22-07-2012 economico

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Domingo 22 de julio de 2012 Economico LA GACETA

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  • SAN MIGUEL DE TUCUMN, DOMINGO 22 DE JULIO DE 2012 - 4TA. SECCIN - 4 PGINAS

    A ladefensiva.

    As estn loscontribuyentes

    desde el momentoen que la presidenta

    Cristina Fernndezdenunci -por cadena

    nacional- a un operadorinmobiliario por su supuesta

    inconducta tributaria. Desdeentonces, los expertos han

    dividido sus opiniones acercade si se estaba en presencia de

    una violacin del secreto fiscal ode una simple persecucin

    poltica. Segn el tributarista, LuisMara Pea, la conducta

    presidencial puede inscribirse enuna suerte de acoso fiscal. En el

    mismo sentido se expres la titulardel Colegio de Graduados en Ciencias

    Econmicas, Patricia Manso. Losorganismos fiscales estn al acecho.

    PGINA 2

    NA

    i NFORMETwitter es la plataforma ms usadapara hablar sobre las compaas.

    PAGINA 4

    FUNCIONES ESENCIALESEL ROL DE LOS ORGANISMOS FISCALESSegn los expertos, tanto la AFIP como Rentas debendedicarse a la tarea de recaudar y fiscalizar, pero noperseguir polticamente a los contribuyentes.

    LO QUE MARCA LA NORMAEL ARTCULO 101 DE LA LEY 11.683Las declaraciones juradas e informes que sepresentan a la AFIP y los juicios de demandacontenciosa, son secretos, dice la norma.

    PEDIDO DE INFORMESREQUERIMIENTO EN EL CONGRESODiputados de la oposicin quieren que el PoderEjecutivo explique por qu la Presidenta ha reveladopblicamente los datos de un operador inmobiliario.

    La autocensuraprovoca la

    degradacin de loscontroles sociales yaniquila a la libertadde expresin comosostn del debido

    proceso democrtico.

    CARMEN FONTNCONSTITUCIONALISTA

  • ECONOMALA GACETADOMINGO 22 DE JULIO DE 20122

    Una actitud que se encuadra en el acoso fiscalLos actores econmicos y los ciu-

    dadanos estn preocupados poresa suerte de persecucin fiscalque impera en la Argentina. Desdeel caso del operador inmobiliariodenunciado -en cadena nacional-por la propia presidenta Cristina Fernndez, pasando por las ins-pecciones integrales de la Adminis-tracin Federal de Ingresos Pbli-cos (AFIP), y hasta el celo de los or-ganismos subnacionales (como laDireccin de Rentas, en Tucumn)respecto del movimiento de lascuentas bancarias, ha llevado a losexpertos a plantear si se dan casosde violacin del secreto fiscal o unacoso impositivo.

    Segn el ex director de la DGI,Luis Mara Pea, en la denunciapresidencial no hubo violacin delsecreto fiscal. Es ms oportunollamarle acoso o apriete o uso de laAFIP como medio de presin anteopiniones que molestan al gobier-no nacional, dice el tributarista enuna charla con LA GACETA.

    Pea expres, adems, que noresulta conveniente que un funcio-nario de alto rango como la Presi-denta use la cadena nacional paradenunciar. En tiempos cuando es-taba en el organismo, se hacan mi-les de inspecciones, pero nadie avi-saba nada; slo se actuaba y pun-to, remarc. El experto cree que seest desvirtuando las funciones dela AFIP. Fue creada para recaudary fiscalizar, indic. Desde el puntode vista prctico, ms que legal, Pe-a cree que ningn funcionario de-be seguir una suerte de obedienciaindebida para realizar actuaciones.Esto pone a todo el mundo a la de-fensiva. Es como que un director deRentas provincial decida ir contratal o cual contribuyente slo por re-presalias y as no funciona el siste-ma, dijo el especialista.

    Pea, en definitiva, cree que laconducta presidencial ha sido la deuna reaccin inadecuada, con faltade tino sobre el uso de las faculta-des tributarias, en una forma de-masiado personal.

    Patricia Manso, presidenta delColegio de Graduados en CienciasEconmicas de Tucumn, conside-

    r -en tanto- que el acoso del Esta-do es como una amenaza veladacontra los crticos. Organismos re-caudadores, como la AFIP o Ren-tas, tienen herramientas como lasinspecciones que de alguna mane-ra son como una amenaza para loscontribuyentes, explic.

    Pedido de informesTanto las cmaras inmobiliarias

    como la Asociacin de EntidadesPeriodsticas Argentinas (Adepa)denunciaron que con mayor fre-cuencia el ejercicio de la libertad deexpresin en el pas se halla sujetoa la represalia estatal con fines deestigmatizacin y silenciamiento.

    La informacin fiscal de los con-tribuyentes solo puede ser utilizadacon el fin de mejorar la fiscaliza-cin y la recaudacin de impues-tos. Cualquier otro uso que se hagade la misma, viola el secreto fiscalque ampara a todos los ciudada-nos. Que se divulgue informacinamparada por el secreto fiscal, pa-ra hostigar y amedrentar a los ad-versarios polticos o a quienes ha-gan crticas al Gobierno, es propiode los regmenes autoritarios, afir-m Julin Obiglio, diputado dePRO, que, junto con algunos paresdel Frente Peronista, motoriza unpedido explicaciones al Ejecutivosobre el incidente con el operadorinmobiliario. Las declaraciones dela Presidenta hacen presumir eluso poltico de la informacin pri-vada contraviniendo el derecho ala no publicidad de los datos perso-nales, tutelado por la Ley 25.326,fundamenta el pedido de informe.Y recuerda lo resuelto en el casoCrovi, Luis Daniel sobre los daosocasionados por el uso indebido dedatos personales en Internet. To-da persona tiene derecho de deci-dir qu datos relativos a su propiaexistencia pueden ser divulgadospor terceros. Los datos personalesse vinculan con las manifestacio-nes de la personalidad, y por endesu violacin implica afectar, en pri-mer lugar, la esfera de su intimi-dad, su zona de reserva a la cualno se puede ingresar sin un expre-so consentimiento.

    El tema es mucho ms profundoque la discusin sobre si efectiva-mente la Presidenta viol el secretofiscal, o el carcter ntimo de losdatos de los contribuyentes, o elderecho a trabajar y comerciar. Lacuestin institucional que anida enestos hechos se enraza con los al-cances de la libertad de expresin ysu tutela constitucional como liber-tad institucional, estratgica, sus-tantiva, natural e inalienable. As,el derecho constitucional se hapreocupado por erradicar las me-didas restrictivas a la libertad deexpresin (arts. 14, 32, 43 y 75 inc.22 CN) para evitar que el titular delderecho tropiece con conductas le-sivas que pueden emanar de dis-tintos sujetos pasivos: el Estado, losdems particulares, etc.

    Al discutirse en la Convencin deBuenos Aires el sentido del art. 32que luego fuera incorporado a laConstitucin, Vlez Srsfield dijo:la libertad de imprenta, seores,puede considerarse como una am-pliacin del sistema representativoo como su explicacin de los dere-chos que quedan al pueblo, des-pus que ha elegido sus represen-tantes. Cuando un pueblo elige asus representantes no se esclavizaa ellos, no pierde el derecho depensar o de hablar sobre sus actos;esto sera hacerlos irresponsables.El pueblo puede conservar y con-viene que conserve el derecho deexamen y crticaDejemos puespensar y hablar al pueblo y no se leesclavice en sus medios de hacer-lo. Concluyendo que solo por me-dio de la ms absoluta libertad deimprenta puede conocerse la ver-dad de la marcha de la administra-cin y determinarse la responsabi-lidad de los poderes pblicos. En

    este sentido, la doctrina judicial dela Corte ha expresado que las crti-cas en especial sobre el gobiernono generan responsabilidad, salvoel insulto y que la reputacin no sedaa con opiniones, sino con la di-fusin maliciosa de informacinfalsa (Patit, Jos y otro c. DiarioLa Nacin y otros). En el caso quenos ocupa, donde el Gobierno usa alos organismos fiscales como me-canismo para disciplinar a quienesse atreven a criticarle, sus proyec-ciones negativas puede tener efec-tos devastadores. Se sabe que exis-te un fenmeno difcil de regularnormativamente y es la autocensu-ra. Hay casos en que el silencio,puede ser prudencia, en otros co-barda, complacencia hacia los go-bernantes o temor a la represin.Se impone la poltica del mutismo.

    Deca Bidart Campos a quien,de escoger la va de una expresinaudaz, le puede ir mal es difcilque su capacidad de reaccin lepermita superar la presin del me-dio hostil. Entonces, calla. No hahabido censura en sentido estricto,pero ha habido coercin. Y eso espatolgicoY reconocemos que setorna difcil, y a veces hasta heroi-co, superar o vencer los estmulosexternos que acorralan la liber-tad. La autocensura provoca la de-gradacin de los controles socialesy por ltimo aniquila a la libertadde expresin como sostn del debi-do proceso democrtico. Un Go-bierno que desalienta el dictado dela ley de Informacin Pblica, queoculta los gastos del presupuestonacional, que manipula y adulteralas estadsticas oficiales, que persi-gue a quienes opinen distinto solobusca domesticar a la opinin p-blica sacrificando los valores y laideologa del Estado Social y De-mocrtico de Derecho que nuestraConstitucin ha sabido cobijar.

    Entre la censuray la autocensura

    LA MIRADA CONSTITUCIONAL

    E L U S O D E D A T O S T R I B U T A R I O S

    Distintos expertos consultados por LA GACETA consideran que no fue prudente que la Presidenta revele informes particulares sobre laconducta impositiva de un contribuyente. Consideran que la actitud persecutoria de la AFIP contraria las funciones para las cuales ha

    sido creado el organismo, como las tareas de recaudacin y de fiscalizacin. Los derechos constitucionales del contribuyente

    LA JEFA DE ESTADO LODENUNCIO POR CADENA NACIONALEL CASO DEL AGENTE INMOBILIARIO QUE FUE INSPECCIONADO POR LA AFIPEl 11 de julio pasado, durante un acto en General Rodrguez (Buenos Aires), la presidenta Cristina Fernndez denunci -porcadena nacional- el caso de Jorge Toselli, un operador inmobiliario, que critic el cepo cambiario y sus efectos en elmercado, en una nota publicada por el diario Clarn. Esta firma no presentaba declaraciones juradas de Ganancias desde1997. Lo llam a Echegaray porque las inmobiliarias tienen un sistema de alertas en la AFIP; hay una banda, si vos facturspor encima de ella o por debajo salta una alerta y te hacen una inspeccin integral para ver qu est pasando. Me llam