ínez Zuviría y Breide Obeid.

"Permiso, señor Presidente", dijo Rico. Yo pedí al brigadier Panzardi que part icipara de la reunión. Había allí una larga mesa rectangular. Me senté a la

cabecera e indiqué los lugares donde debían ubicarse los demás: Rico a mi izquierda, Venturino a mi derecha, Panzardi alIado de Rico. Yo me sent ía

muy tranquilo, pero noté en Rico cierta tensión, que se fue aflojando a lo lar - go de la conversación. La impresión que me produjo calzaba perfectamente

en la descr ipción que se me había hecho de él. Todo su aspecto y todos sus gestos eran los de un militar muy entrenado. Venturino, en cambio, era dis -

tinto: más intelectual, de aspecto más pensante. Rico no planteó reivindicaciones. "Quiero explicarle por qué llegamos a


esta situación", me dijo. '~delante", le respondí. Me habló entonces de las

frustraciones sufr idas en las Malvinas y responsabilizó de ellas a la cúpula del Ejército. Se quejó de la conducción del arma, descr ibiéndola como "cont i-

nuadora del Proceso". Trazó una dist inción entre un ejército viejo y uno nuevo, ident ificando al pr imero con el generalato y al segundo con los insu-

bordinados. Sostuvo que este últ imo ejército era el que yo necesitaba para alcanzar mis objet ivos.

Cuando concluyó, le pregunté: "¿Algo más?". Él respondió: "No, señor Presidente". Pasé entonces a explicarle la evolución del cuadro militar desde

que lo encaró mi primer ministro de Defensa, Raúl Borrás. Le expuse los objet ivos de la ley de caducidad de la acción penal y de otras medidas adopta-

das en igual dirección, incluyendo la nueva legislación ya proyectada. Men- cioné también el pedido de ret iro de Ríos Ereñú.

Rico insist ió entonces en subrayar su adhesión al orden inst itucional y su respeto por el poder civil, alegando que la act itud adoptada por su grupo só-

lo estaba referida a la situación interna del Ejército. En cierto momento pe- dí al brigadier Panzardi que hiciera ingresar a Hang, a quien le había pedido

previamente que estudiara el Código Militar para ver qué t ipo de encuadre podía darse a la act itud adoptada por los insubordinados. Ya presente en d

despacho, mi edecán explicó que la figura apropiada para encuadrar los sucesos de Campo de Mayo podría ser la de motín, cuyas consecuencias son

reclusión por t iempo indeterminado y prisión mayor (más de dos años) para los cabecillas y un cast igo que puede oscilar entre la prisión menor y la san-

ción disciplinaria para los subordinados involucrados. Yo aclaré además que, en el caso de Rico, como había tomado interven-

ción la just icia civil, no podía garant izar su juzgamiento por la just icia militar. Él se interesó por la situación de sus subordinados y yo le dije que no po -

día considerar ninguna otra posibilidad que la de su somet imiento a la just ici~ militar. Venturino intervino entonces y comenzó a decir: "Señor Presidente

en estas negociaciones.. .". Lo interrumpí bruscamente. "No he venido aquí a negociar sino a conversar", aclaré.

También Rico trató de impedir con un ademán que su segundo cont inua ra. Fue un gesto que parecía expresar al mismo t iempo desaprobación por


que Venturino decía y una voluntad de dejar en claro quién era el jefe entre

ambos. La conversación, a esta altura, ya parecía agotada. "¿Estamos de acuerdo?", le pregunté a Rico con el tono de quien se dispone a dar por ter

minado un encuentro. Rico asint ió y pidió que se hiciera público el respeto de su grupo por el orden inst itucional. Nos pusimos de pie, caminamos ha

cia la puerta y nos dimos la mano. "Que tenga suerte, señor teniente coro nel", le dije a Rico. Más tarde me pregunté si había hecho bien al llamarlo "te

niente coronel", teniendo en cuenta que dos días antes había sido declarado en rebeldía por el juez Alberto Piotti y consecuentemente dado de baja.

Cuando ya habían salido Rico y Venturino, ocurrió algo imprevisto Breide Obeid pidió hablar conmigo. Yo accedí. Era un hombre bastan

más joven que los demás y estaba muy emocionado. Yo no sabría repet ir textualmente lo que me dijo, pero una versión aproximada de sus palabras

es la siguiente: "Señor Presidente, comprenda usted nuestra situación. N4 llevaron a la guerra contra la subversión, convenciéndonos de que defendí

mos a la sociedad contra una agresión. Tuvimos que librar así una lucha para la que no estábamos preparados, nos hicieron hacer cosas que nunca

habríamos imaginado como militares, argumentando que defendíamos a nuestras familias. Nos llevaron a la guerra de las Malvinas en pésimas con-

diciones materiales y sin planeamiento adecuado. Después de aguantar el frío, los bombardeos y la prisión inglesa, fuimos traídos de vuelta escondi-

dos como si fuéramos delincuentes. Después de eso no defendieron la dignidad del Ejército ni hicieron las reformas que pedíamos".

Habló con voz temblorosa y tenía lágrimas en los ojos cuando se despidió de mí. Debo reconocer que su act itud me conmovió. Este oficial evidenciaba

haber recibido esa formación característ ica de las tropas llamadas "especiales", es decir, una formación fundada en la necesidad de superar el inst into de

conservación y que con ese fin desarrolla mecanismos de exaltación que dan gran pr imacía a lo sensible sobre lo racional. Algo conocía sobre ciertas prác-

ticas que se hicieron comunes en los inst itutos militares, part icularmente en el Ejército, durante los años setenta, cuando la guerrilla comenzaba sus acciones

armadas. Aparentemente, se había llegado al convencimiento de que, para contrarrestar a un enemigo con firme formación ideológica de extrema iz-


quierda, resultaba indispensable oponerle un combat iente con el mismo gra-

do de convicción ideológica, pero de signo contrario. Así se hilvanó una doctrina de sesgo nacionalista extremo, acompañada de práct icas religiosas

cont inuas que daban un carácter casi míst ico a la instrucción militar. Ello tenía lejanas reminiscencias de la influencia ultramontana en las

Fuerzas Armadas argent inas de décadas atrás. La difusión de emblemas reli- giosos usados uniformemente en algunas unidades daba también a todo

aquel despropósito temerario cierta analogía con grupos fundamentalistas. La religión siempre ha sido considerada parte necesaria de la formación, mi

litar, pues quien se educa para dar la vida por su patria debe tener el espiritu

preparado y sereno, producto de su paz interior. Pero nada más alejado de esto que la exageración en la cual se incurre cuando se prepara una fuerza ar -

mada para la "guerra santa", sólo imaginable en un Estado teocrát ico. Una doctrina polít ica totalitar ia, cargada de xenofobia y sectarismo reli-

gioso, aplicada a jóvenes combat ientes convencidos de su papel de "guerre- ros de Dios", ponía a disposición de un conductor mesiánico a hombres que

encontrarían razones para la lucha tanto en una agresión a la soberanía territorial como en la eventual difusión de un libro o una película que no coinci-

diera con sus fanát icas convicciones, así como en la expresión pública de otras religiones o grupos polít icos de ideas dist intas. Si bien es cierto que los

jóvenes son proclives al idealismo y que esto los inclina a veces hacia ideolo - gías algo extremas, resultaba difícil concebir que se alentara esta inclinación

desde una cátedra o un puesto de instructor, sobre todo si se sabe que el alumno habría de tener luego el monopolio del uso de las armas en la difícil

tarea de la defensa nacional. Creo que lo s resabios de esa época, felizmente pasada, se exter iorizaron en el comportamiento de algunos miembros de las

Fuerzas Armadas y explicaron ciertas propensiones en el pasado a intervenir para imponer las propias ideas en temas que son de libre opción para la ciu-

dadanía de un país democrát ico. Tenía frente a mí, en esa crisis, a uno de los estertores finales de ese fun-

damentalismo militarista, y era consciente de que caminaba sobre un polvo - rín que debía ser desact ivado.


Finalizada mi reunión con Breide Obeid, ingresaron al despacho los gene-

rales Dasso y Sánchez. El primero me preguntó si podía comunicar le lo que había resuelto, pues como comandante de la guarnición de Campo de Mayo

tenía que impart ir las órdenes correspondientes. Les resumí entonces los tér- minos de la conversación que había mantenido. Posteriormente, Dasso me pi-

dió permiso para hacer algunas consideraciones sobre lo acontecido. Hizo una detallada descr ipción de las causas que, a su juicio, habían provocado la

crisis. También el general Sánchez me hizo conocer sus opiniones. Fueron dos exposiciones objet ivas, claras y respetuosas y les agradecí el aporte.

Cuando salí del despacho me encontré otra vez con Rico, que había estado conversando con sus acompañantes. "Estoy a su disposic ión", me dijo.

Yo me dirigí entonces al general Vidal, quien acababa de hacerse presente junto a la puerta del despacho. "Hágase cargo", le ordené.

Así comenzó formalmente la situación de arresto para los amotinados. El viaje de regreso lo hicimos en el mismo helicóptero de la Fuerza Aérea que

nos había trasladado a Campo de Mayo. Descendimos primero en el edificio Cóndor para descargar peso -allí quedaron, en efecto, el br igadier Crespo, su

ayudante, e l comisario Pedregoza y el fotógrafo- y luego cont inuamos viaje hasta el helipuerto de la Casa Rosada.

Resultó impresionante ver desde allí arriba a la muchedumbre, una masa humana que desbordaba muy holgadamente la Plaza de Mayo. No sé si la

concentración se había engrosado durante nuestra ausencia o si desde ese punto de observación parecía más grande que desde el balcón de la Casa de

Gobierno. De cualquier manera era un espectáculo ino lvidable. En el mensaje con el que instantes después anuncié desde ese balcón que

los insubordinados habían depuesto su act itud, dije que había entre ellos hé- roes de las Malvinas. Esta expresión intrigó a muchos, según pude advert ir

después, y fue señalada también como presunta señal de que yo habría pactado con Rico y su gente. La verdad es que aquella expresión me fue inspi-

rada por el episodio con el capitán. Me estaba refir iendo a él y a los muchos otros involucrados en todo este drama.

La frase que más se prestó a la ironía o al humor fue "la casa está en or - den". Efect ivamente, el haber afirmado que la casa estaba en orden cuando


los militares amotinados, si bien se habían rendido, no desist ían de sus recla-

mos, y eran acompañados por la solidar idad de cientos de sus camaradas de armas, pudo sonar como una exageración. Era un momento de enorme

tensión y emoción contenida, y lo que quise fue expresar en una frase simple lo que sent ía, haciendo una comparación entre la crisis inst itucional gra-

vísima que acabábamos de superar y la solución alcanzada, sin derramamien- to de sangre ni negociación. Horas antes había estado a punto de pedirle a la

gente reunida en la Plaza de Mayo que me acompañara a Campo de Mayo y tenía todavía presente la gravedad del riesgo que podríamos haber corrido.

En ese contexto, por lo tanto, la casa estaba en orden, después de haber sufrido la mayor alteración inst itucional desde que habíamos recuperado la de-

mocracia. Admito la ironía y el humor como también espero que se reconozca que uno nunca hace juicios absolutos sino referenciados y condicionados

por las circunstancias en que se hacen. Se podría apelar a la figura de un cirujano cuyo paciente sufre un acciden-

te en el corazón mientras lo está operando; debe entonces restablecerle el rit - mo cardíaco y seguir la operación durante horas. El paciente finalmente está

en terapia intensiva, conectado a miles de cables y tubos, dolorido, con la ma- yoría de las funciones alteradas, y en presencia de los parientes lo primero

que se le ocurre al médico es decir les que "el paciente está bien". Acepto que pudo exist ir una cierta decepción en mucha gente que se ha-

bía movilizado y esperaba que la rebelión fuera aplastada sin miramientos, aun en forma cruenta. Y a esta altura, muchos lectores que tal vez recuerden

con enojo aquel desenlace podrán revisar su juicio y compart ir conmigo la conclusión de que la democracia salió finalmente fortalecida sin derrama-

miento de sangre y con el mayor costo cargado sobre las espaldas de este presidente que asumió la plena responsabilidad de sus actos y decisiones.

A part ir de ese momento, sectores de la prensa y la oposición lanzaron la versión de que yo había pactado con ese grupo insubordinado. Casi inmedia-

tamente después de ese domingo de Pascua comenzó a circular una declara- ción atribuida al grupo de Rico que caracterizaba el desenlace de la cr isis co-

mo producto de un acuerdo negociado. Hasta se dijo que los insubordinados habían salido victoriosos de este


arreglo. Fue una campaña de inteligencia en donde los rumores daban cuen-

ta de las más disparatadas versiones. Se sostuvo, entre otras cosas, que el nombramiento del general José Dante Caridi en reemplazo de Ríos Ereñú

contradecía lo acordado con Rico. Para salir al cruce de estas versiones con- voqué a los tres jefes de Estado Mayor y al br igadier Panzardi a una reunión

que se celebró el 21 de abril en la Casa de Gobierno y que, por instrucciones mías, fue difundida en vivo por televisión.

En ese encuentro dejé aclarado que no había habido negociación alguna durante mi visita del día 19 a Campo de Mayo y mucho menos un compro-

miso relat ivo a la designación del jefe del Estado Mayor General del Ejérci- to. Panzardi, test igo de mi encuentro con Rico, estuvo presente para corro -

borar mi declaración. Quiero insist ir en que durante la reunión en Campo de Mayo yo me limi-

té a relatar los pasos dados por mi gobierno en relación con el campo militar desde los t iempos de Borrás hasta ese momento y, como parte objet iva

de esta relación, mencioné el ya preparado proyecto de ley sobre la aplica - ción de la obediencia debida y el ret iro de Ríos Ereñú. Es cierto que ambas

medidas coincidían con dos exigencias de los insubordinados, pero de ninguna manera fue en respuesta a las demandas.

La indeclinable solicitud de ret iro de Ríos Ereñú se había hecho absolutamente inevitable en vista de la situación y del reiterado pedido que me for-

mulara. Su decisión era terminante y era imposible demorar por más t iempo la designación de su sucesor o mantener momentáneamente en secreto

esta designación, porque cualquiera de estas opciones hubiera significado mantener virtualmente descabezado al Ejército en medio de una grave cr i-

sis militar. Tanto el proyecto de ley sobre la aplicación de la obediencia debida como el ret iro de Ríos Ereñú eran irreversiblemente parte de la reali-

dad cuando inicié mi encuentro en Campo de Mayo con los jefes del grupo insubordinado.

Hasta ese momento, las Fuerzas Armadas podían considerarse un bloque monolít ico y sin fisuras, en donde todos los militares cerraban filas en defen-

sa de lo que hicieron, de la ideología que los llevó a hacer lo y del proyecto polít ico que emanaba de esa ideología. Después del libro Nunca más y del ju i-


cio a las Juntas, hechos en donde se reveló la magnitud de lo ocurrido, se pro -

dujo un cambio sustancial en sus filas. Las nuevas camadas comenzaron a tomar conciencia de lo sucedido y a romper con la ant igua tradición autori-

taria que supeditaba la democracia a sus intereses corporat ivos. La tutoría que las Fuerzas Armadas se autoasignaron durante más de cincuenta años

sobre los dest inos del país, con el respaldo y la inst igación de grupos de poder de la dir igencia civil, empezaba a ser una cuest ión que pertenecía al

pasado, y bajo el pleno respeto al orden const itucional se ext inguían las bra- sas del viejo conflicto entre militares y civiles. Pero todavía debíamos atra-

vesar varias pruebas de fuego. El 20 de abril de 1987, la crisis volvió a manifestarse con crudeza: el día

anterior había designado como nuevo jefe del Ejército al general Car idi, en reemplazo de Ríos Ereñú. Los militares carapintada manifestaron su discon-

formidad con esa decisión porque la interpretaron como una maniobra del gobierno para recomponer la situación. De inmediato se conoció que las

guarniciones de Salta y Tucumán formalizaban el rechazo a esta medida, aho - ra lideradas por el teniente coronel Ángel León, otro de los jefes sublevados.

Al mismo t iempo, el teniente coronel Venturino se habría comunicado con el contador José María Menéndez para hacerle saber las nuevas exigencias y

ut ilizarlo de contacto. Al parecer, Menéndez part icipó en la redacción de un nuevo pliego de condiciones que curiosamente, vaya a saber por qué azar de

circunstancias, llegó primero a la redacción del diario Ambito Financiero que al escritorio del ministro de Defensa, mientras una fuerte campaña de acción

psicológica recreaba un clima de intranquilidad en la opinión pública. Convoqué de inmediato a una reunión del equipo de crisis y planteé que

había que buscar una solución. La designación del general Caridi era inamovible, pero era necesar io elegir a su segundo. Al mediodía del martes, e l sub-

secretario de la SIDE, Ricardo Natale, se contactó con el coronel Heriberto Auel -quien permanecía en Río Gallegos- para consultarlo. Auel aceptó via-

jar a Buenos Aires para reunirse, pero bajo cier tas condiciones. Mientras tan- to, Jaunarena se reunió con el coronel Cervo, quien propuso "provocar un

descabezamiento" del mando del Ejército. El coronel agregó que era necesario determinar quién podía conformar a los más exasperados, refir iéndose a


los carapintadas y sugirió el nombre del general Vidal, quien ya había sido

candidato a suceder a Ríos Ereñú en los momentos finales del domingo anterior, pero no aceptó.

El siguiente nombre en la lista era el general Fausto González, aparente simpat izante de los carapintadas. Cervo acercó entonces el nombre a

Jaunarena. El coronel Auel, que ya había arribado a Buenos Aires, propuso el mismo nombre a Natale. Cuando éste se comunicó conmigo para ha-

cerme llegar la que entendía era "una buena idea", tuvo not icias de que la decisión ya estaba tomada en el mismo sentido y que mi asesor militar Tissi

Baña la avalaba. El general Car idi manifestó alguna ret icencia, pero finalmente accedió y se comunicó telefónicamente a Córdoba con el general

González para hacer le el ofrecimiento. El miércoles, el designado segundo jefe del Estado Mayor ya estaba en

Buenos Aires para asumir su cargo. Como resultado de su nominación y de la resolución de la cr isis el domingo anterior, diecisiete generales pasa-

ron a ret iro, cumpliéndose así el descabezamiento sugerido por el coronel Cervo. Sin embargo, los rebeldes advirt ieron que el hipotét ico triunfo que

creían haber obtenido no era tal. Caridi era un "duro" en términos de ejercicio del mando militar. Compañero de promoció n de Ríos Ereñú, ha-

bía quedado rodeado de un cuadro de generales que le respondían directamente -como Abbate, Ferrucci, Arrillaga y Mabragaña- o que eran sus

aliados para restablecer la disciplina, como Isidro Cáceres y Mart ín Balza, y conseguía disminuir el peso específico de los carapintadas, reducidos,

según se decía, a Fausto González y Auel. Para obtener sus objet ivos po - lít icos y de propaganda, los jefes carapintadas habían debido exponerse

públicamente y tenían en su mayoría la carrera militar comprometida: nueve jefes de unidad que se ident ificaban con esa posición fueron rele-

vados de sus cargos. Para Caridi, en cambio, la situación estaba en condiciones de mejorar para poder cumplir así con el compromiso que asumió

conmigo y con Ríos Ereñú cuando se le propuso el cargo de jefe del Es- tado Mayor: depurar el Ejército.

El jueves a la noche, Rico fue trasladado desde su prisión en Campo de Mayo a la sede del Estado Mayor, donde según se me informó mantuvo una


tensa reunión con Car idi, en presencia de los generales Arrillaga y González

y del coronel Cervo. Rico sostuvo que había actuado para cambiar las cosas y señaló la necesidad de instrumentar algunas modificaciones en la situación

militar. Car idi le contestó: "Yo levanto las banderas de Semana Santa. Pero he venido a mandar y no acepto la existencia de segundos mandos ni de un

Ejército paralelo". Rico tomó en sus manos un ejemplar de la revista Siete Días, repleta de fotografías de los hechos anteriores, y la abrió en una página

en la que se veían dos especialmente destacadas: una mostraba la imagen de un oficial carapintada en Campo de Mayo, con el uniforme de combate, el

arma lista y la cara embadurnada; en la otra se observaba al general Alais mientras tomaba mate rodeado de periodistas. Señalando la primera foto,

Rico dijo: "Luchamos para que usted comande un Ejército como éste", y mirando la otra añadió, "no como éste". Luego, con gesto teatral, se sacó de la

camisa las insignias del grado y las puso sobre el escritorio de Caridi: "Yo ya no estoy más en el Ejército". Allí terminó el encuentro y Rico volvió a su lu-

gar de detención, en la guarnición de Campo de Mayo. Si la crisis de Semana Santa había concluido en su expresión más visible,

se abrían igualmente t iempos difíciles y turbulentos. La nueva situación mo- dificó el mapa polít ico del Ejército y cambió el eje de las discusiones. Éstas

no eran ya confrontaciones entre poder civil y poder militar que tenían como centro exclusivo al pasado inmediato. Desde el estallido de Semana Santa

también estaba en juego quién y cómo decidía en la fuerza. Era evidente que la aparición pública de los carapintadas como factor de poder e inestabilidad

-con sus efectos internos y externos- era un dato reciente de carácter erosi- vo que habría de tomarse en cuenta para cualquier polít ica que se quisiera

aplicar. A part ir de ese momento, los conflictos serían constantes porque la disciplina había quedado gravemente resquebrajada después de la ruptura de

la cadena de mandos. Los oficiales subalternos respo ndían malamente a las órdenes y el mando de la fuerza tenía serias complicaciones para controlar la

totalidad de los hechos. Como resultado de los episodios castrenses, sólo Rico y Venturino fueron

detenidos y los restantes part ícipes del levantamiento quedaron en libertad, aun cuando los que tenían funciones comenzaron a quedar en situación de


disponibilidad. Nuestro gobierno tuvo que enfrentar otros dos levantamien-

tos militares desde entonces hasta el final de la gest ión. Dentro del Ejército se había abierto una dura lucha que se expresaba, a pesar de la afirmación de

Caridi a Rico, en una dualidad de poder que no se resolvió totalmente hasta 1989 y cuya influencia en los sucesos polít icos del país fue creciente.

Desde los dist intos flancos recibíamos presiones y manifestaciones cruza- das. De un lado nosotros, confrontando con todos los recaudos necesarios

para encauzar los procesos y llevar a buen puerto la acción de la Just icia. Del otro lado, quienes agitaban y exacerbaban el delicado cuadro con la intención

de lograr una amnist ía, o al menos la interrupción de las causas. En Córdoba, una misa organizada por la agrupación de Familiares y Amigos de los Muer-

tos por la Subversión (FAMUS) tuvo una concurrencia masiva y, en su homi- lía, el sacerdote fray Rossi exaltó a los militares como víct imas de ataque ofi-

cial. La presencia del teniente coronel Luis Polo, de uniforme, promovió aplausos y vítores. El jefe de la Armada, Ramón Arosa, y el de la Fuerza Aé-

rea, Ernesto Crespo, coincidieron en pedirme una "solución polít ica rápida" al tema. Un art ículo de la revista Somos informó que para "las inst ituciones

militares [...] la amnist ía lisa y llana sigue siendo la solución preferida". Na- turalmente, no estaba dispuesto a ceder frente a tales presiones ni a cometer

semejante claudicación. El 13 de mayo de 1987, exactamente dos años y un día antes de las elec-

ciones que dieron el triunfo a Car los Menem, hablé al país por radio y tele- visión para anunciar que el Poder Ejecut ivo asumía la responsabilidad de en-

viar al Congreso el proyecto de ley que reformaba el Código de Just icia Militar e incorporaba la eximente de la obediencia debida, admit iendo que al-

gunas de las medidas previas no habían tenido la eficacia necesaria. Mi argu- mentación se centró en que la ley garant izaba la estabilidad democrát ica y

que, al no ser una amnist ía, evitaba la impunidad que, de otro modo, sería una consecuencia casi inevitable.

El 20 de mayo, FAMUS organizó una nueva misa, esta vez en la Capital Fe- deral, a la que asist ió una gran cant idad de oficiales en ret iro de las tres fuer-

zas y unos pocos en act ividad. Al terminar se escucharon vivas al ex dictador Videla y a las Fuerzas Armadas y exigencias de reivindicación de la "lucha


ant isubversiva".

Todavía quedaban otros momentos dificiles para nuestro gobierno en el plano militar. Durante 1987, el Congreso de la Nación había sancionado una

ley, originada en un proyecto del senador radical Adolfo Gass, que obligaba a todos los oficiales a prestar juramento de lealtad y fidelidad a la Const itu-

ción Nacional "hasta perder la vida". El mando dispuso que esta promesa se efectuara en las formaciones de homenaje a la fiesta patria del 25 de Mayo,

pero algunos oficiales prefirieron dar por concluida su carrera antes que expresar públicamente el compromiso requer ido. El segundo jefe del Regi-

miento de Infantería 35, con asiento en Río Mayo, provincia del Chubut, se negó lisa y llanamente a hacerlo, al igual que otros tres oficiales. El mismo 25

de mayo, más de cien oficiales de baja graduación, en uniforme, fueron a presentar sus saludos al detenido Rico en Campo de Mayo.

Los días siguientes reflejaron nuevas tensiones en torno de la definición de los niveles de oficiales que serían exculpado s con la sanción de la ley de

obediencia debida. Nuestro gobierno quedó nuevamente en el centro de una fuerte tormenta: por una parte, los militares y varios sectores -en especial los

part idos provinciales, el ex presidente Arturo Frondizi y el diputado Álvaro Alsogaray, entre otros- exigían la amnist ía; por la otra, los organismos de de-

rechos humanos y la oposición cuest ionaban enérgicamente la norma pro - puesta. El 25 de mayo a la tarde viajé a Montevideo para un encuentro con

el presidente Julio María Sanguinett i y, durante el vuelo, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Crespo, me planteó la necesidad de extender la protección

de la ley hasta los niveles de general de brigada en el Ejército y sus equiva - lentes en la Armada y en la Aeronáut ica.

Yo conocía el requerimiento porque el 21 de mayo me había reunido con los jefes de Estado Mayor y el t itular del Estado Mayor Conjunto para con-

siderar la situación, oportunidad en la que subrayé que los mandos con grado por encima de teniente coronel debían comparecer ante la Just icia. En

principio, los jefes aceptaron, pero al día siguiente plantearon que era necesar io elevar los niveles de exculpación. En el avión volví a escuchar el pedi-

do en boca de alguien en quien también confiaba. El argumento de Crespo fue simple: "La crisis sigue, la intranquilidad no desapareció. Si esto no se re-


suelve, van a producirse nuevos episodios y cada vez será más difícil contro -

larlos. El gobierno va a tener que tomar nuevas medidas. Ya que se va a pagar un costo, mejor que sea todo junto". La misma pet ición me presentó el

general Car idi, que necesitaba fortalecer su precaria posición en el E jército. El 28 de mayo, el Senado dio sanción favorable al proyecto que había

remit ido la Cámara de Diputados, ampliando el campo de eximición por obediencia debida a los niveles de generales de brigada y sus similares.

Cuatro senadores radicales (Mahum, Falssone, Gass y Del Villar) votaron en contra del art ículo primero de la ley. Pocos just icialistas estaban en sus

bancas, apenas los necesarios para asegurar el quórum del cuerpo. Veint i- cuatro horas más tarde de esta decisión legislat iva y en ocasión de celebrar -

se el Día del Ejército, Car idi pronunció uno de sus más duros discursos, aplaudido por un palco de invitados especiales entre los que se destacaban

los ex dictadores Juan Car los Onganía, Reynaldo Bignone y Marcelo Levingston, así como los ex ministros del Interior de la dictadura Albano

Harguindeguy y Llamil Reston. Caridi ut ilizó la oportunidad para cumplir con su compromiso de "levantar las banderas de Semana Santa", reivindi-

cando la actuación militar al señalar que permit ió "el aniquilamiento de la subversión", defendiendo a los comandantes condenados y a los militares

enjuiciados, reclamando "se instrumenten medidas polít icas que hagan po - sible una definición posit iva de las consecuencias de esa guerra" y mayor

presupuesto militar. El 31 de mayo, Caridi visitó en los cuarteles de Paler - mo a un grupo de oficiales detenidos y les promet ió el "apoyo jurídico del

Ejército" para evitar las condenas a quienes no fueran alcanzados por la obediencia debida.

El 5 de junio de 1987, la Cámara de Diputados, con el voto en contra de una parte de la oposición -que, sin embargo, dio quórum-, aceptó finalmen-

te las modificaciones impuestas por el Senado y convirt ió en ley la obediencia debida. Trece diputados radicales, a lgunos de los cuales ya habían expre-

sado su desacuerdo en la pr imera votación, estuvieron ausentes, entre ellos Lucía Albert i, José Canata, Luis Cáceres, Rugo Piucill, Jorge Stolkiner, Jul io

Romano Norri y Roberto Sanmart ino. Este relato lo hago no sólo en homenaje a la verdad, sino como un reco-


nocimiento al valor que t iene la movilización popular como instrumento po-

lít ico. Es important ísimo que la gente conozca el valor del protagonis mo de todos y de cada uno de los que estuvieron en cada plaza durante aquella Se-

mana Santa, ya que gracias a la decisión de movilizarse en defensa de la democracia se pudo mantener el orden const itucional y preservar la autoridad

legít ima. De no haberse producido esta movilización ciudadana, me hubiera sido más difícil lograr el respaldo de las fuerzas y no hubiera podido ir a

Campo de Mayo como lo hice. Con segur idad hubieran triunfado los carapintadas o hubieran impuesto una negociación incompat ible con el sistema

const itucional y con la voluntad soberana del pueblo. Cabría preguntarse, entonces, si es cierto lo que digo sobre las circunstan-

cias que me llevaron a impulsar la aprobación de las leyes de punto final y de obediencia debida, por qué no volví a recurrir a la movilización popular pa-

ra imponer la autoridad de las órdenes emanadas del Poder Judicial. Reitero que cuando pensé en pedirle a la gente que me acompañara a

Campo de Mayo tuve conciencia de que se t rataba de una decisión extrema, excepcional y de gravísimas implicancias. Sólo pensé en hacerlo cuando ésta

quedó como últ imo recurso. Quería evitar el derramamiento de sangre, tan- to de ciudadanos que se habían movilizado en defensa de la democracia

como de oficiales, suboficiales y tropa en lo que bien podría haber sido el comienzo de una guerra civil. Fue por ello que cuando se ofreció el br igadier

Crespo a acompañar me y me expresó la determinación de hacer uso de la fuerza para restablecer el orden, desist í de la idea de dirigimos todos hacia

Campo de Mayo y opté por mi gest ión personal, aun consciente de los ries - gos que corría.

La ley de obediencia debida

La experiencia histórica indica que en circunstancias como las que vivió

nuestro país durante la década de 1980, los esfuerzos punit ivos deben con- centrarse y limitarse en el t iempo para evitar desgastes inst itucionales y se-

cuelas traumáticas. Cuando decidí promover la llamada "ley de obediencia debida" no estaba haciendo otra cosa que cumplir con la plataforma de 1983.


Hubiera prefer ido que la demarcación de los límites de la obediencia surgie -

ra por vía judicial, pero no fue así y no era posible prolongar el clima de intranquilidad que se vivía en ese entonces. Sabíamos que muchas personas

que cometieron crímenes quedar ían impunes como consecuencia de la ley, pero nadie puede desconocer el contexto histórico que vivíamos en aquel en-

tonces, que en nada se parece al que vivimos hoy, veinte años después. La ley 23.521, sancionada el 4 de junio de 1987, estableció que los oficia-

les jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias no eran punibles por los

delitos a que se refería el art ículo 10, punto 1, de la ley 23.049 que modifica - ba el Código de Just icia Militar, por haber obrado en virtud del cumplimien-

to de órdenes impart idas por sus superiores. "La misma presunción será aplicada a los oficiales super iores que no hubieran revistado como comandantes

en jefe, jefe de zona, jefe de sub zona o jefe de fuerza de segur idad, policial o penitenciaria, si no se resuelve judicialmente, antes de los treinta días de pro -

mulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisor ia o part iciparon en la elaboración de las órdenes" (art ículo 1). El fundamento de la limitación im-

puesta surgía de los propios términos del artículo 1: "En tales casos, se con- siderará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado

de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a

ellas en cuanto a su oportunidad y legit imidad". Debe destacarse que la norma en cuest ión, al igual que su predecesora, es-

to es, la ley 23.492, no era aplicable respecto de los delitos de violación, sus- tracción y ocultación de menores o sust itución de su estado civil. Además, tam-

poco era aplicable a los casos en que se hubiera cometido apropiación extorsiva de inmuebles. Es decir que esta ley creó una presunción de que, a ex-

cepción de los que tenían poder de decisión, el resto había actuado errónea- mente, con la convicción de que las órdenes que recibían eran legít imas, sobre

todo teniendo en cuenta la intensa propaganda que hablaba de una guerra contra la subversión y el intenso clima represivo imperante -circunstancias que ha-

bían sido corroboradas durante el ju icio a las Juntas-. Esta norma, que fue cuest ionada ante los estrados judiciales, fue convali-


dada por la Corte Suprema, que sostuvo que la ley 23.521 establec ía pautas

objet ivas de exclusión de la pena que funcionaba como excusa absolutoria y

aparta toda consideración sobre la culpabilidad de la gente en la comisión

de los delitos atr ibuidos que continúan siendo tales. Esta potestad proviene

del ar tículo 67 inciso 11 de la Constitución Nacional en relación con el in -

ciso 28, en cuanto faculta al Congreso de la Nación para hacer todas las le -

yes y reglamentos que sean convenientes a fin de poner en ejercicio los po-

deres, antecedentes y todos los otros concedidos por la Constitución al

gobierno de la Nación. No es entonces admisible el argumento de que la ley

sustrae indebidamente a los jueces causas cuyo conocimiento les incumbe,

ni tampoco el referente a que desconoce sus decisiones o las altera, habida

cuenta de que las facultades citadas del Congreso Nacional tienen, como se

señaló, la fuerza suficiente para operar el efecto que la ley persigue, cual es

dictar una modificación legislativa de carácter objetivo que excluya la puni -

ción o impida la imputación delictiva de quienes, a la fecha de la comisión

de los hechos, tuvieron los grados que señala y cumplieron las funciones

que allí se describen.

Los sectores invo lucrados -por un lado, los militares y, por el otro, los mi-

litantes de derechos humanos- objetaron las leyes sancionadas y los juicios llevados a cabo. Unos alegaron que los juicios eran "polít icos" y los otros

sostuvieron que el gobierno había bregado por limitar la persecución penal a un número insignificante de responsables. Así, estos últ imos concluye-

ron, al igual que el otro sector, que los tribunales habían sido manejados polít icamente.

A pesar de todo, los principales responsables de los actos aberrantes, los que dieron las órdenes y actuaron con capacidad decisor ia, habían sido juz-

gados de acuerdo con la ley y condenados en su oportunidad. Jamás acepté la amnist ía decretada por la Junta Militar, jamás se me cruzó por la cabeza

declarar desde mi gobierno una medida similar y jamás pensé en indultar a los jefes que habían sido juzgados, detenidos y condenados. El indulto, cu-

riosamente, fue decretado por un just icialismo que, siendo oposición, me exigía meter presa a casi toda la oficialidad de las Fuerzas Armadas.

De haber aceptado las presiones en ese sentido, hubiera cometido una


irresponsabilidad histórica, puesto que hubiera arr iesgado la democracia y

los derechos humanos hacia el futuro. Visto hoy, tantos años después, creo que actuamos -más allá de errores que sin duda cometimos- con criterio res-

ponsable del papel que debíamos cumplir en ese momento. A veinte años de democracia me siento orgulloso de haber contribuido, en la porción que me

corresponde, a su afianzamiento y consolidación.

El levantamiento de Monte Caseros

Resuelto el problema más urgente, el general Carid i comenzó los movimientos para cumplir el objet ivo de desart icular el poder interno de los carapin-

tadas. En la estrategia que siguió puntualmente para lograrlo no descuidó en ningún momento su anterior compromiso explícito de "levantar las bande-

ras de Semana Santa", de manera que no se redujo al duro discurso pronunciado el Día del Ejército y a ofrecer el "apoyo jurídico" a los procesados, si-

no que durante julio y agosto insist ió abiertamente en el tema con declaraciones públicas. En julio exigió: "Basta de agresiones de los medios

de comunicación", y en agosto reiteró que "la inst itución aguarda [...] su le- gít ima y pronta reivindicación histórica".

Caridi buscaba asegurar la reorganización de los mandos, en especial de las jefaturas de aquellas unidades que se habían mostrado renuentes para re-

primir a los rebeldes durante la crisis de Semana Santa, pero era evidente que sus intervenciones públicas provocaban inquietud y sobresaltos. Era enten-

roble, por lo demás, que debía tener firmemente en sus manos la decisión sobre los ascensos, pases y ret iros que, según los reglamentos militares, ha-

bían de producirse entre sept iembre y octubre para hacerse efect ivos hacia fin del año. Con ese propósito designó al recién ascendido general Alfredo

Arr illaga como jefe primero, a cargo de Personal, en el Estado Mayor. Era ésta una posición esencial, ya que quien la desempeñara tenía como misión

aconsejar en la cuest ión al t itu lar del Ejército. Pero, aun con lo importante que era el lugar que ocuparía el nuevo general, su rol no alcanzaba para lo-

grar totalmente el objet ivo. En efecto, las decisiones sobre el tema estaban en manos de la Junta de Calificaciones del arma, que había quedado presidi-


da, también como indicaban los reglamentos, por el subjefe de l Estado Ma-

yor, el general Fausto González. La conocida postura que éste mantenía era francamente favorable a los carapintadas, de manera que podía, haciendo

uso de su cargo, mantenerlos informados acerca de los movimientos del jefe del Estado Mayor y crear así serias dificultades. Caridi no esperó mucho

y en julio lanzó su ofensiva sobre Fausto González. E113 de ese mes obtuvo la decisión del ministro Jaunarena, quien dispuso el relevo del subjefe del

Estado Mayor y designó en su reemplazo al general Abbate. Cuando en octubre se dieron a conocer los pases y ret iros, fue eviden-

te que el jefe del Estado Mayor había consolidado su propia posición y dis - minuido el poder interno de los carapintadas: el cuarenta por ciento de las

unidades de Infantería cambió de manos. Todos los nuevos generales ascendidos al mes siguiente le respondieron. También introdujo importantes

modificaciones en la just icia militar, relevando algunos jueces y designando a otros en su lugar.

La situación de Rico y sus hombres se complicó. En abril se habían sent i- do triunfadores con el resultado de Semana Santa y pensaron que era posible

recoger rápidamente los frutos de su estrategia para influir en la conducción del Ejército y disputar el poder dentro del arma. y al cabo de cuatro o cinco

meses perdieron el mando de unidades clave y los miembros del grupo fueron reiteradamente sancionados por diversos motivos. Muchos de ellos pasaron a

disponibilidad o a ret iro, y la situación procesal del propio Rico quedó envuelta en complejos ver icueto s legales. Por eso, debilitados dentro del Ejército, ini-

ciaron una operación polít ica hacia afuera en busca de nuevos contactos para fortalecer su posición y mantener capacidad de crear intranquilidad interna, co -

sa que hicieron mediante intensas campañas de acción psicológica. En noviembre de 1987, la situación militar parecía ocupar un segundo

plano en las preocupaciones de la opinión pública. Habían pasado las elecciones legislat ivas y de gobernadores con un revés para el radicalismo y un

triunfo del peronismo (el primero desde 1983), y en el gobierno estábamos firmemente dedicados a encontrar un acuerdo de gobernabilidad con la cú-

pula del Part ido Just icialista, cuya mayoría correspondía al sector renovador. La conservadora Unión del Centro Democrático (UCeDé), en ese momento


considerada tercera fuerza electoral, aceptó a regañadientes sentarse a una

mesa de negociaciones cuyas expectat ivas principales no compart ía. Pero el problema central estaba en el just icialismo. En su seno se expresaban posi-

ciones francamente divergentes, a l punto que, en el mismo instante en que el gobierno y la conducción renovadora negociaban un principio de acuerdo, la

CGT convocaba al noveno paro nacional y rechazaba el pacto de gobernabilidad como "una propuesta encubierta para la entrega del patrimonio nacio -

nal". Este nuevo paro se extendió durante doce horas, se realizó el día 4 de noviembre y culminó con un acto público al que sólo asist ió Car los Menem.

Ese mismo día, las organizaciones agro pecuar ias cuest ionaron las medidas imposit ivas recientemente adoptadas y dos de ellas propusieron dejar de pa-

gar los impuestos. Casi sin respiro, los sindicatos endurecieron sus posturas lo suficiente como para convocar a otro paro general, el décimo en mi ges-

tión: en este caso sería de 34 horas, los días 8 y 9 de diciembre. La act itud del just icialismo comenzó a ser ambigua. El sector renovador

se comprometía mucho más en la búsqueda de un acuerdo de gobernabilidad: la Ley de Defensa, que excluía expresamente la denominada "hipótesis

[ de conflicto interno" y daba conclusión formal a la rechazada "doctrina de la seguridad nacional", fue convenida en las reuniones de la Mesa de Consenso. Al

mismo t iempo, mantenía las conversaciones sobre la eventualidad de la reforma const itucional y negociaba las leyes en el Parlamento. Pero el naciente

"menemismo" trataba de mantener claras distancias, a la vez que el sector gremial -algunos de cuyos integrantes cult ivaban buenas relaciones con los

carapintadas- host igaba incesantemente al gobierno y a los renovadores. Pre- cisamente, esta últ ima act itud ofrecía un espacio que el grupo de Rico aspira-

ba a ocupar o bien a ut ilizar en beneficio de su posición. A pesar de no aparecer en los t itulares de los diarios, la cuest ión militar

seguía latente. Durante diciembre, al menos en tres oportunidades dist intas, el ministro Jaunarena debió referirse enérgicamente a la necesidad de resta-

blecer y fortalecer la disciplina militar, hecho que const ituía una señal bastante evidente de la cont inuidad de los problemas y preocupaciones.

Es que, en esos días finales de 1987, los dos sectores enfrentados habían tomado la decisión de confrontar abiertamente. Cada uno tenía diferentes


motivos en su act itud: para la lógica carapintada, sólo un nuevo movimiento

de fuerza, por su efecto de demostración, podía detener su deterioro interno y restablecer sus opciones de poder. Para el mando militar, la situación gene-

ral configuraba un cuadro altamente favorable y había decidido ut ilizarla para empujar definit ivamente a Rico y los suyos fuera del Ejército, aun a ries-

go de provocar un nuevo conflicto. En estas condiciones, e l enfrentamiento era inevitable, y así se produjo el levantamiento de Monte Caseros.

En diciembre, indicamos a la conducción del Ejército que iniciara los trá- mites para que Rico se fuera definit ivamente del arma. Para lograrlo debía al-

terar el mecanismo elegido anteriormente para "ponerlo en caja", ya que su act itud en Semana Santa había sido calificada como "acto de indisciplina"

por el juez militar interviniente, que sólo preveía sanciones leves. La act itud de Caridi, siguiendo instrucciones, fue entonces cambiar su situación legal.

Previamente se debía resolver la ya extensa cuest ión de competencia entre la just icia civil y la castrense, colocando a Rico bajo la jurisdicción de un juez

militar que asegurase su baja definit iva del Ejército. Siguiendo ese camino, el procurador general de la Nación, Andrés D' Alessio,

dictaminó el 2 de diciembre en la cuest ión de competencia planteada en torno de la situación de Rico: según su opinión, debía actuar la just icia militar. El1? de

diciembre, la Corte Suprema de Just icia de la Nación resolvió la situación en el mismo sent ido. Rico, que estaba detenido en Campo de Mayo, fue not ificado que

quedaba nuevamente sujeto a la jurisdicción militar. El 28 de diciembre, Caridi se reunió con Rico y le requir ió que presentase el pedido de ret iro voluntario del

Ejército, a lo que éste se negó, act itud que compart ió Ventur ino. Algunos observadores y medios periodíst icos plantearon que la situación

se tornaba inestable y su desarrollo era demostrativo de los problemas que confrontaba el poder civil. Exist ía una dualidad de poder: el mando del Ejér -

cito, con el apoyo abierto del gobierno, se enfrentaba al sector carapintada en una pulseada cuya misma dinámica la tornaba irreversible. Este últ imo

grupo, por su parte, se preparaba a disputar la que est imaba sería una batalla de resultado favorable, especulando también con la existencia de a lgunos

apoyos polít icos en el campo civil. A mediados de diciembre, oficialmente, Caridi visitó al ex dictador Jorge


Rafael Videla, preso en el penal militar de Magdalena, y, simultáneamente,

envió una comisión integrada por tres oficiales a entrevistar a l ex general Ramón Camps, quien, ya condenado por la Just icia por violaciones a los de-

rechos humanos, cumplía su detención en el Hospital Militar Central. Luego, y con motivo de las fiestas de fin de año, hizo una nueva visita al penal de

Magdalena para conversar con Videla y con Roberto Viola. Eran gestos que no podían pasar inadvert idos y que se combinaban con la reivindicación de

la represión y el reclamo de una amnist ía. El mensaje polít ico era muy claro para todos: el general Caridi respaldaba firmemente el orden const itucional,

pero se hacía cargo de las permanentes argumentaciones militares, cuya sola subsistencia generaba complicaciones de diverso tipo.

Como una ominosa profecía, Álvaro Alsogaray sostuvo durante el debate sobre la Ley de Defensa en la Cámara de Diputados que "lo at inente al

plano militar todavía no está resuelto; encierra peligros potenciales y mant iene en jaque al Poder Ejecut ivo, a los dirigentes polít icos ya los comandos su-

premos de las Fuerzas Armadas. Es necesario [...] poner fin a la intranquilidad existente en el seno de las Fuerzas Armadas". Alsogaray no sólo advirt ió,

sino que también asumió las reivindicaciones de los llamados "dinosaurios" militares, que en la jerga castrense eran los hombres de la dictadura.

El 30 de diciembre de 1987 fue el día elegido para la puesta en escena de una comedia de aparentes equívocos, que en realidad fue la toma de posicio -

nes de los sectores en pugna. El general Francisco Gassino, por ese entonces comandante de Inst itutos Militares, citó a Rico a su despacho y le insis-

tió con el pedido de ret iro, ofreciéndole un nuevo encuentro con Caridi. Rico volvió a negarse y retornó a su lugar de detención. Caridi sust ituyó al coro -

nel Anibal Mart ínez como juez militar encargado de la causa Rico, y lo reem- plazó por el coronel Hugo Beltramino.

A la mañana siguiente, dos ex jugadores de rugby y entrenadores de Los Pumas mantuvieron una conversación en la que Raúl Sanz le comentó a

Rodolfo O'Reilly que estaba preocupado pues tenía información acerca de que Rico estaba muy act ivo en Bella Vista y que se podía presuponer una cla-

ra intención de reiterar el levantamiento de Semana Santa. Todavía no exis - tían los teléfonos celulares y entonces O'Reilly tuvo que ir personalmente


hasta Aeroparque para dar le esta información al secretario de Defensa, Raúl

Alconada Sempé, que estaba viajando en un vuelo de línea a Trelew para pasar la fiesta de fin de año en Rawson. Alconada regresó al día siguiente, pe-

ro fue hacia Pinamar para reunirse con el ministro Jaunarena, y luego ambos se reunieron con el ministro de Economía, Juan Sourrouille, el canciller,

Dante Caputo, y el ministro de Educación, Jorge Sábato. Después de analizar la información y desarrollar los posibles escenarios, viajaron a Chapad-

malal para compart ir la información y las conclusiones conmigo, y allí tomamos la decisión de rechazar algunas sugerencias militares de aplicarle a Rico

penas menores, como si Semana Santa hubiera sido una simple falta de dis - ciplina. Optamos por la mayor rigurosidad, aunque sabíamos que esto podía

ser el detonante de una nueva aventura carapintada. Si íbamos a entrar en una nueva cr isis militar, preferíamos que la gente, el gobierno y los mandos de las

Fuerzas Armadas estuvieran alineados en la defensa de la ley, y enfrente só- lo quedaran los militares rebeldes, cada vez más aislados.

Los conflictos dentro del Ejército cont inuaban. Caridi citó al capitán Gustavo Alsina para requerirle que presentara su pase a ret iro. Éste se negó

y se produjo un fuerte incidente verbal que terminó con Alsina arrestado. Ri- co abandonó la Escuela "General Lemos" y, perseguido por los periodistas,

se instaló en la quinta "Los Fresnos", en Bella Vista, propiedad de un yerno del dir igente conservador Guillermo Fernández Gil. Rico ocupó los días si-

guientes en la preparación de su nueva conspiración. Recibió a numerosos visitantes, mantuvo contactos con diversos oficiales en act ividad y en ret iro

y trasladó armas al lugar. Rodeado permanentemente por sus seguidores, concedió frecuentes entrevistas periodíst icas. Simultáneamente, ejerció pre-

siones polít icas: Fernández Gil mantuvo dos reuniones con el ministro del Interior, Enr ique Nosiglia, y una, el 10 de enero, con el ministro Jaunarena.

En todas se convirt ió en el vocero de Rico y reclamó el reemplazo del jefe del Estado Mayor, alertando sobre la eventualidad de un nuevo levantamien-

to. Resolví entonces requerir le al general Caridi que acelerara la situación y éste dispuso que el juez militar, coronel Beltramino, convirt iera la prisión

prevent iva atenuada en rigurosa, lo cual implicaba el traslado de Rico a una unidad militar. Allí estalló la crisis. Antes de ser not ificado de la resolución,


Rico formuló una declaración pública, desconociendo la autoridad de Caridi

por "coacción moral, prevaricato e ilegit imidad del mando" y previno sobre un posible "enfrentamiento interno de la fuerza". De inmediato y a pesar de

la vigilancia policial, desapareció de la quinta "Los Fresnos". Durante unas horas no se supo de él hasta que reapareció el 16 de enero

de 1988 en el Regimiento 4 de Infantería de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Desde allí envió un radiograma a todas las unidades del Ejército,

reiterando su desconocimiento a la autoridad de Caridi por "incumplimiento de los compromisos contraídos", planteando como objet ivos "la solución po-

lít ica a las secuelas de la guerra contra la subversión, el cese de la campaña de desprest igio contra las Fuerzas Armadas y la recuperación de la dignidad y uni-

dad del Ejército" e informando que, a part ir de la hora cero del 17 de enero instalaba "el puesto de comando en esa unidad militar". Con esto, convocó a

sus amigos y se dispuso a resist ir, esperando que la extensión temporal de la crisis favoreciera su posición.

Esta vez, en cambio, la situación interna del Ejército no le habría de ser favorable. Algunos jefes fueron relevados de sus mandos en La Plata, Guale-

guaychú y San Nicolás. Se produjeron intentos de levantamiento en las unidades de San Luis, San Juan y Las Lajas (Neuquén), que fueron abortados a las

pocas horas. Sólo obtuvo la solidar idad del regimiento ubicado en Rospenteck, cerca de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, cuya lejanía lo neutraliza-

ba como factor de decisión, y alcanzó un momentáneo tr iunfo en Tucumán, donde el teniente coronel León, que había sido relevado después de Semana

Santa, logró hacerse cargo del Regimiento de Infantería 19 e iniciar la que lla- mó la "Operación Virgen de la Merced". Ésos fueron sus apoyos.

En aquellos días de enorme angust ia, en el gobierno procurábamos conservar el ánimo y el sent ido del humor, aunque a veces tuviéramos que reír -

nos de situaciones extremas que deberían habernos hecho desesperar. Recuerdo que durante Semana Santa, el sábado 18 de abr il, a las 2.30 de la

madrugada, llegó una información acerca de la salida de un grupo de veinte comandos desde Campo de Mayo hacia la Casa Rosada con la intención de

asesinarme. Esa misma información le llegó a varios de mis colaboradores, quienes se dirigieron inmediatamente a la Casa de Gobierno, sin que nadie los


parara en d trayecto. Cuando los vi llegar, me causó gracia ver a estos cinco

amigos que venían a "preservarme" de esos veinte comandos, y los saludé di- ciéndoles que gracias a su presencia me podía ir a descansar tranquilo. Enrique

Nosiglia, Leopoldo Moreau, Carlos Becerra, Raúl Alconada Sempé y Ezequid Lanusse permanecieron en el despacho presidencial, junto con los colaborado-

res civiles y militares que ya estaban en la Casa Rosada. Cuando importantes oficiales presentes hicieron su análisis sobre la fact ibilidad dd supuesto ataque co -

mando, uno de ellos sostuvo que los atacantes podrían entrar por la ventana, en ese mismo instante, y matamos a todos en un segundo, sin ninguna posibilidad

de resistencia por parte nuestra; otro, en cambio, más risueño, sostuvo que nunca llegarían, pues se perderían en el camino o los detendr ía un agente de tránsi-

to por pasar un semáforo en rojo. Uno de mis colaboradores les pidió que pre- sentaran una versión "promedio" porque resultaba un tanto esquizofrénico

estar esperando que entraran a matamos a todos y al mismo t iempo especular con que esos mismos comandos se perdieran en alguna calle de Buenos Aires.

En ese momento, un funcionar io muy cercano estaba en el mismo despacho oyendo su vieja radio Spica. Cuando Alconada lo vio, le preguntó qué

estaba escuchando, y el amigo le contestó que sintonizaba Radio Colonia, "para saber qué pasa". Alconada le respondió: "Mirá, estamos en el despa-

cho del Presidente, y se supone que es el lugar que t iene la mejor informa- ción del país. Si los militares se enteran que estamos siguiendo la crisis por

Radio Colonia, estamos hechos mierda... Por la buena imagen de la empresa es preferible que los comandos nos maten de sorpresa antes que enterar-

nos que entraron a la Casa de Gobierno por Radio Colonia". La mayoría se rió con el comentario, salvo el dest inatario, que se ret iró a otro despacho e

insist ió con su capricho de saber qué estaba pasando. Otro episodio parecido ocurrió durante la crisis de Monte Caseros. En

esos momentos funcionaba un desordenado flujo de información originado en los servicios de inteligencia, que incluía a fuerzas de segur idad nacional y

provinciales, part idos polít icos, organizaciones estudiant iles y gremiales, y también periodistas. Esta información llegaba a la Secretaría General de la

Presidencia, donde permanecían muchos dirigentes durante las crisis. El secretario Car los Becerra la transmit ía, en este caso, a Raúl Alconada Sempé,


que era secretario de Defensa. En la víspera de la rendición definit iva de

Rico, se llevó a cabo una reunión en el Mjnisterio de Defensa de la que par - ticiparon el ministro Jaunarena, los tres secretarios del área -Rodríguez

Giavarini, Lladós y Alconada Sempé- y los jefes o subjefes de Estado Mayor Conjunto y de las tres fuerzas. Llamó Becerra y le comunicó a Alconada que

había problemas en Tucumán. Alconada comentó a sus interlocutores su preocupación por la información recibida.

-Parece que hay problemas en Tucumán. -No puede ser, señor. Estaba todo en orden en Tucumán.

-General, ¿por qué no chequea? -¿Me permite que lo haga, ministro?

-Sí, general. -¿Me permite el teléfono, ministro?

-Sí, general. -Buenas noches (por teléfono), habla el general... ¿Hay algún pro blema

en Tucumán? (Silencio.) Ah, sí, entraron al cuartel (cuelga). Hay problemas, ministro, en Tucumán.

Quince minutos más tarde, se produjo otra llamada de Becerra a Alconada. -Parece que hay problemas en San Luis.

-No puede ser, señor. Estaba todo en orden en San Luis. -General, ¿por qué no chequea?

-¿Me permite que lo haga, ministro? -Sí, general.

-¿Me permite el teléfono, ministro? -Sí, general.

-Buenas noches (por teléfono), habla el general... ¿Hay algún problema en San Luis? (Silencio.) Ah, sí, entraron al cuartel (cuelga). Hay problemas,

ministro, en San Luis. Diez minutos más tarde, hubo otra llamada más de Becerra.

-Lamento insist ir con tantos problemas, pero parece que ahora hay pro - blemas en San Juan.

-No (enfát ico), eso sí que no, porque allí está el coronel... y allí no puede pasar nada, señor. En San Juan todo está en orden.


-General, ¿por qué no chequea? Mire que vamos 2 a O.

-¿Me permite que lo haga, ministro? -Sí, general.

-¿Me permite el teléfono, ministro? -Sí, general.

-Buenas noches (por teléfono), habla el general... No hay ningún problema en San Juan, ¿verdad? (Silencio, más profundo y más prolongado.) ¿El

coronel está encadenado? (Colgó.) Encadenaron al coronel, ministro. Risas y nervios fueron una sola cosa. Jaunarena y los secretarios recono-

cieron más tarde que pocas veces una frase había sintet izado con tanto dramat ismo el desconcierto y la sensación de incert idumbre. De todos modos

prefirieron reconocer que al menos el general tenía razón sobre la lealtad del coronel. En consecuencia, había que abandonar el pesimismo de la razón,

para abrazar, siguiendo a Gramsci, el opt imismo de la voluntad. El día siguiente debería ser mejor. ..o mejor. No cabía que fuera peor.

A diferencia de los sucesos producidos ocho meses antes, esta vez Rico quedó militarmente aislado. Fracasó en el intento de conseguir una act itud

solidar ia de parte del coronel Mohamed A1í Seineldín, en ese entonces en Panamá, pero que se encontraba en la Argent ina de vacaciones, pues sus ase-

sores sugirieron que se mantuviera alejado de un movimiento que olía a fracaso, posición ésta que provocó el rompimiento entre ambos. A diferencia

de lo sucedido en Semana Santa, durante los hechos de Monte Caseros el general Caridi logró que una porción considerable del Ejército se movilizara

para la represión y no quedara neutral. De esta manera, a pesar de la habitual cuota de confusión existente en los primeros momentos, la balanza pareció

inclinarse decisivamente en favor del t itular del Estado Mayor. Entretanto, la situación general originó otras novedades dramát icas.

En la mañana del 18 de enero de 1988, un pequeño grupo comando to- mó por asalto el Aeroparque "Jorge Newbery" de la ciudad de Buenos Aires.

Se trataba de un núcleo reducido de ultraderecha de la Fuerza Aérea, liderado por el comodoro ret irado Luis Fernando Estrella e integrado también por

civiles ultranacionalistas part idar ios de la acción directa. Este grupo, con la consigna "Dios 10 quiere", se proponía eliminar físicamente al jefe del Esta-


do Mayor de la Fuerza Aérea y avanzar sobre el poder. En menos de tres ho -

ras fueron controlados por tropas de la Gendarmería Nacional y cumplió una valiente labor allí e l entonces fiscal Anibal Ibarra, haciéndose presente en el

lugar con evidente riesgo para su integridad física. Quedó manifiesto que la posición del gobierno era mucho más sólida que en Semana Santa y que la

decisión de Rico de levantarse en armas carecía de respaldo en el E jército. La circunstancia de que el movimiento tuviera como protagonistas exclu-

sivos a oficiales subalternos fue un factor determinante para todos los jefes. La reiteración de la indisciplina había comenzado a cansar a los cuadros

castrenses. Además, la movida de Rico tenía evidentes mot ivaciones gremia - les y personales, lo cual alejaba las simpat ías de muchos que anteriormente

habían permanecido expectantes o en act itud de apoyo. El perfll polít ico que asumieron los carapintadas -exaltación de la acción directa, rechazo de las

normas legales- fue otro factor que contribuyó a su aislamiento. Por otra parte, la toma del Aeroparque por el grupo de ultraderecha liderado por el co -

modoro Estrella causó alarma, especialmente por la pública decisión de asesinar al jefe del arma y deshacerse del t itular del Estado Mayor Conjunto .

En consecuencia, decidimos aprovechar al máximo la situación y actuar con rapidez y energía. Aunque Rico mantuvo inicialmente una act itud sober-

bia y estaba convencido de la solidaridad masiva que iba a encontrar en el res- to del Ejército, un fuerte cerco militar quedó establecido en torno del cuar-

tel rebelde. El general Caridi se const ituyó en la zona de Monte Caseros, en tanto otras unidades, en especial las blindadas, se movilizaron hacia allí y

aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron la zona en clara act itud int imidato- ria. Mientras yo rechazaba un intento de mediación del gobernador de

Corrientes, el estallido de una mina de t ierra hirió gravemente a un oficial y a un suboficial que respondían a Caridi. Decidido a ut ilizar todos los recur-

sos, como una demostración de fuerza remit í un radiograma a los estados mayores con una orden explícita: '~nte situación militar Ejército Argent ino,

a efectos asegurar estabilidad inst itucional del Estado, alistar medios Fuerza Aérea y Armada a fin de entrar en operaciones en apoyo de la Fuerza Ejér-

cito. Coordinar empleo de medios con Estado Mayor Conjunto". El radiograma llevaba mi firma, y para ese entonces la movilización contra


los rebeldes se hizo general. Rico fue incapaz de resist ir la presión: se rindió

poco después de las cinco de la tarde del 18 de enero, sin ninguna condición, y fue trasladado detenido al penal militar de Magdalena. Algo más de dos ho -

ras después quedó definit ivamente sofocado el levantamiento de Tucumán, aun cuando el teniente coronel León logró huir. A las 19.30, el ministro

Jaunarena confirmó oficialmente que la situación en las unidades castrenses de todo el país era de "absoluta tranquilidad". La cr isis de Monte Caseros ha-

bía concluido y la democracia había ganado otra batalla. Rico y la gran mayoría de los part icipantes del levantamiento fueron a pri-

sión y quedaron virtualmente fuera del arma; se neutralizó una rebelión y los carapintadas se debilitaron como opción de poder interno. Por primera vez

desde los duros conflictos de los años 1955 y 1956, las sanciones alcanzaron también a los oficiales subalternos y a los suboficiales. Sesenta oficiales y 222

suboficiales quedaron detenidos a disposición de la just icia militar como resultado del levantamiento de Monte Caseros, aunque algunos recuperaron su

libertad poco después. Un mes más tarde había 396 militares procesados. De ellos, 127 permanecieron en prisión. En el mismo mes de febrero fue releva-

do el general Heriberto Auel; luego, otros dos oficiales. En marzo, el ret iro alcanzó a un teniente coronel, un mayor y dos capitanes. A mediados de año,

Cat idi puso en disponibilidad a otros diecisiete oficiales. Para noviembre de 1988 un centenar de oficiales y suboficiales quedaron fuera del arma por di-

versas cuest iones de t ipo administrat ivo, sin contar los que estaban bajo proceso por los sucesivos levantamientos.

Pero en diciembre de 1988 se produjo una nueva rebelión militar, que tuvo su epicentro en el regimiento de Villa Martelli y en la que aparece, ahora

sí a l frente del levantamiento, el coronel Seineldín. Se repet ían las secuencias de Semana Santa: los reclamos de los sublevados contenían el fin de los pro -

cesos judiciales y el desplazamiento de la cúpula militar; la sociedad mayori- tariamente observaba el nuevo episodio con gran fast idio y hartazgo. Me

encontraba una vez más ante la necesidad de hacer valer de manera contundente la autoridad presidencial. El intento sedicioso volvió a fracasar y sus

responsables quedaron a disposición de la Just icia.


La crisis de Villa Martelli2

Después de aplastada la rebelión de Monte Caseros, el general Car idi comen-

zó a reclamarme una amnist ía y además lo hizo públicamente, sosteniendo que debían admit irse como correctas las acciones llevadas a cabo durante el

gobierno militar. En un reportaje que concedió en enero, textualmente sostuvo que la amnist ía era deseable. Posteriormente, reivindicó la represión. Yo

conversé largamente con Jaunarena sobre la nueva situación y coincidimos en que a pesar de sus dichos, que evidentemente producían daño a nuestra

posición, Caridi era necesario para la unidad del Ejército y no planteaba pro - blemas inst itucionales. Llegamos a la conclusión de que su act itud de forta-

leza sobre los rebeldes podía favorecer una transición inst ituc ional exitosa, que era lo que más buscábamos.

En el mes de febrero de 1988 sufrí un fracaso muy grave al requerir del almirante Arosa el ret iro del capitán de corbeta Alfredo Ast iz. El jefe del Es-

tado Mayor de la Armada me expresó en un diálogo a solas, donde evidentemente se sent ía muy incómodo, que él no estaba en posición de tomar esa

medida. Mi insistencia provocaría su ret iro. Advert í que difícilmente otro aceptaría su cargo con esas condiciones y esto podría convert irse en una ca-

tástrofe. Entre otras cosas, irrazonablemente, consideraban a Ast iz un héroe en la lucha contra los ingleses y su padre, además, era un capitán de navío re-

tirado que gozaba de prest igio entre sus pares. 2 En esta parte soy deudor de mi querido amigo Simón Lázara. Una buena cantidad de los

datos provienen de su excelente libro El asalto al poder (Buenos Aires, Tiempo de Ideas, 1997).

Desde luego expreso mis propias opiniones y narro algunas anécdotas que pueden resultar

interesantes.

Entre los efectos perversos no quer idos que tuvieron las leyes de punto final y obediencia debida, y una de las circunstancias más dolorosas que me to -

có vivir en d gobierno, tengo que contabilizar el desprocesamiento de Ast iz y la consecuente resolución de la Junta de Almirantes de promover lo retroact iva-

mente al grado inmediato superior, medida que había estado suspendida mientras se encontraba bajo proceso. Les pedí a Jaunarena y a Alconada Sempé que

estudiaran la posibilidad de dar de baja a Ast iz por todo lo que significaba. Me


informaron que no se podía, porque se trataba de un oficial subalterno y que

las reglamentaciones indicaban que ésa era una facultad de cada fuerza. El comandante en jefe, insólitamente, no tenía jur isdicción sobre estos

oficiales. Seguramente se trataba de un resabio de los gobiernos militares para que cada fuerza conservara la competencia sobre su propio personal e im-

pidiera que un comandante en jefe de otra fuerza se le met iera en la propia. En el caso de oficiales super iores es dist into, porque el Presidente t iene que

firmar los pliegos para enviarlos al Senado y t iene la posibilidad de impedir el ascenso. En este caso se trataba de una facultad exclusiva de la Junta de Al-

mirantes y del jefe del Estado Mayor de la Armada, y lo único que podía hacer yo, sin violar la ley y los reglamentos, era emit ir una opinión no vinculan-

te dirigida a ellos, aconsejando que no se promoviera dicho ascenso. Se discut ió muchísimo, porque exist ía el riesgo polít ico de que no fuera tenida

en cuenta la opinión del Presidente y comandante en jefe. Finalmente opté por firmar la nota, aunque más no fuera para cumplir con un imperat ivo ét i-

co. Lamentablemente tuvo razón Jaunarena, y la Armada no tomó en cuenta mi oposición a dicho ascenso. Pensé en remover a los almirantes que ha-

bían desoído mi clara opinión sobre Ast iz, pero no lo hice porque cualquier alto oficial que los reemplazara tendría la misma posición.

Pero el caso Ast iz me produjo decepciones más grandes aún, ya que si bien era previsible la act itud de los oficiales de la Armada, no lo era la de al-

gunos dir igentes polít icos. En la planta alta de un restaurante de la calle Vicente López, entre Callao y Ayacucho, se reunieron Jaunarena y Alconada

Sempé con dos representantes del just icialismo para procurar e l respaldo del principal part ido opositor ante una eventual crisis que pudiera desatarse a

raíz de mi decisión de impulsar la dest itución de Ast iz. El resultado de dicha reunión fue decepcionante y patét ico. A cambio del respaldo solicitado, uno

de los representantes just icialistas, que era diputado nacional, p idió la renuncia del ministro de Economía, Juan Sourrouille. Pedir la salida de un minis -

tro para apoyar algo que tendría que haber surgido espontáneamente fue un gesto inadmisible.

Anter iormente, otro diputado nacional opositor había pedido, después del triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires, "una cuota" de los co -


roneles que serían ascendidos a general, porque había un "nuevo mapa del

poder". Era una metodología polít ica corriente que confundía la necesar ia negociación y los acuerdos que deben exist ir entre los part idos.

Una sucesión de amenazas de todo tipo y actos terroristas producidos por la ultraderecha me acosaron durante todo 1988, mientras los aconteci-

mientos polít icos y económicos aumentaban las dudas sobre la gobernabilidad del sistema. Yo pensaba, en noches de insomnio, que una nueva crisis

militar podía convert ir en inviable mi gobierno, pero nunca jamás se me pa- só por la cabeza admit ir la posibilidad de una amnist ía.

Mientras tanto, luego de la derrota en su idea de controlar el Ejército, los carapintadas cambiaron drást icamente su actitud y adoptaron otra estrate-

gia: se sumaron a las crít icas al gobierno y a los reclamos por la situación económica y social del país. Poco a poco esta opción los llevó a avanzar so-

bre la polít ica nacional, apoyar los reclamos salariales, los paros decididos por la CGT, denostar la polít ica educat iva, denunciar las relaciones con los orga-

nismos financieros internacionales y afirmar una propuesta exageradamente nacionalista. Asimismo procuraron establecer relaciones con grupos que la

representaban, con sindicalistas, dir igentes del just icialismo y algunos grupos empresariales. Finalmente formarían el Movimiento por la Dignidad e Inde-

pendencia (MODIN), con el que entrar ían de lleno en la polít ica. La nueva act itud produjo una división entre los militares disconformes

con los mandos del Ejército. El coronel Seineldín, que había crit icado los le - vantamientos de Semana Santa y Monte Caseros al considerar su seguro fra-

caso, despreciaba la polít ica y afirmaba que no había votado nunca. Elit ismo, fundamentalismo, clericalismo ultramontano, culto por la fuerza, eran las cla -

ves de su ideología. Cuando Car los Menem triunfó en las elecciones internas del just icialis-

mo y se convirt ió en el candidato de ese partido a la presidencia de la Na- ción, Seineldín, acompañado por Rico, según creo, aprovechó la fama ant i-

peronista de Caridi para lanzar la versión según la cual éste se disponía a impedir el triunfo del Part ido Just icialista. Simultáneamente, Seineldín se

vinculó con el candidato peronista y sus amigos. La derrota de Cafiero significó un cambio drást ico en las relaciones con


el radicalismo. Yo había mantenido una reunión en Olivos con los líderes de

la renovación: Cafiero, De la Sota, Grosso y algún otro que no recuerdo. En esa oportunidad tomó la palabra Cafiero, quien sostuvo que si bien just icia -

listas y radicales eran dist intos, debíamos procurar definir comunes denominadores que permit ieran defender las inst ituciones y mejorar la economía del

país. Luego de un cambio de opiniones, estuvimos de acuerdo en la necesidad de encontrar coincidencias, ya sean explícitas o implícitas.

El just icialismo, de a poco, giró su posición en la act itud con los militares y pasó de un claro apoyo a las inst ituciones desde Semana Santa, hacia

una posición cada vez más crít ica, tal cual se manifestó en la crisis de Villa Martelli. Apareció el "grupo Olieros", organizado por el contador José María

Menéndez, y se estrecharon las relaciones con el grupo Bunge y Born en busca de apoyatura económica.

Con bastante claridad, Seineldín expuso silenciosamente a sus allegados las que serían líneas estratégicas del sector fundamentalista del Ejército en re-

lación con el candidato. Se trataba de convencerlo de la probabilidad de realizar un "golpe prevent ivo" por la conducción del arma. Se hacía entonces

conveniente lograr un cambio en los mandos del Ejército. En definit iva, ésa fue la razón del levantamiento de Vilia Martelli en diciembre.

Durante la primera semana de diciembre se me comunicó que había aumentado la intranquilidad en el Ejército. La SIDE me había informado

del problema. Incluso los diarios comenzaron a hablar de un posible conflicto de gravedad. Un elemento incidía en el ánimo de Seineldín: la Jun-

ta de Calificaciones del Ejército, al negar le el ascenso que había sido insi- nuado por Menem al propio Jaunarena, lo colocaba en situación de pedir

su ret iro. El primero de diciembre, una unidad comando de la Prefectura Naval Ar-

gent ina, conocida como Albatros, desapareció durante la noche llevándose armas y dos camiones. Jaunarena se enteró el 8, durante un acto de despedi-

da al grupo antárt ico. De inmediato se puso en contacto con el jefe del Ejér- cito, quien le afirmó que se estaba esperando "algo así".

Yo me encontraba fuera del país. Estaba en México para asisrir a la asun- ción del presidente Salinas de Gortari. México parecía entrar en un período


de cambios, aunque las denuncias de fraude electoral habían enturbiado al-

gunas esperanzas. Yo tenía buenas relaciones con el presidente saliente, Miguel de Lamadr id, ya que integramos el Grupo de los Seis por la paz y el

desarme mundial y nos habíamos encontrado en varias reuniones de Estado desde que vino a Buenos Aires en 1984. Este encuentro protocolar traía una

novedad: Fidel Castro volvía a México, la ciudad que había abandonado con el legendar io Granma treinta y dos años antes.

En un almuerzo privado intenté convencer lo (ya habían comenzado la perestroika y la g/asnost) de que iniciara un lento proceso polít ico a través del

cual promoviera una reforma const itucional y se apoyara en las cooperat ivas conservando la salud, la t ierra y la educación en manos del Estado. Rápida-

mente me contestó: "Cómo hago para crear esa gran república cooperat iva y defenderme al mismo t iempo de Reagan". Yo le dije, sonr iente: "Con vos

no se puede hablar. Te invito a Chascomús a comer pejerrey cuando termi- ne tu mandato". "Y para qué vas a esperar tanto", respondió.

En la noche del viernes 2 de diciembre llegamos a Nueva York. Estaba previsto que hablara al día siguiente ante la Asamblea General de las Nacio -

nes Unidas presidida por Dante Caputo. Al día siguiente, muy temprano, cuando me disponía a corregir el discurso, me comunicaron que Seineldín se

había sublevado en Villa Martelli. Mientras esperaba una comunicación con Buenos Aires, pedí hablar con el br igadier Teodoro Waldner, jefe del Estado

Mayor Conjunto, que integraba la comit iva. Al comunicar le la novedad, el br igadier me escuchó en silencio y con gesto indignado dijo: "Lo creía un

hombre de bien. Me había promet ido que nunca lo haría". Luego de pronunciar mi últ imo discurso en la Asamblea General de las

Naciones Unidas part imos hacia Washington, donde tenía una entrevista con el presidente electo, George Bush. Éste nos esperó en la puerta de su casa

junto con su mujer. También estaban presentes el secretario de Estado, George Schultz, e l secretario del Tesoro, Nicho las Brady, el secretario adjun-

to para Asuntos lnteramericanos, Elliot Abrams, y el secretario de Estado, James Baker. Naturalmente, los episodios de Buenos Aires ocuparon gran

parte de la conversación. Comencé mi intervención muy preocupado. Afirmé que América Lat i-


na había hécho un gran esfuerzo de reconstrucción democrát ica, pero que

en ese marco económico internacional las democracias estaban jaqueadas por la pobreza y la desigualdad creciente. Así no habría futuro para los pue-

blos. La deuda externa agobiaba y asfixiaba las posibilidades de crecimien- to. Dije que hasta ese momento el sistema democrát ico resist ía, pero que el

desarrollo exigía conductas racionales, y la racionalidad era muy difícil de mantener en un marco de pueblos desesperanzados. Por estas razones cre-

cía el populismo, que con promesas demagógicas y sin sustento encerraba a los gobernantes y a los polít icos reformadores, racionales y democrát icos.

Insist í en que el principal enemigo era el populismo, que con sus promesas ganaba elecciones pero al no cumplir las profundizaba la crisis, el desalien-

to y la pobreza. El peligro era que los pueblos terminaran descreyendo de la democracia y buscaran la salida ya no dentro del sistema democrát ico si-

no fuera o contra él. Sostuve que con el populismo no había previsibilidad, que era inestable por su naturaleza y que resultaba difícil enfrentarlo cuan-

do no se ut ilizaban los mismos métodos. Sostuve que la clave para dar solidez a las democracias reformadoras y ra-

cionales estaba en encontrar y consensuar una solución duradera frente a la deuda externa y que esa clave la tenían los países centrales. Pedí ayuda para

que la deuda no empujara a la desesperanza que desemboca en el populismo. Bush escuchó atento. Su pregunta se apartó del presente: " ¿Y Perón? ¿Cómo

entra Perón en su definición de populismo?". No sé por qué, pero por un momento recordé el libro-tesis de Jeanne Kirpatrick donde afirma: "El gol-

pe de Estado de 1955 desalojó al peronismo del poder; el de 1966 cerró para siempre sus posibilidades de retorno". Supongo que Bush insinuaba que

Perón podría haber sido populista, pero no por eso débil o inestable... Fal- taba que agregara que con un Perón se podía negociar. Yo no quería cargar

tintas sobre el pasado, pero me pareció que Bush no demostraba mucha simpat ía por mi definición de la democracia racional, reformadora y previsible.

Para colmo, hablamos de Cuba y yo fui absolutamente sincero en mi po - sición. De todos modos, pensé, "la conocen perfectamente y no voy a venir

aquí en act itud mendicante". Las protocolares palabras fmales del anfitr ión fueron frías: "Con mi team estudiaremos todo lo vinculado a América Lat ina".


y agregó: "Pero no tengo soluciones inmediatas". Eso quer ía decir mucho,

como después lo comprobamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Yo, más ser io, me sentí en la obligación de remarcar: "Só -

lo vine a traerle un mensaje y una preocupación, señor Presidente". Mientras tanto, en Buenos Aires, Caridi aseguraba que controlaba la situa-

ción, a pesar de que se habían producido insuborilinaciones en los regimientos 3 de La Tablada, 7 de La Plata y en la Compañía de Comunicaciones 10

de Arana (La Plata), todas protagonizadas por oficiales de bajo rango. Cari- di sólo ordenó la instrucción de sumarios, puesto que sus mandos permane-

cían leales al Estado Mayor. La situación, en realidad, era muy confusa, pero rápidamente se iba a acla -

rar. En la noche del 30 de noviembre de 1988, Seineldín ya había aterrizado en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay, procedente de Panamá, acompañado por

Patricio Videla Balaguer. En la mañana siguiente se encontraron en Colonia con Enrique Grassi Susini, un oscuro dirigente ultraderechista, y en la madru-

gada del 2 de diciembre d coronel ingresó a la Escuela de Infantería y comu- nicó a todas las unidades que desconocía la autoridad del jefe del Estado Ma-

yor, a quien acusó de "incumplimiento de los compromisos contraídos". Casi al mismo t iempo, las unidades de La Tablada y La Plata, ya en ma-

nos de jóvenes oficiales, expresaron su adhesión. También se rebeló el grupo Albatros. La policía bonaerense, en tanto, detuvo a Guillermo Fernández

Gil y a su yerno, Salvador Lent ini, cuando trataban de entrar a la unidad. A las tres, Seineldín dio a conocer sus objet ivos: "Fin de los ju icios, ley de pa-

cificación y amnist ía, nuevo rol para el Ejército, incrementos salariales y mayor presupuesto militar".

Cuando el ministro de Defensa me informó lo que sucedía respondí: "Hay que reprimir y no quiero negociación". Yo tenía la tranquilidad de que

al frente del Ejecut ivo estaba el vicepresidente Víctor Mart ínez. La decisión de rechazar cualquier intento de negociación tuvo que ser

acompañada por una orden explícita de autorizar el uso de la fuerza para reprimir a los rebeldes. El ministro Jaunarena le envió al vicepresidente

Mart ínez el documento pert inente, para que él, en ejercicio del Poder Eje- cut ivo y como comandante en jefe, lo firmara. Víctor Mart ínez recibió el


documento y llamó a Raúl Alconada Sempé -que, si bien todavía era vice-

canciller, acompañaba a Jaunarena durante esos días- y le pidió que fuera a verlo. Cuando llegó a la Casa de Gobierno, 10 hizo pasar al despacho presi-

dencial y lo recibió con una broma, diciéndole que "salvo el acta matrimo- nial, nunca había tenido que firmar algo tan grave". Víctor Mart ínez, con

una gran emoción, le dijo que antes de firmar quería verlo a los ojos. Comprendo su act itud, porque yo también lo viví. En ese requer imiento se

test imoniaba la angust ia de un ser humano que t iene plena conciencia de que un acto suyo puede costarle la vida a otro ser humano, e independien-

temente de que se tenga la convicción de la necesidad de preservar el orden const itucional, dar la orden de abrir fuego y matar a una persona es algo que

violenta, al extremo, a toda persona bien nacida. Cuando regresé a Buenos Aires tuve la impresión de que nos encontrába-

mos frente a una especie de tregua, porque Seineldín permanecía en Campo de Mayo. Dirigentes polít icos, sindicalistas y empresarios llegaron a la Casa de

Gobierno para manifestarme su solidaridad y recibir información. Con anterioridad, en la tarde del día 2, se inició un t iroteo en tomo de la Escuela de

Infantería y se ut ilizaron armas pesadas. El incidente duró más de una hora y dejó como resultado cuatro heridos. Poco después, Caridi y Seineldín se reu-

nieron secretamente cerca del puesto de comando que el jefe del Estado Ma- yor estableció en el Parque Saavedra. Todo pareció indicar que se había esta-

blecido una tregua no oficializada hasta mi retorno. Según se me informó, Caridi asumía los reclamos de los rebeldes y pedía t iempo para concretarlos.

En realidad, los dos requer ían un plazo para definir sus adhesiones. Caridi de- signó al general Cáceres al frente de la represión y el general Arr illaga d irigió

los disparos de la art iller ía y los morteros. El 3 de diciembre, el general Caridi arribó temprano a la Casa de Gobier -

no. Junto con Jaunarena examinamos la situación. Cuando Caridi habló de amnist ía, le contesté de inmediato: "jNi pensar lo!", tras lo cual me preguntó

cómo debía actuarse frente a Seineldín. "General, usted sabe lo que t iene que hacer", le contesté.

Yo estaba preocupado por la act itud del menemismo, pero esperaba que se posicionara para evitar una ruptura del proceso electoral. No pude, en mi afa-


nosa búsqueda telefónica, encontrar a Menem por ninguna parte. Tuve la impre-

sión de que estaba jugando de "aprendiz de brujo". Caridi se reunió nuevamente con Seineldín y le advirt ió que su ataque era contra el propio gobierno.

Tiempo más tarde me entero de que en un programa de radio, Seineldín, en los días en que se firmó su indulto, habría manifestado que Menem estaba

informado previamente de sus planes de alzarse contra mi gobierno. Si fuera cierto, se entender ía por qué me fue tan difícil ubicarlo en ese momento.

De regreso a la Escuela de Infantería, Seineldín cambió impresiones con su segundo, Jorge Tocallino, y de inmediato abandonaron Campo de Mayo

para instalarse en Villa Martelli, que ofrecía mejores condiciones de resistencia. Todos se preguntaban cómo había sido posible que salieran de Campo

de Mayo y llegaran a dest ino sin reacción de las fuerzas que rodeaban la Es- cuela de Infantería. Algo estaba fallando.

En la noche del 3 de diciembre me dirigí al país para anunciar que había "impart ido las órdenes para que se sofoque al grupo insurrecto lamentando el

empleo de la fuerza y deplorando que se ponga en juego la vida de nuestros conciudadanos". En una exposición breve crit iqué severamente la "recurrente

act itud sediciosa de una fracción del Ejército", la que "provoca hechos que, aunque minúsculos, minoritarios y absurdos, conspiran contra el esfuerzo co -

lect ivo y contra el sistema de convivencia, tolerancia y libertad". Casi de inme - diato, el Estado Mayor informó que "los rebeldes exigían cambios en el gobier-

no y autoridades nacionales, el relevo del jefe del Estado Mayor y su reemplazo por un general elegido por ellos". Caridi las calificó de "condiciones inadmisi-

bles, porque vulnerar ían la Const itución Nacional y la estructura legal". En un comunicado, Seineldín sostuvo que la "Operación Virgen del

Valle" -así habían tenido el tupé de denominarla- carecía de motivación po- lít ica, obedecía a causas militares y sus objet ivos no ponían en peligro a las

inst ituciones democrát icas. Desde luego, muy pocos le creyeron: en ese momento, la Asamblea Legislat iva, a la que convoqué una vez más, como lo ha-

bía hecho durante la crisis de Semana Santa, se pronunció unánimemente condenando la act itud de los sediciosos, en tanto una importante moviliza-

ción popular se realizaba en la Plaza del Congreso. La batalla no fue solamente por escr ito. Nuevamente se generalizó el re-


pudio popular a la intentona y comenzaron a efectuarse movilizaciones en

diferentes puntos del país. Informada por la radio y la televisión, mucha gente se dirigió hacia el complejo militar de Villa Martelli, donde la situación se

agravó con t iroteos e intentos de represión policial. Al mismo t iempo, unidades blindadas comenzaron a movilizarse, por lo que Caridi ordenó el tras-

lado de tropas del interior del país. El enfrentamiento armado parecía inevitable. Seineldín expresó que "era

impensable" que desist iera de su acción "a menos que los reclamos fuesen aceptados". La conducción del Ejército reiteró que respaldaría con la repre-

sión las decisiones del poder const itucional. A las tres de la tarde, el Estado Mayor anunció que había "completado el cerco" de la unidad rebelde. Lue-

go hubo dos novedades de importancia: se había rendido la Escuela de In- fantería, mientras que la IV Brigada de Infantería Aerotransportada de Cór-

doba no acataba las órdenes de represión. El general Cáceres, nombrado jefe de las fuerzas de represión, sin consul-

ta previa envió una nota al coronel sublevado proponiéndole un encuentro y expresando que debía unirse el Ejército y preservar las inst ituciones: "Aflo -

jemos todos para el bien de la fortaleza de nuestro Ejército. Lo más feliz para mi espír itu ser ía que olvidando los rencores y odios nos demos un abrazo

de reconciliación". Seineldín aceptó y Cáceres se hizo presente en Villa Martelli, luego de co -

municar a Caridi el paso que daba y la posibilidad que se abría. Caridi, que conocía muy bien mi posición en contra de cualquier negociación, esperó el

resultado de las conversaciones para dar el parte correspondiente. De esta manera, la búsqueda de un acuerdo se realizó exclusivamente entre los militares.

Mientras esto sucedía, Caridi hizo un gesto conciliatorio: los tanques y las fuerzas que le respondían retrocedieron levemente sobre sus posiciones y se

alejaron de las puertas de la guarnición. Más tarde, los generales Caridi y Cáceres tuvieron una reunión con Seineldín y Tocallino. Yo me enteré del

diálogo, aunque desconocía los términos en que se efectuaba. Al promediar la tarde se arribó a un acuerdo. Caridi firmó junto con Sei-

neldín un acta con los puntos coincidentes, de la que sería garante el general Cáceres. Luego se dirigió a informar al ministro de Defensa. Pero no todo ha-


bía terminado. El regimiento de Mercedes mantenía su posición rebeldes y en

las últ imas horas de la tarde grupos de manifestantes reaccionaron airada- mente ante las not icias de un posible acuerdo con los sublevados. Primero se

enfrentaron con los guardias de la unidad, los Albatros, y luego fueron muy duramente reprimidos por la policía de la provincia de Buenos Aires y la Po -

lic ía Federal. El resultado fue espantoso: tres muertos y cuarenta heridos. A la noche, por tercera vez en menos de dos años, expresé a los per iodis-

tas que la cr isis había concluido. El jefe rebelde estaba detenido y sería so - c; met ido a la just icia militar. A la mañana siguiente apareció Menem, a quien

hasta ese momento no había podido encontrar, y me expresó su solidaridad por teléfono. Por supuesto, yo no estaba dispuesto a que se cumpliera un

acuerdo que había sido decidido exclusivamente por los sectores militares y que se compendiaba en cinco puntos: desplazamiento del general Caridi, am-

nist ía para los sublevados de Semana Santa y Monte Caseros, incremento presupuestario y aumento de salarios, exclusividad de la responsabilidad so -

bre las espaldas de Seineldín, y reivindicación de la lucha ant isubversiva y de la guerra de Malvinas. De hecho, la situación de Car idi estaba definida por su

misma act itud. Decidí designar a su sucesor, el general Francisco Gassino, y preservar al resto del mando que había acompañado al anterior t itular.

En cuanto a lo demás, expresé que "el límite máximo al que llegamos fue la ley de obediencia debida", a pesar de los reclamos militares y la insistente

presión de una parte del just icialismo. Cuando dejé el gobierno, el 8 de julio de 1989, siete altos jefes habían sido condenados y 27 procesados por vio la-

ciones a los derechos humanos, tres condenados por la guerra de Malvinas, y estaban en curso 92 procesos y 340 sanciones disciplinar ias por los tres le -

vantamientos (Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli). Poco tiempo después, el nuevo presidente los indultó.

Cabe destacar que el sector renovador del just icialismo había condenado el levantamiento de Villa Martelli y crit icado el acuerdo final. Todos los par -

tidos polít icos y grupos empresariales condenaron y repudiaron la rebelión de Villa Martelli. Pero hubo sectores en el menemismo que no tuvieron re-

paro en exhibir la posición contraria, como sucedió con Luis Barrionuevo, que afirmó que Seineldín era "el jefe polít ico del Ejército".


En los primeros días de enero de 1989 se formó una comisión conjunta

con el menemismo para tratar asuntos militares, de la cual fue enlace César Ar ias. Todos los miércoles se realizaba un almuerzo. Patricio Videla Balaguer

introdujo a Gustavo Béliz y a Raúl Granillo acampo. Carlos Cañón se sumó a través de sus contactos militares.

No cabe duda de que el papel de César Arias fue uno de lo s más relevantes en estas relaciones. Así lo reconoció el propio Seineldín, respondiendo a

preguntas en el ámbito judicial, cuando sostuvo que "el doctor Arias una vez por semana almorzaba conmigo y yo le explicaba todos los problemas, que

él llevaba al doctor Menem". Pero fue César Arias quien, posteriormente, dio gravísimas precisiones de una extraordinaria magnitud inst itucional, a l expli-

car que las conversaciones con Seineldín tenían por objeto asegurarse que éste pudiera garant izar una act itud del mando super ior del Ejército que no

pretendiera bloquear el eventual triunfo de Menem, sea por la vía de inte- rrumpir el proceso electoral, sea por presionar al Colegio Electoral para con-

sagrar a otro candidato. En otras palabras, estaba reconociendo que en el caso de tener mayor ía de votos, pero no en el Colegio Electoral, el coronel se

const ituiría en garante del respeto a la mayoría electoral. A buen entendedor, pocas palabras.

Pero faltaba aún conocer el hecho más importante: el encuentro personal de Seineldín con el propio Menem. Recordemos que dieciocho meses des-

pués de que asumiera la presidencia, Menem debió soportar un dramát ico le - vantamiento encabezado nuevamente por Seineldín, a quien él mismo había

indultado por su part icipación en la rebelión de Villa Martelli. Detenido y somet ido a proceso, el 15 de diciembre de 1990 el detenido prestó declaración

indagatoria ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas acompañado por su defensor, e l general Américo Daher. En esa oportunidad manifestó

-y luego rat ificó ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, durante el ju icio público- que durante 1989, mientras se ha-

llaba detenido por su responsabilidad en el levantamiento de Villa Martelli, se entrevistó en varias oportunidades con Carlos Menem. La primera reu-

nión se concretó fuera del lugar asignado para su detención, después de la elección del 14 de mayo que consagró a Menem presidente de la Nación y


antes que éste asumiera el cargo.

Compartamos la versión que recoge Simón Lázara. Según Seineldín en su declaración ante el Consejo Supremo, el diálogo con Menem se llevó a cabo

el17 de mayo de 1989 y se desarrolló de una manera cordial: Como síntesis le planteé al doctor Menem allí la necesidad de colocar un buen ~

ministro de Defensa que tranquilizara las aguas dentro del Ejército y le pro- . '

puse al doctor ptalo] Luder, y le propuse de segundo al doctor Humberto

Romero. El doctor Menem me dijo: '~ceptado". Luego le propongo al

hombre que iba a arreglar la institución, que era el general Isidro [Bonifacio]

Cáceres. Di jo: '~ceptado. Ellos van a arreglarlo. Aceptado".

El doctor Menem, la noche del primer encuentro, me dijo: "Bueno, ¿y "

usted, señor coronel?". Y le digo: "Mire, doctor , yo ya terminé mi función. ,

Si yo termino resolviendo este problema de unidad, yo fmalizo". "No", di -

ce, "yo quiero que usted participe en mi gobierno". Entonces le digo: "Mi - ;;

re, yo ya no puedo volver a la Fuerza en actividad porque no voy a ser un

elemento de unidad". Me insiste de nuevo y yo le digo: "Bueno, ya vi que "

insistió". Le digo: "Si tiene alguna fuerza de combate, de reacción rápida ; '

de combate, yo puedo hacerme cargo, pero de retirado... Una fuerza anti -

narcotráfico, o antiguerrilla, de la que yo, de retirado, p odría hacerme car -

go y comandarla".

y luego le pedí un indulto para los comandantes que están presos.. .

Me di jo el doctor Menem: "¿Usted no se va a en fadar si también dejo libre

a Firmenich?". y yo le digo: "Doctor , con tal de que la institución deje de

estar presa como está, que salga".

Al conocerse el contenido de esta declaración ante el Consejo Supremo, el

diario Página 12 publicó el 27 de enero de 1991 un extenso art iculo en el que, además de otras consideraciones, se expresó:

La gravedad de los hechos narrados por Seineldín es indisirnulable: entrevis-

tas clandestinas del Presidente con un militar sometido a proceso por alzar -

se en armas contra el gobierno nacional; negociaciones con él sobre el pase

a retiro a oficiales superiores y jefes del Ejército; designación de sus reco-

mendados como ministro y secretario de Defensa y como jefe del Estado

Mayor del Ejército; su intervención en la cr isis que provocó el alejamiento


del primer secretario de Defensa [. . .]; la consulta acerca de facultades ind e-

legables del Presidente, como la de indultar a condenados por la Justicia; la

redacción de un documento sobre reorganización militar que Menem firmó

como prueba de compromiso.

La transcripción de la indagatoria a Seineldín no sólo pone en evidencia

la promiscuidad del gobierno con los facciosos. También es ilustrativa acer -

ca del movimiento y su promotor. Aunque pretenda que no se proponía

desbaratar el sistema institucional, describe su objetivo como colocar al

Ejército en las condiciones en que estuvo antes. Es decir , apuntando con

una pistola a la nuca del poder político.

Un especialista español en el tema militar también calificó con gran dureza esta misma cuest ión:

Hay que señalar que la actuación del "menemismo" como fuerza política se

ha inscripto en la peor tradición argentina de colaboración civil con el inter -

vencionismo militar, estableciendo contactos más o menos inconfesables

con los elementos activos y de mayor capacidad "golpista" del Ejército, lle -

gando con ellos a acuerdos y concesiones cuyo alto precio antidemocrático

irara vez queda sin pagar por el conjunto de la sociedad. (García, Prudencio,

El drama de la autonomía militar ; Madrid, Alianza, 1994.)

Otro golpe a la democracia: el asalto al cuartel de La Tablada

El 23 de enero de 1989 se produjo un trágico episodio que transformó la frá-

gil relación de fuerzas entre los sectores más recalcitrantes y retardatario s de la sociedad y el gobierno democrát ico. Fue un suceso que asestó un golpe

devastador a mi gest ión, que la debilitó considerablemente y que, por contrapart ida, a lentó a grupos de poder que -aunque todavía act ivos- carecían de

argumentos y bases de sus tentación. El grupo Movimiento Todos por la Pa- tria (MTP) se lanzó a una aventura criminal e irresponsable que consist ió en

atacar el cuartel de La Tablada simulando que eran miembros del movimien- to carapintada. La prédica de la derecha fundamentalista, que insist ía en que

grupos subversivos de extrema izquierda se estaban preparando para tomar


el poder y establecer una dictadura, se vio confirmada por medio centenar de

jóvenes que le brindaron en bandeja el argumento que necesitaban. La condena y el proceso de enjuiciamiento de más de trescientos milita-

res y civiles que part iciparon en la represión durante la dictadura militar que- dó opacada por esta operación. La versión de que nuestro gobierno estaba

diezmando a las Fuerzas Armadas para favorecer a los grupos subversivos obtuvo un nuevo impulso y sirvió como pretexto para que se insist iera en la

necesidad de una amnist ía que liberara a los detenidos y que reivindicara a los ex dictadores. Que el peligro de la subversión ultraizquierdista estuviera tan

latente, como, según esas usinas, demostraba el ataque al cuartel de La Tabla- da, se debía a nuestra polít ica de derechos humanos, incluyendo la Conadep

y el ju icio a las Juntas. Nada fue tan funcional a los propósitos de los militares carapintadas y de la derecha más reaccionaria como ese asalto criminal.

Realmente fuimos sorprendidos por esa aventura. Si bien teníamos infor- mación sobre el grupo MTP, nada nos hacía presumir que podían lanzarse a

un disparate de esa naturaleza, matando a soldados conscriptos inocentes y arriesgando a sus propios militantes. Luego comprobamos que en el grupo

atacante había muchos jóvenes que nunca habían disparado un arma y que ignoraban hacia dónde se dirigían hasta minutos antes de iniciado el ataque.

La ut ilización que los dir igentes del operat ivo hicieron de esos jóvenes puso de manifiesto el profundo desprecio por la vida y por el Nunca Más que tan-

to había proclamado la sociedad. La confusión generada en los primeros momentos llevó a pensar que se

trataba de una operación carapintada, debido a que en los alrededores del regimiento se hallaron volantes que alababan las figuras de Rico y Seineldín fir -

mados por un supuesto "Nuevo Ejército Argent ino" que prometía "aniqui lar al enemigo marxista".

La intención de los atacantes era emit ir rápidamente desde el cuartel di- j versos radiogramas a otras unidades militares, imitando el texto de los Pan

fletas con la sigla "Nuevo Ejército Argent ino", y una vez que se afianzaran en el copamiento del Regimiento de Infantería 3 (RI3) con una supuesta ayu-

da popular, difundirían nuevos mensajes por la red militar anunciándose co - mo un grupo de uniformados defensores de la democracia que habían logra-


do detener un intento golpista carapintada.

De acuerdo con las invest igaciones realizadas posteriormente, los hechos se sucedieron de la siguiente manera: una caravana de aproximadamen-

te una docena de vehículos, a cuyo frente iba un camión repart idor de be- bidas gaseosas robado horas antes, irrumpió en el regimiento luego de

violentar el portón de ingreso. Los ocupantes de esos vehículos bajaron y se desplazaron siguiendo un plan previamente establecido. Muchos ves-

tían uniformes militares y llevaban sus rostros tiznados para desorientar a los ocupantes del cuartel, que creyeron que se trataba de carapintadas. Al

grito de "Viva Seineldín" y "Viva Rico" se apoderaron de la guardia y to- maron como rehenes a los soldados. Uno de éstos, el joven Taddía, que

levantó los brazos en señal de rendición, fue muerto a mansalva por un disparo de los atacantes.

La presencia circunstancial de un suboficial de la policía bonaerense, que presenció el ingreso de los subversivos y avisó a sus superiores, permit ió

que la policía arribara al lugar rápidamente. El primero en llegar fue un pa- trullero a cargo del comisario García García, quien ingresó confiado al cuar -

tel para aver iguar qué estaba ocurr iendo. Un disparo de escopeta que lo de- jó malherido detuvo su marcha. Horas después este oficial murió.

La agresión cert ificó a la policía que no se trataba de militares insubordinados sino de un grupo guerrillero, y pocos minutos más tarde el cuarte l fue

rodeado por decenas de unidades policiales. La acción de esta fuerza fue cru- dal para frustrar el plan de los atacantes.

Es de imaginar el total desconcierto que produjo ese ataque. Mucho más si se considera que en el momento de ingresar al cuartel habían arrojado mi-

les de volantes en los que se reivindicaba a los carapintadas y se llamaba a resist ir "la campaña radical para destruir nuestras Fuerzas Armadas". Hasta

que confirmamos que efect ivamente se trataba de la sangrienta aventura de un grupo ultraizquierdista, no cabía en nuestras cabezas que desde esa fran-

ja ideológica alguien pudiera cometer un acto tan desat inado. El pr imer paso fue encargar al procurador general de la Nación, doctor Andrés D'Alessio,

que centralizara la invest igación del ataque. Mientras tanto, en el cuartel, comenzaron los enfrentamientos. En la in-


vest igación posterior, realizada por el juez federal Gerardo Larrambebere

y los fiscales Raúl Plée y Pablo Quiroga Olmos, se estableció que los soldados de la guardia que se rindieron "fueron obligados por sus captores a

asomarse por las ventanas a fin de que les indicaran el lugar de donde pro - venían los disparos". En el edificio de la Jefatura, un grupo de soldados

que se hallaban cuerpo a t ierra fueron "ut ilizados co mo parapetos por los incurso res que, a sus espaldas, disparaban contra las fuerzas militares y

policiales". El enfrentamiento, que se extendió durante todo el día y la noche, man-

tuvo a la sociedad en un estado de angust ia insoportable. En el amanecer del día siguiente, las decenas de muertos y heridos, la destrucción de edificios y

el humo de los incendios que tQdavía se alzaba hacia el cielo brindaban un espectáculo siniestro. La naciente democracia no se merecía esto. No había

merecido los levantamientos carapintadas, producto de la soberbia corporativa, y mucho menos merecía ahora la acción de otros iluminados que, final-

mente, pretendían lo mismo: la interrupción de un estado de derecho que trataba de afianzarse para siempre.

Curiosamente, los dos extremos se alentaban mutuamente. Nostálgicos de una violencia que en el pasado reciente había producido miles de muer-

tes, se cebaban otra vez con la sangre. El ataque a La Tablada, que tanto daño produjo a las inst ituciones, fue mo-

tivo de las más variadas e interesadas interpretaciones. Si ya resultaba difícil comprender los mot ivos que llevaron a ese grupo a actuar de una manera tan

disparatada, mucho más complejo fue establecer una versión que se acercara a la verdad. La proximidad de las elecciones t iñó a los medios de comunica-

ción de fabulaciones que favorecían o per judicaban, de acuerdo con ambicio - nes muy mezquinas, a unos u otros.

Tomé otra de las decisiones más difíciles de mi vida polít ica y decidí trasladar me al lugar en que estaban sucediendo los hechos. A las 11.30 de

la mañana del 24 de enero arribé a La Tablada. Todavía se escuchaban algunos disparos lejanos mientras recorría el cuartel en ruinas y trataba de

mantenerme firme frente al desolador espectáculo de los muertos que ya - cían a mi alrededor. Rodeado de oficiales con los rostros tiznados que me


custodiaban, no podía creer que después de haber sorteado con éxito va-

rios alzamientos militares, un grupo de extrema izquierda hubiera empuja- do a jóvenes inexpertos a vivir tamaña desventura somet iendo a la demo-

cracia a otra prueba de fuego. El siguiente es el texto de los panfletos lanzados por el grupo en los al-

rededores del cuartel de La Tablada (obsérvese el grado de delir io y confu - sión que se tenía):

Contra la campaña radical para destruir nuestras Fuerzas Armadas.

Contra la subversión marxista en el poder.

Contra el golpe de estado liberal de los generales corruptos y burocráticos

del proceso que quieren impedir las elecciones.

Damos inicio a las operaciones

Para aniquilar al enemigo marxista

Para reivindicar definitivamente la dignidad y el honor de nuestras Fuerzas

Armadas y nuestra patr ia.

Esto ya no es un problema interno de las Fuerzas Armadas sino de la

Nación toda.

Viva el coronel Seineldín.

Viva el teniente coronel Rico.

Viva la patr ia.

Nuevo Ejército Argentino

En la invest igación realizada por el juez Larrambebere aparecieron algunos

latos que ilustraron acerca de las característ icas del MTP. “A part ir del nuclea- miento orgánico y la cobertura legal que ofrecía el Movimiento Todos por la

Patria, sus más importantes dir igentes fueron conformando una estructura Militar paralela que, planteando la lucha armada como metodología, tenía co -

mo objet ivo inmediato alterar la vigencia de las inst ituciones establecidas por Const itución Nacional."

Los miembros del MTP fueron ubicados por el juez en estamentos dife - enciados: "aquellos que no sólo aparecen vinculados directamente con la di-

ección del operat ivo del copamiento al RI3, sino que, además, en el pasado inmediato integraron organizaciones subversivas", y aquellos "conspicuos


dirigentes dentro de la estructura del MTP".

El fallo con el que dictó la prisión prevent iva de los detenidos tomó en cuenta el documento “Aportes para la construcción del Movimiento Revo lu-

ionar io de Base", secuestrado en la quinta de Graham Bell 2780 de la loca- dad bonaerense de Moreno -que había servido de refugio a los atacantes-

respecto del cual el peritaje caligráfico permit ió determinar que debajo de la sigla MRB, en 17 oportunidades a todo lo largo del texto "se había estam-

lado originariamente la sigla MTP". El mencionado documento remarcaba lineamientos a part ir de una ca-

racterización de "los t iempos que vendrán", esto es, pasar de un marco le legalidad inst itucional a uno donde el orden const itucional llegara a

quebrarse, "por lo que es necesario prever la táct ica y la estrategia del movimiento".

De la invest igación judicial surgen detalles del "vasto plan insurreccional" estructurado por el MTP, que quedó trunco con el fracaso del golpe al RI3. La

cúpula del MTP citó en la finca de Graham Bell a los militantes de base elegidos para el copamiento y les informó sobre la inminencia de un golpe de Es-

tado encabezado por Seineldín y Rico. Para impedirlo, adujeron, era necesario tomar el RI3 y hacerse pasar por carapintadas. Como la mayor ía de los jóve-

nes no tenía exper iencia en el uso de las armas, fueron instruidos rápidamen- te y se les asignó el rol de combate que debía cumplir cada uno de ellos.

La Just icia secuestró un documento a uno de los atacantes en donde puede apreciarse cómo se manipuló a los part icipantes. Sintét icamente, la estra-

tegia adoptada consist ía en ocupar el cuartel, dar a conocer más tarde su condición de militantes populares y convocar al pueblo en masa que ingre-

sar ía a La Tablada para desde allí part ir hacia la Casa de Gobierno. El llama- miento incluía la instauración de un "nuevo gobierno popular", la creación

de un "nuevo ejército" (milicias populares) y "hacerse cargo del poder en to - das partes".

Para difundir esa versión, tenían preparada una proclama y contaban con altavoces. También habían efectuado previamente el relevamiento de emiso -

ras de la Capital Federal. En realidad, los atacante s esperaban que la falacia de los panfletos lograra engañar a todos en las primeras horas respecto a que


el golpe de mano era protagonizado por carapintadas, contando para ello

con la difusión que pudieran hacer del hecho los medios de comunicación, que luego informarían que un grupo de militares demócratas apoyados por

el pueblo habían frustrado el golpe inst itucional. El grupo estaba convencido de que este plan descabellado daría resulta-

dos, y tal era la fe en él que muchos de los atacantes dejaron a sus hijos en casas de amigos para que se los cuidaran hasta que pocas horas después ellos

volvieran a buscar los. Una vez consolidado el copamiento de la unidad militar elegida, la operación cont inuaría con la agitación popular y la convocato -

ria a marchar a la Plaza de Mayo. El entonces jefe del Ejército, general Francisco Gassino, señaló que el

grupo planeaba marchar con algunos vehículos blindados sobre la Plaza de Mayo para tomar el poder. Especulaban con que el engaño del ataque cara-

pintada daría resultado y que ningún militar estaría dispuesto a disparar sobre dos o tres tanques que, supuestamente comandados por carapintadas, se

dirigían a efectuar sus reclamos ante las narices mismas de la Presidencia de la Nación.

Vale la pena reproducir fragmentos del texto secuestrado en los allana- mientas a una de las fincas ut ilizadas para el entrenamiento de los atacantes:

El ejército de Seineldin y Rico se sublevó de nuevo. Quieren dar un golpe de

Estado. Quieren asesinar a todos los que no aceptan vivir bajo las botas. En

la medianoche de hoy, los carapintadas se sublevaron en el RI3. Allí se pre-

paraban y habían empezado a marchar sobre la Casa Rosada. Iban a asesinar

a todos los que se les opusieran. Como ya mataron a más de treinta mil com -

patr iotas durante la dictadura militar . Todos sabían que los milicos conspira-

ban y preparaban esto. Pero nadie hacía nada en concreto para pararlos.

Ya estamos hartos de la prepotencia de los milicos. Hartos de sus cr íme-

nes y de sus robos, que después tenemos que pagar todos. Hartos de que nos

impongan la injusticia social. Hartos de que no nos dejen vivir en paz. El pue-

blo se alzó contra ellos. El pueblo de los alrededores de La Tablada ya ha re -

cuperado el cuartel sublevado. Lo dir ige este Frente de Resistencia Popular que

se formó allí mismo. Tomamos las armas de los amotinados y les incendiamos

el cuartel. Basta de milicos asesinos. En Semana Santa, en Villa Martelli, can -


tábamos: "Si se atreven les quemamos los cuarteles". Los milicos empezaron

de nuevo, y esta vez sí les quemamos el cuartel de La Tablada.

Como siempre en la historia de la Patr ia, el pueblo hizo verdaderas proe-

zas. Al saber que los carapintadas lo habían tomado, el pueblo entró en ma -

sa al cuartel. Mujeres, jóvenes, hombres del pueblo, atacaron con revólveres,

con escopetas, con piedras y palos. Hicieron trincheras, tiraron bombas mo-

lotov. Frente a tanto heroísmo, algunos de los soldados y algunos de los Ofi -

ciales dieron vuelta sus armas y junto al pueblo participaron de la ejecución

de los oficiales traidores.

Una columna de carapintadas había salido del cuartel con rumbo hacia la Ca -

sa de Gobierno. Pero el pueblo armado levantó barr icadas y luego la aniquiló.

Ahora es el pueblo el que ha ocupado la Casa Rosada. Vamos a impedir

que Seineldin, Rico y los otros traidores den el golpe de Estado. Vamos a

impedir les que remachen la injusticia social, que le impongan más hambre

todavía al pueblo. Vamos a impedir les repetir lo que hicieron en el 30, en el

55, en el 66 y en el 76.

El pueblo quiere un nuevo sistema de libertad y justicia social. Sin mili -

cos asesinos, ni políticos corruptos, ni ladrones de la patria financiera. Va -

mos a formar un verdadero gobierno del pueblo. Para que haga levantar a

los sinvergüenzas que se arrugan ante los militares. Ni de cuatro ladrones de

las mesas de dinero, que se hacen r icos a costa de nuestro sudor.

Vamos a hacer un gobierno del pueblo que garantice el trabajo, la pro-

ducción y la dignidad de la inmensa mayoría de los argentinos. Vamos a ter -

minar con este ejército que no sirve para nada, que sólo tiene coraje con la

picana eléctr ica en la mano y se caga y se r inde ante los ingleses en Malvinas.

Vamos a terminar con este Ejército que sólo sirve para esclavizamos y para

asesinamos. El gobierno del pueblo declara disuelto el ejército pr ofesional y

traidor. Ahora lo reemplaza el pueblo en armas. Los soldados y suboficiales

únanse al pueblo. Ejecuten a sus oficiales traidores. O váyanse de los cuarte -

les. El que se quede en un cuartel está con los verdugos del pueblo.

Este Frente de la Resistencia Popular exhorta a todos a cumplir con el ar tí -

culo 21 de la Constitución Nacional, que manda: "Todo ciudadano está obliga -

do a armarse en defensa de esta Constitución". Vamos a armamos a los cuar -

teles y a terminar para siempre con esta lacra. Vamos a imponer para siempre

en la Argentina la soberanía del pueblo, sólo la voluntad del pueblo. No hay na -

da por encima de ella en la Nación. Vamos a la Plaza de Mayo para empezar una

nueva Argentina, sin milicos traidores y asesinos, sin políticos corrompidos.


Vamos, pueblo argentino, con dignidad y sin miedo, que somos más ;

fuertes que ellos y que la historia nos da la razón. Vamos a Plaza de Mayo.

Llamamos a todos, a todos: :

A las madres que no quieren ver de nuevo caer a sus hijos bajo la repre-

sión o desaparecidos, ni vendidos por jefes cobardes en otra guerra como la

de Malvinas;

A los jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar porque el actual sis -

tema no les da cabida y sólo se acuerda de ellos para perseguir los en los

barr ios o asesinarlos;

A los jóvenes que estudian o trabajan, pero saben que no tienen ningún

futuro, que el título que obtengan no les va a servir para nada y que van a

tener que trabajar como esclavos para malvivir ; [. . .].

A todos, a todos convocamos a reunirse en la Plaza de Mayo para impo-

ner el gobierno del pueblo, a rodear los cuarteles, cortar les el agua y la luz,

impedir que los milicos asesinos salgan de ellos, levantar barr icadas, contro-

lar las calles y los barr ios, hacerse cargo del poder en todas partes, unidos

contra el golpe de Estado, unidos por la justicia social y la libertad.

Plan de emergencia

El gobierno del pueblo adopta las siguientes medidas económico-sociales

por un plazo de 120 días:

Aumento salarial del 150 por ciento para los sueldos de dos mil australes

o menos.

Aumento salarial del 100 por ciento para los que ganan tres mil australes.

Aumento del 40 por ciento para los que ganan hasta seis mil australes.

Aumento de las jubilaciones mínimas a cuatro mil australes.

Fin de todas las jubilaciones de privilegio de militares, diputados, senadores,

concejales, ministros y secretarios de Estado.

Congelamiento total de precios a la fecha. Cárcel con penas de hasta veinte

años para los que violen esa disposición y para los especuladores y acapara -

dores. Esta medida será efectivizada con el control popular directo, [. . .].

Para financiar este plan de emergencia y solidaridad nacional, los fondos

provendrán de:

La eliminación del presupuesto militar , ya que el Ejército ha sido reempla -

zado por las Milicias Populares del Frente de Resistencia Popular .

La expropiación de todos los bienes de José Alfredo Martínez de Hoz, y de

todos los militares que tengan más de una casa y un auto. Igual medida re-


girá para todos los dir igentes sindicales.

La expropiación de las mesas de dinero.

La suspensión de los pagos de intereses de la deuda externa.

Este plan se basa en la solidaridad de millones de argentinos, de la inmensa

mayoría de los trabajadores, productores y desocupados. Tenemos absoluto

derecho de vivir en una patr ia con libertad y justicia social, donde el hom-

bre sea hermano del hombre, y donde las r iquezas del país puedan ser dis -

frutadas por todos, según su trabajo, su creatividad y su honradez.

Lo descabellado de este plan nos hizo pensar que semejante proclama podría haber sido ut ilizada sólo como acción psicológica, ya que los objet ivos eran

imposibles de cumplir en la coyuntura que se vivía en ese momento. Sin embargo, existen algunos elementos que pudieron hacer suponer a los

atacantes que imperaban condiciones beneficiosas para producir un golpe de esa naturaleza: circunstancias de la situación económico-social que vivíamos,

y de algunos aspectos part icularmente irritantes para los argent inos, como era r la crisis energét ica debido a la peor sequía de esas últ imas décadas, y la lenta

solución de estos problemas que sufrían amplios sectores de la sociedad. Imaginaron o pensaron que los ayudaría en sus planes el ant imilitarismo

que exist ía en parte de la sociedad argent ina, acrecentado por los amotina- mientas de militares rebeldes de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Mar-

telli, este últ imo escasas semanas antes? Es difícil responder a estas preguntas. Creo que el clima de agitación ge-

nerado por los levantamientos militares produjo una alucinació n que se vio incrementada por la ingenuidad de muchos jóvenes y el uso que de ellos hi-

cieron ant iguos dirigentes guerrilleros que no se habían resignado a vivir en paz. O no sabían hacerla.

Eligieron el cuartel de La Tablada tal vez debido a que era una unidad ais- lada de otros cuarteles por su situación geográfica y especialmente beneficio -

sa por su cercanía con barr iadas pobres y villas de emergencia, lo que les ha- ría posible mejores vías de escape y mayores posibilidades de recibir el apoyo

externo necesario para el éxito del copamiento. Nosotros contábamos con varios datos de inteligencia con anter ioridad a

los hechos de La Tablada. Alrededor de seis meses antes tuvimos informa-


ción de que el grupo del MTP más radicalizado podía const ituirse en una po-

tencial organización militar para llevar adelante hechos de violencia, pero nunca de tal magnitud y tan expuestos a la represión y al fracaso.

En diferentes reuniones a nivel del Ministerio del Inter ior entre funcionarios de la Policía Federal, de la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Se-

guridad Interior -esta últ ima se ocupaba de las posibles act ividades terroristas y ant idemocrát icas- se trabajaban varias hipótesis, entre ellas la posibilidad

de que no sólo el MTP, sino otros grupos de extrema izquierda pudieran cons- tituirse en elementos vio lentos con capacidad organizat iva suficiente como

para cometer atentados. Se agregaban los comentarios de integrantes de grupos de izquierda respecto de que algunos de los dirigentes del MTP "se habían

vuelto locos", pero esta información no provenía de act ividades de inteligencia, sino de la act ividad polít ica misma.

Después de eso no tuvimos más versiones hasta el día en que se produjo el ataque. No había cálculos de las consecuencias ni de los resultados posi-

bles de una acción de esa naturaleza. No había sospechas sobre la capacidad de la ultraizquierda de crear una fuerza tal que pudiera producir una conmo-

ción de esa envergadura, que podía hacer trastabillar y hasta voltear el orden const itucional en la Argent ina, o de producir una adhesión masiva de los ciu-

dadanos frente a un hecho demencial de ese orden. No había un cálculo de éxito razonable frente a semejante acto de irracionalidad en ese momento.

Una de las versiones que circu ló luego del ataque giraba en torno de que el golpe de mano podía haber sido planeado desde otro país, tal el caso de Nica-

ragua o Cuba, y que varios de los agresores eran de esa nacionalidad. Nada de ello fue cierto, pues si bien algunos de los que ingresaron a La Tablada habían

realizado varios viajes a Nicaragua, todos eran de nacionalidad argent ina, salvo uno que, creo, había nacido en Paraguay. Sin embargo, entre el material secues-

trado en diferentes allanamientos se encontraron algunas cartas intercambiadas entre integrantes del MTP y el ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borge.

Meses antes, Borge había estado en el país, alojado en la casa del embaja - dor de Nicaragua en Buenos Aires, Ariel Granera. Por las versiones ya men-

cionadas, instruí al ministro del Interior, Enr ique Nosiglia, para que se entre- vistara con Borge, con el fin de advert irle que estábamos detectando la


posibilidad de que el MTP estuviera preparando algún hecho de vio lencia ba-

jo el mando de Gorriarán Merlo. Según el informe que Nosiglia me brindó de ese encuentro, la respuesta

de Borge fue que el gobierno de Nicaragua no tenía mucho que ver con Go- rriarán. Sin embargo, Nosiglia le respondió que el MfP sí tenía mucho que ver

porque el gobierno argent ino tenía información de que el terrorista argent i- no había sido funcionar io del gobierno sandinista, había asesorado en la con-

formación de la policía de Managua, había organizado y ejecutado el asesina- to en Asunción del dictador Anastasio Somoza y, en Honduras, el de Pablo

Emiliano Salazar, a lias "comandante Bravo", ex integrante de la Guardia Na- cional de Nicaragua, líder de una incipiente contrarrevolución.

Borge se sorprendió de la información que se manejaba en la Argent ina y se comprometió a viajar a La Habana para entrevistarse con Manuel Piñei-

ro, jefe del Departamento América del Part ido Comunista cubano, es decir, el máximo responsable de las organizaciones armadas en América Lat ina,

también conocido como "Barbarroja", para ver si conocía la información que le habíamos brindado. Gorriarán Merlo era buscado por las autoridades

desde 1983, cuando mediante el decreto 157 ordené la detención del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) por los delitos de "homici-

dio, asociación ilic ita, inst igación pública a cometer delitos, apología del cr i- men y otros atentados contra el orden constitucional", comet idos con

posterioridad a los beneficios otorgados por la ley de amnist ía sancionada el 25 de mayo de 1973.

Algunos de los muertos o detenidos en el ataque eran militantes histó- ricos del Part ido Revolucionar io de los Trabajadores (PRT) que habían te-

nido una larga experiencia en acciones armadas. El gobierno rastreó durante mucho t iempo la posibilidad de la participación de extranjeros en el

ataque, pero nunca se pudo comprobar nada. El punto de apoyo para la invest igación era la presencia de Gorriarán Merlo en la organización y direc-

ción del ataque. Tras el asalto a La Tablada, el embajador nicaragüense, Ar iel Granera, ma-

nifestó su solidaridad con las inst ituciones democrát icas "en este momento trágico que vive el pueblo argent ino". Granera negó en forma terminante


que Gorriarán Mer lo hubiera part icipado en Nicaragua en act ividades oficia -

les y aclaró que el gobierno sandinista no se hacía "responsable de lo que hagan ciudadanos extranjeros después de visitar Nicaragua". "Ese señor -en

referencia a Gorriarán- no ha ocupado ni ocupa función oficial en el gobierno de Nicaragua. En algún momento estuvo por allá, lo cual es público, en

los pr imeros años de la revolución, como lo hacían ciudadanos de diferentes países, sin que esto significase que el gobierno de mi país tuviese alguna re-

lación polít ica con ese señor." La reaparición de grupos que se arrogaban la representación de la volun-

tad popular, cuando se estaba a pocos meses de poder ejercerla libremente, demostraba hasta qué grado había llegado la irracionalidad de pequeños sec-

tores desvinculados de las ambiciones de paz de la sociedad argent ina. En momentos en que estábamos por dar uno de los pasos más firmes pa-

ra consolidar el sistema después de muchos años, aparecían enemigos de la democracia, enemigos de que el conjunto del pueblo argent ino protagoniza-

ra la historia. Ellos se consideraban los únicos protagonistas. El t iempo electoral configuró un factor adicional de importancia. La ma- j

yor parte de los part idos y candidatos, especialmente el PJ y la UCeDé, optaron por una táct ica de ataque frontal al gobierno, buscando tal vez una capi-

talización electoral de los hechos. El cálculo de las consecuencias del enfrentamiento no fue ajeno a los análisis polít icos.

El gobierno decidió cast igar con todo el peso de la ley y con todas las garant ías const itucionales a los responsables del ataque. Así lo manifesté en los

considerandos del decreto 90/89, de duelo nacional en homenaje a los efectivos caídos durante la represión del ataque a La Tablada:

Hechos como los sucedidos conmocionan y angustian a una sociedad que

ha elegido reglas racionales de convivencia en el marco del disenso demo-

crático y la paz social.

Quienes hoy confunden la posibilidad que brinda un sistema que abar -

ca la convivencia de posiciones políticas disímiles, con los métodos de la

violencia y de la muerte, han tenido notoria responsabilidad material e i deo-

lógica en la decadencia argentina.

El pueblo argentino aprendió a través de una dura experiencia que la


violencia no es el camino para la acción política y que la verdadera fortale -

za no está en las armas, sino en la convicción del respeto permanente a las

libertades cívicas y en la aplicación irrestr icta de la ley frente a las amenazas

impuestas por métodos intolerables basados en el odio irracional.

En consecuencia, los necios personeros de la muerte, que se arrogan la

representación de los derechos del pueblo basados en mandatos que se ori -

ginan en su imaginación desviada, no han de eludir la fuerza de la ley, ni tam -

poco pueden suponer que harán recaer a la sociedad argentina en la trampa

que significó combatir los desde la ajuridicidad.

La legalidad de la represión

Desde algunos sectores de la oposición se cuest ionó la legalidad de la repre- sión que ordené. Argumentaron que la Ley de Defensa no permit ía la ut ili-

zación de militares en cuest iones de segur idad interna. El ataque a La Tablada fue considerado un hecho de seguridad interior,

excluido, por lo tanto, de los dictados de la Ley de Defensa. Esa ley, en su ar - tículo 2, limita su ámbito a las agresiones de origen externo, a la vez que en

su art ículo 4 señala la diferencia fundamental que separa la defensa de la seguridad, remit iendo el tratamiento de esta últ ima a una ley que debía dictarse y

sobre la que el gobierno ya contaba con borradores casi definit ivos. Era entonces necesario act ivar el proceso legislat ivo de la Ley de Segur idad Interior,

y cont inuar, mientras tanto, por la vía de los decretos especiales para complementar vacíos existentes y resolver situaciones dudosas, conservando en

todo momento la iniciat iva inst itucional. Las facultades del Presidente para decidir esa y toda intervención de las

Fuerzas Armadas emergen de la propia Const itución, por lo que no puede haber una ley que restrinja y, menos, que impida su ejercicio. El Presidente es

el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y t iene además la máxima responsabilidad en la prevención del orden const itucional. No debieron confun-

dirse, como lo hicieron algunos opositores malintencionado s, las demoras propias de un proceso complejo y necesariamente consensuado de elabora-

ción legislat iva -respecto a la Ley de Seguridad Interior- con la inexistencia de un orden jurídico suficiente para la defensa de la seguridad interna.


Podría decirse que la inexistencia de una ley de ese t ipo le restaba organi-

cidad a la respuesta del Estado. Pero ello de ninguna manera significaba que no exist iera un soporte const itucional y legislat ivo que permit iera una res-

puesta pronta y eficaz ante cualquier ataque de la naturaleza del producido en La Tablada.

La Const itución nacional, la legislación penal, los códigos de procedimiento y, sobre todo, la Ley de Defensa de la Democracia son instrumentos

muy claros en ese sent ido. Esta últ ima es una ley que está pensada precisa - mente para responder a las acciones de grupos terroristas. En los fundamen-

tos de la norma se ven con claridad el diagnóst ico y la precisión de las definiciones acerca del terrorismo, sus alcances y las formas más adecuadas para

combat ir lo dentro del estado de derecho. Const ituye una expresión legislat i- va de avanzada, inspirada en leyes similares existentes en todas las democra-

cias occidentales. Su art ículo 7 es extremadamente preciso en cuanto a la des- cripción de bandas armadas, como la que operó en La Tablada.

El entonces senador Antonio Berhongaray respondió con claridad a una acusación lanzada al gobierno por la UCeDé, liderada por Álvaro Alsogaray,

por la ut ilización de las Fuerzas Armadas en la represión del ataque al RI3: La actuación de las Fuerzas Armadas en La Tablada -afirmó Berhongaray

en una discusión parlamentaria- está encuadrada en el concepto de legíti-

ma defensa. Toda persona física o jurídica que se viera atacada tiene dere-

cho a defenderse, y en muchos casos la obligación de hacerlo. En el ar tícu -

lo 524 del Código de Justicia Militar (CJM), y en el 34, incisos 4 y 6, del

Código Penal, las Fuerzas Armadas tienen la obligación legal de defender

sus unidades. Desde el jefe de la unidad hasta el centinela son sancionados

seriamente por el CJM cuando sus actividades ponen en peligro la integri -

dad de la Unidad. La obligación de defenderla surge de la propia ley.

El 25 de enero de 1989, dos días después del cruento episodio, firmé el de -

creto de creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que yo pre-

sidía y en el que decidí incluir a los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Ar -

madas, según las atr ibuciones que me otorgaba la Ley de Defensa. Los

fundamentos en los que me basé para su creación fueron los siguientes:

Los graves hechos acaecidos en el Regimiento de La Tablada entrañan un :


indudable r iesgo para la vida y la libertad de los habitantes de la Nación. En

consecuencia, el presidente de la Nación debe ejercer en plenitud las facul -

tades que la Constitución Nacional le acuerda para el cumplimiento de los

objetivos.

Este ejercicio requerirá del Presidente la toma de l as decisiones condu-

centes a prevenir , controlar y sofocar eficientemente la eventual repetición

de este tipo de sucesos.

Recordé también que en diciembre de 1987, la Mesa de Consenso formada

por doce part idos polít icos había expresado que la naturaleza polít ica y jurí- dica del estado de Derecho otorga al poder const itucional las facultades de

disponer de todos los recursos humanos y mater iales para consolidar la paz interior.

El COSENA tenía por objeto asesorar al presidente de la Nación en los temas que él somet iera a la consideración del organismo, vinculados con las

medidas a adoptar para conjurar todo hecho de vio lencia organizada. Además, asesoraría al Presidente sobre la estrategia para la acción ant isub-

versiva, la art iculación de los mecanismos de seguridad y de las tareas de inteligencia operat iva, y la coordinación de las acciones con los diversos go -

biernos provinciales. El doctor D' Alessio, en una de las primeras reuniones, solicitó infor-

mación sobre el dest ino de las armas secuest radas a los terroristas, y el rol de combate para el copamiento urdido por los del MTP, es decir, el nom-

bre de cada uno de los que ingresaron al cuartel y su tarea específica. Si me apuré para estar presente en el cuartel cuando todavía se escuchaban

algunos disparos, fue precisamente para evitar que se produjeran episodios re- ñidos con las garant ías que ofrece el estado de Derecho. Cualquiera sabe que en el fragor de un enfrentamiento en donde se ha visto morir a compañeros

y amigos no es improbable que se cometan, finalizado el combate, actos reñi- dos con la ley. La Just icia existe precisamente para poner límites a las pasiones

descontroladas de los hombres, part icularmente cuando actúan en situaciones límite. A pesar de la confianza que depositaba en los mandos del Ejército, no

descartaba que pudieran producirse actos que debían evitarse.


Desoí entonces los consejos de funcionar ios y amigos que trataron de de-

morar mi presencia hasta que se cumplieran todas las condiciones de seguridad y me trasladé a La Tablada. Ya he dicho que tuve que hacer un esfuerzo

para mantener firme mi ánimo frente al espectáculo que presencié. Pregun- té cuántos detenidos había, en qué condiciones estaban y dónde habían sido

alojados. Las respuestas que recibí en ese momento fueron precisas y no des- confié de mis interlocutores. Había 31 guerrilleros y 11 militares muertos. De

todos modos, el juez Larrambebere ya había estado en el lugar y tomado co - nocimiento de todo el episodio, así como del listado de detenidos.

Es de suma importancia destacar la celeridad y transparencia con que se ma- nejó el doctor Larrambebere. En todos los procedimientos realizados se cum-

plió con todos los requisitos de absoluta legalidad y pulcritud de procedimientos, siguiéndose a rajatabla los preceptos const itucionales de la defensa en juicio

de los acusados. Los detenidos fueron alo jados en una dependencia de la Policía Bonaeren-

se. El juez, a pesar de su jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, decidió trasladarlos a dependencias de la Policía Federal como una medida de seguri-

dad. La muerte del comisario García García le hizo temer que la policía provincial pudiera intentar alguna venganza con los detenidos. El doctor

D'Alessio logró disponer en el Palacio de los Tribunales de un sector en donde el magistrado pudiera tomar declaraciones a los terroristas.

El viernes 27, cuando el doctor Larrambebere se const ituyó en las instalaciones, hubo un incidente entre los detenidos y los custodios de la Policía

Federal, encargados del traslado de los imputados desde el Departamento de Policía hasta la alcaidía de los Tribunales. Uno de los presos denunció ante el

juez que los detenidos recibían golpizas y constantes malos tratos de parte de sus carceleros, por lo que inmediatamente el magistrado inició una causa

por separado para determinar responsabilidades, tanto entre los policías encargados de la custodia de los presos como del personal del Servicio Peni-

tenciar io, responsable de la seguridad dentro de los Tribunales. Comprobó que uno de los detenidos permanecía encapuchado y acostado boca abajo en

una loseta cast igada por el sol, en una jornada de más de 35 grados de tem- peratura. El juez ya había ordenado con anterioridad que los detenidos fue-


ran revisados por médicos forenses para determinar el estado de salud en

que se encontraban. Tras las denuncias concretas de malos tratos se ordenó una nueva revisación cuyos resultados no conformaron al magistrado. El je -

fe de la Polida Federal, mi recordado comisario Juan Ángel Pirker, pr imer responsable de la integr idad física de los detenidos, había comprometido su

palabra para asegurar el traslado y las condiciones de detención de los militantes del MTP.

Tras la intervención del juez Larrambebere, los policías encargados de la seguridad de los presos se ret iraron del lugar en señal de protesta, dejan-

do casi sin custodia a los atacantes y a las instalaciones tribunalicias, lo que fue solucionado rápidamente por Pirker, quien sumarió a los responsables

del hecho. En tanto, desde el diario La República de Montevideo, el PRT había de-

l nunciado fusilamientos y desapar iciones durante la represión del copamien-

to, denuncias que eran anónimas de presuntos integrantes del PRT y .o presuntos part ícipes del ataque, hecho curioso, ya que Roberto Felicett i,

uno de los detenidos dirigentes del MTP, negó varias veces la part icipación del PRT en el hecho. Desde el gobierno ordenamos invest igar las denuncias

y versiones al respecto. El procurador D' Alessio se reunió con los fiscales para analizar con de-

tenimiento todas las filmaciones realizadas por los canales y las fotos apare- cidas en varias revistas porteñas, pero no se pudo determinar la existencia

de elementos que pudieran hacer pensar en fusilamientos o desaparición de alguno de los atacantes. Según pudo determinarse, dos de los detenidos po-

drían haber escapado durante la confusión. Según se me informó, en un video se vio cuando se incendiaba un edificio del cuartel bombardeado por

los efect ivos de la represión. En ese momento se acercó al edificio un grupo de comandos que ayudó a salir a los que estaban adentro. El lugar en cues-

tión era ut ilizado por los mandos del cuartel para retener a los conscriptos presos por desertores. En la confusión, cuando todos salían por una de las

ventanas no estaba bien claro quién era desertor y quién integrante del grupo atacante.


Los mismos desertores -que estaban detenidos- señalaron al salir a quie-

nes habían asaltado el cuartel. A esos los detuvieron y se vio cómo la policía de la provincia exigía a los gritos a los militares que matasen a los terroristas.

Los policías no sólo gritaban e insultaban sino que comenzaron a disparar sobre los militares y los detenidos. Tanto es así que varias veces todos debie-

ron t irarse cuerpo a t ierra para evitar los balazos de las fuerzas de segur idad. Al parecer, uno de los atacantes presos estaba herido. El video sigue hasta

que el grupo se pierde detrás de unos árboles. Por eso el fiscal insist ió en que debían aparecer los dos detenidos que figuraban en esa fJlmación y que nun-

ca se volvieron a ver. Se trataba de Iván Ruiz y de José Alejandro Díaz, quienes habrían queda-

do en poder de un oficial de apellido Nacelli. Este últ imo reconoció haberlos detenido y entregado a un cabo de nombre Steigman, quien test imonió

haberlos llevado a punta de fusil hacia el interior del cuartel; a cont inuación estuvieron en poder del mayor Varanda, quien a su vez declaró haberlos en-

tregado a un suboficial llamado Esquivel. Este últ imo figura en la nómina de los muertos en el enfrentamiento, por lo que Varanda presumió que Ruiz y

Díaz se habrían fugado. El general Arrillaga, comandante de la recuperación del cuartel, explicó que probablemente habrían escapado cuando se los lle -

vaba a la enfermería acompañados por un soldado. En la causa que se instruyó al respecto, se pidió al Ministerio de Defen-

sa que se ident ificara al oficial Varanda que aparecía en el video llevándose a los dos detenidos. El oficial fue ident ificado y en su declaración señaló que

los tenía en custodia y uno de ellos estaba herido. En ese momento, según sus dichos, pasó una ambulancia que se detuvo a su lado, por lo que le pidió

al encargado del vehículo, un cabo del Ejército, que llevara al detenido herido a un hospital. Le dejó los dos presos en custodia al cabo y fue a seguir

con su tarea. El cabo declaró en la causa que en lugar de hacerse cargo de los deteni-

dos part ió con su vehículo a atender a un herido grave y le dejó los atacantes a un suboficial de apellido Esquivel. Este suboficial apareció muerto y

nunca se supo cómo. Existe una hipótesis de que uno de los detenidos apro - vechó la confusión para disparar contra Esquivel y luego, con su compañe-


ro, escabullirse en medio del desorden.

Las denuncias realizadas muchos años después por e l sargento ayudante José Almada, junto a su ex contrincante Enrique Gorriarán Merlo, el 18 de

febrero de 2003, desmienten esta hipótesis y plantean que, probablemente, los jóvenes Ruiz y Díaz podrían haber sido torturados y fusilados en "ejecu-

ción sumaria". En ese entonces, sectores de izquierda denunciaron que faltaba otro de-

tenido cuyo alias era "Tierno". Sin embargo, poco más tarde la policía logró ubicarlo en Río de Janeiro, y tras pedirse su extradición, fue rechazada por

considerar las autoridades brasileñas que se trataba de una acusación por un hecho dc carácter polít ico.

Las denuncias conocidas más recientemente, part icularmente la del sar - gento ayudante Almada antes mencionada, resultan verosímiles, part icular -

mente en relación con las no completamente esclarecidas muertes de los jóvenes Díaz y Ruiz. Corresponde a la Just icia establecer si ameritan la rea-

pertura de las llamadas "causas paralelas". Estremece pensar que se estuvo en ese enfrentamiento en los bordes de una masacre aún mayor.

Acusaciones a funcionarios de mi gobierno

Antes del ataque, el 16 de enero de 1989, el d irigente del MTP Jorge Baños

-muerto en el asalto-, que había sido abogado del CELS durante los años ochenta y militante de la Juventud Peronista en la década de 1970, Francisco

Provenzano, militante del ERP, Roberto Felicett i, ex jefe del Part ido Intransi- gente en Mar del Plata, y el sacerdote Antonio Puigjané ofrecieron una

conferencia de prensa para suministrar detalles de un presunto "complot golpista" acordado entre Carlos Menem, Lorenzo Miguel y Mohamed Alí

Seineldín, denuncia que tuvo amplia repercusión en la opinión pública. Previamente, a fines de diciembre de 1988, Baños había denunciado ante

el juez federal Alberto Piotti que los carapintadas eran "golpistas y no sim- ples amotinados", y planteó que los sucesivos levantamientos perpetrados en

Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli no tenían otro objet ivo que "dar un golpe inst itucional para reemplazar a Alfonsín". La denuncia del MTP


señalaba que exist ía un complot para desplazar de su cargo al Presidente y en

su lugar erigir al vicepresidente Víctor Martínez o, en su defecto, instalar un gobierno provisional que concediera las demandas de los militares que se ha-

bían sublevado en Villa Martelli, bajo el mando del coronel Seineldín. Las denuncias se basaron en test imonios de personas que declararon ha-

ber estado en contacto con militares que les habían confiado la intención de concretar ese complot. Los integrantes del MTP informaron que se había

efectuado una reunión en la localidad bonaerense de Castelar, precisamente en la casa de un escr ibano de apellido Ferrari, en la que habían part icipado

Menem, Seineldín y Miguel. El test igo que declaró esto señaló que, ante su incredulidad frente a lo que le habían contado, le mostraron una foto en la

que estaban los mencionados part icipantes. Tras la denuncia del MTP, tanto Carlos Menem como Lorenzo Miguel y el

abogado Flavio Ferrari negaron terminantemente cualquier part icipación en los hechos denunciados, y se pusieron a disposición del juez federal Mart ín

Irurzún, a cargo de la invest igación, para aclarar cualquier duda de la Just icia. Por su parte, Víctor Mart ínez negó en forma tajante la versión, a la que cali-

ficó de "absurda", porque se hubiese tratado de "una anormalidad inst itucional", en tanto no descartó que se hubiesen producido contactos entre

Menem y Seineldín, porque esos actos estaban "dentro de las incoherencias del candidato just icialista".

La decisión de Menem de aprovechar el ataque a la unidad militar para atribuirle a mi gobierno toda la responsabilidad del hecho era tan fuerte

que las primeras declaraciones del entonces candidato del PJ al enterarse del copamiento de La Tablada, poco después del mediodía del 23 de enero,

fueron las siguientes: "Esto es producto del incumplimiento del gobierno respecto del pacto acordado con el coronel Seineldín". De estos dichos

surge la sospecha de que Menem -sin saber hasta ese momento que se trataba de un ataque de la extrema izquierda- esperaba alguna acción de los

carapintadas que comandaba Seineldín. Las declaraciones de Menem aparecen en la nota publicada en la página 11 del diario La Nación del 24 de

enero, en la que se agrega que el candidato just icialista "jugaba al tenis en el balneario Nuevo Horizonte del Sol, cerca del faro marplatense, gran par-


te de la mañana". Por su parte, en la página 10 de La Prensa del 24 de ene-

ro, Menem señaló que "el propio Presidente se encargó de decir el viernes que no estábamos exentos de nuevos remezones en el ámbito castrense, y

aquí están las consecuencias de la falta de claridad en la conducción de las Fuerzas Armadas".

Tras la formalidad de responder a la Just icia, luego de la denuncia de Ar ias, que en el ámbito de la Presidencia o de la SIDE no exist ían anteceden-

tes de una supuesta "autoría intelectual" de los hechos de La Tablada, reali- cé una serie de consideraciones sobre la cuest ión:

Como presidente de la nación, y por la representación que invisto, soy el pri -

mer interesado en que las sospechas arrojadas sobre miembros de mi go-

bierno sean debidamente esclarecidas.

En caso contrario, es justo que la sociedad argentina sepa quiénes la da -

ñan, incorporando, después de la agresión criminal, la violencia de los fal -

sos conceptos.

La acción independiente de los jueces es el resguardo básico del esta -

do de Derecho.

De la incorporación de pruebas, el debate racional y la decisión funda -

da, la sociedad espera toda la luz sobre los hechos que la afectan.

Una vez más, el afianzamiento de la Justi cia const ituye el verdadero ca-

mino hacia la paz.

El Poder Ejecutivo Nacional siente el imperativo de expresar la volun -

tad de brindar su máximo esfuerzo en apoyo de la investigación iniciada por

V.S. a quien Dios guarde.

La denuncia realizada por Carlos Menem a través de su abogado César Arias

fue tan descabellada como la sanguinaria acción de los terroristas en La Ta- blada. Una respuesta a la agresión del candidato del PJ la dio en forma aca-

bada mi amigo, el entonces presidente del bloque de diputados radicales, e l "Chacho" César Jaroslavsky:

La escena política del país ha estado ocupada por el desarrollo de las sensa -

cionales denuncias formuladas por el doctor Carlos Menem en relación a lo

que él consideró la complicidad o la autoría intelectual por parte de hom-


bres del gobierno de la Unión Cívica Radical, del copamiento del regimien -

to de La Tablada.

Ante la gravedad inusitada de tales afirmaciones, el presidente de la na -

ción instruyó para que se promoviera la inmediata intervención de la Justi-

cia en la investigación de tales denuncias.

El doctor César Arias, actuando como apoderado del candidato Menem,

respondió a la requisitoria del juez, y luego de solicitar prórroga de plazos,

finalmente presentó ayer la denuncia.

No hemos advertido, en una rápida lectura, la existencia de un solo cargo

fundado. A nadie se nombra como responsable de esa supuesta autoría intelec-

tual. A nadie se señala como cómplice de los hechos trágicos de La Tablada.

El citado letrado se limita a concatenar algunos sueltos periodísticos pu-

blicados en El Informador Público , libelo que debería llamarse "El mentiroso

público", y otro órgano de circulación por abono, que con similares carac-

ter ísticas practica el amarillaje periodístico para deshonra de la profe sión.

(. . .)

La opinión pública ha sido burlada. Bien podía pensar el ciudadano despre -

venido, con buena fe, que "algo habría , a partir del hecho de que nada me-

nos que un candidato a la Presidencia de la Repúbl ica formulara tan reso-

nantes y espectaculares afirmaciones que cuidadosamente no han sido

convalidadas en el texto de la resolución del máximo organismo ejecutivo

de su propio partido. Lo que hay es nada. Absolutamente nada mas que una

penosa demostración de irresponsabilidad.

Yo espero que esto no quede impune. Yo espero y confío en un pronto

pronunciamiento del juez sobre la presentación del letrado del doctor Me-

nem, en nombre de su mandante y en el propio.

Porque estoy seguro de que el buen nombre y el honor de las personas

es un bien jurídico que el estado de derecho preserva. y que debe haber juz -

gamiento de aquellos que han levantado calumnias, que han difamado.

Pero hay otro juicio tan importante como éste que protege el derecho

de los particulares. Es el del pueblo, que debe sancionar con ejemplaridad

una actitud tan deleznable y ar tera como la que supone utilizar su dolor y su

indignación ante el vesánico crimen perpetrado por el terrorismo, en la in -

concebible empresa de convertir la muerte en una mercadería electoral.

Desde el entorno del candidato del PJ a la Presidencia se acusó al ministro del Interior Enr ique Nosiglia de haber mantenido encuentros con integran-


tes del MTP previos al ataque a La Tablada. Nosiglia desvirtuó así los ataques

salvajes de la oposición, dispuesta a ut ilizar cualquier medio para triunfar en las inminentes elecciones:

Desde los 14 años he hecho política en mi país. Siempre pensé que el diálo-

go era uno de los medios de que disponía para resolver conflictos. Desde

esa época hablé con mucha gente y pude encontrar soluciones a muchos

problemas. Por supuesto, hubo muchos diálogos inútiles, inconducentes.

Pero no me arrepiento de ninguna de mis charlas políticas.

Yo he conocido personalmente a los señores Baños, Felicetti y Proven -

zano. Los padres de est e último han sido íntimos amigos de mis padres. To-

dos ellos se manifestaron todos estos años decididos sostenedores del siste -

ma democrático aunque críticos de nuestro gobierno. Todos ellos militaban

en la superficie y mostraron señales sólidas de haber emprendido el camino de la

disputa electoral. En ese carácter he dialogado con ellos.

Niego terminantemente que los nombrados me hayan transmitido sus

intenciones. Rechazo con el mismo én fasis la simpleza mental de identificar

una charla con complicidad o complacencia. Impugno el argumento que in -

dica que sólo se habla con los amigos.

El peronismo menemista y el "carapintadismo", en absoluta connivencia

en ese entonces, afirmaron que nosotros habíamos alentado el hecho de La Tablada para producir un go lpe de Estado revulsivo con la finalidad últ i-

ma de que no asumiera Menem el gobierno. La verdad es que a más"de 15 años de producido el ataque al cuartel de La Tablada no se encuentran cau-

sas suficientes que expliquen una acción suicida como la perpetrada por el grupo del MTP. Sólo pueden hacerse especulaciones, algunas más cercanas

a la verdad que otras, pero la realidad de lo sucedido sólo puede ser recons- truida con los dist intos test imonios que se fueron brindando con el correr

de los años. Entre las hipótesis que existen en torno del hecho se cuenta la de que se

trató de una operación de inteligencia, no sé exactamente de qué sector, destinada a fortalecer a los sectores más legalistas de las Fuerzas Armadas fren-

te al carapintadismo, no sé con qué fines pero aparentemente reivindicatoria


de un sector del Ejército frente a la sociedad, además de instalar la idea de la

necesidad de las Fuerzas Armadas frente a la agresión de una izquierda vio - lenta. Ésta es una conclusión a la que algunos observadores han arribado lue-

go de varios años de análisis y a part ir de declaraciones de Gorriarán Merlo, con sus dichos recogidos a lo largo del t iempo.

Con igual lógica conspirat iva podía elucubrarse la hipótesis de que la ope- ración de inteligencia, con una perversa maquinaria de acción psicológica a

su favor, se organizó con el objet ivo de favorecer un ascenso condicionado del candidato Menem al gobierno, en su alianza con los sectores del autode-

nominado "ejército nacional". Hay una versión muy firme respecto de que la inteligencia del Ejército sabía de un eventual ataque del MTP. No existe ma-

nera de probar lo, pero sí muchas sospechas de que fue así. Según pudo sa- berse t iempo después del ataque, hubo un oficial de inteligencia del Ejército

que tenía una línea de contactos con el MTP, Y les hacía creer que podía haber un golpe de los carapintadas.

Roberto Felicett i, desde la cárcel, insist ió con la teoría de un posible golpe de Estado. "Fuimos a luchar como pensábamos que haría cualquier argen-

tino si supiera que va a haber un golpe de Estado", señaló el integrante del MTP, quien durante el reportaje realizado por un semanario se indignó cuan-

do se le preguntó si podían haber sido víct imas de una operación de inteligencia: "De esa manera se pretende encubr ir la certeza de nuestra denuncia

y hacemos aparecer como locos".

El informe de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos

En 1997 fue publicado el informe sobre los hechos de La Tablada elaborado por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH). Allí

hay conclusiones que pueden compart irse o rechazarse, pero no soslayar- se. Durante la instrumentación de la invest igación realizada por la Comi-

sión, en un trabajo que le insumió varios años, en reiteradas ocasiones se reclamó al Estado argent ino respuestas sobre algunos puntos denunciados

por los atacante s, reclamos que casi nunca fueron sat isfechos. La indife - rencia del gobierno de entonces en cuanto a ejercer la defensa del Estado


argent ino frente a las denuncias de los atacantes ante el organismo inter-

nacional no fue casual. ¿Qué le importaba al gobierno de Menem defender a mi gobierno?

Recién en 1997, el Estado argent ino solicitó una "reconsideración de las conclusiones" de la Comisión sobre la base de "consideraciones de hechos

que no habían sido anteriormente aducidas". El pedido resultó extemporá- neo Y la CIDH lo hizo notar en su informe.

De todos modos, el informe de la CIDH destacó la validez legal de la re- presión, tema que había sido cuest ionado tanto desde la oposición polít ica

durante mi gobierno, como por los representantes legales de los atacantes. Son interesantes las conclusiones:

Los incursores participaron en un ataque armado que fue cuidadosamente

planificado, coordinado y ejecutado, una operación mil itar contra un objeti-

vo militar característico: un cuartel. El oficial a cargo del cuartel procuró,

como era su deber, rechazar el ataque; el presidente Alfonsín, en el ejercicio

de sus facultades constitucionales de comandante en jefe de las Fuerzas Ar -

madas, ordenó que se iniciara una operación militar para recuperar el cuar -

tel y someter a los atacantes.

Los atacantes sostuvieron que el motivo del copamiento -detener un

presunto golpe de Estado- se basó en el ar tículo 21 de la Constitución Na-

cional: "Empuñar las armas en defensa de la Const itución", y que por ser

su causa justa y legal, el gobierno debía asumir la plena responsabilidad mo-

ral y legal por el uso excesivo e ilegal de la fuerza para recobrar el cuartel.

Cuando civiles como los que atacaron el cuartel de La Tablada asumen

el papel de combatientes al participar directamente en el combate, sea en

forma individual o como integrantes de un grupo, se convierten en objeti -

vos militares legítimos. En tal condición están sujetos al ataque di recto indi-

vidualizado en la misma medida que los combatien tes.

Por consiguiente, en vir tud de sus actos hostiles, los atacantes de La Ta -

blada perdieron los beneficios de las precauciones en cuanto al ataque y

contra los efectos de ataques indiscriminados o desproporcionado s, acorda-

dos a los civiles en actitud pacífica.

La Comisión no ha recibido reclamo alguno de esas personas contra el

Estado argentino donde se sostenga que ellas o sus propiedades sufr ieron


daños como consecuencia de las hostilidades en el cuartel.

Cuando los incursores atacaron el cuartel de La Tablada asumieron clara -

mente el r iesgo de encontrar una respuesta militar del Estado. El hecho de que

las fuerzas militares argentinas fueran superiores en número y dispusieran de

mayor poder de fuego, y que lo emplearan contra los atacantes, no puede repu-

tarse por sí mismo como violación de norma alguna del derecho humanitar io.

Los guerrilleros alegaron que las fuerzas militares argentinas ignoraron

deliberadamente el intento de rendición de los atacantes cuatro horas des-

pués de comenzado el ataque, y para ello presentaron como prueba una gra -

bación de TV.

Tras observar cuidadosamente la cinta, puede verse muy brevemente

una bandera blanca en una ventana, sin embargo esta escena no está conec-

tada a alguna de las otras, ni tampoco contiene indicación del momento pre-

ciso en que ocurrió. La segunda escena muestra una imagen más amplia de

uno de los edificios en el momento en que recibe una andanada de tiros,

presumiblemente disparada por las fuerzas argentinas. Luego de observar

esta segunda escena varias veces y muy detenidamente, la Comisión no pu -

do identificar la bandera blanca que supuestamente se estaba agitando des -

de dentro del edificio por parte de los atacantes del MTP.

Empero, también la videocinta es notable por lo que no muestra. No

identifica la hora exacta o el día en que se hizo el intento putativo de rendi -

ción. Tampoco muestra qué ocurría al mismo tiempo en otras partes del

cuartel donde se hallaban atacantes. Si estas personas, por cualquier motivo,

continuaban disparando o cometiendo otros actos hostiles, las fuerzas mili -

tares argentinas podían razonablemente creer que la agitación de la bandera

blanca constituía una estratagema para engañarlas o distraerlas.

Por ende, debido a la naturaleza incompleta de la prueba sometida, la

Comisión no está en condiciones de concluir que las fuerzas armadas argen -

tinas rechazaron deliberadamente un intento de rendición de los atacante s a

las nueve de la mañana del 23 de enero de 1989. La Comisión sí puede se-

ñalar que el hecho de que hayan sobrevivido atacantes tiende a desmentir

cualquier intimación de que se haya impartido realmente la orden de no

conceder cuartel.

La videocinta es aún menos probatoria de la afirmación de los atacantes

en el sentido de que las fuerzas militares argentinas emplearon armas incen -

diarias contra los atacantes.


En cuanto a las denuncias sobre la supuesta desapar ición de algunos ata-

cantes, y de eventuales fusilamientos y torturas a otros, la CIDH determinó lo siguiente:

Se toma nota del hecho que el Estado argentino, en sus comunicaciones a

la Comisión, declinó siquiera referirse a las denuncias sobre desaparición de

personas, y mucho menos negarlas o rebatir las. A pesar del silencio del Es-

tado sobre esta cuestión, la Comisión no considera que la información su -

ministrada por los peticionarios es suficiente para acreditar que Roberto

Sánchez, Carlos Alberto Burgos, Iván Ruiz, José Alejandro Díaz, Carlos

Samojedny y Juan Manuel Murúa hayan sido víctimas de una desaparición

forzada por parte de agentes de dicho Estado.

Aunque la evidencia del expediente conduce a comprobar que algunas

de dichas personas estuvieron detenidas por agentes del Estado luego de su

rendición, no existen elementos suficientes para establecer que las autorida-

des se hayan negado a reconocer tal privación de libertad o a informar lo

acontecido con ellos.

En ausencia de tales elementos, la Comisión no está en condiciones de

afirmar que los agentes del Estado ha yan procedido al ocultamiento de los

seis cadáveres de las personas indicadas como desaparecidas en la denuncia.

En tal sentido, los propios peticionarios señalan en la misma que los res -

tos mortales de algunos atacantes estaban mezclados y que, en consecuen-

cia, resultaba imposible su identificación. Por lo tanto, la Comisión conclu -

ye que no se configuran en el presente caso los presupuestos fácticos y

jurídicos necesarios para establecer la existencia de desapariciones forzadas.

La información disponible en el expediente es suficiente para establecer

que Carlos Alberto Burgos y Roberto Sánchez fueron capturados con vida

y se encontraban en poder de agentes del Estado argentino después de ren -

dirse el 23 de enero. Teniendo en cuenta que el Estado mantuvo un absolu-

to silencio procesal al respecto, la Comisión estima que existen suficientes

elementos de convicción para concluir que los mencionados fueron captu -

rados con vida y luego ejecutados por agentes del Estado argentino.

Iván Ruiz y José Alejandro Díaz habrían quedado en poder de un oficial

de apellido Nacelli. Este último reconoció haberlos detenido y entregado a

un cabo de nombre Steigman, quien testimonió haberlos llevado a punta de

fusil hacia el inter ior del cuartel; a continuación estuvier on en poder del ma-

yor Varanda, quien a su vez declaró haberlos entregado a un suboficial llama -


do Esquivel. Este último figura en la nómina de los muertos en el enfrenta -

miento, por lo que Varanda presume que Ruiz y Díaz se habrían fugado.

Díaz y Ruiz fueron capturados con vida por los militares, y ante la am-

plia superioridad numérica de las fuerzas de seguridad, no se puede aceptar

la teoria de las autoridades según la cual ambos, desarmados y malherido s,

se habrían escapado luego de estar en poder de los militares.

A pesar de ser el portador de la carga de probar la inexactitud de las de-

nuncias de los peticionarios, el Estado argentino mantuvo un absoluto si -

lencio respecto a la cuestión. En consecuencia, la Comisión concluye que

existen suficientes elementos de convicción para afirmar que Iván Ruiz y

José Alejandro Díaz fueron capturados con vida y posteriormente ejecuta -

dos, luego de encontrarse bajo la custodia y el control exclusivo de los

agentes militares que recuperaron el cuartel.

En la presentación realizada por el Estado en el año 1997, considerada ex- temporánea por la CIDH, se llegó a las siguientes conclusiones:

No existe evidencia de que Carlos Alberto Burgos y Roberto Sánchez hayan

sobrevivido y estado en poder de los militares que recuperaron el cuartel de

La Tablada. El Estado afirma que los citados atacante s habrían fallecido en

un incendio en la Guardia de Prevención del cuartel. Agrega que no hubo

una investigación especial de los sucesos relacionados con Burgos y Sán -

chez, pero que tampoco hubo denuncia alguna en la Argentina sobre la de-

tención y ejecución extrajudicial de los mismos.

En cuanto a Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, el Estado recurre a las de-

claraciones de los soldados y oficiales en la causa Abella para señalar que el

sargento Esquivel, último militar que estuvo a cargo de los atacantes, falle -

ció de un disparo en la cabeza. El Estado efectúa una reconstrucción de los

hechos que lo lleva a concluir que Ruiz y Díaz dejaron de estar bajo la cus -

todia y control de agentes del Estado a partir de la muerte de Esquivel.

Igualmente, el Estado concluye que las circunstancias que rodearon la muer -

te de Esquivel demostrarían que fue posible la fuga de Ruiz y Díaz del cuar -

tel. Menciona además el Estado el caso de una persona de nombre Ricardo

Falca, quien habría participado del ataque, pero que fue detenido después

de cier to tiempo en Río de Janeiro, Brasil.

En el caso de Berta Calvo, el Estado cita los testimonios de cuatro mili -

tares que participaron de la r ecuperación del cuartel, lo que le lleva a con -


cluir que la misma se encontraba malherida en el casino de suboficiales, que

nadie la vio salir con vida con el resto, y que su muerte habría sucedido en

tal sitio debido a los disparos que le efectuó un oficial durante el combate,

cuando los atacantes tenían a un soldado como rehén.

Respecto a Francisco Provenzano, el Estado caracteriza como "llamati -

vas" las coincidencias existentes entre las declaraciones de los atacantes en la

causa judicial iniciada para averiguar las denuncias sobre la ejecución de aquél,

y destaca el hecho de que los relatos tuvieron lugar casi tres meses después de

los hechos. Contrasta el Estado tal versión con la dada por Gorriarán Merla,

y con los testimonios de varios militares, y con la autopsia de Provenzano,

concluyendo que el mismo falleció carbonizado durante el combate.

En el caso de Carlos Samojedny, las denuncias de los atacantes respecto

de su ejecución fueron hechas casi tres meses después de las primeras de-

claraciones en sede judicial. Igualmente, el Estado enfatiza que Cintia Cas-

tro, mujer de Samojedny, hizo lo propio seis meses después de los hechos.

Continúa señalando el Estado que ninguno de los a tacantes vio a Samo-

jedny, sino que escucharon su voz, y que los t estimonios de los militares no

hacen referencia a que éste se hubiera entregado con vida, o estado dentro

del cuartel. Concluye al respecto el Estado que la investigación realizada por

el juez fue exhaustiva, y que no permitió corroborar la denuncia sobre las

circunstancias de la muerte de Samojedny.

En el caso de Pablo Martín Ramos, el Estado señala las declaraciones de

su hermano Sebastián Joaquín Ramos respecto a que aquél vestía ropas dis -

tintas en el momento de rendirse. Toma igualmente en cuenta las declara-

ciones de varios militares que afirmaron que la persona que aparece en la fo-

to con los brazos sobre la nuca sería un suboficial de nombre Walter Teófilo

Sciares; a su vez, éste ratificó los dichos de sus compañeros diciendo que fue

obligado a salir entre los atacantes en el momento de la rendición. Conclu -

ye, por lo tanto, que no hay elementos para establecer que Pablo Martín

Ramos se r indió con vida en el cuartel de La Tablada.

Al referirse a la denuncia sobre el presunto fusilamiento de Rica rdo Vei-

ga ante las cámaras de TV, [sostiene que] nunca fue realizada en sede juris -

diccional argentina; tampoco aparece tal secuencia en la cinta de video apor -

tada por los peticionarios. Cita el Estado las declaraciones de varios militares

para sustentar que Veiga no salió con ellos de la guardia de prevención, que

no fue capturado con vida por agentes estatales, y que tampoco permane-

ció bajo el control y custodia de tales agentes. La conclusión del Estado es


que Ricardo Veiga habría muerto en situación de combate, mientras evitaba

ser capturado, lo que indicaría su participación act iva en el conflicto.

Siempre me incliné a creer en los test imonios de los militares que encabeza- ron la recuperación del cuartel en cuanto a cómo se desarrollaron los suce-

sos en La Tablada, y en las posteriores conclusiones de la Just icia argent ina en el ju icio a los responsables del MTP, quienes gozaron de todas las garan-

tías const itucionales de defensa en juicio. Sin embargo, con el paso del t iempo, ante las diferentes versiones sobre lo que realmente ocurr ió en el inter ior de la unidad militar, y las conclusio -

nes finales a las que arribó la CIDH, debo decir que me han generado dudas sobre las diversas situaciones que vivieron tanto quienes fueron detenidos,

como aquellos que perdieron la vida en el enfrentamiento. En 2000 recibí una carta personal de Enr ique Gorriarán Merlo, quien permanecía detenido,

en la que me expresó lo siguiente: Doctor Raúl Alfonsín:

Pienso que debe haber llegado a sus manos una nota que l e enviamos

mientras estuvo internado por el accidente el año pasado. Ahora sabemos

que está recuperado yeso, con absoluta sinceridad, nos alegra. También

pienso que ésta lo sorprenderá un poco. Yo sé de usted por cosas que son

del dominio público, por comentarios de personas de acá o del exterior

que lo conocen, y por el recuerdo de lo que me contaron Robi [Santucho]

y Benito [Urteaga] de un encuentro que tuvieron en épocas duras. Va el

saludo y el respeto.

Lo que pretendo decir le, en nombre de todos mis compañeros, es que

nosotros creemos comprender que en los años de su mandato se vivieron

momentos muy difíciles. Nos imaginamos que no habrá sido fácil lidiar con

las conspiraciones de quienes -al ver peligrar los diversos privilegios que ha-

bían conseguido durante el autoritar ismo- pretendían volver al pasado. y no

dudamos que usted actuó en concordancia con los dictados de su concien -

cia y honestidad.

También para nosotros fueron días complicados; que se volvieron aún

más preocupantes cuando supimos de la relación Menem-Seineldín. Ésta

nos hizo recordar que desde aquel septiembre del 30, en que conservado-


res y militares voltearon a Y r igoyen, todos los golpes necesitaron de un

importante apoyo o consentimiento civil para poder concretarse. El peli -

gro que -por sus antecedentes- vimos en aquella alianza, fue lo que nos

decidió a actuar .

No trato en ésta de reivindicar nuestra forma de proceder, sino de ex -

presar lo que sentimos en aquel momento; sin descartar el reconocimiento

franco de errores que puedan haber existido y que t rataremos de examinar

detalladamente apenas se nos presente la oportunidad, creo que será la his -

toria la que en defInitiva realizará un análisis desapasionado y justo de lo

sucedido.

Sí reivindico que lo único que nos guió fue la voluntad de resistir a nue-

vos atropellos golpistas. Nosotros, como la inmensa mayoría de los argenti -

nos, sólo pretendemos vivir en democracia, y participar de ella en paz. To-

dos hemos vivido la intolerancia política y la represión utilizada para

imponerla; en nuestro caso, todos tenemos compañeros o familiares vícti -

mas del terrorismo de Estado, y todos hemos padecido en carne propia la

brutalidad de la tortura o la inclemencia de la prisión. Por eso sabemos lo

que significa el despotismo y lo despreciamos.

Hoy, afortunadamente, esa etapa negra de nuestra historia que abarcó

desde el 6 de septiembre de 1930, hasta el 3 de diciembre de 1990, quedó

atrás. Sin embargo, nosotros, como un resabio injusto de lo sucedido, esta -

mos sufr iendo la cárcel o la persecución desde hace ya once años.

Quizá nadie mejor que usted conozca la realidad política argentina del

pasado y del presente, ni cuente con los argumentos y la autoridad moral

que son necesarios para ayudar a un futuro más democrático y equitativo.

Es por ello que pienso -y pensamos- que comprenderá cabalmente nuestra

situación, y por eso me atrevo a pedir le, con todo respeto, que trate de con -

tr ibuir a la pronta solución de nuestro caso.

Bueno, disculpándome por molestarlo, otra vez lo saludo y un muy

buen 2000.

ENRIQUE HAROLDO GORRIARAN

Cárcel de Villa Devoto, Buenos Aires, 25 de febrero de 2000

En varias ocasiones fui consultado no sólo por las autoridades argent inas, sino por personalidades de países lat inoamericanos, si pensaba oponer al-

gún reparo a la eventual liberación de los convictos por el ataque. Siempre


respondí que estaba muy tranquilo con mi conciencia respecto de cómo

había actuado frente a esos sucesos y que no iba a interponer ningún obs- táculo a la libertad de los presos, en algunos casos más just ificada segura-

mente que en otros. Finalmente, el presidente Fernando De la Rúa deci- dió conmutar las penas de quienes aún permanecían detenidos. Poco

tiempo después, el presidente Eduardo Duhalde decidió conceder el indulto, por razones humanitarias, al últ imo de los condenados por esos he-

chos: Enrique Gorriarán Merlo.

MEMORIA POLÍTICA / EL FINAL ANTICIPADO

4. El final anticipado Primer semestre de 1989

Un gran esfuerzo de los argentinos

EN MI DISCURSO ante la Asamblea Legislat iva de 1988 dije que culminaba un esfuerzo del pueblo argent ino sólo parangonable con el llevado adelante en

las luchas iniciales, tendiente a concretar la transición más definit iva de su historia: de la dictadura a la libertad, de la decadencia al desarrollo, del privi-

legio a la just icia, de la dependencia a su reconocimiento soberano, del centralismo al federalismo, de la arbitrariedad al estado de Derecho.

Señalé hechos posit ivos, tales como la transformación de nuestro mercado económico, comercial, técnico y cultural, por la vía de asociaciones bilate-

rales y mult ilaterales con Italia y España. Los acuerdos con Brasil y Uruguay, que significaron un avance notable en nuestro camino hacia un espacio eco -

nómico regional y la integración lat inoamericana. Las reformas estructurales en los sectores petroquímico y siderúrgico, el

impulso exportador para nuestra agro industria y el inicio del proceso que permit ía asociar capitales y técnicas gerenciales a las empresas del Estado.

Concretamos el desafío de convocar a la sociedad a un Congreso Pedagó- gico Nacional para debat ir sobre un tema prioritar io como el de la educación.

Buscamos erradicar la mentalidad exclusivamente asistencialista, distante y burocrát ica en los programas sociales, reemplazándola por una concepción

mas cercana y part icipat iva. Se restablecieron las convenciones colect ivas de trabajo, que funcionaron

normalmente por primera vez en muchos años. Promulgamos la Ley de Defensa Nacional, que permit ió reinsertar a las

Fuerzas Armadas en sus funciones específicas de acuerdo con el espíritu de


nuestra Const itución nacional.

Garant izamos la transparencia de las últ imas elecciones nacionales, la

transmisión del mando en todas las provincias, redoblamos con éxito nuestros esfuerzos para ofrecer a la población argent ina las mejores condiciones

de seguridad. Alentamos y facilitamos el florecimiento cultural de nuestro pueblo, que

se materializó en una mult iplicidad de manifestaciones sin precedentes. En mater ia de seguridad y just icia, los acontecimientos posteriores evi-

denciaron el afianzamiento decisivo de los mecanismos propios de las inst i- tuciones republicanas para preservar la paz, la convivencia civilizada y la con-

digna sanción a todos los transgresores de nuestras normas legales y de nuestro est ilo de vida democrát ico.

Generamos un mecanismo polít ico nuevo en nuestra historia regional: el Grupo de los Ocho, con la creación de instancias de consulta y concer-

tación que permit ieron avanzar un paso más en el proceso de integración lat inoamericana.

En esta conjunción de tareas, de reordenamiento y consolidación, por un lado, y de reforma y transformación, por el otro, se concentró nuestra acción

de gobierno. Las polít icas de envergadura y el proyecto estratégico que implicaba la vo -

luntad de emerger del atraso comenzaron a plasmarse en hechos concretos: el respeto de los derechos humanos, la libre expresión de ideas, la just icia, la

convivencia pacífica y el pluralismo polít ico. Logramos recuperar la paz, decididos a defender la con firmeza en el marco estricto de la ley contra todo;

intento absurdo de perturbación. Desde el punto de vista del comportamiento de la economía nacional,

sostuve que se presentaban aspectos contrastantes. La inflación se mantuvo alta durante todo el per íodo, al t iempo que e l rit-

mo de crecimiento del nivel de act ividad económica tendió a desacelerarse. En cambio, si se atendía a la reorientación en curso de los ejes tradicionales

de desarrollo del país y la inversión en las act ividades product ivas, e l balance era posit ivo.


Así, la economía industrial dio pasos significat ivos en su vinculación

con los mercados internacionales, comenzando a trascender las fronteras del mercado interno, como lo test imonia el apreciable crecimiento de sus

exportaciones. El volumen de inversión cont inuó con la recuperación iniciada en el año

anterior, acumulando entre 1986 y 1987 un incremento de casi el cuarenta por ciento, lo que permit ió comenzar a revertir el descenso que produjo la

crisis de la deuda externa. El productor agropecuario recuperó condiciones de rentabilidad. Realismo cambiario, quita de retenciones, sistemas de pre-

cios sostén y transparencia en los mercados, unidos a la implementación de medidas que contribuían a la modernización de los sistemas de comercializa-

ción, fueron parte de las herramientas con que se implementó la polít ica al servicio del crecimiento agropecuar io.

En lo que se refiere al crecimiento, fue convicción de nuestro gobierno que no había posibilidades de un desarrollo sostenido si la economía argen-

tina no lograba una mayor integración a la economía mundial. La persistencia en el aislamiento y la búsqueda de vanas autarquías habían ahondado la

dependencia con respecto al exterior. Por eso, nuestro primer desafío en la polít ica exter ior fue pasar del aisla-

miento a la plena y libre inserción de la Argent ina en la comunidad de nacio - nes. Afirmé que podíamos decir con orgullo que habíamos logrado plena-

mente ese objet ivo. La acción internacional de la democracia nos había devuelto el prest igio y estrechado nuestros lazos con el mundo.

Frente a aquellos que predicaban el alineamiento como método para recibir las dádivas del mundo exterior, demostramos no sólo que la dignidad

nacional era compat ible con el aprovechamiento de las oportunidades exteriores sino que era la condición para ser respetados internacionalmente. La

idea de unimos al mundo permit ía también construir un nuevo horizonte para nuestra economía; de allí que hayamos puesto el acento en la promoción

de las exportaciones y, en part icular, de las exportaciones industriales. Los instrumentos ut ilizados para favorecer una mayor integración de la Argent i-

na al mundo mostraron que el abandono de la estructura semiautárquica con la que habíamos funcionado durante décadas no tenía por qué transitar por


carriles traumáticos como había sucedido en épocas no muy lejanas.

El despertar en los sectores de la producción, aunque opacado por las dificultades de la coyuntura, era, de todos modos, visible cuando se prestaba

atención a la respuesta posit iva del campo y la industria. Esta act itud buscaba transformar el comportamiento de las empresas,

merced a la puesta en marcha de nuevos proyectos, la incorporación de tec- nologias y nuevas modalidades de gest ión y comercialización. Queríamos

que esta transformación nos devolviera fuentes genuinas de acumulación y crecimiento, fuentes que, a lo largo de una prolongada decadencia, hemos

ido perdiendo: la renta de la t ierra, la renta petrolera, la oportunidad de concertar en el mundo negocios provechosos para el campo, la industria, los cul-

tivos regionales. Movilizar este potencial era una de las palancas de la expansión argent i-

na. Pero había otra cuest ión importante que formaba parte del costo argentino: la inestabilidad económica. Largas décadas de inflación crearon un

clima poco propicio para el crecimiento, porque es difícil planificar inver - siones y apostar al futuro en una situación dominada por la incert idumbre

y el corto plazo. Los altos costos de esta situación se tradujeron en decadencia y estancamiento.

En 1985 pusimos en marcha el Plan Austral, verdadera obra maestra de Juan Sourrouille y su equipo, como una operación dest inada a hacer frente a

una coyuntura inflacionaria que se tornaba ingobernable. Pero también nos propusimos actuar sobre los desequilibrios básicos de la economía, cuya so-

la presencia tendía a recrear la situación de inestabilidad inmediata que dicho plan, con sus polít icas de corto plazo, procuraba controlar.

El Poder Ejecut ivo acababa de aprobar un plan para incrementar la pro- ducción petrolera, que incluía el fomento a la product ividad de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales (YPF), el impulso inmediato a la producción incremen- tal y la firma de contratos entre YPF y empresas privadas que invirt ieran ca-

pital de riesgo. En un país con recursos gasíferos de tanta magnitud como el nuestro,

desde hace décadas hemos visto cómo buena parte de esa riqueza fue ven- teada ante la imposibilidad de canalizarla hacia los centros de consumo.


Nuestra polít ica se orientó a incrementar el máximo aprovechamiento de

esos recursos, impulsando para ello un proceso de crecimiento acelerado tan- to en gasoducto s como en redes.

Entre las principales obras ejecutadas mencionaré la ampliación del gaso - ducto Campo Durán-Buenos Aires, mediante la construcción de tres nuevas

plantas compresoras; la construcción del segundo gasoducto troncal Neuquén-Bahía Blanca-Buenos Aires, con una traza de 1.370 kilómetros; la

construcción de otros gasoductos menores para atender áreas de alto consumo y la extensión de nuevas redes de distribución en numerosas localidades

del interior. También logramos la transferencia ant icipada del gasoducto Centro-Oeste a Gas del Estado.

Un país por muchas décadas replegado sobre sus propias fronteras y, por lo tanto, una sociedad que progresivamente le dio la espalda a la nece-

sidad de compet ir y de capturar el progreso técnico, le reclamó al Estado que, además de sus funciones const itucionales, hiciera muchas cosas y a

cualquier costo. Así, e l Estado debió afrontar la demanda de que se convirt iera en garan-

te de la producción y el crecimiento. Pero mientras que en los Estados modernos desarrollados esta demanda es sat isfecha mediante el diseño de una

estrategia para toda la nación y con reglas de juego transparentes que movi- lizan la iniciat iva social, en la Argent ina el Estado se vio llevado a hacerlo sea

a través de la creación de empresas públicas industriales, sea a través del subsidio al capital privado, o haciéndose cargo de empresas quebradas. Es cier -

to que este papel dominante del sector estatal en la economía estuvo algunas veces just ificado, dado que la inestabilidad polít ica y económica del país ge-

neraba un clima desfavorable a las inversiones de riesgo. En una economía más integrada al mundo, que quiere crecer a part ir del

poder de compra de los mercados internacionales y no vivir del poder de compra de un sector público práct icamente en quiebra, estuvimos obligados

a asignar los fondos del Estado con el máximo de eficiencia económica y el máximo de eficiencia social. Esto imponía establecer una atenta vigilancia so -

bre las inversiones públicas, transfer ir al sector privado aquellas empresas productoras cuyo mantenimiento en manos del Estado ya no significaba un


beneficio para la comunidad, y terminar con el error de creer que legalizar la

evasión imposit iva es promover la industria y que venderle caro al Estado es defender al empresariado nacional.

Por el contrario, no puede haber mejor Estado que aquel que planifique sus inversiones con independencia de presiones corporat ivas, ni mejor pro-

moción industrial que aquella que, a part ir de la plataforma del mercado interno, le abra a nuestros empresarios los negocios del mundo, ni mejor de-

fensa del empresariado nacional que otorgarle una protección transparente. El Estado debe enfrentar la necesidad de garant izar la just icia social. Pe-

ro este propósito válido ha ido dejando paso a una práct ica distorsionada, derivada de una mentalidad meramente asistencialista.

Nuestra polít ica social fue dirigida a modificar esta mentalidad y lograr crecientes niveles de bienestar en el e jercicio práct ico de la solidaridad y la part i-

cipación popular. Durante mi gobierno, la Argent ina -y es bueno que se sepa- fue el país de América Lat ina que invirt ió mayor proporción de su producto

bruto interno en gasto y desarrollo social. Una gran parte de nuestra riqueza se dest inó a atender a los jubilados, la salud, la educación, la vivienda, la alimen-

tación del pueblo y a la promoción de su desarrollo individual y social. Con relación a los jubilados, se convocó a la const itución del Consejo

Asesor de la Seguridad Social, integrado por trabajadores act ivos, empleado- res, jubilados y el Estado, con la función primordial y perentoria de sentar las

bases de un nuevo sistema previsional argent ino, proponiendo reformas a la legislación vigente.

El gobierno había presentado un avanzado proyecto sobre seguro de salud que podía ser mejorado o cambiado, pero a pesar de los esfuerzos para

consensuar voluntades, los dist intos sectores involucrados no se pusieron de acuerdo para que millones de compatriotas pudieran proteger debidamente

ese derecho básico. El progreso social se mide también por la calidad de la convivencia, por

la capacidad de los actores sociales de ut ilizar responsablemente su libertad, de acordar sin coerción alguna la mejor forma de cooperación para el creci-

miento de todos y para asegurar la just icia social. Y a propósito de la concer - tación y el consenso, a comienzos de 1988 convocamos a formalizar las con-


venciones colect ivas de trabajo.

Todo ello pone en evidencia que no sólo había problemas y dificultades en la economía argent ina. También había señales de un despertar y de un de-

seo de renovación, de una modificación de criter ios y de expectat ivas, a la que no era ajeno el restablecimiento de la libre negociación entre sindicatos

y empresarios con la aprobación de la Ley de Convenios Colect ivos. En términos concretos, estos objet ivos se reflejaron en programas como

el de Asistencia Básica a la Comunidad, a través del cual llegamos a más de 1,3 millón de niños de todo el país, que recibieron 1.617 toneladas de ele-

mentos escolares. Además, aseguramos un lugar a cada joven para sus estudios medios y el libre acceso a la universidad.

Si no mediaban las reformas que estábamos implementando, el Estado abarcador y universalista, que recogía y pretendía sat isfacer las aspiraciones de

todos, terminaría en un Estado socialmente empobrecido y con una educación pública crecientemente deteriorada. No había alternat ivas. En medio de las di-

ficultades fiscales se reconstruía una polít ica social que garant izara la igualdad de oportunidades o el ideal de just icia se convert iría en un recurso retórico. La

polít ica de transformación de este campo pasaba por la reasignación del gasto social, de manera tal que cumpliera con sus objet ivos, para que llegara a quie -

nes lo necesitaban, para que no se ocultaran en él bolsones de privilegio. La democracia heredó la agobiante carga de una deuda que, por su mag-

nitud, comprometió el porvenir de los argentinos y const ituyó una formidable dilapidación de recursos. Otros países hermanos enfrentaron un proble -

ma de endeudamiento de origen y magnitud similar al nuestro, pero tuvieron al menos, como contrapart ida tangible, inversiones product ivas que posibili-

taron una mayor disponibilidad de bienes y servicios. La deuda externa, como señalé, fue otro formidable obstáculo que enfren-

tamos. El t iempo transcurrido desde el comienzo de la llamada "crisis de la deuda externa" ha probado que nuestro diagnóst ico inicial, expuesto en todos

los foros internacionales, era correcto, que enfrentábamos no sólo un proble - ma de liquidez, sino fundamentalmente un problema enraizado en profundas

razones estructurales, comunes a muchos países en desarrollo. El endeudamiento externo de la Argent ina es tal vez uno de los episodios


más trágicos de la historia económica contemporánea, porque ha sido el me-

canismo ut ilizado para financiar una estructura de consumo distorsionada, un alto desequilibr io fiscal y una masiva fuga de capitales. Esta lamentable

herencia que recibió el gobierno democrát ico recayó directamente sobre las espaldas de la nación, ya que en la etapa final del anter ior gobierno militar la

deuda fue trasladada en su mayor proporción al sector público. Esto implicó agravar el déficit fiscal, generar una mayor transferencia de recursos al exte-

rior a expensas de la inversión product iva y acentuar el proceso inflaciona- rio, a través de las medidas necesarias para neutralizar el desequilibrio de las

cuentas públicas que la propia deuda produce. La existencia de un marco externo decididamente adverso ha agravado

aún más el enorme sacrificio de nuestros países. Las tasas de interés en los mercados internacionales fueron muy elevadas en términos reales y refleja-

ron los desequilibr io s fiscales de las grandes economías industrializadas. Los organismos internacionales parecen creer que es más fácil reducir rápida-

mente el déficit fiscal en nuestros países que en las naciones más ricas del mundo. Por otro lado, sufr imos las consecuencias del deterioro en los térmi-

nos del intercambio, que en el caso part icular de la Argent ina está más rela - cionado con las polít icas proteccionistas de los países industriales que con las

fuerzas de la oferta y la demanda. En nuestro gobierno pretendimos una solución al problema de la deuda

externa en la que todos los actores -gobierno, deudores y acreedores, organismos internacionales y bancos comerciales- asumieran la responsabilidad

y los costos que les correspondían. Se elaboraron una serie de mecanismos e instrumentos financieros que permit ieran concertar en forma voluntaria, en-

tre deudores y acreedores, reducciones de capital y de los intereses de la deuda. Mencionaré unos pocos: disminución de las tasas reales de interés a nive-

les compat ibles con los valores históricos, quitas concertadas sobre las deudas incurridas, operaciones de conversión de deuda en capital.

Ninguno de estos mecanismos podía ser descartado si brindaba alivio a nuestros países, y era nuestra firme voluntad polít ica actuar para que se con-

cretaran de una vez por todas. Paralelamente, debían cont inuar las corrientes de financiamiento que complementaran los esfuerzos internos con miras a


consolidar el proceso de acumulación y crecimiento. Los organismos interna-

cionales debían contribuir a este financiamiento sin que ello implicara mayor condicionalidad, al est ilo neoliberal. Los recursos adicionales que resultaran

disponibles debían ser a costos y plazos más realistas, acordes a los períodos efect ivamente necesarios para crecer y estabilizar nuestras economías.

Nuestro objet ivo de modernizar el país se conectaba ineludiblemente con una solución duradera del problema de la deuda externa. Estábamos en una

verdadera encrucijada. Diversas experiencias ilustran de manera elocuente el alto costo que implicaba la búsqueda de soluciones unilaterales al problema

de la deuda. No era nuestra intención transitarlas. Nuestra act itud fue siempre la de explorar soluciones realistas y racionales.

Buscamos despejar el horizonte económico para que crecimiento y estabilidad fueran, ya no sólo valores compartidos, sino posibilidades cier -

tas y perdurables para el futuro de nuestro país. Para lograr tales objet i- vos, el problema de la deuda externa debía tener en poco t iempo una

solución integral y definit iva. Las diversas soluciones posibles fueron dis - cut idas exhaust ivamente.

El precio que tuvimos que pagar

Hay momentos en la vida de cualquier hombre en los que éste debe tomar

decisiones fundamentales. De esa decisión depende su futuro, su vida perso - nal, la de su familia o su trabajo. Pero cuando las consecuencias de la elec-

ción de un camino u otro invo lucran a toda una sociedad, la trascendencia de esa decisión t iene un peso mucho mayor. En 1989 se me planteó una disyun-

tiva de esa naturaleza. Más allá de los desacuerdos que podían tenerse con mi gest ión, exist ía un recalentamiento de la situación polít ica art ificialmente

producido. Visto ahora, desde la distancia que me otorga el t iempo, confirmo lo que

creía en aquel entonces: con un siete por ciento de desocupación, con liber - tades individuales plenamente garant izadas, con una infat igable voluntad de

diálogo hacia todos los part idos de la oposición y con la firme decisión de entregar el gobierno a mi sucesor con el mayor espír itu de colaboración, en


esas condiciones se produjo un estallido que no dejó otro camino que acele-

rar el traspaso del poder. Asaltos a supermercados, paros parciales cotidianos, huelgas generales,

violencia callejera, pedidos del just icialismo para que yo renunciara y discur - sos que originaban corridas bancar ias fueron el detonante. El tema del ham-

bre y la desocupación eran los principales argumentos. Pocos años después, la administración que me sucedió llevó la desocupación al veinte por ciento,

cerraron cientos de fábricas, la marginalidad se extendió como una epidemia social, más de la mitad de la población quedó por debajo de la línea de po -

breza y se instaló una grave corrupción. Todo eso sin que se produjera estallido alguno. Veamos cómo sucedieron los hechos.

El 14 de abril se desarrollaron las elecciones. A pesar de una excelente elección del doctor Eduardo Angeloz, resultó triunfador el doctor Carlos

Menem, quien tenía asegurado además el voto mayoritario del Colegio Elec- toral. Inmediatamente después de conocido el triunfo just icialista, estableci-

mos los pert inentes contactos con Menem y en cuanto él designó los colaboradores para cada área, cada ministro puso a disposición toda la información

requerida para tratar de evitar lo que nos pasó a nosotros cuando, en 1983, de un día para otro tuvimos que hacemos cargo de problemas sobre los que

no habíamos sido informados. En aquel entonces debimos afrontar situacio - nes cuya gravedad se nos había ocultado y descubrir a cada paso, desde el mo-

mento en que me confiaron la banda presidencial, que el desastre era aún mayor del que podíamos imaginar en nuestras pesadillas.

Yo había fijado la fecha de las elecciones, luego de consu ltar a los presidentes de los part idos más importantes, porque me parecía que era mejor rea-

lizar la campaña antes del invierno, y porque temía que las expresiones casi desaforadas del candidato del just icialismo terminaran por derrumbar la eco -

nomía, seriamente dañada luego de los episodios de Villa Martelli y La Tabla- da, episodios que produjeron gran incert idumbre acerca de la gobernabilidad

de mi gest ión. No puedo aportar pruebas de que en 1989 se hubiera producido lo que se llama un "golpe de Estado económico". No deben hacerse de-

nuncias sin pruebas. Pero podemos afirmar que fue un golpe de mercado. Nosotros habíamos puesto en marcha el últ imo intento de frenar la in-


flación a través de un plan económico sin duda más vulnerable que el Plan

Austral. Nos proponíamos llegar con una inflación de un dígito a fin de 1988. Los periodistas le dieron nombre a ese intento y lo llamaron Plan

Primavera. Mientras llevábamos a cabo el plan, transcurría la campaña electoral.

Las encuestas empezaron a ant icipar el triunfo del candidato del just icialismo y todo el mundo quiso saber qué se proponía. ¿Y qué era lo que

Menem proponía a los argent inos? Por lo pronto, los 26 puntos de la CGT -que habían sido la razón de muchas huelgas generales durante mi gobier -

no-, un proyecto realmente anacrónico, de posguerra, de aplicación imposible dadas las circunstancias. Como seguramente se recordará, también ha-

blaba de "salariazo". Sostenía que se iban a bajar los impuestos y mantener las tarifas sin aumento.

Cualquier operador económico que quisiera conservar su puesto, todo gerente de finanzas que quisiera seguir en el cargo aconsejaba tomar posicio -

nes en dólares, y esto produjo corridas que nos obligaron a modificar sobre la marcha el proyecto inicial. Digo esto sin perjuicio de admit ir que algunos

sectores pueden haber decidido aprovechar la situación para cast igar al go - bierno. Lo que se llamó "golpe económico", imagino que quizás pueda ins-

cribirse en el consejo permanente de los bancos para que la gente comprara dólares y también a las compras que los propios bancos hacían.

A esto deben agregarse, como un factor que generaba inquietud en la so - ciedad, algunas declaraciones que parecían dirigidas a crear mayores proble -

mas. Por ejemplo, podemos mencionar que el entonces presidente de la Cá- mara de Diputados informó a la prensa sobre la decisión de su part ido de

hacer un blanqueo imposit ivo. Lógicamente, muchos dejaron de pagar impuestos. Hubo trascendidos sobre congelamiento de precios y muchos co-

merciantes los subieron de manera desmesurada, tomando precauciones para evitar que una medida de este t ipo los encontrara desprevenidos. Así se

formaron los conocidos "colchones", que generaron más inflación. Otros voceros dijeron que se iban a nacionalizar los depósitos bancarios, lo que

contribuyó a incent ivar la tendencia a refugiarse en el dólar. Como puede verse, exist ían claros indicios de que algo grave estaba ocu-


rriendo, pero no había una denuncia posible, tal como debe hacerse: con

pruebas. Sin embargo, oportunamente informamos sobre la situación, aler- tamos a propósito de los riesgos que se estaban corriendo, analizamos las ra-

zones y las consecuencias de todo esto. Siempre lo hicimos en público, co - mo consideramos nuestro deber.

Nuestras preocupaciones fueron comunicadas a la opinión pública. Los que trataban de torcemos el brazo y ponemos a su merced se toparon con

toda la resistencia posible. Haré un esfuerzo para entrar en detalles que por momentos se borran de

la memoria. Para lograrlo tendré que citar a algunos colaboradores de entonces que, como Rodolfo Terragno, tuvieron parte importante en ese trámite.

Pero debo dejar bien en claro que la hiperinflación y los problemas econó- micos no fueron exclusivamente la causa de mi ret iro ant icipado.

En el seno del just icialismo, los conflictos polít icos y las disputas sectoriales no cesaron, ni con la elección que consagró a Carlos Menem co -

mo candidato presidencial, ni tampoco con la propia elección nacional que le dar ía la presidencia en un plazo corto. Si bien se produjo un pro-

ceso de recomposición interna durante la durísima campaña electoral, y otro mayor aún después del triunfo, el grueso de los llamados "renovado-

res" mantenía sus distancias con el presidente electo. A pesar de esto , algunos de sus miembros más importantes -como el presidente del bloque

de diputados, José Luis Manzano, o el apoderado nacional del PJ, Carlos Corach- se sumaron al sector denominado "celeste", liderado por los

"tres Eduardos" (por Eduardo Duhalde, Eduardo Menem y Eduardo Bauzá), que ganaría fama de "dialoguista y sensato" por sus act itudes, que

l trataban de evitar llegar a una instancia de confrontación irreversible con el radicalismo.

Por su parte, otro grupo, el llamado "rojo punzó", en el que part iciparon Luis Barrionuevo, Alberto Kohan, Rubén Cardozo, Julio Corzo, Antonio

Vanrell, César Arias entre otros, fue el que llevó la carga más dura contra el gobierno radical y se hizo portavoz de las acusaciones que surgían de las usi-

nas de los servicios de inteligencia o de los grupos carapintadas y que solían ser reproducidas por el semanario El Informador Público o por el diar io La


Prensa. Representó al sector más conservador del peronismo histórico, que se

asentaba esencialmente sobre estructuras feudales en las provincias, y desde su mismo nacimiento ejecutó fielmente un est ilo polít ico que alentaba la in-

definición ideológica del futuro Presidente. Recuerdo que Carlos Cañón, ex apoderado del part ido formado por Emi-

lio Massera en su intento polít ico, al que diversas versiones lo habrían seña- lado como autor intelectual del atentado contra la Fundación Argent ina pa-

ra la Libre Información que yo presidía, fue nombrado director de la Central Nacional de Inteligencia.

Cerca de los "rojo punzó" estaba el ya citado "grupo Olleros", que así fue baut izado porque solía reunirse en una casa de la calle Ollero s, sede de la so -

ciedad Menéndez, Lynch y Nivel. En ésta, el cargo de presidente lo ocupaba el contador José María Menéndez, quien se había ret irado en 1983 como ge-

rente general de Grafa, perteneciente a Bunge y Born. El contador Menéndez mantenía fluidos contactos con oficiales de inte-

ligencia del Ejército. En 1987 se acercó a dos hombres clave del grupo carapintadas, los tenientes coroneles Enrique Venturino y Ángel León. En los

meses siguientes, esa relación se consolidó y en enero de 1988, cuando Rico se preparaba para protagonizar el levantamiento de Monte Caseros, su pr i-

mer refugio fue, como ya lo mencioné en el capítulo anterior, la qu inta Los Fresnos, propiedad de un yerno de Guillermo Fernández Gil, que era en ese

momento el tesorero de Menéndez, Lynch y Nivel. Una pieza clave en la estrategia que requería el grupo rojo punzó era ge-

nerar un movimiento de pinzas y quebrar los apoyos al Plan Primavera. Pa- ra ello necesitaban de importantes sectores empresariales, a los que fueron

convocando con indudable éxito a través del grupo OlIeras. Menem vacilaba después del triunfo sobre las polít icas a seguir. Pero no

era el único. El senador Eduardo Menem, uno de los negociadores en el traspaso del gobierno, tenía muy buena relación con César Jaroslavsky, y en uno

de sus frecuentes diálogos le comunicó que no tenían acuerdo sobre el plan económico a aplicar.

Sin embargo, no era solamente la ausencia de un plan concreto el problema que se le presentaba al futuro gobierno just icialista. Estaban de por medio


los compromisos públicos efectuados en la campaña electoral y los conflictos

entre los sectores internos acerca del nombre del ministro de Economía. Por una parte, se sent ía la presión de Domingo Cavallo, quien desde la Fundación

Mediterránea acercaba diariamente "papeles de trabajo" y propuestas diversas. Por otro lado, el sector polít ico, que negociaba con el radicalismo las condicio -

nes de un posible cambio en la fecha de asunción, también aspiraba a influir en este tema. Y los sectores empresariales, ahora interlocutores casi diarios, co -

menzaban a expresar sus esperanzas de que el nombre del eventual ministro fuera el fruto de un acuerdo que los tuviera por interlocutores principales.

Tengo entendido que una noche, a pocas horas de la primera reunión conmigo, Menem se sinceró ante sus amigos en el transcurso de una conver-

sación: "No sé qué hacer, ni siquiera tenemos un plan econó mico para hacer frente a todo esto", dijo preocupado. Allí le propusieron un encuentro con

el equipo técnico del holding Bunge y Born para que expusieran la propuesta. Menem no se sorprendió demasiado, dudó un segundo y contestó: "Está

bien, pero que vengan a La Rioja", a donde viajaría después de su entrevista conmigo. Menem aceptó una nueva reunión con el holding, pero con una con-

dición que resultó sorprendente para sus interlocutores: "Esta bien -dijo-, pero que también vaya Alsogaray".

El plan que surgió a part ir de ese momento significó un giro absoluto sobre la posición tradicional del just icialismo y las promesas de la campaña

electoral. Álvaro Alsogaray coincidió en lo general y Domingo Cavallo se replegó

en sus ambiciones (se le había ofrecido el Ministerio de Relaciones Exterio. res). Los otros grandes sectores empresariales part iciparon del acuerdo o es-

tuvieron a la expectat iva. Sin embargo, las cosas se complicaron enormemente. El presidente electo, al romper bruscamente las negociaciones con el

radicalismo, terminó en un instante cualquier posibilidad de acuerdo y de implementar urgentemente medidas económicas de emergencia para conjurar

la crisis, y postergó mi idea del adelantamiento de la entrega del poder, que de concretarse de inmediato hubiera evitado lamentables episodios que vivió

el país. Comunicó su decisión en una conferencia de prensa: "No nos com- prometeremos en las medidas a adoptar, la responsabilidad de gobernar es


de quienes están en funciones". Yo contesté con energía: "Lamentamos es-

to. En consecuencia, gobernaremos.. .". No eran momentos para que el país soportara negat ivas irreduct ibles en el

traspaso del poder. Esto ocurría cuando las tensiones sociales, como consecuencia de la hiper inflación y del discurso extremadamente demagógico del

presidente electo, habían producido práct icamente la ingobernabilidad de mi gest ión y atacaban peligrosamente al propio sistema. Yo no entendía a Menem,

que pareda arriesgarlo todo sin tener en cuenta los peligros que se corrían. Só- lo alcanzaba a apreciar que se podía deber a de dos causas absolutamente dis -

tintas: o bien todavía dudaba acerca de la polít ica económica a seguir o, por el contrario, ya estaba decidido y necesitaba un gran desprest igio del gobierno pa-

ra poder implementar luego las polít icas reaccionarias que vivimos. Pero el 23 de mayo comenzó la debacle. Se asaltó un supermercado en

Córdoba y al día siguiente se realizaron catorce saqueos. También comenzaron en Rosar io y en la Capital Federal. El 25 se extendieron al Gran Buenos

Aires, Mendoza y Tucumán. A part ir del 26, los centros urbanos del país se encontraban en estado de conmoción. Todo apareció con manifiesta sincro -

nización. Luego, los hechos llegaron a Salta, Río Negro y Neuquén, y el 31 a La Pampa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y San Juan. Estábamos ante un ver-

dadero estallido social. Aún se produjeron otros saqueos e11 y el 2 de junio. Se ut ilizaron camiones para derribar las puertas y panfletos que invitaban

a dirigirse a comercios donde se repart irían alimentos. Sin embargo, hasta el día 28 de mayo teníamos la información de que la situación era "grave, pero

controlable". El 29 se produjeron en la zona de Rosario casi sesenta hechos, algunos con

mayor violencia. A mediodía se habían extendido a toda la ciudad y los comercios cerraron. Luego dejaron de circular los transportes y comenzaron

confrontaciones entre comerciantes y saqueadores, que estaban muy bien or - ganizados. Los medios confirmaron la presencia de autos sin patente, grupos

armados y coordinadores que a través de intercomunicadores dirigían a los grupos. La televisión exhibió la increíble pasividad de la policía provincial an-

te el destrozo de vidrieras y el robo de art ículos para el hogar. La part icipación de estos grupos organizados pudo observarse en dist in-


tas ciudades, con vandalismo en aumento e interferencias en las comunica -

ciones policiales. También fueron interferidas las comunicaciones de la poli- cía provincial. En Rosario, entre los vehículos que dirigían los asalto s, uno

fue ident ificado como perteneciente al gobierno de la provincia de Santa Fe. El gobernador Víctor Reviglio declaró que se había verificado la presencia de

francot iradores. Por la tarde del 29 de mayo dispuse el envío de dos mil efect ivos de la

Gendarmería Nacional para sust ituir a la inact iva policía provincial. En un principio había decidido trasladarlos en aviones de Aerolíneas Argent inas,

pero se apersonó el brigadier CreSpo, y solidariamente me pidió que la Fuer- za Aérea se encargara de la tarea, lo que acepté. El gobierno de Santa Fe

declaró el estado de emergencia y el t itu lar del Ejecut ivo, en acritud que me extrañó, viajó a Buenos Aires para pedir ayuda para superar la situación. De-

cidí declarar el estado de sit io, decisión que comuniqué t elefónicamente a Menem, que estuvo de acuerdo. Hacia medianoche el estado de sit io era ley

y regía para todo el territorio nacional. El 30 de mayo se produjeron los mayores hechos de violencia en Rosario

y en el Gran Buenos Aires. En Rosario hubo 44 saqueos con la misma me- todología que los anter iores. En el Gran Buenos Aires, los actos de vandalis -

mo se mult iplicaron en la zona oeste, donde también fueron atacadas casas part iculares. En La Plata se quemaban neumáticos y asaltaban locales. En

Quilmes saquearon dos supermercados importantes. La metodología seguía siendo igual.

En la Capital sólo hubo disturbios en áreas perifér icas, pero al mediodía estalló una bomba en Sarmiento y San Martín, con un saldo de cuatro heri-

dos, mientras llamadas anónimas comunicaban que había autos con explosivos. Se trataba de una clara operación de intimidación psicológica elaborada

hasta en sus mas mínimos detalles. El 30 de mayo comenzó a actuar la Gendarmería en Rosario y detuvo a

más de mil personas, que fueron alo jadas en el predio de la Sociedad Rural. Pero aún se producían episodios en los barrios.

El 31 hubo 43 saqueos en dist intas ciudades del país, aproximadamente la mitad de los producidos el día anterior. En Rosar io, la presencia de la Gendarme-


ría Nacional logró una calma casi total. Pero la tensión permanecía en el Gran

Buenos Aires. Se atacaban casas part iculares y se destrozaban automóviles. El 1 de junio la situación había cambiado, merced a la presencia masiva

de la policía y al apoyo de la Gendarmería. Pero el resultado de lo que había ocurrido fue espantoso: 330 actos de saqueos o vandalismo, 22 atentados

con explosivos, 15 personas fueron muertas y una cant idad mucho mayor re- sultó herida, entre los que hay que contar a 19 policías.

El día 2 estaban detenidas 2.012 personas. En algunos lugares se demoró la llegada de alimentos por los destrozos ocasionados y tuvimos que clausu-

rar 34 comercios por aumentos indebidos. En Rosar io y otras zonas se impuso el toque de queda.

El vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Vanrell (posteriormente procesado por corrupción), conocía muy bien lo que pasaba, por-

que diversos grupos vinculados con él habían estructurado una fuerza muy disciplinada en los barrios marginales, por medio de carapintadas y de la se-

guridad provincial. Menem conocía esta circunstancia, porque la militariza- ción de la conducción polít ica del Gran Rosario lo había disgustado. El 31 de

mayo y el1 de junio se supo que el gobernador Víctor Reviglio había reteni- do durante dos semanas bolsas de alimentos enviadas por el gobierno nacio -

nal. La denuncia fue hecha por el propio vicegobernador Vanrell, para defenderse de las acusaciones que le atribuían complicidad con los hechos.

A esa altura, yo comprendí que mi gobierno resultaba casi inviable y lo que se estaba mostrando aún en ciernes era la intención de terminar con la

polít ica de consensos necesaria para concretar el estado de Bienestar, abrien- do el camino a una instalación del neoliberalismo salvaje. Se quería profun-

dizar la crisis y rechazar cualquier negociación que pudiera morigerar la. Tal cual lo sostuviera Domingo Cavallo, la "crisis necesaria" cumplió puntual-

mente su misión para abrir el camino a los cambios con la instalación de un nuevo modelo.

El 31 de mayo nos volvimos a encontrar con Menem. Los sucesos de esos días probaron que era evidente a todas luces que la situación no podía

cont inuar de esa forma y la reunión culminó en un compromiso para que el presidente electo asumiera el cargo, sin fecha cierta, pero con la convicción


de que ésta no podía alejarse demasiado.

Yo confié al doctor Terragno la cont inuación del trato personal con el presidente electo para resolver los términos del traspaso del poder. Para de-

cidir esta delegación tuve en cuenta dist intas razones. Durante mi gobierno, la provincia de La Rio ja fue muy favorecida por obras públicas a cargo del

Estado nacional; e l ministro Terragno había convenido con el entonces gobernador que estas obras se inauguraban con la presencia de ambo s, es decir

que viajaba a menudo a La Rioja. Terragno ya había ant icipado que Menem iba a ganar la interna peronista. Era uno de los pocos. Según él, en ese part i-

cular y preocupante momento, Antonio Cafiero se presentaba como una continuidad inst itucional previsible. Menem, en cambio, era lo que hoy se llama

transgresor rompía los esquemas y ofrecía una imagen completamente desvin- culada de lo que estábamos pasando. Agregaba un componente que, creo, de-

finió como de apelación mágica. Y me parece recordar que subrayó: "No conozco la receta para destruir la magia". Ya se sabe quién y cómo ganó.

Se establecieron así las gest iones entre mi delegado y Menem. Por lo que me informó Terragno, en una ocasión part iciparon además Eduardo Bauzá

y Eduardo Menem. En esa reunión, ambos exigieron que yo consiguiera la renuncia de dos miembros de la Corte y que designara a las dos personas que

ellos propondrían, con el argumento de que necesitaban como mínimo dos jueces consustanciados con la situación y la necesidad de tomar medidas. Te-

rragno rechazó de plano la exigencia y vino a Olivos para informarme. Rat i- fiqué su posición y recuerdo haber expresado: "Están locos".

Mientras tratábamos de lograr razonables acuerdos para la transmisión de mando, veíamos diariamente la dureza con que se enfrentaba a nuestro

gobierno. Creo que fue Dante Caputo, hombre de síntesis muy oportunas, quien dijo una vez: "Quieren humillarnos todo lo posible, sólo admiten que

nos vayamos escupiendo sangre". Cavallo había mantenido reuniones con nuestros acreedores, afirmando que si no se nos exigía el pago de la deuda,

se iba a considerar que se inmiscuían en la polít ica interna de la Argent ina. Además, como señalé, se conocieron declaraciones de prominentes diri-

gentes just icialistas que hablaban de que el dólar no tenía que estar alto, sino "recontra alto", que se iba a nacionalizar la banca, que se congelarían


los precios, que habría una moratoria imposit iva y una nueva moneda, el

"Facundo". Desde luego, se fueron muchos dólares y hubo una merma en la recaudación.

En tanto, seguían las negociaciones para fijar la fecha de entrega del mando y los modos en que se operaría el traspaso. Menem y Terragno se encon-

traron varias veces, pero procediendo con mucha discreción, de modo que nada de esto trascendió hasta ya muy avanzadas las tratat ivas. Se le propuso

al presidente por asumir la integración de equipos de transición, con representantes del gobierno saliente y el entrante, en cada una de las áreas minis -

teriales, a fin de asegurar un traspaso ordenado. Pero esos equipos nunca se integraron, porque Menem no tenía gente o no tenía interés.

Estos encuentros se conocieron después de que José Octavio Bordón re- chazó el Ministerio de Obras Públicas ofrecido por Menem. Entonces, los

periodistas empezaron a tejer hipótesis. Circuló la versión de que la cartera vacante sería confiada al doctor Terragno, hecho que no era cierto. Una ma-

drugada, Terrágno recibió una llamada telefónica de Menem pidiéndole que se vieran a las seis de la mañana en el departamento de la calle Posadas. No

era prudente, pero nadie pensó que a esa hora inusual hubiera guardia perio - díst ica y Terragno fue a la cita. Para su sorpresa, en la puerta había un equi-

po de televisión. No pareció grave. Terragno creyó que los periodistas man- tendr ían el secreto para asegurarse una primicia. Se dispuso a enfrentar una

cámara y pocas preguntas. Cuando salió, una hora más tarde, ya estaba allí todo el mundo. Acosado

por micrófonos, grabadores, objet ivos, se vio forzado a decir la verdad: no había ofrecimientos de integrar el gabinete y si los hubiera, no aceptaba. Vi-

sitaba al doctor Menem como mi delegado personal. De este modo conclu - yeron las tratat ivas estrictamente reservadas. Sin embargo, no parecía un gra-

ve traspié: ya estábamos de acuerdo en la fecha para efectuar la transmisión de mando: el 30 de julio.

Aun así se sucedían los gestos para arr inconarnos, se hacían declaracio - nes imprudentes, se reiteraban expresiones de una frivolidad que, después,

íbamos a descubr ir const ituirían un est ilo. Soportábamos agresiones constantes y todo esto con el país reclamando soluciones, esperanzado en el mi-


lagro prometido por el presidente electo y convencido de nuestra incapaci-

dad para resolver los problemas pendientes. Fueron momentos de dura prueba, no sólo en lo personal, eso es secun-

dario. Estábamos sentados en un polvorín y gente caprichosa jugaba encen- diendo fósforos.

Como dije, intenté llegar a un acuerdo con el just icialismo, con el propó- sito de poner en marcha un plan económico que permit iera superar las difi-

cultades propias de un gobierno que se iba a través del apoyo de otro recientemente legit imado por las elecciones. La respuesta fue una negat iva rotunda

y la exigencia de todos los part idos que integraban el Frente Just icialista de Unidad Popular (FREJUPO) de que procediera a la entrega inmediata del po -

der. El presidente electo, en declaraciones a una cadena brasileña, sostuvo que estaba en condiciones de hacerse cargo del gobierno en cualquier mo-

mento, que el pueblo podía cansarse y que hacía falta un gesto. Tal vez creía que yo pensaba quedarme pegado al sillón de Rivadavia.

Al regresar del viaje a La Rioja, Terragno me informó que el lunes siguiente se firmar ía el acta que formalizaría los términos de la entrega del po-

der a fines de julio, de cuya redacción había sido encargado. Las cartas estaban definit ivamente echadas y, apenas diez días después del

últ imo saqueo, cansado de las permanentes contradicciones de los interlocutores y preocupado por la gobernabilidad del país, asumí la decisión de anun-

ciar al país que "resignaba" el cargo. El t iempo había concluido. La crisis avanzaba, ya estaban elegidas las nuevas autoridades y exist ía el r iesgo de un

mayor deterioro inst itucional. El 12 de junio dije textualmente: El espacio para la acción del gobierno en funciones para los meses que res -

tan de su mandato se encuentra así demasiado acotado para enfrentar con

probabilidades de éxito problemas en los que cualquier demora acarreará

mayores padecimientos para todos.

La necesidad de preservar las instituciones de la República de los r iesgos

que pudiera implicar la singularidad de esta transición política y la gravedad

de la coyuntura económica, exige reconocer que los tiempos que vivimos re-

quieren soluciones enérgicas e impostergables.

Ningún esfuerzo en este momento tendría sentido si se ponen en pe-


ligro las metas que entre todos ya hemos logrado. Y si ese esfuerzo exige

del Presidente las actitudes personales necesarias para allan ar un camino

de turbulencias, esas actitudes deben adoptarse sin demora, en especial

cuando esas turbulencias crean angustias en la gente, inseguridad en los

hogares y la sensación de que de pronto un vendaval se hubiese desatado

sobre el país.

No cabe minimizar la situación por la que atravesamos ni tampoco los

efectos que está causando en la sociedad argentina, sobre todo si se tiene en

cuenta que el señor presidente electo ha dicho que está listo para asumir sus

funciones. [. . .]

A esta altura es una dura evidencia para todos, en especial para los que me-

nos tienen, que el espacio para el gobierno en funciones es muy chico. [. . .]

Cualquier demora, pues, acarreará mayores padecimientos. Con esta

convicción procuramos con el señor presidente electo fórmulas de cier ta

gobernabilidad y llegamos incluso a encontrar la comprensión de los seño-

res legisladores.

La realidad que acucia a cada uno demuestra que eso tampoco fue suficien -

te. menos aún ahora cuando se han difundido reales o presuntos detalles de l a

política económica en elaboración por las futuras autoridades. La información

trascendida es de tal naturaleza que todos han de comprender de qué modo ha

de repercutir sobre el ya alterado funcionamiento de los mercados. [. . .]

En estas condiciones y ensayando lo que creí era el mejor procedimien -

to, intenté con el doctor Carlos Menem avanzar en nuestros acuerdos como

el modo de acelerar el traspaso del poder, a fin de que sin menoscabar la

Constitución, asumiera la máxima responsabilidad, la voluntas ciudadana ex-

presada en las urnas.

Con ese espír itu, esta mañana envié al presidente electo, con mi firma,

un acta de coincidencia sobre el afianzamiento de la democracia, elaborada

sobre la base de las últimas conversaciones mantenidas con él r . . .]. Hasta

ahora, ese documento lleva mi firma. No pierdo las esperanzas de que el

doctor Menem estampe también la suya.

Deseo firmemente que no quede ya en lo sucesivo la menor posibilidad

de alegar que la aceleración del proceso sucesorio se está viendo trabada por

la falta de una señal indicativa del presidente en ejercicio.

En tan sólo seis meses nos había pasado de todo. Crít icas aviesas del FMI, decisión del Banco Mundial de no desembolsar un crédito que nos había


acordado- haciéndola pública, en contra de una norma habitual-. El ata-

que armado de Villa Martelli y luego La Tablada, la necesidad de enfrentar los que algunos han considerado como un "golpe de Estado cambiar io", la

injust ificada suba de precios en marzo y abril, y finalmente el estallido so - cial de mayo.

E111 de junio por la tarde se conoció una muy clara definición de Carlos Menem: "[Aguardo] una resolución, un gesto máximo del presidente Alfon-

sín, a los efectos de que disponga la transferencia del poder antes del 10 de diciembre", dijo en declaraciones a una cadena brasileña. El mismo día se in-

formó que el Consejo Nacional del Part ido Just icialista se reuniría el d ía 13, con la presencia de Menem, para considerar la propuesta sindical de exigir la

necesidad de proceder a un adelantamiento inmediato en la entrega del poder. La Mesa de Enlace Sindical, que había organizado Luis Barr ionuevo, ex-

presó su disposición a que la CGT convocase a una huelga general y a una mo- vilización en apoyo a esa exigencia.

Con este panorama, en la mañana del 12 de junio decidí cortar por lo sano y convoqué a Terragno para que viajara a La Rioja con el objeto de entre-

vistarse con Menem y expresarle que era imposible seguir dilatando un anuncio concreto en cuanto a la fecha del traspaso. "Dígale que si no está de

acuerdo, de todos modos voy a asumir la responsabilidad inst itucional de hacer el anuncio esta misma noche". Terragno abordó el avión presidencial y

arribó a la provincia antes del mediodía. En esa situación explosiva, esa noche reuní a todo e l gabinete y decidi-

mos que al día siguiente presentaría la renuncia. Hubo acuerdo general en que no había otra alternat iva. Terragno me pidió autorización para viajar a

La Rio ja y comunicarle a Menem la decisión antes de hacerla pública. El12 a la mañana part ió con el texto de la renuncia. Encontró a Menem reunido

con un importante ejecut ivo periodíst ico y un armador griego. Terragno le pidió hablar en privado y pasaron a otro cuarto. Allí le comunicó que, en vis -

ta de la situación, yo renunciaría esa noche. Menem se enojó y llamó a su hermano Eduardo. Mientras lo esperaban invitó a todos a compart ir un al-

muerzo en la misma residencia. Cuando llegó Eduardo Menem, en reunión con éste y Terragno, Carlos


Menem dijo que no estaba preparado para asumir en ese momento. Terrag-

no le recordó que públicamente había dicho que sí lo estaba. "¿Y qué quie - ren que diga? ¿Que no estoy preparado? Yo no puedo decir otra cosa, pero

la verdad es que yo contaba con un t iempo y ahora me veo obligado a asumir de repente. [...] Ustedes saben que yo quería asumir el 17 de octubre.

Acepté el 30 de julio para hacer les un favor y así me pagan." Inmediatamente, Menem comenzó a llamar por teléfono y a pedir que

viajaran urgentemente a La Rioja todos aquellos que iban a ser sus colaboradores: Cavallo, Roig, Bauzá, Dromi y Kohan. En la casa de gobierno de La

Rioja se realizó esa noche una reunión con los futuros ministros que fueron llegando en aviones privados. Terragno fue invitado a part icipar para expo-

ner la situación. Mientras se realizaba la reunión, Menem ordenó preparar un asado de tres carnes (vaca, cerdo y pollo) y le pidió a Terragno que se que-

dara a cenar. Éste se disculpó y regresó inmediatamente a Buenos Aires. Mientras miraban el mensaje por televisión, Menem y sus futuros mi-

nistros debat ieron qué hacer y cómo contestar. Algunos plantearon directamente rechazar la decisión, pero finalmente se impuso la tesis de aceptar

y buscar un acuerdo definit ivo, aun cuando un primer comunicado expuso la molest ia que causaba la decisión. Al volver a Buenos Aires, Terragno re-

conoció que Menem había expresado su deseo de postergar la asunción hasta agosto y que la falta de una solución negociada sobre la agenda mili-

tar pendiente, en part icular los juicios inconclusos, era un serio obstáculo para el just icialismo.

Las unidades básicas del oeste del Gran Buenos Aires tenían contacto con oficiales y suboficiales del Ejército, en act ividad o en ret iro, que se iden-

tificaban como carapintadas. Algunas de ellas pasaron a fo rmar parte del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODlN), que realizó las me-

jores elecciones en esa zona. En esta síntesis hay que sumar a los part idos de ultraizquierda, que actuaron en un comienzo, pero cuando advirt ieron la mi-

litarización de los episodios se replegaron rápidamente. Otro factor que influyó en la creación del pánico colect ivo fueron las eviden-

tes operaciones de acción psicológica que se realizaron durante esos días a tra- vés de alarmantes informaciones telefónicas. La profunda convulsión social, re-


presentada esencialmente por los saqueos y el estallido de vio lencia urbana, cerró

virtualmente un capítulo de la historia argent ina y evidenció la imposibilidad concreta de garant izar la gobernabilidad institucional en esas condiciones.

Para la sociedad, el cambio de gobierno parecía imprescindible. Los sectores especulat ivos pusieron en vilo a la nación: el problema cam-

biario y el de los precios desestabilizaron totalmente la situación económica y crearon un claro clima de inseguridad. Esto incidió en el estallido de mayo.

Pero todas las responsabilidades, las propias y las ajenas, se transfirieron en bloque hacia mi gobierno.

No quiero insist ir sobre el cerco de las corporaciones, las imperdonables imprudencias de algunos polít icos, la presión de la banca, el hecho de que en

Estados Unidos nos habían cerrado las puertas y que la mayoría de quienes habían terminado por comprender la posición argent ina en mater ia econó-

mica habían desaparecido del gobierno o cambiado de funciones. Llegué a dudar acerca de la cont inuidad democrát ica. Podía desarrollarse

una catarata de convulsiones, cuyos efectos nadie podía vat icinar con seguridad. Incluso pensé que los propios triunfadores estaban actuando como

aprendices de brujo. Mi ret iro ant icipado fue, desde luego, muy doloroso para mí. Pero sabía que debía anteponer a mi orgullo personal la necesidad de

preservar la democracia. Algunos amigos queridos, como Germán López, casi me rogaron que no lo hiciera. También me dolía por el los y por la can-

tidad de radicales que sufrirían la decisión, sobre todo los más jóvenes. Se hablaba de huida después que habían pedido mi ret iro de todas las formas

posibles. Pero a todos les dije que mi decisión, que podía ser vista entonces como una deserción, sería considerada en el futuro como un gesto más en

defensa de las inst ituciones de la Nación. Era exacta la apreciación de la carencia de espacio polít ico, no sólo para

la cont inuidad del gobierno en ejercicio con el consecuente riesgo para la gobernabilidad, sino también para nuevas demoras: en pocos días se concre-

taron los acuerdos que asegurarían al nuevo presidente la sanción de las le - yes, así como las formas jur ídicas que habrían de asegurar que fuera yo quien

entregara los símbolos del cargo, el bastón presidencial y la banda a Car los Menem. El 30 de junio de 1989, el secretario general de la Presidencia,


Carlos Becerra, entregó al Senado de la Nación la nota por la cual resignaba

el cargo. Ocho días más tarde, Carlos Saúl Menem juró ante la Asamblea Le- gislat iva, en el recinto de la Cámara de Diputados, y, de inmediato, recibió el

gobierno en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En el momento de fir - mar el acta, algún amigo de Menem se acercó y pidió que lo hiciéramos con

su lapicera. Tenía una pluma malísima yeso, sumado al hecho de que el acta terminaba casi al final de página, lo que me obligaba a tener la mano sin

apoyo, desfiguró mucho mi firma. Alguien lo atribuyó a mis nervios. Cuando me enteré del mensaje que el nuevo pres idente leyó en el

Congreso, tuve un verdadero ataque de indignación. Acusaba a mi gobierno de corrupción. ¡No lo podía creer! Tiempo después expresé con

respecto a la entrega ant icipada: "Eso, que para muchos fue un dolor y una frustración, será t imbre de honor para la Unión Cívica Radical, por-

que fue el precio que hubo que pagar para garant izar la democracia en la Argent ina". No creo haberme equivocado.

MEMORIA POLÍTICA / EL PACTODE OLIVOS Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994

5. El Pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994

HACER polít ica es adoptar una concepción global de la sociedad y de su por-

venir, de la vida en común que debe caracterizar a toda nación, y luchar incansablemente por llevar la a cabo, con la mente y el corazón siempre abiertos a

un constante aprendizaje. Por otra parte, la polít ica co nsiste, también, en desarrollar la sensibilidad, la percepción y la capacidad de respuesta a los desa-

fíos que las sociedades deben enfrentar. Estoy persuadido de que esto es po - sible si generamos -a part ir de la acción colect iva- las inst ituciones y los

comportamientos que contengan en sí mismos la posibilidad del cambio ant i- cipatorio y de autocorrección para poder responder a situaciones inesperadas

y desconocidas de la manera más sat isfactoria, buscando compensar daños y reparando injust icias. De ese modo se asienta el terreno para democracias só-

lidas, con inst ituciones enraizadas en su relación con la sociedad. Pero hay otro punto de vista desde donde pensar y actuar la polít ica: el de

la urgencia y la perentoriedad que imponen los momentos cr ít icos. La verdadera y más profunda crisis para una colect ividad se da cuando se ha cometi-

do lo irreparable. Aunque, como bien lo señala el filósofo francés Nicolás Tenzer, no hay una esencia atemporal de la crisis. Cada una de las crisis de-

be ser apreciada en función de una época, y es por ello necesario evaluar la gravedad específica de cada crisis y considerar la eventualidad de una acción

decisiva. La polít ica, en este caso, adquiere un car iz más dramát ico y resolu- torio: cómo hacer para que no se produzca lo irreparable, es decir, la dislo-

cación de los fundamentos comunes de nuestra sociedad, fundamentos sin los cuales no son concebibles ni el ejercicio del pensamiento crít ico ni la ac-

ción polít ica de carácter democrát ico.


Cuando un determinado orden o equilibrio de poder impuesto es cues-

tionado, revisado o disuelto, la gest ión democrát ica de la cosa pública debe pasar fundamentalmente por una comunicación amplia entre los ciudadanos

y sus gobernantes, de modo que unos y otros se vinculen y se comprometan estrechamente con el dest ino y la marcha de sus inst ituciones. Esto implica

una discusión guiada por principios comunes, el pr imero de los cuales es precisamente el consenso sobre la necesidad de edificar y garant izar la existen-

cia de una sociedad polít ica, fuera de la cual no es posible ni el vínculo social ni la realización de los proyectos de vida. Cuando ello ocurre, son t iempos

de política constituyente. Este modo de concebir la polít ica y la acción polít ica tuvo mucho que ver

con el convencimiento que me animó, en la búsqueda de un acuerdo fundamental, a la firma del Pacto de Olivos y al emprendimiento reformista de nues-

tra Const itución nacional que aquel pacto posibilitó. Se trató precisamente de una oportunidad única para evitar lo irreparable -abrir las puertas a la ilegali-

dad e ilegit imidad del poder- y para permit irnos al mismo t iempo modificar rumbos y comportamientos más profundos, y alcanzar objet ivos comunes lar -

gamente anhelados que nos habían resultado elusivos hasta entonces. Públicamente he sostenido cuatro tesis. La primera es que la act itud que

me llevó a la firma del Pacto de Olivos es la misma que, con coherencia, sostuve toda mi vida en pos de la concreción de un Estado legít imo. La segunda

es que la reforma de la Const itución se habría realizado de todos modos, aun con nuestra oposición. La tercera, que el texto const itucional resultante hu-

biera significado una verdadera regresión para el país. La cuarta, que en ese proceso se habría puesto en serio peligro la convivencia de los argent inos por

la pérdida de legit imidad del gobierno y de legalidad de las inst ituciones. A diez años vista, y luego de atravesar y superar las tremendas crisis y ver -

daderas catástrofes gubernamentales, económicas y sociales que sufrimos en los últ imos años (en las que tanto tuvo que ver el atolladero al que nos llevó

una década hegemonizada por el modelo neoliberal y una democracia delegat iva que debilitó y desestructuró a la sociedad) me permito sostener algu-

nas cosas más. La primera es que logramos una reforma progresista que con el t iempo comenzó a reconocerse en los hechos y en los dichos. La segunda


es que esa reforma, contra la mayoría de las opiniones escépt icas de enton-

ces, hizo posibles inst ituciones más flexibles y perdurables, y permit ió trazar líneas de fuerza dest inadas a trascender el horizonte de un gobierno y un li-

derazgo presidencial con límites temporales infranqueables. Y la tercera es que esa reforma generó una dinámica posit iva en el proceso polít ico porque

instaló la idea de la democracia como deliberación, formación de consensos y disensos, y autotransformación inst itucional y cultural.

Desde los inicios de la recuperación democrát ica se había comenzado a afianzar la relación entre la construcción de un pacto de garant ías en torno

de comunes denominadores básicos y una convergencia programát ica que expresara, a part ir de dicho pacto, a las fuerzas y los sectores polít icos y so -

ciales ident ificados con una modernización progresista del país. Dentro de esa convergencia se encontraba, como uno de los principales proyectos, la re-

forma const itucional.

Una larga transición hacia la democracia

Cuando asumimos el gobierno en 1983, los argent inos y sus inst ituciones ve- níamos de una pesadilla dantesca. Frente a la vio lencia, la desconfianza, la de-

sunión y la indiferencia que se habían enseñoreado por largos años, nos ha- bíamos acostumbrado a buscar refugio en la privacidad de los ámbitos más

cercanos a nuestra vida cot idiana, a nuestra familia, a la so ledad de nuestros propios esfuerzos, al aquí y ahora, como modo de defendemos de un pre-

sente amargo y un futuro incierto. En esos largos años se redujo el espacio social en el cual transcurrían

nuestras vidas y así se fueron perdiendo lazos de unión tradicionales en nuestro país. Al vaciamiento económico le siguió el vaciamiento afect ivo de una

sociedad en la que primaba el desamparo. El retorno a un régimen democrát ico comenzaba a sentar las bases para

revert ir esta situación de encierro forzoso en que vivíamos. De a poco re- tornaban la seguridad y la normalidad necesarias para que las fronteras de la

vida cot idiana empezaran a expandirse. Sin embargo, era necesario crear las condiciones para afianzar los valores emergentes de la solidaridad y la tole-


rancia, y recobrar así la confianza en el otro, en el prójimo, para desarrollar

un proceso de part icipación que se transformara en una práct ica democrá- tica cot idiana.

No se trataba de modernizar nuestra sociedad con arreglo a un criterio de eficient ismo técnico -aun considerando la dimensión tecnológica de la

modernización como fundamental-, se trataba de poner en marcha un proceso modernizador tal que tendiera progresivamente a incrementar el bie -

nestar general, de modo que la sociedad en su conjunto pudiera beneficiar- se de sus frutos.

El tema de la modernización no era nuevo en la historia social argent i- na. En rigor, el primer momento clásico de los procesos de modernización,

el pasaje de una sociedad tradicional a otra de autént ica posibilidad de par- ticipación popular, ya había sido cubierto entre nosotros. Pero esa moder-

nización no sólo había agotado su capacidad expansiva sin que hubiera sido reemplazada por otra propuesta capaz de concretarse, sino que, además,

nuestra decadencia coinc idía con una verdadera mutación que se operaba en los países centrales.

En los hechos, nuestra sociedad se transformó en una suma de agregados sociales que acumularon demandas sobre el Estado y se organizaron faccio -

samente. El resultado de esa corporat ivización creciente fue una sociedad bloqueada, un Estado sobrecargado de presiones part icularistas y un regla-

mentarismo cada vez más copioso y paralizante que sancionaba sucesivos re- gímenes de privilegio para dist intos grupos.

Los costos de funcionamiento de una trama social así organizada sólo po- dían ser financiados por la inflación, que se transformó entre nosotros en la ,

forma perversa de resolución de los conflictos. En esas condiciones, encarar una nueva modenización como salida de una prolongada crisis Implicaba

crear, en lugar de esa sociedad bloqueada con la que culminó el ciclo precedente, una sociedad flexible.

El nuevo consenso que nos propusimos construir estaba vinculado con la puesta en marcha de un trípode de ideas-fuerza formado por la solidari-

dad, la part icipación y la modernización. A través de éste, debíamos asegurar una clara definición en cuanto al respeto a los derechos humanos, la afirma-


ción de los pr incipios del estado de Bienestar y la concreción de un lat inoa-

mericanismo act ivo, capaz de promover procesos de integración en los órde- nes económico, cultural y polít ico.

La democracia sólo puede construirse con sujetos democrát icos. Muy a menudo se olvida esta verdad de Perogrullo . Una monarquía se puede cons-

rruir con un pueblo ant imonárquico. Un fascismo, con un pueblo ant ifascista. Pero una democracia sólo puede serIo con una ciudadanía act iva y consciente

de sus derechos y responsabilidades. Yo estoy absolutamente persuadido de que para ser un demócrata no basta con amar la libertad.

La legit imidad de la democracia presupone el respeto escrupuloso de los derechos básicos que hacen a la dignidad humana. El primero de todos, no

interferir con la búsqueda individual del proyecto que dé sent ido a la vida de cada uno. Pero esta legit imidad también implica el deber de ayudar a los

miembros menos favorecidos de la sociedad, de aumentar la libertad de quie - nes son menos libres.

Nosotros deseábamos combinar la dimensión de la modernización con el reclamo ét ico, dentro del proceso de construcción de una democracia estable, por-

que tanto la acción económica cuanto la acción social del estado de Bienestar encierran una importante función normat iva y regulatoria para el cumplimiento

de sus objet ivos. Para ello, era necesar io garant izar dos procesos dist intos pero complementarios. Por una parte, cierto grado de intervención del Estado en la

economía, buscando no sólo su crecimiento, sino también una distribución de la riqueza y los ingresos sustentada en principios de equ ilibrio y just icia social.

Por la otra, asignarle al sector público una irrenunciable responsabilidad en el acceso popular a determinados bienes y servicios sociales básicos para la dignidad

y la igualdad de oportunidades de personas y familias. Era nuestro deber construir la respuesta progresista que nuestro pue-

blo reclamaba, promoviendo una democracia social que se presentara co - mo alternat iva al modelo neoconservador que se expandía en el mundo y

rescatara una idea de just icia que atravesaba nuestra historia y se enraizaba en principios ét icos fundamentales. Si el Estado no era capaz de amparar

procesos transformadores -procesos que podían resumirse en el imperat i- vo de modernizar sin abdicar de una ét ica de la solidar idad-, fracasaría


también, inevitablemente, la democracia social como procedimiento, como

sistema polít ico. Para ser eficaces debíamos superar dogmatismos absurdos. Ya había ter -

minado en el mundo la era de las convicciones absolutas, de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no estaba predeterminado, pero tam-

poco era un papel en blanco donde pudiéramos diseñar en forma absoluta nuestra voluntad. Teníamos un pasado y a part ir de él podíamos y debíamos

poner cauces racionales al porvenir sin renegar de nuestra herencia pero sin esclavizamos a ella. Ella nos ponía límites, pero desde esos límites no había

solamente un camino. A lo largo de casi todo el siglo XX la historia argent ina fue la historia de

un país cuyas relaciones sociales no estuvieron sujetas a un pacto de convivencia. Las guerras internas antes de la Organización Nacional, las múlt iples

luchas que precedieron el acceso al gobierno del radicalismo, la violenta res- tauración conservadora del treinta, la irrupción del peronismo como fórmu-

la frontalmente opuesta a las expresiones polít icas preexistentes y la posterior revancha ant iperonista const ituyeron sucesivas manifestaciones de una

misma imposibilidad para convivir en un marco compart ido de normas, valores e inst ituciones, indispensable para la vigencia del Estado legít imo.

Sobre ese trasfondo histórico sólo hubo lugar, salvo breves excepciones, para una ficción de democracia, o bien, como ocurrió las más de las veces, pa-

ra la instauración abierta del autoritarismo. En este sent ido, sabíamos que, en nuestro país la democracia recuperada en 1983 no debía ser restaurada sino

construida. Cuando hablábamos de construcción de la democracia no era una simple

abstracción; nos estábamos refir iendo a la fundación de un sistema polít ico que ser ía estable en la medida en que se tradujera en la adopción de rut inas

democrát icas asumidas y pract icadas por el conjunto de la ciudadanía. Tal era, al fin y al cabo, el principal mot ivo de una permanente y a veces angus-

tiada convocatoria para un consenso indispensable. Nuestra democracia había sido desquiciada inst itucionalmente no sólo

por la dictadura de siete años que la había precedido, sino también por un prolongado período de práct icas deformantes que a lo largo de medio siglo


impidieron, salvo fugaces interregnos, el p leno funcionamiento del orden

polít ico contemplado por la Const itución. Afectados por vicios de origen, por el mantenimiento de art ificios proscriptivos, por forzados condiciona-

miento s, por abusos en el ejercicio del poder o por turbulencias internas que terminaban por desnaturalizar la convivencia democrát ica, aquellos ensayos

resultaron invar iablemente bloqueados. La Unión Cívica Radical siempre estuvo de acuerdo con una reforma de

la Const itución nacional, para adaptarla a las transformaciones y las necesidades polít icas, económicas y sociales de la segunda mitad del siglo xx. Así

lo había resuelto la Convención Nacional del part ido y así lo sostuvieron sus diputados en el Congreso, cuando el peronismo planteó, sorpresivamente y :

sin t iempo para el análisis y el debate, la declaración de la necesidad de la reforma, en agosto de 1948.

En aquel debate parlamentario, los diputados del radicalismo sostuvieron que la Const itución no era intangible y que una reforma era necesar ia;

pero también afirmaron que no querían una reforma radical o peronista sino que aspiraban a una "reforma argent ina", realizada por todos los sec-

tores y como resultado de un extenso y limpio debate. Querían una Const i- tución que fuese un instrumento de límites al poder, un conjunto de restric-

ciones a los que t ienen la fuerza y el mando, una reforma al servicio del pueblo y no una reforma para uso del presidente de la República y para po -

sibilitar su reelección. La declaración de la necesidad de la refo rma no de- bía ser producto de la ilegalidad; por lo tanto, la misma debía aprobarse con

el voto de los dos tercios del total de miembros de la Cámara de Diputados y no por los dos tercios de los legisladores presentes en la sesión, como sos-

tenía entonces el oficialismo. Para afirmar esos principios, y a pesar de las discrepancias con los obje-

tivos pretendidos por la mayoría just icialista y la ilegalidad de la declaración de necesidad de la reforma, el radicalismo concurrió a las elecciones de cons-

tituyentes y conformó su bloque en la Convención Reformadora de 1949. Resultaron infructuosos los reclamos y ninguna de sus observaciones fue

considerada. Ante una asamblea donde la mayoría reunía como const ituyentes part idar ios a los pr incipales funcionar ios del régimen -cinco ministros de


la Suprema Corte, varios jueces y otras autoridades de los gobiernos provin-

ciales- que sólo pretendían sacar de allí la reelección presidencial, el presidente del bloque del radicalismo, Moisés Lebensohn, anunció que la repre-

sentación de la UCR se ret iraba de las deliberaciones. Terminó SQ exposición diciendo: "El propio miembro informante de la mayor ía ha confesado ante

la conciencia argent ina que la Const itución se modifica en el art ículo 77 para Perón, con el espíritu de posibilitar su reelección. La representación radi-

cal desiste de seguir permaneciendo en este debate, que const ituye una far - sa. Volveremos, volveremos a dictar la Const itución de los argent inos".

La mayor ía just icialista, con soberbia y en soledad, reformó la Const itu- ción nacional en 1949. Esa Const itución, impuesta por un solo sector, im-

portó la fractura de la sociedad argent ina y nos llevó a un enfrentamiento de "todo o nada" que frustró la posibilidad de un régimen democrát ico con de-

rechos y garant ías para todos, con alternancia en el poder y valoración de las minorías, lo que trajo graves consecuencias y precipitó, cinco años después,

la ruptura del sistema con el golpe de 1955. En la Convención Reformadora de Santa Fe, en el año 1957, la represen-

tación radical impulsó y logró que se sancionara el art ículo 14 bis de la Cons- titución Nacional, norma todavía vigente que consagra con rango const itu-

cionallos derechos sociales... Pero no estaban presentes los peronistas. La etapa abierta en diciembre de 1983 fue, pues, por su origen y por las

modalidades de su desarrollo, la primera en muchos años que aparecía libre de todas aquellas deformaciones. Nuestro mayor empeño en este or -

den estaba vinculado a la necesidad de apelar a la r esponsabilidad de los part idos polít icos, que debían recuperar plenamente su papel y su impor-

tancia como protagonistas pr incipales del pluralismo que es inseparable de la democracia.

Habíamos recuperado las inst ituciones de una sociedad que no sólo vio destruida buena parte de su aparato productivo, sino que sufrió también,

hondamente, en su cultura, su vida cot idiana, sus hábitos mentales, su visión del mundo, la pesada carga autoritaria que gravitó sobre el país en las cinco

décadas precedentes. En realidad, ninguna de nuestras fuerzas polít icas fue inmune en su pasa-


do a la tentación de exclusivismos discr iminatorios cuyo efecto fue la traza

sobre el mapa polít ico argent ino de una línea divisoria entre elegidos y répro - bos, entre excelsos y marginados. Esta tendencia al abroquelamiento, al ais-

lamiento sectario y autosuficiente, infectó no sólo la vida polít ica argent ina. La misma propensión modeló en gran medida el comportamiento de los

grupos de interés sectoriales, llevándolos a privilegiar sus propios fines particulares por encima de los del conjunto nacional.

El sectorialismo entorpeció la ímproba labor de la reconstrucción nacio - nal. Tanto nuestra vida inst itucional como nuestras act ividades polít icas y

económicas resultaron gravemente distorsionadas por esa tendencia de cada grupo a totalizar sus propios intereses sectoriales. Deformaciones de es-

ta naturaleza se produjeron en el campo de los part idos y en el de los sindicatos, en el de la producción agropecuaria y en el de la act ividad industrial,

en el militar y en el de la burocracia del Estado, expresiones todas de grupos renuentes a integrarse en un todo común por el empeño de cada uno

de ellos en ser por sí mismo una totalidad, un circuito cerrado de intereses y valores exclusivos.

Era necesario que todos aprendiéramos a fundamentar nuestras conductas, como militantes polít icos o como miembros de grupos sectoriales, no

sólo en los valores y los principios que diferencian, sino también en un conjunto más alto de valores y pr incipios que asocian. Sin embargo, a medida

que transcurría el t iempo y las dificultades de todo tipo aumentaban, la opo - sición tendía a endurecerse, la CGT acentuaba sus demandas, la izquierda más

drást ica comenzaba a agitar sus consignas absolut istas y e l FMI a incrementar sus presiones y condicionamientos.

No íbamos a consolidar la democracia sin un pacto democrát ico fundamental que nos comprometiera a todos -partidos y sectores- a reconocer-

nos part ícipes de un sistema compart ido de normas que estab leciera entre los grupos, más allá de sus diferencias, una base insoslayable de solidaridad.

De ahí que los objet ivos exigidos por la nueva etapa democrát ica incluían, junto al rescate de las inst ituciones, el aprendizaje de su ejercicio. Un apren-

dizaje que, iniciado a part ir de un largo período de inact ividad democrát ica -o act ividad democrát ica viciada-, no podía menos que exponemos a ensa-


yos y errores, marchas y contramarchas, logros y frustraciones.

No estábamos, como dije, "restaurando" inst ituciones y comportamientos caducos ni pensábamos en mantener el estado de cosas sobre la base de

estructuras que habían sido rebasadas por la realidad. Por el contrario, adver - tíamos que ese ciclo de reconstrucción inst itucional, aprendizaje y correc-

ción, había de llevamos sin duda a descubrir la necesidad de innovar. La Argent ina le estaba ofreciendo al mundo un ejemplo de transición pa-

cífica y estaba mostrando que se podía salir del oprobio y la destrucción aun en el marco de tremendas limitaciones y gigantescos obstáculos, sin grandes

debacles, sin vio lencia y con un estricto apego a la ley. El pasaje del estado salvaje al estado de Derecho sin concesiones, sin just icia por propia mano,

sin venganza, con sensatez y equilibrio, era una realidad que se expandía por América Lat ina, sentando los cimientos de un definit ivo ordenamiento social

construido sobre bases de consenso y, fundamentalmente, sobre bases ét icas de just icia, paz y libertad.

Pero las dificultades de la transición eran cada vez mayores. Demandas populares insat isfechas, carencias y atrasos tecnológicos, hábitos culturales

inapropiados tras largos anos de censura y aislamiento conformaban, mas que un cuadro problemát ico, un estado de ánimo que conspiraba contra las

mejores disposiciones. Exist ía, es cierto, una conciencia social renovada que todavía estaba ela-

borando la terrible experiencia del pasado reciente al mismo t iempo que lo transitaba nuevos umbrales. Pero era incipiente y no podía afianzarse con fa-

cilidad en terreno ciertamente minado. Bastaba hacer un inventario de los problemas y advert ir el carácter novedoso de muchos de ellos para concluir

que el desafio que teníamos por delante era formidable. Condicionados por el endeudamiento externo, el marginamiento del co-

mercio internacional y la innovación tecnológica, teníamos cabal conciencia de que el futuro de nuestra democracia habría de correr serio peligro si no

hallábamos al mismo t iempo la manera de producir las transformaciones so - cioeconómicas que pudieran sat isfacer las demandas populares de equidad

en la distribución de las riquezas y mejoramiento en las condiciones mater iales y espir ituales de vida.


En un seminario realizado en Alemania a fines de 1981, el conocido poli-

tólogo inglés David Rock me dijo: "Usted será el próximo presidente const i- tucional, pero veo poco futuro para la democracia". Más tarde escribir ía sobre

nuestro país un interesant ísimo libro, Argentina 1576-1987. Desde la colonización española hasta Raúl Alfonsín (Buenos Aires, Alianza, 1995), en el que recuerda el

episodio y analiza con verdadero realismo la situación que vengo describiendo: A comienzos de 1987, el destino de la nueva democracia en la Argentina si -

gue pendiendo de un hilo. El recuerdo de los horrores de los años setenta

ha dado origen más que nunca a un mayor apoyo público a la democracia

constitucional. Tal vez, estos recuerdos unan por un período indefinido a la

nación, permitiéndole resistir las tensiones que han socavado y destruido la

democracia con tanta frecuencia en el pasado. Pero todavía es demasiado

pronto para saber qué ocurrirá. El intento de ajustar cuentas con los milita -

res [. . .] ha despertado resentimiento y resistencia que han empezado ahora

a provocar la revuelta abierta. También los sindicatos siguen siendo poten-

cialmente capaces de lanzar un ataque contra el gobierno. Las acusaciones

de debilidad, vacilación e incompetencia [. . .] todavía se oyen a fines de los

años ochenta. Los adversarios extremistas de la derecha y de la izquierda es -

tán al acecho en la sombra [. . .]. Serias dificultades económicas que derivan

de una gigantesca deuda externa han perseguido durante toda la primera mi -

tad de la presidencia a Alfonsín [. . .]. Todos estos factores siguen siendo

fuentes potenciales de una renovada inestabilidad y continuamente ponen a

prueba la convicción de Alfonsín de que la participación, la negociación y el

compromiso lanzarán a la Argentina a una nueva época.

En el mensaje al Congreso del 1 de mayo de 1984 aludí -tan tempranamen- te- de este modo a la cuest ión:

Faltar íamos a la verdad si no dijéramos que el país sufre aún las consecuencias

de profundos trastrocamientos en la escala de valores y que se observan ves -

tigios de una acción corporativa como producto evidente de una época en que

cada sector pensaba egoístamente en la sola defensa de sus intereses directos.

La democracia sólo funcionará en plenitud cuando todos estemos dispuestos

a anteponer los intereses de la República a ideas particulares que resultar ían es -

tér iles si no se compatibilizaran con las del conjunto de la sociedad.


Con la democracia se había terminado, esta vez sí, con un verdadero vacío

de poder legít imo y se había restablecido la existencia misma del gobierno para recrear una voluntad nacional firme y serena, sobre las bases del dere-

cho y la just icia. Sin embargo, el pasado era demasiado reciente como para que hubiera desaparecido el peligro de una fragmentación mucho más grave

aún que la ya conocida. En la centroizquierda, de la que formábamos parte, el Part ido Intransi-

gente y un sector del socialcrist ianismo, arrastrados por la competencia electoral, exacerbaban los cuest ionamientos, mientras las dist intas corrientes de

la socialdemocracia morigeraban sus crit icas y parecían comprender la gravedad de la situación. Desde la derecha, la UCeDé mantuvo una posición desa-

fiante y por momentos agraviante. El peronismo, lanzado a la recuperación del poder, se valía de la CGT, verdadero ariete con el que se golpeaba al go -

bierno con toda clase de "medidas de fuerza". Se comenzó a actuar como si, en lugar de estar defendiendo a brazo par-

tido y casi desesperadamente la democracia, fuéramos nada más y nada menos que la cont inuidad de una dictadura. Sectores de derecha e izquierda se

manifestaban al unísono en una crít ica to tal, orientando el debate -que cada vez más se parecía a un combate- de manera conjunta, aunque no siempre

con los mismos argumentos, contra el gobierno. De esta manera se fue conformando un clima polít ico muy part icular que

adquiriría perfiles más duros luego del triunfo electoral del radicalismo en la renovación legislat iva de 1985, atribuible principalmente a la puesta en mar-

cha del Plan Austral. Ese clima se caracterizó por una act itud que un obser - vador extranjero podría haber calificado como absolutamente insólita.

Dejó de haber casi discusión horizontal: a derecha e izquierda se bailaba el minué de la galantería, para compet ir enseguida, en la discusión vert ical,

para ver quién se quedaba con el trofeo correspondiente al más duro. Esa actitud conspiraba contra el consenso indispensable para arribar a buen puer-

to en el viaje por la transición, mult iplicando los riesgos y maniatando al go - bierno. En definit iva, a la opinión pública le era escat imada la realidad de la

crisis y, llevada por la prédica opositora, tendía a atribuir todo lo malo que ocurría en el país a errores o aun perversidades del gobierno.


Daniel Poneman, desde su visión de estudioso extranjero y con excesiva

generosidad hacia mi persona, veía estos t iempos de la siguiente manera: En los primeros años de la democracia, Raúl Alfonsín estaba solo en el

mando. Fue el único líder que pudo guiar a la Argentina a través de esas

aguas peligrosas. Alfonsín es una rareza argentina; combina el carisma con

el impulso democrático. Respeta la ley. Más importante aún, fortalece la de-

mocracia con el pragmatismo. La democracia debe tr iunfar , no porque es

un ideal admirable en el plano de la abstracción, sino porque es la solución,

tal vez la única solución, de los problemas crónicos que han p lagado a la

Argentina.

Sin embargo, Alfonsín no enfrenta solo su gran desafío. Su destino depen -

de del pueblo argentino. La nación entera se enfrenta con su mayor prueba:

debe dejar atrás el gobierno por cabildeo y vivir dentro de los límites de su

propia Constitución. Debe ocurrir un cambio profundo en el carácter na -

cional para que pueda establecerse con firmeza la democracia en la Argen -

tina. Hoy hay vislumbres favorables. Se están reanimando el debate político

y la expresión artística. Pero se requer irá una generación o más. Sin un fuer -

te tabú contra los golpes militares, esa generación necesaria para el cambio

será reiteradamente interrumpida, y su tarea permanecerá inconclusa.

El Consejo para la Consolidación de la Democracia y la reforma constitucional

Consolidar nuestra democracia era una tarea que reclamaba dosis equivalen-

tes de audacia y cautela. Exigía imaginación, voluntad de crear, de inventar. Exigía no repet ir viejos esquemas y anacrónico s enfrentamientos. Exigía, por

lo tanto, un ancho abanico de profundas reformas. El requisito básico para poner en marcha esa consolidación era la cons-

trucción de un pacto de garant ías entre los protagonistas. Ese pacto demo- crát ico debía incluir, como puntos centrales, el respeto de las reglas de juego

de la democracia: la libre discusión y oposición, la tolerancia de las diversas ideas, el rechazo de todo procedimiento violento como forma de acción po -

lít ica, el respeto de los derechos humanos básicos y la vigencia de una ét ica cívica compart ida.


Sin embargo, ese pacto de garant ías era condición necesar ia pero no su-

ficiente. El proyecto fundacional del Estado legít imo se basaba en el trípode const ituido por la democracia part icipat iva, la modernización y la ét ica de la

solidar idad. Y esta perspect iva iba más allá de un acuerdo para no transgre- dir las reglas del juego democrát ico.

Las dificultades que percibíamos para concretar consensos nos conven- cieron de la necesidad de buscar mecanismos que contribuyeran a esos obje -

tivos, por fuera de los marcos clásicos existentes. Con ese objet ivo, e11 de diciembre de 1985 y en coincidencia con la con-

vocatoria que realicé en Parque Norte, resolví const ituir el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Se trataba de un espacio inst itucional de

jerarquía que podía ser de gran ut ilidad para concretar un consenso más profundo que el del pacto de garant ías y que tendría por finalidad el aseso -

ramiento plural al Poder Ejecut ivo en la elaboración de proyectos de trans- formación de las estructuras del país, basados en el trípode mencionado de

la modernización de la sociedad, la ét ica de la solidaridad y la part icipación ciudadana.

El Consejo para la Consolidación de la Democracia estuvo originaria - mente integrado por: el brillante jur ista, filósofo e intelectual Carlos Nino,

quien fuera su inteligente y eficaz coordinador; exper imentados dirigentes polít icos provenientes de dist intas vert ientes y part idos polít icos, como

Oscar Albrieu, José Antonio Allende, Ismael Amit, Leopoldo Bravo, Raúl Dellepiane, Guillermo Estévez Boero, Oscar Puiggrós, Ángel F. Robledo,

Jorge A. Taiana, Alfredo Vítolo; personalidades relevantes de dist intas áreas del quehacer nacional como Genaro Carrió, René Favaloro, Ricardo Flouret,

Julio H. Olivera, Emma Pérez Ferreira, Fernando Storni, María Elena Walsh y Emilio Weinschelbaum. El único dirigente radical era Enrique Nosiglia.

Algunas de las más importantes comisiones que funcionaron en el Con- sejo fueron las de: Art iculación de las relaciones y poderes polít icos del Es-

tado y las organizaciones sociales, dedicada al estudio del papel que cumplen en la sociedad las dist intas organizaciones intermedias y su vinculación con

el Estado; Centro de altos estudios, encargada de analizar la creación de ins- titutos de nivel académico superior para la educación postuniversitaria; Des-


centralización, federalismo y desburocrat ización, dedicada al análisis de

medidas conducentes al fortalecimiento del federalismo, para lo cual se en- cararon estudios de mecanismos que permit ieran morigerar el centralismo

administrat ivo; Economía y producción; Fuerzas Armadas; Medios de co - municación social; Poder Judicial; Polít ica exterior; Reordenamiento demo-

gráfico e integración territorial. Las transformaciones que propiciábamos se ubicaban en tres planos

dist intos. En primer lugar, el conjunto de reformas polít ico-inst itucionales que te-

nían como eje la modernización y la descentralización del Estado. Incluía- mos en esta dimensión las reformas judicial, militar, federal y administrat iva,

y la reforma tendiente a fortalecer el rol del Parlamento. En segundo lugar, las reformas vinculadas a la estructura económica y so -

cial. Frente a las dificultades que surgían por las presiones de los organismos internacionales de crédito, debíamos asumir la gravedad de la crisis y procu-

rar coincidir en las grandes líneas que dibujaban el perfil product ivo del país, necesitado de reconversión y no sólo de react ivación. Era necesario modifi-

car las relaciones laborales, tornándolas más flexibles y part icipat ivas. Era preciso actualizar los regímenes previsionales e instaurar un seguro universal

de salud capaz de cubrir a toda la población. En tercer lugar, pero con un significado estratégico primordial, había que

encarar la reforma educacional. Su eje debía ser la formación libre y autóno- ma de ciudadanos consecuente y profundamente democrát icos, y su capaci-

tación para afrontar las tareas de la modernización. Un análisis coyuntural no permit ía comprender la profundidad de estos

cambios y de manera obtusa se machacaba con la absurda idea de que con estas reformas estábamos pretendiendo impulsar un nuevo "movimient ismo"

con característ icas hegemónicas. Nada más alejado de la realidad. No preten- díamos de ninguna manera un conglomerado ideológico monocolor. Ni reem-

plazar la dinámica creadora de la competencia entre ideas y part idos por la const itución de movimientos totalizadores. Era la hora, en ese marco de plu-

ralismo abierto por la democracia, de intentar una recomposición, una conver - gencia de ideales y de objet ivos que se plasmaran en una nueva Const itución.


Nuestro sistema inst itucional adolecía de autént icas fallas estructurales

que conspiraban contra una real y efect iva convivencia democrát ica. Podía- mos circunscr ibirlas a cinco grandes problemas const itucionales: valoración

insuficiente de la legit imidad, dificultades para la gobernabilidad, escasas for - mas de part icipación, excesiva concentración territorial y funcional de

competencias en la cabeza del Poder Ejecut ivo nacional, y controles muy la- xos y permisivos en favor de este últ imo.

La Const itución expresaba un fuerte carácter presidencialista a través del cúmulo de atribuciones conferidas al Poder Ejecut ivo, consecuencia na-

tural de las ideas predominantes en la época de la Organización Nacional en el siglo XIX.

Era opinión generalizada entre el grupo de calificados asesores del Con- sejo para la Consolidación de la, democracia la necesidad de, pasar a un sis -

tema mixto, porque el presidencialismo, frente a cambios polít icos o sociales de importacia, impedía la canalización orgánica de las consecuentes tensio -

nes y provocaba la búsqueda de soluciones al margen de las inst ituciones, co - mo bien lo conocíamos.

El Consejo sostuvo que una reforma const itucional era un gran hecho polít ico y no solamente un remedio jur ídico sabiamente logrado. No se tra-

taba de inventar el país o contradecir lo, sino de interpretarlo y de alcanzar el mayor consenso posible. La reforma se debat iría públicamente en un contex-

to de plena vigencia del estado de Derecho, con todo lo que ello implicaba para el diálogo, en un clima de total libertad.

La reforma inst itucional que proponíamos por entonces estaba centrada en los siguientes temas:

Formulación de métodos y procedimientos de descentralización polít ica y administrat iva que incorporaran formas part icipat ivas para la toma de decisiones y el control de gest ión.

Fortalecimiento del federalismo por vía del reintegro a las provincias de sus poderes autónomos originarios y mediante el establecimiento de bases const itucionales para la copart icipación en el sistema tributario.

Profundización del papel inst itucional del municipio favoreciendo la rela- ción directa entre el usuario y el prestatario de los servic ios comunales y


públicos.

Incorporación de mecanismos de democracia semidirecta que acentuaran la part icipación polít ica del ciudadano.

Promoción de formas comunitarias de gest ión, tales como las cooperat i- vas y las ligas de consumidores y usuarios de servicios públicos.

Perfeccionamiento y modernización del sistema de administración de jus- t ic ia, mediante procedimientos que aseguraran la rapidez y la publicidad, sin mengua del derecho de defensa, y eliminaran fallas técnicas generado-

ras de incert idumbres y problemas innecesarios. Necesitábamos un acuerdo inst itucional que no impusiera mayorías art ificia-

les cuando la sociedad misma no las generaba. Necesitábamos una democracia donde las mayorías fueran expresión de coincidencias concretas sobre lo

que debe hacerse para el futuro, no sólo agregaciones emocionales fundadas en la lealtad al pasado.

Para concretar estos objet ivos le otorgábamos especial importancia a la po - sibilidad de combinar aspectos de nuestro tradicional régimen presidencialista

con dementos de los sistemas parlamentarios. En esa revisión inst itucional de- bíamos contemplar la alternat iva de liberar a la Presidencia de la Nación de sus

connotaciones cesar istas y de su gran carga de atribuciones. Ello permit iría dis- tinguir la tarea de fijar las grandes polít icas nacionales de la del manejo cotidia-

no de la administración, y haría posible que el Congreso tuviera una interven- ción más directa y eficaz en la gest ión y el control de los asuntos de Estado, y

que los ministros tuvieran una relación más estrecha con el Par lamento. Me convencí de que un sistema semiparlamentario est imularía la const i-

tución de alianzas transparentes, porque éstas resultarían de la naturaleza del sistema e inducir ían act itudes conciliadoras. Este sistema tendr ía suficiente

flexibilidad como para tornarse más presidencialista o parlamentarista, según el presidente reuniese o no mayoría en el Congreso, pero en ambas circuns-

tancias se proteger ía el normal funcionamiento de las inst ituciones. El Consejo para la Consolidación de la Democracia tuvo muy en cuenta

el hecho de que una reforma de la Const itución plantea problemas de naturaleza técnica, polít ica y ét ica. Por ello, en el análisis de la posibil idad de la re-

forma buscó el intercambio de ideas entre un campo amplio, rico, pluralista


y democrát ico: se reunieron innumerables antecedentes nacionales e interna-

cionales; se consultó a todo el espectro político, social y económico, inst i- tucional, gremial y académico a nivel nacional y provincial, y se formaron

cinco equipos de especialistas para que dictaminaran sobre los aspectos más importantes de la reforma const itucional.

Entre los muchos inter locutores que tuvo el Consejo puedo recordar al doctor Ítalo Argent ino Luder, e l historiador norteamer icano Robert Potash,

el miembro del Consejo de Reforma Const itucional de España, Rafael Ar ias, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ita-

liano, Paolo Taviani, el profesor de filosofía polít ica y senador italiano Norberto Bobbio, el profesor y ex canciller israelí Shlomo BenAmi, el pro -

fesor norteamericano de Ciencias Polít icas Alfred Stepan, el presidente del Inst ituto de Estudios Const itucionales de España, Manuel Aragón, el pro-

fesor norteamericano Robert Dabl, e l ft lósofo del derecho finlandés Aulis Aamio, el const itucionalista norteamer icano Bernard Schwartz. También vi-

sitaron el Consejo la mesa direct iva de la Federación Argent ina del Colegio de Abogados, los miembros de la Comisión de just icia y Paz del Episcopa-

do Argent ino y de la Convención Evangélica Baut ista Argent ina. Se recibie - ron conclusiones de las jornadas sobre el tema realizadas en la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y se publi- caron sus resultados en un material de referencia y consulta ineludible para

estudiosos del país y del exterior. Los miembros del consejo asesor expresaban entonces:

Los partícipes del debate no son sólo los partidos políticos, sino también el

gobierno en sus distintos niveles y las más variadas expresiones del queha -

cer nacional, ya que es la Nación misma, y no sólo sectores de ella, la inte -

resada en el acierto de la solución y en el consenso que se logre. La orienta -

ción política del debate debe poner el acento: a) en que se busca una

estructura del porvenir ; b) en que se trata de lograr una confianza firme en

nosotros mismos y en nuestras posibilidades; c) en el carácter solidario y éti -

co que debe tener el debate institucional; d) en que la unidad nacional es un

bien prioritar io; e) en la paz como respeto al derecho ajeno; f) en la libertad

como valor fundamental; g) en el significado de la igualdad ante la ley y de


la justicia social; h) en la prioridad que tienen el trabajo y la producción en

la actividad económica; i) en la necesidad de acentuar un desarrollo autóno-

mo de la economía; j) en la restauración de un sano orgullo nacional y en la

posibilidad de un razonable destino de grandeza.

Con todos estos elementos, y considerando que exist ía un generalizado con-

senso a favor de la necesidad y oportunidad de la reforma, el Consejo emi- tió su dictamen. En él se aconsejaba al Poder Ejecut ivo poner en marcha los

mecanismos legales para la reforma y puntualizaba los temas de la misma, su- giriendo en cada caso la modificación a introducir.

En cuanto al alcance y procedimiento de la reforma, el Consejo sostuvo que era necesario preservar la cont inuidad con el marco normat ivo vigente.

En ese sent ido, propiciaba modificaciones parciales circunscr iptas a ciertos puntos que debían ser fijados por el Congreso Nacional, limitando a la

Asamblea Const ituyente a decidir si se reformaban o no, porque la Conven- ción Const ituyente es un órgano con competencia derivada de la propia

Const itución y carece de competencia originaria. Era, por otra parte, la Cor- te Suprema el últ imo intérprete y custodio de la ley fundamental y, por lo tan-

to, el poder competente para juzgar la constitucionalidad de todo el proceso const ituyente, incluyendo las propias reformas.

Buscábamos un consenso amplio. Por ese motivo era conveniente y prudente circunscribir los puntos de la reforma, ya que cuanto más vasta e inde-

finida fuera la propuesta de modificación, menos probable sería que conver- gieran dist intos sectores sociales en el acuerdo para cambiar el marco

normat ivo. Este consenso debía estar precedido de un acuerdo previo entre los actores relevantes de la reforma, dirigido a limitar la acción de la Conven-

ción Const ituyente a los puntos cuya necesidad de reforma hubieran sido fijados por el Congreso.

Una primera limitación a la tarea reformadora estaba dada por el carácter que t ienen ciertos principios incluidos en la Const itución. Ellos eran, sobre

todo, los que se refieren al régimen de gobierno representat ivo, republicano y federal, y los que subyacen en los derechos básicos consagrados en los ar -

tículos 14, 15, 16, 19 Y otros. Estos contenidos, denominados pétreos, fueron


considerados inmodificables.

Ninguna mayoría circunstancial podía abolir el régimen republicano y el sistema democrát ico incluido en la idea de representat ividad sin autodescali-

ficarse y privar a las futuras generaciones de la misma soberanía que ella ejer - cía. Tampoco sería posible, por ejemplo, abrogar el régimen federal, ya que

la Const itución era el resultado de un pacto entre entes autónomos, que no podrían ser disueltos o restringidos en su autonomía sin previo acuerdo en-

tre todos ellos. Asimismo, el Consejo consideraba que debería mantenerse el carácter de

marco general de la Const itución vigente, evitando cualquier reglamentar ismo y detallismo que perjudicara su perdurabilidad. Los derechos y las garan-

tías contenidos en la Primera Parte -Capítulo Único- de la Const itución nacional forman las bases y los objet ivos del Pacto de Asociación Polít ica de

nuestra nación. Por esa razón, el Consejo consideraba que cualquier cambio que se realizara en materia de derechos y garant ías debía tener una única di-

rección, que era la de su ampliación y profundización, y jamás su limitación o menoscabo.

Frente a la corriente conservadora del pensamiento const itucional que pretende colocar los derechos sociales en oposición a los derechos individua-

les clásicos, e l Consejo afirmaba que los primeros no son más que una ex- tensión necesaria de los últ imos. Los derechos a la vida, a la libertad de mo-

vimiento, de asociación, de culto, de expresión protegen a los individuos contra toda interferencia a su libre elección de planes de vida. El reconoci-

miento de otros derechos, tales como los de contar con una atención médi- ca correcta, vivienda digna, jubilación y otros de similar jerarquía, deriva de

la comprensión de que esa misma autonomía o libertad de elección de planes de vida no se logra con la mera abstención de interferir en el la por par-

te del Estado. En este sent ido, los derechos sociales no son dist intos de los individuales.

La supresión del art ículo segundo, referido al sostenimiento del culto ca- tólico, y la llamada cláusula confesional del art ículo 76 de la Const itución, es-

taba en sintonía con el Concilio Vat icano 11, cuando señalaba que "esta liber - tad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción


tanto por parte de personas part iculares como de grupos sociales o cualquier

potestad humana, y ésta de tal manera que, en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impide que actúe conforme a

ella, ni en privado ni en público, solo o asociado con otros, dentro de los lí- mites debidos".

La fisonomía general del sistema mixto propuesto

El Consejo sostuvo que para avanzar hacia un sistema polít ico mixto debían

darse las siguientes condiciones:

Elección directa del presidente: la legit imidad dada por la elección directa le permit ir ía cumplir las funciones de garante del sistema y de árbitro

en situaciones cr ít icas (un parlamentarismo puro, con un presidente no electo popularmente, debilitaría su rol en demasía).

Genuina responsabilidad del pr imer ministro en la conducción polít ica del país y en la implementación del programa de gobierno.

La distribución de funciones entre presidente y primer ministro debía hacerse concentrando en este últ imo la responsabilidad central de la marcha

del gobierno y reservando al presidente facultades cruciales, acotadas y circunscriptas a la preservación de las inst ituciones y a la expresión de los

intereses del país.

Creación de un órgano cuasi polít ico y cuasi judicial: un Consejo Cons- t itucional como mecanismo para solucionar posibles conflictos de

competencia.

Mecanismos para una expresión nít ida de la voluntad del electorado: sis -

tema de elección presidencial de doble vuelta y facultad del presidente de convocar a elecciones ant icipadas.

Instrumentación de la "censura construct iva" para evitar que el gobierno se encuentre permanentemente desafiado. Ésta exigiría la propuesta de un reemplazante del primer ministro que se pretendiera remover y la posibi-

lidad de convocar a elecciones ant icipadas que desalentaran las censuras, cuando no fuera claro el apoyo de la opinión pública para llevarlas a cabo.


El sistema mixto admit ía la delegación legislat iva debido a la complejidad

técnica que hoy t ienen muchas materias en algunas cuest iones específicas. El Consejo afirmaba que ya ocurría en la práct ica y que había muchos

ejemplos en el derecho comparado: "Se trata de que el Congreso, mediante una habilitación legal, faculte al Poder Ejecut ivo a legislar sobre una ma-

teria determinada". En cuanto al Poder Judicial, con el fin de que la Corte pudiera preservar

su rol como guardiana de derechos y garantías y últ imo intérprete de la Cons- titución, se consideraba conveniente otorgarle la facultad de seleccionar cuá-

les serían los casos a que se avocaría en virtud de los principios involucrados y el interés público en juego.

Asimismo, se proponía que los principios sentados por la Corte en sus decisiones sobre un punto de la Const itución fueran aplicados a todos los

que se encontraran en iguales condiciones, conforme lo exige el principio de igualdad. Por consiguiente, sostenía que las sentencias de la Corte Suprema

debían ser obligatorias para los tribunales inferiores. Además, el d ictamen del Consejo proponía:

Dar jerarquía const itucional a los part idos polít icos.

Incorporar a la Const itución la part icipación inst itucionalizada de los grupos intermedios y su art iculación con los órganos de gobierno a través de un Consejo Económico y Social de carácter consult ivo.

Garant izar const itucionalmente un régimen municipal autónomo.

Elegir en forma directa al intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

Analizar la posibilidad de inst itucionalizar la figura del defensor del

pueblo.

Incorporar a la Const itución mecanismos de democracia semidirecta.

Establecer que los tratados internacionales tuvieran preeminencia con respecto a las leyes.

Legit imar definit ivamente la incorporación de los derechos económicos y sociales al texto const itucional.

Proteger a los des favorecidos en el reparto de capacidades y riquezas.


Incent ivar mecanismos que permit ieran un mayor ejercicio democrát ico en la empresa.

Incorporar a los usuarios en el control de gest ión y la colaboración en la dirección de empresas públicas.

Est imular la función social de la propiedad.

Proteger el derecho a la privacidad (hábeas data).

De tal modo, el d ictamen favorable a la reforma const itucional se planteaba como una base ser ia, consistente y progresista. Después de ese tra- :

bajo no hubo en la Argent ina proyecto serio de reforma que no lo tuvie- ; ra en cuenta, y la que se llevó a cabo en 1994 se debió indudablemente a

su inspiración.

El acuerdo entre el radicalismo y el justicialismo El 7 de octubre de 1986, el Consejo para la Consolidación de la Democracia

me había entregado su dictamen final sobre la conveniencia, oportunidad, alcances y temario de la reforma const itucional. A pesar de todos los inconve-

nientes, yo tenía confianza en la posibilidad de construir el consenso indispensable a fm de concretar los cambios inst itucionales propuestos por el Consejo.

Pero el importante triunfo del peronismo en los comicios de sept iembre de 1987 cambió el mapa polít ico del país y me persuadió de la necesidad de

variar la estrategia: en vez de cont inuar dirigiendo la campaña reformista de manera casi exclusiva, se hada imprescindible compart ir la responsabilidad

con la fuerza que se había mostrado como la primera minoría. En el peronismo, por encima del t ipo de oposición cerrada con que nos

enfrentaba, había comenzado un cambio prometedor y beneficioso para la inst itucionalización del país. Un proceso de democrat ización interna iniciado

por un grupo renovador que encabezaba Antonio Cafiero y que, según pensaba yo entonces, podía llegar a cambiar las propias reglas de juego de la po -

lít ica argent ina, sepultando para siempre el esquema amigo-enemigo que ha- bía destrozado durante 150 años nuestro sistema de relación polít ica y creado

un ámbito cultural francamente negat ivo para el desarrollo democrát ico.


En su ,últ imo gobierno, el proio Perón había reconocido ese cambio de

concepción. Como lo señalaron Silvia Sigal y Eliseo Verón,3 cuando Perón dice "nosotros, los po lít icos", abre un camino que será transitado por el gru-

po renovador que advierte sensatamente el clima general del país y la nece-

3 Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista , Buenos Aires, Hyspamé-

r ica, 1986.

sidad de suplir la falta de la jefatura del movimiento por la democrat ización del part ido y por un impulso mayor en las manifestaciones públicas de con-

vicción democrát ica. Estoy convencido de que esta act itud salvó al peronismo de su disgrega-

ción, tanto por razones vinculadas al faccionalismo interno como por la sospecha persistente en la sociedad acerca de su vocación hegemónica y autorita-

ria. Para lograr sus propuestas, el grupo renovador debía formular algún t ipo de autocrít ica, y Cafiero lo hizo con part icular consistencia, aceptando el error

inicial del peronismo en cuanto a la valoración de la libertad y del pluralismo. De este modo, el peronismo logró, nada más y nada menos, que la mayor

parte de quienes se le oponían estuvieran dispuestos a juzgarlo por su propuesta y no por su historia. Este cambio de act itud viabilizaba la búsqueda

de un consenso indispensable para producir la reforma de la Const itución. Y no me equivoqué. Como suele ocurrir, no fue Cafiero (al menos en cuanto a

su candidatura presidencia l) quien recogiera los frutos de una estrategia que a mi criterio no fue analizada en su real y enorme dimensión.

Ricardo Gil Lavedra, a la sazón secretario del Ministerio del Inter ior, impulsaba las conversaciones con juristas del just icialismo inscriptos en la co-

rriente renovadora. El interlocutor inicial fue Alberto García Lema, quien de inmediato obtuvo de Cafiero la autorización para cont inuar con las tratat ivas.

Enseguida se sumaron a las conversaciones Carlos Nino, por nuestra parte, y Héctor Masnatta, por el just icialismo. A t ravés de un diálogo franco y pa-

triót ico, estos juristas fueron conciliando posiciones que permit ían vat icinar el arribo a una amplia coincidencia.

Se presentó una dificultad seria en la forma de elección del presidente de la Nación, puesto que el just icialismo no aceptaba nuestro criterio de hacer -


lo a través de dos vueltas, y buscamos una solución transaccional, similar a la

que luego surgió de la reforma de 1994. Las conversaciones mantenidas dieron resultado. El 14 de enero de 1988 se

firma el acuerdo con el doctor Cafiero, que de inmediato se hizo público. Ese mismo día, en una de esas grandes paradojas de la historia, se producía el le -

vantamiento de los militares carapintadas en Monte Caseros. Las dos caras de la Argent ina de la transición se mostraban al unísono: por un lado, d ataque

alevoso a las inst ituciones; por el otro, la búsqueda de su perfeccionamiento. Esta contradicción permanente no dejaba de acompañamos. Ningún he-

cho posit ivo podía tranquilizamos. Ningún éxito podía alegramos. Ningún intervalo disminuía la tensión. Ninguna ilusión terminaba con el desasosie -

go. Ninguna solución alejaba la angust ia. Ninguna not icia nos calmaba. To- dos los flancos abiertos y la necesidad de no desesperar, y la obligación de

ser fuertes, y dudar y resolver. Al coincidir en la necesidad de impulsar "transformaciones inst ituciona-

les necesarias para el bienestar del pueblo", se resolvió alentar una reunión con los gobernadores que recogiera el espíritu del Acuerdo de San Nicolás,

promoviera un renaciente federalismo, incorporara el concepto de región interprovincial y avanzara hacia un nuevo equilibr io entre la Nación y las provin-

cias para que éstas recuperaran los derechos sobre sus recursos sin descuidar la necesaria acción solidaria de las zonas más favorecidas en favor de las más

pobres, y las exigencias propias de la unión nacional. Se entendió conveniente, en cuanto al perfeccionamiento del sistema de-

mocrát ico, favorecer mecanismos que establecieran la elecc ión directa del Poder Ejecut ivo y lo protegieran del desgaste de las cuest iones polít icas co -

tidianas que no correspondieran estrictamente a la jefatura del Estado. Am- bos part idos coincidieron en varios ejes más: flexibilizar la marcha de la ad-

ministración según las situaciones polít icas y electorales cambiantes; examinar el acortamiento de los mandatos; hacer más estrecha y coordinada la

relación entre el E jecut ivo y el Parlamento, permit iendo acuerdos interpart i- darios en su seno que facilitaran la agilidad y eficiencia de la administración

y su contralor por el Congreso; dotar de mayor eficacia al sistema de apro - bación y sanción de las leyes; proveer al Poder Judicial de instrumentos idó -


neos para asegurar el efect ivo cumplimiento de sus funcio nes, creando un ór-

gano independiente con competencia para dilucidar eventuales conflictos entre los poderes de la Nación o entre éstos y las provincias; est imular la par -

ticipación a través de formas semidirectas de democracia y la de los sectores sociales en las decisiones que los afectaran.

Igualmente se coincidió en que la reforma debía sentar las bases de un "const itucionalismo social" en el que el Estado orientara y promoviera el

crecimiento económico con just icia social, preservando el legado histórico de la libertad. Se reconoció que la organización económica debía basarse en

la propiedad privada, otorgándole jerarquía const itucional al principio uni- versalmente aceptado de su función social.

Coincidimos en la necesidad de facilitar una mayor integración de nuestro país con otras naciones lat inoamericanas, a fin de alcanzar un progreso

común y favorecer el crecimiento conjunto a través de la ampliación y diver- sificación de sus respect ivos mercados. En ese contexto, la integración cre-

ciente con los países hermanos de América Lat ina debía ser un objet ivo fundamental. Los acuerdos que recientemente habíamos suscripto con Brasil y

con Uruguay eran pasos valiosos en esa dirección. Durante las reuniones mantenidas se acordó también someter estas opi-

niones a los part idos a los que pertenecíamos, a las demás fuerzas polít icas y al conjunto de la sociedad, ya que una reforma de la Const itución nacional

requería la mayor suma de contribuciones con el objeto de arribar a un tex- to consensuado con los sectores polít icos y sociales más significat ivos.

Se consideró, finalmente, que si e l Honorable Congreso de la Nación acogía "favorablemente la iniciat iva de una reforma que [versara] sobre los

puntos estrictamente preestablecidos en la convocatoria, sería deseable que la elección de la Asamblea Const ituyente se efectuara simultáneamente con

la de las autoridades nacionales en el año 1989 y que sus trabajos finalizaran antes de la asunción del nuevo gobierno".

El documento conjunto recogía las iniciat ivas propuestas en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. De manera especial,

abría el camino a la división de funciones entre jefe de Estado y jefe de Go- bierno al señalar la necesidad de proteger al Poder Ejecut ivo del desgaste de


las cuest iones polít icas cotidianas; se indicaba la convergencia de flexibilizar la

marcha de la administración según las situaciones polít icas y electorales cambiantes y de hacer más estrecha y coordinada la relación entre el Ejecut ivo y el

Parlamento, permit iendo acuerdos interpart idarios en su seno que facilitaran la agilidad y eficiencia de la admirustración y su contralor por el Congreso.

En cuanto al federalismo, la creación de regiones, el acortamiento de los mandatos, la elección directa, la función social de la propiedad, el const itu-

cionalismo social, las mejoras al Poder Judicial y la agilización de los trámites legislat ivos, las coincidencias entre ambos documentos son totales.

Por eso se puede afirmar que así como el dictamen del Co nsejo const ituye la base de la Reforma de 1994, el acuerdo radical- just icialista de 1988 es el

trampolín que nos llevar ía, ya veremos de qué manera, al Pacto de Olivos. En cumplimiento de lo resuelto en el documento, solicité al radicalismo

que se expresara al respecto. El Comité Nacional de la UCR const ituyó una comisión especial que se expidió en la reunión celebrada en la ciudad de Cór-

doba, el18 de febrero de 1988, siendo aprobada por los presidentes de dis - tritos, convocados para su consideración, y, posteriormente, por los cuerpos

part idarios. La comisión estuvo integrada por Alfredo Orgaz, Car los Nino, Marcelo Stubrin, Ricardo Gil Lavedra, Fernando De la Rúa y Jorge Vanossi,

y produjo despacho de conformidad con lo establecido en el acuerdo. El documento del part ido comenzaba con una afirmación categórica:

La Constitución de 1853 constituye el marco de referencia de la unión de

los argentinos, pues en ella se establecen los principios básicos de nuestra

convivencia. La propia Constitución prevé su adaptación a nuevas exigen-

cias de la vida social a través de un procedimiento de reformas cuyo ejerci -

cio constituye, precisamente, el acto más perfecto de respeto a la voluntad

constitucional.

La enmienda parcial de la Constitución es para la Un ión Cívica Radical

una de las piezas fundamentales del proyecto de democratización y moder -

nización que el gobierno nacional está implementando desde 1983. Esta

modificación permitir ía consolidar el sistema democrático al hacer más fle -

xible el funcionamiento del gobierno, abrir nuevas formas de participación

de los ciudadanos en las decisiones que los afectan, promover la descentra -


lización fortaleciendo las autonomías de las provincias y de los municipios,

y estimular la vigencia de una ética de la solidaridad a través del per feccio-

namiento de la protección de los derechos individuales y sociales.

En consonancia con el dictamen del Consejo para la Consolidación de la De-

mocracia, se proponía: Modificaciones al sistema político: flexibilizar la r igidez del sistema presi-

dencialista desconcentrando las funciones de gobierno en un primer minis -

tro y su gabinete, designados por el presidente, con responsabilidad frente

al Parlamento. Elección directa del presidente, jefe del Estado, por mayoría

absoluta por un período de cuatro años.

Reformas al Congreso de la Nación y al trámite legislativo: agilizar la ac-

tividad del órgano legislativo tanto en sus funciones de contralor como en

el procedimiento de sanción de las leyes. Crear una nueva clasi ficación de las

leyes que contemple procedimientos y di ferentes jerarquías según su finali -

dad; un bicameralismo más di ferenciado; ampliación por parte del Senado

de sus funciones de Consejo obligatorio al presidente de la Nación e inter -

vención inicial en aquellas materias vinculadas a la preservación de las auto-

nomías provinciales.

Reformas atinentes al federalismo: garantizar a las provincias los recursos

provenientes de sus bienes naturales y de la coparticipación impositiva, sin

descuidar la necesaria solidaridad interprovincial, a fin de que se reconozca a

cada habitante el acceso a las mismas oportunidades y a la misma calidad de

vida cualquiera sea el lugar del terr itorio donde resida. Promover un proceso

de descentralización a nivel provincial y municipal , garantizando plena auto-

nomía de los municipios. Elección directa del intendente de la Capital Fede-

ral y normas sobre la autonomía política de la ciudad de Buenos Aires.

Reformas a la parte doctr inaria: reconocer los derechos sociales sobre la

base del principio de igualdad de oportunidades, evitando incurrir en fór -

mulas declaratorias y asegurando su operatividad, pero sin limitar la posibi -

lidad de que en cada momento histórico los órganos que emanan de la so -

beranía popular decidan sobre los medios más adecuados para hacerlos

efectivos. Concretar la ya consagrada función social de la propiedad.

Participación: adoptar el plebiscito, el referéndum, la convocatoria y la

iniciativa popular; reconocimiento constitucional de los partidos políticos.


Tratados internacionales: incorporar normas constitucionales al proceso

de integración latinoamericana y, a ese fin, establecer la facultad de delegar

competencias en órganos o entes supranacionales o comunitarios.

Reforma de la Constitución: flexibilizar el procedimiento de su reforma

reconociendo el carácter r ígido de nuestra Constitución. Utilizar el referén -

dum constitucional aprobatorio como una herramienta útil para la expre-

sión del consenso de la ciudadanía. En pocas palabras: la Unión Cívica Radical apoyó en todas sus partes el dic-

tamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. Mientras la coyuntura polít ica transitaba por otros carriles y dificultades,

la discusión sobre la reforma tenía su propio desarrollo. Oscar Alende ade- lantaba un importante grado de coincidencia el 3 de marzo de 1987 en el dia-

rio La Nación: Deben consagrarse formas semidirectas de democracia; la consulta y la par -

ticipación de las entidades intermedias productoras y laborales, la vigencia

de los derechos humanos y las garantias personales; consagrar la función so-

cial de la propiedad; bregar por la unidad latinoamericana y su integración

económico-financiera; reafirmar la defensa del patr imonio nacional y la pre-

servación de los bienes, recursos y servicios estratégicos de interés nacional

y promover el crecimiento económico y el premio al trabajo y la producción,

preservando el legado fundacional de la emancipación y la libertad.

El 5 de marzo de 1987, Cafiero explicaba su posición respecto del pacto fe-

deral y de la reforma: El pacto federal no debe ser entendido como condición jurídica previa a la re -

forma constitucional, pero sí como condición política inexcusable. (. . .) En

cuanto a los poderes reservados, las provincias reclaman revertir la acumul a-

ción de funciones asumidas indebidamente por el gobierno nacional. Desean

participar en los regímenes de exploración y explotación de los recursos na -

turales provinciales y en la fi jación de regalías adecuadas que contemplen el

agotamiento de los no renovables, las garantías para su liquidación y el cobro.

Proponen impulsar el proceso de regionalización, preservando la unidad na -


cional y atendiendo a la integración latinoamericana, y adoptar estímulos que

favorezcan la creación de regiones. Respecto de poderes concurrentes, se pro-

pugna trasladar la enseñanza de nivel medio a la jurisdicción provincial; reco-

nocer el derecho de las provincias de promover la discusión de sus manifes -

taciones culturales por los medios de comunicación; la federalización de los

fondos del sistema de salud, atendiendo al lugar donde se generan los recur -

sos y las necesidades de las provincias de menores ingresos. [. . .] En cuanto a

los poderes delegados, se propende a crear comisiones o consejos como ór -

ganos de integración general en materias clave de la acción del gobierno cen -

tral que tengan directa incidencia o administren recursos de las provincias, es -

pecialmente en lo que hace al manejo de la moneda o el crédito.

En cuanto a la reforma constitucional, de todas las razones expuestas

durante los últimos años para fundamentarla, he privilegiado, al impulsar un

texto consensual, una de ellas: el establecimiento de la confianza y la fe en

las posibilidades históricas de la nación. [. . .] La sanción de una nueva Cons -

titución tiene sin duda una gran carga simbólica, que no puede desdeñarse

como instrumento de cambio para la sociedad. Representa también la má -

xima institucionalización de un modelo de país, que alumbre el camino pa -

ra el largo plazo y, por tanto, sirva de guía para resolver los problemas co-

yunturales. [. . .] La futura reforma debería cumplir varios objetivos. En

primer término, consolidar la democratización del sistema político. [. . .] for -

talecimiento del papel parlamentario, permitiendo una mayor eficacia del

sistema de sanción y aprobación de las leyes, estableciendo una adecuada

conexión con el Ejecutivo. La reforma debe también inspirarse en los prin -

cipios del constitucionalismo social, reivindicando que el Estado oriente y

promueva el crecimiento económico con justicia social, preservando el lega-

do histórico de la libertad. La organización económica debe basarse en la

propiedad e iniciativa privada, reconociéndose su función social, contando

con la colaboración del área social y pública. Por supuesto, Alvaro Alsogaray se oponía y afirmaba en La Nación, el 4 de

marzo de 1988, que la reforma de la Const itución era inconveniente e ino - portuna. En realidad, como en todos los casos, se trataba de una defensa del

liberalismo económico y no, precisamente, del liberalismo polít ico. Otra vez la dir igencia radical le salió al paso. En esa oportunidad, Juan

Manuel Casella escribía en La Nación del 7 de marzo de 1988:


Hay una relación directa entre la Constitución, la realidad sociopolítica y el

futuro. La Constitución debe partir de lo existente, incluyendo en ello los

objetivos que la sociedad considera valiosos, con el propósito de orientar el

cambio en el sentido deseado. Atendiendo al carácter esencialmente dinámi -

co y cooperativo del sistema democrático, es importante incluir en el deba-

te constitucional la idea de futuridad, y en el texto los andariveles jurídicos

formales que conduzcan hacia una transformación racional y consentida.

Vale la pena mencionar expresamente el tema de la reelección, porque es

una cuestión que contr ibuyó a politizar y oscurecer el debate. Mucha gente

interpretó que la propuesta de eliminar la previsión constitucional que im -

pide la reelección perseguía el propósito de otorgarle espacio al presidente

Alfonsín para que continuara al frente del gobierno más allá de 1989. El te-

ma ha quedado definitivamente zanjado a partir de la manifestación pública

del presidente descartando su postulación aun en el caso de que se elimine

la prohibición. En cuanto a la oportunidad de la reforma: la experiencia his-

tórica desde la Carta Magna hasta la Constitución nacional de 1853 demues-

tra que ningún pacto constitucional, expreso o tácito, fue alcanzado sin al -

gún nivel de conflicto, y nunca existió el perfecto estado de equilibrio social

que buscan los epígonos de "la" oportunidad. Detrás de este argumento

suele esconderse la oposición sistemática al cambio. El aparente respeto sa -

cramental por el texto constitucional vigente puede ser , también, una forma

de provocar su incumplimiento por obsolescencia.

Aunque el acuerdo con el just icialismo aseguraba ampliamente el consenso

requerido por el art ículo 30 de la Const itución, y teniendo en cuenta que el debate estaba abierto en todas las direcciones, era nuestro deber impulsar lo

y procurar definir alguna forma de compromiso más o menos general, antes de poner en marcha el mecanismo reformista. Con ese propósito, el 30 de

junio de 1988 el ministro del Interior, Enrique Nosiglia, convocó a los part i- dos polít icos con el objeto de analizar el tema inst itucional. Estaba previsto

que part iciparan todos los part idos polít icos nacionales con representación parlamentar ia y los part idos provinciales que ejercieran el gobierno en sus

respect ivos distritos. Entretanto, se habían producido las elecciones internas del Part ido Just icialista. El candidato ganador y, por lo tanto, candidato a pre-


sidente de la Nación, Carlos Menem, acompañó al doctor Cafiero a la reu-

nión en el Minister io del Interior para considerar la reforma, en la ronda de consultas a que he hecho referencia. En la posterior conferencia de prensa,

Menem marcó ya su preocupación por la figura del primer ministro. La situación había dado un vuelco inquietante. Si bien Cafiero cont inua-

ba al frente del just icialismo y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, era evidente que su autoridad había sido seriamente afectada por su derrota

interna. Dadas las característ icas del peronismo, su gest ión al frente del Con- sejo Nacional se vería muy afectada por la presencia de un candidato electo,

que de inmediato procuraría manejar todos los resortes del part ido. El problema que más me preocupaba era que se había producido una de-

rrota del sector renovador del just icialismo, con el que encontrábamos más afinidades y con el que habíamos venido manteniendo las negociaciones. Sin

embargo, estaba convencido de que el triunfo del sector histórico del pero - nismo, con sus conocidas peculiaridades en el manejo del poder, hacía nece-

sar ia más que nunca la reforma de la Const itución para garant izar la conso- lidación de un Estado legít imo.

De modo que decidí seguir adelante con el esfuerzo. Entretanto, el radica - lismo había elegido su candidato con muy poca discusión interna: Eduardo

Angdoz. También yo quedaba en una situación dist inta. De ahí en adelante debería consultar con el candidato de la UCR los aspectos más estratégicos del

accionar polít ico. El 6 de sept iembre del 1988, a un año de las elecciones, en una casa par -

ticular nos reunimos reservadamente Carlos Menem, Eduardo Angeloz, An- tonio Cafiero y yo. Nos acompañaban Eduardo Bauzá, Ricardo Gil Lavedra

y Alberto García Lema. Pasamos revista a una agenda que llamamos "Temas a resolver" y llegamos a acuerdos fundamentales, ante un Menem extrema-

damente silencioso. Las coincidencias fueron las siguientes:

1. Conveniencia de la reforma de la Const itución. 2. Dicha reforma debía ser parcial y consensuada.

3. En un pacto polít ico debían concertarse la oportunidad, la metodología y los contenidos.


4. La reforma debía estar restringida a la parte orgánica, a los aspectos fede-

rales y levemente a la parte dogmática. 5. Debía promoverse:

-La atenuación del régimen presidencialista. -La desconcentración const itucional de facultades entre jefatura de Es-

tado y de Gobierno. -La designación y remoción del jefe de Gobierno por el presidente y

censura parlamentaria. -El acortamiento del mandato.

-La elección directa. -La eliminación de la limitación del número de ministros.

-La mejora del procedimiento de sanción de las leyes. -La flexibilización del régimen de reformas.

-La creación del Consejo Const itucional. -La introducción de principios del const itucionalismo social.

-La función social de la propiedad. -El fortalecimiento de las garant ías individuales.

-El hábeas corpus. -El amparo.

-La incorporación de nuevos derechos: en relación con el medio ambiente, e l consumidor, etc.

-La tutela de los derechos const itucionales. -La introducción de formas semidirectas de democracia: plebiscito, re-

feréndum, etc. -La part icipación consult iva de ent idades intermedias (Consejo Econó-

mico Social). -La defensa de la Const itución.

-El estado de sit io declarado exclusivamente por el Congreso. -Eliminar el requisito de la confesionalidad.

-La const itucionalización de los part idos polít icos. -Aspectos federales: autonomía municipal, regionalización, interven-

ción por decisión del Congreso. -La autonomía municipal.


-La integración lat inoamericana y la jerarquización de los tratados

internacionales. Se acordó realizar una segunda reunión para discut ir e l procedimiento a se-

guir, que en la agenda aparecía así: 1) pacto polít ico como resultado de la mesa de part idos a convocarse luego de la ronda de consultas que definiera

el procedimiento y el texto de la enmienda; 2) envío del proyecto al Congre- so; 3) elección conjunta de const ituyentes con la de presidente y vicepresi-

dente; 4) limitación de la Convención en el tiempo de pronunciamiento (dos meses) y por el mecanismo de adopción de decisiones (el a lcance fijado por

el Congreso y las decisiones de la Const ituyente, obviamente, mayoría absoluta de sus miembros); 5) reunión de los const ituyentes a pr incipios de julio

hasta fines de agosto. Finalmente aparecía, por primera vez, un tema importante: la entrega ant icipada del poder al gobierno que ganara las elecciones

del 89. En efecto, en la agenda se mencionaba esa posibilidad con el propó- sito de efectuarla juntamente con el juramento de la nueva Const itución; pe-

ro tanto Menem como Cafiero se manifestaron en contra. Menem mantuvo a lo largo de la reunión una act itud entre ret icente y dis-

tante. Daba la impresión de que no quería comprometerse y de estar un tan- to incómodo. Tres días después de la reunión, el viernes 9 de sept iembre, tu-

vo lugar el acto convocado por la CGT en la Plaza de Mayo, que terminó en violentos desmanes que fueron sofocados por la policía. No sé a ciencia cier -

ta si la provocación provino del peronismo o de sectores de ultraizquierda decididos a perturbar la incipiente campaña electoral.

A raíz de la actuación policial, el candidato just icialista arriesgó una hipó- tesis temerar ia por la que pretendió vincular me a una suerte de autogolpe.

Era lo que me faltaba. Había arriesgado todo para afianzar la democracia en nuestro país y, de pronto, el candidato que de acuerdo con las últ imas elec-

ciones tenía mayores posibilidades de triunfo insinuaba que yo podía estar propiciando t irar por la borda la tarea de cinco años dur ísimos al servicio de

la libertad de los argent inos. Fue un agravio inadmisible. El domingo 18 de sept iembre, la prensa recogió declaraciones de Carlos

Menem en las que se manifestaba en contra de la inst itución del primer ministro y relat ivizaba las posibilidades de la reforma const itucional. Desde Mi-


ramar lo fust igué duramente. Pocos días después reiteró declaraciones en

sent ido dist into de la solución arribada en el acuerdo con Antonio Cafiero. El 20 de sept iembre, la Comisión de Reforma Const itucional del Conse-

jo Nacional del Part ido Just icialista, creada en respuesta a los requerimientos formulados por el Ministerio del Inter ior, despachó su dictamen. Estaba in-

tegrada por César Ar ias, Juan Carlos Maqueda, Héctor Masnata, Héctor Massini y Alberto García Lema. Y el dictamen sostenía que la reforma era

necesaria desde dos puntos de vista: uno proyect ivo y otro legit imador. De este modo se hacia eco de las palabras del general Perón: La reforma deberá receptar en normas jurídicas d sentimiento de revolución

pacífica que anida en todos nosotros, dentro de nuestra tradición y nuestras

costumbres. Ése fue el espír itu humanista con que se encaró la reforma cons-

titucional de 1949, cuyos principios asentados en la esencia misma de la reali -

dad cultural, política, social y económica de la nación deberán realizarse, pues

como la Constitución debe perdurar en el tiempo, debe incluir el sentido de

la evolución dd mundo gue nos tocará vivir en el año 2000. [. . .]

La necesidad legitimadora está destinada a despejar la incertidumbre que

acecha nuestro estatus constitucional. La ilegitimidad de la abrogación de la

Constitución de 1949 y las enmiendas de 1957 just ifican una reforma cons-

titucional para purgar los vicios jurídicos emergentes.

En cuanto a la oportunidad, sostenía ambiguamente que si bien puede decir -

se que lo necesario también es oportuno, "la apreciación final sobre el momento de realizar la reforma está sujeta a una apreciación polít ica concreta".

El dictamen de la Comisión de Reforma Const itucional del Consejo Na- cional del Part ido Just icialista pretendía la reformulación del Preámbulo "con

el objeto de sintet izar el contenido de un proyecto nacional canalizador de las energías nacionales que le permita a la Argent ina incorporarse con iden-

tidad propia en el próximo siglo". En cuanto a las Declaraciones, Derechos y Garant ías, proponía que la forma de gobierno a adoptar por la Argent ina

fuera "democrát ica, representat iva, republicana, federal y social". El fin del gobierno era alcanzar un "estado de Just icia" como instancia superadora del

"estado social de Derecho". Sostenía la necesidad de "const itucionalizar e l derecho a la igualdad",


promoviendo y asegurando la igualdad de oportunidades y la no discrimina-

ción. Proponía la prohibición de la usura y la inclusión de normas sobre ré- gimen financiero. Propiciaba la incorporación de los principios de progresi-

vidad, no confiscatoriedad y capacidad contribut iva en el sistema tributario, así como "la defensa const itucional de la calidad de vida". Debía establecer -

se la función social del capital y de la act ividad económica y garant izarse la autonomía de decisión en cuest iones vinculadas al desarrollo y la incorpora-

ción de nuevas tecnologías. Mientras avanzaba a grandes trancos sobre la parte dogmática, el peronis -

mo retaceaba su respaldo a los cambios inst rumentales y pragmáticos. Se oponía a la creación del cargo de primer ministro, estableciendo que debía

mantenerse el régimen de gobierno presidencialista, aunque flexibilizando su funcionamiento. y propiciaba la reelección ilimitada de los cargos elect ivos.

Finalmente, afirmaba que debía definirse que la exigencia del art ículo 30 de la Const itución estaba referida a los dos tercios de los legisladores presentes.

El dictamen ponía en evidencia los cambios operados en el just icialismo a raíz de los resultados de la elección interna. Se observaba una clara preven-

ción con respecto a la introducción del sistema semiparlamentario y, por otra parte, abría un abanico de temas que, aunque pudieran ser mot ivo de coinci-

dencias en el campo programát ico para definir una acción de gobierno, eran de dudosa incorporación const itucional y requerían, sobre todo, un estudio

minucioso. Era evidente que, sin perjuicio de la enunciación de criterios compat ibles

con las ideas del radicalismo y el propio dictamen de su comisión const itucional, en las definiciones señaladas comenzaban a jugar argumentos muy

vinculados a la campaña electoral. Pero lo más grave era que desnaturalizaba la esencia del despacho del Consejo para la Consolidación de la Democracia

al oponerse al sistema semipresidencialista. Ni siquiera admit ía algunas modificaciones que atenuaran nuestro hiperpresidencialismo. Al contrario, al

propiciar la reelección ilimitada lo potenciaba aún más. Mientras tanto, las tensiones iban en aumento y cada vez quedaba más

claro que el clima polít ico que se vivía era absolutamente incompat ible con la discusión serena sobre la reforma, y podía significar un salto al vacío que


yo no estaba dispuesto a hacer dar a la naciente democracia argent ina. No

se podía confiar en ninguna clase de compromiso bajo esas condiciones. Discut í el problema con Eduardo Angeloz y llegamos a la conclusión de que

no debíamos seguir adelante con el proceso de reforma de la Const itución. A nuestro candidato le preocupaba una campaña electoral que pivoteara so -

bre el tema del primer ministro en un país de tradición presidencialista como el nuestro.

Luego de conversaciones con Nosiglia, Nino y Gil Lavedra, decidí dar por terminadas las tratat ivas y comunicarlo a los presidentes de los part idos.

Nunca olvidaré la consternación y el desaliento de Carlos Nino cuando le ex- pliqué mi intención de abortar un proceso en el que había part icipado con

alma y vida. En su rostro podía verse la frustración por las décadas de disensos durante los cuales los argent inos nos negamos a nosotros mismos las ga-

rant ías del Estado legít imo. El 28 de sept iembre, el ministro del Interior comunicó la decisión a los

part idos polít icos: En momentos en que el pueblo argentino se encuentra empeñado en afian -

zar la democracia y en dejar atrás un pasado decadente a través de la refor-

mulación de su modelo productivo, uno de los hechos que más conspira

contra la obtención de esos propósitos es la existencia de una fuerte puja de

intereses sectoriales y una notable fragmentación de opiniones políticas

acerca de los remedios más aptos para alcanzarlo. A nuestro cr iter io, y so-

bre la base de la experiencia recogida en estos años de restauración demo-

crática, las circunstancias apuntadas no son fruto del azar , sino que derivan,

en buena medida, de la misma estructura y funcion amiento de nuestro sis-

tema político.

Por esa razón, y con el objeto de modernizar las instituciones del país,

el señor presidente de la Nación inició hace más de tres años el comienzo

del estudio de una reforma parcial de la Constitución nacional. La idea fun-

damental, por todos conocida, consistía en superar la r igidez extrema de

nuestro sistema político que alienta una confrontación permanente entre los

partidos, y establecer , como lo han hecho la totalidad de las democracias

modernas, uno más flexible que permita la coparticipación y responsabili -

dad de las distintas fuerzas políticas en los programas de gobierno. En sín -


tesis, avanzar hacia la instancia mediadora de los regímenes pluralistas, es de-

cir , una democracia consensual. Considerando que una eventual reforma

constitucional en el marco de este proceso de transición debía surgir de

coincidencias muy profundas, se efectuó en el ámbito de este Minister io, du -

rante los meses de julio y agosto pasados, una ronda de consultas con los

partidos políticos nacionales con representación parlamentaria y con los de

distr ito que ejercen actualmente gobiernos de provincia, sobre la convenien -

cia de iniciar un debate respecto de la necesidad, oportunidad y alcance de

una modificación constitucional y del r égimen electoral y de partidos políti -

cos. En esas reuniones se reflexionó acerca de la necesidad de fortalecer el

rol de los partidos, introduciendo reformas en su régimen legal y financie-

ro. De igual modo, se estableció la posibilidad de perfeccionar la legislación

electoral vigente, a fin de adecuarla a cier tos requerimientos que la época y

la práctica aconsejaban. En cuanto a la actualización de las normas consti -

tucionales en búsqueda de una mayor eficiencia en el funcionamiento insti -

tucional, se planteó la necesidad de flexibilizar nuestro régimen presidencia -

lista desconcentrando las funciones del Poder Ejecutivo, de mejorar y

agilizar el procedimiento de sanción de las leyes, de acortar la excesiva du -

ración de algunos mandatos, de permitir que el pueblo eligiera por sí mismo

a sus representantes, etc. Todas estas cuestiones fueron abordadas por los

partidos políticos que coincidieron, en su casi totalidad, en la necesidad de

introducir modificaciones, aun cuando expresaron distintos puntos de vista

respecto del contenido de éstas y del momento más oportuno para realizar -

las. Como corolario de la ronda, se encomendó al Minister io la puesta en

funcionamiento de dos mesas técnico-políticas, integradas por representan -

tes de los partidos a fin de discutir eventuales reformas a la ley de partidos

políticos y del régimen electoral, por un lado, y a la Constitución nacional,

por el otro. Luego de ello, el señor presidente de la Nación ha mantenido

también conversaciones con los presidentes de los pa rtidos mayoritar ios y

.candidatos presidenciales. De todas estas reuniones y consultas, así como de

las numerosas declaraciones públicas efectuadas sobre el particular , ha sur -

gido con claridad un amplio consenso sobre la necesidad y conveniencia en

general de una reforma constitucional. Empero, pareciera que la propia di -

námica de confrontación de un período preelectoral torna dificultosa la rá -

pida concreción de iguales coincidencias en lo que se refiere a su oportuni -

dad. En estas condiciones interpretamos que, en principio, no se encuentran

reunidos los extremos indispensables para posibilitar una reforma constitu -


cional sin r iesgo de agudas controversias que, en lugar de servir a los fines

buscados, podrían incrementar las tensiones políticas que h oy se viven.

No obstante estas di ficultades, debemos los argentinos proseguir en es -

ta búsqueda del diálogo constructivo. Como se observa en el tenor de la nota, dábamos por concluido el intento

de reformar la Const itución antes de las elecciones. Pero hacíamos conocer que estábamos decididos a cont inuar con la tarea de concretar consen-

sos para facilitar la reforma. Cont inuábamos con el diálogo, es decir, con la polít ica.

Pero se estaban produciendo procesos complejos. La responsabilidad de resguardar el sistema recayó exclusivamente en nosotros. Debimos sopor-

tar en soledad el alzamiento militar del coronel Seineldín en diciembre de 1988; en enero se produjo la cruenta incursión en el regimiento militar de La

Tablada, que fue ut ilizada por voceros del just icialismo para atribuir le res pon- sabilidades a mi gobierno; se llevó adelante una prédica contraria a los intere-

ses del país sobre los acreedores externos; se profundizó una campaña electoral desorbitada que prometía simultáneamente el "salariazo", la disminución

de los impuestos y el congelamiento de las tarifas. Finalmente, la hiperinfla - ción terminó de generar las condiciones psicológicas y materiales para la fu-

tura aplicación del plan neoconservador. Como ya lo expliqué en el capítulo anter ior, después del triunfo del Part i-

do Just icialista con Menem como candidato en las elecciones de mayo de 1989, fueron inút iles nuestros intentos de lograr acuerdos básicos para una

transición ordenada del gobierno. La respuesta fue un generalizado pedido de entrega ant icipada del poder por parte de todos los part idos integrantes del

frente victorioso, del propio presidente electo, de la CGT y de sectores empresar ios. Mientras tanto, se produjeron los actos de vandalismo que ya narré.

En esas condic iones llegué a la conclusión de que la solución correcta era acceder a lo que se me pedía y ant icipar la entrega del poder. Lograba así,

por primera vez desde que regía la ley del sufragio obligatorio, entregar la presidencia a otro ciudadano elegido por el pueblo, de diferente part ido po-

lít ico. Era poco para mi amor propio, pero estoy convencido -y así lo repe-


tí incansablemente- de que fue un acontecimiento central para la historia de

nuestro país porque habíamos logrado alcanzar el más preciado de nuestros objet ivos.

Luego vendrían las preguntas invert idas. Adentro del país: "¿Qué le pasó durante los últ imos seis meses?". Desde afuera:" ¿Cómo hizo para aguantar

cinco años y medio?". y por supuesto, la correspondiente autocrít ica, juntamente con la inclinación de algunos dirigentes de mi part ido a "hacérmela"

exageradamente. Pero ésa es otra historia.

Atravesar la década del noventa: tolerancia y discrepancia frente a Menem

Las presiones neoconservadoras habían cobrado una fuerza extraordinar ia

en numerosos países desde hacía varios años y naturalmente incidían negat i- vamente en nuestro país. Este fenómeno no era fácilmente advert ido en mu-

chos sectores de la sociedad. Con el acceso de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, en

los inicios de la década del ochenta, esa tendencia había adquirido una considerable preponderancia en el pensamiento dominante y se extendía con te-

mible velocidad. A ese fenómeno había que agregarle el endeudamiento ma- yúsculo del país durante la dictadura militar, que nos había llevado a la cesa-

ción de pagos. Las negociaciones con el FMI y otros organismos internacio - nales de crédito -embebidos por las teorías neoconservadoras-, se hacían

más difíciles por la condicionalidad de los préstamos que otorgaban. No obstante, no había una real conciencia de la cr isis y, por el contrario,

quienes debían estar junto a nosotros apoyando y fortaleciendo al gobierno para conformar un frente común ante los embates de los poderes económi-

cos, se obst inaban en poner obstáculos que dificultaban nuestra labor. Los últ imos meses de nuestro gobierno fueron complejos porque la crisis se

agudizó y los problemas sociales -muchos de ellos reales y otros creados ar- tific ialmente- fueron interesadamente aprovechados por aquellos que pro-

curaban la muerte súbita del estado de Bienestar. El objet ivo era dejar libre el camino para la imposición de polít icas reaccionarias que difícilmente hu-


bieran sido aceptadas por los argent inos de no mediar la exper iencia de la

hiper inflación. En los pr imeros t iempos del gobierno encabezado por Menem, los pro -

blemas económicos se adueñaron de las preocupaciones de los argent inos, naturalmente inquietos con el rebrote de la hiper inflación durante el per ío -

do que le tocó al ministro Erman González. En sus primeros discursos, el presidente reiteraba una y otra vez que le habíamos dejado un país en esta-

do de t ierra arrasada con bolsones de corrupción, y hacía de este falaz ar - gumento un escudo protector para llevar adelante medidas a todas luces im-

populares y traumáticas. Después de haber ocupado la primera magistratura, yo no podía perma-

necer callado mientras se aplicaban las políticas neoconservadoras que empujar ían a la nación hacia el sit io en el que finalmente la dejaron. La convic -

ción de que el neoliberalismo que se estaba implementando conduciría a la Argent ina hacia un callejón cerrado cuyos moradores eran capitales de rapi-

ña y no capitales de producción, especuladores mafiosos y no empresarios preocupados por el progreso, endeudamiento externo de dudosa legit imidad

y no préstamos para el desarrollo, esa convicción me llevó a hacer un esfuer - zo por informar y tratar de contribuir para que la sociedad fuera consciente

de que se estaba produciendo un gigantesco cambio cuyo resultado no era el que esa sociedad esperaba.

No recuerdo que otro polít ico realizara una prédica de este t ipo. Y en mi caso, el esfuerzo se hacía muy duro. Cada vez que formulaba una crít ica o

sencillamente un desacuerdo, el gobierno respondía ut ilizando la televisión y las radios oficiales mediante una campaña destruct iva en la que no escat ima-

ba la ofensa y el sarcasmo. Simultáneamente, los medios de comunicación que estaban comprometidos con el nuevo proyecto me exigían silencio y no

me "autotizaban" el uso de la palabra. Durante nuestro gobierno tuvimos una oposición inclemente y exaspera-

da que no toleraba que la mayoría de los ciudadanos nos hubiera dado su vo- to. Cuando se invirt ieron los roles, nosotros decidimos plantear una oposi-

ción leal, construct iva, út il para el diálogo y la convivencia, capaz de afirmar el sistema democrát ico que habíamos recuperado pocos años antes.


Pero cada crít ica que formulábamos era ut ilizada para crear la imagen de

una oposición intolerante y poco democrát ica. Todo lo que decíamos se dis- torsionaba para mostramos como resent idos, en una acción psicológica que

hasta prendió en ciertos dirigentes de la oposición. No se admit ía que aun en el correspondiente papel de la oposición tendíamos la mano para colaborar

en aquello que considerábamos justo. La catarata de denuestos parecía demostrar que el gobierno aspiraba a una república del silencio.

Nadie podía afirmar que la nuestra fuera una oposición que dificultara el ejercicio de gobierno. Firme, pero construct iva, siempre fue respetuosa de

los límites de la tolerancia. Pero fueron t iempos difíciles los que nos tocó vivir. Algunos se conformaban con denundar los hechos de corrupción. Era

necesario, pero no suficiente. Porque no se trataba, solamente, de un problema de conductas en la aplicación del modelo. Había que combat ir el mode-

lo, porque el neoconservadurismo llegaba con fuerza incontenible al país. De la mano de la 1egit imadón popular llegaba mostrando a la hiper infla -

ción como just ificat ivo absolutorio para los más conturbados y como corro- boración de las profecías catastrofistas, para los iniciados.

Part iendo de una filosofía del cinismo, generadora de resignación, el nuevo modelo propuso en nuestro país una democracia elit ista que desalentaba

la part icipación y la búsqueda de la igualdad; se apoyó en una concepción del Estado mínimo, que únicamente debía ocuparse de la seguridad; confundió

la libertad individual con el mercado libre; reprobó el gasto social, por injus- to, fút il y peligroso; impulsó una educación socialmente discriminatoria que

conspiró contra la movilidad social, y, finalmente, aceptó la manipulación de la opinión pública, como única forma de viabilizar polít icas regresivas.

En la Argent ina se incorporaron las tesis neoconservadoras con caracte- ríst icas extremas y dramát icas. Se exhibió una clara falta de convicción de-

mocrát ica, a través de graves avances sobre los poderes Judicial y Legislat i- vo y el manejo de la información y difusión pública. Se produjo una ser ia

distorsión de los organismos vinculados a los controles republicanos. Se interrumpieron los programas sociales que hubieran limitado los efectos más

perniciosos del ajuste sobre los sectores populares, aun sabiendo que su per - manencia no hubiera significado ningún obstáculo para la aplicación de un


plan económico de austeridad. Se somet ió la educación, así como la salud, a

criter ios fiscales de coyuntura. Se destruyeron las fuentes de financiación del sistema previsional. Se produjeron privat izaciones desat inadas que afectaron

el interés nacional y desatendieron los reclamos de los usuarios, y se perdió la decisión nacional en materia de polít ica exterior.

Estas polít icas condujeron a la concentración económica y a la concen- tración del ingreso, al debilitamiento de importantes sectores industriales y al

desmantelamiento de otros con la consiguiente desocupación, a la pérdida de rentabilidad en el campo, a la inserción en el mundo por las importaciones y

no por las exportaciones, a la pobreza extrema de los grupos más desprote- gidos y a la pauperización de la clase media. Esto generó hechos de conse-

cuencias irreversibles. Implantó una cultura dist inta producto de una seudo- modernización basada en la desigualdad y en la exclusión. Era la contracara

del proyecto que nosotros habíamos impulsado durante nuestra gest ión. y se produjo, además, una curiosa simbiosis: la de un seudoconservadu-

rismo, congregado entonces en la UCeDé y otros part idos provinciales, con el populismo que desde entonces no tuvimos dudas en calificar como "de de-

recha". La combinación tuvo una fortaleza desconocida en la vida polít ica ar - gent ina. En ese momento sostuvimos que enfrentar la situación y construir

una nueva alternat iva de poder no podía quedar en manos de un solo part i- do polít ico. Era necesario lograr una convergencia de diversos sectores polí-

ticos, sociales y económicos, con el propósito de const ituir una alianza suficientemente fuerte como para estar en condiciones de enfrentar a la que

había construido la reacción. En el inicio de la campaña reeleccionista ya había comenzado en el país

una verdadera involución jur isprudencial. La Corte Suprema, ampliada a ins - tancias de las necesidades del gobierno en 1991, fue permit iendo progresiva-

mente que el Poder Ejecut ivo decidiera sobre cuest iones de clara competencia legislat iva: amplió de manera absolutamente inadmisible la validez

const itucional, hasta ese momento acotada, al permit irle al Poder Ejecut ivo el uso de atribuciones legislat ivas, aun sin que el Congreso se las hubiera de-

legado explícitamente. Avaló el abuso inimaginable del ejercicio de competencias legislat ivas por parte del Poder Ejecut ivo sin ley que 10 convalide, ale-


gando "razones de necesidad y urgencia", y consideró que si e l Congreso, en

ejercicio de las facu ltades const irucionales que le son propias, no procedía a la derogación de la norma, era porque tácitamente la había aprobado.

El resultado ya lo conocemos: cuando en toda la historia const irucional de la Argent ina apenas se habían dictado poco más de una veintena de de-

cretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecut ivo se lanzó a la redacción de cientos de ellos, en claro abuso de sus atribuciones.

Nuestra política reformista

En anteriores reflexiones he dist inguido entre el Estado justo, que subsume la

moral en la polít ica y se legit ima en abstracciones tales como la Nación, la historia o el ser nacional, e l Estado del realismo político, que relega los conteni-

dos morales a la vida privada y los desconoce en la búsqueda del poder, y finalmente el Estado legitimo, que reconoce una permanente y dramát ica tensión

entre polít ica y ét ica como base de una legitimación racional periódicamente reclamada.

En la Argent ina hemos conocido versiones más o menos cercanas a estas variantes de la filosofía polít ica: los gobiernos militares se relacionan con

la primera categoría; los inmediatamente posteriores a la Organización Na- cional y los peronistas, a la segunda, y, finalmente, los radicales, a la tercera.

La vinculación del gobierno con la var iante del rea lismo polít ico quedó en evidencia en una cant idad de medidas caracterizadas por la clara preten-

sión de suprimir cualquier clase de trabas al ejercicio de su poder: designaciones de jueces a tono en todos los niveles, desmantelamiento de los con-

troles republicanos, pretensión de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia generosamente admit idos por la Corte Suprema, manejo tenden-

cioso y abusivo de los medios de información. Las ideas neoconservadoras a las que adher ía el gobierno se inscribieron claramente en la concepción eli-

tista de la democracia y el Estado mínimo y desertor, según nuestra visión. La alianza entre populismo y neoconservadurismo produjo un híbrido in-

comprensible para los argent inos: un Estado fuerte para el ejercicio discrecio- nal que contuviera a la oposición a través de los diversos canales que otorgan


el poder y la propaganda. Y; a la vez, un Estado escuálido en su autonomía de

decisión. Un Estado que gerenciaba intereses part iculares. A medida que se avanzaba en la aplicación de estas teorías, más me con-

vencía de la necesidad de limitar los poderes del Presidente. Y fue la Unión Cívica Radical la que comenzó a hablar nuevamente de la necesidad de la re-

forma. Expresamos entonces que debía propiciarse una mayor gravitación parlamentar ia en la decisión polít ica del Estado, la inclusión del primer mi-

nistro, una moderna organización legislat iva y una reforma federal. La Convención Nacional de la UCR reunida en Mar del Plata en octubre

de 1990 aprobó el texto que impulsaba la reforma inst itucional, que incluía la reforma de la Const itución nacional, con los objet ivos básicos de: descen-

tralizar las funciones del poder; establecer sistemas de part icipación directa de los ciudadanos y sectores sociales; flexibilizar el régimen presidencial

promoviendo un papel más act ivo del Congreso en la formación y el control del gobierno; modernizar el Poder Legislat ivo para tornar más ágil y efi-

ciente su act ividad, tanto en el procedimiento y la sanción de las leyes, co - mo en sus funciones de contralor; reafirmar la independencia del Poder

Judicial, asegurando una polít ica presupuestaria que le dé autarquía y garantice su pleno funcionamiento, modernización y eficiencia; promover mayor

transparencia, publicidad e imparcia lidad en la designación de magistrados; modificar las leyes de procedimientos haciendo realidad las prescripciones

const itucionales de inmediato; publicidad y fácil acceso a la protección jurí- dica a fin de que el Poder Judicial sea custodio fuerte, ágil e independiente

de los derechos individuales. Estas ideas estaban en consonancia con las que había formulado el

Consejo para la Consolidación de la Democracia durante mi gobierno. El radicalismo se mostraba consecuente con sus ideas y su propuesta, mien-

tras el just icialismo evidenciaba los vaivenes derivados de sus dist intos pro - yectos de poder.

Recién a fines de marzo de 1992, el propio Presidente lanzó la idea de la reforma, con el propósito, según explicó, de buscar una síntesis entre el

const itucionalismo liberal y el const itucionalismo social, además de lograr el reconocimiento const itucional de los partidos polít icos, facilitar la inte-


gración regional, defender el federalismo y establecer la elección directa del

presidente. El Consejo Nacional del Part ido Just icialista se reunió de inmediato y se

pronunció unánimemente en favor de la reforma de la Const itución. Era, a todas luces, evidente y reconocido que el objet ivo gubernamental no era otro

que el de lograr la reelección del presidente Menem. La campaña para la reelección presidencial comenzó en ese verano de

1992, en Punta del Este, cuando los turistas argent inos leyeron la frase que un avión inscribía entre las nubes: "Menem 95". Simultáneamente, camisetas

blancas con la misma inscr ipción en grandes caracteres celestes fueron rega- ladas en todas las playas argent inas. Era el peor comienzo: se trataba de una

reforma ad honorem con el propósito de reelegir a Menem. Se insinuaba así la estrategia del part ido oficialista de afianzar el neocon-

servadurismo, ansioso por concentrar todavía más la economía y la pr ivat i- zación del poder polít ico, reelegir al presidente dentro del mismo esquema

hiperpresidencialista argent ino y crear una Const itución nacional adaptada a los intereses de grupos económicos y a las ambiciones hegemónicas en el

plano polít ico. La polít ica es deliberación, discusión, diálogo, estructuración de consen-

sos y reconocimiento de los disensos para buscar superar los en fórmulas de convivencia. y era muy claro que los responsables del gobierno del doctor

Menem llevaban adelante un proyecto global y totalizador, que no sólo vinculaba su absoluta intransigencia al campo económico, sino a la íntegra act ivi-

dad del Estado: las medidas que se tomaban en cualquier área de gobierno de- bían ser compat ibles con un modelo que, como tal, pretendía abarcarlo todo.

Prueba de ello era que el Ministerio de Economía, fortalecido por la ab- sorción de otros departamentos, comenzó a funcionar como auditor doctri-

nario de todo el gobierno y de las provincias y a ut ilizar diversos mecanismos para llevar adelante una polít ica de premios y cast igos que rápidamente

logró, no sin rebeldías, un alineamiento cada vez más estricto y sofocante. Estaban matando a la polít ica a través de una estrategia hegemónica que, vis-

lumbrábamos, tendría gravísimas consecuencias. Las primeras víct imas fueron las economías regionales, la educación, la


salud pública y las pequeñas y medianas empresas, pero también sufrieron las

grandes. Luego, el conjunto de derechos sociales. Y en el listado de objet ivos venían las jubilaciones y la eliminación de empleos. El Estado había lanzado

ya una ola de privat izaciones realizadas con el más absoluto desprecio hacia la transparencia administrat iva. Grandes negocios que movían cifras mult i-

millonarias fueron creando un grupo dominante que acumuló fuerza econó- mica, y naturalmente un gigantesco poder polít ico que ataba de pies y manos

a la sociedad frente a futuros reclamos. Los medios acompañaron con elo - gios lo que sucedía. Lo obtenido por la venta del act ivo público sirvió para

ocultar una inflación que estaba agazapada. No había discusión polít ica seria y profunda en esa Argent ina sumergida

en la marejada neoconservadora. Al saturarse los canales de diálogo, impedidos por la vocinglería frívola de quienes aplaudían las privat izaciones sin que

importara cómo se hacían, la oposición no lograba hacer oír su voz. Los campeones de una Argent ina presuntamente moderna imponían un capita-

lismo sin rentabilidad en vastos sectores de la producción y un enorme retorno en los servicios privat izados con mercados caut ivos.

Se produjo así un fenómeno inédito en nuestra historia. Si en la pr imera época del peronismo, sus aliados eran los trabajadores y en buena medida la

Iglesia, mientras que los pr incipales enemigos eran los "capitalistas" y Esta- dos Unidos, ahora todo se trastocaba. La CGT procuraba disimular los efec-

tos del plan económico sobre sus representados y Estados Unidos alternaba elogios y cumplidos con reprimendas públicas, unos y otras profundamente

paternalistas.

El reformismo justicialisla

El 15 de abril de 1992, una comisión de juristas para la reforma const itucio - nal designada por el Part ido Just icialista produjo su primer dictamen. Part i-

cipaban de ella Eduardo Menem, César Arias, Carlos Corach, Roberto Domínguez, Roberto Dromi, Alberto García Lema, Carlos Pares, Adolfo

Rodríguez Saa y Hugo Rodríguez Sañudo. Había en la letra muchos aspectos similares a los que se manifestaron a raíz de la consulta formulada por nues-


tro gobierno, pero una diferencia fundamental: se agregaba un capítulo ten-

diente a dar fuerza const itucional al ideario neoconservador en boga. Es conveniente recordarlo:

Está instalada la decisión política de la reforma del Estado. Leyes de la Na-

ción disponen la descentralización, la privatización, la concesión, la desre -

gulación y la reconversión del sector público. El gobierno, consecuente -

mente, está produciendo esas modificaciones en la estructura estatal. Es

imperioso, en ese sentido, darle estabilidad constitucional a los principios

y objetivos de la reforma del Estado para garantizar la irreversibilidad del

camino ya recorrido; asegurar que el camino a recorrer continúe en la mis -

ma dirección y resguardar , en la nueva cláusula del progreso, que el esfuer -

zo solidario de la comunidad sea justo, tanto en los sacrificios como en los

beneficios.

Se pretendía efectuar una reforma de la Const itución a la medida de la estrategia neoconservadora, que estableciera en la Carta Magna de los argen-

tinos la irreversibilidad del camino recorrido y garant izara que el que faltaba transitar cont inuara en la misma dirección. Querían imponer a nuestro

pueblo un conjunto de disvalores reaccionarios propios de sociedades inso- lidarias y atomizadas.

En el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garant ías se suprimía la in- tención de adoptar una organización "democrát ica, representat iva, republi-

cana, federal y social". Por supuesto, no se hablaba de temas que se marcaron con fuerza en el proyecto del Consejo para la Consolidación de la

Democracia. Tampoco se mencionaba la necesidad de garant izar el ejercicio de los derechos sociales, familia, ancianidad, juventud, niñez y mujer. No se

hablaba de la calidad de vida, de la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, de la defensa de usuarios y consumidores ni de la fun-

ción social de la propiedad. La Argent ina t iene amargas experiencias sobre los intentos const itucio -

nales impuestos por un sector de la sociedad y resist idos por el otro: en el siglo XIX, las Const ituciones de 1819 y 1826, rechazadas por los federales;

en el siglo xx, la Const itución de 1949, rechazada por la oposición, y la re-


forma de 1957, rechazada por el just icialismo. Repet ir esas experiencias nos

llevaría a un camino sin salida. Ése fue, entre otros, mi argumento -a pesar de una fuerte campaña opositora- en el que advert ía con todos los acentos

posibles sobre el desencadenamiento de procesos que podían culminar en la pérdida de la legalidad, con el consiguiente riesgo para las inst ituciones

de la Nación. Pero no se observaba en el clima del debate público una conciencia aca-

bada de lo que el gobierno estaba poniendo en juego con su intento reeleccionista. El 7 de julio de 1993 se presentó finalmente el proyecto de refor-

ma del bloque just icialista, cuya firma encabezaba Carlos Juárez, con reservas parciales de los senadores Augusto Alasino, José Octavio Bordón,

Oraldo Br itos, Antonio Cafiero, Julio Humada, Mario Fadel, Olijela del Valle Rivas y Car los Snopek. No los acompañó en esa ocasión el senador

Alberto Rodríguez Saa. Ese proyecto recogía muchos aspectos del dictamen del Consejo para la

Consolidación de la Democracia, que por otra parte había sido tenido muy en cuenta en casi todos los demás proyectos de reforma presentados al Con-

greso en esos años: jury de enjuiciamiento para los magistrados infer iores; elecciones presidenciales y senatoriales directas; disminución del término del

mandato de los senadores; prolongación del período de sesiones; cont rol legislat ivo sobre la vigencia del estado de sit io ; simplificación del trámite de

sanción de las leyes; sanción ficta; veto parcial; eliminación de la cláusula confesional; reducción del mandato a cuatro años; reelección presidencial; elec-

ción directa del intendente de la ciudad de Buenos Aires; convocatoria al Congreso en caso de intervención a una provincia; supresión del número de

ministros; autarquía del Poder Judicial; autonomía polít ica y económica de los municipios; integración regional de las provincias; preservación del medio

ambiente; reconocimiento de los part idos polít icos; formas de democracia semidirecta; sistema de enmiendas a un solo artículo; reconocimiento de com-

petencias delegadas a los organismos internacionales de integració n; hábeas corpus y amparo; acceso a la protección de la salud; defensa del usuario y el

consumidor; promoción del acceso a la cultura, la ciencia, la invest igación y la innovación tecnológica; regulación de los reglamentos de necesidad y ur -


gencia; cláusula para el progreso; derecho a la información; auditoría general

de la República; defensor del pueblo; Consejo de la Magistratura. El senador Britos planteó una reserva en la que expresaba que "el libre

mercado puede garant izar eficiencia económica pero no just icia social, que es el concepto que sí debería ser incluido en la Const itución nacional". Es

que era tan evidente la intención de imponer un modelo económico atado a preceptos const itucionales que algunos legisladores del part ido oficial tam-

bién reaccionaron. El 7 de sept iembre se inició el debate y la mayor ía del Senado volvió so -

bre una misma línea marcada desde el E jecut ivo: la pretensión de "asegurar la reforma del Estado". Vale decir, hacerla irreversible, impedir rect ificacio -

nes futuras. ¿Con la elaboración de qué disposiciones se pretendía asegurar la refor -

ma del Estado? ¿Cuáles eran sus límites? Nadie podía saberlo. No surgían las respuestas ni del texto del proyecto, ni de la exposición de motivos, ni del

propio debate.

El intento de reglamentación del artículo 30

Pero desde el punto de vista inst itucional había un tema gravísimo que dio origen a disensos casi definit ivos en nuestro país, de esos que sólo se produ-

cen cuando se coloca a los pueblos frente a lo irreparable. Se trata de la in- terpretación que pretendía darse al art ículo 30 de la Const itución, que esta-

blece que para declarar la necesidad de su reforma se requieren dos terceras partes, al menos, de los miembros del Congreso.

Este tema había sido uno de los mot ivos de impugnación de la Conven- ción Const ituyente de 1949 convocada según el criterio de que no se trataba,

de acuerdo a la Const itución, de los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara sino de los presentes. Como el oficialismo carecía de

los dos tercios en la Cámara de Diputados, aunque pretendía obtenerlos en el Senado, preparaba el terreno para sortear el impedimento const itucional.

Uno de los antecedentes citados en la búsqueda de just ificaciones fue la reforma de 1860, en la que no jugó para nada el art ículo 30, en ninguna de


sus partes, porque tampoco se tuvo en cuenta el impedimento de la prohi-

bición de modificarla hasta transcurridos diez años de su dictado: en la práct ica, se trataba de la construcción de la República Argent ina. Desde el

punto de vista de la doctrina const itucional, estábamos, en realidad, frente a una nueva Const itución. Otro argumento fue el de la reforma de 1866,

aduciendo que en la Cámara de Diputados hubo presentes 29 legisladores, sobre un total de 50, según se afirmó, olvidando que los diputados en ejer-

cicio eran sólo 32. El ministro del Interior, Gustavo Beliz, y el senador Alasino sostenían

que sólo se requer ían los dos tercios de los presentes. En esos días se produjeron episodios vergonzosos que hirieron profundamente el prest igio de las

inst ituciones argent inas y que suscitaron escandalosas sanciones de leyes importantes con quórum dudoso, y el incumplimiento del mandato part idario

en el Colegio Electoral de Corrientes. En medio de estos escándalos se produjo uno más, y sumamente alar-

mante: el diputado Francisco de Durañona y Vedia, a pedido del just icialis - mo, y acompañado por Jorge Aguado, Juan José Manny y Álvaro Alsogaray,

presentó un proyecto de ley que en su art ículo 5 establecía: "La proporción indicada en el art ículo 30 de la Const itución sobre la votación es de las dos

terceras partes de los miembros presentes en la sesión en cada Cámara". Como un fantasma al que es imposible desalojar, el pasado se nos venía

encima nuevamente. Retrocedíamos al año 1949, cuando se hizo la Const i- tución sólo con los peronistas, o a 1957, cuando se la hizo sin los peronistas.

Reaparecía la confrontación ineludible y permanente, el desconocimiento, ya no a la legit imidad, sino a la legalidad de un gobierno. Reaparecía la división

permanente y enconada. El debate se postergó para después de las elecciones de renovación par -

lamentaria del 3 de octubre de 1993, en donde el just icialismo eligió como eje de la propaganda la reelección del presidente y obtuvo el 42 por ciento

de los votos, muy por encima del 30 por ciento que logró el radicalismo. El 20 de noviembre se reanudó la deliberación en el Senado, sobre la base de un

acuerdo logrado con el senador Leopoldo Bravo, principalmente dirigido a cumplir sus deseos de preservar los sistemas de elección del presidente y vi-


cepresidente de la Nación y de los senadores; desde luego, estableciendo la

posibilidad de la reelección, con períodos de cuatro años. Inmediatamente se convocó a un plebiscito no vinculante para el día 21

de noviembre a fin de que los argent inos se expidieran sobre la conveniencia o no de modificar la Const itución. El gobierno lograba así que la discu-

sión sobre la reforma girara alrededor de la reelección, sin dar lugar a un debate serio acerca de sus contenidos.

El plebiscito actuaba exactamente en sent ido inverso al espíritu de la Const itución, que al exigir la mayoría calificada del art ículo 30, reclamaba la

estructuración de un consenso genuino, de amplia base part icipat iva, que de ninguna manera podía expresarse en una división general de la ciudadanía en

un voto por sí o por no, aunque no fuera vinculante. Como lo he sostenido siempre, entendía que una reforma const itucio -

nal exigía acentuar los consensos, incluyendo más que excluyendo a la opo- sición, e intentando generalizar esos consensos. En materia const itucional,

el principio de prevalencia absoluta de una circunstancial mayor ía no podía ser aceptado. El plebiscito, en el que unos ganaban y otros perdían, signi-

ficaba violentar estos principios y bloquear los mecanismos de concerta- ción entre todos los sectores invo lucrados para que pudiera construirse un

amplio consenso. Por otra parte, el plebiscito sólo consultaba a la ciudadanía sobre la nece-

sidad y oportunidad de la reforma, hecho que carecía de sent ido. Los ciudadanos podían estar de acuerdo con la reforma, pero no con su contenido. O

podían votar en forma negat iva por la incertidumbre que generaba la puesta en marcha del mecanismo de reforma const itucional sin el previo acuerdo de

las principales fuerzas polít icas. Es por eso que sólo cabía ut ilizar el plebisci- to en materia de reforma const itucional con el fin de consultar al pueblo

sobre la entrada en vigencia de una reforma ya acordada, como sucede en Estados Unidos o en la provincia de Buenos Aires, y no para poner en mar-

cha el mecanismo de la reforma sin especificar el sent ido de la misma.

La discusión en el radicalismo


Mientras tanto, e113 de octubre se había realizado en la sede de la UCR la reu-

nión entre su Mesa Direct iva y la del Consejo Nacional del Just icialismo, pre- sididas por Mario Losada y Eduardo Duhalde. El propósito del just icialismo

era realizar una tardía ronda de reuniones con el fin de consensuar la reforma. La Mesa Direct iva había citado para esa misma noche una reunión reser-

vada en la localidad de Ranelagh a la que concurrimos Mario Losada, Luis León, Osvaldo Álvarez Guerrero, Federico Storani, Juan Manuel Casella,

Leopoldo Moreau, Sergio Montiel, Fernando De la Rúa, Jesús Rodríguez, Enrique Mathov, José Genoud, Raúl Baglini, Melchor Posse, José Zavalia,

Mar io Negri, Alfredo Orgaz, Horacio Jaunarena y yo. En esa oportunidad me opuse a la reforma tal cual se planteaba. No obs-

tante, sostuve que si se lograba una Const itución similar a la proyectada por el Consejo para la Consolidación de la Democracia, aunque significara la

posibilidad de la reelección del presidente, deberíamos cambiar nuestra posi- ción. "Déjenme soñar -dije-. Si fuera posible hacer una reforma en la que se

pudiera incorporar el proyecto del Consejo, creo que aceptaría." Días después, la Mesa Direct iva del Comité Nacional, juntamente con

las de la Convención y de los bloques legislat ivos, se pronunció en una de- claración que lleva el sugest ivo t ítulo de "Antes de que sea tarde", en cuya

redacción había intervenido Ricardo Gil Lavedra, quien había tenido especial cuidado en no dejar cerrado el camino a algún t ipo de solución acor-

dada, así como en rat ificar una vez más el apoyo del part ido al dictamen del Consejo.

Cuando se convocó al plebiscito, el radicalismo pareció desmoronarse. Unos y otros tomábamos dist intas posiciones. El gobernador de Río Negro,

Horacio Massaccesi, se había pronunciado por la reelección y convocado a una consulta al pueblo de su provincia. El gobernador de Chubut, Carlos

Maestro, insinuaba su deseo de encaminarse en la misma dirección. Desde Catamarca, el gobernador Cast illo, si bien no se definía a favor, ant icipaba

que no militaría en contra de la reelección. Por su parte, el gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, consideraba altamente riesgosa la competencia

electoral y sostenía la necesidad de actuar con respecto al plebiscito como si nada ocurriera con el propósito de deslegit imarlo. Otros se pronunciaban de-


cididamente por el no y, finalmente, otros, por la abstención act iva, con cam-

paña y fiscalización, o pasiva, sin control y sin proselit ismo. El 28 de octubre, la Mesa Direct iva del Comité Nacional, juntamente con

el plenar io de presidentes de distrito y la Mesa Direct iva de la Convención Nacional, frente a las diversas posiciones, al repudiar la convocatoria se vio

obligada a "facultar a cada distrito para que instrumente la forma que est ime más conveniente a los efectos de materializar la descalificación del plebiscito

como medio para viabilizar la reforma de la Const itución". En cuanto al ple - biscito, la Convención Nacional rat ificó la posición de la Mesa Direct iva del

Comité Nacional, que obtuvo 105 votos contra el proyecto que sostenía el rechazo act ivo, que logró 82 votos. Las dist intas act itudes del radicalismo en

las diversas provincias permit ían ant icipar que en muchas de ellas ni siquiera se controlaría la elección. Esto no podía sino provocar un triunfo estruendo-

so del oficialismo. En todas las declaraciones de los organismos nacionales del radicalismo,

ya surgieran ellas del Comité, de los bloques legislat ivos o de la Convención, se sostuvo en primer lugar la necesidad de reformar la Const itución nacional

y en segundo lugar se predijo un futuro trágico para el pa ís y su democracia si se persist ía en la pretensión de realizar la reforma de la manera planteada

por el oficialismo. Fue en esas circunstancias que envié una carta en la que expresaba mis

propias preocupaciones y perplejidades a los presidentes de los bloques legislat ivos, Raúl Baglini y José Genoud. Allí, entre otras cosas, expresaba que

en diversas oportunidades había manifestado públicamente mi total oposi- ción a la realización de una consulta popular en torno de la reforma const i-

tucional. Ya se habían pronunciado, en el mismo sent ido, prest igiosas personalidades, tanto polít icas como académicas, que advirt ieron claramente los

innecesarios riesgos inst itucionales que acarrea una medida de esa naturale - za. Y seguía diciendo:

No obstante, el gobierno ha decidido efectuar la mencionada encuesta po-

pular el próximo 21 de noviembre, prosiguiendo el bochornoso camino que

ha escogido para tratar de obtener, a cualquier precio, la posibilidad de la


perpetuación en el poder del actual presidente de la República. El país no

merece que se subalternice ni que se degrade de ese modo la cuestión cons -

titucional. El tratamiento de la ley en el Senado, declarando la necesidad de

la reforma y la obtención de los votos que hicieron mayoría, ha resultado un

espectáculo escandaloso y hasta grotesco. El texto sancionado por los sena -

dores, introducido en d debate pocos minutos antes de la votación, se ase-

meja a un cheque en blanco otorgado a la Convención Constituyente, a tra -

vés de la sola mención del número de un conjunto de disposiciones que se

desea reformar. Ni siquiera hay certeza de que éstas sean las enmiendas de-

finitivas, pues el propio presidente de la Nación ha manifestado que la Con -

vención podía corregir muchas de las concesiones a las que se vio obligado

el oficialismo para poder obtener los votos que le hacían falta. No es nece-

sario agregar nada para comprender la aventura constitucional que se quie-

re hacer correr a la Nación.

El país no admite más desencuentros y no desea revivir los salvaje s an-

tagonismos que nos dividieron durante tanto tiempo. La consolidación de la

democracia requiere, por el contrario, que las fuerzas políticas superen las

desavenencias, que busquen las coincidencias mínimas que logren enfrentar

con éxito los verdaderos desafíos que nos presenta el fin de siglo. Dentro de

este marco, la Constitución nacional debe ser la prenda de unión de los ar -

gentinos, d conjunto básico de las grandes reglas de juego de la democra -

cia, admitidas y respetadas por todos los sectores p olíticos y sociales. El go-

bierno conoce sobradamente la vocación reformista de los hombres de la

Unión Cívica Radical. También sabe cuáles son las enmiendas constitucio-

nales que entendemos verdaderamente necesarias para la modernización

institucional del país.

El gobierno se encuentra ante una opción crucial y definitiva. Si lo ani -

ma el deseo genuino de encarar con seriedad y responsabilidad la cuestión

constitucional, pienso que debe encontrar a la UCR presta para discutir y de-

batir los mejores modos para afianzar la democracia argentina, dotándola de

racionalidad, previsibilidad y certeza jurídica. En cambio, si persiste en el

rumbo seguido hasta el presente, el de la extorsión, el de la presión, el de la

búsqueda desenfrenada de los objetivos sin reparar en límites, hallará a la

UCR dispuesta a enfrentar decididamente la prepotencia y el abuso de po -

der , defendiendo las instituciones de la República. Es necesario que predo -

mine la templanza y la madurez en este último instante, pues de lo contra -

r io se ocasionará un grave daño a la necesaria convivencia política entre el


gobierno y la oposición, dividiendo artificialmente al país.

La carta tenía la intención de que los presidentes de los bloques auscultaran el pensamiento de los legisladores sobre la mejor forma de resolver el d ifícil pro-

blema inst itucional que se nos planteaba. En consecuencia, directa o indirec- tamente fue conocida por var ios de ellos. Creo que predominó la perplejidad.

De inmediato, conversé con el doctor Baglini sobre la s ituación del bloque de diputados, verdaderamente preocupante en virtud de las manifestaciones a fa-

vor de la reforma de los gobernadores de Río Negro y Chubut, así como de otros dirigentes, en el mismo o similar sent ido. Él me aseguró que, hasta ese

momento, el bloque actuaba disciplinadamente, pero que de ninguna manera podía garant izar el mismo comportamiento luego de un plebiscito adverso:

parecía ment ira, por lo infant il del argumento, pero la campaña tendiente a presentar la oposición a la reforma como una proscr ipción había logrado sus

efectos y la situación incomodaba a algunos correligionar ios. Hablé con Ricardo Gil Lavedra y le expliqué mis serias dudas acerca de

la situación inst itucional y part idar ia, analizamos la urgencia de tomar un camino y le pedí que reanudara sus contactos de la época del proyecto del Con-

sejo para la Consolidación de la Democracia con los doctores García Lema y Masnatta.

El problema que más me mort ificaba era que aún faltaban unos días para que asumiera la presidenc ia del Comité, que tenía asegurada, aunque los

amigos que estaban en otra posición consideraban que no, lo que complica - ba todavía más el problema. Por otra parte, debía actuar casi en soledad,

puesto que cualquier filtración de la not icia podía echar todo a perder. De todos modos, no podía esperar, porque el plenario del Comité Nacional estaba fijado para el día 12 y el plebiscito estaba convocado para el 21. Si espe-

raba a actuar como presidente del part ido, no habr ía t iempo para llevar a buen término las tratat ivas para levantar la consulta.

La reunión

Finalmente me decidí y solicité que se nos procurara una entrevista con el pre-


sidente de la Nación, lo más rápidamente posible. La reunión tuvo lugar el 4 de

noviembre en la casa de Dante Caputo, quien estaba en el extranjero. Llegué acompañado por el t itular del part ido, Mario Losada, y por Enrique Nosiglia.

Menem estaba con Eduardo Bauzá, Eduardo Duhalde y Luis Barrionuevo. Directamente planteé la propuesta, en coincidencia con Mar io Losada: yo

creía que si volvíamos al acuerdo logrado con Antonio Cafiero obtendría la conformidad de mi part ido para la reforma de la Const itución. Puse especial

énfasis en la necesidad de limitar las facultades presidenciales. Estuvimos de acuerdo en comenzar la discusión sobre la base de las coincidencias a que ha-

bíamos arribado con el doctor Cafiero, el levantamiento del plebiscito y la no consideración del proyecto del diputado Durañona y Vedia sobre la interpre-

tación del art ículo 30 de la Const itución. Consideramos que la reunión debía mantenerse en reserva porque el Pre-

sidente necesitaba t iempo para advert ir a sus senadores y diputados del giro de los acontecimientos, y yo el necesario para asumir la t itu laridad del radi-

calismo y ponerme en contacto con los principales dir igentes. Al doctor Gil Lavedra le pedí que con total urgencia y absoluta reserva

tomara contacto con García Lema y explorara las posibilidades de seguir avanzando en la línea de las coincidencias de 1988. Más tarde me comunicó

que había hablado con García Lema y que había acordado entregarle un documento con el punto de vista del radicalismo, para comenzar a discut ir. Ya

había preparado un borrador que discut imos en ese momento. Así nació el documento llamado "Bases de coincidencias", que const ituyó el pliego de re-

querimientos que efectuó el radicalismo para avanzar en el acuerdo que po - sibilitara la reforma.

Ese documento resumía las ideas radicales de años anteriores e incorpo - raba otras, como el Consejo de la Magistratura, producto de la polít ica del

gobierno sobre la independencia de los jueces. Allí estaba el jefe de Gabine- te con responsabilidad frente al Parlamento, atenuación del presidencialismo,

aunque con mayores facultades de gobierno y no sólo de administración, la elección directa del presidente con segunda vuelta, los tres senadores por

provincia elegidos de modo directo, el aumento de la extensión del período de sesiones ordinar ias, el mejoramiento del procedimiento de sanción de las


leyes, la creación del Consejo de la Magistratura como órgano plural para de-

signar a los jueces, el jury de enjuiciamiento para removerlos, la creación de una Corte Const itucional para resolver los conflictos entre poderes y efec-

tuar un control de const itucionalidad tanto prevent ivo como para remediar, la ubicación del Ministerio Público como órgano extrapoder, formas de de-

mocracia semidirecta, diversos aspectos federales como la redistribución de ingresos fiscales entre la Nación y las provincias, la regionalización, la auto -

nomía municipal, la determinación de que las intervenciones a las provincias correspondían al Congreso, la elección directa del intendente de la ciudad de

Buenos Aires, la integración regional y la jerarquía de los tratados, los órga- nos de control, etc. Como puede advert irse, la gran mayoría de estos puntos

const ituirían la base de la reforma del 94. El 7 de noviembre dirigí una carta a los delegados al Comité Nacional que

habían comprometido su apoyo a mi candidatura a presidente del part ido, explicando mi posición ante el problema de la reforma, para que todos la co-

nocieran con anterioridad a la elección. No obstante, e l diario Ambito Finan- ciero, en su edición del 8 de noviembre, informó de la reunión. Supe que ha-

bía ocurrido lo peor. Creo que con tan sólo 48 horas más hubiera podido evitar un desencuentro que adquir iría característ icas de extrema confronta-

ción. El 12 debía elegirse presidente del Comité Nacional. Sabía que contaba con el apoyo de los delegados necesarios, pero también se había produci-

do un amplio movimiento en busca de un candidato de consenso en contra de mi postulación, que había generado un clima de rispidez interna que tuvo

influencia decisiva en las act itudes de quienes se opusieron a la estrategia que desarrollábamos.

No tengo derecho a suponer que quienes se opusieron no estaban ins- pirados, al igual que yo, por consideraciones patriót icas. De hecho, lo afir -

mo. Lo que sí d igo es que el clima de confrontación interna había creado el ambiente propicio para la exasperación. Había comenzado un proceso que

me tuvo en vilo durante ocho meses y que fue uno de los más angust iantes de mi vida.

En el transcurso de esa nerviosa semana, Gil Lavedra se reunió un par de veces con García Lema, una de ellas juntamente con Jorge Reynaldo Vanos-


si en la casa de éste. El acuerdo iba tomando forma.

En la madrugada del sábado 13 de noviembre asumí la presidencia del Comité Nacional y amplié la comisión de discusión del pacto. A Gil Lavedra

lo acompañarían Antonio Berhongaray, Enrique Paixao y Amoldo Klainer y, si hubiera aceptado, también el doctor Vanossi. Se reunieron ese mismo día

en la casa de Klainer y, por primera vez, Vanos si se mostró molesto y expre- só su decisión de no part icipar más en las negociaciones.

Por la noche, en la sede de la Fundación Argent ina para la Libertad de In- formación (FUAU), que presido, entonces ubicada en la calle Ayacucho 132,

informamos a miembros de la Mesa Direct iva sobre la marcha de los acontecimientos y discut imos el borrador del acuerdo: se había procurado hacer-

lo más corto y genérico, aludiendo a todos los temas, pero de manera más global, para permit ir avanzar sin mayores desacuerdos.

En la mañana del domingo 14, tuvo lugar la últ ima reunión preparatoria en el estudio de Gil Lavedra. Estaban presentes el propio Gil Lavedra, Klai-

ner, Paixao, García Lema, Corach y Yoma. Por la tarde concurrí a la residencia de Olivos acompañado por Genoud y Baglini, presidentes de los bloques

legislat ivos, y los nuevos miembros de la Mesa Direct iva, Massaccesi, Cast i- llo y Berhongaray. Al Presidente lo acompañaban Eduardo Menem, Eduar-

do Bauzá, Carlos Ruckauf, Duhalde, Corach y García Lema. A cont inuación se firmó el documento que desde entonces se llamaría

"Pacto de Olivos": "En el día de la fecha se reunieron el señor presidente de la Nación y presidente del Part ido Just icialista, doctor Carlos S. Menem, y el

señor presidente de la Unión Cívica Radical, doctor Raúl R. Alfonsín, con la finalidad de examinar temas relat ivos a la reforma de nuestra Const ituc ión

nacional". Se trataba de recuperar, con toda claridad, el pensamiento vert ido en el

documento firmado durante mi gobierno con el just icialismo y la reunión mantenida con la presencia de los doctores Menem y Angeloz. Se trataba

también de incorporar las principales enmiendas propuestas por el Consejo y rat ificadas reiteradamente, tal cual se ha visto, por el radicalismo, con la sal-

vedad de que no se introducirían modificaciones a las Declaraciones, Dere- chos y Garant ías de la primera parte de la Const itución. Después buscaría-


mos la forma de incorporar los nuevos derechos.

Se procuraba así una reforma que consolidara el sistema democrát ico, perfeccionara el equilibrio entre los poderes del Estado, fortaleciera los ór -

ganos de control y garant izara la prevalencia de la idoneidad, por encima de cualquier otro motivo de selección.

Las disposiciones a reformar, en función de los acuerdos que se vayan al -

canzando y a las propuestas que se reciban de otros partidos o sectores po-

líticos o sociales, una vez que sean aprobadas por los órganos partidarios

pertinentes, constituirán la base de coincidencias definitivas algunas y suje-

tas otras, en cuanto a su diseño constitucional, a controversia electoral. Los

temas incluidos en dicha base de coincidencias quedarían acordados para su

habilitación al momento en que el Honorable Congreso de la Nación decla -

re la necesidad de la reforma. Asimismo, se establecerán los procedimientos

que permitan garantizar el debido respeto para esos acuerdos.

Al día siguiente me invitaron a una reunión los pr incipales empresarios del país para expresarme su reconocimiento por la act itud que había asumido,

sosteniendo que se trataba de una decisión democrát ica al servicio de la Na- ción. El encuentro se realizó en la casa del ingeniero Sanmart ino. Era evi-

dente que habían percibido la gravedad de la situación que podía haberse generado si se llevaba adelante la reforma unilateralmente, con implicancias

muy serias para la economía del país. Mientras hablábamos, me repet ía a mí mismo: ellos lo han advert ido. No es posible que dejen de entenderlo mis

correligionarios. "¿Qué podemos hacer para ayudar?", preguntó uno de los empresarios.

"Convenzan a La Nación", contesté risueñamente. Sabía que el diario de Mitre, aunque apoyaba al gobierno y aplaudía su gest ión económica, con-

sideraba intocable la Const itución de 1853-1860, como acostumbraba mencionarla.

En realidad no percibí ningún apoyo, pero la reunión sirvió para que desde el oportunismo polít ico se inventara la leyenda que me asociaba a una

suerte de confabulación para trabajar por la consolidación de un plan econó- mico que rechazaba absolutamente y cuya posible inst itucionalización había


sido, precisamente, una de las razones que me habían inducido a acordar la

reforma. Esa misma semana visité la sede del Comité Nacional del Part ido Demócrata Crist iano y llegamos a un acuerdo que se expresó en un docu-

mento que firmamos en ese momento. Inicié tratat ivas con el Part ido Socialista Democrát ico, pero aunque al

principio supuse que podrían ser exitosas, finalmente debí interrumpirlas. Sa- bía que enfrentaba la oposición del diputado Héctor Polino, quien me había

expresado con sincera alarma que el just icialismo no cumplir ía con el compromiso. Éste fue el argumento que gravitó en quienes descontaban que yo

no podía estar en nada espurio. Debo reconocer que aunque hice lo imposible por explicar esta decisión,

muchos sectores quedaron convencidos de que se había producido un quiebre de la coherencia radical y también una ruptura del compromiso asumido

con la ciudadanía. No hubo ruptura de ningún compromiso, porque estaba de por medio la defensa de la democracia, objet ivo consustanciado desde

siempre con la lucha del radicalismo. Mientras tanto, la discusión entre los juristas de ambos part idos cont inua-

ba diariamente en el Salón Gris del Senado. El debate acerca de los contenidos del acuerdo cont inuó a través del

doctor Berhongaray, al que designé coordinador del grupo; Gil Lavedra, Pai- xao y KIainer. Se sumaron también en ocasiones Genoud, Baglini, Alfredo

Orgaz y Raúl Galván. Después, y de manera permanente, lo harían Jorge De la Rúa y Antonio Hernández. Representaban al just icialismo Cafiero, García

Lema -que a través de las negociaciones realizadas durante mi gest ión había demostrado sus conocimientos del tema const itucional y una act itud franca-

mente posit iva en la búsqueda de acuerdos básicos-; Corach, Bauzá y Eduar- do Menem. Todos ellos actuaron con lealtad e hicieron honor a los compro-

misos contraídos. A la representación del just icialismo se sumaron el senador Juárez y los diputados Maqueda, Matzkin y Piotti.

En esas reuniones se fueron afinando los puntos del Pacto de Olivos en un documento que se llamó, precisamente, "Puntos de acuerdo de las comi-

siones de juristas". El esquema que se ut ilizó era el conocido: un núcleo de coincidencias que debía aprobarse o rechazarse en un todo y temas habilita-


dos para que la Convención Const ituyente se pronunciara.

Los "Puntos de acuerdo" fueron somet idos a la convención part idaria de Santa Rosa, La Pampa, en la que se suma a nuestra posición el gobernador

Angeloz y en la que t iene lugar un debate durísimo. El sector minoritario ha- bía decidido pelear con la mayor fuerza posible, sin atender a los resultados

de la votación, ni mucho menos avenirse a la sanción de algún proyecto consensuado. Alrededor de doce horas duró el debate y durante las doce perma-

necí en el recinto, comprobando, con más tristeza que fast idio, que las posiciones eran absolutamente irreduct ibles y que los argumentos subían de

tono, mientras una barra agraviante daba cuenta al país, a través de la televi- sión, de la envergadura de nuestros enfrentamientos.

En algún momento recordé la ley de obediencia debida, la entrega ant icipada del gobierno... Debía pagar el precio de la defensa de la democracia y estaba dis -

puesto a hacerlo más allá de las consecuencias personales que me acarreara. La resolución, que entre otras cosas instruía a los legisladores nacionales

de la UCR para que votaran posit ivamente el proyecto de ley que declaraba la necesidad de la reforma de la Const itución sobre la base de las tratat ivas ya

iniciadas y los acuerdos a los que finalmente se arribara, se aprobó con una mayor ía holgadamente superior a los dos tercios. El proceso legislat ivo de la

reforma estaba en marcha. No obstante, uno de los temas que más me P!eocupaba era el de la Corte

Suprema, por la falta de garant ías que implicaba para el proceso de la reforma, porque en definit iva le correspondería decidir acerca de la validez del mismo.

Era conveniente una renovación en la integración de la Corte que asegurara su imparcialidad, aunque dejamos claramente establecido que no pretendíamos

radicales en las nuevas designaciones pero que debíamos ser consultados en cuanto a las condiciones de idoneidad e imparcialidad que se requer ían.

Finalmente hubo acuerdo acerca de los nombres de los doctores Héctor Masnatta, Gustavo Bossert y Guillermo López. Ninguno radical, a pesar de

lo cual se habló de "toma y daca". De todos modos, las dificultades para llevar adelante el objet ivo propuesto eran manifiestas y dependían de la dispo -

sición y voluntad de los componentes de la Corte, como quedó demostrado por el hecho de que solamente se produjeron dos renuncias. Este episodio


fue muy crit icado, porque se dijo que lesionaba la independencia del Poder

Judicial. Pero quienes así opinaron se olvidaban de todas las crít icas que ha- bían merecido diversas sentencias de la Corte Suprema precisamente porque,

a través de su composición, había perdido esa independencia, y que era eso lo que queríamos corregir.

El contenido del Pacto

El 13 de diciembre de 1993, casi cuarenta días después de la pr imera reunión, firmamos el acuerdo con el presidente de la Nación en la Casa Rosada.

Estaban presentes Eduardo Menem, Ruckauf, Matzkin, Bauzá, Corach y García Lema por el just icialismo, y Genoud, Galván, nuevo presidente del

bloque de diputados, Berhongaray, Hernández, Gil Lavedra, Paixao y KIainer, por el radicalismo.

En el documento se delimitó un núcleo de coincidencias básicas, com- prensivo de las disposiciones a modificar, así como de su sent ido, y otra se-

rie de temas sujetos a las propuestas que efectuaran las dist intas fuerzas po - lít icas y, obviamente, a la respect iva cont ienda electoral.

Las coincidencias básicas indicaban la necesidad de:

Crear el cargo de jefe de Gabinete de Ministros, nombrado y removido por el presidente de la Nación, con responsabilidad polít ica ante el Con-

greso, el que podría removerlo mediante un voto de censura.

Reducir el mandato del presidente y del vicepresidente de la Nación a cuatro años, con reelección inmediata por un solo período, considerando

el actual mandato presidencial como un primer per íodo.

Eliminar el requisito confesional para ser presidente de la Nación.

Establecer la elección directa de tres senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría, y reducir los mandatos de quienes resulten electos a cua-

tro años.

Establecer la elección directa por doble vuelta del presidente y del vice-

presidente de la Nación.


Establecer la elección directa del intendente de la ciudad de Buenos Aires y su calidad de autónoma.

Regular la facultad presidencial de dictar reglamentos de necesidad y urgencia.

Regular el ejercicio de facultades delegadas por el Congreso, las que de- berán limitarse a materias determinadas de administración o de emergen-

cia pública y con plazos fijados para su ejercicio.

Agilizar el trámite de discusión y sanción de las leyes, reduciendo a tres

las intervenciones posibles de las Cámaras.

Limitar la promulgación parcial de las leyes, exigiendo que la misma no altere el espíritu y la unidad del proyecto sancionado por el Congreso .

Extender las sesiones ordinarias del Congreso, las que se llevarán a cabo desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año.

Establecer procedimientos de aprobación de ciertas leyes en general en plenar io y en part icular en comis iones, excluyendo la sanción ficta de pro-

yectos legislat ivos.

Crear el Consejo de la Magistratura, el que seleccionará, mediante concur - so público, a los postulantes a las magistraturas inferiores y los elevará en

duplas o temas al Presidente, administrará los recursos y ejecutará el presupuesto de la administración de just icia, e jercerá facultades disciplinarias

y decidirá la apertura del procedimiento de remoción de magistrados.

Establecer que la designación de los jueces de la Corte Suprema la hará el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, por mayoría absoluta

del total de sus miembros o por dos tercios de los miembros presentes.

Remover a los miembros de la Corte Suprema por ju icio polít ico y a los demás jueces por un jurado de enjuiciamiento.

Control del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, econó- micos, financieros y operat ivo s por el Poder Legislat ivo cuyo examen se

sustentará en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación, la que tendrá autonomía funcional y cuya presidencia será reservada a una per -

sona propuesta por el principal part ido de la oposición legislat iva.

Establecer que de los proyectos de ley que modifiquen el régimen electo-


ral y de part idos polít icos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del

total de los miembros de cada una de las Cámaras.

Establecer que la intervención federal será facultad del Congreso de la Nación. Si la decretara el Poder Ejecut ivo Nacional durante el receso, si- multáneamente deberá convocar al Congreso para su tratamiento.

Se establecieron, además, mecanismos jurídicos y polít icos para garant izar la concreción de los acuerdos, especificándose que la declaración de necesidad

de la reforma indicaría en un art ículo la totalidad de las reformas incluidas en el núcleo de coincidencias básicas, las que deber ían ser consideradas de

una sola vez y entendiéndose que la votación afirmat iva importaba la incor- poración de la totalidad de los preceptos propuestos, y la negat iva, el recha-

zo en su conjunto de esas reformas. También se sostuvo que la declaración de la necesidad de la reforma es-

tablecería la nulidad absoluta de todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realizara la Convención Const ituyente que se apartaran de los

términos del acuerdo. La determinación de la citada cláusula de garant ías provocó las crít icas y el debate en la Convención Const ituyente.

Se establecieron, también, lo s puntos que debían ser habilitados por el Congreso para su debate por la Convención Const ituyente:

Fortalecer el régimen federal: competencias, regiones, copart icipación, ju - r isdicción, gest iones internacionales.

Establecer la autonomía municipa l.

Incorporar la iniciat iva y la consulta popular como mecanismos de demo-

cracia semidirecta.

Definir mecanismos que abran la posibilidad de establecer el acuerdo del Senado para la designación de funcionarios de organismos de control y

del Banco Central.

Actualizar las facultades del Congreso.

Establecer la Defensoría del Pueblo.

Definir al Ministerio Público como órgano extrapoder.

Definir facultades del Congreso respecto del pedido de informes, inter - pelación y comisiones de invest igación.


Crear inst itutos para la integración y jerarquía de los tratados internacionales.

Regular const itucionalmente a los part idos polít icos, e l sistema electoral y la defensa del orden const itucional.

Preservar el medio ambiente.

Crear un Consejo Económico y Social con carácter consult ivo.

Garant izar la ident idad étnica y cultural de los pueblos indígenas.

Definir mecanismos para la defensa de la competencia, del usuario y del consumidor.

Consagrar expresamente el hábeas corpus y el amparo.

Implementar la posibilidad de unificar la iniciación de todos los mandatos elect ivos en una misma fecha. Recuerdo que uno de los problemas que más costó resolver fue el de la do-

ble vuelta. Tuve una reunión personal con Eduardo Menem y, luego de una larga discusión, llegamos a un acuerdo. No se efectuaría la segunda elección

si e l candidato obtenía el 45 por ciento de los votos, o si llegaba al 40 Y lo - graba diez puntos de ventaja sobre su inmediato seguidor. Me pareció que el

sistema era más compat ible con la idiosincrasia argent ina. Eran, como se puede ver, los mismos criterios sustentados por el Conse-

jo para la Consolidación de la Democracia en el proyecto de reforma constitucional presentado siete años antes. Así se llegaba al 29 de diciembre de

1993, día en que d Congreso de la Nación estableció la necesidad de la reforma de la Const itución.

Los valores de la reforma ¿Qué valores se propuso defender la UCR en las tratativas vinculadas a la re-

forma de la Const itución? En primer lugar, me explayé bastante acerca de la necesidad de proteger

la democracia y evitar el desastre de la pérdida de legalidad. En consecuencia, con ese objet ivo, se sintet izó la lucha por defender todos los valores

vinculados a la democracia. Pero quiero detenerme en los valores que tuvimos en cuenta en la discusión de las enmiendas const itucionales, que cons-


tituyen la filosofía polít ica que impulsó nuestro accionar.

La Justicia He dicho que pretendíamos la instalación del Estado legít imo. ¿Qué signifi-

ca esto? Que deseábamos incorporar normas que, sin menoscabo para la libertad, promovieran y aseguraran una mayor igualdad. También quer íamos

incorporar en la polít ica y, consecuentemente, de acuerdo con las ideas que hemos venido explicando, en la sociedad, un orden moral fundamental que

vinculara cada vez más la ét ica al derecho y a la polít ica, y ésta a la sociedad a través de la teoría del consenso. Valores que son, para ut ilizar la descrip -

ción de Germán Bidart Campos, aquellos "que hacen buena y deseable la convivencia social, o sea los que se realizan en y por las conductas sociales

del hombre". Ya dije que uno de los valores mejor establecidos en la Const itución de

1853 era el de la Just icia, en cuanto a la preservació n de los derechos individuales frente a terceros y frente al Estado. Pero aun en este aspecto limitado

de la Just icia, se había operado una deformación de la práct ica polít ica que la había desnaturalizado. Era necesario producir cambios sustanciales en e l sis-

tema de designación y remoción de los jueces y en la organización del Minis - terio Público, p'a.r 'a. que los fiscales no estuvieran determinados por las órde-

nes del Poder Ejecut ivo. También era posible perfeccionar, dándole jerarquía const itucional, a l hábeas corpus y al amparo, estableciendo el hábeas data y

resguardando el secreto de las fuentes de información periodíst ica. Según Bidart Campos, el Preámbulo de la Const itución impone "el deber de afian-

zar la just icia: no se trata solamente de afianzar el funcionamiento correcto del Poder Judicial l...]. Se trata, además, de procurar la realización del valor

just icia por parte de gobernantes y gobernados en sus conductas sociopolí- ticas. Visto así el valor just icia, el deber de afianzar los alcanza a todos los ór-

ganos de poder [...] y también a los part iculares". Sin embargo, la enunciación del Preámbulo, supuesto que se acepte la

tesis del maestro Bidart Campos, no parece tener mucho que ver con el


espíritu ni con el contenido de la Const itución del 53, en tanto, salvo la

modificación del art ículo 14 bis, no encontraríamos cláusula alguna que obligara a defender el valor de la just icia distribucionista o social. Aunque

se pueda coincidir en que se encuentra en el marco de la "holgadísima franja de posibilidades y de opciones que la Const itución habilita", se ha-

cía necesar io incorporar normas que expresamente complementaran el ar - tículo 14 bis.

Por ese motivo, la reforma se ocupó de: otorgar a todos los habitantes el derecho a gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano; es-

tablecer los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, y garant izar su part icipación en los organismos de control; la calidad y eficien-

cia de los servicios públicos; el control de los monopolios; garant izar el respeto a la ident idad de los pueblos indígenas; impulsar el desarrollo humano,

el progreso económico con just icia social, la generación de empleo, la forma- ción profesional de los trabajadores y la invest igación y el desarrollo c ient ífi-

co y tecnológico; promover el crecimiento armónico de la nación, y polít icas diferenciadas que t iendan a equilibrar el desigual desarrollo relat ivo de las

provincias; garant izar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal, y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales; fa -

vorecer la integración lat inoamericana; la creación de la figura del defensor del pueblo, en el ámbito del Congreso de la Nación.

Derechos humanos Sin derechos del hombre no habría polít ica.

No coincido con Marx cuando afirma de manera excluyente que "los derechos del hombre, derechos del miembro de la sociedad burguesa, no son

otra cosa que los del hombre egoísta separados del hombre y de la colect ividad". Sin embargo, la crít ica marxista acierta cuando expresa su aversión a

una "descomposición de la sociedad en individuos, debido a la hipertrofia de los intereses privados",

Tiene razón Bidart Campos cuando sost iene que en la base de nuestra


Const itución subyace una filosofía de los derechos humanos -que obliga al

Estado a darles cobertura suficiente y, por consiguiente, t ienen categoría de bien jurídicamente tutelado- y define la esencia de nuestro sistema democrá-

tico. "Seguramente, este lineamiento tuvo en los autores de nuestra Const i- tución de respaldo de una ideología especulat iva que daba razón del porqué,

y esa ideología especulat iva era el ius naturalismo. Pero la Const itución no exige adhesión a esta ideología especulat iva, como sí la impone hacia la ideo -

logía práct ica favorable a los derechos del hombre." De todos modos, en esta materia, la reforma produjo un salto espectacu-

lar al dar jerarquía const itucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos; garant izar la igualdad del hombre y la mujer; promover me-

didas de acción posit iva que garant icen la igualdad real y de trato y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en especial a los niños, mujeres, ancianos

y discapacitados; impulsar un régimen de seguridad social para el niño y la madre; proteger a toda persona contra cualquier forma de discriminación, y,

en general, a través de las medidas que hemos analizado tendientes a garantizar la just icia.

La Constitución reformada: un taller de forja

para la democracia argentina

Una sociedad es abierta -dice Bidart Campos- cuando alimenta el pluralis-

mo de grupos, de ideas, de actividades; cuando acoge el diálogo; cuando la

convivencia se desarrolla en libertad; cuando en el la pueden surgir y di fun -

dirse opiniones públicas, aun contrarias entre sí; cuando hay acceso a la in -

formación; cuando hay publicidad de los actos públicos; cuando la estratifi -

cación social no está esclerosada ni endurecida, sino, a la inversa, cuando hay

movilidad y labilidad; cuando las funciones sociales de la prensa, de los me-

dios de comunicación, de expresión y de información no se monopolizan

herméticamente por parte de sujetos privilegiados.

Una década es poco t iempo para evaluar la trascendencia de un proceso

const itucional en la historia de un país. Sin embargo, la lectura retrospect iva de estos diez años permite rat ificar que la reforma de la Const itución Nacio -


nal concretada en 1994 ha sido uno de los hitos más importantes de la vida

polít ica e inst itucional de la Argent ina contemporánea. Práct icamente en el umbral de un nuevo siglo, la Nación necesitaba mo-

dernizar el contenido de la Carta Magna y lo hizo en un marco de pluralis - mo, tolerancia y convivencia polít ica que no hubiéramos imaginado unas dé-

cadas atrás y de un modo en que ni siquiera la coyuntura polít ica de ejercicio de gobierno de entonces permit ía vislumbrar nít idamente.

Toda la sociedad estuvo representada en la Convención Reformadora convocada a tal efecto, a través de hombres y mujeres libremente elegidos

que desarrollaron, a lo largo de intensos 90 días, entre junio y agosto de 1994, una singular experiencia de discusión, confrontación de ideas y de propues-

tas, act ividad fecunda, disenso y cooperación. El trabajo desplegado en la ciudad de Santa Fe por los 301 convencionales, representantes del más am-

plio arco ideológico, part idario, social, profesional y geográfico de la Argen- tina democrát ica es, en sí, un capítulo que merece un tratamiento histórico

específico y deja el legado de una exper iencia aleccionadora. Allí se plasmaron, en su sent ido más explícito, la virtud del acuerdo y el

compromiso por sobre las diferencias más drást icas, la capacidad de construir el consenso sobre las reglas de juego, los pr incipios básicos, las condi-

ciones de ejercicio de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las inst ituciones, y, al propio t iempo, la posibilidad de afirmar y cimentar ident i-

dades polít icas claras y dist intas unas de otras, d isensos marcados, modelos contrapuestos de gobernar el país y de responder a las demandas, intereses y

anhelos de su gente, concepciones encontradas sobre la polít ica y la econo- mía en un contexto histórico e internacional que se encontraba dominado,

todavía, por la ideología de la globalización capitalista y el derrame del libre mercado a escala planetaria .

La deliberación reformista alcanzó el propósito para el que fue convocada al introducir modificaciones que adecuaron el cuerpo normat ivo al

conjunto de necesidades y demandas de este t iempo, resguardando el espí- ritu, los principios y la parte dogmát ica de la ant igua Const itución de 1853

y recogiendo las enseñanzas de var ias décadas de inestabilidad, atropello y ajuridicidad.


Se trató sin dudas de una reforma progresista, dest inada a trascender lar -

gamente el objet ivo polít ico inmediato que animaba a la primera minoría representada por el gobierno nacional: la reelección presidencial.

Pero el trámite de la convención reformadora tuvo resultados adicionales, seguramente no imaginados por muchos de sus propios protagonistas. Fue,

en efecto, una verdadera ágora, un taller de forja de la democracia argent ina donde se reivindicó el lugar de la polít ica como diálogo, como espacio de for -

mación de consensos y disenso s, de ident idades y de proyectos. Creo que se dio allí, como un capítulo fundamental de la transición democrát ica iniciada

diez años antes, un ejemplo de auto transformación y aprendizaje cuyo resultado, si se lo at iende en toda su dimensión, no podía ser otro que el de echar

a andar, más tarde o más temprano, nuevas y renovadas expresiones de la po- lít ica nacional.

Las resistencias ante el cambio, lo recordamos, fueron enormes. También fue grande la tentación de darle un sustento restringido, inmediato o superfi-

cial, así como la pretensión de limitar el emprendimiento reformista al carác- ter de exclusivo instrumento a la medida de ambiciones o intereses persona-

les, sectarios o adscriptos a un determinado proyecto polít ico y económico. Había que lograr un cuidadoso equilibrio para que no se malversara esta

aspiración por la que tanto habíamos luchado y trabajado durante años. Ha- bía que desatar cant idad de nudos construidos por prevenciones y ambicio -

nes encontradas. Había que evitar, finalmente, que esas distorsiones, que operaban tanto dentro del campo de quienes abogaban por la reforma como

de quienes se oponían tajantemente a sus términos, pudieran frustrar o desvirtuar la oportunidad histórica que se nos presentaba.

En el transcurso de la labor en comisión y en el recinto de sesiones se fueron desarmando, una a una, las prevenciones más just ificadas. Todos los blo-

ques permanecieron hasta el últ imo día, aun para exponer su oposición más frontal, debat iendo cada uno de los temas fundamentales de la República: el

derecho a la vida y los derechos humanos, la división y el contro l de los poderes, e l federalismo y el desarrollo regional, la libertad de prensa y sus nuevos

desafíos como producto de la revolución de las telecomunicaciones, la democracia semidirecta y el nuevo rol de las ent idades intermedias, la defensa de


las ident idades culturales y del eco sistema, la introducción de los consejos

económico-sociales y la jerarquía de los tratados internacionales. Todas las voces tuvieron la posibilidad de ser oídas y las más diversas posturas y tradi-

ciones filosófico-jurídicas y polít icas se vieron involucradas en una dinámica de intercambio, estudio, cotejo de posiciones y argumentación racional, que

afirmaron aún más la legit imidad y la representat ividad que el hecho inst itucional de por sí había logrado.

Ello supuso además el apartamiento de un modelo "decisionista" de democracia, en el que la discusión y el conflicto eran considerados disfuncio -

nes y obstáculos para la toma de decisiones y en el que no se contemplaban visiones alternat ivas al discurso único del neoliberalismo. Por el contrario, se

vivió una aproximación a un modelo deliberat ivo de democracia, capaz de incorporar el disenso y el debate como atributos y a la part icipación y el com-

promiso con los resultados de dicha part icipación como requisito de la deci- sión justa y de su implementación sat isfactoria.

De este modo, a mi entender, se apuntalaron las bases de un Estado legí- timo, cuyo atributo radica en el hecho de const ituir una organización e inst i-

tucionalización de la discusión pública y de la construcción del consenso, más confiable que cualquier otra para acceder a las mejores soluciones. Las

exigencias de este ideal democrát ico se sat isfacen en la medida en que el procedimiento se aproxime lo más posible a una discusión y decisión racio -

nal, mayor cant idad de intereses estén representados en igualdad de condiciones, más libres sean sus part icipantes para expresar y fundamentar sus

posiciones, más se esfuercen las partes en just ificar tales posiciones en principios generales, más directa sea la toma de decisiones y más amplio sea el

consenso que se forme como resultado del proceso deliberat ivo. Queda claro que se trató de una tarea compart ida y, precisamente, una

de las pr incipales consecuencias transformadoras que ha tenido la reforma const itucional de 1994 es haber podido plasmar una nueva forma de convi-

vencia polít ica entre mayorías y minorías, entre los poderes Ejecut ivo, Le- gislat ivo y Judicial, y entre la Nación y las provincias. En otros términos, el

mejoramiento del sistema presidencial de gobierno y de la forma de organi- zación del poder -aunque el hiperpresidencialismo entonces dominante no


lo dejara ver con claridad- estaba apuntando a demarcar el fin de las preten-

siones hegemónicas, de la arrogación de mayorías absolutas y de prevalencia de los antagonismos irreduct ibles,

Cabe reseñar, una vez más, los adelantos que introdujo la reforma,

Límites al presidencialismo

Para desconcentrar los poderes del presidente de la Nación, la reforma intro - dujo límites en la cant idad y calidad de sus competencias, distribuyéndolas o

haciéndolas compart ir con el jefe de Gabinete de Ministros, el Congreso y las nuevas inst ituciones que se incorporaron a la Const itución. En este sen-

tido, es importante hacer hincapié en los siguientes aspectos que se incorporaron al texto const itucional:

Se desconcentran los poderes del Presidente con la creación de la figura del Jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad parlamentaria, al

que se le asigna la administración general del gobierno,

Se limitan las facultades del Presidente en. relación con la designación de los ministros de la Corte Suprema, de los Jueces de los tribunales inferio -

res y de los miembros del Ministerio Público, que no dependerá del Po- der Ejecut ivo ni del Poder Judicial.

También se limitan las facultades del Presidente para designar a los funcionarios a cargo de los organismos de control. Se pone a la cabeza de una Auditoría General, dependiente del Congreso de la Nación, a un

miembro de la oposición designado por el Par lamento.

Se limitan las facultades del Presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia y de arrogarse facultades legislat ivas.

Desaparece la facultad del presidente de nombrar al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Se restringen las facultades presidenciales de intervenir las provincias.


Con esto solo, la reforma significó una verdadera alternat iva al modelo ins -

titucional caracter izado por el abuso de los decretos legislat ivos, la sumi- sión de la Just icia y la manipulación de los organismos de control. La

atenuación del presidencialismo, su objet ivo principal, es un hecho incon- trovert ible en el nuevo texto const itucional.

El jefe de Gabinete de Ministros

La reforma incorporó la figura del jefe de Gabinete de Ministros, e legido por el Presidente y responsable polít icamente ante el Congreso. Con esta

inst itución se introduce una nueva figura const itucional que t iene a su car - go el despacho de los negocios de la Nación, ejerce la administración ge-

neral del país y refrenda y legaliza, junto al ministro del área correspondiente, los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito

carecen de validez. Además, es responsable de la recaudación de las rentas de la Nación y la ejecución del presupuesto nacional. En este sent ido, di-

rige la acción del gobierno en materia económica al determinar los mecanismos para la percepción de los impuestos y al llevar a cabo las obliga-

ciones gubernamentales respecto de su inversión. Efectúa, asimismo, los nombramientos de los empleados de la administración pública; entre ellos,

los de los subsecretarios y directores generales de todas las áreas del Po - der Ejecut ivo. Coordina, prepara y convoca, también, las reuniones de

gabinete, a las cuales preside en ausencia del Presidente. y ejerce las funciones y atribuciones que el Presidente le delegue. Concurre a las sesiones

del Congreso y part icipa en sus debates sin voto. Presenta al Congreso una memoria detallada del estado de la Nación y produce los informes y expli-

caciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Po - der Ejecut ivo.

La incorporación del jefe de Gabinete de Ministros flexibiliza el régimen polít ico y contribuye a solucionar los problemas de gobernabilidad genera-

dos por el hiperpresidencialismo. Prevé que cuando exist iera una situación


de bloqueo entre el Presidente y el Congreso, el jefe de Gabinete con respon-

sabilidad parlamentaria podría ser un puente a través del cual inst itucionalizar un gobierno de coalición, puesto que el Presidente va a estar obligado, en

tal caso, a acordar con la mayoría opositora del Congreso la persona que ocu- pe dicho cargo para poder gobernar.

Al exigir que el gobierno cuente con un respaldo par lamentario, la fun- ción del jefe de Gabinete incrementa la legitimidad y representat ividad del

gobierno. De la obligación de concurrir en forma mensual al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno, surge claro que no se trata de un me-

ro funcionario administrat ivo y que se le otorgan importantes responsabilidades polít icas. La presencia periódica del jefe de Gabinete en el Congreso

da raigambre const itucional al principio republicano de informar acerca de los actos de gobierno.

La escena polít ica puede ser protagonizada, de este modo, de manera principal, por el Presidente y el jefe de Gabinete, sin superposición ni me-

noscabo de sus respect ivas invest iduras. Esta novedad representó una verdadera transformación en la concepción inst itucional, ya que el poder polít ico

deja de estar concentrado únicamente en la figura presidencial. Se abre la po - sibilidad de que la competencia polít ica pierda su carácter de "juego de suma

cero", ya que el incent ivo a los acuerdos y coaliciones legislat ivas ofrece la posibilidad de una mayor part icipación a los part idos que no se encuentran

en el ejercicio directo del gobierno. Por otra parte, los part idos que no acceden a la presidencia pasan a tener

injerencia en la formación del gobierno a través de la posibilidad de votar una moción de censura para remover al jefe de Gabinete, si bien se precisará pa-

ra ello una mayoría calificada. Esta mayor injerencia parlamentar ia puede culminar en la integración al gobierno de estos grupos polít icos opositores.

Asimismo, la mera posibilidad de que disminuya la dinámica de confron- tación limita el bloqueo interpoderes que se produce cuando un part ido o

conjunto de fuerzas opositoras gana la mayoría en ambas Cámaras o en una de ellas. En el esquema y la cultura presidencialistas, como es sabido, ello se

producía cuando la dinámica de la competencia polít ica imperante de "des- gastar al adversario" llevaba a que los rivales trataran de obstaculizar su ac-


ción en forma sistemát ica, a que los legisladores intentaran obstruir la ges-

tión de gobierno e impedir la sanción de las iniciat ivas presidenciales. Como respuesta, el Presidente buscaba el desprestigio del Congreso alegando su

ineficacia y lent itud y salvaba el escollo mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia.

Con la nueva Const itución se pueden superar esas dinámicas perversas, ya que el jefe de Gabinete se presenta como un nexo interpoderes que ex-

presa el consenso -o al menos el compromiso- entre los órganos elegidos por el pueblo. Si el gobierno no contara con respaldo parlamentario en am-

bas Cámaras, deberá cogobernar con la mayoría legislat iva que, en caso contrario, podrá censurar a quien ocupa el cargo. Teniendo en cuenta el poder

que al jefe de Gabinete le otorga el refrendo de los actos del Presidente, a és- te no le va quedar otra salida que un gobierno de coalición. Si, en cambio,

cuenta con respaldo legislat ivo, podrá gobernar sin inconvenientes bajo el estricto control de la oposición. Lo que nunca podrá hacer, con el nuevo di-

seño const itucional, es gobernar desde la excepcionalidad, atento a que cualquiera de sus dos inst itutos (decretos de necesidad y urgencia y legislación

delegada) requieren la aprobación del Congreso, en la que la mayoría legislativa opositora de una de las Cámaras hará sent ir su peso.

En un sistema hiperpresidencialista es muy difícil lograr amplios consensos para superar situaciones de cr isis. Ello es así puesto que nadie quiere integrar

un gobierno donde los aciertos serán del Presidente y los errores, de los miembros extrapart idarios de su gabinete. La nueva dinámica permite romper ese

círculo vicioso del presidencialismo lat inoamericano, que puede resumirse en estos seis t iempos: a) derrota electoral parlamentar ia del part ido oficialista, b)

pérdida del consenso del Presidente, c) confrontación interpart idaria, d) blo - queo inst itucional interpoderes, e) crisis y parálisis del sistema, t) caída del sis -

tema. En ese modelo, el presidente que resultaba vencido en las elecciones y perdía el respaldo parlamentario debía seguir en esas condiciones al frente de

la más alta magistratura const itucional y sin poder para gobernar. La figura del jefe de Gabinete permite cortar ese declive en el punto c) y evitar sus sucesivas

y traumáticas consecuencias, ya que la oposición tendrá la oportunidad de ocupar ese lugar y asumir el compromiso con polít icas específicas de gobierno.


Bajo la nueva Const itución, en el caso de una derrota electoral del part i-

do oficialista, la oposición no t iene necesidad de especular con el derrumbe a plazo del jefe de Estado. No convendrá jugar a "todo o nada" y se podrá

dar la necesar ia confrontación de fuerzas polít icas sin que se genere, por ello, la paralización de los poderes del Estado. Esta mejora sustancial en la esta-

bilidad del sistema, sin que haya actores inst itucionales comprometidos en el desgaste permanente de los otros, debería traducirse en una mejora signifi-

cat iva de la otra variable de la gobernabilidad del sistema polít ico: la eficacia de estos actores para llevar a cabo sus programas gubernamentales. No es-

tando ocupados exclusivamente en golpear a su r ival, las energías polít icas podrán volcarse mejor al diseño de polít icas, al fortalecimiento de la gest ión

estatal y a dinamizar los organismos de control.

Facultades colegislativas

Previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecut i- vo, éste envía al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupues-

to Nacional. Dicta los actos y reglamentos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, refrenda los decretos reglamentarios de las leyes, los reglamen-

tos de necesidad y urgencia en las materias permit idas, los reglamentos dele - gados, los decretos que dispongan la prórroga de sesiones del Congreso o la

convocatoria a sesiones extraordinarias y los mensajes del Presidente que promuevan la iniciat iva legislat iva.

Los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa

En nuestro país existe una ant igua tradición const itucional, rat ificada por la jurisprudencia, que sost iene que el Presidente está facultado a dictar decre-

tos legislat ivos fundados en la necesidad y la urgencia. Más allá de la opinión que se pueda sustentar al respecto, los decretos de necesidad y urgencia han

pasado a const ituir actos conforme a derecho. Aun la doctrina más pruden-


te y limitada en este sent ido ha avalado, así, la legalidad de los mismos, si bien

sujeta a una serie de restricciones. Sin embargo, como es bien sabido, el gobierno just icialista del pr esiden-

te Carlos Menem hizo uso y abuso de estas facultades de una forma que no tuvo precedentes en nuestra historia. Por ello es que uno de los puntos prin-

cipales que se buscó fijar en la reforma const itucional fue precisamente una delimitación explícita de las mismas.

En primer lugar, se fijó el principio general de que el Poder Ejecut ivo en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emit ir por de-

recho propio disposiciones de carácter legislat ivo. La reforma estableció que no podrán dictarse decretos de necesidad y urgencia que regulen materias pe-

nales, tributarias, electorales o del régimen de part idos polít icos. En segundo lugar, se limitó expresamente su dictado a circunstancias ex-

cepcionales en las cuales no se puedan ut il izar los trámites previstos por la Const itución para la sanción de las leyes. Estas circunstancias están fijadas

por la existencia de una emergencia significat iva y una necesidad súbita que imposibilite que los cometidos estatales se cumplan por los medios ordina-

rios del procedimiento legislat ivo. Si dichas circunstancias excepcionales no exist ieran, los jueces deberán declarar la nulidad del decreto.

En tercer lugar, se estableció que deberá const ituirse una Comisión Bica- meral Permanente, a la que se someterá el decreto respect ivo para su consi-

deración, la que deberá elevarlo al plenario de cada Cámara para su "expreso tratamiento". Esto significa que el Congreso deberá aprobarlo

expresamente, no exist iendo sanción ficta del mismo. En otras palabras, se invierte completamente lo sostenido por la Corte Suprema de la llamada

"mayoría automát ica" a part ir de 1991. El trámite y el alcance de la interven- ción del Congreso deben quedar establecidos por ley, y dicha ley será incons-

titucional si distorsiona el sent ido de la cláusula const itucional que apunta a limitar la facultad de dictar decretos en materia legislat iva y a exigir una rat i-

ficación expresa del Congreso para que el decreto no pierda validez. Del mismo modo, la limitación const itucional de la delegación legislat iva

implicó una restricción de los poderes que el Presidente ha asumido históri- camente en nuestra práct ica const itucional, avalado por el Poder Judicial y el


Congreso (cuando éste funcionaba normalmente). Como principio general, la

reforma estableció la prohibición de la delegación legislat iva, con las únicas excepciones admit idas de tratarse de "materias determinadas de administra-

ción o de emergencia pública" y con "plazo determinado para su ejercicio". El jefe de Gabinete debe, en tal caso, refrendar los decretos delegados en las

situaciones permit idas. En los años noventa, la Corte Suprema de la "mayor ía automát ica" am-

plió notablemente las atribuciones del Poder Ejecut ivo para ejercer funcio - nes legislat ivas delegadas por el Congreso. Con la reforma, se volvía a la an-

tigua doctrina, más restrict iva en la materia . También se modificaron algunas de las funciones colegislat ivas del Presi-

dente. Generalmente, se ent iende que ellas son cuatro: iniciat iva de ley, inter - vención en los debates del Congreso por intermedio de los ministros del ramo,

veto y promulgación de la ley. La pr imera de ellas fue limitada, ya que se com- parte con el jefe de Gabinete. Pero lo más importante fueron las modificacio -

nes en cuanto a la facultad de vetar parte de una ley y promulgar el resto, tam- bién conocida como promulgación o veto parcial En primer término, se dejó

sentado que las leyes desechadas parcialmente no podrán ser aprobadas en la parte restante, lo cual significa que ante el veto parcial, el Poder Ejecut ivo de-

berá reenviar al Congreso el proyecto de ley en su totalidad. En segundo lugar, se le otorgó rango const itucional a la jurisprudencia citada, sin incurrir en las

extremas deformaciones de la últ ima etapa, en la que se produ jeron vetos parciales que contradecían abiertamente la voluntad del legislador: si e l texto veta-

do const ituyera una parte escindible del resto y la aprobación de este últ imo no alterase el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso, en-

tonces podrá sancionarse parcialmente la ley. Pero, en tercer lugar, para deter - minar la validez de esta promulgación parcia1, se aplicará el procedimiento de-

terminado para la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia, lo cual significa que la últ ima palabra acerca del acto del Poder Ejecut ivo la tendrá el

propio poder const itucional afectado, es decir, el Congreso.

Fortalecimiento de los mecanismos de control


El fortalecimiento de los mecanismos de control se concretó en la reforma a través de las siguientes modificaciones e innovaciones:

Responsabilidad polít ica del jefe de Gabinete, con la obligación de asist ir mensualmente al Congreso, alternat ivamente a cada una de las Cámaras, para informar sobre la marcha del gobierno, y la posibilidad de ser inter-

pelado, a los efectos de una moción de censura, por el voto de la mayo- r ía absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras, así como de

ser removido por el voto de la mayor ía absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.

Control externo de la administración pública, a cargo de un organismo con autonomía funcional y dependencia del Congreso. La presidencia de dicho organismo, asimismo, queda a cargo de una persona propuesta por

la principal fuerza polít ica legislat iva opositora.

Establecimiento del Ministerio Público como un organismo autónomo e independiente del Poder Ejecut ivo.

Del mismo modo, contribuyen a mejorar los mecanismos de control otras modificaciones contenidas en la reforma, como ser: la inst itucionalización

const itucional del defensor del Pueblo, la part icipación de los usuarios en los organismos de control de los servicios públicos, la introducción de mecanis-

mos de democracia semidirecta, el fortalecimiento del federalismo y la jerar - quía const itucional de los tratados internacionales, innovaciones más abajo

reseñadas.

Creación del Consejo de la Magistratura Uno de los objet ivos básicos de la reforma fue otorgarle independencia e

idoneidad al Poder Judicial y contrarrestar los persistentes intentos de part i- dizar o polit izar la administración de just icia. A tal efecto, se incorporó a la

Const itución Nacional un Consejo de la Magistratura integrado por representantes de los órganos polít icos, de los jueces, de los abogados y persona-


lidades académicas y cient íficas, que t iene a su cargo:

La selección de los jueces, elevando temas de candidatos para ocupar las magistraturas judiciales federales, con excepción de los jueces de la Cor- te Suprema de Just icia. Los candidatos pasan a ser seleccionados a través

de concursos públicos, y una vez realizadas las propuestas de designación, el Presidente sólo podrá elegir de esas temas conformadas por el Conse-

jo al candidato cuyo pliego elevará a consideración del Senado para so - meterlo a su aprobación, la cual se realizará en sesión pública.

La administración del Poder Judicial, cuidando el buen uso de los recursos presupuestarios asignados y procurando que los jueces se limiten exclusivamente a impart ir just icia y no a resolver cuest iones administrat ivas.

El Consejo de la Magistratura es, además, titular de la potestad disciplinar ia de los jueces y los funcionarios y empleados judiciales, y debe encargarse de la

emisión de los reglamentos relacionados con la organización del Poder Judi- cial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los

jueces y la eficaz prestación del servicio de just icia. Decide, asimismo, la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados que nomina. La for-

mulación de la acusación por mal desempeño por un órgano que combina el equilibrio preciso entre legit imidad democrát ica y profesionalismo técnico

permite una mejora sustant iva en el mecanismo de remoción de los jueces. Salvo para los ministros de la Corte, para quienes cont inúa la inst itución del

juicio polít ico, la reforma define que la remoción de los magistrados se hará por Tribunales de Enjuiciamiento especialmente const ituidos al efecto.

La designación de los jueces de la Corte Suprema

Para garant izar la imparcialidad e idoneidad de los magistrados que accedan al máximo tribunal de la Nación, la reforma establece que los miembros de

la Corte Suprema de Just icia serán designados por el Presidente con acuerdo de los dos tercios del Senado, en sesión pública convocada a tal efecto. Ésta

es una modificación de gran importancia, ya que excepto situaciones de ma- yoría abrumadora a favor de un part ido político determinado, se requerirá la


formación de un amplio consenso para obtener las nominaciones.

El Ministerio Público como órgano extrapoder Una de las reformas más significat ivas fue la que estableció un Ministerio Pú-

blico extrapoder, órgano independiente, autónomo y autárquico, cuya misión es promover la actuación de la Just icia para defender la legalidad y los inte-

reses generales de la sociedad. Las reformas al Poder Judicial se complemen- taron así con la garant ía const itucional a la independencia del Ministerio

Público. De esta manera, se buscó impedir que mediante instrucciones pro - venientes del Poder Ejecut ivo se lesionara la segur idad jurídica o se preten-

dieran impunidades para los funcionarios públicos. Entre las funciones que le competen al Ministerio Público se encuentran

las de representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera, promover y ejercer la acción pública en las causas

criminales y correccionales, velar por el cumplimiento de las leyes, los decretos y reglamentos y demás disposiciones que deben aplicar los tribunales, pi-

diendo el remedio de los abusos que notare. Se estableció que el Ministerio Público debe estar integrado por un procu-

rador general y un defensor general de la Nación, los que serán designados y re- movidos en la misma forma establecida para los miembros de la Corte Supre-

ma. Hasta entonces, la Procuración General de la Nación no se encontraba prevista en la Const itución; su creación y reglamentación provenía de una ley.

Cabe señalar que según la práct ica const itucional argent ina, el funcionario que se encontraba a cargo de la Procuración siempre era designado por

el Presidente con acuerdo del Senado, a semejanza de los magistrados, lo que permit ía deducir la existencia del juicio polít ico o la renuncia como únicas

posibilidades para el cese ant icipado de sus funciones. Sin embargo, el Poder Ejecut ivo de ese entonces había removido por decreto al procurador gene-

ral, nombró tres procuradores también por decreto y recurrió al mismo instrumento para removerlos del cargo.


El funcionamiento del Congreso Nacional La falta de funcionamiento del Congreso y los extensos períodos de receso

han impactado negat ivamente en el equilibrio inst itucional de poderes de dos maneras principales: por un lado, el Poder Ejecut ivo ut ilizaba el período de

sesiones extraordinar ias para fijar una agenda cerrada de temas de tratamien- to sin que los parlamentarios pudieran introducir otras iniciat ivas; por o tro

lado, los períodos de receso just ificaban la proliferación de decretos de necesidad y urgencia, el uso de legislación delegada y las intervenciones federales

por decreto. La nueva Const itución amplió en cuatro meses el período ordi- nario de sesiones: en lugar del 1 de mayo al 30 de sept iembre, como era has-

ta entonces, debe prolongarse desde el1 de marzo hasta el 30 de noviembre. El Congreso se ve fortalecido en su papel de contralor del Ejecut ivo por

el informe mensual que debe dirigir a los parlamentarios el jefe de Gabinete. La introducción de esta práct ica busca dotar al Congreso del papel central en

la deliberación de las polít icas y el control de los actos del Poder Ejecut ivo. Coloca al gobierno -el jefe de Gabinete y los ministros- en una relación más

directa con los legisladores y facilita las interpelaciones ministeriales, casi siempre retaceadas por las mayorías.

Con la idea de subsanar la lent itud del procedimiento de sanción de leyes, la reforma redujo las intervenciones posibles de las Cámaras de cinco a sólo tres.

La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el

proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redac-

ción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya aprobado

la Cámara revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último

caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones

de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción

originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. (Artículo 81,

Capítulo Quinto de la Constitución de la Nación Argentina.)

La reforma también estableció importantes innovaciones en el Senado nacio - nal. El objet ivo era otorgarle mayor representat ividad polít ica de forma tal


que pudiera actuar más genuinamente como expresión de los intereses pro -

vinciales y no de sus oligarquías y grupos de poder. Para ello, se estableció, en primer lugar, acortar de nueve a seis años el mandato prolongado de los

senadores así como la elección directa de los mismos, en lugar de como se hacía hasta entonces, por las legislaturas provinciales. En segundo lugar, se

dispuso la incorporación de un tercer senador por provincia, correspondiente al part ido o fuerza polít ica que obtenga el segundo lugar en número de vo-

tos. La presencia de senadores por la minoría supone una representación más cabal de la ciudadanía de cada provincia, una defensa más franca de los inte-

reses provinciales, no siempre evidenciada por razones de compromiso po- lít ico, y el uso más eficaz del Senado como caja de resonancia para la denun-

cia de cualquier t ipo de anomalías inst itucionales, económicas o sociales.

La reelección presidencial acotada y los cambios en el sistema electoral

Al introducir la elección directa de los más importantes cargos del sistema

const itucional argent ino, la reforma buscó mejorar la legit imidad del sistema democrát ico. y creo que así lo hizo.

El Presidente pasó a ser elegido en forma directa en lugar de por un Co- legio Electoral, como había sido hasta entonces. Además, se buscó garant i-

zar que el presidente que ganara una elección dispusiera de un importante apoyo popular estableciendo la doble vuelta en caso de que los candidatos no

hubieran alcanzado una mayor ía sustant iva. La introducción del ballottage sirve a dos propósitos: en primer lugar, es út il para desempatar preferencias po -

lít icas muy parejas, cuando ninguna de ellas alcanza la mayoría indiscut ida; en segundo lugar, permite que la ciudadanía exprese sus preferencias negat ivas

respecto de algún candidato y que se formen amplias coaliciones, asegurando a un grupo importante de electores la elección del "segundo mejor", en

caso de que su candidato de preferencia pierda en la primera vuelta. Se buscó establecer para ello una regla clara y bien ponderada que facili-

tara esta segunda elección o ballottage. Como expliqué, la misma consist ió en


que si a lguna fórmula obtuviera más del 45 por ciento de los votos válidos

afirmat ivamente emit idos, en virtud de haber alcanzado casi la mayoría absoluta de las preferencias posit ivas, no necesitara para su proclamación de

una segunda vuelta. Por iguales razones, y para limitar las preferencias nega- tivas y que se impusieran desmedidamente sobre las posit ivas, se fijó que si

una fórmula alcanzara el 40 por ciento de las adhesiones polít icas en la pr i- mera vuelta, y obtuviera una diferencia mayor a diez puntos porcentuales, la

segunda vuelta tampoco se llevaría a cabo. La segunda vuelta opera, así, como un incent ivo cooperat ivo entre las dis-

tintas fuerzas polít icas, sobre todo para las mayor itar ias, las que deben asumir compromisos con minorías polít icas afines para ganar una elección pre-

sidencial y lograr consensos más amplios en caso de acceder al gobierno. En otras palabras, la llegada al poder presidencial puede implicar acordar progra-

mas de gobierno con dist intas fuerzas afines. Asimismo, la reforma acortó la duración del mandato del presidente de la

Nación de seis a cuatro años con la posibilidad de ser reelegido inmediatamente por un solo período más. Este punto, la reelección presidencial, como

es archisabido, fue el que más resonancia pública y controversias suscitó en la discusión y el acuerdo de la reforma de 1994. Fue su circunstancia histó -

rica posibilitante, debido a que ésa era la obsesiva intención del oficialismo gobernante y t iñó gran parte del debate político de aquel momento. Esto nos

obligó a abordar la cuest ión haciendo un doble esfuerzo de contención, por un lado, y de avance inst itucional por el otro.

En primer lugar, el acortamiento de mandato presidencial venía a resolver uno de los más ser ios problemas del presidencialismo en nuestra

historia. El mandato otorgado al Presidente era excesivamente prolongado. Frente a cambios en las preferencias y expectat ivas populares se afec-

taba no sólo la estabilidad inst itucional, sino también la legit imidad de la invest idura. Al no reflejar adecuadamente el consenso cambiante, las ex-

pectat ivas frustradas acerca del gobierno no recaían exclusivamente sobre el Presidente sino que se trasladaban al sistema democrát ico en su

conjunto. En segundo término, la posibilidad de que el entonces Presidente pu-


diera aspirar a un segundo mandato, considerando el vigente como prime-

ro, debe ser analizada en el contexto global de la reforma const itucional realizada. El peligro de que se consolidara una hegemonía ant idemocrát ica

fue superado por las importantes reformas al sistema de separación y equilibrio de poderes. De tal modo, la reelección del Presidente -producto de

una mayor ía circunstancial y un innegable respaldo popular que tal manda- to acreditaba en aquel momento- no generaría peligro alguno en un con-

texto inst itucional en el que se ponían límites al presidencialismo, se am- pliaba la legit imidad del sistema polít ico, se establecían mecanismos de

control efect ivos.

Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires La reforma const itucional permit ió concretar la autonomía de la Ciudad de

Buenos Aires y la dección de un jefe de Gobierno directamente por el pueblo de la ciudad. No es necesario abundar en las implicancias históricas de

haber podido dar epílogo a una rémora polít ico-inst itucional que se arrastra- ba desde los mismos orígenes de la organización nacional. Ya en los últ imos

años, d gobierno por delegación que ejercían el intendente y el Concejo De- liberante resultaba totalmente insuficiente, no sólo desde el punto de vista de

su efect ividad sino también de su legit imidad. No hace falta tampoco recordar los desarreglos y tremendos descréditos que se infligieron a las inst itu-

ciones de gobierno de la Capital Federal sin que pudieran actuar debidamente los controles y mecanismos de renovación democrát ica.

La reforma de 1994 dio estatuto const itucional a la autonomía porteña, abrió las puertas a su propio proceso const ituyente y a sus nuevas inst itucio -

nes de gobierno.

Fortalecimiento del régimen federal Se procuró, asimismo, el fortalecimiento de las autonomías provinciales y del

régimen federal, al establecerse un régimen de copart icipación imposit iva fle-


xible tendiente a asegurar a las provincias el contar con los ingresos imposi-

tivos que legít imamente les pertenecen en un marco de just icia, solidar idad y equidad interregional, para lo cual se les otorgó la facultad de controlar su

ejecución. Se dio precisión al régimen de competencias entre la Nación y las provin-

cias respecto de la prestación de servicios, tales como la defensa del medio ambiente, la educación, la salud y los servicios de previsión social y, en gene-

ral, de las atribuciones concurrentes. Se trasladaron a la jur isdicción provin- ciallos establecimientos de ut ilidad nacional, limitando la facultad del Con-

greso a dictar las leyes necesarias para el cumplimiento de fines específicos. Se avanzó hacia un federalismo de cooperación y de consenso entre las

diversas provincias, posibilitando la creación de regiones, como un camino de integración que t ienda a superar las insuficiencias económicas que mu-

chas de ellas padecen. La regionalización que la reforma introdu jo como modelo posible está estrechamente vinculada con la idea de desarrollo au-

tónomo del interior del país y de las economías regionales, con el objet ivo de potenciar mutuamente sus posibilidades de crecimiento y prestación de

servicios e iniciar el camino para superar situaciones de extrema dependencia del gobierno nacional.

Con el mismo propósito se facultó a las provincias para celebrar convenios internacionales, en tanto los mismos no afectasen las atribuciones que

le corresponden al gobierno federal y no sean incompat ibles con la polít ica exterior de la nación. Se determinó, además, entre las facultades del Congre-

so, establecer un banco federal, con atribuciones para emit ir moneda y, de tal modo, se propició incorporar al Banco Central a representantes de las

provincias.

Autonomías municipales

La reforma estableció que las provincias deben asegurar la autonomía municipal y reglar su alcance en el orden inst itucional, polít ico, administrat ivo, eco -

nómico y financiero. De esta forma, se reconoció a los municipios una esfe-


ra de competencia propia, sustraída a la acción del Estado nacional y los

estados provinciales, para cuest iones como la prestación de los servicios pú- blicos, la gest ión y el planeamiento urbanístico, la regulación y administración

del dominio público municipal y la determinación, recaudación e inversión de sus propios ingresos.

Esta autonomía permite que los municipios tengan atribuciones para darse su organización polít ico-administrat iva y para el ejercicio del poder de policía

en materias que le son propias o concurrentes: tránsito, polít icas sanitar ias, pre- servación ambiental, control de pesas y medidas, higiene, código de faltas y to -

das aquellas cuest iones en las cuales resulte conveniente la descentralización de las funciones estatales de administración, a los efectos de que los asuntos loca-

les sean resueltos directamente por los inmediatamente interesados, principalmente en el establecimiento de pr ioridades en educación y salud.

Mecanismos de democracia semidirecta La reforma introdujo en la Const itución mecanismos de democracia semidi-

recta para incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones co - lect ivas, facilitando una part icipación que fuera más allá de la intermediación

de los representantes y profundizara la deliberación en busca de consensos y soluciones.

Dos fueron los instrumentos incorporados: la iniciat iva popular y la consulta popular. Por la primera se garant iza la vía de pet ición ciudadana a tra-

vés de la presentación de una propuesta o un proyecto de reforma legislat i- va acompañando como requisito el aval de un cierto número de firmas. La

pet ición así formulada obliga a que los legisladores se avoquen a su tratamiento. El segundo instrumento, la consulta popular, permite someter a con-

sideración de la ciudadanía una medida legislat iva de gran importancia, generalmente muy controvert ida, para que sea el cuerpo electoral de la nación el

que se expida al respecto.


El defensor del Pueblo

La reforma otorgó rango const itucional a la Defensoría del Pueblo, cuya fun- ción es defender y proteger los derechos humanos y demás derechos y ga-

rant ías individuales ante actos de la administración, cuyo ejercicio controla. La Defensoría del Pueblo t iene legit imación procesal, es un órgano indepen-

diente inst ituido en el ámbito del Congreso Nacional, cuenta con inmunidad en el ejercicio de sus funciones y no recibe órdenes de ninguna autoridad.

Debe invest igar, crit icar, hacer públicas sus opiniones por diversos medios, recibir denuncias y trasladarlas al Congreso o a los tribunales, y proponer las

medidas correctoras que considere necesarias.

Jerarquía de los tratados internacionales e integración latinoamericana

La reforma dio jerarquía const itucional a los preceptos contenidos en los principales tratados internacionales relat ivos a derechos humanos. Esto sig-

nificó que los avances producidos en mater ia de protección de los derechos individuales en el plano internacional, así como los mecanismos instrumen- tados para su protección, fueran incorporados con ese nivel a la legislación

nacional. Para medir la importancia de la incorporación const itucional baste advert ir que ello impide que en nuestro país se apruebe cualquier legislación

que admit iera, por ejemplo, la pena de muerte. Asimismo, en sintonía con las corrientes más progresistas del derecho in-

ternacional, la reforma autorizó al Congreso a aprobar tratados de integra- ción que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestata-

les que respeten el orden democrát ico y los derechos humanos. Cuando se trate de países lat inoamericanos, la aprobación de dichos tratados requerirá

la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. En cambio, con otros Estados, primero deberá declararse la conveniencia de su aprobación y apro-

barse después de 120 días, con las mismas mayor ías. Se facilitaron, de esta manera, los procesos de integración regional, el

Mercosur, en primer lugar, cuya eficacia requiere de órganos de competencia


supranacional para resolver los conflictos entre part iculares de las diferentes

naciones o de éstas entre sí, así como para art icular más ágilmente la norma- tiva que rige para los países involucrados y procurar su ejecución coordinada.

Rango constitucional a los partidos políticos y

defensa del sufragio obligatorio

A part ir de la reforma, la Const itución dice que los part idos polít icos son instituciones fundamentales de la democracia y garant iza su organización de-

mocrát ica, los derechos de las minorías, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Señala, además, que el Estado debe contribuir a su

financiamiento y a la capacitación de sus dirigentes, así como obliga a los par - tidos a hacer público el origen de sus fondos.

Al establecer este reconocimiento general, inst ituc ionalizó el rol de los part idos como asociaciones de ciudadanos que ejercen su act ividad libre-

mente, como instrumentos fundamentales para incrementar la part icipación polít ica con el fin de cooperar en la formación de la voluntad popular para determinar la polít ica nacional. Resulta de fundamental importancia esta ga-

rant ía otorgada por la Const itución para la difusión de las ideas de los part i- dos polít icos, que conlleva la obligación del Estado de asegurarles espacios

equitat ivos en los medios masivos de comunicación. Es cierto que durante los últ imos años, los part idos polít icos mayoritarios

y tradicionales de nuestro país sufrieron sus más graves crisis y quedaron al borde mismo de su colapso o fractura. También es cierto que en gran parte

de los casos debe reconocerse que no supieron enfrentar con éxito los embates de la "ant ipolít ica" y quedaron a la defensiva frente a la ola de una fal-

sa modernización de la vida pública. Entretanto, surgieron nuevas expresio - nes que no llegaron a construir espacios polít icos perdurables, y la sociedad

argent ina pudo advert ir que no hay otra manera de hacer y vivir la democracia que no sea con part idos polít icos y con un sistema de part idos polít icos

arraigado en la problemát ica social e inst itucional.


En tal sent ido, la reforma const itucional de 1994 sirvió, también, para fre-

nar las pretensiones hegemónicas y movimient istas de las corrientes o lideraz- gos neopopulistas que proliferaban en esa época con intenciones de instalar un

modelo aberrante de democracia delegat iva, autoritaria y sin part idos. Asimismo, la reforma estableció la obligatoriedad del voto, en el marco

del pleno ejercicio de los derechos polít icos, con arreglo al principio de la so - beranía popular. La importancia de esta cláusula se comprueba cuando se re-

cuerda la aparición de numerosas expresiones que abogaron por la supresión de la obligatoriedad establecida por ley. Es conocida la extraordinaria inci-

dencia que t iene el voto voluntario en los resultados electorales, favoreciendo siempre a los sectores más aventajados económicamente de la sociedad y,

por lo tanto, a los candidatos y las fuerzas que abogan por un modelo de democracia elit ista y sin part icipación.

Defensa del orden constitucional La reforma incorporó a la Const ituc ión normas para su propia defensa, al es-

tilo de las que ya exist ían en la Ley de Defensa de la Democracia. Era necesario incluir en ella disposiciones que disuadieran de violentar el sistema demo-

crát ico y para ello debía establecerse cuáles serían las consecuencias de estos atentados y cómo deberían tratarse los actos que tuvieren lugar durante una

interrupción inst itucional, una vez restablecida la democracia. Se estableció, así, que quienes atentaran contra el sistema democrát ico

tendr ían la pena correspondiente a la figura de "infames traidores a la Pa- tria", inhabilitado s a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de

los beneficios del indulto. Las mismas sanciones les corresponderán a los que usurparen funciones previstas para las autoridades designadas const itucio-

nalmente y sus acciones serán imprescript ibles. Los actos cometidos por los usurpadores serán nulos y frente a cualquier poder sedicioso les asiste a los

ciudadanos el derecho de resistencia a la opresión.


Preservación del medio ambiente

La reforma estableció que todas las personas t ienen el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desa-

rrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Tienen, asimis - mo, el deber de conservar dicho ambiente. Para ello, le otorgó marco legal a

un sistema que otorga responsabilidades polít icas y jurídicas a las generacio - nes presentes en función de la preservación de opciones de desarrollo para

las generaciones futuras. Se estableció que es deber del Estado garant izar que la población viva

en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el agua, el aire y los alimentos sat isfagan los requerimientos de desarrollo adecuado a la vi-

da humana. Asimismo, que las autoridades deben proveer a la preservación del patrimonio natural y la diversidad bio lógica así como a la información

y educación ambientales. La Const itución protege al país de cualquier intento de ut ilizar lo como repositorio de residuos de origen externo, pro hi-

biendo el ingreso de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiact ivos.

Reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas

El anterior inciso 15 del art ículo 67 de la Const itución nacional, que estable- cía que el Congreso debía "conservar el trato pacífico con los indios y pro-

mover la conversión de ellos al catolicismo" se encontraba des actualizado en todos sus aspectos. Los pueblos indígenas son preexistentes al nacimiento de

las provincias y a la formación del Estado naciona l. S in embargo, la protec- ción de su ident idad no había sido reconocida en nuestro ordenamiento

const itucional, superado por los avances legislat ivos que habían realizado el Congreso nacional y algunas legislaturas provinciales, así como por los con-

venios internacionales. Debía combat irse cualquier exclusión, restricción o preferencia discrimina -

toria basada en el origen étnico y, además, adoptarse todas las medidas necesa-


rias para asegurar los derechos de los pueblos indígenas que habitan nuestro

país, tomando en cuenta y respetando su diversidad, ident idad étnica y cultural, y la propiedad de las t ierras comunitarias que habitan. Así quedó establecido.

Defensa del usuario y del consumidor Los consumidores y usuar ios de bienes y servicios quedaron expresamente

protegidos en sus derechos a la salud, la seguridad y en sus intereses econó - micos, a una información adecuada y veraz, así como a la libertad de elección,

a un trato digno y equitat ivo y a la educación para el consumo. Asimismo, las autoridades quedaron obligadas a proveer a la defensa de la competencia con-

tra los monopolios, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la const itución de asociaciones de consumidores y usuarios, así como a la par -

ticipación de éstas en los marcos regulatorios correspondientes.

Garantías para derechos fundamentales Se incorporaron figuras explícitas y mecanismos idóneos para asegurar la ga-

rant ía real de los derechos fundamentales, como el hábeas corpus y la acción de amparo. Era necesario consagrar el rango const itucional de estos medios

judiciales de tutela y el establecimiento de la responsabilidad penal, c ivil y administrat iva de los funcionarios que dicten o ejecuten dichos actos o incurran

en omisiones contrarias a la Const itución y a las leyes que garant izan los derechos individuales. A part ir de la reforma, el afectado, el defensor del Pue-

blo y las asociaciones que propendan a esos fines podrán interponer la acción de amparo contra cualquier forma de discr iminación y en cuanto a la protec-

ción del ambiente, la competencia, los derechos del usuario y el consumidor. Se const itucionalizó el derecho de hábeas corpus, inscripto en nuestra juris -

prudencia, por el cual cuando el derecho lesionado sea la libertad física, o se hayan agravado ilegit imamente las condiciones de detención, o en caso de de-

saparición forzada, la acción podrá ser interpuesta por el afectado o por cual-


quiera en su favor, y el juez deberá resolverla de inmediato, aunque estuviera

vigente el estado de sit io. Asimismo, se estableció el hábeas data, por el cual cualquier persona pue-

de interponer la acción de amparo con el fin de tomar conocimiento de los datos referidos a ella, así como de su finalidad, que consten en registros pú-

blicos o en los privados dest inados a proveer informes, y exigir, según los casos, su supresión, rect ificación, confidencialidad o actualización.

También se efectuó un importante avance en el respeto a la libertad de prensa al establecer, a manera de excepción de la norma general re lacionada

con el hábeas data, que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de inves- tigación per iodíst ica.

Igualdad de las mujeres

La legislación había incorporado al derecho posit ivo un mecanismo tendiente a facilitar la part icipación polít ica de la mujer, estableciendo que las listas

de diputados deberían tener un mínimo determinado de componentes de dist intos sexos. Entre los argumentos que se habían ut ilizado para oponerse

a lo que dio en llamarse la "ley de cupos" sobresalía el que alegaba que se violaba la igualdad prevista en el art ículo 16 de la Const itución nacional. La

reforma estableció que "la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos elect ivos y part idarios se garant izará por ac-

ciones posit ivas en la regulación de los partidos polít icos y en el régimen electoral", con lo que quedó definit ivamente salvada esa objeción.

En el mismo sent ido se expidió en cuanto a las atribuciones del Congre- so, en su inciso 23, al establecer que le corresponde al mismo promover me-

didas de acción posit iva que garant icen la igualdad real de los derechos reco - nocidos por la Const itución.

Gratuidad de la educación y afirmación de la identidad cultural

La reforma estableció que es responsabilidad indelegable del Estado garan-


tizar la gratuidad y equidad de la educación pública, que ésta debe promover

los valores democrát icos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin ningún t ipo de discriminación. En igual sentido, determinó que debe garan-

tizarse la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Finalmente, encomendó al Congreso el dictado de leyes que protejan la

ident idad y pluralidad culturales, así como la libre creación y circulación de las obras, e l patrimonio art íst ico y los espacios culturales y audiovisuales, con

lo que abrió el camino a una legislación moderna y acorde con los grandes debates sobre el papel de las industrias culturales y los medios de comunica-

ción masiva en el desarrollo de las propias ident idades, el intercambio con otras culturas y su proyección exter ior.

Mi propio trabajo

Deseo hacer unos breves comentarios sobre la act ividad que realicé en la

Const ituyente, quizás llevado por un dejo de amor propio. En primer lugar había insist ido en un reglamento que estableciera que cualquier moción de

orden se votara cuando hubiera quórum, para evitar levantamientos sorpre- sivos de la sesión, y que el plenario pudiera funcionar cuando lo hadan las

comisiones, con determinación de hora para votar. Las sesiones podían co - menzar con quórum menor. Bregué para que las sesiones fueran largas y pro -

puse muchas veces en las reuniones de labor que nos reuniéramos los sába- dos. Mi desesperación era que se agotara el tiempo sin considerar el temario.

Finalmente, sólo quedó sin considerar el Consejo Económico y Social. Se me eligió como presidente del bloque de la UCR y como vicepresi-

dente a Jorge De la Rúa. El presidente de la Const ituyente fue Eduardo Menem, de impecable comportamiento. Lo acompañó como vicepresi-

dente Ramón Mestre. Tuve asesores extraordinarios, como los disdpulos de Carlos Nino, y mi

amigo Fernando Nadra. Los sábados nos reuníamos con los primeros y prepa- rábamos una buena cant idad de proyectos, que no presenté con mi firma por-

que no me pareda correcto hacerla como presidente del bloque, ya que podía obligar a su aceptación, pero hubo varios amigos que lo hicieron por mí.


En cuanto a las decisiones que tomé o propuse que se tomaran en ese

proceso, es imposible demostrar cuál hubiera sido el desarrollo de los acontecimientos de haber hecho lo contrario. ¿Hubiera sucedido algo que no su-

cedió? ¿Hubiera dejado de producirse algo que efect ivamente ocurrió? La historia contrafáct ica y los juegos de la historia virtual son interesantes ejer -

cicios para los invest igadores, analistas y, eventualmente, también para los actores, pero difícilmente sean út iles para poner de acuerdo las miradas contra-

puestas de cada momento importante del pasado. En el caso del Pacto de Olivos sucede lo mismo. Dije entonces que no

podía refutar categóricamente a quienes suponían que exageré los peligros que entrañaba la falta de un acuerdo básico, así como tampoco podía demos-

trar que se equivocaban quienes pensaban que el país estaría inst itucionalmente mejor si no se hubiera concretado. De todos modos, era igualmente

cierto que nadie podía demostrarme, por las mismas razones, que estaba equivocado.

Sin embargo, al menos en el plano lógico, llevaba alguna ventaja a mis de- tractores de entonces, ya que tenía argumentos fuertes para de mostrar algo

que difícilmente podía discut irse: se corría el riesgo de que de todas formas se reformara la Const itución, y que se lo hiciera en una dirección reacciona-

ria, lo que nos ponía en el camino de discutir la legalidad y legit imidad de las decisiones inst itucionales y hubiera significado una regresión tremenda.

Pero, además, debí responder a otro argumento reiterado hasta el cansan- cio por parte de quienes suponían que estábamos en condiciones de impedir

aquella reforma y, consecuentemente, me imputaron una suerte de coautoría de la reelección de Carlos Menem y de todo lo malo que le ha acontecido al

país desde entonces. Quienes sostuvieron esto antes y después, no comprendieron la compleja trama de intereses que el neo conservadurismo vernáculo,

consustanciado con el modelo neoliberal en pleno auge en el mundo, desa- rrollaba en el país. Estaban modificando el funcionamiento inst itucional de

la República en función de sus intereses particulares. Lo he reiterado en varias oportunidades: en pleno despliegue de un

modelo hegemónico que consideramos depredador para el país, alcanzamos una Carta Magna que es, además de un reaseguro de la convivencia pluralis -


ta, una carta de derechos y mandatos para trabajar hacia el futuro con nues-

tras ideas, proyectos y programas en pos de una sociedad mejor. Estoy convencido de que la revisión de aquella tarea reformista es una

cantera con test imonios apreciables para entender cuán profundo y cuán fér - til fue el proceso que permit ió alcanzar una Const itución más moderna y

más justa para todos los argent inos. Los resultados inmediatos, es cierto, fueron visibles y concretos sólo en algunos de sus puntos principales: la auto -

nomía de la Ciudad de Buenos Aires y la elección directa de su jefe de Go- bierno; la reelegibilidad del presidente en ejercicio por un período sucesivo

único de cuatro años; la elección directa de la fórmula presidencial, con in- corporación de la segunda vuelta si no estuviera definida una mayoría clara;

la elección directa de los senadores y la inclusión de un tercer senador por la minoría de cada provincia; la creación del Consejo de la Magistratura.

Otros resultados importantes no se llegaron a evidenciar en las práct icas polít icas y en el mejor funcionamiento inst itucional porque no exist ió una

voluntad en ese sent ido por parte de la mayoría just icialista que gobernaba en aquel entonces, la cual, en lo esencial, mantuvo una fllosofia del poder

fuertemente conservadora, presidencialista y decisionista asociada tanto a una de las vert ientes que conformaron su tradición histórica como a la pro-

pia experiencia de gobierno y el est ilo de su liderazgo, asociado con la impo- sición de las reformas económicas que recetaba el modelo neoliberal.

Es cierto que las limitaciones de los poderes presidenciales no se cumplieron como lo mandaba la Const itución y que la figura del jefe de Gabine-

te fue subalternizada. Pero es cierto también que ello fue posible porque aquel gobierno mantuvo una mayor ía parlamentaria, al menos hasta fines de

1997, Y porque luego, la dinámica de las práct icas polít icas siguió atada a una cultura arraigadamente presidencialista, hasta el derrumbe del malogrado go -

bierno de la Alianza, a fines de 2001. La reforma const itucional, en tal sent ido, ha tenido implementación y

cumplimiento parcial. Todavía no ha dado por completo sus frutos y dejó abiertas mater ias pendientes de tratamiento legislat ivo, reglamentación jurí-

dica o implementación polít ica. Entre ellas, cabe mencionar las formas de democracia semi directa, como la consulta popular, la copart icipación fede-


ral y la regionalización, la construcción de un renovado y fortalecido siste-

ma de part idos polít icos que expresen genuinamente a las dist intas trayecto - rias y afinidades ideológicas y al más amplio espectro social, y las nuevas

formas de representación colect iva, la defensa de la competencia y la regu- lación medioambiental, entre otras.

Esto hace de nuestra Const itución reformada una verdadera plataforma programát ica para la agenda de nuestra democracia de cara al siglo XXI. Si

aprovechamos las enseñanzas de aquella movilización de energías y encuentro de voluntades que confluyeron en la deliberación const ituyente y se plas -

maron en la Carta Magna que hoy nos rige, tendremos excelentes posibilida - des de que su plena vigencia sirva, efect ivamente, para mejorar la vida de la

gente, corregir vicios y deformaciones de nuestro sistema polít ico y ampliar los espacios de la ciudadanía dotando a la democracia de capacidad de trans-

formación social y herramientas de desarrollo económico y humano, y para garant izarle a nuestro país posibilidades ciertas de ser una nación solidaria y

soberana. Los cauces para ello fueron trazados y resist ieron las dist intas y difíciles

pruebas de validación histórica, de un siglo a otro. Veinte años ininterrumpi- dos de transición, crisis y consolidación institucional, transformaciones so -

ciales y cambios epocales nos permiten encarar estos desafíos con herramientas teóricas y práct icas, con experiencia Y- vocación superadora. En

definit iva, con una renovada voluntad polít ica colect iva que le tocará a las nuevas camadas de dirigentes polít icos saber interpretar y traducir en proyec-

tos, horizontes, utopías y realizaciones colect iva. Considero que del conocimiento, la discusión y asunción cabal de la re-

forma const itucional de 1994, de las principales modificaciones introducidas y de los mandatos y reformas pendientes depende en gran medida que los

argent inos podamos emprender con éxito la formidable tarea de asegurar la libertad, dotar de funcionamiento pleno al estado de Derecho y dar conteni-

do concreto a la igualdad de oportunidades. Esto es, de organizar la Nación como un Estado legít imo y una república democrát ica moderna, integrada a

la región y con capacidad autónoma en el mundo globalizado.

MEMORIA POLÍTICA / QUINCE AÑOS DESPUÉS: LOS INDULTOS Y LA NULIDAD DE LAS LEYES

6. Quince años después:

los indultos y la nulidad de las leyes

EL 6 DE OCTUBRE de 1989, el presidente Carlos Menem firmó cinco decre-

tos de indulto que beneficiaron a 220 militares y 70 civiles, entre ellos los responsables de la guerra de Malvinas, los oficiales presos por los levanta-

mientos carapintadas y los máximos dir igentes de la organización Montone- ros. Aquel perdón presidencial liberó de la prisión a Mohamed Ali Seineldín

y a Aldo Rico, quienes tendr ían luego dispar inserción pública en la polít ica nacional. El primero, liderando un últ imo levantamiento militar a sangre y

fuego, eficazmente aplastado por el general Mart ín Balza en cumplimiento de las órdenes de un presidente que finalmente se dio cuenta de la clase de

personajes con los que había pactado. La trayectoria de Rico en el just icia - lismo es por demás conocida. También se beneficiaron por el indulto presi-

denciallos ex montoneros Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía, Rodolfo Galimbert i y Oscar Bidegain; los ex generales Leopoldo Galt ier i, Reynaldo

Bignone, Albano Harguindeguy, Luciano Menéndez, Sant iago Riveros y Crist ino Nicolaides; el ex br igadier Basilio Lami Dozo, y el ex almirante Jorge

Isaac Anaya. Al año siguiente, el 28 de diciembre de 1990, Menem anunció una segun-

da batería de indultos, que dejó sin efecto las condenas que debían cumplir por delitos de lesa humanidad los ex dictadores Videla, Massera, Agost i,

Viola, Lambruschini, Camps y Ricchieri. También fueron beneficiados por ese indulto otros condenados por crímenes cometidos durante el gobierno

de Isabel Perón, como Norma Kennedy y Mario Firmenich, condenado a treinta años de prisión. Y a pesar de que el art ículo 86 establece que el Pre-

sidente sólo puede firmar indultos en la medida en que sea coherente con el


art ículo 95 que prohíbe su interferencia en juicios aún pendientes, el ex ge-

neral Suárez Mason y José Mart ínez de Hoz, que estaban bajo proceso, tam- bién fueron beneficiados. En total, los indultos llegaron a 400. El doctor Me-

nem ha explicado que su intención fue pacificar el país. Pero, en verdad, a muy pocos hombres de armas les interesaban esas condenas. Se clausuró, en-

tonces sí, de manera taxat iva la prosecución de las causas judiciales pendientes, al t iempo que se interrumpió el enorme esfuerzo desarrollado durante

los años precedentes para que la Just icia hiciera su tarea. Aunque el pueblo repudió estos indultos, creo que ese repudio no guardó proporción con la

gravedad de la medida adoptada ni con la dureza exhibida contra las leyes dictadas durante mi gobierno. Había sido tan intensa la campaña contra esas

leyes de caducidad de la instancia y obediencia debida, que los indultos que dejaban en libertad a los pr incipales responsables de los cr ímenes cometidos,

aunque merecieron la crít ica de las organizaciones de derechos humanos, no tuvieron una gran repercusión.

Trece años más tarde, desde el comienzo de la gest ión del presidente Néstor Kirchner, comenzó a plantearse la posibilidad de la nulidad de las le-

yes de obediencia debida y punto final, y ello me obligó a hacer pública mi posición, pues en modo alguno quer ía que se cometiera una nueva injust icia

y agravio a la memoria de los argent inos. El nudo de la cuest ión, a mi modo de ver, era que bajo la pretensión de "volver a fajas cero" con los proce-

sos judiciales, se desandara no sólo en aquellos caminos que se vieron inte- rrumpidos en la sanción y condena de las violaciones a los derechos

humanos sino también en aquellos que habían podido culminar, efect ivamente, con el establecimiento de las responsabilidades penales.

En agosto de 2003 envié una carta a los presidentes de los bloques radicales parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación.

A pocos meses de cumplirse veinte años de democracia, con las inst ituciones afianzadas y con la absoluta subordinación de las Fuerzas Armadas al po -

der presidencial, todo había cambiado. Más allá de la crisis social y económi- ca que todavía padecemos -y que estoy seguro de que habremos de superar-,

hoy la sociedad argent ina puede mirarse en el espejo y observar una sustancial transformación: ya no admit irá nunca más el retorno a un régimen dic-


tatorial. No es poco el cambio, luego de medio siglo de golpes de Estado.

Naturalmente, no pretendo atribuirme tan profunda transformación. Pero creo haber contribuido en la medida de mis posibilidades.

Éste es el contenido de la carta: En estos días se ha reinstalado un conflicto de poderes que involucra a la

Corte Suprema de Justicia, al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo

Nacional. En primer término, resulta fundamental que los tres poderes de-

ben actuar dentro del ámbito que la Constitución nacional les atr ibuye, sin

avanzar sobre las competencias de los demás, resguardando el respeto recí -

proco que se deben y a justando sus actos estr ictamente a la ley.

Además, hemos podido leer sobre la voluntad de importantes funciona -

r ios nacionales de obtener la declaración de nulidad de las leyes llamadas de

punto fmal y de obediencia debida. Según expresiones periodísticas, éstas

serían las razones que provocaron la "corrida" en las Fuerzas Armadas cu -

yas cúpulas aparentemente estaban solicitando a la Corte que no lo hiciera.

Sobre esto no voy a opinar , salvo sostener que se t rata de facultades ex -

clusivas del Presidente, si bien me atrevo a expresar cier ta extrañeza por la

magnitud de los relevos y a lamentar que algunos hombres brillantes hayan

tenido que pasar a situación de retiro.

Contradictoriamente se sugiere, tanto por funcionarios como por perio-

distas, que entre las causas más sensibles que se hallan a estudio de la Cor -

te Suprema de Justicia, y que podrían constituir materia de presión, se en -

cuentra la declaración de nulidad de esas leyes.

Aunque estoy convencido de que en su momento e ran válidas e indis-

pensables para proteger los derechos humanos para el futuro, el análisis de

la validez o nulidad de estas dos leyes debe hacerse hoy al margen de una

puja o conflicto de poderes, y resolverse conforme a la íntima convicción de

los máximos responsables de los poderes de la República,

El señor Presidente, si llegare a la conclusión de que estas leyes no debie-

ron existir nunca, podrá poner en conocimiento del señor procurador gene-

ral de la Corte mis declaraciones sobre las condiciones en que fueron pro-

mulgadas estas normas, especialmente el temor de perder la democracia, para

que este funcionario evalúe si ellas inciden en la validez de las normas y la

posibilidad de efectuar una presentación ante la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia deberá dictar sentencia conforme a sus

convicciones y a las constancias y antecedentes del proceso.


Reitero que como máximo responsable en la sanción y promulgación de

ambas leyes no me sentiré desautorizado ni agraviado, y como siempre,

aceptaré lo que la Justicia decida de acuerdo a derecho.

Como se advertirá, deseo compartir con ustedes y, a través vuestro, con

los demás miembros de los bloques de la Unión Cívica Radical, estas refle-

xiones sobre la eventual declaración de nulidad de estas leyes, al tiempo de

renovar el compromiso inclaudicable del radicalismo con la vigencia de la

Constitución, y particularmente en este caso, con la división de los poderes

que sostienen una república.

Sin entrar ahora en discusiones de tipo jur ídico, analizadas ya por impor -

tantes académicos, en su momento la Corte Suprema de Justicia declaró que

las leyes eran constitucionales.

Pero ahora, según entiendo, se plantea que dichas leyes serían no sólo

inconstitucionales sino también "nulas", porque, de acuerdo con reglas con-

suetudinarias del derecho internacional, los delitos de "lesa humanidad" o

"contra la humanidad" deben ser siempre castigados, y nada puede oponer -

se a ello, ni la prescripción, ni el perdón, ni ninguna clase de amnistía.

Esta línea de pensamiento, como ustedes saben, viene desde fines de la

Segunda Guerra Mundial con los procesos de Nuremberg y Tokio, y tuvo

una consolidación extraordinaria en la década del noventa con los tr ibuna -

les ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, con el proceso de extradición de

Pinochet, con la apertura de procesos en Europa por delitos contra la hu -

manidad cometidos en Latinoamérica y con la creación de la Corte Penal In -

ternacional para juzgar precisamente esos delitos.

No sé cómo se va a resolver este conflicto entre una norma internacio-

nal que se dice imperativa para todos los Estados y el derecho de los pue -

blos a "autodeterminarse", a decidir el mejor modo de resolver sus transi -

ciones democráticas. En América del Sur, casi todas las transiciones se

efectuaron con alguna forma de pacto con los dictadores. No las cr itico, pe-

ro afirmo que en la Argentina, no.

Además se actuó de una manera que no reconoce antecedentes históri -

cos, en la búsqueda de penalizar las violaciones anteriores. Todas las nacio-

nes modernas europeas se han construido a partir de amnistías tan amplias

que comprendieron, en su momento, a nazis, fascistas, franquistas, colabo-

racionistas, y a represores de Argelia, del Congo, de Indonesia, de Angola y

de Mozambique.

Reparen ustedes en todas las leyes de amnistía que se han dictado en


Europa del Este luego de la caída del Muro de Berlín. Ex profeso dejé para

el final de la lista al Reino Unido, al que podríamos recordarle su pasado co-

lonial en la India, en China, en Medio Oriente, en Zambia, y más actual -

mente en Ir landa.

En algunas oportunidades, incluso las Naciones Unidas han legitimado

la sanción de leyes de amnistía, como ocurrió en Haití, en El Salvador o en

Sudáfrica. ¿Son nulas todas esas amnistías? ¿Las sociedades están obligadas

siempre a castigar , aunque de esa manera fracase el establecimiento de la

democracia? Éstas son las preguntas de un debate que creo alcanza al mun -

do entero.

En nuestro país, resolver esta cuestión está en manos de los jueces, quie-

nes deberán analizar estos problemas a la luz de nuestras propias reglas cons -

titucionales y de los compromisos internacionales que ha asumido el país.

Hay ahora un presidente nuevo y la convicción que transmite sobre la con -

solidación del sistema democrático. Según él lo ha dicho, estas leyes no de-

berían existir , y entonces tal vez impulse la declaración de nulidad de las

mismas para borrar los efectos derivados de dichas leyes. La derogación no

impide los efectos, por el principio de irretroact ividad de la ley penal, pero

la declaración de nulidad equivale a declarar que las leyes nunca existieron.

Pienso que si el Presidente tiene voluntad y decisión, y está convencido

de que las leyes son nulas, debería actuar de acuerdo con sus convicciones.

En última instancia, él podría estar completando algo que muchos argentinos

deseábamos pero, como en mi caso, considerábamos inviable si a la vez que-

r íamos resguardar la libertad y la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Yo he dicho muchas veces que impulsé la aprobación de ambas leyes,

aunque no me gustaran, porque entendía en ese momento histórico que te-

nía la obligación de preservar la libertad, de preservar la autoridad democrá -

tica y de sancionar un régimen jurídico inequívoco que recogier a lo que ha-

bía anticipado durante mi campaña sobre las conductas paradigmáticas.

Reitero que la ley tenía como fin limitar la responsabilidad a la máxima

autoridad militar ; pero admito que la urgencia y la insistencia estuvieron con -

dicionadas por una realidad amenazante para la estabilidad de la democracia.

Una de las cosas que se aprende con dureza en el ejercicio del poder es

que la política es, entre muchas otras cosas, una opción entre costos.

Lo reitero, la decisión de enviar ambos proyectos de ley al Parlamento,

y su posterior promulgación, fueron realizadas en ejercicio de mi voluntad,

aunque debo reconocer que actué condicionado por las circunstancias que


he descrito y, fundamentalmente, por el temor de perder la libertad y la de -

mocracia de los argentinos.

No estoy diciendo algo que sea novedoso. Todos saben las tremendas

dificultades que tuvimos que enfrentar en estos temas durante mi gobierno.

Por eso puedo decir que el actual presidente puede promover un cambio de

actitud: depende de su voluntad política de hacerla y de su convicción de

que la democracia argentina está definitivamente consolidada. Sin ir más le -

jos, están los pedidos de extradición que han hecho los jueces extranjeros

que pretenden enjuiciar estos hechos. Si así lo considera, el Presidente po-

dría revisar la posición que se ha tenido hasta el presente.

Muchos creen que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara

nulas las leyes me provocaría un daño moral o de cualquier otro tipo. No es

eso lo que se debe tener en cuenta. Yo tuve la responsabilidad máxima cuan -

do ocupé la presidencia, y tuve que hacer algunas cosas que no me gustaron

pero que estuvieron destinadas a preservar valores superiores. Esto último,

obviamente, no pretende ser una excusa de los errores que he cometido.

Hoy, el pueblo argentino ha elegido un nuevo presidente al que todos

queremos que le vaya muy bien, y le ha conferido la responsabilidad de di -

r igir el país. Él deberá decidir , en el ámbito constitucional, si en la Argenti -

na es necesario o no preservar estas leyes, y si decide que no lo es, significa -

rá que la democracia está definitivamente consolidada. Tener la prueba de

esta consolidación me hará sentir el hombre más feliz de la tierra.

Si alguien tiene que ir a la cárcel, lo decidirá la Justicia. No estará rom-

piendo ningún pacto de impunidad porque nunca lo hubo. Se habrán supe-

rado las debilidades que me llevaron a impulsar dichas leyes. Hoyes su res -

ponsabilidad y lo respaldaré al Presidente si hace una cosa u otra.

Seguiremos luchando por el imperio de la justicia en una democracia

consolidada, en la Nación y en todas las provincias, sin ninguna excepción.

La Argentina sintió que vivía, y efectivamente vivió, una de las cr isis más

profundas de su historia. Se habló de que se estaba frente al abismo, se ha-

bló de caos, de anarquía, e incluso se habló de disolución nacional.

Pero lo cier to es que las sociedades y las naciones, por un conjunto de

razones di fícil de describir , renuevan sus esperanzas a pesar de las di ficulta -

des e imposibilidades que parecen rodearlas o cercarlas. No temo equivocar -

me si digo que percibo en los argentinos un renacimiento de esa esperanza.

Es como si sintiéramos que estamos abandonando una etapa.

Por eso es que me he permitido transmitir estas reflexiones, porque es-


ta cuestión de la que hemos hablado no se ha cerrado. Creí que se cerraría

y no fue así. El pasado una y otra vez vuelve sobre nosotros. Afortunada -

mente no se perdió la democracia ni los represores han vuelto a actuar , co-

mo muchos legítimamente temieron, pero el pasado de alguna forma sigue

condicionando el presente.

Siento que, como un actor de esa historia, estoy en la obligación de

transmitir mi pensamiento, reconocer circunstancias que a lo mejor permi -

ten encontrar una solución distinta a la que intenté, aunque con el mismo

fin: consolidar la democracia.

A lo mejor sea éste el último ancla je con un pasado que debemos rom -

per para darle fuerza a la esperanza renacida.

Posteriormente, frente a manifestaciones equivocadas del presidente Kirchner, aludiendo a que tales leyes fueron extraídas bajo extorsión del poder militar a

mi invest idura, debí emit ir otro comunicado, una segunda declaración, preci- sando que no hubo tal "extorsión" en el momento de impulsar aquellas leyes.

"Como protagonista pr incipal de las circunstancias históricas que rodearon la sanción y promulgación de esas leyes, creo necesario señalar que nadie me ha

extorsionado ni lo hizo con el Congreso de la Nación, y que las decisiones adoptadas por mi gobierno jamás fueron el resultado de un pacto con los dic-

tadores." Rat ifiqué de esa forma lo que había declarado ante el juez federal Claudio Bonadío: "Promulgué esas leyes en función de la defensa, en el me-

diano y largo plazo, de las libertades y de los derechos humanos de los argentinos, lo que const ituye d centro de mis convicciones". En ese orden de ideas,

recordé que: Durante la campaña electoral de 1983 manifesté siempre mi decisión de dis -

tinguir la responsabilidad de quienes dieron las órdenes, de la situación de

quienes las ejecutaron. En función de ello, durante mi gobierno fueron so-

metidos a juicio, por decisión presidencial, y condenados a prisión por la jus -

ticia, los integrantes de las juntas militares, responsables máximos de la repre-

sión ilegal. Esta situación no tiene precedentes en el mundo. Muchos otros

responsables seguían sometidos a juicio al final de mi gobierno. Varios me-

ses antes de los acontecimientos de Semana Santa fue sancionada la ley de

punto final; a su vez, la decisión política de sancionar la ley de obediencia

debida fue anunciada públicamente en el discurso que pronuncié en Las


Perdices, Córdoba, con anterioridad a esos episodios.

A la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final le siguió el pedido parlamentario para que la Just icia declarara la inconst itucionali-

dad de los indultos concedidos por el presidente Menem a los jefes militares procesados y condenados. Y tras ello, la decisión presidencial de re-

memorar el vigésimo octavo aniversario del últ imo golpe de Estado, el 24 de marzo de 2004, reintegrando el predio y edificio donde funcionó la

ESMA al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para er igir allí un Museo de la Memoria.

Sin embargo, estas importantes decisiones, animadas seguramente por los más compart idos y extendidos ideales y sentimientos de just icia, defensa de

los derechos humanos, lucha contra la impunidad y cult ivo de la memoria histórica, resultaron mellados por una act itud reivindicat iva y una interpreta-

ción de nuestro pasado que nuevamente recayó en el sectarismo, el soslayo y la omisión interesada, y, sobre todo, la pretensión de que nada se hizo duran-

te veinte años para conocer, invest igar y sancionar los horrores de la dictadura. Fue muy doloroso para mí escuchar de boca del Presidente aquel pedi-

do de perdón "por los silencios de la democracia" frente al terrorismo de Estado. Una muy desafortunada manera de trazar bisagras históricas borran-

do las conquistas y los hitos que permit ieron avanzar en el camino de la r e- paración y en el trazado de un futuro verdaderamente dist into.

Pero además se insiste sobre la misma idea de que las leyes del perdón, que ya me ocupé de analizar en su contexto, "borraron con el codo lo que se

escribió con la mano", aludiendo al juicio a las Juntas. Creo que he dejado suficientemente demostrada la falta de buen discernimiento y falsedad histó - rica que encubre dicha aseveración. Una vez más: los máximos responsables

del terrorismo de Estado fueron juzgados y condenados durante mi gobierno y permanecieron, durante todo mi mandato, cumpliendo sus condenas.

Me opuse siempre, por mi parte, a la sanción de cualquier forma de indulto o perdón para ellos.

Por últ imo, no resisto la tentación de dejar que hable por mí Carlos Nino, querido amigo y exigent ísimo colaborador, en su libro Juicio al mal absoluto:


Hubo pocas instancias en la historia del mundo, y cier tamente ninguna en

Latinoamérica, de persecución de quienes fueran los responsables por vio-

laciones masivas de derechos humanos. La Argentina hizo justamente eso y,

en forma aún más notable, llevó a cabo esta tarea sin un ejército invasor y

sin ninguna división de las fuerzas armadas apoyando los juicios, contando

sólo con su capital moral. Dadas estas circunstancias, la investigación y la

persecución de los abusos a los derechos humanos realizadas por el presi -

dente Alfonsín se sostuvieron milagrosamente bien.

El resultado fue el producto de acciones no coordinadas de varios agen -

tes independientes, y casi todo lo que podría requerirse moralmente bajo las

circunstancias, un ejemplo de lo que Bernard WilIiams llama suerte moral.

Los juicios contr ibuyeron a crear una conciencia pública acerca de los ho-

rrores que pueden ocurrir cuando la democracia y el estado de derecho son

dejados de lado. El presidente Alfonsín fue capaz, además, de lograr estos

resultados, sin poner a las instituciones democráticas bajo una excesiva ten -

sión debido a las reacciones de los militares. Consecuentemente, los milita -

res cambiaron gradualmente su forma característica de discurso, aceptando

una visión menos holística de Nación y una visión menos elitista epistémi -

ca acerca de sus necesidades.

Siempre es útil recordar

Es justo reconocer que, aun en medio de las más graves crisis, prevaleció a lo largo de los últ imos años el inst into de preservación de la democracia re-

cuperada, la reconstrucción de sus valores fundamentales y la noción del estado de Derecho. Si es así, estaríamos retornando el camino iniciado en 1983,

alejándonos definit ivamente del "país al margen de la ley" que tanta vio lencia y muerte produjo en la Argent ina, y consolidando la democracia, en resguardo de la libertad y en la búsqueda simultánea de la igualdad.

La consolidación de la democracia requiere de la vigencia de los derechos humanos, y comprende los derechos y garant ías contemplados en la Const i-

tución nacional. Muchos polít icos, periodistas y opinadores volvieron recu- rrentemente sobre la cuest ión al hablar de la necesidad de proteger los dere-

chos humanos de las víct imas de la inseguridad, contraponiéndolos a los


derechos humanos de los posibles vict imar ios, pretendiendo que se desco - nozcan las garant ías procesales de los sospechosos, como si éstos no tuvie -

ran el derecho de defensa, el beneficio de la inocencia y el de la duda, consagrados en el art ículo 18 de la Const itución nacional. Sigo creyendo en aquella

teoría de Sócrates de que es mejor padecer la injust icia que cometerla. En este sent ido debemos advert ir sobre los riesgos que vuelven detrás de deman-

das y ofertas de orden y seguridad que se asemejan a los discursos que abr ieron el camino al horror. La preocupación debe ser mayor cuando estas

expresiones de intolerancia se manifiestan electoralmente a través del apoyo a candidatos ident ificados con la violación de los derechos humanos.

Siempre es út il recordar cómo se perdió la democracia en nuestro país; recordar también hasta dónde una parte importante de la sociedad pudo re-

sist ir, encontró los canales de expresión o prestó su consent imiento en lo que pasó durante los años de vio lencia polít ica y más específicamente durante la

últ ima dictadura militar. No admito que todos tengamos la misma responsabilidad, ni del mismo grado ni del mismo t ipo, porque hubo algunas perso-

nas, civiles y militares, que fueron especialmente responsables en los hechos atroces que se cometieron y fundamentalmente en la degradación del estado

de derecho, en el sostenimiento de la últ ima dictadura militar, defendiéndola en los medios de comunicación, en los organismos internacionales de crédi-

to o en las Naciones Unidas. Me producen un fast idio especial las act itudes de quienes se beneficiaron económicamente con la represión y el "orden"

impuesto por la dictadura y luego se colocaron con una gran arrogancia en el lugar de fiscales de la República. Es necesario recordar lo, sin rencores ni

indulgencias.

MEMORIA POLÍTICA / TEXTO COMPLETO DEL DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CENA DE CAMARADERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, EL 5 DE JULIO DE 1985

Texto completo del discurso pronunciado en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas,

el 5 de julio de 1985

TENGO nuevamente el honor de presidir esta mesa de hombres de armas pa-

ra evocar un nuevo aniversario del nacimiento de la Patria. Por haber vest ido durante cinco años el uniforme del Ejército Argent ino, a una edad en que los

principios e ideales calan hondo en el alma, no me siento en absoluto ajeno a las inquietudes, tristezas y esperanzas de ustedes, y por ser hoy comandan-

te en jefe de las Fuerzas Armadas, las asumo con absoluta responsabilidad. Como en los días de la guerra de la Independencia, como en los días de

nuestros gloriosos padres fundadores, civiles y militares estamos afrontando juntos un desafío histórico del cual depende en gran parte nuestra vida como

Nación. Atacados sin piedad por la cr isis más importante de nuestro tiempo, no sólo optamos por defendemos sino también por pasar a la ofensiva.

El objet ivo no es simplemente sobrevivir. Si hemos tocado fondo, desde allí debemos tomar fuerzas para emerger como país plenamente soberano.

Sabemos que no podemos ser jamás un país plenamente soberano sin irrumpir en el indispensable proceso de modernización de todas nuestras es-

tructuras y sin integramos al mundo civilizado que hoy nos mira asentados en los valores que ese mundo reconoce: la legit imidad y el orden.

En la República Argent ina comienza a cerrarse una etapa, la etapa de ese pasado que nos aplastaba, y se inicia una nueva, donde todos miraremos ha-

cia adelante, cada uno en el cumplimiento de nuestro deber. Las Fuerzas Armadas argent inas no han podido sustraerse a la situación

generalizada de estancamiento, aun de retroceso, que desde hace cincuenta


años afecta a las inst ituciones nacionales. Además, la situación militar que

hoy vivimos es la resultante de una suma de circunstancias cuyos aspectos negat ivos vale la pena señalar.

El largo período de paz y tranquilidad que el país disfrutó desde comienzos del siglo hasta la década del setenta, generó desajustes importantes que a

su t iempo no fueron corregidos y gravitan pesadamente todavía hoy. El progresivo desinterés de los gobiernos por los temas de la defensa na-

cional y de la polít ica militar, pese a que éstas fueran asumidas como propias por las Fuerzas Armadas, dejó a la República sin esas polít icas durante más

de sesenta años. Cuando ese largo período terminó abruptamente, el país se enfrentó a

una situación de convulsión interna límite, a un grave conflicto con Chile y a una guerra sin que, paradójicamente, e l gobierno de facto que protagoni-

zó esos hechos tuviera definida una polít ica de defensa ni una clara polít i- ca militar.

La instrucción, el reequipamiento, el perfeccionamiento jurídico, el mejoramiento de los planes de carrera y, en suma, todo cuanto hace a la necesa-

ria revitalización y modernización quedó postergado, cediendo paso a otros atract ivos, que dieron pábulo a la progresiva burocrat ización y al acrecenta-

miento del macrocefalismo en detrimento de la capacidad operacional. El entusiasmo profesional se resint ió sobre todo en el estrato de las jerar -

quías superiores, que inevitablemente fueron concentrando su interés en las cuest iones de polít ica interna y alimentando el proceso de las deplorables in-

tervenciones militares en el gobierno. Una deformada concepción de la seguridad nacional -a su turno- fue el

factor generador de pesadas deformaciones orgánicas, funcionales y aun conceptuales, que desde el punto de vista del estado de derecho resultaron

las más graves. De este modo se introdujeron nuevas deformaciones, entre las que debe

señalarse una verdadera hipertrofia de organismos y personal de inteligencia reñida con la verdadera función técnica específica.

Lo más grave es que todas estas deformaciones se concretaron con el olvido del principio de la unidad de comando, en el contexto de tres fuerzas


no integradas, independientes, con atribuciones a veces superiores a las del

Estado mismo, y en ocasiones con marcadas rivalidades entre sí. El conflicto con Chile en 1978 obligó a un cambio de rumbo brusco y

sorpresivo, que, en definit iva, tampoco logró afirmar el escalón superior de co - mando, y el control interfuerzas, y casi sin solución de cont inuidad, sin previ-

sión alguna, sin instrucción conjunta, sin equipamiento adecuado, sin prepara- ción de ninguna especie, protagonizamos la guerra de las islas Malvinas.

Ustedes, señores, mejor que nadie conocen y son absolutamente conscientes del profundo caudal de enseñanza de todo orden que emana de la do-

lorosa herida abierta en el sent imiento de todos los argent inos. Actualmente, debemos admit ir que la magnitud de la tarea por realizar es

de tal envergadura que no resolveremos nuestros proble mas militares con los estrechos márgenes conceptuales de una reestructuración ni de una reorga-

nización y menos aún de un redimensionamiento de las fuerzas. La tarea implica e invo lucra a cada uno de esos pasos pero reclama más

aún. Por ello los invito a que de aquí en adelante definamos nuestro reto como una real y verdadera reforma militar, que ni más ni menos de eso se tra-

ta, si verdaderamente queremos dotar a la Nación de las fuerzas armadas que la situación requiere.

Fuerzas que reclaman una dimensión y disposición acorde con nuestras reales posibilidades, necesar iamente integradas en un sólido equipo de em-

pleo conjunto, modernizadas sobre la base de nuevos planes de carrera que otorguen mejores integrantes de nuestros cuadros y reequipadas con los me-

dios técnicos más eficaces y modernos. Nuevas fuerzas que en definit iva garant icen acabadamente la integridad

territorial de nuestro vasto país en el marco de la estrategia que claramente surge de nuestra actual situación.

La reforma militar, con el objet ivo superior que acabamos de definir, de- berá procurar un nuevo tono moral en el marco del absoluto respeto al or-

den inst itucional, alimentado por el entusiasmo profesional que proporciona la convicción de sumarse cada uno, individualmente y en conjunto, al gran

proyecto de la reconstrucción nacional. La reforma militar así concebida es la polít ica militar que este gobierno


se considera obligado a aplicar y es la mejor respuesta a la situación cr ít ica

que en muchos sent idos sufren las Fuerzas Armadas y sus integrantes. Como comandante en jefe no ignoro la cantidad y la magnitud de los es-

collos de toda naturaleza que este programa de reforma implica, pero tam- bién sé de la vitalidad, el entusiasmo profesional y la imaginación de ustedes,

los que reconozco como las mejores garant ías del éxito. Soy consciente -y es mi deseo que lo sea la ciudadanía toda- de la mag-

nitud del esfuerzo desarrollado por los cuadros de las Fuerzas Armadas y en especial por el señor jefe del Estado Mayor Conjunto y los señores jefes de

Estado Mayor específicos para superar con voluntad y verdadera vocación militar las limitaciones y obstáculos que la penuria económica nos impone.

Un comportamiento ejemplar en el marco de una obligada austeridad no hace sino confirmar las expectat ivas que nos alentaron cuando, desde el co-

mienzo de nuestra gest ión, expresamos nuestra convicción de que la relación entre el comandante y sus hombres part ía del concepto de obediencia, en-

tendida como un adecuado balance entre la libertad libremente cedida y la autoridad decididamente ejercida. Relación que se nutre también en la idea

de lealtad concebida como camino de ida y vuelta que vincula espiritualmen- te a superiores y subordinados en la misión de defender la soberanía y las ins -

tituciones de la Nación. Este comportamiento es absolutamente necesario en la hora actual, por -

que creo que no exagero si digo que la Argent ina afronta hoy el mayor desafio de su historia: el de su propia reconstrucción a part ir de un estado de pos-

tración y decadencia que la ha corroído en todos los órdenes. Aunque el aspecto económico de la reconstrucción aparece hoy en pri-

mer plano por la dramat icidad de sus apremios, esto es sólo parte de una tarea global que nos obliga a realizar, replantear y reformular hábitos estructu-

rales, formas de convivencia y nodo s de articulación entre los dist intos sectores de la sociedad.

Todos los componentes de nuestra vida comunitaria fueron cayendo a lo largo de las últ imas décadas en un proceso de decadenc ia y desintegración tal

que nos obliga ahora, que nos impone hoy, la ineludible obligación de encarar la reconstrucción en términos necesariamente globales.


Cualquier intento de reconstruir un sector estará condenado al fracaso

si lo encaramos aisladamente y no se inserta en un esfuerzo por reconstruir el todo.

Tenemos en realidad que reformular el país, ponemos en claro con nosotros mismos sobre el modelo de Nación que deseamos.

Si se me pidiera que definiera en pocas palabras el componente clave del proceso histórico que nos llevó a nuestro actual estado de postración, yo lo ca-

racterizaría como una progresiva pérdida de nuestro sent ido de la juridicidad. Durante los últ imos cincuenta años, y en todos sus sectores, el país ha

vivido cult ivando crecientes proclividades a la acción directa, al atajo ant iju- rídico, a la violencia explícita o implícita.

Lo que define a una sociedad como una totalidad integrada es la presencia de un tablero de juego común a todos, reconocido por todos y respetado

por todos, es decir, la conciencia generalizada de que nuestras acciones e in- teracciones deben sujetarse a normas válidas para todo el cuerpo social.

El todo social se desintegra de hecho cuando aquel tablero se desdibuja y pierde presencia, cuando los grupos internos del conjunto tratan de alcan-

zar sus propios fines al margen del orden jurídico o cuando se proponen fines que sólo son alcanzables mediante una violación de la juridicidad regula-

dora de la sociedad global. En esta pérdida del sent ido jur ídico y del sent imiento de integración so-

cial que sólo en la juridicidad puede fundarse, han desempeñado un papel de relieve los golpes de Estado.

Tales apelaciones a la acción directa han plagado a la historia del país en el últ imo medio siglo. Un exceso de simplismo ha llevado a definir los como

golpes militares, expresión en la que aquella propensión a ignorar la juridicidad y subvert ir las normas integradoras de la sociedad aparece imputada a un

solo sector del país, librando de responsabilidades a los demás. Esta visión del golpe de Estado carece de asidero en la realidad. Si nos

atenemos a ella en la interpretación de nuestra historia reciente nos conde- naremos a no entender la trama ínt ima de nuestra decadencia y por lo tanto

a no saber qué hacer para superarla. Los golpes de Estado han sido siempre cívico-militares. La responsabilidad


indudablemente militar de su aspecto operativo no debe hacemos olvidar la

pesada responsabilidad civil de su programación y alimentación ideológica. El golpe ha reflejado siempre una pérdida del sent ido jurídico de la socie-

dad y no sólo una pérdida del sent ido jurídico de los militares. Sería absurdo, en consecuencia, esperar que la superación del golpismo

provenga de una autocrít ica militar o de una acción de la civilidad sobre los militares.

La superación del golpismo sólo puede provenir de una reflexión global de la sociedad argent ina sobre sí misma. Éste es el único cr iter io realista e

históricamente objet ivo que puede servimos de punto de part ida para el e s- fuerzo por reconstruir reflexivamente la unidad de la Nación.

Incurriríamos también en una injust icia y en un error interpretat ivo de nuestra historia reciente si consideráramos que sólo en los golpes de Estado

se ha reflejado la pérdida del sent ido jurídico. Esta decadencia de nuestra conciencia legal ha encontrado también gra-

ves vías de expresión en regímenes formalmente const itucionales. Las práct icas fraudulentas, los abusos de poder, la idea de que el carácter

mayor itar io de la fuerza podría autorizar a ignorar los derechos de las mino- rías, fueron también en nuestro pasado componentes de la propensión a la

violencia y a la acción directa. También esto forma parte de los escombros a part ir de los cuales debemos encarar ahora la reconstrucción del país.

En este contexto histórico, caracterizado por lo que podríamos denominar una cultura de la ajur idicidad, surge durante las últ imas décadas el terrorismo.

Es cierto que este fenómeno respondió en no escasa medida a modelos extranjeros y a consignas ideológicas de otras lat itudes, pero ser ía un craso

error limitar a estos modelos y estas consignas la explicación de la presencia y la extensión que cobró en la Argent ina.

El terrorismo, una de las formas más crueles y sanguinarias de la acción directa, se nutrió también entre nosotros de aquel vasto contorno estructu-

ral volcado a la ajuridicidad. La arbitrariedad del fraude, el abuso del poder, el autoritarismo, el sojuz-

gamiento de las minorías, la acción directa golpista, componentes todos de un cuadro general de violencia implícita o explícita, configuraron el disolven-


te cuadro cultural que, práct icamente con toda la sociedad argent ina involu-

crada en él, sirvió de aliciente interno al crecimiento del terrorismo. Combat ir al terrorismo sin atacar ese cuadro cultural, o peor aún, comba-

tir lo a part ir de ese cuadro, resulta estéril. Puede acabar con él momentánea- mente, pero dejará en pie las condiciones para su reaparición.

La lucha contra el terrorismo, pues, sólo puede rendir frutos si se la en- cara como una lucha interior a nosotros mismos, a todos nosotros, una lu-

cha de toda la sociedad argent ina contra las raíces de su propia degradación cultural.

No se puede superar al terrorismo dejando en pie las demás expresiones de la ajur idicidad. O caen todas ellas en bloque, o el terrorismo seguirá laten-

te entre nosotros. Nada más erróneo que reclamar la supervivencia de estructuras, conduc-

tas o práct icas autoritarias como forma de prevención contra el terrorismo. Hacerlo significar ía regalarle al terrorismo las condiciones de su propia re-

producción. El camino por seguir es precisamente el inverso. Emprender una gigan-

tesca reforma cultural que instaure entre nosotros un respeto general por normas de convivencia que garant icen los derechos civiles, que generalicen

la tolerancia, resguarden las libertades públicas, dest ierren de la sociedad ar - gent ina el miedo. Todo eso se llama democracia. La única alternat iva a una

cultura de ajuridicidad es una cultura democrát ica. Si se lucha contra el terrorismo a part ir de la democracia y en defensa de ella, la victoria estará ase-

gurada sin necesidad de llegar a extremos dramát icos, porque tendrá delante de sí un terrorismo débil, aislado y desnutrido, desprovisto de un contor-

no cultural ajurídico que lo provea de just ificat ivos y fortalezca su capacidad de reclutamiento.

Vastos sectores de la sociedad argent ina cayeron durante los últ imos años en el trágico error de creer que sacrificando la democracia se creaban mejo -

res condiciones para combat ir la plaga terrorista. Lo que se logró por esa vía fue cambiar al terrorismo el signo, incluir en otras áreas la crueldad, la vio -

lencia y el desprecio por la vida que se pretendía combat ir en él. Erigir la acción directa del Estado como alternat iva de la acción directa


del terrorismo implica inevitablemente copiar, asimilar, absorber, internalizar

en el propio Estado y en quienes lo controlan las metodologías y la cultura de la violencia que teóricamente se aspira a suprimir. Librar la lucha en esos

términos es librarla al precio de dejarla sin sent ido. La consolidación de la seguridad interna, pues, en la medida en que se en-

tienda por ella seguridad contra la violencia, seguridad contra el miedo, seguridad contra el abuso del poder, la arbitrariedad y la prepotencia sólo puede

garant izarse mediante la instauración plena de la juridicidad democrát ica, no sólo en el ordenamiento inst itucional interno del Estado sino también en la

conciencia de los argent inos. La juridicidad así instaurada no podrá echar raí- ces ni alcanzar su necesaria plenitud si empieza a ignorarse a sí misma, en el

enjuiciamiento del pasado. Conocemos perfectamente que hay quienes confunden just icia con ven-

ganza, y que se mueven en la aún desart iculada sociedad argent ina fuerzas disgregadoras que pretenden hacer creer que no son hombres los que están

sentados en el banquillo de los acusados, sino las propias Fuerzas Armadas de la Nación. Quiero dejar perfectamente sentado que quienes así actúan

agravian a las inst ituciones de la Nación y a la propia invest idura presidencial, ya que por disposición const itucional el Presidente ejerce al comando

supremo de las fuerzas. Hablamos de nuestras Fuerzas Armadas. Aquellas que aún antes de nacer

demostraron en agosto de 1806 la act itud para defender la América del Sur de la invasión br itánica. Aquellas que cuando retornaron los últ imos grana-

deros de las campañas en Chile y en Perú tenían de la América toda el reco - nocimiento de haber trascendido las fronteras del naciente Estado indepen-

diente sin más propósito que el de asegurar la libertad de los pueblos hermanos.

Pero si grave resulta que en el seno de la sociedad civil aparezcan aquellas tendencias que nunca cobrarán vigor, gravísimo resulta que vaya a saber

en el curso de qué desvaríos o prisioneros de qué fanat ismos surjan en el seno mismo de nuestras fuerzas, hombres que promuevan idént ica confusión.

Decididamente no pueden permanecer entre nosotros. Debemos evitar su presencia deletérea y corruptora. Porque todos sabemos que los casi 170


años transcurr idos desde e19 de Julio de 1816 están llenos de encuentros y

des encuentros, y de luces y sombras, de alegrías y llantos, pero el objet ivo deseado y los modos de acción para su consecución, siguen siendo para las

Fuerzas Armadas los mismos que están ínsitos en el Acta de la Independen- cia: "Volcar la profundidad de nuestros talentos y la rect itud de nuestras in-

tenciones para alcanzar la libertad llenos del santo orden de la just icia". Es necesario impedir nuevas deformaciones. Hace muchos años que

nuestra sociedad ha entrado en crisis. Fueron sus diversos componentes po - lít icos, económicos y organizat ivos los que engendraron conductas de en-

frentamiento al margen de las normas constitucionales y de las inst ituciones. Este proceso se fue agravando con el correr del t iempo y es natural que

ello ocurriera en un país donde el crecimiento fue reemplazado paulat inamente por el achicamiento

Las Fuerzas Armadas no pudieron naturalmente permanecer incó lumes como brazo armado al servicio del Estado legít imo en la defensa exterior; se

pretendió convert irlas en brazo armado de poderes ilegít imos para ser ut ilizadas con fines que poco o nada tenían que ver con la defensa de la patria.

Se había desquiciado la economía, pero también el Estado y mucho más todavía el tejido social del país. Las Fuerzas Armadas no pueden ser parte nor -

mal de las inst ituciones cuando esas inst ituciones pierden vigor y no cumplen su cometido. No es cuest ión ahora de repartir culpas y responsabilidades. No

es nuestra tarea. Tampoco será -pienso-la de los historiadores que deben reconstruir objet ivamente la ilación y el sent ido de los hechos ocurridos.

Sabemos todos que esos per íodos turbulentos y decadentes de la historia, las incitaciones a la quiebra const itucional y al autoritarismo, part ieron desde

diversos ámbitos de la sociedad argent ina. En un país que en lugar de avanzar retrocedía se retrogradaron todas las

inst ituciones. Los hombres de armas, en lugar de defensores de la comunidad nacional,

llegaron a convert irse en sus dirigentes y sus administradores, lo cual const i- tuye la negación de la esencia misma del papel de las fuerzas armadas en una

nación civilizada, moderna y compleja. Incluso cuando un militar t iene éxito en su gest ión de gobierno, se ha transformado en un polít ico y ha dejado de


ser un militar.

Ésta no podía ser una propuesta válida para toda la inst itución. Podemos y llegaremos a ser un país moderno y en marcha. Con ese mar-

co las Fuerzas Armadas tendrán también un papel moderno y creat ivo. Nun- ca más serán instrumentos de poder ut ilizados ilegít imamente sino inst itucio -

nes cabales del Estado. Integradas por ciudadanos que, entre todas las vocaciones y funciones

posibles, han elegido la de poner su vida al servicio de la defensa de la vida de todos. Y esa ofrenda de la vida debe encontrar una contrapart ida digna en

el resto de la sociedad, una sociedad libre, democrát ica y en crecimiento. Es lo que todo militar dispuesto a defender la se merece. ¿Cómo pedirle a un

hombre que juegue su vida por la injust icia, por el autoritarismo, o por el em- pobrecimiento?

Una vida humana vale más que eso. Es el supremo valor de nuestra civi- lización y sólo debe ser sacrificada por valores e intereses sociales que se co -

rrespondan con esa dignidad. Así ocurre en los grandes y viejos países de Europa Occidental, de los que proviene nuestra herencia cultural y el origen

de buena parte de nuestros habitantes. Const itución, patria, progreso, hogar, desarrollo y solidar idad social. Va-

lores básicos para los militares que orgullosamente han asumido la misión de defender esas nobles comunidades nacionales. Nosotros debemos brindar a

nuestros militares la misma posibilidad de orgullo y dejar sepultadas para siempre en la historia otras épocas en que la decadencia y la t iranía no depa-

raban la posibilidad de papeles dignos a ninguno de los argent inos, incluso a los militares.

La endeblez de la sociedad argent ina, la decadencia de sus inst ituciones, el achicamiento de su aparato productivo y el debilitamiento de los mecanismos

naturales de la cohesión social arrastraron a todos sus integrantes a una lucha confusa por la supervivencia. Esa situación fue también caldo de cult ivo para el

sufrimiento y la promoción de grupos que bajo el signo de la protesta contra la injust icia y el desorden pretendieron instaurar un nuevo orden autoritario.

Muchos jóvenes argent inos cayeron en la trampa mortal del terrorismo y nuestra atribulada sociedad sólo pudo responder con una represión que no


estaba respaldada por ideales enraizados en una realidad consistente y veraz.

Eran hijos de la ment ira y por eso fueron víct imas fáciles de nuevas ment iras. Asumamos todos la responsabilidad de esa tragedia, como también asu-

mimos la tragedia de los militares que tuvieron que defender principios dejados de lado en la práct ica efect iva por esa misma sociedad. En muchos paí-

ses europeos asolados en años recientes por el terrorismo, vimos cómo la respuesta de las inst ituciones fue firme, segura, eficaz, sin que se alterarse en

lo más mínimo la vigencia de la legalidad. Ello fue así porque eran sociedades sólidas donde los valores de la democracia y de la convivencia civilizada

eran sent idos por la mayoría abrumadora de los ciudadanos como realidades palpables y vivientes. Hombres de las fuerzas del orden, de la just icia, de las

inst ituciones, que eran fuertes porque la sociedad era fuerte. Porque la demo - cracia no era una propuesta, sino el marco cotidiano en el que todos estaban

acostumbrados a vivir y al que querían defender a toda costa, con la cara con- vicción de que la democracia sólo se defiende con métodos democrát icos y

que lo contrario sólo ser ía ceder al enemigo. Esta clara voluntad determinó el fracaso y la derrota de los enemigos de la

democracia. Éstos sucumbieron polít icamente por la firmeza con que fueron enfrentados dentro de los estrictos marcos legales. Pero también por el aisla -

miento y por la indignación que habían suscitado en todo el cuerpo social. Los embates del terrorismo sorprendieron a nuestro país en una situa-

ción muy diversa. En una situación donde no reinaba la confianza en las instituciones. Donde predominaba la regla bárbara del "sálvese quien pueda" y

donde todos los grupos estaban empeñados en la defensa de sus intereses sectoriales. Doctrinas disolventes y autoritarias de las más opuestas orienta-

ciones pretendieron durante décadas confinar a los militares entre los lími- tes absurdos de una dicotomía todavía más absurda: ser los salvadores o los

enemigos de la patria, cuando los militares en una sociedad moderna y de- mocrát ica son nada más y nada menos que ciudadanos armados en la defen-

sa de sus valores y de su ordenamiento legal y polít ico, frente a las amenazas externas.

Debemos recuperar sin vacilaciones ese alto sent ido de la función militar, como parte de la vida cívica. Los militares son ciudadanos en plenitud, que


por noble vocación y noble decisión adoptan la misión de preparar y organi-

zar la defensa común de la patria y del Estado republicano. Su función se desvirtúa cuando falla el sistema, cuando entra en crisis y

se desquicia. La acción de las Fuerzas Armadas pierde entonces su sent ido. Vacilan sus cimientos ét icos. La más alta lección de moral militar frente a es-

te tipo de situaciones nos la ha legado el más grande soldado de nuestra historia. José de San Mart ín fue grande por su talento estratégico y por su pa-

triot ismo, por su espír itu de entrega a la causa nacional, pero lo fue también por su insobornable adhesión a las bases fundamentales de la ét ica castren-

se. No pudo concebir jamás la función militar sino como un servicio integral en defensa de la patria. Cuando se alejó de nuestro país lo hizo precisa-

mente para no desvirtuar su misión como hombre de armas al servicio de las inst ituciones republicanas. Se iniciaba en aquel momento un período do-

loroso de nuestra historia, en el que las Fuerzas Armadas se transformaron en los cuerpos armados de las dist intas facciones sociales y polít icas en pug-

na yeso repugnaba profundamente a la conciencia ét ica militar y republicana del Libertador.

Una vez superada esa etapa de confusiones y de desgarramiento, la reor - ganización nacional devolvió a las Fuerzas Armadas a su función inst itucional.

Nuestras Fuerzas Armadas modernas estaban dest inadas a ser como en todo país civilizado, una parte fundamental del aparato del Estado. Nuestras

Fuerzas Armadas modernas fueron hijas de la Const itución y de las leyes. La Const itución y las leyes de la República determinaron su existencia,

sus funciones y su sent ido. Cuando no rige la Const itución y se relat ivizan las leyes, cuando se altera el principio de la división de poderes y de la represen-

tatividad popular de los mandatarios, las fuerzas armadas dejan de ser el brazo armado de la Nación. Podrán obrar me jor o peor, fomentar el desquicia-

miento o contribuir a su superación, pero en la práct ica operan como grupos autónomos de ciudadanos armados.

La Const itución fija muy sabiamente que el presidente de la Nación es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, determinando así la plena in-

serción de ellas como parte del Estado. Cuando no hay presidente de la Nación elegido tal como lo determina la


Const itución, las Fuerzas Armadas quedan acéfalas y pierden automát ica-

mente su carácter de inst itución estatal. Por ello la defensa a ultranza de la Const itución debe ser para el militar la

defensa de su propia dignidad, del carácter ét ico y social de su función, de su papel como integrante legít imo de la comunidad en el ejercicio de una mi-

sión específica. Los argent inos no podemos seguir remendando estructuras perimidas,

retocando comportamientos ant iguos, repit iendo las mismas acciones ante los viejos problemas. Hemos puesto una bisagra a cincuenta años de deca-

dencia, estamos decididos a construir el país que nos merecemos y para ello es necesar io que tengamos siempre presente que vamos a transitar un largo

camino de transición, en el que se entremezclan la Argent ina que muere y la Argent ina que nace.

Permanentemente vamos a encontramos ante encrucijadas en las que tenemos que elegir entre un camino que nos conduce al pasado, al retroceso

histórico, a la cristalización de nuestro movimiento y otro que marcha hacia el futuro, y que permite vislumbrar un horizonte de concordia y progreso.

En esta marcha nueva de los argent inos, es preciso también que tengamos presente la necesidad de marchar juntos a un mismo paso, ciudadanos

armados y ciudadanos desarmados. Civiles y militares insertados como lo es- tán en un mismo camino, en una misma esperanza, con un mismo dest ino.

Ha sido muy larga y muy trágica la historia de desencuentros que hemos padecido. Divisiones en el campo civil, inept itud y falta de coraje en las diri-

gencias, irresponsabilidad a veces en quienes alcanzaron el honor de conducir una inst itución fundamental de la República y la condujeron hacia cami-

nos que jamás debimos haber aceptado los argent inos. Hubo falta de apego a la ley y a las inst ituciones y hubo subversión en la escala de valores de nues-

tra nacionalidad. Y esa honda crisis moral, cada uno con su grado de responsabilidad, debemos asumir que nos alcanzó a todos. A quienes refugiados en

intereses mezquinos fueron a buscar el apoyo de las armas para imponer su voluntad y quebrar la voluntad del pueblo y sus inst ituciones. Y a quienes

aceptaron silenciosamente la imposición de la fuerza y la violencia. A quienes apelaron al odio y al terror como arma de lucha polít ica ensu-


ciando valores anhelados y derramando la sangre de nuestra juventud y tam-

bién a quienes ut ilizaron los mismos métodos para combat ir la. Los argent inos dijimos basta a aquella pesadilla. Y cerramos un capítu-

lo nefasto de nuestra historia sobre la base de la just icia, e l esclarecimiento y la verdad.

También aquí cabe ahora la apelación a la conciencia de cada argent i- no, cualquiera haya sido su ubicación frente a la triste experiencia que vi-

vimos, en el sent ido de realizar un agudo ejercicio de autocrít ica y sanea- miento moral.

Estamos construyendo desde los escombros los cimientos de una Argen- tina moderna. Y construir un país moderno es también reconstruir nuestras

Fuerzas Armadas en su papel específico y en su inserción definit iva en el seno de la sociedad. De otra forma no podemos pensar en un futuro mejor, en

un nuevo proyecto de Nación en camino de crecimiento y libertad. Sólo lo alcanzaremos a través de una efect iva y definit iva acción común, en la que to -

dos vamos a ser parte. Nos toca como dir igentes y como hombres de una generación que ha su-

frido los embates de la violencia y de la destrucción, asumir la responsabilidad de construir una nueva nación reencontrada con los valores que le die -

ron origen. Nos toca responder sat isfactoriamente a las demandas de las generacio -

nes jóvenes que se niegan a aceptar las respuestas ambiguas y las posterga- ciones en sus anhelos de just icia. Los vemos avanzar decididos hacia un fu-

turo mejor. Decididos a borrar definit ivamente de nuestra historia los enfrentamientos estériles y los comportamientos autoritarios, las razones de

la fuerza por sobre las ideas, la obediencia ciega, o la manipulación de sus conciencias y de sus actos.

Han visto pelear a sus padres, han recibido una larga secuencia de desa- ciertos, proyectos trunco s y esperanzas rotas, como conflict iva herencia de

un país maltratado. No les supimos dar respuestas y fueron embarcados en experiencias de odio y terror que llevaron la agresión y la violencia hasta el

paroxismo. Jamás la Argent ina sufrió tanto como en el últ imo decenio. Jamás como en los últ imos años se abandonaron a su suerte tantas voluntades de-


jando caer o aplastando los brazos de una Argent ina que luchaba por rena-

cer. Jamás, entonces, fue tan necesario como hoy el reconocimiento de la ver - dad, la admisión de los errores, e l rechazo de formas y procedimientos que

ahora y siempre debemos evitar. Ya no hay más espacio para aquel pasado. Hemos terminado para siem-

pre con el autoritarismo y las decisiones unilaterales que subvirt ieron nuestro orden inst itucional, y restablecimos el orden const itucional republicano y

democrát ico, como único marco en el que personas e inst ituciones pueden desenvolverse y desarrollar a pleno sus capacidades.

Es mucho, mucho más de lo que a veces percibimos lo que hemos avanzado en este segundo año de vida en libertad. Pero debemos tener viva con-

ciencia también de cuán profundas han sido las heridas inflingidas al cuerpo social de la nación. No alcanzan las normas jur ídicas, no alcanzan los actos

de gobierno, no bastan las voluntades de los dirigentes, para reparar las heridas del pasado que dejamos atrás. ..

Hemos producido hechos inéditos y auspiciosos que sirvieron para mostrar que esta vez la verdad, la just icia y la defensa de la dignidad humana no

son esperanzas abstractas. Ahora es necesario que marchemos juntos desde el corazón mismo de la

sociedad, hacia la reconciliación definit iva de los argent inos, con un sent ido enaltecedor de just icia basado en la ét ica social.

Yo no creo en los puntos finales establecidos por decreto. No se cierran capítulos de la historia por la sola voluntad de un dirigente, cualquiera sea la

razón que lo anime. Pero sí es fundamental que exista conciencia y consenso en torno a esto:

es la sociedad misma la que en un acto de severa contrición y reconocimien- to de su ident idad está recogiendo la experiencia del pasado y comienza a de-

cidirse a encarar el futuro con la mirada hacia adelante, con el paso decidido, con humildad y con osadía.

Mirar hacia adelante significa responder con un noble acto de concepción ét ica a las esperanzas de aquella juventud que no quiere volver a ser nunca

más carne de cañón. Es no permit ir que se pretenda aborregar nuestra savia joven o encarrilarla hacia el escept icismo y la frustración.


Es colocar por encima de todo el valor de la vida y de la convivencia en

un pueblo reconciliado. Es establecer responsabilidades jur ídicas y morales en la memoria colect iva de nuestra sociedad. Es la cuota de arrepent imiento

asumida por cada uno, por cada sector. Y bien, podemos ponemos a trabajar para adelante. No más violencia.

No más just icia por propia mano y alejada de la ley. No más prepotencia e intolerancia en la Argent ina de hoy. No cerramos la puerta de nuestra histo -

ria. No tratamos con superficialidad o condescendencia a quienes tengan que asumir responsabilidades ante la historia y ante la sociedad.

No hacemos polít ica en beneficio de uno u otro sector. Estamos nada más ni nada menos que intentando consolidar este tránsi-

to de un pueblo unido hacia su dignidad. y para ello es fundamental que haya reconciliación.

MEMORIA POLÍTICA / TESTIMONIO DEL MINISTRO DE DEFENSA HORACIO JAUNARENA ACERCA DE LOS ACONTECIMIENTOS DE CAMPO DE MAYO (ABRIL DE 1987)

Testimonio del ministro de Defensa

Horacio Jaunarena acerca de los acontecimientos de Campo de Mayo (abril de 1987)

ME VOY A REFERIR exclusivamente a los hechos acontecidos en la tarde y no -

che del sábado y en la mañana del domingo, que son de mi conocimiento directo por haber sido protagonista.

Por intermedio de Facundo Suárez, por ese entonces a cargo de la SIDE, se había organizado una reunión en el Edificio de la Fuerza Aérea; iban a par -

ticipar monseñor Medina (vicario castrense), el brigadier Crespo, Facundo Suárez y el teniente coronel (RE) Vila Melo, quien decía representar a Rico.

Por expreso pedido del Presidente part icipé de esa reunión en razón de que se pensaba que yo estaba en condiciones de interpretar mejor el pensamien-

to presidencial en una reunión tan delicada. En el encuentro, Vila Melo hizo conocer las exigencias de Rico, que eran -según le manifesté- claramente ina-

ceptables. En atención a ello, en ese momento resolvimos que yo tuviera una entrevista con Rico en Campo de Mayo, lugar al cual me trasladé en helicóp-

tero, previo conocimiento y consent imiento del Presidente. Una vez allí, y acompañado por el general Vidal, nos ubicamos en un ám-

bito presuntamente neutral, en donde se presentaron Rico, Venturino y una fuerte custodia de hombres armados y vest idos de fajina.

A mi pedido, la custodia se ret iró, por lo que quedamos Rico, Venturino, el general Vidal y yo.

La impresión que tuve en ese momento es que, si bien el que llevaba la voz cantante era Rico, el mentor que lo alimentaba era Venturino. De todas

maneras, y luego de largas discusiones por momentos muy ásperas, pudimos


resumir el pet itorio de Rico en cinco puntos: 1. pase a ret iro del general Ríos

Ereñú y su reemplazo por otro a elegir de una lista de cinco generales que allí se me exhibió; 2. solución "polít ica" (es decir, amnist ía) de las secuelas de

la represión de la guerrilla; 3. cese de la campaña contra las Fuerzas Arma - das por parte de los medios de comunicación; 4. aumento sustancial del pre-

supuesto de las Fuerzas Armadas; 5. no sancionar a los protagonistas de los hechos de Semana Santa.

A estos requerimientos contesté: 1. Que el general Ríos Ereñú ya había solicitado su ret iro y que no se acep-

taba la pretensión de que el nuevo jefe del Estado Mayor fuera electo de la lista que se me presentaba (el general Caridi, designado luego, no esta-

ba en ella). 2. Que el gobierno ya tenía una decisión tomada con respecto a este tema y

que ya la había anunciado el doctor Alfonsín en un discurso emit ido pocos días antes en la localidad de Las Perdices, provincia de Córdoba. Lo

que yo personalmente lamentaba es que ahora esa decisión ya tomada por el gobierno iba a ser interpretada como consecuencia de la presión de los

revoltosos. No obstante, se seguir ía con lo que ya estaba decidido. 3. Que en una democracia, el gobierno no dirige los medios de comunica-

ción, de manera que sobre el tema no se podía hacer nada y que el movimiento que estaban llevando adelante no hacía otra cosa que destruir aún

más el prest igio de las Fuerzas Armadas. 4. Que la situación presupuestaria no podía resolverse exclusivamente mi-

rando a las Fuerzas Armadas, sino también a los requerimientos de otros sectores de la sociedad tan dignos de protección como ellas.

5. Que la Just icia estaba interviniendo y, por lo tanto, sería ésta la que en definit iva resolvería sobre sus responsabilidades.

Finalmente le hice saber a Rico que había una muchedumbre cada vez más inquieta, que la situación podía tomarse incontrolable para el propio gobier-

no y que las consecuencias iban a ser lamentables, mucho más para aquellos a los que él estaba acaudillando, por lo que le requería que cuanto antes de-

pusiera. su act itud. Luego de una discusión áspera entró en razones y me dijo que necesi-


taba esa noche para persuadir a sus camaradas que estaban muy exaltados,

por lo cual requería t iempo hasta el d ía siguiente a las 10 de la mañana para entregar me la unidad formada y subordinada al gobierno const itucional.

Así se acordó, razón por la cual me ret iré e informé acerca de la situación al Presidente.

Horas más tarde, el propio Rico se trasladó a la sede del Estado Gene- ral del E jército e informó al general Ríos Ereñú que a la mañana siguiente

haría entrega de la unidad en la forma que le había ant icipado al ministro de Defensa.

Al día siguiente (mañana del domingo) me trasladé a Campo de Mayo. Cuando llegué me encontré con una situación absolutamente diferente a la

esperada: Rico se presentó acompañado por una docena de hombres armados y en act itud amenazante. Yo me hallaba solo con mi ayudante, y sin

mucha posibilidad de comunicarme con el exterior, rodeado de gente visible- mente fuera de control. En ese contexto, Rico me dijo que yo le había men-

tido, que "lo había corrido con la vaina", porque esa noche él se había ente- rado de que el gobierno estaba dispuesto a dar la amnist ía a todos aquellos

que intervinieron en la represión de la guerrilla, y que yo había quer ido hacerme el héroe ante los ojos de un Presidente que estaba dispuesto a conce-

der mucho más de lo que yo había manifestado. Frente a ello, le pregunté de dónde había sacado semejante despropósito.

Me manifestó que se lo había dicho el intendente de San Isidro, quien había estado en Campo de Mayo luego de que yo me hube ret irado . Le pregunté si

él apreciaba la diferencia entre la palabra del ministro de Defensa y la del in - tendente de San Isidro, y me contestó que frente a este doble mensaje él que-

ría que fuera el propio Presidente el que le dijera lo que realmente el gobier - no estaba dispuesto a hacer.

Dadas estas circunstancias, al advert ir que todo lo que se había avanzado había quedado destruido y apreciando que la situación se agravaba a medida

que pasaban los minutos, me comuniqué con la Casa de Gobierno. Hablé con uno de los edecanes del Presidente, al cual en medio de mi indignación

y fur ia le manifesté que, gracias al caos y a los dobles mensajes que emit ían quienes posiblemente quer ían ayudar, habíamos llegado a la situación en que


estábamos y que no veía otra alternat iva más que el Presidente viniera y rat i-

ficara cuál era la intención del gobierno const itucional. Luego de ello marché a la Casa de Gobierno cuando ya AIfonsín iba a

part ir hacia Campo de Mayo.

Junio de 2004

MEMORIA POLÍTICA / A MANERA DE EPÍLOGO

A manera de epílogo La gestión de gobierno de Raúl Alfonsín:

desafíos y respuestas

Es una verdad probada por la experienc ia histórica que

en este mundo sólo se consigue lo posible si una vez y

otra vez se lucha por lo imposible.

MAX WEBER

ACABAMOS de cumplir veinte años de la recuperación de la democracia, cuando ello de diciembre de 1983 salimos del momento más oscuro y doloroso

de nuestra historia del siglo xx, marcado por la ruptura inst itucional que vio - ló la República, por la represión polít ica e ideológica criminal, con el país

económicamente arrasado, la cultura y la libertad de expresión sofocadas, y la sociedad herida, enfrentada y somet ida por el régimen militar que se había

impuesto en 1976, en el contexto de una desatada subversión homicida y el accionar de los grupos irregulares de las tres A. 1

En el mensaje presidencial de ese día a la Asamblea Legislat iva, Raúl Alfonsín decía:

Hoy asumimos el gobierno de la Nación cuando está sumida en la cr isis qui -

zá más grave de su histor ia. Pero los dolores que hemos vivido nos dejaron

lecciones que no podemos ni debemos olvidar . [. ..] Por la libre voluntad del

pueblo argentino, tengo el honor y la responsabilidad de asumir la presiden -

cia de la República. Los hombres y mujeres de mi pat r ia me honraron con-

fiándome ese cargo con una esperanza: la de recuperar la Nación para la vi -

da, la justicia y la libertad.


Para esta recuperación nos proponía a todos los argent inos "llevar a cabo una cruzada horizontal y vert ical de democrat ización sobre la base de una acción

renovada de los part idos polít icos, de las asociaciones intermedias y de cada uno de los ciudadanos, en forma de permit ir que los sistemas de fuerzas que

anidan en la sociedad argent ina se art iculen en una convivencia pacífica y creadora". Y agregaba el compromiso de su "gobierno [el cual] no se cansará de

ofrecer gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ét ico e ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante. Sin la conciencia de la

unión nacional -afirmaba- será imposible la consolidación de la democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos contenidos". El presi-

dente invita al d iálogo, a la búsqueda y la construcción de consensos como metodología para procurar la edificación de un Estado legít imo, que const itu-

yó siempre su prédica y determinó la conducta permanente en la acción polí- tica y en el ejercicio del gobierno por parte de Raúl Alfonsín. 2 Estaba pi-

diéndole al pueblo que se asumiera como actor para construir la sociedad deseada, que sólo mereceremos si somos capaces de forjarla nosotros mismos.

La consolidación de la democracia

La consolidación de la democracia, la unión nacional, la reconciliación de la

sociedad mirando siempre "hacia adelante" fueron los objet ivos irrenuncia- bles que dieron origen a los más cruciales empeños y difíciles decisiones a lo

largo de toda la gest ión del presidente Alfonsín. Él enfat izó el alcance de la palabra consolidación, la cual, al referirse a la democracia no puede evocar en la Argentina ideas de conservación, de respeto al statu

quo ni sólo de restauración; debe evocar, al contrario, cambios, transforma -

ciones, innovaciones. Consolidar la democracia en nuestro país es una tarea

audaz; de ninguna manera resignada. Exige imaginación, voluntad de crear ,

de inventar; exige todo menos repetir viejos esquemas y anacrónicos enfren -

tarnientos. Exige, por lo tanto, un ancho abanico de reformas profundas. El

requisito básico para poner en marcha esa consolidación imaginativa de


nuestro incipiente régimen democrático es la institución de lo que cabe lla -

mar un pacto de garantías entre los protagonistas y en general entre todos

los actores del quehacer político; el ejercicio de la democracia exige el res -

peto generalizado de un conjunto de reglas de juego, sin el cual ninguna po-

lítica responsable es posible.

El país necesitaba protagonizar una verdadera gesta ciudadana, cambiar mu-

chas concepciones y práct icas culturales, y fue convocado para ello. Pero no todos lo comprendieron y, lo que es más grave, muchos se opusieron act iva

y sistemát icamente a asumir tal compromiso, generando confrontaciones traumáticas. La fuerza inercial de muchos factores negat ivos de la crisis he-

redada, los intereses y las presiones ejercidas por dist intos y numerosos actores sociales, la concepción tan arraigada de tratar siempre de derrotar al

atto como manera de llegar al poder como alternat iva y las profundas frac- turas que habían sido producidas en la comunidad nacional obstaculizaron el

camino y desnudaron una realidad adversa.

Dar testimonio

El gobierno tuvo fracasos, pero también iniciat ivas desafiantes y éxitos a señalar. Hoy la historia parece detenerse sólo en los primeros. Pero si, ci-

tando a Borges "la verdad histórica no es lo que sucedió, es lo que juzga- mos que sucedió", y teniendo en cuenta que lo que no está escr ito no exis-

te, es importante dar test imonio a part ir del conocimiento de los hechos tal como fueron vividos y de las percepciones y convicciones ínt imas del prin-

cipal protagonista, para poder ubicarnos informadamente y formar nuestro juicio independiente. Ésta ha sido una ant igua y reiterada sugerencia

mía al ex presidente de la Nación, quien, en el momento de decidir poner esos sucesos en las páginas precedentes, me conced ió el honor de hacer, a

la manera de epílogo, un análisis en el que recorriera algunos de los aspectos que considero significat ivos en su gest ión de gobierno. Me refer iré

entonces a las realizaciones y los proyectos que nos permitan entender e interpretar mejor los desafíos de la época y las respuestas que se plantearon


frente a ellos. No se tratará, de ningún modo, de presentar un examen ge-

neral de las polít icas que puso en marcha el gobierno de Raúl Alfonsín, sino, apenas, de señalar algunos hitos que marcaron el sent ido y los pr inci-

pios que las sustentaron y las condiciones de su realización. Habrá, seguramente, a lgún solapamiento con temas tratados por el autor, pero

considero necesar io presentar aquí este todo interrelacionado. Ello dejará más en claro el contexto y permit irá visualizar más acabadamente las res-

tricciones, las insuficiencias, los logros, los caminos abiertos, así como las propuestas visionarias no realizadas.

Un gobierno de transición

Para comenzar, es necesario advert ir que el gobierno que se instalaba era la

transición desde una dictadura que se desalojaba, hacia una democracia naciente respaldada por el voto mayor itar io de una ciudadanía esperanzada.

Se venía a restaurar la República, a sentar las bases para el progreso y el desarrollo de una sociedad moderna en medio de una profunda crisis que abar-

caba todos los aspectos de la vida nacional. No se trataba de un simple cambio de gobierno que iniciaba una nueva gestión, era un momento

fundacional, de gestación de una Argent ina diferente, de construcción de una nación plenamente soberana que debía deshacerse de una pesada heren-

cia para proyectarse hacia el futuro, para construir la democracia como sistema de vida y de convivencia.

No a la impunidad

El Poder Ejecut ivo, apenas asumido, convocó al Congreso Nacional a reunirse en sesiones extraordinarias y le envió un conjunto de proyectos de ley vin-

culado con las vio laciones a los derechos humanos que había padecido el país, para su tratamiento inmediato. Entre las más importantes se encuentra la de-

rogación de la llamada "ley de autoamnist ía", sancionada por decreto de la Junta Militar justo antes de dejar el poder, por la cual se declaraban "ext ingui-


das las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación

o finalidad terrorista o subversiva", y se extendían sus beneficios "a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo

de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas act ividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien

jurídico lesionado". La propia existencia de este decreto -ley y su contenido const ituyen una admisión de culpa por la acción del terrorismo de Estado ut i-

lizado amplia e indiscriminadamente contra el terrorismo subversivo y el res- to de la población. Por la ley 23.040, primera sancionada por el gobierno de-

mocrát ico, fue derogado y declarado insanablemente nulo. Otras leyes incluyeron: la derogación de las leyes de facto que regulaban

el procedimiento contra el terrorismo; la derogación de las normas que po - sibilitaban el somet imiento de civiles para su juzgamiento por tribunales mi-

litares en períodos de conmoción interior; la derogación del cuerpo de disposiciones por las que el gobierno podía expulsar del país a extranjeros por

causas polít icas o ideológicas. Paralelamente, se promovió la ley de protec- ción del orden const itucional y de la vida democrát ica, elevando el ant iguo

delito de rebelión a la categoría de atentado al orden const itucional, y penan- do la amenaza pública de cometer estos hechos.

Una pieza fundamental fue la modificación del Código de Just icia Militar, que estableció hacia adelante la limitación de la competencia de los tribunales

militares en los delitos de esa naturaleza, correspondiéndoles a los tribunales ordinar ios el juzgamiento de los delitos comunes cometidos por los militares.

Siguiendo el pr incipio del juez natural de la causa, se permit ió la actuación de los pr imeros para el juzgamiento de los hechos acaecidos en el pasado, pero se

introdujo una disposición según la cual sus resoluciones o su falta de diligencia- miento serían apelables ante la Cámara Federal. Se generó así un nuevo recurso

de apelación que podían interponer tanto el acusado como la parte acusadora para ser atendido por los tribunales civiles comunes a todos los argent inos. El

proyecto contenía los tres niveles de responsabilidad ampliamente difundidos por el presidente en su campaña electoral: la de los que planificaron, decidieron

y dieron las órdenes de la represión, la de los que se extralimitaron en la ejecu- ción de las operaciones ant isubversivas, y la de los que cumplieron órdenes en


función de la obediencia debida a sus mandos militares, inducidos al error y ba-

jo la presión de las circunstancias. 3 En la tarea parlamentaria, a través de modificaciones producidas en el Senado, se eliminó la eximente de la obediencia de-

bida.4 Se promovieron, además, la revisión de las condenas a civiles dictadas por tribunales militares, y se derogó la competencia de esos tribunales para delitos

comunes cometidos por personal militar o de segur idad, con lo que se puso fin a un sistema de privilegio vigente desde la época colonial.

Entre las primeras medidas tomadas por decreto se ordenó la prosecu- ción de las causas penales contra los jefes guerrilleros de las organizaciones

terroristas acusados de homicidio, asociación ilíc ita, inst igación pública a cometer delitos, apología del delito y otras causas que pudieren surgir. Del

mismo modo, se establecieron las causas penales contra los integrantes de las tres juntas militares por los delitos cometidos en su acción represiva, que

fue calificada como "terrorismo de Estado" en el texto del decreto correspondiente. Posteriormente, nuevos decretos ampliarían esas acusaciones a

los altos jefes de cuerpos de Ejército como Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason, el jefe de policía Ramón Camps, y de la jefatura de la

Escuela de Mecánica de la Armada, de triste memoria. Simultáneamente, mediante otro decreto se creó la Comisión Nacional sobre la Desapar ición

de Personas (Conadep). Por otra parte, se procedió a desmantelar el apara- to represivo existente, se derogó la doctrina de segur idad nacional y se

discut ió el rol de las Fuerzas Armadas para la democracia, e l que quedó finalmente plasmado en la Ley de Defensa sancionada en 1988.

Es fundamental el reconocimiento de la acción desarrollada por la Cáma- ra Federal en el juicio de los comandantes de las tres Fuerzas Armadas y por

la Conadep en la invest igación del terrorismo de Estado, porque ellos const ituyen la condena penal de los principales responsables, en el primer caso, y

la condena moral de todos los que intervinieron a través del conocimiento que se t iene de sus nombres, de la metodología ut ilizada y de las redes de

centros de secuestro, tortura y muerte en que actuaron, en el segundo caso. La alt ísima significación de estos hechos no ha tenido la debida valoración

de la sociedad argent ina, contrario sensu a lo que sucede en muchos otros lu-

gares del mundo.5


La Comisión Nacional sobre la Desapar ición de Personas fue creada por el

presidente Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, con la misión de esclarecer los dolorosos hechos sucedidos en el país durante la época de implantación del

terror, recibir las denuncias de desaparecidos y secuestros de personas realizados entonces y producir un informe, que sería público, del resultado de su la -

bor. La Comisión fue presidida por el prest igioso escritor Ernesto Sábato y estuvo integrada por Ricardo Colombres, René Favaloro (quien renunció),

Hilar io Fernández Long, Carlos T. Gatt inoni, Gregorio Klimovsky, Marshal T. Mayer, Jaime R De Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú, y

los diputados nacionales Horacio H. Huarte, Sant iago M. López y Hugo Piucill. Actuaron como secretarios Raúl Aragón, Graciela Fernández Meijide,

Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopoldo Silgueira. En el prólogo del informe, comienzan expresando:

Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que

provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda. Así

aconteció en Italia, que durante largos años debió sufr ir la despiadada ac-

ción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos simila -

res. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del de-

recho para combatir lo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los

tr ibunales ordinarios, ofr eciendo a los acusados todas las garantías de la de-

fensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miem-

bro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa tortu -

rar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras

memorables: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio,

implantar la tortura". Por el contrario, para los dictadores argent inos -en quienes estaban ausentes la ét ica ciudadana y el respeto a las nobles tradiciones sanmart inianas

de las inst ituciones a que pertenecían- esto const ituía un mero prejuicio y el fin just ificaba los medios, tesis todavía sostenida y reiteradamente reivindica-

da por algunos sectores de las Fuerzas Armadas. La tarea de la Comisión fue ímproba. Recibió a varios miles de denuncian-

tes individuales e inst itucionales, libró alrededor de 1.300 pedidos de informa-


ción a inst ituciones de las Fuerzas Armadas, a dist intas policías provinciales y

a la Policía Federal, y a diversos organismos públicos y privados involucrados. Muchos no fueron respondidos y a menudo hubo que recurrir al presidente

de la Nación cuando las inst ituciones militares alegaban el carácter reservado o secreto de los datos requer idos para negarse a suministrarlos. En sus archi-

vos hay denuncias de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del 24 de marzo de 1976, fecha en que asumió la Junta, y se regis-

traron 8.960 personas que estarían desaparecidas a la fecha de realización de su tarea. Se presentaron 1.086 casos al Poder Judicial, y gran parte de la evi-

dencia relevada fue decisiva en el desenvo lvimiento de los juicios. El informe final, entregado al presidente el 20 de sept iembre de 1984, lle-

va el t ítulo sugest ivo de Nunca más.6 Al término de su prólogo se lee: Con tr isteza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en

su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue

muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, des -

pués de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado de-

liberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y has-

ta se han demolido edificios. [. . .] Las grandes calamidades son siempre

aleccionadoras, y sin duda el más terr ible drama que en toda su historia su -

fr ió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en

marzo de 1976 servirá para hacemos comprender que únicamente la demo-

cracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror , que sólo ella

puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la cr iatura hu -

mana. Únicamente así podremos estar seguros de que Nunca más en nuestra

patr ia se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en

el mundo civilizado.

La misión había sido cumplida cabalmente. Hoy la sociedad sabe, la sociedad argent ina y el mundo han juzgado, y este juicio forma parte de la memoria

colect iva. En relación con el juzgamiento de los integrantes de las tres Juntas Mi-

litares, cabe preguntarse si la decisión de someterlos a la jur isdicción de los tribunales militares fue o no acertada. Esta decisión era jur ídicamente co-


rrecta, pero tenía también una razón polít ica profunda, que era la de posi-

bilitar a las Fuerzas Armadas que ellas mismas se pusieran del lado del De- recho, que lavaran las manchas que ensuciaban el prest igio de las

inst ituciones a que pertenecían, y que se reconciliaran con la sociedad de la que habían quedado separadas por una brecha profunda. Lamentable -

mente, el mensaje no fue valorado y la ocasión no sólo fue perdida sino que la act itud pert inaz de negar la verdadera naturaleza de los hechos acae-

cidos tuvo un alto costo en la historia conflict iva de ese período. Los pro - cesos se desarrollaban morosamente, con un ritmo que se oponía al

propósito central de hacer just icia y cerrar la llaga abierta, tal como lo reclamaba la sociedad y lo esperaba el Poder Ejecut ivo. El Consejo Supremo

de las Fuerzas Armadas producía prórrogas sucesivas. Ante esta situación, en abril de 1985 se puso en marcha la cláusula de apelación prevista en la

reforma del Código de Just icia Militar, y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se hizo cargo de las actuaciones. El juicio fue

oral y público y pudo ser seguido por todos los interesados y por la prensa nacional e internacional.

La sentencia, dictada el 9 de diciembre de 1985, condenó a Jorge Rafael Videla y a Emilio Eduardo Massera a pr isión perpetua e inhabilitación abso -

luta perpetua; a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Orlando Ramón Agost i a 4 años y medio de prisión e

inhabilitación absoluta perpetua; a Armando Lambruschini a 8 años de pri- sión e inhabilitación absoluta perpetua, todos ellos con dest itución del ran-

go militar. Fueron absueltos Oscar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galt ier i, Jorge Isaac Anaya y Basilio Arturo Lami Dozo, en rela-

ción con los delitos que se invest igaban. El fallo ordenaba, además, a los Tribunales Militares invest igar a los oficiales superiores que ocuparon las

jefaturas de zonas y subzonas y a todos aquellos que hubieran tenido responsabilidades operat ivas en las acciones contra la subversión. Pocos días des-

pués, la Corte Suprema de Just icia rat ificó la sentencia. Se trató de un ejemplo del debido proceso y de las garant ías de la defen-

sa en juicio que perdurará como un paradigma sin antecedentes en el mundo. El presidente Alfonsín rompió de este modo una tradición de 170 años


de amnist ías en el país, desde la pr imera producida el 30 de sept iembre de

1811 por el Pr imer Triunvirato.7 Otros fallos de la Cámara Federal condenaron a varios militares procesados como los generales Ricchieri y Camps y al comisar io Etchecolatz. Se pro -

dujo también sentencia contra el jefe guerrillero Firmenich. Tanto la sentencia de la Cámara como el informe de la Conadep hicieron

aflorar más evidentemente la resistencia de las Fuerzas Armadas a los enjui- ciamientos y su act itud reivindicat iva, iniciada ya en enero de 1984. La retó -

rica los llevaba a acatar, pero su act itud era de desobediencia cada vez más abierta a la presentación de sus miembros en las citaciones a los juicios. Por

otra parte, una falta de homogeneidad en los criterios aplicados por los jueces, y de operat ividad en los resultados esperados dilataban los procedimien-

tos y contribuían a exacerbar los conflictos. En busca de una respuesta a esta situación y para mit igar las tensiones existentes, se sancionó en diciembre

de 1986 la ley de ext inción de las acciones penales, mal llamada de "punto final", con la que se trató de poner un límite en los casos a juzgar y acortar los

tiempos de la just icia, cerrándose la posibilidad de nuevas presentaciones en un plazo de sesenta días. Más allá de lo bien fundada o no de esta expectat i-

va y de la naturaleza misma de la ley que era rechazada por una parte de la sociedad, el resultado no fue el esperado. Una avalancha de nuevas denuncias

y una celeridad que no habían mostrado hasta ese momento los jueces ac- tuantes, citando masivamente a declarar, conspiró contra el propósito. Sería

seguramente muy ilustrat ivo analizar el comportamiento de los tribunales en ese período y establecer si se asumieron o no los compromisos que eran ne-

cesar ios por parte de cada uno de los actores de la sociedad, en este caso los jueces intervinientes, en la búsqueda de la just icia y para contribuir a la con-

solidación de la democracia y de la reconciliación nacional. Lo que es indudable es que la situación siguió agravándose, como lo probó el levantamien-

to del teniente coronel Aldo Rico en Semana Santa, acantonado en Campo de Mayo entre el 15 y el 19 de abril de 1987. Aquí se puso más en claro aún

que el Ejército no estaba en condiciones o no quería actuar. Sin duda se con- jugaban ambas cosas, porque el acto mismo configuraba una ruptura de los

mandos. Pero, aun así, los superiores seguían convencidos de la necesidad de


reivindicar lo que consideraban una "gesta" equivalente a las guerras de la in-

dependencia, y se mostraban renuente s o impedidos de actuar. Los efect ivos del Cuerpo de Ejército II, conducidos por el general Ernesto Alais, que ha-

bía decidido movilizarse hacia la provincia de Buenos Aires, detuvieron su marcha y nunca llegaron a dest ino. El domingo de Pascua, representantes

gubernamentales y dirigentes de dist intos part idos polít icos daban su apoyo y acompañaban al presidente en la Casa de Gobierno. Los que nos encontrá-

bamos allí pudimos ver las entradas y salidas de los comandantes y comprobamos que ninguno trajo o comprometió soluciones efect ivas para termi-

nar con el episodio. Cuando el brigadier Crespo, comandante de la Fuerza Aérea, resolvió acompañar al presidente Alfonsín al haber éste decidido en-

trevistarse con los jefes en rebeldía, lo hizo para resguardar, como dijo, la seguridad del presidente. La posterior ley de "obediencia debida", cuyo envío

al Congreso había sido anunciado con anterioridad a estos hechos,8 retoma el criterio de los tres diferentes grados de responsabilidad originariamente planteados por el presidente. La ley fue declarada const itucional pero, pese a

los antecedentes y a la real situación de su sanción, se transformó en otro

motivo de conflicto entre el presidente y la sociedad. 9

Es aquí donde debe plantearse un análisis racional y objet ivo: ¿contribu- yeron estas normas a evitar el retroceso en el difícil camino de democrat iza-

ción que se estaba transitando?, ¿es la posición principista la única y excluyente manera de considerar los sucesos vividos entonces? Éstos son los temas que por su naturaleza requieren el testimonio del autor de este libro, a

cuyo propósito sirve. 10 Lo dejo aquí planteado, consciente de su gravedad y del costo que tuvieron las leyes aprobadas en la pérdida de apoyo de una par -

te de la ciudadanía, del uso poco esclarecedor que se ha dado a este tema muchas veces, de la vigencia que aún t iene el debate abierto en la sociedad y, por

lo tanto, de la necesidad de mayor y mejor información que nos permita la posibilidad de ubicamos en el contexto y la circunstancia para evaluar y en-

tender las decisiones adoptadas, con una actitud equilibrada que el t iempo transcurrido debiera favorecer.

Se impone una reflexión desapasionada. Existen tres posibilidades para resolver el grave problema de las violaciones a los derechos humanos por


parte de los países que las han padecido. La primera es el o lvido, a través de

la inacción o de una ley de amnist ía que, por ejemplo, en Uruguay se resol- vió mediante consulta popular a la ciudadanía, que votó por el o lvido y la

reconciliación, seguramente bajo la influencia de lo que estaba pasando en

ese momento en nuestro país. 11 Otra posibilidad es el procesamiento de todos los involucrados en las acciones represivas, lo que no ha sido hecho ja-

más, con lo que se pone en evidencia la existencia de cuest iones polít icas y jurídicas de difícil o nula resolución. Finalmente, la condena de los princi-

pales responsables, a través de la cual los delitos cometidos no quedan impunes, que ha sido la vía elegida por el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1987,

el presidente le decía a un destacado per iodista: "Usted no debe olvidar que todo, absolutamente todo lo que yo hago, pasa por un test esencial: ¿sirve o

no sirve al objet ivo de la estabilidad polít ica?". Y respecto a este doloroso tema agregaba:

Vamos a tener que acostumbramos a vivir por mucho tiempo con la idea de

que hay una discusión pendiente en el país, l a discusión referida al compor -

tamiento militar durante el Proceso. Esta cuestión no está zanjada en la Ar -

gentina. [. . .] Pero [. . .] hay posibilidades de encontramos en posiciones de de-

fensa del estado de Derecho, en un sentido de justicia: de equidad y de amor.

Pero insisto en que no será fácil seguir este canúno de reconciliación y en

que el debate permanecerá abierto por mucho tiempo. 12

El posterior indulto del presidente Menem le robó a la ciudadanía la just icia

que había reclamado y que consideraba necesaria, y desdibujó la imagen y la

importancia de lo que se había conseguido.13 Luego de siete años de prisión, entre diciembre de 1983 y diciembre de 1990, los pr incipales responsables

del genocidio recuperaron la libertad y se interrumpieron los juicios en mar-

cha existentes en ese momento,14 incluyendo los de más de cuarenta altos jefes procesados que no fueron alcanzados por la ley de obediencia debida. Pe-

ro no se puede olvidar que ese juicio exist ió, que hubo sentencia firme y cumplimiento parcial de la condena, y que muchos procesos se estaban sus-

tanciando, habiéndose dicho en aquel momento categóricamente no a la im-


punidad para todos los involucrados de ambos lados.

Desde entonces ha habido importantes avances en el derecho internacio - nal. La Argent ina ha suscripto el Tratado de Roma de 1998,. por el que se

creó la Corte Penal Internacional en 2001, que mira hacia adelante y carece de efectos retroact ivos. Anteriormente, en 1995, se había aprobado la Ley

24.584 de rat ificación de la Convención sobre Imprescript ibilidad de los Crí- menes de Guerra y de Lesa Humanidad, presentada por el senador Hipólito

Solari Yrigoyen, cuya comunicación a Naciones Unidas acaba de ser realiza-

da por decreto del Poder Ejecut ivo en agosto de 2003.15 En esta misma fecha, el Congreso Nacional le otorgó rango const itucional a esta Convención,

al igual que el que t ienen los restantes convenios de derechos humanos reco - nocidos por la reforma de 1994. En ella se establece una excepción al pr in-

cipio de la irretroact ividad. Por otra parte, las leyes de ext inción de las accio - nes penales y de obediencia debida han sido declaradas nulas por el Poder

Legislat ivo, medida que requiere el examen de const itucionalidad de la Cor- te Suprema de Just icia.

Ese debate que había quedado abierto durante todos estos años, hoy ha entrado en una nueva etapa. En ella es fundamental que las legít imas aspira-

ciones de just icia, y no la venganza, puedan conjugarse con el respeto y las garant ías del estado de Derecho, con la búsqueda de la reconciliación nacio-

nal, y con el imprescindible afianzamiento de la democracia.

Los derechos humanos

El tema de los derechos humanos, tanto hacia adentro como hacia afuera del país, marcó todo el gobierno de Alfonsín con una acción permanente en su

defensa y preservación, como así también mediante una amplia legislación originada en el Poder Ejecut ivo y en proyectos de varios legisladores. En pri-

mer lugar se destaca la sanción, en 1984, de las leyes que rat ifican convenios internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos (pacto de

San José de Costa Rica); la Declaración Universal de Derechos Humanos; el


Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; e l Pac-

to Internacional de Derechos Civiles y Polít icos, y el Protocolo Facultat ivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polít icos de las Naciones Uni-

das. Junto con la Convención Internacional sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y los otros acuerdos o tratados ratificados por nues-

tro país, todos ellos adquir ieron posteriormente categoría const itucional en la reforma de 1994, const ituyendo un hecho que por sí mismo, tal como afir -

mara el eminente const itucionalista Germán Bidart Campos, validaba la reforma const itucional.

Un capítulo especial es el referido a los derechos de la mujer, un campo en el que se produce un avance important ísimo en la lucha permanente pa-

ra establecer la igualdad de hombres y mujeres. En el orden internacional se rat ifica la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, en la que se establecen sus derechos y los mecanismos de protección de los mismos. En el orden interno, un conjunto de leyes nacionales fue san-

cionado, contándose entre las más importantes: el d ivorcio vincula r,16 que cumplía con una amplia demanda de una parte numerosa de la población y que tuvo como resultado inmediato la legalización de millares de vínculos fa -

miliares preexistentes que eran legalmente considerados irregulares; la no obligatoriedad de usar el nombre del esposo por parte de la mujer casada,

que les permit ió a éstas optar por mantener su apellido de nacimiento; la patria potestad compart ida o autoridad de los padres -como prefiere llamarla

su autora-17 que, reclamada y discut ida durante décadas, había sido objeto in-

cluso de un veto presidencial,18 y cuya ausencia era .fuente de dificilísimos problemas matrimoniales con graves consecuencias sobre los hijos; la igual-

dad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales; el derecho a los servicios y a la disposición de información sobre planificación familiar. En la es-

tructura minister ial fue creada la Secretaría de Desarrollo y Familia, en cuyo ámbito de gest ión se ubicó una Subsecretaría de la Mujer, desde donde se di-

namizó toda la acción del gobierno en la materia. En lo polít ico, la ley conocida como "de cupo" modificó la Ley Electoral

de la Nación19 estableciendo la obligatoriedad de que todos los part idos po- lít icos, a los efectos de oficializar sus listas, deberán tener mujeres en un mí-


nimo del 30% de los cargos a elegir, en puestos con posibilidad proporcional

de resultar electas. Se trata de una norma de discriminación posit iva con el objeto de resolver la discr iminación negat iva ejercida históricamente en per -

juicio de la mujer polít ica para obtener nominaciones de representación; un comportamiento con el que se dejaba afuera a la mitad de la ciudadanía, ig-

norando a numerosísimas mujeres con militancia polít ica acreditada y desaprovechando sus capacidades. La aplicación de la norma en la últ ima década

ya está mostrando la importancia, no sólo cuant itat iva sino cualitat iva, del compromiso polít ico asumido por las mujeres y de su eficiente desempeño

de las responsabilidades que le asigna la sociedad. Se trata de un cambio, esta vez sin retorno, de la más amplia integración de la mujer a la vida polít ica

nacional, aunque queden todavía muchas rémoras para corregir y remover.

La política exterior y la paz

La Argent ina debía salir de una situación de aislamiento y desconfianza provocada por un gobierno ilegít imo, responsable de las flagrantes violaciones a

los derechos humanos denunciadas en todo el mundo y de la alienada aventura de la guerra de las Malvinas que había agregado aún más desprest igio al

país. Romper ese ais lamiento fue uno de los objet ivos inmediatos: "La polít i- ca exter ior que venimos desarrollando es ampliar el número y el espectro de

nuestros inter locutores. Estamos convencidos de que mientras más puntos de apoyo tenga la Argent ina en el mundo, menos dependiente será. y la con-

dición que queremos asegurar es que esos puntos de apoyo no sean errát icos movimientos del azar o mero producto de la coyuntura", anunciaba el presi-

dente en su mensaje al Congreso en 1984. Al presentar el análisis sobre la situación del país lo mostraba colocado "frente a dos ejes fundamentales de

las relaciones internacionales contemporáneas: el de las tensiones que han caracterizado al mundo de la posguerra entre los dos agrupamientos estratégi-

cos resultantes de dist intas concepciones sociales, polít icas y económicas, y el de las difíciles relaciones que mant ienen los países del Norte desarrollado con

los pueblos en vías de desarrollo del Sur". Consecuentemente con este análi- sis, se evitó la adscripción a un bloque determinado en el conflicto Este-Oes-


te, mediante la ubicación por fuera de cualquiera de éstos para reducir o eli-

minar los riesgos de confrontación y por la búsqueda de un diálogo más amplio con los países en desarrollo para compart ir esfuerzos en los foros in-

ternacionales en la lucha por los problemas del crecimiento, de la discr imina - ción en el comercio internacional y por la construcción de un mundo más

justo. El 27 de diciembre de 1983 se firmó el acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas sobre cooperación argent ina con los países en desarrollo a

través de la Comisión Económica para América Lat ina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El estableci-

miento de una cooperación Sur-Sur dinámica y diversificada fue otro instrumento puesto en marcha con el mismo propósito. Quedaron de este modo

definidos los pr incipios generales de una polít ica amplia y abierta en todas las direcciones, sin ataduras ni prejuicios, y con presencia construct iva en todos

los foros internacionales. Mirando hacia d interior de nuestra sociedad y debido a la necesidad de su

propia pacificación, en marzo de 1984 se firmaba en Ginebra un Acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y

con el Comité Intergubernamental de las Migraciones para viabilizar su inter - vención con el fin de facilitar el retorno de los exiliado s argent inos.

En el camino de la paz, la integración lat inoamericana const ituyó una meta importante, que no sólo serviría a la f inalidad de cooperación para encon-

trar respuestas con}untas de naturaleza económica y afirmar la presencia con- tinental en la comunidad internacional, sino también para contribuir a la so -

lución de viejos conflictos entre nuestros países. El 23 de enero de 1984 se firmó la Declaración Conjunta de Paz y Amistad entre la Argent ina y Chile,

que ponía término a los enfrentamientos que nos separaban por las cuest io - nes limítrofes pendientes cuya solución debía buscarse por las vías legales, las

cuales se act ivaron inmediatamente. Junto con Perú, Brasil y Uruguay se lle - vó adelante una acción de pleno apoyo al Grupo de Contadora con el pro -

pósito de reforzar las propuestas lat inoamericanas para lograr una solución negociada en el conflicto de América Centra l, sobre la base de respetar el

principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de promover y reforzar el establecimiento de sistemas democrát icos plurales que ase-


guren el derecho de éstos a vivir con libertad y just icia, y de condenar toda

forma de expansión de las confrontaciones que pudiera colocar la situación de estos países en los términos del enfrentamiento Este-Oeste.

La solidar idad y el compromiso para la solución y la prevención de los conflictos mundiales llevó a la Reunión de Paz y Desarme realizada por los Je-

fes de Estado de México, Grecia, India, Suecia, Tanzania y Argent ina -el Grupo de los Seis- que se realizó en enero de 1985, en Nueva Delhi, en la que

se alegó contra todos los medios de destrucción del ser humano, incluidas las acciones de la sociedad contra el propio planeta, y se convocó a todas las na-

ciones del mundo a "ganar la batalla por la vida". El presidente Alfonsín, en ocasión del Año Internacional de la Paz de

Naciones Unidas, expresó la concepción amplia que sustentaba.20 Asumien- do que así como el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, y que el respe- to a los derechos humanos, la just icia y el estado de Derecho son condicio -

nes igualmente necesarias, afirmaba: No puede haber paz sin pan suficiente. Y paz es el alimento, la vivienda, la

salud, la educación, el trabajo digno y remunerado, la asistencia a los despo-

seídos. Paz es la cultura manifestada en todas las expresiones de la acción

humana y la libertad que nos hace personas en condiciones de opinar , de de-

cidir , de crear y construir . La defensa incondicional de los derechos huma -

nos, la lucha contra todos los racismos y segregaciones y el hogar para los

refugiados. Paz para el mundo es detener la carrera armamentista y es con -

jurar las fuerzas que pueden desencadenar un holocausto nuclear y llevar a

la autodestrucción de nuestro planeta. En una palabra: la paz y la justicia de-

ben encontrarse y estrecharse en un mismo camino por el que los pueblos

particularmente acuciados por la urgencia debemos marchar juntos. Un

mismo sendero que abra espacio al entendimiento y el crecimiento compar -

tido y logre implantar un orden internacional más justo en las relaciones in -

ternacionales y en los acuerdos económicos, políticos y culturales.

Pero la construcción de la paz, un estado que parece no ser natural al hombre,

requiere "formar al hombre de paz", como lo advert ía Juan Baut ista Alberdi. De allí surgió la inst itución de la Jornada Argent ina para la Paz, aprobada por


ley nacional, para las escuelas pr imar ias y secundarias del país y la obligación

de incluir el tratamiento del tema de la paz en la enseñanza nacional. En el terreno part icularizado del grave conflicto de Medio Or iente -to-

davía vigente-la polít ica se sustentó sobre la base del respeto a la integr idad de los Estados del área y a la soberanía de sus pueblos, aplicando tres prin-

cipios prioritarios para una solución global del problema: el respeto por la existencia de Israel, cuyo pueblo t iene el inalienable derecho a vivir en paz;

el respeto a la aspiración del pueblo palest ino para forjar libremente su destino en su propia t ierra; el respeto por la integridad territorial del urbano.

En relación con los conflictos territoriales existentes en nuestro país, dos fueron los grandes temas de la agenda de la polít ica internacional: el Trata-

do de Límites con Chile en el Canal del Beagle, y la reclamación de los derechos argent inos sobre las Islas Malvinas al Reino Unido. Los dos asuntos

se llevaron adelante sobre la base de negociaciones pacíficas, que comporta- ron un cambio en el carácter de las relaciones con cada uno de los dos paí-

ses involucrados. En el problema de límites con Chile en la región austral se aceptó la

propuesta de la negociación realizada por el Papa Juan Pablo II, admit ida por ambos países, en la que se dejó a salvo el principio de división oceá-

cica de ambas soberanías. El Tratado de Paz y Amistad entre el gobierno de la República Argent ina y el gobierno de la República de Chile fue firma-

do en la Ciudad del Vat icano el 29 de diciembre de 1984. El acuerdo tuvo una amplísima aceptación por nuestra ciudadanía, manifestada en el plebis -

cito realizado para convocar su apoyo y aprobación. La conclusión del conflicto abrió la puerta a una polít ica de reciprocidad en lo económico y cul-

tural y, muy especialmente, en las vinculaciones físicas entre dos naciones hermanas, con una rica historia compart ida, y unidas ahora -no separadas-

por una extensísima frontera. Respecto a las Islas Malvinas, e l objet ivo planteado fue "su recuperación

y la definit iva afirmación del derecho de nuestra Nación a su integridad territorial soberana" por la vía exclusivamente diplomát ica, reclamándose el

cumplimiento de las resoluciones vigentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en part icular la Resolución 2.065 (lograda por la diploma-


cia del presidente Arturo Illia)21 y su complementar ia, la Resolución 37/9, que exhortan a la negociación directa. La votación que llamó a las partes a

negociar sobre todos los temas en disputa fue de 107 votos a favor y 4 votos en contra. Sin embargo, el cumplimiento de este mandato no ha sido

asumido todavía. Las graves secuelas de la infausta guerra en la población malvinense y su percepción de las relaciones con la Argent ina, la negat iva de

Gran Bretaña a considerar la cuest ión de la soberanía y, luego, la ineficaz y poco elegante polít ica de "seducción" de la década de 1990, mant ienen casi

congelados los avances en el tratamiento del tema, el cual ha vuelto a ser planteado por el gobierno del presidente Néstor Kirchner en el Comité de

Descolonización en los términos de la misma resolución de las Naciones Unidas. Esta reciente negociación muestra una orientación de cont inuidad

del enfoque adoptado entonces, que confirmaría la bondad del camino emprendido por el primer gobierno democrát ico.

La democratización sindical

Una manifestación siempre presente de Raúl Alfonsín es que nuestra marcha

hacia la democrat ización global del país t iene que pasar necesariamente por la democrat ización sindical.

En su primer mensaje presidencial afirmaba el propósito de "restablecer la función primordial del sindicato, asegurando que éste sea realmente represen-

tativo [siendo] condición indispensable para esos objet ivos garant izar la esencia democrát ica en la organización sindical en todos sus niveles". Se trataba de ga-

rant izar la presencia del pluralismo ideológico, contrapuesto al sectarismo deformante y a la apropiación del sindicalismo por una parcialidad polít ica.

Con esta finalidad envió al Congreso Nacional el proyecto de ley de Reor- denamiento Sindical, estableciendo su Régimen Electoral para lograr una

pronta normalización sindical, por la que se convocaba a elecciones generales en todas las asociaciones gremiales de trabajadores, incluidas la s de dele-

gados en los lugares de trabajo, en comisiones internas o en cuerpos simila - res en todo el territorio del país, bajo el contralor de la Just icia Electoral. El

proyecto consagraba el pr incipio de mayor ía y minoría en la conformación


de los cuadros direct ivos en todos los niveles, en los cuales debía estar repre-

sentada la minoría con un tercio de los elegidos, siempre que ésta alcanzara el 25% de los votos emit idos. Se buscaba, además, ampliar la part icipación

sindical de todos los afiliados, para que los elegidos surgieran por la decisión de la mayoría, libremente convocados.

Las autoridades sindicales entonces en funciones estaban const ituidas bá- sicamente por los representantes con mandato prorrogado con posterior idad

al 24 de marzo de 1976 en 611 asociaciones profesionales y por aproximada-

mente 300 comisiones transitorias designadas durante el Proceso, 22 o por interventores o delegados normalizadores de aquel gobierno. Para facilitar la

elección de las nuevas autoridades en un clima de l ibertad garant izada, con igualdad de oportunidades para todos y con la máxima part icipación, el pro -

yecto preveía la designación de delegados y la convocatoria inmediata de és- tos en todas las agrupaciones existentes y preexistentes de cada asociación,

para que los afiliados propusieran los integrantes de la Junta Fiscalizadora Electoral correspondiente, debiendo fijar enseguida la fecha y lugar de las

elecciones para las nuevas autoridades sindicales en todos los estamentos. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasó al Senado

para su consideración. Pese a los arduos trabajos realizados y a las modificaciones admit idas en la búsqueda del consenso, y cuando éste parecía logra-

do, la votación resultó finalmente negat iva por un voto. El extenso debate realizado fue interesante y, por qué no decirlo, también preocupante por al-

gunas de las argumentaciones ut ilizadas con reiteración. Las razones del rechazo se centraron en la negat iva a admit ir la función

reguladora del Estado en la organización sindical, como si no se tratara de inst ituciones de carácter público, y en la negat iva a aceptar la inclusión de las

minorías en los órganos de gest ión. Aunque las argumentaciones transcurrieron por diversos andar iveles y existen mat ices en los discursos de la opo-

sición, vale la pena recoger algunas intervenciones ilustrat ivas de varios representantes de la oposición. En el debate del Senado se interpreta que exis -

te una "preocupante tendencia por parte del gobierno a desvalor izar la unidad, homogeneidad y vert icalidad como atributos propios de la condición

gremial", y se afirma que "el carácter disgregador del proyecto de ley de


reordenamiento sindical se patent iza cuando pretende imponer la represen-

tación de las minorías en los grupos de dirección ejecut iva". O se agrega que "la pluralidad sindical, e l horizontalismo, el transplante del arco ideológico

al seno de las conducciones obreras, son factores que dispersan y debilitan, lo mismo que la introducción de las minorías". Se reivindica, s in eufemis-

mos, al describir la organización histórica del sindicalismo y la unificación de la Confederación General del Trabajo (CGT), el carácter polít ico y su adscr ip-

ción part idar ia: "¿Qué cosa podría ser este movimiento si no era peronista?

Si fue Perón quien le dio su estructura".23 El rechazo a la sanción de esta ley fue el primer fracaso del gobierno del

presidente Alfonsín. Fue también la primera manifestación de la oposición cerrada y host il del sindicalismo, que se reconocía y actuaba en función polít ica

de un peronismo excluyente. En este papel asumió una acción permanente de obstrucción, más allá y por encima de los legít imos intereses de los trabaja-

dores y de los del país en su conjunto, que, en una situación de crisis hereda- da y con una sociedad compleja, necesitaba dar respuesta a difíciles proble-

mas y desafíos para los cuales su concurso posit ivo hubiera sido importante. Los alcances y contenidos de la libertad sindical, la pluralidad y la repre-

sentat ividad democrát icas const ituyen temas para un debate nacional que de-

biera hacerse sin prejuicios, sin la preeminencia de los intereses part iculares

y patriót icamente, es decir, con el espíritu de servir al progreso y el bienestar de todos.

Comer, el derecho a la vida

En el momento de llegar Raúl Alfonsín al gobierno, alrededor del 15% de la

población presentaba situaciones de pobreza alarmantes. Para cubrir sus necesidades más apremiantes, que comenzaban por la alimentación, se decidió

actuar en el menor t iempo posible y se puso en marcha el Plan Alimentario Nacional (PAN), cuyo aspecto más visible fue la caja de alimentos entregada a

1.300.000 hogares. La elección de esta modalidad, luego de analizar exper ien- cias anter iores en otros países, se basó en una concepción que pone a la fa-

milia en el centro del pensamiento radical como unidad fundamental de la


sociedad. En este ámbito, la madre resultaba el e je sobre el cual giraba cada

familia, por lo que ella fue elegida como la titular preferente en el sistema, y la alimentación se compart ía en el seno del hogar contribuyendo a la cohe-

sión y a la autoest ima. La distribución de la caja de alimentos -cuyo contenido se adaptaba, en lo posible, a las costumbres aliment icias de cada región del

país y a ciertas producciones locales que eran de este modo est imuladas- se hizo básicamente desde centros que se instalaron en escuelas, en clubes ba-

rriales y en parroquias, ut ilizando el conocimiento directo obrante en estas inst ituciones para definir la población a alcanzar.

El programa no fue de naturaleza estrictamente asistencial y pasiva, sino que adoptó una pedagogía de part icipación e incorporación del esfuerzo pro -

pio a la resolución de otras carencias. A t ítulo de ejemplo se puede citar el Programa Guardapolvos para Escolares, que las madres cosían, o planes

diversos de provisión de medicamentos. También se desarrollaron otros pro - gramas de ejecución de estructuras de servicios, como algunos operat ivos de

autoconstrucción de viviendas en situaciones de emergencia, hechas en co - laboración con la Secretaría respect iva y, el más importante de ellos, el Pro -

grama Pro Agua, que permit ió colocar varios miles de kilómetros de caños de distribución mediante el suministro de los materiales y la autoayuda de las

comunidades beneficiar ias, llevando agua a 600.000 familias. La concepción del PAN tal como se ejecutó, además de dar sat isfacción a

necesidades fundamentales, trató de reforzar el tejido social de importantes grupos de la comunidad marcados por las carencias y la marginación, devol-

viéndoles el derecho a una vida digna. La supresión del plan que se hizo en el gobierno siguiente, con un reemplazo transitorio por unos discut ibles bo -

nos y un total vacío posterior, dejaron abierto el camino al deterioro de las condiciones de estas familias, a las que se agregaron nuevas víct imas de la ex-

clusión, generando el gravísimo problema social de la Argent ina de hoy, severamente empobrecida y carenciada.

La vivienda un bien social

El albergue es una necesidad básica de cada individuo y de su familia, y el


acceso a una vi el artículo 14bis.24 De ahí la responsabilidad del Estado para darle cumplimiento y para la creación, a lo largo del tiempo, de mecanismos inst itu-

cionales con esta finalidad. En 1965 en la presidencia de Humberto Ill ia, se creó la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, se dest inaron recursos

presupuestarios, y en 1972 se estableció el Fondo Nacional de la Vivienda

con recursos especiales dest inados a ese fin, 25 los que eran administrados

por la entonces Secretaría de Vivienda, responsable de fijar la polít ica, con sent ido federal, mediante planes que debían ser ejecutados por los Inst i-

tutos de la Vivienda existentes en cada una de las provincias. Cuando Raúl Alfonsín llegó al gobierno, en el país exist ía un déficit abso-

luto est imado en 1.500.000 viviendas, considerando aquellas situaciones que requerían la construcción de una unidad de vivienda nueva; debían proveer-

se además otras soluciones para dist intos t ipos de déficit, como créditos de

ampliación, mantenimiento, provisión de servicios.26 Teniendo en cuenta la grave situación social, se consideraba el incremento anual del déficit, por

simple crecimiento vegetat ivo de la población carenciada, en 75.000 unidades anuales. Con este escueto y aproximat ivo anális is, queda en evidencia que

la respuesta para eliminar el déficit acumulado más estas nuevas demandas en el término de una generación (veinte años) hacía necesario poder cons-

truir 150.000 viviendas por año como promedio, o sea que era imprescindible planificar, con una tendencia creciente, las metas deseables para lograr

ese objet ivo. Las carencias habitacionales se correspondían con el mapa de la pobreza, con una alta incidencia porcentual en las provincias más rezagadas,

y con cifras muy elevadas concentradas en el conurbano bonaerense. La situación que se encontró mostraba graves defectos en la concepción

de las respuestas al problema, mala asignación de recursos, e ineficiencias de gest ión. El Estado Nacional contaba con dos instrumentos de financiac ión:

el Banco Hipotecario Nacional (BHN) y el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). A pesar de la importancia de los recursos públicos de este últ imo

y de los financiamientos otorgados por el primero, puestos en juego durante una década, la respuesta cuant itat iva era insuficiente para paliar el déficit.

El BHN, históricamente financiado en forma preferencial con las Cédulas Hipotecarias, perdió esta fuente de recursos cuando fueron canceladas al


comienzo de la década de 1980. Hasta 1983, los depósitos habían disminui-

do a la mitad, y los préstamos a cerca de un tercio. Por otra parte, se confun- día a menudo su carácter de inst itución de crédito con la atención de una de-

manda social sin capacidad suficiente de reintegro, lo que producía una

importante cartera de morosos.27 En cuanto al FONAVI, el compromiso financiero que representaban las obras en ejecución superaba ampliamente los re-

cursos disponibles, con lo que se producían atrasos, suspensiones de obras, reprogramaciones y reajustes, que se traducían en un inevitable aumento de

los costos. Por otra parte, los t ipos de vivienda tradicionalmente construidos, por sus característ icas de superficie y calidad edilicia, alcanzaban valores ele-

vados que limitaban fuertemente el número de unidades a levantar. Las mismas se financiaban indiscriminadamente en un 100%, omit iendo la captación

de las dist intas posibilidades de ahorro de las familias. El financiamiento era a veint icinco años, reintegrable sin tasas de interés, lo que significaba un sub-

sidio implícito del 50% que, con los reajustes semestrales por var iación del costo de vida, se incrementaba sensiblemente. No obstante, la recuperación

de los créditos era bajísima, alcanzando apenas e1 1 % del total del fondo. La cifra logró duplicarse con una mejor recaudación en 1987, incrementándose

luego con nuevas disposiciones para el uso de esos recursos. En la recauda- ción del FONAVI se producía una alt ísima evasión, ocupando un destacado lu-

gar los incumplimientos de las administraciones provinciales y municipales. Finalmente, la existencia de una cant idad de proyectos ya aprobados, muchos

de ellos preadjudicados por los Inst itutos de Vivienda provinciales, impedía un cambio de rumbo inmediato.

Los dos principales objet ivos de la polít ica puesta en marcha fueron: en primer lugar, producir la mayor cant idad de viviendas para llegar a la mayor

cant idad de familias, favoreciendo part icularmente a las más necesitadas, de este modo se acortarían los plazos y se absorbería el déficit total; y, en segun-

do lugar, contribuir a la generación de empleo y a la dinamización de la eco - nomía dado el alto efecto mult iplicador de este sector. Para ello era necesa-

rio: bajar los costos unitarios de la vivienda; mejorar la percepción de los recursos, tanto en la captación de los ingresos fiscales const itut ivos del FONAVI

como en la recuperación de la parte de los costos que debían reintegrar los


adjudicatarios; diseñar y buscar nuevas fuentes de financiamiento; mejorar la

gest ión inst itucional; descentralizar la gest ión, en part icular incluyendo a los municipios; establecer un programa de mediano plazo.

Las primeras medidas adoptadas se relacionaron con la react ivación de las numerosas obras paralizadas, cuya reprogramación y asignación de recursos

tuvieron pr ioridad. En 1984 se creó la Comisión de Inst itutos de la Vivien- da, con representación de todas las provincias, para las cuales se establecie -

ron los cupos financieros, buscando los consensos necesarios para reafirmar la concepción federalista del sistema. Se crearon nuevas operatorias como el

Programa de Viviendas Progresivas, en el que se introduce el concepto de una vivienda núcleo que puede crecer orgánicamente con las ampliaciones

posteriores a realizar por sus propietarios, y cuyos agentes de promoción y ejecución son los municipios y las ent idades intermedias sin fines de lucro.

Se establecieron nuevas t ipologías de vivienda, como las de terminación mí- nima o de terminación intermedia, de menor superficie y niveles de termina-

ción variables, pero manteniendo todos los coeficientes técnicos de habitabi- lidad, con el propósito de disminuir costos por unidad de vivienda y poder

así incrementar la oferta. A efectos de mejorar las recaudaciones del FONAVI, se promovió el au-

mento de los recuperas de las obras, instando a los Inst itutos Provinciales a escriturar las unidades entregadas y habitadas, y a controlar el pago de las

cuotas, cuyo período de actualización también se modificó. Los montos per- cibidos eran dest inados a las respect ivas jurisdicciones, añadiéndose a los

fondos correspondientes el cupo de cada una. Del mismo modo, se premia- ba el cumplimiento del pago de los aportes fiscales provinciales y municipa-

les, mediante el reintegro de estos recursos para el financiamiento de nuevas obras correspondientes a las operatorias descritas, a través de convenios de

regularización de las deudas y de pagos de dichos aportes de ley. Los municipios pasaron a ser así un nuevo actor, con recursos a los que accedían di-

rectamente desde un fondo municipal creado con estos recursos reciclados, favoreciendo la descentralización buscada y un mejoramiento en la eficiencia

de la gest ión. Se introdujo un nuevo mecanismo de captación de fondos a través del


ahorro previo obligatorio de los adjudicatario s para todas las viviendas en

construcción a adjudicar y para las futuras operatorias, a part ir de 1988, que añadía preferencias en el puntaje de selección que se hacía sobre la base de va-

rios indicadores de composición y de necesidad de las familias demandantes. Por otra parte se redefinió el universo de la población beneficiaria con el ob-

jeto de fijar los niveles de subsidio a otorgar, estableciendo tres categorías se- gún la franja de ingresos de la familia: hasta el 71 % para las de menores in-

gresos (aproximadamente la mitad del total de familias), el 50% para las de ingresos intermedios, y el 20% para las familias de mayores ingresos.

Se estableció una programación trianual y no se autorizó a los Inst itutos el inicio de nuevas obras que no tuvieran recursos "liberados" para su fi-

nanciación, lo que obligaba a terminar las obras en curso, muchas de las cuales fueron reprogramadas con el acuerdo de las empresas adjudicatarias,

para evitar los mayores costos y ponerlas cuanto antes a disposición de sus beneficiarios.

Con recursos propios de la Secretaría se subsidiaron programas de auto - construcción, programas de emergencia por inundaciones y de relocalización

de poblaciones. Se realizaron dos importantes programas para poblaciones aborígenes en dist intos asentamiento s de las provincias de Neuquén y de

Formosa, con característ icas adaptadas a sus modalidades culturales y a las condiciones del lugar.

A efectos de aumentar los medios de financiamiento con recursos de bajo costo, se recurrió a créditos de organismos internacionales. En 1987 se fir-

mó con el Banco Interamer icano de Desarrollo (BID) un crédito por 120 millones de dólares para desarrollo urbano, a efectos de financiar las obras de

infraestructura complementarias de los conjuntos residenciales, que insu- mían alrededor del 20% de todos los recursos del FONAVI, los cuales de este

modo quedaban disponibles para más viviendas. Con el mismo propósito, y por el mismo monto, se obtuvo un crédito para el desarrollo municipal del

Banco Mundial. Con esta misma inst itución se negoció un crédito sectorial de vivienda por 300 millones de dólares, enmarcado en la concepción des-

cripta, firmado en 1988, cuyas primeras operatorias se programaron y tuvie - ron principio de ejecución en los meses siguientes.


Para incent ivar el ahorro privado voluntario se creó, por decreto del

Poder Ejecut ivo Nacional, un círculo de ahorro para ser gerenciado por instituciones intermedias, que incluía a los municipios, con capital inicial pro -

mocional del FONAVI. El Módulo de Ahorro para la Vivienda Económica (MAVE) posibilitaba el acceso a una vivienda no subsidiada, con un plazo de

amort ización de diez años. Por otro mecanismo orientado al sector privado de la construcción, para sat isfacer una demanda intermedia, se incluyeron las

inversiones de vivienda en el régimen de capitalización de la deuda pública externa, por disposición aprobada en 1989. Ninguno de estos dos mecanis-

mos pudo ser aplicado antes del cambio de gobierno, y no fueron ut ilizados posteriormente.

Los esfuerzos realizados permit ieron: un mejoramiento de los métodos de gest ión de los Inst itutos Provinciales y de su art iculación con el nivel na-

cional; el reconocimiento de la importancia de los gobiernos locales, var ios de los cuales mostraron un eficaz desempeño; una programación orgánica de

la oferta de viviendas; la ejecución de un aceptable número de soluciones habitacionales, de infraestructura de obras y de servicios complementarios, y de

mejoramiento urbaníst ico. Mediante los ajustes realizados en las obras en marcha y las nuevas ac-

ciones emprendidas entre enero de 1984 y julio de 1989, desde la Secretaría se financiaron 271.410 viviendas, se terminaron 183.901, se iniciaron 83.501

y se aprobó el financiamiento de tres mil en el régimen del crédito del Ban- co Mundial. Por su parte, el BHN terminó, entre 1984 y 1988, 142.501 solu-

ciones habitacionales, estaban en ejecución 66.234 créditos hipotecarios y había 2.000 créditos solidarios otorgados. En el total del período se empren-

dieron la terminación y ejecución de 482.145 viviendas familiares, estable- ciéndose una tendencia creciente que se refleja en las 83.233 unidades

terminadas en 1987 y las 75.781 alcanzadas en 1988. El gobierno que nos sucedió, con su carga privat ista, relegó las responsa-

bilidades sociales del Estado. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, declaraba que "el Gobierno deberá salir del negocio de la construcción de vi-

viendas".28 Se renunció al crédito del Banco Mundial del cual se habían hecho ya los primeros desembolsos y se eliminó, en 1991, la asignación de los


correspondientes recursos específicos al FONAVI. Éstos se remplazaron por

recursos generales presupuestarios inestables y de menor cuant ía que fueron otorgados directamente a las provincias, las cuales podían asignar parte de

ellos a otras finalidades, lo que se hizo en perjuicio de la construcción de viviendas. La ausencia de polít ica habitacional en la últ ima década, sin duda, ha

incrementado el déficit, ha eliminado una fuente de trabajo importante, y contribuido a hacer más penosa la vida de una parte importante de la pobla -

ción argent ina, const ituida por los excluidos de la sociedad poco solidaria que se construyó.

El Seguro Nacional de Salud

El Seguro Nacional de Salud fue un proyecto ambicioso de reforma integral

de los servicios de salud argent inos, que se incorporarían a un sistema que comprendía los establecimientos públicos de salud, las obras sociales y la me-

dicina pr ivada. Enviado en octubre de 1985 al Congreso, durante la gest ión ministerial de Aldo Neri, postulaba una superación de la fragmentación anár-

quica, ineficiente e inequitat iva que caracterizaba, y aún caracteriza, al siste. ma de salud en nuestro país. Aspiraba a igualar las posibilidades de acceso)

la calidad de los servicios disponibles para nuestro pueblo, integrando adecuadamente lo prevent ivo, lo curat ivo y la rehabilitación, en su modelo de

funcionamiento. Centralmente, planteaba la reforma del sistema de obras sociales -que en

aquellos años cubría al 70% de la población-, democrat izando su conducción) nivelando su fuerte desigualdad interna, como así también ampliando progresi-

vamente la inclusión de la población más pobre no cubierta, en igualdad de derechos, con financiación compart ida por las jur isdicciones nacional y provincia-

les. Promovía, a l mismo t iempo, una reforma organizat iva de los hospitales) centros de salud públicos y de los establecimientos privados, que modernizara

su funcionamiento y los hiciera converger en un objet ivo de bien común. Como toda propuesta de transformación profunda, suscitó recelos y re-

sistencias en algunos protagonistas corporativos del campo de la salud, a pesar de obtener una comprobable simpat ía popular, al procurar alcanzar a


más de siete millones de personas excluidas que no poseían ninguna cober-

tura de salud. Exist ió una oposición minoritaria de neto corte privat ista, opuesta a la

presencia del Estado en la atención de la salud, pero la pr incipal oposición emergía de la dirigencia sindical, que creía ver recortado su poder económi-

co y polít ico en el proyecto, y que, por otra parte, const ituía la punta de lan- za y componente mayor de la oposición peronista al gobierno radical. Ello se

sumó a una cierta debilidad de convicción en el seno de los representantes polít icos, por lo que -a pesar del decidido apoyo presidencial al Seguro- su

tratamiento en las Cámaras desembocó en una larga negociación de tres años, en que el Minister io de Salud Pública debió atender las exigencias de la CGT.

El proyecto, debilitado y part ido en dos leyes -de Obras Sociales una, y de Seguro de Salud la otra- fue sancionado pocos meses antes del final de

gobierno, y resultó luego congelado por el desinterés polít ico de las adminis - traciones que siguieron.

De esta manera, como otras varias iniciat ivas de buena inspiración de la década de 1980, const ituye una de las asignaturas pendientes de la reforma

social argent ina.

La alfabetización para todos

El analfabet ismo es una forma de injust icia que afecta a los sectores más des- poseídos de la sociedad y coloca a quienes lo padecen en inferioridad mani-

fiesta de condiciones para el desenvolvimiento de casi todos los aspectos de su vida, sean éstos culturales, laborales o sociales en general, tornándose víc-

timas de un dest ino de marginalidad y exclusión. A un siglo de la Ley Nacio- nal1420 de Educación Común, y a casi medio siglo de la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos, que establecieron la obligatoriedad, gratuidad y asistencialidad de la enseñanza primaria, en la Argent ina este ob-

jet ivo estaba todavía lejos de ser cumplido. En 1983, el 6,1% del total de la población en edad de haber recibido escolarización era analfabeto absoluto,

lo que representaba 1.184.964 personas (según el Censo Nacional de 1980), mientras el 27 ,1 % no había completado la escuela primaria; esto evidenciaba


la existencia de un alto grado de analfabet ismo funcional en aquellos que ha-

bían cursado un escaso número de años (la cuarta parte sólo alcanzó tres años de escolar idad), siendo los más afectados los grupos de mayor edad.

La respuesta del gobierno fue la puesta en marcha del Plan Nacional de

Alfabet ización para Adultos,29 que constó de dos componentes: los Centros de Alfabet ización dest inados a los analfabetos absolutos, y los Cursos de Edu-

cación a Distancia, d ictados a través de los medios de comunicación, para los analfabetos funcionales. La meta establecida consist ía en llegar a la educación

permanente, "derecho con el cual se nace y sólo se ext ingue con la vida", co - mo se señalaba en los fundamentos del proyecto. El Programa fue situado

dentro del marco del Proyecto Principal de Educación en América Lat ina y el Caribe de la UNESCO. El mismo fue organizado con una estructura federal y

se fijaron metas cuant itat ivas de cobertura de la población. La metodología de enseñanza no se circunscribía al aprendizaje de lec-

toescritura y matemát ica, sino que abarcaba un currículo integrador, con contenidos de carácter vivencial en el que se analizaban temas vinculados con la

instrucción cívica, la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo y el cooperat ivismo. La dinámica aplicada en el proceso de aprendizaje tenía un est ilo

dialogíst ico, part icipat ivo, analít ico, desarrollado sobre la base de experiencias personales y en relación con los problemas de la comunidad. Los contenidos

se expresaron en una Cart illa -así llamada- de unidad nacional. En marzo de 1989 exist ían en el país 9.693 centros que habían dado formación a 408.173

adultos beneficiados, de los cuales cien mil recibieron formación a distancia, siendo los demás alumnos presenciales.

El Programa recibió el Premio UNESCO 1988 de la Asociación Internacio - nal para la Lectura.

Desaprovechando la experiencia adquirida y la infraestructura puesta en funcionamiento, también esta iniciat iva fue suprimida con el cambio de go-

bierno, en un clásico acto de canibalismo polít ico.

La universidad

La universidad argent ina había caído en un extenso período de destrucción


iniciado con la "noche de los bastones largos", del "onganiato" instalado en

1966, que había transitado por tres períodos de gobierno con un conflict ivo y fracasado intento de normalización en 1973-74, en un breve lapso del con-

fuso período const itucional entre las dos dictaduras militares. Fueron casi dos décadas de violación de la autonomía universitaria -hecha efect iva en

1958 y perdida en 1966-, de persecución polít ica e ideológica de docentes y estudiantes, y de decadencia de la calidad educat iva.

En primer lugar se trató de recuperar la autonomía perdida del gobierno universitar io, poniendo en vigencia los principios de la Reforma de 1918,

asumidos siempre por el radicalismo. El proceso de normalización de la primera etapa llevó a: la elección libre y abierta de los representantes de los tres

claustros de gobierno (profesores, estudiantes y graduados); la instalación de un diálogo dinámico y fecundo entre los mismos, buscando profundizar la

democrat ización del sistema; la corrección de las irregularidades producidas en las estructuras organizat ivas y docentes de las facultades y departamen-

tos, así como en la designación de profesores; el llamado a concursos abiertos y de oposición para la provisión de cátedras, atrayendo y garant izan-

do el acceso de los mejores, mediante la realización de más de cuatro mil concursos en los primeros dos años de gobierno. Con ello se puso fin a las

discriminaciones polít icas que caracterizaron un largo medio siglo de antagonismos a part ir de 1930. Se creaban, de esta manera, las condiciones re-

queridas para el logro de mayor eficiencia en la gest ión y de la mejor pro- ducción en todas las funciones propias de la inst itución.

Se concibió la universidad como centro de gravedad de la cultura, entendida ésta como el modo de vida de nuestra sociedad, debiendo para ello con-

vert irse en el motor del desarrollo de la ciudadanía y de la democracia, del progreso y el desenvo lvimiento social y económico. La transmisión del co -

nocimiento, la formación de profesionales, la invest igación cient ífica y tecno - lógica, la extensión universitaria y la difusión mediante publicaciones y otras

act ividades fueron el objeto de las acciones de reestructuración o de creación de los mecanismos y organismos necesarios para el cumplimiento de esas fi-

nalidades. La producción de ciencia fue objeto de consideraciones especiales: se creó una categoría de invest igador universitario; se coordinaron progra-


mas y act ividades con el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica; se promo-

vieron y consolidaron inst ituciones de formación cuaternaria; se abr ió la universidad hacia el exterior mediante la promoción y ejecución de proyectos de

cooperación con otros países y con organizaciones internacionales; se recreó la prest igiosa Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA).

En un mundo en que los factores clásicos de producción -capital, materias primas, mano de obra- han sido rebasados en importancia por la tecno-

logía y ésta es cada vez más dependiente o derivada de la ciencia, "la única revolución industrial posible es la inteligencia" a través de la "innovación tec-

nológica como producto de la educación", afirmaba Ángel Plast ino, presidente de la Universidad Nacional de La Plata. La universidad asumió este de-

safío, y hoy pueden mostrarse ya importantes resultados en algunos campos de la ciencia y de los desarrollos tecnológicos, como así también en el pres-

tigio internacional de muchos de los que formó. El sendero fue trazado y hoy, pese a los magros presupuestos que obli-

gan a sus miembros a trabajar con un verdadero espíritu de sacrificio y amor por su tarea, la universidad "hace camino al andar".

La política científica y tecnológica

En su mensaje inaugural, el presidente de la Nación señalaba que "nuestro

tiempo exige que los gobiernos at iendan como asunto de primordial relevancia el desarrollo del saber cient ífico puro y de sus aplicaciones tecnológicas".

Para encauzar esta acción, considerada impostergable, creó la Secretaría de Ciencia y Técnica dependiente de la Presidencia, para coordinar

estas actividades en el Estado y otros sectores, con el fin de utilizar e incre-

mentar en grado óptimo el patr imonio nacional constituido por las inteli -

gencias y los conocimientos de millares de especialistas, muchos de los cua -

les se [encontraban] radicados en el exterior por falta de oportunidades

intelectuales en el país o para eludir absurdas discriminaciones.

No sólo estimularemos [. . .] las tareas de nuestros sabios e investigado-

res, sino que corregiremos las prácticas discriminatorias del pasado; [. . .] en

la selección y formación de recursos humanos dedicados a la labor científi-


co-técnica sólo se atenderá a la idoneidad y la capacidad profesional.

En lo que el entonces responsable de la Secretaría, el prest igioso cient ífico Manuel Sadovsky, gustó llamar el ideario que orientó la acción del gobierno,

la ciencia y la tecnología fueron consideradas elementos básicos para un desarrollo independiente de la sociedad, debiendo nuestra inteligencia ponerse

al servicio de las grandes pr ioridades nacionales y servir para romper la dependencia mental, que es la más grave. Esta dependencia ha determinado

comportamientos sociales negat ivos o ineficientes que const ituyen algunas de las causas principales del enorme retroceso comparat ivo de nuestro creci-

ti miento económico y de muchos aspectos de nuestro desarrollo general. Por eso t iene una importancia decisiva la educación para enseñar a pensar, ense-

ñar a aprender y, en todos los casos, enseñar a desarrollar al máximo el espí- ritu crít ico y liberar la creat ividad, condición indispensable para sustraerse a

cualquier t ipo de dependencia. Estos elementos están en la base de la naturaleza del pensamiento cient ífico y formaron parte de los fundamentos de la

polít ica desarrollada. Una tarea de primera importancia fue la reestructuración y el saneamien-

to del Consejo Nacional de Invest igaciones Cient íficas y Técnicas (CONICET), el organismo de promoción, creado por el Premio Nobel Bernardo Houssay,

que había tenido una fundamental gravitación en el avance de la ciencia ar - gent ina desde su creación en 1958. Era imperioso corregir graves desviacio-

nes producidas en el período de gobierno anterior, tanto en la concepción como en el funcionamiento del CONICET. Por ello, esta inst itución y también

las universidades debieron comenzar por normalizarse para reconst ituir sus organismos part icipat ivos de gest ión. Se procedió a la incorporación de alrededor de doscientos invest igadores que habían sido segregados, de los cua-

les gran parte fueron repatriados desde el extranjero, adonde habían emigra- do o estaban exiliados. Se reconstruyeron sus vínculos con la universidad,

"inst itución de la cual depende como el ave depende del aire para volar", 30 renovándose una relación simbiót ica traducida en el sistema de subsidios, de

equipamiento, de formación de posgrado, de colaboración de los invest igadores en las tareas universitarias, de planeamiento y de iniciat iva. Se creó un


Sistema de Apoyo para Invest igadores Universitarios yen 1987 se otorgaron

los Premios Bernardo Houssay a los 150 mejores trabajos, seleccionados por concurso, producidos en el país por jóvenes argent inos o extranjeros residen-

tes. Por otro lado, se inició el Programa de Apoyo a Bibliotecas del CONICET con el auspicio del PNUD. En relación con el sector privado, se estableció un

alto número de contratos con la industria, que en 1989 alcanzaba el doble de todos los realizados con anter ioridad a 1984; se iniciaron innumerables rela-

ciones de consulto ría de los invest igadores con empresas, para lo cual se creó un régimen especial; se integraron representantes de las fuerzas product ivas

en sus órganos superiores de conducción; se cambiaron los criterios y modalidades de formación de los recursos humanos. De este modo se logró po -

ner término a una polít ica corporat iva que había encerrado al CONICET sobre sí mismo, y a su vez se puso el conocimiento en relación con la sociedad. Ha-

cia afuera, la inst itución estableció una vasta red de intercambios. Los pro - yectos de cooperación con los países lat inoamericanos tuvieron una alta

prioridad, y hubo igualmente una vinculación importante y creciente con instituciones europeas y de Estados Unidos, y con organismos internacionales.

El crecimiento gradual permit ió un aumento considerable del número de invest igadores, que pasaron de 1.583 en el año 1983 a 2.289 en 1988, y tam-

bién un incremento de becar ios, que siendo 1.763 en la primera fecha, llegaban a 2.159 en el últ imo año considerado.

En 1985, al inaugurar el Observatorio Astronómico de El Leoncito, en la provincia de San Juan, el presidente Alfonsín había reiterado: "La tecnología,

que es técnica más ciencia, no florece ni funciona en el vado. Tenemos que lograr una industria vigorosa como locomotora del desarrollo cultural e

sent ido moderno. No es obra de un día ni está al alcance de decisiones vo luntaristas desde el poder". No puedo dejar de hacer aquí una digresión

destacar la importancia y la validez general de esta últ ima afirmación, que involucra a todos los sectores del quehacer nacional, en los que cada uno de

los actores es responsable de los caminos que recorremos, y que puede const ituirse en un elemento dinamizador o en un escollo o impedimento pa

ra marchar en la buena dirección. Bajo el lema "De la invest igación a la producción" se trabajó en el análi


sis de la electrónica y la biología, de la aftosa y el mal de Chagas, de las mico

toxinas y los complejos agroindustriales, así como de la pesca y la fauna. Se realizó también un importante estudio sobre las agroindustrias para la expor

tación que fue puesto a disposición e interesó a la Cámara de Exportadores. Se incorporó una Oficina de Gest ión Tecnológica para hacer el puente

entre las inst ituciones del sector y las empresas y se acompañaron o se pro - movieron instrumentos de financiamiento de invest igación y desarrollo

formación de recursos humanos en el sistema bancario como el Área "Jorge Sábato" de Tecnologia del Banco de la Provincia de Buenos Aires (supr imj

da por el gobierno que nos siguió en la gestión de esa provincia); ARGENTEC con el Banco de la Nación Argent ina; y EMPRETEC, con el Banco de Córdo

ba, entre otras iniciat ivas. La Secretaria reformuló los Programas Nacionales existentes, que había

perdido su finalidad original de conectar problemas o áreas de desarrollo COI la ciencia y la técnica, y de coordinar las actividades de invest igación descen

tralizadas que se realizaban en cada campo. Luego de su afianzamiento inter no, se los proyectó hacia afuera mediante convenios con otros países. Se le

adjudicó una part icular importancia a los Programas Nacionales de Informá tica y Electrónica, así como al de Biotecnologia, que se desarrolló sobre

base de una red de centros regionales en los que se tenían en consideración las diversidades específicas de cada lugar.

En mater ia de informát ica se definió un Plan Nacional y se decidió encarar la formación de recursos humanos de alto nivel con alcance regional. Ello

dio lugar a la creación de la Escuela Lat inoamericana de Informát ica, 31 para formar docentes: invest igadores a través de una carrera de tres años, con un proceso de selección por concurso. En diciembre de 1988 se hablan gradua-

do treinta alumnos de la pr imera promoción y estaban realizando sus cursos otros 65 estudiantes de diez países de la región. También se habían comen-

zado a realizar act ividades para especialización de graduados desde 1987. El financiamiento de la Escuela y su instalación recibieron, además de los recur -

sos presupuestarios propios, aportes provenientes de varios países y organis - mos internacionales y de empresas nacionales a través del Fondo Empresa-

rio de Cooperación.


Con el propósito de atender la compleja y comprometida problemát ica de

suelos, régimen hídr ico y producción de la amplia zona de la Cuenca del Río Salado en la provincia de Buenos Aires se creó el Inst ituto Tecnológico de

Chascomús. Fue organizado para realizar trabajos en las áreas de la biotec- nología y de la ecología regional, más una sesión de acuicultura relacionada

con la región. En 1989, el proyecto había alcanzado un estado avanzado en la construcción de sus instalaciones y tenía una incipiente planta cient ífica

que iniciaba los primeros programas propuestos. La cooperación internacional fue incent ivada y se lograron asociaciones

de recursos humanos e intercambios, además de aportes financieros y de equipamiento que produjeron un gran efecto mult iplicador. Hay que desta-

car: una part icular relación de proyección económica con Italia; la canaliza - ción gobierno a gobierno de toda la cooperación con Francia, que permit ió

racionalizar los contenidos de la misma y establecer intercambios en los pro - gramas nacionales y en el CONICET con grupos de invest igación franceses, el

Encuentro Franco-Argent ino de Biotecnología, y el Taller Franco-Argent ino de Difusión y Valorización de la Invest igación Cient ífico-Tecnológica; los

vínculos part iculares con la Comunidad Europea con la que se hizo el Semi- nario de Biotecnología para América Lat ina; el apoyo de Suecia en una ope-

ración triangular con Uruguay; la cooperación con España, Alemania y otros países, además del marco dado por el Grupo de los Ocho. Se realizaron ta-

reas de programación con la Organización de los Estados Americanos (OEA); en la reunión de Ministros de Ciencia y Técnica de América Lat ina en el ám-

bito de la UNESCO se sentaron avances importantes en la ident ificación de proyectos compart idos; se integraron la Red Lat inoamericana de Biotecno-

logía del PNUD y el Centro Internacional de Ingeniería Genét ica de la Orga- nización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

Con Brasil se llevó adelante la cooperación más completa emprendida, tan- to en las formas como en los contenidos adoptados, en dos campos específi-

cos: la biotecnología y la informát ica. En relación con el pr imero, se produjo un Encuentro Argent ino-Brasileño de Empresarios de Biotecnología; se creó

el Centro Argent ino-Brasileño de Tecnología, que fue objeto de un protocolo especial en el Convenio de Integración con ese país, en el que el énfasis está


puesto en la proyección económica de la invest igación; se diseñaron dieciséis

grandes proyectos; y se puso en marcha la Escuela Argent ino-Brasileña de Biotecnología, que cubre demandas de formación en aspectos deficitarios co -

munes. En relación con el segundo campo, la Escuela Brasileño-Argent ina de Informát ica que se realizaba anualmente en el país vecino había dictado cua-

tro cursos entre 1986 y 1989. En este últ imo año se pasó "de administrar decenas de personas adscriptas a proyectos de cooperación que significaban cen-

tenares de miles de dólares, casi en su totalidad aportados por nuestro país, a trabajar con centenares de invest igadores, becarios, empresar ios, y funciona-

rios de nuestro país y de otros países, insertos en proyectos o vinculados con ellos, por millones de dólares, aportados casi en igual proporción por la Ar-

gent ina y terceros países u organismos internacionales o mult ilaterales". Retornando una tradición lamentablemente perdida hace medio siglo en

la administración argent ina, la Secretaría produjo en abril de 1989 un muy interesante informe que t ituló "Memoria crít ica de una gest ión". El acápite de

la introducción dice: "John Kennedy observó que el presidente Lincoln era a veces un hombre triste porque aprendió que en polít ica nadie puede con-

seguir lo que desea",32 y en una reflexión personal el entonces secretario de Ciencia y Tecnología confiesa: "De lo que queríamos a lo que conseguimos hay un trecho, por así decir lo, melancólico". En mi opinión, se había inicia -

do "la acumulación que, como él mismo dice, es en realidad un buen sinóni- mo de lo que comúnmente se llama desarrollo".

La función pública y el Cuerpo de Administradores Gubernamentales

Al llegar al gobierno en 1983, tomando una vez más las palabras iniciales del

presidente Alfonsín, era necesario replantear la función de la administración pública, que había sido profundamente cuestionada y subvert ida en esos últ i-

mos años: "Lo que se requiere es una profunda transformación que incluya la redefinición del papel del Estado, el establecimiento definit ivo de una carrera

administrat iva y la puesta en marcha de un ser io y prolongado proceso de reforma del aparato estatal que no sólo acompañe la democrat ización de la vida

polít ica del país sino que, además, profundice el cauce democrát ico e impulse


el desarrollo". Le correspondió a la Secretaría de la Función Pública, creada

en el ámbito de la Presidencia de la Nación, poner en marcha estos objet ivos. La pr imera cuest ión que se definió fue el mantenimiento de la fuente de

trabajo de todos los funcionarios, es decir, se adoptó una act itud de respeto a la estabilidad en los cargos tal como se había procedido históricamente en

todos los gobiernos radicales anteriores. La segunda cuest ión consist ía en incorporar la eficiencia en la gest ión co -

mo objet ivo insust ituible para garant izar el logro de los objet ivos y las metas de las polít icas gubernamentales, cuya ejecución es responsabilidad de la ad-

ministración pública. Para ello, ésta debía ser objeto de una profunda inno- vación y transformarse ella misma en vehículo de la innovación, entendien-

do por esto no solamente la incorporación de las tecnologías y de los avances cient íficos propios del mundo moderno, sino también la adopción de los va-

lores y los comportamientos compat ibles con el ejercicio pleno de la democracia y con el estado de Derecho. El principio de juridic idad como regla de

conducta en la vida pública, la igualdad ante la ley, la imparcialidad de la justicia, la transparencia en la acción de gobierno, la información disponible y

con fiable, el trato respetuoso con los administrados, la búsqueda de ámbitos y modalidades adecuados para asegurar la part icipación, la aceptación del

pluralismo y la legit imidad del disenso, la valor ización y asunción del concep- to de servidor público eran valores a recuperar o a introducir que implicaban

una verdadera discont inuidad en las práct icas heredadas. Se trataba, entonces, de producir un cambio profundo de los recursos humanos con los que

se contaba y de crear los instrumentos adecuados para la formación de un nuevo perfil de los agentes estatales para ponerlo s en co ndiciones de inter-

pretar y asumir el rol transformador que resultaba imprescindible. Los medios más importantes que se pusieron en marcha con este propósi-

to fueron esencialmente dos: el establecimiento de una carrera administrat iva, por una parte, y la creación de un Cuerpo de Administradores Gubernamenta-

les, por otra. A ellas se agregaban la organización de act ividades de capacitación para todos los niveles de la administración y la puesta en marcha de un servi-

cio permanente para asesorar y organizar aquellos organismos que lo requirie- ran. Estas iniciat ivas fueron acompañadas por la propuesta que impulsaba la


creación de la inst itución del Defensor del Pueblo. 33 Para ello se elaboró un proyecto de ley que tenía en cuenta un análisis comparat ivo de las estructu

ras, así como de los resultados obtenidos en el desempeño de organismos esta especie en países que nos precedieron en su instalación. Se procura

por este medio introducir un mecanismo complementario para la defensa los derechos, y una manera de detectar necesidades y recoger sugerencias que

desde fuera del aparato administrat ivo contribuyeran a su mejoramiento. La carrera administrat iva tenía como base un sistema de est ímulos y exi-

gencias que coadyuvaran a modificar las actitudes, las va loraciones y los con portamientos de los funcionarios públicos, y a transformar las práct icas n

gat ivas mediante la part icipación democrát ica, la formación eficiente, y asunción de responsabilidades en forma individual y colect iva. Este sistema

se instrumentaba con la creación de un nuevo escalafón general, al cual llegaba por concursos transparentes que permit ieran la designación y promo-

ción de los candidatos de acuerdo con sus méritos, capacidades y conocimientos acreditados. Se construyeron los consensos básicos con los organi

mos representat ivos de los trabajadores estatales y se acordaron los métodos para su implementación. El acceso a dicho escalafón debía ser promovido en

forma gradual, teniendo en cuenta las necesidades de los dist intos organis - mos del Estado, los t iempos requeridos para la preparación y consolidación

de los miles de concursos necesarios, y la disponibilidad de los recursos co - rrespondientes a los incent ivos materiales imprescindibles. Se trataba de re-

conocer a los mejores y ponerlo s al frente de las nuevas responsabilidades con un sent ido de servicio a favor de la comunidad y del desarrollo del país.

En el transcurso de su puesta en marcha, las limitaciones presupuestarias el ret iro voluntario decidido en el año 1986 produjeron una perturbación Se-

vera que impidió su concreción. El proyecto de formación del Cuerpo de Administradores Gubernamen-

tales fue la construcción transformadora por excelencia en la concepción búsqueda de calidad y eficiencia de la gest ión de gobierno. Se apoyó en el co-

nocimiento y análisis comparat ivo de las experiencias de otros países y en especial de la más profundamente conocida y de mayor afinidad cultural, la

la Escuela Nacional de Administración francesa (ENA), con cuya cooperación


se contó, realizada de manera entusiasta y muy respetuosa de las modalida-

des propias introducidas en el esquema que se adoptó. 34 La única forma de admisión al Cuerpo de Administradores Gubernamen- tales fue la aprobación del Programa de Formación que se dicta en el Inst i-

tuto Nacional de Administración Pública (INAP), que t iene una duración de

dos años.35 El acceso fue abierto a personas externas a la administración y a

funcionarios de la misma, por partes iguales. El ingreso a dicho programa se realizó por concurso estricto y transparente. Los aspirantes debían poseer t í-

tulo universitar io correspondiente a un plan de estudios no infer ior a cuatro años o, excepcionalmente, ser funcionar ios de alto nivel, con una ant igüedad

superior a cinco años y tener t ítulo secundario. La selección de los aspirantes se realizó mediante pruebas anónimas

orientadas a seleccionar perfiles de alto desarrollo de habilidades cognit ivas para el procesamiento, recuperación, transmisión y evaluación de informa-

ción. Se evaluaron, además, las característ icas personales relacionadas con los aspectos lógicos, culturales y socioafect ivos apropiados al buen desempeño

de sus futuras funciones. Los Administradores Gubernamentales son móviles en sus dest inos. Di-

cha movilidad se fundamenta en el carácter pluridisciplinario e interjur is- diccional de muchas de las acciones de gobierno, las que requieren de la par -

ticipación de funcionarios capaces de aportar una concepción integral de las cuest iones a resolver y una visión de conjunto de la Administración que me- jore la eficacia de la gest ión estatal. Los cambios de dest ino de los Adminis -

tradores Gubernamentales t ienden a dar respuesta a la tradicional rigidez atribuida a las organizaciones públicas, permit iendo una adaptación ágil y di-

námica de los recursos a los requer imientos de cada momento, a través del conocimiento de las polít icas sectoriales desde diversos ángulos, más allá de

la formación específica de cada profesional. Asimismo, se intenta quebrar la tradicional disociación entre los objet ivos polít icos y su real implementación

a nivel administrat ivo con la part icipación de los Administradores Guberna- mentales actuando como interfase entre ambos niveles. La estabilidad de es-

tos agentes está supeditada a la evaluación anual de su desempeño y a su capacitación permanente y obligatoria.


El Cuerpo de Administradores Gubernamentales fue una inversión a lar -

go plazo; se trataba de plantar para el futuro. 36 La const itución plena del mismo está hoy requir iendo la cont inuidad del proyecto para hacer posible el 10- gro de la masa crít ica necesaria, y la conformación permanente de los altos

niveles de gest ión deseables. Durante nuestro gobierno se produjeron las dos primeras promociones,

seguidas de otras dos en el gobierno posterior, luego de lo cual se discont i- nuaron los cursos.

El cuerpo integrado por los egresados de esas cuatro promociones ha dado prueba, en los anos transcurridos, de su idoneidad y eficiencia en todos

los organismos en que se desempeñan sus miembros. Es una demostración de la validez del proyecto que, lamentablemente, no fue asumido como una

polít ica de Estado sino dejado de lado por no reconocer, tal vez, la paterni- dad del "otro". Una demostración, también, de que las necesarias innovacio -

nes en los comportamientos están lejos de haberse completado.

El Consejo para la Consolidadón de la Democracia y la Reforma Constitucional

El presidente creó por decreto del 24 de diciembre de 1985 el Consejo para

la Consolidación de la Democracia "en vista de que es necesar io y perento- rio encarar un vasto proyecto de consolidación de nuestro régimen republi-

cano y democrát ico, tendiente a la modernización de la sociedad argent ina, fundado en la ét ica de la solidaridad y en la amplia part icipación de la ciuda-

danía". Fue designado coordinador del Consejo el eminente jurista Car los Sant iago Nino, y actuaron como consejeros: Oscar Albrieu, José Antonio

Allende, Ismael Amit, Leopoldo Bravo, Genaro Carrió, Raúl Dellepiane, Guillermo Estévez Boero, René Favaloro, Ricardo Flouret, Enr ique Nosiglia,

Julio H. Olivera, Ema Pérez Ferreira, Oscar Puigrós, Ángel Federico Roble - do, Fernando Storni, Jorge A. Taiana, Alfredo l. Vítolo, María Elena Walsh,

Emilio Weinschelbaum. La nómina es expresiva de la importante relevancia intelectual, de la diversidad de su representación y de la independencia de cri-

terio que ella involucraba.37


En carta del 13 de marzo de 1986, el presidente Alfonsín solicitó al Con-

sejo reunir antecedentes y opiniones sobre una posible reforma de la Car ta Magna "dirigida -sobre todo- al perfeccionamiento de la parte orgánica de

nuestra Const itución, para hacer más ágil y eficaz el funcionamiento de los diversos poderes del Estado y para profundizar la part icipación democrát ica,

la descentralización inst itucional, el control de la gest ión de las autoridades y el mejoramiento de la Administración Pública". El documento incluía una

importante determinación al expresar: "Deseo adelantar mi convicción en el sent ido de que esta iniciat iva no debería incluir mod ificación alguna a la ex-

tensión y condiciones del mandato que el pueblo argent ino me ha otorgado". El trabajo fue realizado a través de cinco comisiones: 1) Alcances de la re-

forma; 2) Poderes del Estado y sus relaciones; 3) Atribuciones de las provincias y federalismo; 4) Descentralización, participación e inst itucionalización

de los part idos polít icos y las asociaciones intermedias; 5) Parte doctrinaria. La metodología ut ilizada incluyó no solamente los muy complejos aspectos

técnicos que requirieron la part icipación de numerosos especialistas, sino también la necesidad de recoger las valoraciones polít icas y ét icas fundamen-

tales que exigían ser discut idas con la comunidad. Para ello se consultó a una vasta variedad de personalidades e inst ituciones personalmente o por escrito,

habiendo viajado a las capitales de provincia y otras ciudades importantes para recoger la opinión directa de gobernantes y polít icos, así como la de repre-

sentantes significat ivos de cada comunidad. Se recibió además el aporte de

numerosas personalidades nacionales y extranjeras. 38 Los trabajos realizados

fueron publicados39 y difundidos, habiendo también sido considerados en un

Congreso Internacional sobre la Reforma de la Const itución. 40

En 1987, en su mensaje al Congreso decía el presidente de la Nación:

Quiero suscribir las palabras del Consejo para la Consolidación de la Demo-

cracia: todo período histórico necesita de un gran pacto de convivencia. La

Constitución de 1853, después de finalizadas las guerras civiles, fu e el gran

pacto de convivencia sobre el que se formó la Nación Argentina. La Argen -

tina ha iniciado un nuevo período histórico. Superados los desencuentros,

estamos construyendo el país que aspiramos tener . Ahora, como en 1853,debemos

explicitar ese gran pacto que sirva de cimiento para construir una


sociedad participativa, solidaria y moderna. El pacto constituyente entre los

ciudadanos requiere un sólido consenso. La propia Constitución, sabiamen -

te, ha previsto las condiciones de su modificación, de m odo que ninguna

mayoría circunstancial imponga caprichosamente su voluntad a las genera -

ciones venideras.

En consonancia con esto, desde el Gobierno se abrió una instancia de con-

sultas y análisis con los part idos polít icos para lograr los consensos necesarios a efectos de iniciar el proceso legislat ivo requerido. El Part ido Radical

const ituyó una Comisión Especial, cuyo informe posit ivo fue aprobado por los presidentes de distrito y por las autoridades part idarias. El Part ido Just i-

cialista, presidido por Antonio Cafiero, aprobó la posibilidad de la reforma, lo que se plasmó en un acuerdo firmado el 14 de enero de 1988 con el pre-

sidente de la Nación. Y las deliberaciones cont inuaban con los otros part i- dos polít icos. Pero este avance estuvo pronto contrastado por las posiciones

y declaraciones del ya perfilado candidato a la presidencia, Carlos Menem, quien -si bien había estado de acuerdo en ocasión de la elaboración del pro -

yecto cuando fue consultado su gobierno en La Rio ja- como contrincante, internamente en su part ido con el propio Cafiero y en general con el radica-

lismo, cambió su discurso, que se transformó en una oposición abierta. Esta act itud configuraba una falta de condiciones mínimas para el consenso bási-

co necesario y determinó la renuncia del gobierno a cont inuar en ese momento con su propósito de impulsar la reforma, que era considerada una pie -

za clave hacia la consolidación democrát ica. No por ello se desist ió de esta convicción, lo que se tradujo en que el te-

ma siguió siendo siempre tratado en las más importantes Convenciones Nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), cuya posición reformista pre-

sentaba antecedentes que habían precedido desde largo t iempo la propia iniciat iva del presidente Alfonsín. Coherentemente, los principios sustentados

fueron reiterados ante la nueva circunstancia en las Convenciones Naciona- vienda digna es uno de los derechos sociales incluidos en les part idarias de

Bariloche, en 1989, donde el propio Alfonsín desarrolla su pensamiento; en la de Mar del Plata, en octubre de 1990, en la que se propo-


ne "impulsar la reforma inst itucional, que incluye la reforma de la Const itu-

ción Nacional, con los objet ivos básicos de descentralizar las funciones del poder”; o en la de julio de 1992 en la que se rat ifica que la UCR "desde sus orí-

genes, ha ident ificado su compromiso con la causa de la Reparación Nacio - nal y de la dignidad del hombre, con la defensa y vigencia de la Const itución

Nacional y la necesidad de su reforma", insist iendo en que éstas han sido cuestiones que el radicalismo ha planteado en forma permanente.

[. . .] El pueblo argentino tiene derecho a una discusión abierta y honesta so -

bre lo que verdaderamente está en juego, porgue reformar la Constitución

Nacional, permitir u oponerse a la reelección no es ni bueno ni malo en sí

mismo. Lo que debe determinarse son las circunstancias en gue se lo hace,

[. . .] no es posible modificar la Constitución por una decisión unilateral sino,

por el contrario, es necesario que surja del consen so, y esto solo es posible

si existen reglas de juego aceptadas.

Luego de haber sido dejada de lado debido a la oposición de Menem, en 1992 es él quien comienza a hablar de reforma. Sin embargo, el propósito que lo

impulsa es la reelección, no los contenidos de la Const itución. El 7 de julio de 1993, fue enviado al Congreso un proyecto para declarar la necesidad de la re-

forma que, aunque contenía algunos aspectos inst itucionales concordantes con las propuestas del Consejo para la Consolidación de la Democracia, in-

cluía una reforma del Estado que recogía y consolidaría const itucionalmente el modelo neoconservador de la polít ica vigente del gobierno de Car los

Menem.41 En su consideración en el Senado, el proyecto sufrió modificacio - nes sustanciales, en part icular en respuesta a los arreglos del presidente de la

República con el senador Leopoldo Bravo, opuesto a la modificación del sis - tema de elección y al acortamiento de los mandatos de los senadores. El pro -

yecto, finalmente aprobado, quedó reducido a una versión escuálida e inaceptable que aseguraba la reelección indefinida a la presidencia y era totalmente

insat isfactorio y peligroso en todo el resto. Por otra parte, la obtención de los dos tercios de los miembros de cada

cámara -que había podido ser reunida en el Senado- presentaba dificultades insalvable s en la Cámara de Diputados. Por eso se comenzó la manipulación


del art ículo 30 de la Const itución Nacional, repit iendo la tortuosa interpreta-

ción de que la mayoría necesaria es la de los dos tercios de los miembros presentes, lo que estaba sustentado en un proyecto de ley del diputado Duraño-

na y Vedia, que ya tenia despacho favorable de la mayoría en la Comisión de Asuntos Const itucionales y que podía ser aprobado por simple mayoría del

quórum de la Cámara. Esto hubiera retrotraído el país a la situación de ilegitimidad de origen que envolvió la reforma const itucional de 1949, con el mis-

mo propósito central de la reelección -que logró Perón por este medio- pe- ro que fue el mot ivo de la posterior anulación de la reforma, devolviendo su

imperio a la Const itución de 1853 con sus posteriores modificaciones. Estas dos razones, los contenidos del proyecto ya aprobado en el Senado

y la metodología de aprobación a usarse en la Cámara de Diputados, son las que determinan el propósito de Raúl AIfonsín de impedir el avance de esta

iniciat iva y evitar los graves daños que ello hubiera engendrado en la convivencia polít ica nacional y en la legit imidad del gobierno futuro.

Para ello, Raúl AIfonsín le propuso a Carlos Menem, en una reunión reservada, construir un consenso respetando las mayorías de los dos tercios de

la totalidad de los miembros de cada Cámara y trabajando sobre contenidos diferentes de la reforma. Éstos trataban de definirse sobre las bases del pro-

yecto del Consejo para la Consolidación de la Democracia -en el que estaba admit ida la posibilidad de la reelección de un mandato reducido a cuatro

años por un solo período consecut ivo-42 y se dejaba de lado el inaceptable proyecto en marcha. Estas negociaciones llevaron al acuerdo entre los presidentes de ambos part idos mayoritarios en lo que ha dado en llamarse Pacto

de Olivos, firmado en la residencia presidencial el 14 de noviembre de 1993. ¿Por qué este acuerdo ha sido tan incomprendido, tan combat ido, tan de-

gradado? Para tratar de entender este fenómeno, luego de la reseña de sus antecedentes que acabo de presentar, me detendré solamente en dos interro -

gantes. En primer lugar: ¿por qué un pacto? La respuesta parece elemental. Los compromisos y los cuerpos normat ivos se regulan por medio de conve-

nios, de pactos, u otros sinónimos que los designan. En nuestro caso se trataba de asegurar, de una manera formal e inequívoca, el acuerdo logrado so -

bre los contenidos de la reforma, que no debían ser desvirtuados. Nuestra


historia polít ica y const itucional estuvo llena de acuerdos, la Const itución

Nacional recogió en su Preámbulo los pactos preexistentes que condujeron a hacerla posible y las reformas posteriores correspondieron siempre a temas

estrictamente prefijados, como sucedió en la primera modificación de 1860, que fue precedida por los pactos entre la Confederación Nacional y la pro -

vincia de Buenos Aires.43 El núcleo de coincidencias básicas acordado tiene esas mismas característ icas de fijación previa de los contenidos, no sólo de la enumeración de los temas a abordar sino de su orientación o configuración,

para impedir, que los objet ivos buscados pudieran ser desvirtuados. El pacto era la garant ía, la expresión del consenso logrado, y fue admit ido y formal-

mente aprobado por los cuerpos orgánicos de los dos part idos polít icos fir - mantes, que eran representantes de la amplia mayoría de la ciudadanía, la cual

pasó a ser el refrendo del acuerdo. En segundo lugar: ¿por qué el rechazo al Pacto de Olivos? Hay varias ra-

zones que fueron concurrentes y determinantes, cuatro de las cuales considero principales. Una de ellas es la irritación existente en una parte de la ciuda-

danía por el propósito reeleccionista dominante en la act itud del presidente

Menem, que teñía toda la reforma. Frente a esta preocupación, que compar-

riamos, resulta necesar io insist ir en que en su proyecto -el que justamente se había dejado de lado en el acuerdo alcanzado-la reelección estaba abierta en

forma indefinida, y que era imposible evitar su aprobación en el marco de las condiciones puestas en marcha, que violaban el principio de las mayor ías es-

peciales exigidas para la aprobación de la declaración de la necesidad de la reforma. A part ir de la aprobación del proyecto Menem-Bravo habría quedado

habilitada la candidatura de Menem también para un tercer período consecu- tivo en 1999. Pero lo cierto es que en la Const itución reformada sólo se ad-

mite una reelección consecut iva, cláusula de la cual él hizo uso en 1995, en comicios en los que obtuvo la mayoría amplia de los votos soberanos de la

ciudadanía. Resulta oportuno completar este análisis introduciendo un tema para la

reflexión sobre la conveniencia de una repetición de mandato luego de un período intermedio, lo que no impide la actual Const itución ya que se

mantuvo lo establecido en la de 1853, y que le posibilitó compet ir otra vez


a Menem por una tercera reelección en 2003. Para algunos, esta últ ima

norma const ituye una rémora que debiera ser removida de una manera or- gánica, lo que significa la necesidad de una futura reforma. Suele tomarse

como modelo la Const itución de Estados Unidos, con un sistema presidencialista semejante que sólo admite una elección consecut iva, aunque en

varios de los países europeos las reelecciones sucesivas no t ienen las mis -

mas limitaciones.44 El tema merece un debate, sobre todo a la luz de nuestra propia experiencia. En el orden nacional, sólo el presidente Roca repi-

tió su mandato basado en esta cláusula. En el orden provincial, var ias recientes modificaciones const itucionales han habilitado la repet ición de

mandato, en algún caso sin ningún límite, y casi siempre vinculadas con propósitos hegemónico s de candidatos o dinast ías instaladas. Hasta aho-

ra, se trata de patologías que conspiran contra el perfeccionamiento de nuestra democracia.

Una segunda razón de oposición al Pacto es la act itud dogmática contraria a cualquier t ipo de reforma const itucional que conduce a la defensa irre-

duct ible de una Const itución calificada como de naturaleza pétrea, imposible de ser mejorada o sust ituida. En pr imer lugar hay que señalar que el propio

Alberdi la consideró una Const itución de transición, diciendo que las cons- tituciones se construyen como un edificio, adaptándose a las funciones que

deben desempeñar. La nuestra había sido sancionada un siglo y medio atrás, en un país apenas naciente donde ni siquiera había comenzado el período de

inmigración masiva que caracteriza la composición de la mayor ía de la pobla- ción actual, un país al que la Const itución ayudó -es muy importante reco-

nocerlo- a su organización. Pero luego de un lapso tan largo, como ha sucedido en todos los países del mundo, necesitaba cambios y adaptaciones en

correspondencia con el desarrollo de la sociedad actual, con las condiciones de nuestra inserción en el mundo y con los avances del const itucionalismo

moderno. A veces se trae también como referencia la vigencia de su modelo, la Const itución de Filadelfia, pretendiendo presentarla como un ejemplo

de inmutabilidad. Pero es exactamente lo contrario ya que ha recibido dece-

nas de modificaciones45 -que en Estados Unidos se hacen por el sistema de enmiendas sancionadas por el Congreso y de rat ificaciones estaduales de las


mismas- siendo pert inente destacar que entre las reformas realizadas en ese

país estuvo la del Senado, que estableció la elección directa de los senado -

res.46 Por lo que acabo de expresar no comparto la tesis de la inmutabilidad de la Const itución, pero aceptando la existencia de argumentos opuestos,

considero que esto planteaba la conveniencia de una discusión conceptual, de ningún modo la est igmat ización del que piensa diferente. Hay que señalar

que esas posiciones tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación, Las otras dos razones, que tuvieron los efectos más importantes, son de

naturaleza estrictamente polít ica o, más precisamente, de relaciones polít icas o de poder.

Una nace en la propia UCR y existen muchas evidencias de que las razo - nes por las que se opusieron varios dirigentes no han sido diferencias con-

ceptuales o por consideraciones de la oportunidad de la reforma, ya que -además de los importantes antecedentes partidarios sobre el tema- hubo

en part icular en aquellos que sostenían la tesis expuesta. reuniones y discusiones previas que trataron sobre la gravedad de la situación

que se estaba creando desde el gobierno y la necesidad de contrarrestarla. 47 Fue, en cambio, una ocasión de seguir haciendo oposición interna por parte

de alguna fracción part idaria, tal como se viene realizando desde 1984. Esta act itud tuvo su expresión más clara en la conducción de la Convención Na-

cional Const ituyente a través del comportamiento de su presidente, sin pa- rangón en toda la historia del radicalismo. En efecto, a t ítulo personal pero desde su invest idura, sostenía posiciones opuestas a las actuaciones y decisio -

nes del Comité Nacional, las que habían sido aprobadas con amplias mayo- rías en cada una de las Convenciones Nacionales que le habían otorgado

mandato expreso para reformar la Const itución. A esto se sumaron las act i- tudes adoptadas por dos dirigentes con mucha visibilidad, Fernando De la

Rúa con su grupo de referencia, y el diputado Jorge Vanossi, quienes tam- bién se colocaron en contra.

De la Rúa ya en 1974 se había manifestado de acuerdo con una reforma

const itucional cuya posibilidad empezó a considerarse entonces, 48 y en 1986

aceptaba que en la sociedad exist ía una disposición para modificar la Cons- titución como parte de un proyecto de transformación y modernización al


cual había adherido,49 y que lo había llevado a afirmar, frente al debate abier-

to en pro de la reforma, que "no se pueden desoír esas voces". 50 En 1993 se

trataba, precisamente, de volver a impulsar ese mismo proyecto, por lo que su ret icencia no resultaba convincente y menos podía comprenderse su act i-

tud de rebeldía ante las decisiones orgánicas del part ido, salvo por sus intenciones de diferenciación. En cuanto a Vanossi, tenía una larga trayectoria co -

mo const itucionalista y como legislador en la materia. En la pr imera condición, había integrado junto con otros eminentes jurisconsultos la comi-

sión especial51 creada en 1971 por el gobierno del general Lanusse, para aconsejar sobre una reforma inst itucional, la que incluyó la recomendación del acortamiento de mandato y la reelección presidencial. Como legislador, en

octubre de 1989 presentó un proyecto de reforma const itucional en cuyos fundamentos, al hablar de la posibilidad de incluir la reelección, argumentaba

que ya no se debía temer esta figura porque el país estaba viviendo en un pro - ceso democrát ico instalado. En 1992 fust igó "el apuro mono temát ico que se

ha posesionado del gobierno" en torno de la reelección, y planteaba que el primer mandatario en ejercicio .debiera excluirse, como lo había hecho con

anterioridad el presidente Alfonsín.52 No admit ir el procedimiento abierto por el Pacto de Olivos significaba resignarse a la aprobación del proyecto de reelección permanente, que estaba en consideración en el Congreso y contra

el cual el diputado Vanossi había alegado categóricamente desde su banca. Si teníamos en cuenta los efectos resultantes de su sanción para las siguientes

elecciones, se llegaba a una conclusión inevitable y evidente respecto de quién ser ía el candidato del just icialismo. Por eso resulta difícil imaginar que estas

consecuencias no eran adverert idas, y a aproximación que hizo en ese momen- to a los ámbitos de negociación part idarios dejan la impresión de que su re-

tiro de ellos tuvo causas estrictamente personales. Todo lo mencionado indica claramente que la fuente de oposición origi-

nal al Pacto de Olivos fue, en pr imer lugar, oposición a Raúl Alfonsín y razo - nes de orden interno que tuvieron su origen y su centro de difusión en el pro-

pio Part ido Radical. Si en lugar de ello se hubiera actuado con la coherencia a la que obligaba el mandato recibido de la Convención Nacional part idaria,

que nunca debió ser desconocido, se habría garant izado la unidad de propó-


sitos e impedido el anatema que se arrojó sobre lo que fue una decisión pa-

triót ica que impidió al país caer en una nueva y ya antes padecida ilegit imidad. En definit iva, se había conseguido remplazar un mal proyecto por una bue-

na propuesta que había sido extensa y profundamente estudiada en nuestro part ido y, además, se había impedido la deslegit imización del acto const itu-

yente. Si el radicalismo en su conjunto hubiera entendido y respetado esto, su unanimidad hubiera modificado los términos de comprensión de los alcan-

ces y de las circunstancias difíciles de la reforma. Por últ imo, la otra razón o motivación política se alimentó de la anterior.

El radicalismo le dio a su principal compet idor en la oposición, el Frente País Solidario (FREPASO) -en proceso de alumbramiento-, el argumento precioso

para orientar su campaña de captación de votos y de voluntades y éste llevó adelante un proselit ismo sistemát ico sobre la base de la denuncia del Pacto

de Olivos. También en este caso, el surgimiento polít ico tan mediát ico de la nueva agrupación -cuya prédica adquirió una difusión inusitada- contribuyó

grandemente a generar el estado de ánimo adverso al Pacto de Olivos que se fue extendiendo entre numerosos miembros de la ciudadanía, ¡Cómo ha si-

do de contundente la exhortac ión que hoy la palabra "pacto" está casi des- terrada del lenguaje de los argent inos, vaciada de los contenidos posit ivos de

su significado! En este cuadro complejo y convulsionado, sin embargo, todos los part idos

polít icos se presentaron a elecciones y compit ieron por una representación en la Convención Nacional Const ituyente, que fue muy diversificada y que desa-

rrolló un trabajo efect ivo, el que puede evaluarse por la intensa act ividad realizada con espíritu construct ivo y por los resultados obtenidos. En ella, luego

de los avatares y de las acusaciones previas, el entonces convencional Carlos Álvarez, refiriéndose al Pacto afirmó que "el doctor Alfonsín entendió que era

necesario parar y frenar el país que marchaba rumbo a la colisión". La nueva Const itución fue sancionada y jurada por todos los que contri-

buyeron a hacerla. Ella significa un paso innegable de avance inst itucional y humanitario, que es ejemplar en la inclusión de los derechos llamados "de

tercera y cuarta generación", y avanzada en las formas de part icipación de- mocrát ica que aseguran un amplio ejercicio del derecho de ciudadanía a to -


da la sociedad. La nueva arquitectura inst itucional necesita todavía la regla-

mentación de varias de las innovaciones. Requerirá sin duda modificac iones en algunas ya realizadas y que no fueron hechas de acuerdo con el espír itu

con que fueron sancionadas, y demandará -como ha sucedido a lo largo de toda nuestra difícil historia- una act itud de verdadero respeto al pacto de de-

rechos y garant ías que ella representa, evitando su violación, su desvirtuación o su desconocimiento. Se trata de un aprendizaje, del cambio de cultura tan

declamado y en el que estamos esperanzados, se trata de seguir avanzando en la democracia que sólo se logra con más democracia.

El traslado de la capital

La capital de la República Argent ina ha const ituido un problema siempre pre-

sente a part ir de nuestra organización como país. La grave y prolongada dis - puta por su ubicación en la ciudad de Buenos Aires nunca fue saldada, a pe-

sar de la decisión adoptada en 1880 en la que quedó oficializada su situación. El famoso alegato en que Leandro Alem manifestó su oposición en la Legis-

latura de Buenos Aires const ituyó una verdadera profecía -tal como ha sido llamada- que anunció las consecuencias negat ivas de la concentración de fun-

ciones polít icas, económicas y culturales, que actuarían como un succionador de energías del resto del país, en detrimento del cual se construir ía el predo -

minio desmesurado e injusto de esa capita l desequilibran te. Había triunfado

la tesis unitaria que derrotó al federalismo. 53 En pleno cenit de la economía at lánt ica, e l centro del poder polít ico ubicado en la Plaza de Mayo se unía di-

recta y estrechamente al puerto. A part ir de entonces se produ jo el crecimien- to fenomenal de la metrópoli; luego de ampliar su perímetro original con la

incorporación de Flores y Belgrano al distr ito original, esta expansión des- bordó sobre el territorio de la Provincia de Buenos Aires provocando una

distribución deforme de la población nacional semejante a la de los países menos desarrollados del mundo, con una gran capital y la casi ausencia de

otras ciudades significat ivas. Ya en 1898, el polít ico y ensayista José Bianco planteaba en su obra

Ensayo sociológico la necesidad de tener en cuenta el momento en que "los


intereses de la población, los intereses permanentes de la República, e l

equilibrio polít ico y social, el progreso y la civilización determinen la tras- lación de la capital federal a otro punto". En 1912, el presidente Roque

Sáenz Peña, advirt iendo que "la ciudad de Buenos Aires se ha excedido en su crecimiento al territorio de la jurisdicción de la provincia", proponía la in-

corporación del distrito de Avellaneda, lo que no se concretó. En el año 1918, Juan Álvarez analiza lúcidamente los problemas derivados del creci-

miento desmesurado de la Capital Federal y asevera: "No es misterio que el federalismo argent ino jamás movió todos sus resortes en forma sat isfacto -

ria". Poco más tarde, en 1921, el español Adolfo Posada escr ibe sobre el país y dice: "La capital es un monstruo congest ionado, rodeado de pampas veci-

nas, un cuerpo flaco con cabeza que lo hunde o asfixia"; esta comprobación es ya la ant icipación de La cabeza de Goliat descrita en 1940 por Ezequiel Mar-

tínez Estrada. Ese mismo año, Alejandro Bunge en su obra Una nueva Argen- tina describe las deformaciones del país y afirma que "el grado de prosper i-

dad puede medirse por la distancia a que se encuentran los centros poblados y los distritos rurales de Buenos Aires". En 1942, dos obras se ocupan del

traslado de la capital: la del coronel José María Sarobe, especialista en temas patagónicos, y la de Leopoldo Velazco. Pero, como observa en 1944 Bonifa -

cio del Carril en Buenos Aires frente al país: "Las fauces del coloso cont inúan insaciables su tarea absorbente, mientras el cuerpo de la Nación dolorida ve-

geta perdiendo día a día la esperanza de la salvación". 54 En 1980, el conglomerado bonaerense alo jaba al 35% de la población del país en menos del 1 % de los casi tres millones de kilómetros cuadrados de

superficie del territorio cont inental. La concentración económica y financiera era aún más fuerte: se consumía el 39% de la energía, se ocupaba el 45%

del personal en el sector terciario y el 48% en el sector manufacturero. Y lo mismo podía verificarse en otros indicadores respecto de la educación, la cul-

tura, el poder polít ico y todos los demás aspectos de la vida de la sociedad. Estas solas cifras dan una imagen clara de la aberración de la organización

-o mejor sería decir la falta de organización- de nuestro territorio nacional. De esta gigantesca aglomeración escribe la geógrafa Elena Chiozza: "La ciu-

dad pierde su dimensión humana y si para muchos sigue siendo todavía un


bien deseable, para otros tantos es mot ivo de agobio y de quebranto de su

salud física y mental"; y para los habitantes del resto del país, e l dualismo existente se traduce en la frase del común: "Dios está en todas partes, pero

at iende en Buenos Aires". La conciencia de esta situación tuvo múlt iples manifestaciones en el Con-

greso Nacional. Los proyectos par lamentarios proponiendo la creación de comisiones especiales para el estudio de la ubicación de una nueva capital o bien

el traslado de su sit io actual a dist intos lugares o ciudades del país son numerosos. A part ir de 1958 hay nueve propuestas de estudio, la últ ima de ellas en 1985,

con la misión de determinar el lugar más conveniente al sur del río Colorado; y exist ieron seis propuestas de traslado, de las cuales tres son de 1986.

Ese año, el presidente Alfonsín -que había solicitado al Consejo para la Consolidación de la Democracia que le diera su opinión sobre el tema- envió

el proyecto del traslado de la capital a ubicarse próxima a la desembocadura del río Negro, en ambas márgenes del mismo, en un lugar que incluía los em-

plazamientos de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones en las pro -

vincias de Río Negro y Buenos Aires, respect ivamente. 55 En sus fundamentos se refer ía a las controversias apasio nadas y los desencuentros históricos

que el tema había suscitado, para lo cual planteaba una "solución profunda a lo que es ya un problema nacional". Recogiendo los antecedentes sobre el te-

ma destacaba: "En pocas cuest iones como en ésta ha habido una tan clara conciencia, a part ir de la decisión de 1880, de las graves perturbaciones que

la capitalización de Buenos Aires iba a traer al desarrollo general de la Repú- blica. En pocos casos como en éste, el transcurso del t iempo, lejos de ir ate-

nuando las dificultades que se previeron en su momento, ha llevado las mismas a extremos que culminaron con una deformación del conjunto

nacional".56 La propuesta t iene un sent ido profundamente federalista e integrador. En efecto, el río Negro separa el territorio argent ino en dos, y el lugar elegido es

un punto de art iculación entre la parte del país históricamente ocupada y esa enorme región patagónica casi vacía, llena de posibilidades inexplotadas y

observada como un promisor io espacio futuro. La capital imaginada se apro- xima a la extensísima costa at lánt ica, mal protegida y con una riqueza mar í-


tima apetecida por otros y escasamente aprovechada por nosotros. La in-

fraestructura existente de comunicaciones la vinculaba ya entonces de manera bastante sat isfactoria tanto con el norte como con el sur y el oeste

del país, habiéndose convert ido este últ imo espacio andino en una zona en proceso de transformación y crecimiento en las dos décadas precedentes. El

sit io es físicamente de una singular belleza. El río t iene allí 250 metros de ancho entre ambas costas y está atravesado por dos puentes, uno de ellos fe -

rrocarretero. En su enorme extensión, que vincula los Andes con el océano, es navegable para diversas embarcaciones, por lo que presenta posibilidades

de un importante desarrollo de las comunicaciones y los intercambios por esa vía. Tiene, igualmente, un enorme atractivo turíst ico: ejemplo de ello es

que existe una extraordinaria competencia náut ica internacional que une cada año su nacimiento en la confluencia con los ríos Limay y Neuquén, con

su desembocadura en el At lánt ico, a más de mil kilómetros. En la orientación norte-sur del país, la localización de Viedma-Carmen de Patagones está ubi-

cada a una distancia equivalente en ambas direcciones. La zona posee un clima benigno y saludable, con un alto número de días de asoleamiento, exce-

lentes playas, sit ios y bellezas naturales próximas, que configuran un paisaje que proporciona condiciones para una elevada calidad de vida.

Las ciudades elegidas t ienen una fuerte historia conjunta de más de doscientos años. El Fuerte del Río Negro, fundado en 1779 por Francisco de

Viedma al sur del r ío, dio origen al nacimiento de Carmen de Patagones en la margen norte perteneciente a la actual provincia de Buenos Aires. Este empla-

zamiento -que conserva un relevante patrimonio histórico urbaníst ico- tuvo una importancia singular: vinculó Buenos Aires con el sur del país y fue el cen-

tro de intercambios con las poblaciones indígenas patagónicas hasta la cordi- llera. Sus funciones y su valor estratégico se incrementaron cuando en 1825 se

produjo la guerra con Brasil. Debido al bloqueo del puerto de Buenos Aires por la armada imperial, e l Carmen se convirtió en el único puerto accesible pa-

ra los barcos de bandera argent ina. En esas circunstancias se produjo el hecho heroico en el que los pobladores capturaron el buque de guerra llegado hasta

sus costas y derrotaron a los invasores. En el año 1878, para marcar su sobe- ranía sobre los territorios del sur, el gobierno creó la Gobernación de la Pata-


gonia, que abarcaba desde la margen derecha del río Negro hasta la Tierra del

Fuego. La capital fue const ituida en la margen sur del histórico fuerte, en la actual ciudad de Viedma. Todo esto es indicat ivo del carácter art iculador que

este emplazamiento t iene desde su propio origen, y que se pone de manifies- to en dist intos momentos y circunstancias de la historia de nuestro país, como

señalando este dest ino futuro para la ubicación de la nueva capital. El traslado debía provocar un cambio no sólo en la organización de nues-

tro territorio, produciendo una dist inta localización de la población y de las funciones urbanas, sino que, como señala Jorge Enrique Hardoy en su obra

The planning of new capital cities, la experiencia internacional muestra que la creación de una nueva capital se conecta con cambios en la orientación eco -

nómica y demográfica en los territorios que se gobernarán desde allí y t iene repercusiones a menudo fundamentales en la dirección subsiguiente del de-

sarrollo del país. Ése era, precisamente, el objet ivo propuesto. Al igual que lo sucedido con Río de Janeiro en Brasil, Sydney en Australia, o Nueva York en

Estados Unidos luego de la construcción de las nuevas capitales en estos paí- ses, la ciudad de Buenos Aires seguirá siendo el pr incipal centro de la vida

nacional. Se marcó entonces el propósito de convert irla en la capital cultural lat inoamericana, vocación a la que no debemos renunciar y que debemos

propiciar sin vacilaciones y con iniciat ivas contribuyentes a esa finalidad. Desde su inicio, e l proyecto estuvo estrechamente asociado con la refor -

ma administrat iva del Estado nacional en la que se venía trabajando. La des- centralización que significaba la nueva capital estaba asociada a cambiar no

sólo el lugar de gest ión administrat iva del gobierno, sino la estructura y la calidad de su desempeño, a producir una discont inuidad entre las práct icas an-

quilosadas y las rut inas enquistadas y a introducir la modernidad en los pro - cesos de reflexión y decisión, y en la gest ión. Se preveía la localización de las

funciones estratégicas de gobierno en el nuevo centro, el mantenimiento de algunas funciones de gest ión en Buenos Aires, y "la descentralización hacia

todos los rumbos del resto de las act ividades art ificialmente concentradas en nuestra Capital Federal, cada una de las cuales debe ir a localizarse allí don-

de lo aconseje su naturaleza". El traslado select ivo y por etapas de los servicios del Estado fue programado para que su realización se hicie ra de mane-


ra consensuada y libremente consent ida, con una amplia part icipación de los

agentes gubernamentales. Fueron abiertas de inmediato instancias de diálo -

go con sus organismos representat ivos.57 El Congreso Nacional sancionó la Ley de traslado de la Capital, y las co-

rrespondientes legislaturas provinciales de Buenos Aires y de Río Negro aprobaron las cesiones de t ierras respect ivas.

Para poner en marcha la ejecución de las tareas requer idas fue creado el En- te para la Construcción de la Nueva Capital Empresa del Estado (ENTECAP),

dependiente de la Presidencia de la Nación, que inició en julio de 1986 los trabajos de programación necesarios, trazó las líneas directrices de un plan

general de desarrollo urbano, preparó los llamados a concurso de componentes urbanos part iculares y los pliegos de licitación de las pr imeras obras )

básicas de infraestructura, y procedió a la adaptación de obras existentes en ejecución o previstas.

Pero el avance del proyecto tropezó con poderosas inercias y la indiferencia o la resistencia de los intereses manifestados históricamente. En el pro -

pio gobierno, el temor al cambio y al desafío que se había planteado apoyaba su ret icencia en las dificultades presupuestarias, que se anteponían como

una limitación al proyecto. Como lo ha interpretado Rodolfo Pandolfi: 58 Se llegó a un punto en que resultó demasiado complicado avanzar con

una propuesta utópica. Aunque se tratara casi de una utopía administrati -

va, el proyecto Viedma no apuntaba hacia las satisfacciones inmediatas si-

no que constituía una idea fundacional que formaba parte del esquema

global. [. . .] La creación de una nueva Capital fue una de las ideas funda -

cionales del gobierno radical y mostró sus vir tudes más apreciables (la vo -

cación por romper ataduras y generar una vida cotidiana más libre que

acompañara a un Estado independiente, la capacidad de imaginar) y sus

falencias más evidentes. Entre ellas está la dificultad de comunicación con

la gente pero, sobre todo, la dificultad que hizo razonar a Shakespeare: un

solo defecto, la indecisión, tiene la fuerza necesaria para permitir que se

imponga el fracaso.

El escaso avance logrado en las realizaciones en el terreno facilitó la decisión


del gobierno asumido en 1989 de dejar caer el proyecto.

Sería deseable que esta cuest ión, que sigue y seguirá teniendo la misma trascendencia como causa de los graves desequilibrios del país y las injust i-

cias sociales que provoca, pueda ser objeto de un análisis y de una reflexión sistemát ica que involucre a la ciudadanía argent ina. Si así fuera, la "capital

congelada" del autor citado precedentemente podría volver a ser un reto para una generación futura, que haga suya la propuesta visionaria no realizada

del presidente Alfonsín.

El Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre la Argentina y la República Federativa del Brasil.

El 30 de noviembre de 1985 se reunieron el presidente de Brasil José Sar-

ney y el presidente de la Argent ina en ocasión de la inauguración del puente internacional Tancredo Neves que une la ciudad de Puerto Meira en Bra-

sil con la de Puerto Iguazú en Argent ina. Con el propósito de dar una muestra clara de la vocación integradora de su gobierno, el presidente AI-

fonsín propuso al presidente Sarney visitar la represa de Itaipú, que había ocasionado ingratas discusiones entre ambos países en el periodo anterior

de las respect ivas dictaduras militares. El presidente Sarney habría de expresar años más tarde: "Ese día, Alfonsín dio el pr imer paso importante para

cambiar la imagen de nuestras diferencias. Fuera del programa (y deseo se- ñalar siempre esto porque fue un marco histórico), él visitó Itaipú. Fue ape-

nas una fotografía, pero sepultó la guerra de las aguas del Paraná y cambió la historia de nuestras relaciones. Su gesto fue de un gran coraje en aquel

momento."59 Este hecho estuvo en el comienzo de una nueva act itud de confianza y de espíritu construct ivo que se refleja en la Declaración de Igua- zú, la cual marca el punto de inflexión en la relación bilateral y desencade-

na el proceso de integración que unos años más tarde se transformaría en el Tratado de Integración entre los dos países, y abriría el camino hacia el

Mercosur. En la declaración se establecen las grandes directrices sobre las cuales se

orientaría la cooperación bilateral, se realiza un análisis del difícil contexto


internacional caracterizado por el excesivo proteccionismo y las altas tasas

de interés, señalándose la necesidad de ampliar la autonomía de decisión de América Lat ina y comprometiendo la firme voluntad polít ica de promover

un proceso de integración bilateral. El documento establece el marco en que deberá desarrollarse ese proce-

so de integración, enumerando las principales líneas de acción:

promover las condiciones para la creación gradual de un mercado co- mún entre ambos países, al cual podrían asociarse otros países de Amé-

r ica del Sur;

aumentar el poder polít ico y la capacidad de negociación a través de la ¡ inst itucionalización de un sistema de consultas bilaterales;

alcanzar el máximo de autosuficiencia posible en materias primas esencia - les, insumos y bienes de capital, sust ituyendo al dólar como moneda de intercambio;

intensificar y promover nuevos campos de cooperación cient ífico -tecno- lógica en sectores de punta, en part icular en biotecnología, energía nuclear, e informát ica, entre otros.

Ocho meses más tarde, el 29 de julio de 1986, en un hecho de singular sig- nificación histórica se firmó el Acta para la Integración Argent ino-Brasileña,

y se aprobó el programa que incluyó la firma de doce protocolos adjuntos orientados a la ejecución de las metas anteriormente mencionadas.

El Acta para la Integración deja sentada claramente la visión global de ambos gobiernos respecto del proceso de integración, el cual debía com-

prender las dimensiones de la polít ica, de la economía y de la cultura. En la dimensión polít ica se señala la necesidad de dar un renovado im-

pulso a la consolidación de la paz y de la seguridad, y de po tenciar la capacidad autónoma de ambos países.

En lo referido a la cultura se destaca la ident idad compart ida de ideas y valores que definen nuestra común esencia de pueblos lat inoamer icanos, y la

importancia de realizar un esfuerzo común por consolidar la democracia como sistema de vida y de gobierno.

En la dimensión económica se ubica al ser humano como centro de los


objet ivos de desarrollo económico para asegurar su bienestar, y se establecen

en ese contexto los pr incipios de gradualidad, de flexib ilidad y de equilibrio en los procesos part icipat ivos de negociación y decisión que regirían la eje -

cución del programa. Los doce protocolos aprobados se referían a: el intercambio de bienes de

capital, respecto de los cuales había que negociar una lista común de productos que entrarían a los respect ivos mercados libres de todo arancel y que con-

tribuir ían a mit igar los desequilibrios comerciales; e l suministro de trigo a Brasil, que se comprometía a comprar volúmenes crecientes del cereal argen-

tino; el abastecimiento de alimentos, que buscaba complementar el abastecimiento interno de ambos países y equilibrar el potencial agropecuario de ca-

da uno de ellos; la expansión del comercio, a los efectos de promover el incremento gradual, equilibrado y sostenible del intercambio bilateral, est imu-

lando las exportaciones del país deficitario y buscando la más amplia com- plementación product iva; la formación de empresas binacionales; los

mecanismos de financiamientos recíprocos; la creación de un fondo de inversiones; la exportación de gas argent ino a Brasil; la creación del centro de

biotecnología y del centro de altos estudios económicos Brasil-Argent ina; el intercambio de información técnica para la adopción de medidas prevent ivas

contra accidentes nucleares; la colaboración entre las fuerzas aéreas; el inter - cambio en el sector de la industria aeroespacial.

El objet ivo general era el incremento del comercio realizado de manera programada, con el fin de impedir los desequilibr ios espontáneos que se ge-

neraban en favor de una de las partes o, lo que es lo mismo, en detrimento de la otra. La búsqueda del equilibrio comercial no era solamente global si-

no que, además, debía ser sectorial, como se señalaba de manera específica en el protocolo para los bienes de capital. Las tareas para definir el progra-

ma incluían una act iva part icipación empresar ial, con una clara visión de las necesidades y situaciones de corto plazo y el propósito de realizar una pros-

pección de largo plazo. El sector de bienes de capital tuvo desde el origen una alta prioridad con

el propósito de integrar "el corazón de la industria pesada", teniendo en cuenta el enorme potencial de crecimiento comercial que poseían. En efecto,


Brasil importaba aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales de má-

quinas y equipamientos del mundo, de los cuales sólo 50 millones provenían de nuestro país; a su vez, Argent ina importaba 1.300 millones de dólares en

los mismos rubros, de los cuales sólo 150 se compraban a Brasil. El cambio de sent ido de este comercio haría posible lograr una mayor autonomía e inde-

pendencia respecto del mercado mundial; en tanto la asociación de los secto - res industriales argent inos y brasileños posibilitarían la creación de un eje in-

dustrial tecnológico, con la suficiente dimensión y dinamismo para actuar como polo de atracción en un proceso creciente de integración cont inental

de América Lat ina. Hay que destacar que ambos países ocupan aproximadamente las dos terceras partes del territorio de América del Sur , poseen una

parte equivalente del total de su población, y alcanzaban esa misma propor- ción del producto bruto interno generado entonces como consecuencia de

una industria bastante diversificada ya instalada, de la abundancia de recursos naturales, y la existencia de recursos humanos calificados.

El 29 de noviembre de 1988, los presidentes Alfonsín y Sarney suscribie - ron el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre la Argent ina

y la República Federat iva del Brasil, dando forma a los propósitos que los mismos se habían planteado en la reunión de Iguazú. El Tratado, que sella -

ba la alianza argent ino-brasileña, se "aplicará sin per juicio de los compromisos internacionales, bilaterales o mult ilaterales, asumidos por cualquiera de

los dos Estados Partes". Es la inauguración de una nueva era de relaciones amistosas, que deja atrás

un pasado de recelos, desconfianzas y confrontaciones estériles, del cual eran muestra aberrante las alucinante s hipótesis de conflicto de las Fuerzas Arma -

das, y las ineficientes discusiones sobre la sistemat ización de nuestros recur - sos hídricos compart idos. Esta nueva alianza dejaba sin efecto, además, his-

tóricas alianzas tácitas que enfrentaban a Argent ina y Perú contra Chile y Brasil, las cuales habían impregnado desde muy ant iguo la polít ica subregio-

nal. El proceso abierto no es meramente una búsqueda conjunta para la re- solución de problemas y el relevamiento de intereses comunes, sino que, co -

mo se había remarcado en el Acta de Amistad Argent ino-Brasileña,60 la integración se inspiraba "en los altos ideales de paz, democracia, libertad, jus-


ticia social y desarrollo", apoyada en una "fe común en la democracia repre-

sentat iva, basada en el supremo respeto al orden legal y a la voluntad popular, para asegurar la paz". El estado de Derecho se considera el principal

garante de la consecución de la just icia social, de la dignidad, de la libertad y de los derechos esenciales del ser humano. El documento, además de reno -

var el impulso al programa de integración y cooperación económica entre ambos países, centra su atención en los valores que deben guiar el proceso,

para construir un espacio común de confianza y solidar idad, es decir, una ver - dadera comunidad y no meramente una asociación. Por eso, la importancia

otorgada a los valores y a las aspiraciones compart idos por ambas sociedades. El otro objet ivo del proceso de integración es la promoción de una pre-

sencia lat inoamericana en el contexto internacional conforme a los nobles y legít imos ideales de la región y la adhesión a los propósitos pacíficos que ins-

piran la acción externa de Argent ina y Brasil, todo ello bajo la égida de la democracia en la que el diálogo internacional encuentra campo fért il para su

expansión, fortalecimiento y confiabilidad. Y terminaba declarando -en una apreciación de enorme vigencia actual- que esa part icipación lat inoamerica-

na deber ía generar un "orden internacional más justo y equitat ivo, tarea impostergable ante los graves desafíos que enfrenta la humanidad en las víspe-

ras de un nuevo siglo".

El Tratado de Integración61 era, por ende, mucho más que un acuerdo económico, e intentaba crear un amplio espacio público común y part icipa-

tivo. En su estructura se preveía la const itución de una Comisión Parlamen- taria Conjunta de Integración que iba a estar ínt imamente ligada al proceso

de toma de decisiones. La Comisión Ejecut iva debía enviar a la Comisión Parlamentaria Conjunta de Integración los proyectos de acuerdos específi-

cos, y a esta últ ima le correspondía transmitir sus recomendaciones al respecto, const ituyéndose en un ámbito de consulta y de diálogo obligatorio,

abierto y transparente. Más allá de los acuerdos económicos, se quer ía lle - gar a la construcción de una verdadera comunidad y se inició el camino con

ese objet ivo. El Tratado de Asunción, firmado en esta ciudad en 1991, que erige el Mer-

cosur con la incorporación de Uruguay y Paraguay al Tratado de Integración,


const ituye un paso importante en el logro de la meta de ampliación a otros

países de América Lat ina. Es, por otra parte, casi el único caso de cont inua- ción de una polít ica de gobierno a gobierno, luego del cambio presidencial.

Sin embargo, la concepción amplia de la construcción comunitaria part icipa- tiva se diluyó. El Mercosur fue concebido fundamentalmente como un medio

para profundizar la integración económica regional con la finalidad de mejo - rar la inserción de los países miembros en la economía global. No se trata de

conformar una nueva sociedad polít ica, que convoque a la part icipación de los agentes polít icos y sociales, por el contrario ellos fueron deliberadamente ex-

cluidos del proceso de toma de decisiones. Estas limitaciones han tratado de superarse con algunas iniciat ivas en varios campos, y se trató de volver a la

concepción original en el comunicado conjunto de los presidentes de los paí- ses del Mercosur, del 30 de junio de 2000, en el que se reitera la adhesión a

los pr incipios democrát icos y se destaca el papel de la Comisión Parlamenta- ria Conjunta, así como la importancia de que la part icipación de la sociedad

se realice orgánicamente a través del Foro Consult ivo Económico y Social. En el encuentro que los iniciadores del Mercosur realizaron en Buenos

Aires, en noviembre de 2001, para seguir analizando la cont inuidad de su iniciat iva, remarcaba el presidente Alfonsín que:

Fundamentalmente hay que tener presente que cuando se inició con el ilus -

tre presidente José Sarney el proceso de integración, estaba claro el sentido

político del proyecto y en todo momento se intentó incorporar a la socie-

dad y sus representantes como parte del mismo. Era, en definitiva, una vi -

sión de sociedad subregional. Imaginábamos un espacio amplio donde

nuestros naciones encontraron el equilibrio solidario para hacer frente a los

nuevos desafíos de una globalización inequitativa, que se acrecentarían al fi -

nal de la confrontación Este-Oeste. [. . .] En definitiva, debemos compren -

der , paro defender el Mercosur, que la historia demuestro que los procesos

de integración, si no se sostienen en la legitimidad que otorga la activa par -

ticipación de la ciudadanía se estancan o fracasan. La construcción de un

mercado no debería ser un fin en sí mismo. El objetivo buscado debería ser

que el proceso de integración contr ibuya al desarrollo integra l: económico,

cier tamente, pero además, social, político y cultural.


Y el presidente Sarney concluía: "La nueva relación entre Brasil y la Argen- tina fue marco en la historia del cont inente. Fue un momento de visualizar

el futuro, de luchar por cambios de valor". El camino de la integración lat inoamericana ha sido abierto, se lo sigue

transitando y es necesario consolidarlo definit ivamente.

La economía en crisis

La situación de la economía a finales de 1983 era crít ica. Se había producido en el país un proceso largo y casi cont inuo de inflación cuyos primeros pasos

se dieron en 1948 y tuvieron un salto significat ivo en 1975, para reiterar una nueva eclosión en 1981 en la gest ión del gobierno militar. En este últ imo pe-

ríodo, al alto gasto público y el déficit fiscal, que fue su consecuencia, se debió agregar la estat ización de la deuda externa privada en 1982. Estos dos fenó -

menos llevaron a un crecimiento de la deuda pública externa, que adquir ió dimensiones alarmantes y produjo una alta inestabilidad económica. Debe

sumarse, también, una situación, no menos significat iva, producto de la crisis de la deuda mexicana en ese mismo año, que dio lugar a la caída de los flujos

financieros y la inversión, al deterioro del aparato product ivo, a la impredeci- bilidad, y a una especulación financiera exacerbada que impregnó a toda la so -

ciedad. La gravedad encontrada al llegar al gobierno, a fines de 1983, era aún más profunda que la que indicaban los datos, los análisis disponibles y las ma-

nifestaciones externas conocidas hasta entonces de estos fenómenos. Frente a las expectat ivas de la población, la apelación a "una economía de guerra" y

el pedido de solidaridad y de compromiso inst itucional y personal manifestados por el presidente unos meses más tarde en un discurso en la Plaza de

Mayo produjeron rechazo y una negat iva a tomar conciencia y hacerse cargo de la situación y de las responsabilidades colect ivas.

Ante la gravedad de los hechos cotidianos, el ciudadano común debía defender sus ingresos especulando con tasas de interés, monedas fuertes o bo-

nos que le ofreda el mercado financiero. El trabajador y los jubilados, de ingresos fijos y bajos, cuyas demandas primarias absorben de inmediato su


salario, eran víct imas de los efectos devastadores de la inflación y la incert i-

dumbre de este proceso maligno. Se vivía así en el día a día, con caída del salario real, en una act itud absolutamente opuesta a la requer ida por todo pro -

ceso construct ivo. Se habían instalado comportamientos generalizados de "sálvese quien

pueda" que anteponían las ansiedades, la avidez por la ganancia rápida, los intereses personales o de grupo al interés general y al bienestar del conjun-

to de la sociedad, que sólo pueden lograrse con conductas enmarcadas en objet ivos de largo plazo y con act itudes solidarias de todos los grupos de

la sociedad. Por otra parte, las medidas proteccionistas de Estados Unidos y de los

países desarrollados de Europa quitaban compet it ividad a nuestras exportaciones agrarias.

El presidente advert ía que "si el problema económico no era resuelto, la vida polít ica de la Nación correría ser ios riesgos".

En ese contexto, en 1985 se puso en marcha el Plan Austral, con gran aceptación de la población y una marcada renuencia de actores polít icos im-

portantes de la oposición y de varios actores sociales, en part icular los sindicales que -con bríos permanentemente desafiantes a part ir del fracaso de la

ley de democrat ización sindical- cont inuaron llevando adelante una estrategia de paros generales de innegable contenido polít ico, sin importarles el da-

ño económico que generaban al conjunto del país. El plan, sin embargo, pre- sentó los primeros resultados posit ivos con un cambio en las tendencias al

crecimiento y una disminución significat iva de la inflación. Pero, en el orden interno se produjeron presiones por el salario de los trabajadores y hubo exi-

gencias provinciales para el financiamiento de sus déficit presupuestarios. Se plantearon dificultades para reducir el gasto público, y resultó imposible que-

brar los comportamientos especulat ivos del mercado de bienes, cuyos precios agr ícolas al consumidor, con gran incidencia en los alimentos bási-

cos, treparon los primeros meses el 24,1 %, mientras que los precios mayo- ristas industriales apenas se modificaron en el mismo período. "La descon-

fianza polít ica repercut ía en lo económico y los fenómenos negat ivos se reforzaban mutuamente: resistencia de la oposición a votar leyes imposit ivas,


reclamos y huelgas sindicales apoyados por los part idos polít icos, descon-

fianza empresaria que se traducía en aumentos prevent ivos de precios y de-

manda de divisas en el mercado marginal".62 Por otra parte, en el orden externo pesaba fuertemente el pago de la deuda, y la caída de los precios

internacionales de los productos agropecuarios en 1986 y 1987 disminuyó los ingresos de divisas y llevó a la eliminación de las retenciones a las expor -

taciones de ese origen para facilitar un mínimo de rentabilidad al sector, lo que alimentó el déficit fiscal. Estas circunstancias atentaron contra los deli-

cados equilibr ios del programa económico. El presidente declaraba en ese momento: "En la Argent ina, lo que se ha pagado bajo mi gobierno en con-

cepto de deuda externa es una cifra muy similar a la que se ha dejado de per- cibir por la caída de los precios internacionales. Esta combinación, que afec-

ta no sólo a la Argent ina sino también a las demás naciones de nuestra región, es un problema inédito en la economía mundial y const ituye un cóc-

tel mort ífero para las democracias".63 El pago de los intereses de la deuda superaba ampliamente el superávit comercial, y en las negociaciones con el FMI

se enfrentaba, sin éxito, a la concepción incipiente de la globalización ultra- liberal que se expresaría, más tarde, en el denominado Consenso de Washing-

ton, y que significó un estrangulamiento para el desempeño de las economías en desarrollo.

En el discurso pronunciado en la Organización Internacional del Traba- jo, en Ginebra, el presidente Alfonsín expresó que el problema de la deuda externa estaba ínt imamente ligado al dest ino social y polít ico de nuestros

países. Asimismo, denunció como una inaceptable paradoja el hecho de que desde las naciones industrializadas llegaran siempre voces de aliento en pro -

cura de la consolidación de nuestras democracias al t iempo que se persist ía en la aplicación de polít icas comerciales discr iminatorias que de un modo

creciente deterioraban en nuestro perjuicio los términos de intercambio y dificultaban nuestra penetración en los mercados mundiales. Sostuvo enfá-

ticamente que la deuda externa de nuestros países ya había sido pagada en una medida considerable porque las exorbitantes tasas de interés, así como

los márgenes y comisiones cargados por la banca comercial dieron lugar a un pago prematuro cuyas consecuencias todos hemos sufrido. En cuanto al


resto, es decir, aquello que los mercados reconocen como valor a nuestra

deuda, afirmó que debía ser consolidado con urgencia en una operación de largo plazo y que, en realidad, todo intento de nuevo repago no era realista

ni conveniente para la salud de la economía mundial. García Vázquez describe una consecuencia muy directa del clima de con-

frontación sistemát ica de la oposición, agudizada en ese momento por sus intereses electorales ante los próximos comicios del primer cambio de gober-

nadores e intendentes, y de renovación legislat iva: En 1987, el gobierno de Alfonsín promovió reuniones con la presencia de

todos los partidos políticos que tienen representación popular en el Congre-

so Nacional, con el objeto de llegar a un consenso que facilitase la goberna -

bilidad del país [. . .] y en las discusiones que se desarrollaron se alcanzó un

razonable acuerdo sobre puntos esenciales de los problemas económicos.

Sin embargo, no fue posible concretar esos resultados pues, en definitiva,

los principales partidos de la oposición optaron por abandonar las delibera -

ciones que se realizaban.64

Con la economía convulsionada, las elecciones fueron adversas al part ido go - bernante que disminuyó su representat ividad a lo largo del país y en el Con-

greso Nacional. El plan Primavera, puesto en marcha en agosto de 1988, debía hacer fren-

te a situaciones externas igualmente desfavorables y a un panorama interno de grandes tensiones polít icas y sociales. Las próximas elecciones para la Pre-

sidencia de la Nación exacerbaron el clima de enfrentamiento polít ico, aun en el propio part ido gobernante, cuyo candidato a presidente acometía con-

tra el ministro de Economía. La renuncia de éste no hizo sino agudizar la inestabilidad, mientras en Washington un personero del candidato just icialis -

ta, que luego sería su principal ministro, argumentaba para trabar cualquier compromiso de los organismos internacionales, lo que completar ía el clima

que facilitó el triunfo de Carlos Menem como presidente de la República. Sus anuncios de campaña, como el "salariazo" y la polít ica de precios, los anun-

cios posteriores de algunos de los candidatos minister iables, como el estable - cimiento de un dólar "recontraalto", las provocaciones traducidas en desma-


nes sociales, las presiones para entregar el gobierno ant icipadamente, 65 llevaron al paroxismo la especulación financiera y produjeron el estallido de

la economía. Por estas razones se hizo el traspaso del gobierno el 8 de ju lio de 1989,

cuando faltaban cinco meses para la conclusión del mandato electoral del presidente Alfonsín.

El analista económico Jorge Schvarzer al estudiar este período se pregunta: "¿Por qué fracasó la polít ica económica del gobierno radical?, ¿qué ot ras

alternat ivas era posible aplicar?, ¿dentro de cuáles condiciones polít icas?". 66 Al contexto de entonces y a esas necesar ias condiciones polít icas, que no

pudieron ser reunidas, se refería el presidente Alfonsín en 1987. No se entendió la situación argentina, [. . .] no se interpretó la naturaleza de la

transición. La democracia argentina nació en medio de una situación econó-

mica terr iblemente dura, tan dura que en ocasiones se la ha comparado con

la de la Europa de la posguerra. Pienso que nadie lo comprendió; y de mane-

ra particular, sin que esto implique cargo alguno, estimo personalmente que

no lo comprendió la dir igencia argentina. La grave situación en la que se ini -

ció para el país la nueva experiencia democrática tendría que haber encontra -

do a esa dir igencia más disponible para definir con precisión zonas que de -

bían estar alejadas de la competencia política, de suerte tal que todos pudieran

sumar aportes a la tarea básica de hacer frente a la cr isis y que pudiéramos

presentarnos ante propios y extraños con la fuerza que correspondía.67

Esto había sido ant icipado, al comienzo de la gest ión, por un lúcido per io - dista extranjero buen conocedor de nuestro país. Escribió entonces:

El fracaso nacional es un relato frustrante de la primacía de la política sobre

la economía, de una nación que va a los tropiezos sin cohesión social ni

identidad, sin un sentido común de la historia y un programa mínimo bási -

co sobre cómo resolver sus problemas. El desafio que enfrentan Alfonsín y

el nuevo gobierno no es solamente el de desandar lo hecho por el gobierno

militar de los últimos ocho años, sino modificar los hábitos e instituciones

que se construyeron en los últimos cincuenta años, si no más. 68


Al ingresar en la etapa democrát ica, muchos esperábamos el comienzo de

una gesta colect iva y cot idiana; el reconocimiento y la alegría como manifes- tación de cada progreso alcanzado. Esperábamos también el acompañamien-

to de los esfuerzos que debían realizar el gobierno y la sociedad -para modificar una realidad deformante en un país inconexo- de una prensa que

consideramos debió haber estado doblemente involucrada en ese desafío: primero, como ciudadanos de esta Nación cuyo dest ino, por lo tanto, les

concierne y, luego, como profesionales respetuosos y responsables que deben asegurar al resto de la ciudadanía el derecho a una información fidedig -

na e imparcial.69 Sin duda, los t iempos transcurridos de la democracia toda- vía no han alcanzado para concretar los cambios que hacen falta en los hábitos y las inst ituciones: superar las confrontaciones estériles y el facilismo;

comprometerse con la búsqueda y la construcción de soluciones en lugar de apostar a la salvación que depende del otro, en part icular del gobierno; asu-

mir el protagonismo en la construcción, no sólo en la crít ica.70 Se trata de una transformación cultural profunda, difícil, progresiva. Pero queremos ser

optimistas y seguimos apostando a esa nueva cultura de la responsabilidad colect iva y de los dirigentes en part icular.

La convergencia

Inmediatamente después del 30 de octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín llegó al gobierno con el 52 por ciento de los votos, hizo un llamado general

a la población: AHORA TODOS, que se difundió esperanzadamente a lo largo del territorio. Era la invitación a sumarse para buscar juntos y poner en mar-

cha las soluciones que la sociedad necesitaba y reclamaba. El país se encontraba en una crisis grave y había vivido desencuentros

muy profundos y muy prolongados en el t iempo. No se trataba solamente del últ imo período de gobierno militar. Exist ían desencuentros históricos y

un autoritarismo que impregnaban a toda la sociedad. Quiero poner este diagnóst ico en el pensamiento de Raúl Alfonsín usando sus propias palabras

con las que reiteró insistentemente su llamado a construir juntos, durante todo su mandato.


La historia argentina en casi todo lo que va del siglo xx es la de un país cu -

yas relaciones sociales no han estado sujetas a un pacto de convivencia. Las

múltiples luchas que precedieron el acceso al g obierno del radicalismo, la

violenta restauración conservadora del 30, auspiciada por previos conflictos

y perturbaciones del orden social, la irrupción del peronismo como fórmu-

la frontalmente opuesta a las expresiones políticas preexistentes y la poste-

r ior revancha antiperonista, constituyeron manifestaciones de una misma

indisponibilidad para convivir en un marco globalmente compartido de nor -

mas, valores e instituciones71

Como consecuencia de ello, y potenciadas por las sucesivas interrupciones

de la democracia ocurridas desde 1930, una pesada herencia marcó al país. El autoritarismo, a esta altura de su largo historial en la vida argent ina, es

ya un problema cultural, antes que polít ico o inst itucional. [...] Podría decir - se que ha llegado a ser una enfermedad de la conciencia nacional. Pienso que

uno de los grandes errores cometidos en nuestro pasado fue el de considerar que el problema del autoritarismo era el de una sociedad democrát ica so -

met ida a las arbitrar iedades de un grupo autoritario extraño a ella y ocasionalmente adueñado del poder.

E! efecto sobre la sociedad y las inst ituciones fue indeleble. Por ello, la "ges- tión de gobierno debió encarar con prior idad el objet ivo de consolidación ins-

titucional, afianzando el funcionamiento de los poderes públicos, cuyas competencias se habían desnaturalizado y corrompido a lo largo de años de gobiernos

dictatoriales y en el marco de la cultura polít ica que ellos generaron". Respecto al conjunto de la sociedad, el presidente Alfonsín trató de ins-

talar desde el comienzo un diálogo polít ico y llamó a colaborar a representantes de otros part idos, en especial del socialismo y de la democracia crist ia -

na, en cargos importantes del Poder Ejecut ivo, dando incluso espacio en sus

listas electorales legislat ivas a miembros de otras organizaciones polít icas. 72 El sindicalismo también fue asociado al gobierno en el Ministerio de

Trabajo, en 1985, buscando un compromiso amplio para enfrentar los pro - blemas del país, para conciliar las justas reiv indicaciones de los trabajadores

con las condiciones necesarias para generar mayor riqueza de modo que és-


tas fueran posibles. Se trataba, además, de contrarrestar, mediante su part i-

cipación en las decisiones de gobierno, la obstrucción sistemát ica manifestada por la "oposición salvaje" que ejerció la parte más numerosa de la

dirigencia sindical. La realización de trece paros generales e innumerables huelgas y paros sectoriales muestran que el objet ivo polít ico de esa inclusión

no fue logrado. Se trató, igualmente, de inst itucionalizar ámbitos técnico-polít icos como

un Consejo Económico Social, organismo con antecedentes importantes y muy eficaces en países europeos, y con truncos pero reiterados intentos sec-

toriales o coyunturales en nuestro país, no obstante lo cual no se logró con- cretarlo legislat ivamente.

Gobernar es arbitrar los conflictos de intereses y concertar soluciones part iendo del disenso, que es lo propio de toda sociedad. Sin un acuerdo de

base polít ica que contemple las necesidades de las mayorías y el interés general part iendo de la realidad concreta que hay que transformar, los consensos

de los actores sociales se dificultan enormemente o se hacen imposibles. Vol- viendo sobre este tema, el presidente Alfonsín reiteraba en 1987:

Desde el primer momento llamé a la convergencia. Insisto en la convicción,

que el paso por el gobierno no hizo sino confirmar, de la necesidad de lo-

grar acuerdos de base entre diversos sectores democráticos para buscar con

éxito las soluciones, y la consiguiente importancia de hacer esto juntos.

Tengo la impresión de que expresé claramente esta actitud en el discur -

so ya muy conocido de Parque Norte ello de diciembre de 1985. Allí, des -

pojados de toda arrogancia, de todo prejuicio, hicimos un llamado para fa-

cilitar el surgimiento de las nuevas ideas, los nuevos estilos y las nuevas

propuestas que, a nuestro cr iter io, reclamaba la Argentina.

Dijimos en aquella oportunidad que el desarrollo de nuestra política de-

bía basarse en un tr ípode: la democracia participativa, la ética de la solidari -

dad y la modernización del Estado. [. . .] Yo dir ía que llamábamos a esa con -

vergencia con tanta fuerza que se acercaba a la ansiedad. Convocábamos a

personas que provinieran del socialismo democrático, del social cr istianismo

o del liberalismo progresista, porque entre todos podíamos hallar las solu -

ciones que nos permitieran enfrentar los inconvenientes que teníamos por

delante. Por supuesto que nuestras apelaciones también llegaban a sectores


del peronismo. Recurrimos, asimismo, a los empresarios que pensábamos

más vinculados con la defensa de intereses nacionales.

Ese compromiso y la part icipación solicitada fueron siempre retaceados.

Pero el propósito de diálogo y búsqueda de consensos, que forman parte de la esencia de la democracia, fue permanente y lo sigue siendo. Debemos

asumimos como Nación, y sólo lo lograremos unidos sobre la base de un esfuerzo compart ido, estableciendo los denominadores comunes (ésta es

una expresión de Alfonsín) que sustenten los grandes acuerdos indispensables para el desarrollo y bienestar de la Nación, y que garant icen la gober -

nabilidad, sin la cual ello no es posible. De allí su reiteración permanente, desde el gobierno y desde la UCR, para construir una convergencia amplia

y transparente. Por eso, es doloroso haber tenido que luchar en un escenario tan poco

propicio. Más doloroso aún ver cubiertos de sospecha los esfuerzos más importantes hechos en ese sent ido, durante el gobierno y después, desvirtuan-

do el significado de sus intentos nunca abandonados y hasta de las palabras que los enmarcan.

Pero la historia se va construyendo asentada sobre las bases de su go - bierno democrát ico. E18 de julio de 1989, Raúl Alfonsín cumplió con lo que

había siempre considerado su objet ivo fundamental: entregar el gobierno a un nuevo presidente electo, asegurando esa cont inuidad democrát ica tan es-

quiva en la historia argent ina. Después de 37 años, un gobierno const itucio - nal había convocado a sufragar para cubrir un nuevo período const itucional,

cuando Perón se sucedió a sí mismo. Habían pasado sesenta y un años de la últ ima vez en que un presidente civil traspasara el gobierno a otro presiden-

te civil, desde que Alvear fue sucedido por Hipólito Yrigoyen. Fue la primera vez desde 1916, cuando el radicalismo llegó al gobierno como consecuen-

cia de la aplicación del voto secreto y obligatorio, que la transferencia volvió a producirse entre representantes de dos partidos polít icos diferentes. Y,

aunque la decisión de un traspaso ant icipado fue también dolorosa, fue producto de la responsabilidad.


Coincidiendo con las palabras del presidente de Uruguay José María San-

guinett i, estamos convencidos de que "se puede luchar con heroísmo por la democracia, pero la democracia en sí no es heroica y, ubicada en una dimen-

sión humana, cot idiana, consiste en bordar y zurcir, día a día, el tejido de la solidar idad social".

Y el presidente Alfonsín sigue tejiendo, con espíritu construct ivo, con patriot ismo y buena fe, para que ello sea realizable.

El balance de la transición

Del mismo modo que he quer ido intercalar mi pensamiento con el de otras

personas igualmente interesadas por los temas que he tratado, cuyo test imo - nio y opiniones fui recogiendo a lo largo de estas páginas, deseo terminar con

un balance de la transición iniciada en el gobierno de 1983-1989 a través de expresiones de un pensador lúcido que vivió muy intensamente esta expe-

riencia histórica, en la que se había comprometido act ivamente desde el inicio para llevar el país a la democracia.

Así opinaba Sant iago Kovadloff73 sobre la obra de gobierno del presidente Alfonsín, al término de su mandato: A mi ver , el logro sustancial de la administración radical fue haber disuelto

el axioma más sombrío de la historia política argentina: el que establecía que

el desenlace ineludible de todo gobierno constitucional era el golpe de Es -

tado militar . Entiéndase: el peligro de ese desenlace no ha desaparecido. Ha

desaparecido, en cambio, su condición de fatalidad. y a la extinción de esa

fatalidad está íntimamente unido el concepto de transición tal como fue

concebido y practicado por el gobierno de Raúl Alfonsín.

La transición, entendida como un logro parcial, se cumple entonces y

en primer término como posibilidad concreta de que un partido le haga

entrega del poder a otro equivalente, es decir , constitucionalmente elegido

por el pueblo para sucederlo al cabo de su mandato. Quien sólo vea en es -

te pasaje un hecho sin sustancia, un acto meramente retórico, no com -

prende la transición, ya que subestima su naturaleza transformadora. La

transición no es sino el gradual, lento y progresivo enriquecimiento que,

en términos de contenido, conocen los procedimien tos formales. El logro


radical, en este orden, no consiste en que la transmisi ón del poder políti-

co se haya dado en las condiciones anheladas. El logro consiste, llanamen -

te, en que se haya dado. Eso no ocurría en la Argentina desde hacía mu-

chísimo tiempo.

A fin de que la transmisión del poder, por parte de un partido a otro

y dentro del sistema constitucional, llegue a ser como se quiere y se requie-

re, es indispensable que comience a ser como se pueda. y ello es así por -

que, para que las utopías se conviertan alguna vez en realidad, es impor -

tante que la realidad empiece por ser reconocida, es decir , comprendida en

su complejidad.

Por cier to, el radicalismo en el gobierno ha realizado mucho menos de

lo que era necesario. Pero ha hecho, en varios aspectos, más de lo que pa -

recía posible. ELVA ROULET*

Buenos Aires, diciembre de 2003

* Ex vicegobernadora de Buenos Aires, 1983 -87; ex secretaria de Vivienda y Ordenamien -

to Ambiental de la Nación, 1987-89; convencional nacional constituyente, 1994; senadora na -

cional suplente electa por la provincia de Buenos Aires, 2001; vicepresidente de Nuevos De-

rechos del Hombre.

Notas 1- AAA: Alianza Anticomunista Argentina, creada por el ministro José López Rega, y cuyo pri -

mer atentado, contra el senador Hipólito Solari Ir igoyen, se produjo el 21 de noviembre de 1973.

2- Alfonsín, Raúl, La cuestión argentina, Buenos Aires, 1981.

3 Los tres niveles de responsabilidad habían sido también desarrollados en la Conferencia

de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en agosto de 1983.

4 Lázara, Simón, El asalto al poder: Actores e intereses en la cr isis argentina del '89, Buenos

Aires,Tiempo de Ideas, 1997 .

5- Prueba de ello, por ejemplo, es la trascendencia asignada a los juicios contra las Juntas

Militares, cuando se decide la designación del entonces fiscal adjunto Luis Moreno acampo

como fiscal general del Tribunal Penal Internacional, recientemente creado.

6 Conadep, Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,


Buenos Aires, EUDEBA, 1984.

7 Vítolo, Alfredo, Amnistías politicas argentinas, Buenos Aires, Desmemoria, 1999.

8 El anuncio se realizó en un discurso pronunciado por el presidente en el mes de marzo,

en la localidad de Las Perdices, de la provincia de Córdoba.

9 La citada ley fue declatada constitucional por la Corte Suprema de Justicia el 22 de ju-

nio de 1987.

10 Lázara, Simón, oft al. Contiene información y testimonios abundantes sobre estos episodios.

11 En Uruguay, el referéndum del 19 de abril de 1989 arrojó un 53% de votos a favor

de mantener la amnistía o "ley de caducidad de las acciones", sancionada el 22 de diciem bre de 1986.

12 Giussani, Pablo, ¿Por qué, Dr. Alfonsin? , Buenos Aires, Sudamericana-Planeta, 1987.

13 Nino, Carlos S., Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las Juntas del

Proceso , Buenos Aires, Emecé, 1997. El seis de octubre de 1989, Menem sancionó varios decre -

tos por los que se indultó a todas las personas sujetas a juicio en un acto abiertamente incons -

titucional, ya que los indultos requieren sentencia. El 29 de diciembre de 1990 f irmó otro

conjunto de indultos que puso en libertad a todos los condenados por violaciones a los dere -

chos humanos, incluyendo militares y subversivos.

14 El indulto a los procesados sin sentencia es inconstitucional. Ver Germán Bidan

Campos, "Otra vez el indulto ante la Corte (Y la Corte "indulta" al Presidente que indul -

ta)", en El Derecho, 22 de febrero de 1993; y Emilio F. Mignone, director del Centro de

Estudios Legales y Sociales (CELS), "Los decretos de indulto en la República Argentina",

en http://www;derechos.org/nizkor/arg/doc/indultos.html. Los juicios eran entre tres -

cientos y cuatrocientos (según Mignone o Nino), y 44 los altos jefes no incluidos en la obe-

diencia debida.

15 La Convención, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas y abierta a la firma de

los países el 26 de noviembre de 1968, entró en vigor el11 de noviembre de 1970. La Argen -

tina la firmó en 1970 y el Poder Legislativo la aprobó en 1995, sobre la base del proyecto del senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen, representante de la Unión Cívica Radical por la

provincía de Chubut; pero la ratificación no había sido comunicada a las Naciones Unidas. 16 Proyecto del senador radical Adolfo Gass

17 Proyecto de la diputada radical María Florentina Gómez Miranda.

18 Se trató del proyecto de patr ia potestad indistinta, de la diputada nacional Cristina

Guzmán, vetado por la presidenta Isabel Marúnez de Perón.

19 Proyecto de la senadora radical Margarita Malharro de Torres.

20 Alfonsín, Raúl, "La paz es el alimento, la paz es la cu ltura, la paz es la libertad", discurso

del 4 de diciembre de 1985, en: Propuesta y Control , núm. 10, marzo-abril 1990, Buenos Aires,

Fundación Jorge Esteban Roulet.


21 Sobre la base de estas resoluciones, la Argentina y Gran Bretaña habían sostenido nego-

ciaciones positivas hasta la irrupción del conflicto bélico, que hizo caer los avances logrados

y planteó un nuevo escenario, adverso a nuestras reclamaciones. 22 Cámara de Senadores de la Nación, Reunión 20.,14-15 de marzo de 1984, Diario de Se-

siones, pág. 922.

23 Ver el debate en la sesión citada ut supra .

24 El artículo 14 bis, el "artículo nuevo" de la Constitución reformada en 1957, fue presen -

tado por los Convencionales de la Unión Cívica Radical, y constituyó la única modificación

introducida.

25 Había sido creado por Francisco Manrique, fundador del Partido Federal y en ese enton -

ces ministro de Acción Social. Fue suprimido por el gobierno de la dictadura militar y resti -

tuido en 1984 por la ley 21.581. Se conformaba con un aporte patronal del 5% de la nómina

de remuneraciones del sector público y del sector privado, y un 20% sobre los montos de se -

guridad social de los trabajadores autónomos.

26 Sobre las definiciones adoptadas y los cálculos estimativos del déficit absoluto y de otras

formas de déficit, ver Roulet, Elva, "La vivienda: derecho social, crecimiento económico y re -

distr ibución", en: Propuesta y Control , núm. 18, Buenos Aires, 1991.

27 El BI-IN debía ofrecer créditos a largo plazo y bajos intereses, para vivienda única de familias

de ingresos medios con capacidad de ahorro limitado, que no podían enfrentar los créditos del

mercado financiero privado.

28 Declaraciones de Domingo Cavallo para el diar io La Nación, 30 de agosto de 1991.

29 El Plan fue diseñado y puesto en ejecución por la Comisión Nacional de Alfabetización

Funcional y Educación Permanente, presidida por Nélida Baigorria

30 "Memoria cr ítica de una gestión, 1983-1989", Secretaría de Ciencia y Técnica de la Na-

ción, República Argentina. Documento interno publicado en abril de 1989.

31 Ésta se concretó mediante un acuerdo realizado con el gobierno de la provincia de

Buenos Aires, que aportó la sede en la que se local izó.

32 Thompson, Kenneth, Joe President and the Publ ic Philosophy, 1981.

33 Roulet, Jorge, El Estado necesario, Buenos Aires, Fundación Jorge Esteban Roulet, 1990.

34 Se recibió además el apoyo del Proyecto Regional de las Naciones Unidas de

Asistencia al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAO)

y del Instituto Nacional de Administ ración Pública de España.

35 Groisman, Enrique l. , El Proyecto de Formación del Cuerpo de Administradores

Gubernamentales, Buenos Aires, Fundación Jorge Esteban Roulet, 1988.

36 Bonardo, Augusto, "Los especiales de la gente", entrevista a Jorge Esteban Roulet, secreta-

r io de la Función Pública, Canal 13, Buenos Aires, Archivo Biblioteca Nacional, 1984.

37 Las relevantes personalidades que integraron el Consejo, por designación del presidente de


la Nación con rango de secretarios de Estado, desempeñaron su cargo con carácter ad honorem.

38 Visitaron el Consejo para opinar sobre el tema: el constitucionalista y dir igente del Partido

Justicialista Ítalo Argentino Luder, el historiador norteamericano Robert Potash, el miembro

del Consejo de Reforma Constitucional de España Rafael Arias, el presidente de la Comisión

de Relaciones Exteriores del Senado italiano Paolo Taviani, el profesor de filosofía política y

senador italiano Norberto Bobbio, el profesor israelí Schlomo Benami, el profesor norteame-

r icano de ciencia política Alfr ed Stepan, el presidente del Instituto de Estudios Constituciona -

les de España Manuel Aragón, el profesor norteamericano Robert Dahl, el filósofo del dere -

cho finlandés Aulis Aamio, el constitucionalista norteamericano Bernard Schwart z, Alfredo

Carella del Partido Justicialista. También concurrieron los miembros de la Mesa Directiva de la

Federación Argentina de Colegios de Abogados, los miembros de la Comisión Justicia y Paz

del Episcopado Argentino y de la Convención Evangélica Bauti sta Argentina. Se recibieron,

asimismo, las conclusiones de las jornadas sobre el tema realizadas en la Facultad de Derecho

y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

39 Reforma Constitucional-Dictamen Preliminar del Consejo para la Consolidaci ón de la

Democracia, 1986, Buenos Aires, EUDEBA; y Reforma Constitucional -Segundo Dictamen del

Consejo para la Consolidación de la Democracia, 1987, EUDEBA, Buenos Aires.

40 "Elementos para una Reforma de la Constitución Nacional", Presidencia de la Nación ,

Consejo para la Consolidación de la Democracia. 41 El proyecto de reforma fue presentado por el bloque justicialista con la firma del senador

Carlos Juárez y con reservas parciales de los senadores Alasino, Bordón, Britos, Cafiero,

Humada, Fadel, del Valle Rivas y Snopek.

42 Objetivamente considerado, este mecanismo aumentaba en dos años el período presi -

dencial previsto en 1853, previa reelección para ratificar las preferencias de la ciudadanía

mediante el voto. En el caso de Menem, al aceptar como primer mandato el que ejercía en

ese momento, su presidencia superó los ocho años de ejercicio posible, que inauguraba es -

ta reforma.

43 La primera modificación constitucional, hecha antes del período mínimo de diez años

que se había establecido en la propia Constitución de 1853, significó la previa reforma de la

Constitución de la provincia de Buenos Aires. Todas las reformas posteriores se refir ieron a

puntos especificos, previamente acordados, para destrabar situaciones que bloqueaba la Cons -

titución y que eran necesarias para el buen funcionamiento del Estado y de sus mecanismos

de política gubernamental.

44 Son los casos de Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia o Grecia.

45 La Consritución de Estados Unidos fue redactada en 1787 por delegados de doce de los

trece estados originales. Las primeras diez enmiendas (Declaración de Derechos) fueron rari -

ficadas el15 de diciembre de 1791. La vigésima sexta enmienda fue aprobada en 1971.


46 Decirnoséprima enmienda, rar ificada el 8 de abr il de 1913.

47 AIfonsín, Raúl, Democracia y consenso , Buenos Aires, Corregidor, Tiempo de Ideas, 1996. Se

describen los encuentros realizados, entre ellos la reunión de Ranelagh, convocada por Mario

Losada, entonces presidente de la UCR. 48 Diario La Opinión, 21 de abr il de 1974.

49 Fernando De la Rúa integró conjuntamente con Ricardo Gil Lavedra, Carlos Nino,

Alfredo Orgaz, Marcelo Stubrin y Jorge Vanossi la Comisión Especial de la UCR que ana -

lizó la propuesta de reforma del Consejo para la Consolidación de la Democr acia, aprobada en

Córdoba el 18 de febrero de 1988.

50 Diario La Nación, 6 de noviembre de 1986.

51 La Comisión Asesora para el Estudio de la Reforma Constitucional estuvo integrada por Carlos

A. Bidegain, Natalio R. Botana, Julio Oyhanarte, Roberto l. Peña, Pablo A. Ramella,

Adolfo R. Rouzaut y Jorge R. Vanossi.

52 Diario La Voz del Interior , 16 de febrero de 1992.

53 Roulet, Elva, "Federalismo y Centralización en el discurso de Leandro Alem - La capitali-

zación de Buenos Aires". Presidencia del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires,

La Plata, 1986.

54 Roulet, Elva, "La nueva capital". Presidencia del Honorable Senado de la Provincia de

Buenos Aires, La Plata, 1987.

55 Comisión Técnica Asesora, Presidencia de la Nación, "El traslado de la Capi tal", Informes

1 a 6, en separatas de la revista Summa, núms. 237 a 262, entre mayo de 1987 y junio de 1989.

56 Mensaje del 15 de abril de 1986 con el que se envió el anteproyecto de ley para su con -

sideración al Consejo para la Consolidación de la Democr acia.

57 Roulet, Jorge Esteban, op. cit.

58 Pandolfi, Rodolfo, La capital congelada, Buenos Aires, Corregidor, 1996.

59 Foro Estrategia del Mercosur en el escenario Mundial, Buenos Aires, 8 de noviem -

bre de 2001.

60 "Democracia, Paz y Desarrollo", acta fi rmada en Brasilia el l0de diciembre de 1986.

61 El Congreso Nacional aprobó el Tratado en agosto de 1989. Fue sancionado el 15 de

agosto y promulgado el 17 de agosto.

62 Schvarzer , Jorge, "Del Plan Austral a la hiperinflación", en: Propuesta y Control, núm. 11,

Buenos Aires, Fundación Jorge Esteban Roulet, 1990.

63 Giussani, Pablo, op. cit.

64 García Vázquez, Enrique, "Los últimos meses del Gobierno de Alfonsín", en: Propuesta

y Control núm. 10, Buenos Aires, Fundación Jorge Esteban Roulet, 1990. El autor del citado

artículo fue uno de los representantes del gobierno en esas tratativas, en su carácter de presi -

dente del Banco Central.


65 Menem expresaba desde La Rioja, a propósito de la anticipación del traspaso del gobier -

no: "Esperamos un gesto de Alfonsín, como pide el pueblo argentino". Agencia DYN, La

Nación , 12 de junio de 1989.

66 Schvarzer , Jorge, opo cit.

67 Giussani, Pablo, opo cit.

68 Schumacher, Edward, Foreing Affairs, vol. 62, 5, 1984. Versión traducida en "Raúl AIfon-

sín-El Poder de la Democracia", Buenos Aires, Fundación Plural, 1987.

69 Roulet, Elva, "Una reflexión necesaria", en: Propuesta y Control , núm. 10, Buenos Aires,

Fundación Jorge Esteban Roulet, 1990.

70 Aguinis, Marcos, Un país de novela. Viaje hacia la mentalidad de los argentinos, Buenos Aires, Planeta, 1988. 71 "Convocatoria para una convergencia democrática". Discurso pronunciado por Raúl Al -

fonsín ante el Plenario de Delegados al Comité Nacional de la UCR, en Parque Norte, Buenos

Aires, el 10 de diciembre de 1985. Esta cita y otras que siguen son extraídas de sus diálogos

con Pablo Giussani (1992). 72 Las dos primeras diputadas nacionales mujeres llevadas por el radicalismo de la provin -

cia de Buenos Aires integraron su lista siendo miembros de otros partidos.

73- Kovadloff, Santiago, "Aportes radicales a la Transición", en: Propuesta y Control, núm. 11,

Buenos Aires, Jorge Esteban Roulet, 1990.

92619451 raul alfonsin memoria politica

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