25-02-2010. novas da xustiza nº 174
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Boletin informativo de CCOO de XustizaTRANSCRIPT
Novas da xustiza
CCOO de Xustiza Número 174 . 25 de feb re i ro de 2010 http://ccooxustiza.blogspot.com/
In ter inos
Sumar io
Forenses. Bolsas de traballo
Publicado no Diario Oficial de Galicia número 37, do 24 de
febreiro de 2010
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Resolución do 17 de febreiro de 2010, da Dirección
Xeral de Xustiza, de convocatoria de bolsas de traballo
de médicos forenses interinos do Instituto de Medicina
Legal de Galicia (Imelga).
Versión completa da disposición nun ou varios arquivos
pdf: - 03700D001P006.PDF
Interinos ............................ 1
Forenses. Bolsas de traballo
Nova Oficina xudicial .......... 2
Convocatoria grupo de traballo
Mutualidade ........................ 3
Censo electoral
Rexistro Civil ...................... 4
O CGPJ ve inadmisible que os
hospitais se encarguen das ins-
cricións de nacemento
Revista de prensa ............... 7
Ruptura no CGPJ
O caso Garzón
Visto na rede ...................... 14
A Coruña: Praza de Galicia sen o
Pazo de Xustiza
Taboleiro de avisos ............. 15
Escalas (ano 2003)
Recoñecemento médico
Subscricións - Delegados .... 16
Anexo
Manifestacións contra o pensio-
nazo
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Nova Of ic ina xudic ia l
Convocatoria do grupo de traballo
A reunión terá lugar o 25 de febreiro
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Mutua l idade
Mutualidade. Eleccións
Eleccións de compromisarios á asemblea xeral da Mutualidade Xeral Xudicial
Publicado na intranet xudicial
Na intranet xudicial publicouse o censo electoral elaborado polos Servizo Centrais da Mutualidade
Xeral Xudicial, ao abeiro do contido do artigo 4 da Orde ministerial do 16/06/1982 (BOE núm. 151,
do 25 de xuño), pola cal se ditan as normas electorais para a renovación da Asamblea Xeral da Mu-
tualidade Xeral Xudicial.
Durante o período de publicación do censo (dende o 24/02/2010 ata o 06/03/2010), os mutualistas
poderán formular observacións e reclamacións sobre os posibles erros que puidese ter o censo so-
bre nomes, destino, emprego e sobre posibles inclusións ou exclusións indebidas nel por medio de
escrito dirixido ao Excmo. Sr. Presidente do TSXG, que o é á súa vez da Mesa Electoral Territorial.
(fax 981182177)
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Rexis t ro C ivi l
El CGPJ ve inadmisible que los hospitales se encar-guen de las inscripciones de nacimiento, como pre-tende el Gobierno
No ve problemas en la "desjudicialización" que busca el Anteproyecto de Ley
del Registro Civil del Ejecutivo
Publicado en www.europapress.es
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará previsiblemente el próximo jueves
un informe en el que cuestiona el cambio que pretende introducir el Gobierno en el Re-
gistro Civil para que los hospitales, clínicas y centros sanitarios sean los encargados de
comunicar los nacimientos. Además, también ve "discutible" otorgar a las Alcaldías la
facultad de "autorizar" los matrimonios y no sólo de celebrarlos.
En cambio, el informe elaborado por el vo-
cal Claro José Fernández-Carnicero sí se
muestra de acuerdo con la voluntad del Ante-
proyecto de Ley del Registro Civil que el Con-
sejo de Ministros aprobó el pasado 8 de enero
de que el nuevo registro deje de estar "judi-
cializado" y pase a ser un órgano dependiente
del Ministerio de Justicia. De esta manera,
aunque sus actos seguirán sometidos al con-
trol de los jueces, serán "funcionarios públicos
cualificados" los encarga-
dos.
En opinión de Fernán-
dez-Carnicero, esta opción
"no atenta" contra las fun-
ciones que la Constitución
atribuye a los jueces y
magistrados, ya que el
cometido que venían
empeñando como encargados del Registro Ci-
vil "no supone ejercicio de función jurisdiccio-
nal".
Con todo, subraya que las competencias
que actualmente desarrollan los jueces en es-
tos ámbitos exceden de la función registral
propiamente dicha y, por ello, considera "con-
veniente" que en esta reforma no se hayan
trasladado a los encargados de las nuevas ofi-
cinas la totalidad de los cometidos que se
desempeñan.
NECESIDAD DE UNA
LEY DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA
En concreto, indica que
asuntos como los recono-
cimientos de filiación,
emancipación por conce-
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sión paterna, rectificación de sexo por disforia
de género y autorizaciones para optar a la
cionalidad española deben conferirse a los
órganos judiciales competentes para que sean
constituidos actos de jurisdicción voluntaria.
De hecho, aprovecha para urgir al Gobierno la
necesidad de aprobar una Ley de Jurisdicción
Voluntaria.
Por lo que se refiere a los actos inscribi-
bles, considera "asistemático" la nueva forma
de determinación de filiación que establece el
anteproyecto, que coloca a los hospitales,
clínicas y centros sanitarios "en la tesitura de
llevar a cabo una comprobación de la identi-
dad de los declarantes".
El estudio elaborado por el CGPJ reconoce
que este nuevo sistema "puede representar
un avance" que tenga "no poca repercusión
práctica", ya que evitaría que los padres ten-
gan que desplazarse en los días después del
alumbramiento a las oficinas del registro, pero
critica que se traslade a los centros sanitarios
"la responsabilidad de efectuar las comproba-
ciones o verificaciones que toca realizar al en-
cargado del Registro Civil", algo que "no cabe
considerar de recibo".
En opinión de este vocal, "lo adecuado"
sería seguir exigiendo a los centros que emi-
tan el parte facultativo y que lo remitan al
Registro Civil y que, por otra parte,
"proporcionen medios técnicos y personal
auxiliar" a los interesados para que desde el
propio centro puedan remitir telemáticamente
la declaración, siendo la función de comprobar
la veracidad de los encargados del Registro
Civil. Por otra parte, y en relación a las inscrip-
ciones relativas al matrimonio, el informe ve
"discutible" que el anteproyecto otorgue a las
Alcaldías no sólo la función de celebrar los
matrimonios, que tienen en la actualidad, sino
la de "autorizarlos" e instruir los expedientes
previos a los mismos.
El estudio cuestiona que se otorgue esta
competencia que "sólo al encargado del Regis-
tro Civil puede corresponder" a otros sujetos
que "ninguna relación, ni orgánica ni funcio-
nal, guardan con el Registro Civil".
IMPENSABLE EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS
Fernández-Carnicero considera que esta
reforma es "cuestionable", ya que "no cabe
pensar que las alcadías, sobre todo las que se
corresponden con municipios pequeños, van a
disponer de los medios humanos y técnicos
adecuados para asumir con solvencia la lle-
vanza de los expedientes matrimoniales".
Por todo ello, cree que "sería deseable"
que se introdujera "al menos la cautela" de
que dicha labor de instrucción se desarrollara
"bajo la dirección del encargado del Registro
Civil y por delegación de éste" y que se refleje
la posibilidad de que las decisiones adoptadas
por los alcaldes sean susceptibles de recurso.
Otro de los aspectos que analiza el informe
del CGPJ es el papel del Ministerio Fiscal, co-
mo parte que puede iniciar un procedimiento
registral. El autor del estudio critica que el
proyecto de reforma no contemple "expresa-
mente" la expresa intervención del Ministerio
Público en la tramitación de los expediente re-
gistrales, al menos en aquellos "de mayor re-
levancia y trascendencia", tales como los ex-
pedientes matrimoniales, "máxime teniendo
en cuenta la nueva regulación" que otorga a
las Alcaldías la autorización de los matrimo-
nios.
Por otra parte, en relación a la publicidad
del Registro Civil, el informe considera que
hubiera sido "deseable" que el Anteproyecto
"avanzase un poco más" en la concreción de
los medios o canales a través de los cuales
podrá accederse a los datos del registro por
parte de las Administraciones y funcionarios
públicos.
El nuevo registro que dio a conocer el Go-
bierno el pasado mes de enero pretende con-
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vertirse en una gran base de datos electrónica
común, que deje atrás los libros de registro,
de modo que cualquier ciudadano pueda con-
sultar por internet o realizar trámites en cual-
quiera de las oficinas del país.
Novas da Xustiza – Notas informativas – A nova
Oficina xudicial – Lexislación – Rexistro Civil -
Interinos - Oposicións - Prensa
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Revis ta de prensa
El Poder Judicial margina en el reparto de cargos a los jueces no asociados
La vocal Robles acusa de mentir al compañero que denunció los hechos
Publicado en www.elpais.com
Los jueces no asociados, la mitad de los 4.500 que trabajan en España, tienen escasas
posibilidades de ocupar altos cargos en la administración de Justicia. En el último año y
medio, el Consejo General del Poder Judicial no ha elegido a ningún juez sin adscripción
a una asociación para el Supremo, la Audiencia Nacional o las presidencias de Tribunales
Superiores de Justicia (aunque sí de sala) o Audiencias Provinciales.
La denuncia de José Manuel Gómez Beni-
tez, vocal del Poder Judicial, sobre los amaños
entre miembros del sector progresista y del
sector conservador para elegir a amigos o afi-
nes a sus asociaciones en los principales car-
gos judiciales ha
desatado una tor-
menta en el órgano
de gobierno de los
jueces. Gómez Bení-
tez presentó el mar-
tes su dimisión por
escrito como miem-
bro de la Comisión
de Calificación (la
que hace una prime-
ra selección de jue-
ces aspirantes a alto
cargo) y denunció el
mercadeo que existe
entre una facción de
su propio grupo y el conservador para repar-
tirse los altos cargos de la judicatura.
La vocal progresista Margarita Robles, ex
secretaria de Estado de Interior con el Gobier-
no de Felipe González, a la que distintas fuen-
tes del Consejo atri-
buyen los amaños
con el sector conser-
vador, acusó ayer a
Gómez Benítez de
"mentir" y defendió
que a los cargos
judiciales se les
nombra por su
to y su capacidad.
Insinuar, como hizo
Gómez Benítez, que
los nombramientos
esconden otros
tereses supone una
"falta de respeto" a
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los jueces, según Robles.
Ella es la líder del subgrupo de vocales
progresistas (Félix Azón, Inmaculada Mon-
talbán y Carles Cruz) que suele pactar con los
conservadores los nombramientos sin atener-
se a la disciplina del grupo. Y es también la
vocal que se jactaba en una carta que ella
misma envió al secretariado de Jueces para la
Democracia de haber colocado a 18 altos car-
gos de su asociación, la tercera en afiliados
pero la segunda en nombramientos.
Según fuentes del Consejo General del Po-
der Judicial, Robles aprovecha el buen enten-
dimiento que mantiene con los dos portavoces
del sector conservador, el vicepresidente Fer-
nando de Rosa y Manuel Almenar, para repar-
tirse cargos judiciales. Precisamente, desde el
sector de vocales de la derecha, el vicepresi-
dente De Rosa terció ayer en la polémica de
los amaños y calificó de "intolerables" los ata-
ques de Gómez Benítez a vocales del Consejo.
"En este Consejo somos más de 20 vocales y
votamos libremente, y decir que dos personas
pueden manipular al resto de vocales para
poder determinar los nombramientos hace un
flaco favor a la institución".
El ex vocal progresista y actual secretario
de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, se-
ñaló, por su parte, que "el encaje interno" del
Poder Judicial "es complejo, y que es precisa-
mente esa complejidad en la que reside su
grandeza". Sobre la dimisión de Gómez Bení-
tez afirmó que es una cuestión "organizativa
que debe ventilarse en el seno" del órgano de
gobierno de los jueces.
Detrás de la polvareda levantada subyace
la crisis que atraviesa el grupo progresista del
Consejo y la frecuente indisciplina de Robles y
otros vocales que suelen unir sus votos a los
nueve que tiene el sector conservador para
sumar los tres quintos (13 votos) que permi-
ten elegir a los magistrados del Tribunal Su-
premo y los presidentes de tribunales superio-
res de justicia, las plazas más codiciadas.
Algunos vocales progresistas suscriben las
quejas de Gómez Benítez, pero otros señalan
que su enfado obedece a que "se ha quedado
solo y sin apoyos en el Consejo y no rasca bo-
la en los nombramientos". La Asociación Pro-
fesional de la Magistratura, mayoritaria y con-
servadora, también irrumpió ayer en la gresca
desatada y calificó la dimisión de Gómez Bení-
tez de "rabieta de niño". La APM tiene asocia-
dos al 29% de los jueces pero se lleva el 45%
de los nombramientos.
Para acabar con estos amiguismos, el Con-
sejo pretende aprobar el jueves un reglamen-
to que establece que las entrevistas de jueces
que aspiren a altos cargos serán públicas. La
publicación por este periódico de algunas en-
trevistas, entre ellas, la del aún presidente del
Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la
Rúa, que aspira a la reelección, o la de todos
los candidatos a la presidencia de la Audiencia
Nacional, enfadó a los vocales conservadores
y alentó la petición de los progresistas para
que los exámenes sean públicos. En el pleno
de mañana se le dará luz verde definitiva.
La portavoz del Consejo, la vocal progre-
sista Gabriela Bravo, defendió ayer los nom-
bramientos, el mérito y capacidad de los ele-
gidos, y el nuevo sistema de entrevistas públi-
cas, "una apuesta firme y decidida por la
transparencia en la elección de los mejores".
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"No hay igualdad de oportunidades en los nombra-mientos judiciales"
ENTREVISTA: Fractura en el Poder Judicial JOSÉ MANUEL GÓMEZ BENÍTEZ
Vocal del Consejo del Poder Judicial
Publicado en www.elpais.com
José Manuel Gómez Benítez, 59 años, catedrático de Derecho Penal y vocal del Poder
Judicial a propuesta del PSOE, ha denunciado el mercadeo en los nombramientos de
cargos judiciales.
Pregunta. Usted ha criticado el cambio de
cromos en los nombramientos porque tienen
poco que ver con los méritos de los candida-
tos. ¿El sistema falla?
Respuesta. Hay candidatos que tienen
muchos méritos y otros no tantos. En todo ca-
so, el sistema falla, porque no hay igualdad de
oportunidades entre asociados y no asociados,
ni garantiza que dentro de los asociados sal-
gan elegidos los mejores.
P. ¿Eso es lo que ha ocurrido con el caso
Gimeno, [la elección de un ex juez y ahora
abogado con seis años de ejercicio frente a
tres catedráticos con más de 20 años de do-
cencia] que ha colmado el vaso al ser elegido
para la Sala Primera del Supremo?
R. Gimeno es probablemente un buen ma-
gistrado. Tiene el número 35 del escalafón. Es
muy antiguo. Si quería llegar al Supremo, de-
bería de haberlo intentado por el turno de
magistrados y no por el de juristas de recono-
cida competencia. Desde el punto de vista de
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la Comisión de Calificación no procedía nom-
brarlo frente a catedráticos de Derecho Civil
que estaban concurriendo, porque no tenía los
meritos ajenos a la magistratura que justifica-
ran su inclusión en terna.
P. Usted denuncia que hay vocales que
están negociando por fuera de la comisión y
en el Consejo mencionan a Manuel Almenar y
Margarita Robles.
R. Esto no es un tema personal con Alme-
nar o Robles. Es una cuestión de sistema. Las
presiones de los vocales de las asociaciones
judiciales son fuertes y normalmente hay pre-
acuerdos, preselecciones, prenegociaciones,
de forma que cuando el procedimiento legal
empieza a funcionar ya hay avanzado mucho.
No me gustaría que quedara que esto es un
caso de dos vocales. Es mucho más profundo,
tenemos que modernizar el proceso de selec-
ción de la cúpula del Poder Judicial y eso no
debe hacerse mediante pactos entre asocia-
ciones.
P. En año y medio se han producido 60
nombramientos en el Consejo. ¿Por qué aho-
ra?
R. Llevo tiempo diciéndolo, llevo tiempo
anunciando que esto no puede seguir así. El
caso Gimeno es la confirmación de que se si-
guen haciendo preacuerdos y preselecciones y
la discrepancia absoluta frente a la Comisión
de Calificación. Se lleva al Pleno y se gana allí.
Es el último caso, pero no es el único.
P. Margarita Robles declaró ayer que los
nombramientos se hacen por méritos y que
miente quien diga lo contrario.
R. Yo creo que hay muchos nombramien-
tos en los que los candidatos tienen grandes
méritos, lo cual no quiere decir que no hubiera
otros candidatos con iguales o más méritos,
pero no se puede desmerecer a gran parte de
los nombramientos. Acto seguido tengo que
decir que muchos vocales deberían ser más
estrictos con ellos mismos a la hora de plan-
tearse la abstención en determinados asuntos,
pues se trata de candidatos que son amigos
suyos, que ellos mismos lo reconocen, con los
que han compartido tribunal durante muchos
años, vivienda en algunos casos y secretaria-
do de asociaciones por largo tiempo. Creo que
no somos ajenos a la autovigilancia de la im-
parcialidad a la hora de los nombramientos.
P. ¿Puede mejorar con que las compare-
cencias de los candidatos sean públicas?
R. A raíz de las filtraciones tras la compa-
recencia de De la Rúa para el TSJ de Valencia,
dirigí un escrito a todos los vocales en los que
decía que la única forma de obtener la trans-
parencia eran las comparecencias públicas. No
me apoyó nadie. Ahora, han cambiado de opi-
nión. Lo celebro. Lo promoví yo. Ahora hay
que pensar en quiénes llegan y cómo llegan a
las comparecencias en condiciones de igual-
dad y en quién decide finalmente. Si lo va a
decidir el pleno, estupendo; si lo van a decidir
filtros posteriores de las asociaciones, estare-
mos en un problema similar.
P. Hay quien interpreta que su actuación
es una venganza contra Margarita Robles.
R. Pues es un error pensar que esto está
en clave de enfrentamientos personales. Es un
error darle otra lectura que la que tiene, por-
que llevo mucho tiempo denunciando esta si-
tuación y no he tenido interés en señalar ni a
un vocal ni a una vocal. El problema es de sis-
tema de selección y de negociación. Eso es lo
que tenemos que modernizar. Tenemos que
conseguir que a la Comisión de Calificación
lleguen los candidatos asociados y no asocia-
dos en condiciones de igualdad, sin filtros pre-
vios y que una vez que la Comisión de Califi-
cación con criterios objetivos de mérito, capa-
cidad e idoneidad decida una terna, no sea
fácilmente burlada por la vía legal, pero espu-
ria de presentar directamente otros candida-
tos al Pleno. Propuse la desaparición de esa
posibilidad, pero no se me ha hecho caso. He
propuesto que las votaciones no sean secretas
y no me han hecho caso. No se puede seguir
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jugando con estas reglas del juego, si se quie-
ren cambiar, bien; si no, seguiré jugando, pe-
ro desde fuera.
P. El vicepresidente, Fernando de Rosa, ca-
lifica su actitud de intolerable.
R. Es libre de decir lo que quiera, pero de-
bería reflexionar sobre su imparcialidad a la
hora de pronunciarse sobre algunos nombra-
mientos. Tiene vinculaciones de amistad y
políticas en Valencia que desde mi punto de
vista le inhabilitan para algunos nombramien-
tos que se han hecho y otros que están pen-
dientes.
P. ¿Cree que pesa mucho que el caso
Camps esté en Valencia o el caso Matas en
Baleares, a la hora de decidir quién preside
esos TSJ?
R. Creo que eso no se pone encima de la
mesa. Sería verdaderamente grave que al-
guien lo planteara, pero lo único que hay que
hacer es vigilar las causas de abstención. Si
uno está muy vinculado por razón de amistad,
debería de abstenerse. Indirectamente, por
las opiniones de algunos vocales, da la impre-
sión de que sí pesa, pero no está encima de la
mesa.
P. ¿Su dimisión tiene que ver con que en el
Supremo hay tres querellas contra Garzón, un
juez que fue su cliente?
R. Pues no. Es un mal endémico que vengo
anunciando desde hace meses. Lo han pade-
cido todos los consejos y ha llegado el mo-
mento de ponerle punto final. Y no tiene nada
que ver con Garzón. La alarma con el caso
Gimeno ha saltado, es una luz roja que no se
puede eludir. En todo caso, en los asuntos de
la Comisión Disciplinaria contra Garzón me he
abstenido y me sigo absteniendo.
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La defensa de Garzón “intenta amedrentar” al Su-premo y al CGPJ
Según denuncian vocales del Consejo
Publicado en www.elconfidencial.com
En el momento de mayor debilidad de su carrera, Baltasar Garzón ha vuelto a demostrar
su capacidad para revolucionar el ámbito judicial. La campaña en defensa del juez estre-
lla se ha convertido en las últimas semanas en un asedio a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, al magistrado Luciano Varela y a los miembros del Consejo General del Poder
Judicial. Así lo denunciaron a este diario diversas fuentes del CGPJ y de la judicatura,
que lamentaron lo que consideran es un “intento de amedrentar” a los órganos judicia-
les.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el
último episodio de esta batalla para salvar a
Garzón del banquillo fue la dimisión a medias
de su abogado, José Manuel Gómez Bení-
tez, que abandonó la comisión del CGPJ en-
cargada de los nombramientos. No obstante,
continúa como vocal del Consejo, donde podrá
seguir defendiendo a su cliente habitual, disfru-
tando de coche oficial y de los 6.000 euros ne-
tos de salario. En su escrito de renuncia,
Gómez Benítez aludió a la “devaluación de la
función de la comisión
calificadora impuesta
por algunos vocales
ajenos a la misma pro-
cedentes de las dos
asociaciones más repre-
sentadas en el Conse-
jo”.
Una clara referencia
a Margarita Robles, ex secretaria de Estado
de Interior y miembro de Jueces para la De-
mocracia; y al conservador Manuel Almenar,
de la Asociación Profesional de la Magistratu-
ra. Y es que la batalla habitual por colocar en
puestos de responsabilidad a candidatos afi-
nes a cada bloque ideológico ha acabado con-
taminándose con el caso Garzón. Según fuen-
tes cercanas al CGPJ, Gómez Benítez ya había
amenazado con dimitir hace meses, pero la
más que probable inhabilitación de Garzón le
ha podido hacer perder
las formas. “Se ha ido
corriendo a llorarle a El
País en lugar de hablar
con sus colegas del
Consejo”, criticaron es-
tas fuentes, que recor-
daron que este abogado
fracasó en 2009 en su
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intento de aupar a Garzón a la presidencia de
la Audiencia Nacional.
En efecto, Robles y Almenar son los pesos
pesados del bloque progresista y conservador,
ambos tienen una buena relación personal y
forman parte de la Comisión Permanente que
decidirá si se suspende al magistrado de la
Audiencia Nacional, a punto de sentarse en el
banquillo por prevaricación. El CGPJ inició en
enero el proceso para inhabilitar temporal-
mente a Garzón ante los indicios de delito en-
contrados por el Supremo en la instrucción de
los crímenes del franquismo y en el dinero que
solicitó a Emilio Botín para dirigir unos cursos en
Nueva York. “Desde entonces El País ha arre-
metido duramente contra este órgano. Nunca
se había dado una apertura a cuatro columnas
a un asunto interno de una comisión del Con-
sejo”, denunciaron fuentes próximas al CGPJ.
Contra el Tribunal Supremo
El instructor de la querella contra Garzón,
Luciano Varela, y el presidente de la Sala Se-
gunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra,
también han sido objetivo de la estrategia en
defensa del juez estrella. Precisamente, el
CGPJ archivó ayer una denuncia de las asocia-
ciones de memoria histórica contra Saavedra.
Estos colectivos alegaron sin resultado que el
magistrado debería haberse abstenido en la
causa contra Garzón, ya que previamente
habían reclamado su recusación.
Asimismo, Varela, de acuerdo con las fuen-
tes consultadas, ha tenido que soportar una
intensa campaña mediática en su contra por
haber recomendado el enjuiciamiento del fa-
moso juez de la Audiencia Nacional. “Se está
tratando de amedrentar a aquellos que tienen
que ver con la causa de Garzón, pero no lo van a
lograr. Si la Sala de lo Penal decide que hay
que juzgar a Garzón se tratará de una deci-
sión compartida, difícilmente influenciable. Lo
mismo sucederá en el Consejo, porque es un
órgano colegiado”, señalaron fuentes del
CGPJ.
Ruptura en el CGPJ
Por otra parte, el caso Garzón ha puesto en
evidencia el desacuerdo que reina en el seno
del CGPJ. “El consenso está completamente
roto”, aseguraron fuentes del sector progre-
sista, donde existe, a su vez, otro enfrenta-
miento: por un lado, los que respaldan a Ro-
bles y, por otro, sus críticos, que le acusan de
buscar acuerdos con los conservadores para en-
chufar a sus amigos en los cargos importantes.
La división en Jueces para la Democracia
se remonta años atrás, pero el liderazgo de
Robles en el CGPJ ha reabierto las heridas.
“Es cierto que es una mujer resolutiva, y que tie-
ne un olfato político que no tienen otros juristas,
pero también que es una de las vocales que
más horas dedica. De esta forma, y con su
buena relación con el sector conservador es
como ha conseguido imponer su criterio en
muchas ocasiones”, explicaron las fuentes
consultadas. Pero lo cierto es que la pugna in-
terna está teniendo consecuencias: los tribu-
nales superiores de País Vasco, Comunidad
Valenciana y Cataluña todavía no tienen nue-
vo presidente.
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A Coruña: Praza de Galicia sen o Pazo de Xustiza
III Catálogo da colección de postais do arquivo do Concello da Coruña
Publicado en http://vellaenobrebrigantium.blogspot.com
Malia que o Palacio de Xustiza coruñés, actualmente sede do Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia, xa fora deseñado por Antonio Palacios, nos anos '10 do século XX toda praza aínda era unha
horta que hoxe se nos había antollar coma un espazo verde espectacular.
Pola contra, podemos ollar como a praza de Lugo xa estaba plenamente urbanizada e coroada coa
súa igrexa de Santa Lucía e o mercado Eusebio da Guarda.
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RECOÑECEMENTO MÉDICO
Prazo de inscrición:
O prazo para solicitalos será
ata o vindeiro 4 de abril
Tramitación
Por vía telemática en
http://webriscos.xunta.es
Escalas (ano 2003)
Axentes (Auxilio), preme aquí
Auxiliares (Tramitación), preme aquí
Oficiais (Xestión), preme aquí
Escala pechada a 09-03-2003
O Ministerio ten outra escala, pechada a 11-04-
2009 e contabilizada por días, pero non é publica
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EXITO DE PARTICIPACIÓN EN LASMANIFESTACIONES CONTRA EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS
n La lluvia y el mal tiempo no impidieron que las manifesataciones convocadas por CCOO y UGT en defensa de las pensiones fueran un éxito de participación. Decenas de miles de personas se manifestaron, el 23 de febrero, por las calles de Oviedo, Barcelona, Madrid, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa, Valencia, Castellón, Alicante, Ceuta y Logroño, para expresar, con contundencia, su rechazo al retraso de la jubilación a los 67 años propuesto por el Gobierno. Estas manifestaciones (que hoy se repetirán en Andalucía) son las primeras de un extenso calendario de movilizaciones que se celebrarán, hasta el 6 de marzo, en numerosas ciudades españolas. Durante la mani-festación de Madrid, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió que las pensiones “no son el regalo de ningún Gobierno, son un derecho alcanzado por la clase obrera que se ha consolidado en democracia, y que los sindicatos vamos a defender con determinación”.
Confederación Sindical de CCOO Edición especial nº 10 • Febrero 2010
RECHAZO A LA REFORMA DE LAS PENSIONES PROPUESTA POR ELGOBIERNO
En la primera jornada de mani-festaciones celebradas en va-rias ciudades españolas para
rechazar el retraso de la edad de jubilación, en la que han participa-do decenas de miles de personas, CCOO y UGT han advertido al Go-bierno que esa no es la solución y que de seguir por ese camino el conflicto social con los sindicatos está servido. En las manifestaciones que se ini-ciaron ayer y que continuarán ce-
lebrándose por todo el país hasta el próximo 6 de marzo, las organizacio-nes sindicales han recordado que el sistema público de pensiones es el primer y más importantes instrumen-to de protección social. Son, por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras los primeros interesados en velar por su viabilidad en el futuro. Y como ha reiterado CCOO, no se puede irrum-pir en el debate sobre las pensiones con propuestas insolidarias e injustas como las remitidas por el Gobierno,
Aspecto de las manifestaciones de Madrid y Barcelona
ANDALUCÍA. 24 de febrero, a las 19:30h, en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. ILLES BALEARS. 26 de febrero, a las 19:00h en Palma de Mallorca. El 2 de marzo, a las 19:30h en Maó, y el 5 de marzo en Eivissa. EUSKADI. 27 de febrero, a las 11:30h, en Bilbao. ARAGÓN. 2 de marzo, a las 19:30h, en Zaragoza, Huesca y Teruel. GALICIA 2 de marzo, a las 19:00h, en A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo. CASTILLA-LA MANCHA. 2 de marzo en Guadalajara y Toledo a las 19:00h; en Cuenca a las 19:30h y en Albacete y Ciudad Real a las 20:00h. MELILLA. 3 de marzo, a las 18:30h, concentración. CANTABRIA. 4 de marzo, a las 19:00h, en Santander. CASTILLA Y LEÓN 4 de marzo, a las 19:30h, en Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Ponferrada y Aranda de Duero. CANARIAS. 4 de marzo en Las Palmas y Santa Cruz. MURCIA. 5 de marzo, a las 19:30h, en Murcia y Car-tagena. NAVARRA. 6 de marzo, a las 17:00h, en Pamplona. EXTREMADURA. 6 de marzo en Cáceres y Badajoz, a las 12:00h.
Confederación Sindical de CCOO • Gaceta Sindical • Edición Especial
rompiendo una norma básica en el trata-miento social y político de las pensiones: el consenso. Así ha venido ocurriendo en
los sucesivos pactos para renovar y reforzar el sistema público de pensiones, de mane-ra singular, el con-senso alcanzado en el Parlamento con el Pacto de Toledo.Fue el secreta-rio general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el que resumió la posición sin-
dical: “defenderemos con uñas y dien-tes los derechos de los pensionistas presentes y futuros, y no permitiremos
que en medio de la crisis se produzca una nueva e ingente trasferencia de rentas de la clase tra-bajadora a las rentas de capital”. Ignacio Fernández Toxo fue especialmente duro con la actuación del Eje-cutivo de Zapatero que, como otros Gobiernos, concentra los recortes y la reducción del gasto en
los sectores más débiles de la
sociedad, mien-tras se muestra
generoso con las rentas de capital
y el excedente em-presarial. “Vamos a
seguir en la mesa de negociación y le va-
mos a decir al Gobier-no que su propuesta para prolongar la vida laboral es “innecesaria e irresponsable. Con las pensiones no se juega”, concluyó Toxo.
Acude a las próximas manifestaciones
SECRETARIO GENERAL DE CCOOIgnacio Fernández Toxo:
“NO LO PERMITIREMOS”
“Pudiera ocurrir que el Gobierno cediera a la tentación de valorar el aplauso que su propuesta de retra-sar la edad de jubilación ha recibido del liberalismo económico y político, que no cesa en su interés de asestarle un nuevo golpe a las políticas públicas y a las institu-ciones sociales del Estado. Son las mismas opiniones que defienden sin tapujos el capitalismo de casino y el mercado sin reglas, que reciente-mente nos metieron en la crisis eco-nómica y financiera, y que ahora nos quieren marcar el camino de salida. Si el Gobierno tuviese intención de aceptar ese apoyo, debe saber que las movilizaciones convocadas no serán las últimas”.
Manifesta-ciones en Valencia (arriba) y Oviedo contra la jubilación a los 67 años